Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2023-00375-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2023-00375-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 52001-23-33-000-2023-00375-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de julio de 2024
Demandante: José Francisco Oviedo Mora
Demandado: Jhon Haider Taquez Chávez –
alcalde del municipio de Iles
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00375-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 52001-23-33-000-2023-00375-01
Demandante: José Francisco Oviedo Mora
Demandado: Jhon Haider Taquez Chávez – alcalde del municipio de Iles
(Nariño), para el periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad por pariente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación contra la sentencia del 10 de
abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la
cual negó la anulación del acto de elección de Jhon Haider Taquez Chávez como
alcalde del municipio de Iles, para el periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. De la demanda y el concepto de la violación
1. José Francisco Oviedo Mora1 demandó la elección de Jhon Haider Taquez
Chávez como alcalde del municipio de Iles, la cual consta en el formulario E-26
ALC del 31 de octubre de 2023. Lo anterior, con fundamento en la causal prevista
en el ordinal 5.º del artículo 275 del CPACA.
2. La parte demandante argumentó que el alcalde Taquez Chávez estaba
inhabilitado para ser elegido como tal, conforme el ordinal 4.º del artículo 952 de la
Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000).
3. Lo anterior, por cuanto, a juicio de la parte actora, el demandado tiene
parentesco en primer grado de consanguinidad con Sandra Elisabeth Chávez
Muñoz (madre), quien dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección
ejerció autoridad administrativa, en tanto fue rectora de la Institución Educativa San
Francisco de Asís del municipio de Iles (Nariño).
1 En nombre propio.
2. «No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: […]
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar
en el respectivo municipio […]».
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Demandante: José Francisco Oviedo Mora
Demandado: Jhon Haider Taquez Chávez –
alcalde del municipio de Iles
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4. Para demostrar lo afirmado, el demandante aportó como prueba: i) el registro
civil de nacimiento del accionado; ii) la Resolución 0946 de 2021 que contiene el
nombramiento de la señora Chávez Muñoz como rectora encargada de la
Institución Educativa San Francisco de Asís del municipio de Iles; y iii) una
certificación laboral proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de
Nariño.
5. Asimismo, indicó que la señora Chávez Muñoz, como rectora de la Institución
Educativa San Francisco de Asís del municipio de Iles, «ejerce las funciones
previstas en artículo 10 de la Ley 715 de 2001». Luego de citar todas las
enunciadas de dicho artículo, manifestó que, en especial, aquellas atribuciones de
los numerales 10.7,10.10, 10.11 y 10.16 «constituyen el ejercicio de autoridad
administrativa».
6. En el concepto de la violación, señaló que el acto censurado desconoció «los
artículos 13, 29, 209 y 293 de la Constitución Política; 2 y 275 numeral 5 del
CPACA; artículos 95 numeral 5, 188 y 190 de la Ley 136 de 1994; artículo 37,
numeral 4 de la Ley 617 de 2000 y artículo 66 de la Ley 30 de 1992».
7. Hizo referencia a los elementos jurisprudenciales que se han delineado por esta
Sección para entender cuándo se configura la causal de inhabilidad del artículo 95
de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000. Asimismo, trajo
a colación la sentencia SU-207 de 2022 y parafraseó sus apartes donde se
encuentra consignado que «la autoridad judicial debe realizar una valoración
probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad», lo cual «impone un examen específico de la probabilidad -real
más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal
y, de esta forma, incidir en los electores».
8. Finalmente, indicó que se requiere de un «análisis probatorio conforme a las
reglas de la sana crítica y fundado en los preceptos del Código General del Proceso
en lo que respecta a la presunción de que los documentos aportados al plenario
son auténticos, hay un encuadramiento entre norma y conducta», que permitirá
«endilgarle al Señor JHON HAIDER TAQUEZ CHAVEZ la causal de inhabilidad
contenida en el numeral 4° del artículo 37 de la ley 617 de 2000».
2. Contestaciones
9. Para el demandado no se demostró el elemento objetivo de la inhabilidad
alegada, en los términos de la SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.
10. Tanto el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil manifestaron que se atendrían a lo probado en el proceso y propusieron la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.3
3 Índice 24 Samai del tribunal. El Tribunal Administrativo de Nariño, en el auto del 14 de febrero de
2024, mediante el cual ordenó trámite de sentencia, respecto de la intervención de las mencionada
entidades, manifestó: «Con escrito de 12 de enero de 2024, esto es, dentro del término de traslado
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3. Sentencia de primera instancia
11. Mediante providencia del 10 de abril de 2024 4, el Tribunal Administrativo de
Nariño negó las pretensiones de la demanda, en síntesis, sostuvo que si bien
estaban probados los elementos de la inhabilidad alegada, como son: i)
parentesco, ii) temporal, iii) espacial y iv) objetivo, lo cierto es que al caso concreto
resultaba aplicable la regla de la sentencia SU-207 de 2022, pues la señora Sandra
Elisabeth Chávez Muñoz fue funcionaria del nivel departamental. A partir de tal
escenario, no accedió a la declaratoria de nulidad por cuanto encontró que no se
allegaron pruebas del ejercicio material de dicha autoridad ni que con ella hubiera
favorecido la candidatura de su hijo.
12. Otro aspecto relevante de la providencia enunciada tiene que ver con que se
negó una prueba solicitada al momento de conceptuar, por el Ministerio Público, a
efectos de que se allegara al expediente una certificación sobre la existencia del
fondo educativo, así como del presupuesto que manejó la pariente en primer grado
del demandado durante los 12 meses anteriores a las elecciones.
13. El tribunal, en la misma sentencia, fundó su negativa en que no era necesario
hacer uso de las facultades oficiosas en materia probatoria con el fin de demostrar
el ejercicio de autoridad administrativa, en tanto ello se acreditó al contrastar el
cargo ejercido con la normatividad asociada y las funciones. Los argumentos
descritos de la sentencia se ampliarán al momento de resolver el caso concreto.
14. El fallo fue notificado a las partes, por correo electrónico el 11 de abril de 20245.
4. Del recurso de apelación presentado por el demandante6
15. En lo atinente a los argumentos de la alzada, el accionante en una primera
parte del escrito trajo «fundamentos del recurso de apelación», a partir de los
cuales hizo referencia al régimen de inhabilidades de los artículos 179, 197 y 292
constitucional; al criterio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la
materia; y seguidamente realizó un resumen de las razones de la decisión de la
sentencia apelada.
16. Luego, expresó cada uno de los argumentos de reproche a lo decidido por la
primera instancia, de la siguiente manera:
17. Como fundamento de su recurso de alzada, expuso los siguientes:
para contestar la demanda, la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la demandada
sin formular excepciones previas ni solicitar el decreto de pruebas. Aportó pruebas documentales.
// A su turno, mediante memorial de 22 de enero de 2024, igualmente, dentro del término legal, el
Consejo Nacional Electoral se pronunció sin proponer excepciones previas ni solicitar el decreto
de pruebas. Aportó pruebas documentales». [Énfasis del original].
4 Índice 36 Samai del tribunal.
5Índice 37 Samai del tribunal.
6 Índice 38 idem. El recurso de apelación se remitió por correo electrónico el 18 de abril de 2024.
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i) Se refirió al elemento objetivo de la inhabilidad desde la perspectiva del criterio
orgánico con el objeto de señalar que, mas allá que la señora Sandra Elisabeth
Chávez Muñoz haya sido nombrada en el cargo de rectora encargada por la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño, el cumplimiento de sus
funciones se realizó en el municipio de Iles, entidad territorial en la que ejerció
autoridad administrativa real y material7, y en donde su hijo resultó electo
alcalde.
ii) Indicó que, desde la perspectiva del criterio funcional, los rectores tienen
responsabilidades en el proceso de fortalecimiento de la gestión educativa,
contexto en el cual, según su parecer, se evidencia el ejercicio de autoridad
administrativa en las instituciones educativas que irradia a la comunidad, a los
docentes, siendo esta la probabilidad real -más allá de potencial- de que la
señora Sandra Chávez ejerció la autoridad administrativa en el nivel municipal
bajo los criterios orgánico y funcional, conforme la Ley 715 de 2001.
iii) Expuso algunas consideraciones generales en torno a que las instituciones
educativas, para llevar a cabo diferentes gestiones que le competen, requieren
de recursos, lo cual evidencia que la madre del demandado, para ejecutar
dichas funciones, fue ordenadora del gasto en procesos contractuales, los
cuales enumeró en su escrito de alzada.
A su vez, allegó una tabla relacionada con el plan purianual de inversiones de
Iles para el período 2020-2023, en el cual, según informa, se refleja el aporte
municipal desde el plan de desarrollo 2020-2024.
iv) Finalmente, alegó que la gestión de la madre del accionado, como rectora de
la Institución Educativa San Francisco de Asís de Iles, tuvo incidencia real y
material con réplicas en el nivel municipal, que se manifestó en la intención de
voto de aquel.
Para el efecto citó como ejemplo que, en el corregimiento de San Francisco, el
ganador indiscutible fue el señor Taquez Chávez, porque resultaba, según su
parecer, innegable que, si la mamá realizó una labor destacada al frente de la
institución educativa, lo propio haría su hijo como líder de la administración
municipal8.
7 Para el efecto refirió las siguientes decisiones del Consejo de estado en las que se ha pronunciado
sobre autoridad administrativa, a saber: «Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de 22 de
enero de 2008 - definición de autoridad señalada en la sentencia de 3 de diciembre de 1999 de la
Sección Quinta (...) la autoridad se ejerce por el mero hecho de detentarla. -Sección Quinta,
Sentencias de 19 de febrero de 2015 y 30 mayo de 2019 (...) La Sección Quinta -en sentencias de
7 de febrero y de 30 mayo de 2019- reiteró lo señalado por la Sala Plena en sentencia de 9 de junio
de 1998 (...) la Sección Quinta -en sentencia 23 de septiembre de 2013- indicó que el artículo 190
de la Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para determinar en qué casos
se configura el ejercicio de autoridad administrativa (...) La Sección Primera en sentencia de 13 de
julio de 20175 indicó que en virtud de lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley 136 existen dos
criterios para determinar quienes ejercen autoridad administrativa. El criterio orgánico - el funcional
(...)». De igual forma, referenció el concepto No. 272011 de 2022 del Departamento Administrativo
de la Función Pública.
8 El apelante señaló que: «[c]abe anotar que, en el corregimiento de San Francisco, el señor JHON
HAIDER TAQUEZ CHÁVEZ, recibió un total de 188 votos, de los 308 votos que se depositaron en
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v) Concluyó que el juez de forma «errónea» concluye que «no se desvirtuó la
presunción de legalidad de la que goza el acto de elección censurado»; sin
embargo, adujo que no tuvo en cuenta que la acción se adelantó por la
configuración de una causal de inhabilidad que anula la elección.
18. Adicionalmente el apelante requirió decretar algunas pruebas documentales 9
que, conforme lo señaló en su recurso, fueron pedidas por el Ministerio Público en
la «contestación a la demanda»10, no obstante, advirtió que el tribunal omitió
pronunciarse sobre aquellas. En ese sentido, solicitó su decreto en esta instancia,
con sustento en el ordinal 2.° del artículo 212 del CPACA.
19. Mediante auto de 23 de abril de 202411, el tribunal concedió la apelación
interpuesta por el accionante. Finalmente, el 26 siguiente12, el proceso se asignó
por sorteo al despacho ponente.
5. Trámite en segunda instancia
20. El 2 de mayo de 202413, el despacho admitió el recurso de apelación y negó
unas pruebas solicitadas por el actor, por no cumplirse con los presupuestos del
artículo 212 del CPACA. Esta decisión se notificó el 3 de mayo siguiente 14 y fue
objeto del recurso de súplica interpuesto por la parte accionante el día 8 del mismo
mes y año15, el cual fue rechazado por extemporáneo, mediante auto del 11 de
junio de 202416.
21. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público17, para que, si a bien lo tenía, presentara
concepto. Vencidos los términos, se presentaron las siguientes intervenciones.
la respectivas urnas, datos que permiten establecer que el 49.47% de los electores apoyaron su
candidatura, mientras que los otros dos contendores electorales compartieron el 50.52% de la
votación (…) Ahora bien, si nos referimos a la población habilitada para sufragar en el municipio,
hay que decir que, queda demostrado que la señora SANDRA ELIZABETH CHAVEZ MUÑOZ,
desde el principio tuvo incidencia real y material a favor de la candidatura y elección de su hijo Jhon
Taquez Chávez, al apoyar de entrada y en el primer acto público la inscripción de la candidatura
del precitado señor, a la dignidad de primera autoridad del municipio de Iles (ver anexo 1), incluso
actuando contra legem».
9 Índice 38 Samai del tribunal. Con el recurso de apelación aportó copia de: «1) CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. 2022004; 2) CONTRATO No. 2022005; 3) CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 20220006; 4) CONTRATO No. MC-001-2023; 5) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 2023002; 6) CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023003; 7)
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023004; 8) CONTRATO No. 2023005 DE OBRA; 9)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 2023006».
10 Índice 31 Samai del tribunal. Las pruebas realmente las solicitó el agente del Ministerio Pública
al emitir concepto, pues en la anotación se dejó plasmado: «Procuraduría emite concepto
solicitando tener en cuenta la solicitud de subsanación del proceso y la solicitud de prueba de mejor
proveer».
11 Índice 40 Samai del tribunal
12 Índice 1 Samai.
13 Índice 6 Samai.
14 Índices 8 y 9 Samai.
15 Índice 13 Samai.
16 Índice 21 Samai. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
17 Entre el 15 al 17 de mayo de 2024 (índice 16 Samai) y desde el 20 hasta el 24 de mismo mes y
año (índice 18 Samai).
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22. El demandante18 reiteró lo solicitado en el recurso interpuesto al considerar
que la señora Sandra Elisabeth Chávez Muñoz, en su calidad de rectora de la
institución educativa San Francisco de Asís de Iles, ejerció autoridad administrativa
con incidencia real y material sobre la población habilitada para ejercer el derecho
al voto.
23. El demandado19, mediante apoderada judicial, solicitó confirmar la sentencia
apelada porque las pruebas no evidenciaron que el ejercicio de la autoridad
administrativa determinó la voluntad de los electores en favor de la candidatura de
del demandante, acorde con los parámetros de la SU-207 de 2022.
24. Finalmente, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no
presentó concepto.20
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
25. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionante de conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 7, literal
a)21 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Oportunidad
26. Como se explicó en la providencia que admitió el recurso de apelación22, en el
caso concreto, la sentencia apelada fue notificada mediante correo electrónico el
11 de abril de 202423, actuación que se surtió a los dos (2) días hábiles siguientes
al envío del mensaje de datos correspondiente24. En consecuencia, el término
máximo para presentarlo se extendió hasta el 22 de abril del presente año y, como
la impugnación se remitió por correo electrónico el 18 de ese mes y año25, se
advierte su ejercicio oportuno.
27. Ahora, para decidir el fondo del asunto, la Sala realizará unas breves
consideraciones sobre la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional,
que fue objeto de planteamiento en el recurso de apelación, luego se abordará el
caso concreto.
18 Índices 10 y 11 Samai.
19 Índices 14, 15 y 17 Samai.
20 Índice 26 Samai. Conforme con el informe de paso al despacho de la Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
21 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […]
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección
[…] de los alcaldes municipales […]».
22 Índice 6 Sama.
23 Índice 37 Samai del tribunal.
24 Conforme con el ordinal 2.° del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021.
25 Índice 38 Samai del tribunal.
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3. Cuestión previa de la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil
28. La Sala al revisar el trámite de instancia evidenció que el Tribunal
Administrativo de Nariño no resolvió las excepciones propuestas por las
mencionadas entidades, por lo tanto, conforme el inciso segundo26 del artículo 187
del CPACA, serán objeto de pronunciamiento de esta instancia.
29. De entrada, debe advertirse que esta excepción propuesta por el CNE será
declarada no probada pues corresponde a las comisiones escrutadoras generales,
en calidad de delegadas de dicha entidad, hacer el conteo oficial de los votos en
las elecciones populares. De ahí que, resulta necesaria la vinculación de la
organización electoral en las demandas contra elecciones por voto popular, para
que, si es del caso, defienda la legalidad de quienes actuaron en el correspondiente
escrutinio.27
30. Ahora, en lo que respecta a la RNEC, la jurisprudencia de esta Sección ha
señalado que dicha entidad funge como secretario de la comisión escrutadora,
pero es a través de los delegados del CNE que se declara la elección en el
formulario E-26 ALC.
31. En el presente caso, se demandó el acto de elección del señor Jhon Haider
Taquez Chávez como alcalde del municipio de Iles (Nariño), para el periodo 2024-
2027.
32. Por lo tanto, le asiste razón a RNEC en cuanto a que la jurisprudencia
consistente de la Sección Quinta28 ha justificado que dicha entidad se margine de
los litigios electorales suscitados por censuras ajenas a sus funciones como órgano
encargado de la dirección y organización de las elecciones, como ocurre cuando
se demanda por causales subjetivas, en las que se plantea un juicio de idoneidad
del ciudadano elegido. Siendo así, sin consideraciones adicionales, se declarará
probada la excepción estudiada.
4. Alcance de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional
33. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación, señaló, a propósito
de una revisión de fallo de tutela29, la siguiente regla de decisión:
26 «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
27 Sobre el tema de la falta de legitimación por a causa pasiva del CNE se puede consultar, entre
otras decisiones, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 88001-23-33-000-2023-00062-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Auto del 8 de julio de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00127-00 (principal),
del mismo magistrado ponente.
28 Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC en procesos de nulidad electoral
por causales subjetivas, entre otras providencias, ver del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 26 de octubre de 2022, expediente 11001-03-
28-000-2022-00269-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 8 de abril de 2021,
expediente 85001-23-33-000-2019-00184-01, del mismo magistrado ponente.
29 Inicialmente el Consejo de Estado, Sección Quinta, había decidido declarar la nulidad del acto
de elección de Milton Fabián Castrillón Rodríguez, como concejal de Cali, periodo 2020-2023,
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120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen
específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No
es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad. [Negrilla de la Sala].
34. Pues bien, desde entonces, los diversos sujetos procesales y, de paso,
también los jueces de instancia han empezado a pedir o aplicar, según el caso, en
los procesos de nulidad de los actos de elección por voto popular, la aplicación
indistinta de esta regla, en tratándose de diferentes inhabilidades. Por lo tanto, le
corresponde a la Sala precisar si la mencionada regla establecida por el tribunal
constitucional es aplicable en todos los casos.
35. Para tal efecto, resulta relevante señalar que un aspecto central de la regla
jurisprudencial tiene que ver con las inhabilidades que poseen como elemento
común el ejercicio de alguna clase de autoridad, como veremos a continuación.
36. De acuerdo con la Constitución Política, le corresponde al legislador señalar el
régimen de inhabilidades de los cargos o corporaciones de elección popular, como
en efecto lo hizo con la expedición de la Ley 136 de 1994 y su modificación de la
Ley 617 de 2000, en el caso de las autoridades del orden municipal y local; y,
recientemente, con la Ley 2200 de 2022 sobre la organización y funcionamiento
de los departamentos.
37. La fórmula que utiliza el legislador es prácticamente la misma: haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, bien de quien dentro del plazo previsto la ejerció, o que tenga vínculos de
parentesco con empleados que la ejercen o la ejercieron.
38. Entonces, uno de los presupuestos de estas inhabilidades es la determinación
de qué se entiende por ejercicio de dichas «autoridades», es decir, cuándo un
empleado ejerce jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar. En
este caso, y para el ámbito municipal, el problema fue resuelto por el propio
legislador, estableciendo, lo que ha llamado la jurisprudencia, un criterio orgánico;
así, los artículos 188 a 191 de la Ley 136 de 1994, además de definirla, también
señalan quién la ejerce en el municipio.
39. Por ejemplo, advirtió que la autoridad o dirección administrativa comprende a
los empleados autorizados para celebrar contratos, ordenar el gasto, conferir
comisiones o licencias no remuneradas o decretar vacaciones o suspenderlas,
entre otras, que suele conocerse como criterio funcional. Pero, además, señaló
quien la ejerce: además del alcalde, los secretarios de la alcaldía, los jefes de
porque el demandado estaba inhabilitado ya que su hermana ejerció autoridad administrativa como
secretaria general de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
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departamento administrativo y jefes de las unidades administrativas especiales,
también llamado criterio orgánico.
40. Sin embargo, en los demás niveles de la administración no existe ninguna
disposición que defina, ni orgánica ni funcionalmente, cuáles empleados ejercen
las mencionadas autoridades. En este caso, la solución que se ha construido
desde la jurisprudencia es acudir a los manuales de funciones con el propósito de
determinar si, de alguna de ellas, se puede desprender cierta clase de autoridad y,
de esta forma, verificar si se configura la causal de inhabilidad, es decir, acudiendo
al criterio funcional.
41. Por tanto, la cuestión que le corresponde decidir a la Sala es, si en todos los
casos será necesario aplicar la regla prevista, específicamente, si es menester
«realizar una valoración probatoria concreta y ajustada» que implique «un examen
de probabilidad real, -más allá de potencial- de ejercer autoridad», que incida en el
electorado y de esta manera determinar la configuración de la respectiva
inhabilidad.
42. La decisión de la Sala se hace a partir de la misma regla jurisprudencial, que
permite concluir, que esta no es aplicable en todos los casos y veamos por qué.
En efecto, la aplicación de aquella parte de dos supuestos:
a) Que se trate de un funcionario municipal elegido: acá ya se restringe su
ámbito de aplicación, es decir, se trata del régimen de inhabilidades de ediles,
concejales y alcaldes; por lo tanto, excluye su utilización de servidores públicos
de elección popular del orden departamental (diputados o gobernadores).
Entonces, serán las inhabilidades previstas en la Ley 136 de 1994 y las normas
que la modifiquen y adicionen, que se refieren a los empleados que no pueden
aspirar, o bien, a los parientes de los candidatos que, como empleados públicos,
unos y otros ejercen algún tipo de autoridad.
b) Que la inhabilidad se configure por su parentesco con un funcionario
departamental: entonces, se trata de empleados públicos del orden
departamental que excluye la posibilidad de aplicar el criterio orgánico, teniendo
en cuenta que no existe ninguna disposición en el ordenamiento jurídico que
señale qué se entiende y quiénes ejercen algún tipo de autoridad en el ámbito
departamental o nacional.
43. Así las cosas, será menester que en los casos en los que se pretende aplicar
esta regla jurisprudencial se demuestran estos dos factores, es decir, se trate de
elecciones en el ámbito municipal (alcaldes, concejales o ediles), en donde se
alegue que el elegido se encuentra inhabilitado, bien porque i) ejerció como
empleado público del «orden departamental» autoridad política, civil o
administrativa o ii) tiene o tuvo vínculos con parientes, que, como empleados
públicos del «orden departamental», ejercen o ejercieron autoridad política, civil o
administrativa. Si se dan estos presupuestos, ahora sí le corresponde al juez
electoral:
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Demandado: Jhon Haider Taquez Chávez –
alcalde del municipio de Iles
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c) Realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
d) Hacer un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial-
de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma,
incidir a los electores.
44. En este orden, debe la Sala resaltar que la regla jurisprudencial contenida en
la SU-207, no resulta aplicable para otras inhabilidades diferentes a la
enunciada. Tampoco es de obligatorio cumplimiento a la hora de analizar el
presunto ejercicio de autoridad administrativa en niveles territoriales distintos a los
antes señalados por la propia Corte.
45. En este mismo sentido, debe dejarse establecido que no hay lugar a la
aplicación de la mencionada sentencia de unificación, cuando la autoridad
administrativa tenga origen orgánico, pues ese evento no fue objeto de análisis por
la Corte Constitucional y, en todo caso, no es posible desconocer que este tipo de
autoridad tiene fuente legal el cual no podría ser materia de debate desde el ámbito
probatorio.
5. Caso concreto
46. La Sala revocará la sentencia del 10 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, toda vez que de las pruebas allegadas al expediente se
pudo determinar que el demandado estaba inhabilitado para ser inscrito y elegido
alcalde del municipio de Iles, conforme el supuesto de la inhabilidad prevista en el
ordinal 4.º del artículo 9530 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000.
47. Para efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará una breve
referencia a los hechos de la demanda que resultan relevantes para resolver el
presente recurso. Luego, será necesario reseñar lo que dijo la primera instancia
para negar las pretensiones de nulidad electoral y el respectivo recurso de
apelación. Finalmente, se expondrán los argumentos de la posición que adopta la
Sala para revocar la providencia apelada.
5.1. Delimitación de los hechos, de la decisión de primera instancia, de los
argumentos de la apelación y de otras consideraciones para resolver.
48. A partir de los hechos relevantes para resolver la apelación, los cuales se
desprenden del escrito de la demanda, se tiene que el accionante adujo que el
señor Taquez Chávez estaba inhabilitado para ser alcalde de la municipalidad
enunciada por cuanto su madre, Sandra Elisabeth Chávez Muñoz, en su calidad
30. «No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: […]
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar
en el respectivo municipio […]».
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Demandante: José Francisco Oviedo Mora
Demandado: Jhon Haider Taquez Chávez –
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de rectora de la Institución Educativa San Francisco de Asís ubicada en Iles
(Nariño), ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores
a su elección.
49. Para sustentarlo, entre otros argumentos, el accionante esgrimió que la familiar
del demandado ejerció las funciones de las que trata el artículo 10 de la Ley 715
de 2001, particularmente, en el hecho sexto de la demanda refirió como ejercicio
de autoridad administrativa las siguientes:
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las
novedades y los permisos.
[…]
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos
docentes y administrativos a su cargo.
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno
disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
[…]
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por
incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.
50. De manera seguida, en el hecho séptimo, el demandante sostuvo que si la
madre del señor Taquez Chávez, como rectora de la mencionada institución
educativa, «celebra contratos o convenios; confiere comisiones, licencias no
remuneradas, decreta vacaciones y las suspende, tiene la facultad de trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados, reconoce horas extras,
vincula personal supernumerario o fija nueva sede al personal de planta; además,
dentro de las funciones están reseñadas las de intervenir como ordenador del
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos»,
entonces, es concluyente que debió renunciar al enunciado cargo con la antelación
no menor a 12 meses respecto de la fecha de la elección.
51. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se declarara la nulidad de la
elección del accionado conforme el artículo 275.5 del CPACA, habida cuenta que,
según su juicio, aquel incurrió en la inhabilidad prevista en el «ordinal 4.º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994» (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000).
52. El Tribunal de Nariño negó las pretensiones de la demanda al considerar que,
pese a que de la revisión de las funciones constitucionales y legales de la exrectora
de la I.E San Francisco de Iles, no se discute el ejercicio de autoridad
administrativa, lo cierto es que era necesario determinar, conforme el criterio
plasmado en la sentencia SU-207 de 2022, la probabilidad real con la que contaba
la señora Chávez Muñoz para incidir en favor de su hijo en las elecciones, habida
cuenta de que ostentaba la calidad de funcionaria del orden departamental.
53. A partir de ese escenario, el juez de primera instancia concluyó que, de la
valoración de las pruebas allegadas al expediente, no era factible determinar tal
hipótesis. Así lo señaló en la providencia del 10 de abril de 2024:
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De la lectura de la anterior normatividad se desprende que, ciertamente, desde el
análisis del criterio funcional, los rectores de instituciones educativas públicas sí
ejercen autoridad administrativa, por lo que —en principio— bastaría con dicha
demostración de la existencia de la función que materializa la autoridad
administrativa en cabeza del funcionario para tener por acreditado el elemento
objetivo para la configuración de la inhabilidad, sin que sea relevante determinar si
la función se ejerció o no15; sin embargo, en el presente asunto es preciso tener en
cuenta que la señora Chávez Muñoz ostentaba la calidad de funcionaria
departamental, es decir, de un nivel superior al municipal, comoquiera que el
Municipio de Iles no es certificado en educación y, por ende, la entidad territorial no
administra lo relacionado con el personal docente y directivo y docente, pues, ello
emana de la SED de Nariño, razón por la que —contrario a lo argumentado por el
Ministerio Público—, esta Sala estima que sí resulta aplicable la regla de unificación
establecida por la Corte Constitucional en Sentencia SU-207 de 2022[…].
[…]
En el caso que nos convoca, no está en discusión el ejercicio de autoridad
administrativa por parte de la exrectora de la I.E. San Francisco de Iles, habida
cuenta que, ello se desprende de la revisión de sus funciones legales y
constitucionales, sin que sea relevante determinar si tales competencias se
ejercieron o no; sin embargo, de conformidad con el precedente jurisprudencial de
obligatoria observancia, es preciso determinar hasta qué punto, el ejercicio de la
autoridad administrativa en el municipio de Iles por parte de la exrectora tuvo la
probabilidad real de incidir en la contienda electoral en favor de su hijo.
[…]
En el caso presente se tiene que la Institución Educativa San Francisco de Asís es
de carácter oficial y rural, cuya sede se encuentra ubicada en la vereda San
Francisco del municipio de Iles21, por lo que, en criterio de esta Sala, con la exigua
prueba aportada con la demanda electoral no es factible establecer que, desde su
cargo como rectora de dicho ente educativo, la señora Sandra Elisabeth pudo incidir
de manera indirecta o directa en el electorado de dicho municipio en favor de su hijo,
desde el día de la inscripción y hasta el día anterior a la elección, produciendo
resultados y efectos que hayan atentado contra el equilibrio de la contienda electoral
y la igualdad entre candidatos, por lo que, para el caso presente no se observa que,
por la presencia del parentesco se haya permeado el fin último de la institución de
la inhabilidad por esta causa.
54. Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la decisión fue
apelada por el accionante, parte que en su alzada expuso sus argumentos de la
siguiente manera:
a) «Primero: ELEMENTO OBJETIVO PERSPECTIVA DESDE EL CRITERIO
ORGÁNICO. Mas allá que, legalmente la señora Sandra Elizabeth Chávez
Muñoz haya sido nombrada por la secretaria de Educación Departamental de
Nariño en el cargo de rectora encargada, el cumplimiento de sus funciones se
realizó en el municipio de Iles, ejerciendo autoridad administrativa real y material
en la misma entidad territorial, en la cual su hijo resultó electo alcalde»31.
Para efectos de sustentar lo anterior, citó diferentes pronunciamientos de esta
Corporación, con el objeto de mostrar el criterio jurisprudencial respecto de la
inhabilidad por el ejercicio de autoridad administrativa, desde el punto de vista
de los criterios orgánico y funcional.
31 Énfasis del original.
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A su vez, como lo había señalado en el escrito de la demanda, trajo a colación
nuevamente el artículo 6 del Decreto 1278 de 2022, con la intención de indicar
que dicha norma les atribuye a los rectores el ejercicio de autoridad
administrativa.
b) «Segundo. CRITERIO FUNCIONAL DEL CARGO RECTOR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS El Ministerio, a rajatabla responsabiliza a los
rectores del proceso de fortalecimiento de la gestión educativa, para lo cual ha
establecido que (texto completo) […]».
Para sustentar este cargo de la apelación se encontró que el impugnante se
refirió a unos lineamientos que supuestamente fijó el Ministerio de Educación
Nacional, con lo cual pretende demostrar las responsabilidades de los rectores
desde el plano de la gestión educativa.
Luego, trajo a colación el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, con el objetivo de
advertir que los rectores al ejercer autoridad administrativa en las instituciones
educativas tienen un amplio radio de acción que se extiende a la comunidad
educativa.
c) «Tercero. La señora Sandra Elizabeth Chávez Muñoz, en su calidad de
rectora también fue denominada “ordenadora de gasto”».32
Frente a este reparo de la apelación se encuentra que el apelante, además de
hacer algunas consideraciones generales en torno a que las instituciones
educativas para llevar a cabo diferentes gestiones requieren de recursos
pecuniarios, afirma que para el cumplimiento de dichas funciones la madre del
demandado fue ordenadora del gasto en distintos procesos contractuales, los
cuales enumeró en su escrito de alzada.
A su vez, allegó una tabla relacionada con el supuesto plan plurianual de
inversiones de Iles para el período 2020-2023, en el cual, según informa, se
refleja el aporte municipal desde el «Plan de Desarrollo 2020-2024».
d) Cuarto. Incidencia real y material de la gestión de la señora Sandra
Elizabeth Chávez Muñoz, rectora IE San Francisco de Asís de Iles tuvo
réplicas en el nivel municipal.33
Para afectos de desarrollar dicho cargo de la apelación, se refirió al artículo 16
de la Ley 715 de 2001 y a la asignación de recursos que se hace a las
instituciones educativas de carácter público, a partir de lo cual afirmó que, por
concepto de gratuidad, entre los años 2022-y 2023 la «IE SAN FRANCISCO DE
ASIS» recibió «23.420.310 y 18.600.325», respectivamente.
32 Idem.
33 Idem.
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Como consecuencia de lo anterior, adujo que «la señora SANDRA ELIZABETH
CHÁVEZ MUÑOZ, ejerció autoridad administrativa, y en esta se configuró tanto
el criterio orgánico, como por el funcional desde la Institución Educativa San
Francisco de Asís, en el municipio de Iles, y que real y materialmente hubo
incidencia en la intención de voto, tan solo por citar un ejemplo, en el
corregimiento de San Francisco, el ganador indiscutible fue su hijo y es que
resulta innegable que si la mamá realizó una labor destacada al frente de la
Institución Educativa, lo propio haría su hijo como líder de la administración
municipal».
Agregó que «en el corregimiento de San Francisco, el señor JHON HAIDER
TAQUEZ CHÁVEZ, recibió un total de 188 votos, de los 308 votos que se
depositaron en la respectivas urnas, datos que permiten establecer que el
49.47% de los electores apoyaron su candidatura, mientras que los otros dos
contendores electorales compartieron el 50.52% de la votación, prueba de ello
se encuentra en los formatos E14 de las mesas 1 y 2 instaladas en San
Francisco, lugar donde la madre del ganador ostentaba la calidad de rectora de
la institución educativa, esto solo para el corregimiento». [Allegó unas imágenes
de dos formularios E-14].
Esgrimió que la madre del accionado incidió real y materialmente en la
candidatura y elección de su hijo porque, según su parecer, lo apoyó en el primer
acto público «la inscripción».
Manifestó «que, para el caso particular, la regla de unificación establecida por
la Corte Constitucional en Sentencia SU-207 de 2022 “examen específico de la
probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa
en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores”, no se realizó de
forma objetiva, más cuando el Ministerio Público sugirió al Despacho “el decreto
de una prueba de mejor proveer con el fin de obtener certificación sobre la
existencia del fondo educativo al que se hizo mención, así como del presupuesto
que manejó durante los 12 meses anteriores a las elecciones».
Finalmente, agregó que la sentencia de forma errónea concluyó que «no se
desvirtuó la presunción de legalidad de la que goza el acto de elección
censurado»; sin embargo, no tuvo en cuenta que la acción se adelantó por la
configuración de una causal de inhabilidad que anula el acto de elección del
señor Taquez Chávez y no de vicios de legalidad de este.
55. Para efectos de desatar el recurso de apelación, la Sala se limitará a resolver
de manera concreta y especifica los reparos del apelante esbozados en el escrito
respectivo, advirtiendo que no se tendrán en cuenta los hechos, cargos y
argumentos del concepto de la violación que no se expusieron con la demanda, en
los términos legales.
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56. Así lo autorizan los artículos 32034 y 32835 del CGP, al señalar que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente, en relación con los reparos concretos formulados por la parte
recurrente36.
57. Lo anterior indica que, en esta instancia, con el fin de determinar si el
demandado incurrió en la inhabilidad alegada, la Sección Quinta centrará su
análisis en los siguientes argumentos de la apelación: i) el elemento objetivo de la
causal desde el «criterio orgánico»; ii) el «criterio funcional» del cargo de rector de
instituciones educativas; iii) la ordenación del gasto en procesos contractuales; y
iv) la incidencia real y material del ejercicio de la posición de rectora que ostentó la
señora Chávez Muñoz en el nivel municipal; pero, en los precisos términos
esbozados con el recurso de alzada.
58. También es pertinente advertir que la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre
los elementos parentesco, temporal y espacial de la inhabilidad que se estudia en
el presente caso, en razón a que su análisis en primera instancia no fue objeto del
recurso de apelación, situación que evidencia que ambas partes estuvieron de
acuerdo con lo que determinó el tribunal a partir de la valoración de las pruebas
allegadas al expediente.
59. En ese orden, en esta instancia, no se abordará algún análisis respecto de la
conclusión a la que llegó la primera instancia en este preciso sentido:
Entonces, en el caso presente se tiene que, en efecto, está probado el parentesco;
el elemento temporal, pues la señora Chávez Muñoz es rectora de la I.E., de Iles
desde el 2021 y hasta diciembre de 2023; y, el elemento espacial, por cuanto dicho
claustro educativo está ubicado en el mismo municipio donde resultó electo alcalde
su hijo […]. [Énfasis del original].
60. No sucede lo mismo respecto del elemento objetivo toda vez que, como se
puede extraer sin dubitación alguna de los argumentos de la alzada, se trata de un
aspecto cuyo estudio y valoración, por parte de la primera instancia, si fue
censurado por el apelante.
61. Así las cosas, esta Sala de lo Electoral ha definido como parámetro para
determinar cuándo se configura el elemento objetivo de la inhabilidad prevista en
34 «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión».
35 «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley».
36 Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. «Al respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en
el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que
debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.»
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el el ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 37
de la Ley 617 de 2000): «que haya un ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio 37 […]».
62. En lo atinente al ejercicio de autoridad administrativa, aspecto especifico que
se debate en el presente caso, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 prescribe lo
que sigue:
Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes
de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como
superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
63. En no pocas ocasiones, esta Sala de lo Electoral se ha referido al contenido y
elementos que se requieren para la configuración de este tipo de autoridad, hasta
el punto de señalar que para su examen resulta ajustado acudir a un criterio
orgánico o funcional, cuyos alcances han sido delimitados jurisprudencialmente38
de la siguiente manera:
a) Orgánico: en virtud de este es posible entender que el ejercicio de
determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse
de aquellos que, de conformidad con la ley, implican tal dirección, por ser esta
es una manifestación de aquella.
A su vez, la jurisprudencia ha señalado que con este criterio coinciden los
alcaldes, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de unidades
administrativas especiales, por tratarse de los servidores a los que se les
atribuye autoridad administrativa.
b) Funcional: la valoración de este criterio permite concluir que las funciones
propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso
concreto.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de
febrero de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00048-00, MP Alberto Yepes Barreiro.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de
septiembre de 2005, expediente 41001-23-31-000-2003-01299-02, MP Darío Quiñones Pinilla.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de
septiembre de 2013, expediente 41001-23-31-000-2012-00048-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que, con
este segundo criterio, coinciden los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias,
vacaciones, trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijar nueva sede de trabajo.
5.2. De la decisión del recurso de apelación
64. En el orden de los supuestos y las consideraciones expuestas, se resolverán
cada uno de los cargos propuestos por el apelante.
5.2.1. Cargo primero
65. Para efectos de la solución al cargo primero del recurso de alzada, la Sala
avizora es factible estudiar el presente caso a la luz de la sentencia SU-207 de
2022, en concordancia con el criterio jurisprudencial vigente de esta Sección en lo
atinente al ejercicio de autoridad administrativa por parte de los rectores de las
instituciones educativas de carácter público.
66. Lo anterior, por cuanto dicho pronunciamiento jurisprudencial: i) se adujo en el
concepto de la violación de la demanda, de manera que se trae como un punto de
derecho para interpretar la inhabilidad que aquí se estudia; ii) sirvió de sustento las
razones de la decisión del tribunal de primera instancia para proferir la sentencia
que negó las pretensiones de nulidad electoral; y iii) es un aspecto transversal al
recurso de apelación, así se desprende el escrito de alzada:
Es por todo lo expuesto hasta el momento que, para el caso particular, la regla de
unificación establecida por la Corte Constitucional en Sentencia SU-207 de 2022
“examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la
autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores”,
no se realizó de forma objetiva […]
67. En el presente caso está acreditado que la elección censurada es del ámbito
municipal y que el ejercicio de autoridad administrativa se predica de la pariente
por consanguinidad (madre) del señor Taquez Chávez, quien fue elegido alcalde
del municipio de Iles, Nariño (2024-2027). Por ende, se cumple uno de los
parámetros para emprender la solución de la alzada a la luz del criterio fijado por
la sentencia SU-207 de 2022.
68. En lo atinente a si la mamá del señor Taquez Chávez ejerció autoridad
administrativa en aquella municipalidad, el material probatorio mostró lo siguiente:
a) La Institución Educativa San Francisco de Asís de Iles, Nariño es un
establecimiento público estatal, perteneciente al orden departamental y su
administración se encuentra a cargo del departamento de Nariño. Así se
desprende de la certificación de la Secretaría de Educación de dicha
territorialidad:
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b) El 9 de junio de 2021, la Señora Chávez Muñoz fue encargada como rectora
de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Iles, Nariño:
c) El 29 de diciembre de 2023, se terminó para la señora Chávez Muñoz el
encargo como rectora de la enunciada institución educativa:
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d) La Señora Chávez Muñoz hizo parte de la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño desde el «02/04/1993» y desempeñó sus funciones
como rectora en la mencionada institución educativa. Así consta en la
certificación expedida por el secretario de dicha dependencia:
69. Pese a que las certificaciones evidencian el carácter de departamental de la
referida institución educativa y que la madre del demandado ingresó a la planta de
dicho ente territorial el dos (2) de abril de 1993, también es cierto lo que sigue:
a) la institución educativa donde la señora Chávez Muñoz prestó los servicios
de rectora se encuentra ubicada materialmente en el municipio de Iles
(Nariño), por ende, es factible concluir que;
b) el ejercicio del cargo de rectora, por parte de la señora Chávez Muñoz, fue
en el mismo nivel territorial donde resultó electo como concejal su hijo. Por
ello, el análisis del efecto irradiador desde el nivel departamental – elemento
formal - al municipal – elemento material - se encuentra superado.
70. En otros términos, la señora Chávez Muñoz desde una perspectiva formal
pertenece a la planta de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
hecho que se encuentra demostrado con las certificaciones aportadas y no existe
prueba en contrario que indique que hace parte de la planta del municipio de Iles.
71. Sin embargo, como el desempeño de su cargo se ejerció en la municipalidad
donde resultó electo como alcalde su hijo demandado, entonces, el análisis de
incidencia, como lo exige la sentencia SU – 207 de 202239, en el territorio se
encuentra probado.
39 «El examen sobre la aptitud de incidencia desde el departamento hacia el municipio no puede
ser automático. Ello obedece a que el ejercicio del cargo, desde el nivel superior, no incide
necesariamente, en cada uno de los niveles inferiores».
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72. Incluso, desde el criterio jurisprudencial de esta Sección, que data de antes de
la expedición de la referida sentencia de unificación, es factible concluir que,
comoquiera que la institución tiene sede en el municipio de Iles y la rectora ejerce
sus funciones materialmente en ese territorio, el ejercicio de autoridad, para este
preciso caso, tuvo lugar en el mismo nivel territorial.
73. Por ello, lo que ahora corresponde será determinar si con la prueba aportada
al expediente se puede determinar, con suficiencia, si la señora Chávez Muñoz, en
su calidad de rectora de la referida institución educativa, ejerció autoridad
administrativa en el respectivo municipio.
74. Desde el escenario anterior, en este caso particular, aplicando el criterio de la
sentencia SU-207 de 2022 y aun acudiendo al lineamiento jurisprudencial aplicable
antes de que se expidiera dicha sentencia constitucional – como se detallará más
adelante -, la Sala encuentra que el demandado está inmerso en el supuesto de la
inhabilidad del ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000).
75. En efecto, luego de una valoración probatoria (concreta y ajustada a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad) de las certificaciones del encargo y
del desempeño laboral de la señora Chávez Muñoz, se encontró que aquella
ejerció el cargo de rectora en la referida institución educativa desde el 2 de junio
de 2021 al 29 de diciembre de 2023 (2 años, 6 meses y 20 días aproximadamente),
circunstancia que, por sí sola, denota la probabilidad real -más allá de potencial-
de que aquella ejerció autoridad administrativa en el municipio de Iles (Nariño).
76. Para efectos de sustentar lo anterior, es pertinente anotar que los rectores de
la instituciones educativas de naturaleza pública, por ministerio de la ley, tienen en
su cabeza la función de la ordenación del gasto – criterio funcional – y, con ello, no
resulta menos importante señalar que, según el artículo 190 de la Ley 136 de 1994,
dicha atribución implica el ejercicio de autoridad administrativa, así lo prescribe la
norma:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad […]. También comprende a los
empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar
gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o
verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
[Énfasis propio].
77. Así las cosas, basta con anotar que la función de la ordenación del gasto con
la que cuentan los rectores es factible derivarla de los artículos 10 (numeral 10.16)
de la Ley 715 de 2001, y 2.3.1.6.3.3. y 2.3.1.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015 y,
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además, del entendimiento que la jurisprudencia de esta Sala Electoral le ha
reconocido a dicha atribución.
78. Al respecto, se tiene que el numeral 10.16 del artículo 10 de la Ley 715 de
2001, el cual fue alegado en la demanda y luego en el recurso de apelación,
prescribe que los rectores son titulares de la facultad de «Administrar el Fondo de
Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los
términos de la presente ley».
79. Aunado a lo anterior, no resulta un aspecto de menor valía traer a colación que
el rector es el ordenador del gasto de dicho fondo de servicios educativos, así se
desprende del tenor literal del Decreto 1075 de 2015:
Artículo 2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El
rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento
educativo estatal administra el Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las
funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la presente Sección.
Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las
acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso,
ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la
reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.
Artículo 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos
carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto
del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.
[Énfasis de la Sala].
80. De igual forma, la jurisprudencia de esta Sección de manera pacífica y
reiterada fijó como criterio que el cargo de rector de una institución pública goza
de autoridad administrativa por las funciones de origen legal y reglamentario que
les son propias, entre otras, la de ordenación del gasto. Al respecto, incluso en
sede de pérdida de investidura, se ha manifestado lo siguiente:
[…] esta Sala Electoral ha sostenido de manera reiterada y pacífica que la persona
que se desempeña como rector de un colegio público sí ejerce funciones de
autoridad administrativa, ya que es ordenador del gasto, puede celebrar contratos,
otorgar permisos a los docentes, imponer sanciones disciplinarias, entre otras […]40
[…]
En efecto, como da cuenta la postura pacífica de esta Sección no hay duda que los
rectores de universidades públicas con su potestad de adoptar decisiones
relacionadas con manejo del personal vinculado con la institución, a la ordenación
del gasto, a la celebración de contratos incurre en manifestaciones propias del
criterio funcional de la autoridad administrativa, destacando que no será necesario
determinar si en realidad se ejercieron o no, como ya lo determinó la Sala en
los pronunciamientos antes señalados.
En este sentido, la Sala destaca que, de conformidad con el manual de funciones al
Rector de la Universidad de La Guajira, le compete, entre otras, “aplicar las
sanciones disciplinadas que le correspondan por la Ley o reglamento”, “nombrar y
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala 27 de
febrero de 2020, expediente 54001-23-33-000-2020-00006-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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remover al personal de la institución con arreglo a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes” y “nombrar reemplazo ante la ausencia temporal de los
Decanos de facultad, mientras el titular se reintegre al cargo”.
En este orden de ideas, para la Sala no hay duda alguna que el cargo de Rector de
la Universidad de La Guajira conlleva el ejercicio de autoridad administrativa.
[Énfasis del original]41.
[…]
La Sala encuentra que el ejercicio de autoridad administrativa en cabeza de los
rectores de instituciones educativas de naturaleza pública ha sido un aspecto
resuelto pacíficamente por la jurisprudencia de la corporación, en cuanto que, por
regla general estos funcionarios, en efecto, sí ostentan ese tipo de mando.
Es así como se precisó que a partir del criterio funcional y, en consecuencia,
atendiendo a las labores que a dichos empleados les otorga el artículo 10º de la Ley
715, aquellos ejercen autoridad administrativa. […]42.
81. Por todo lo expuesto hasta acá se tiene que: i) la Institución Educativa San
Francisco de Asís de Iles es del orden departamental; ii) que su rectora dentro del
período inhabilitante fue la señora Chávez Muñoz, quien es la madre del
demandado; iii) el ejercicio de su cargo como rectora se dio materialmente en el
mismo nivel territorial, esto es, en Iles Nariño donde resultó elegido su hijo
demandado; iv) en calidad de rectora, por ministerio de la ley, tenía la función de
ordenadora del gasto, puntualmente, del fondo de servicios educativos y, por ello,
v) conforme con la valoración concreta y ajustada a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad de las certificaciones aportadas, y a la jurisprudencia de esta
Corporación, se acreditó el aspecto relacionado con la probabilidad real de ejercer
tal atribución.
82. En conclusión, se encontró demostrado que el demandado estaba inhabilitado
para ser inscrito y elegido Alcalde de Iles Nariño periodo 2024-2027, por cuenta de
la configuración del supuesto previsto ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de
1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000). Por lo anterior, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su defecto, se declarará la nulidad
de la elección.
5.2.2. Cargo segundo
83. Respecto del cargo segundo de la apelación se tiene que el impugnante solo
enunció el criterio funcional, pero lo sustentó en supuestos fácticos nuevos a partir
de los cuales explicó las responsabilidades de los rectores en el proceso de
fortalecimiento de la gestión educativa, con apoyo en una cita del artículo 6 de la
Ley 115 de 1994 – norma que ni siquiera hizo parte de los fundamentos de derecho
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala del 10
de septiembre de 2020, expediente 44001-23-40-000-2019-00184-01, MP Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de
diciembre de 2023, expediente 76001-23-33-000-2023-00550-01 (Pérdida de Investidura), MP
Nubia Margoth Peña Garzón.
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de la demanda y del concepto de la violación –, para concluir finalmente, según su
parecer, que en el contexto descrito:
Los rectores al ejercer autoridad administrativa en las Instituciones educativas tienen
un amplio radio de acción que se extiende a la comunidad educativa, donde no solo
se consideran a los docentes, sino a los padres, madres de familia y a la misma
comunidad, siendo esta la probabilidad real -más allá de potencial- de que la señora
Sandra Chávez Muñoz ejerció la autoridad administrativa en el nivel municipal bajo
los criterios orgánico y funcional.
84. En lo atinente a dicho reparo de apelación, la Sala encuentra que se trata de
hechos y puntos de discusión novedosos que solo trajo el apelante en este estado
procesal.
85. Por tal razón, resulta pertinente traer a colación que, respecto de aquellos
eventos en los que el recurso de apelación contiene argumentos y hechos nuevos
que no tuvieron la oportunidad de ser controvertidos en el trámite del proceso, la
Sala43 ha considerado lo siguiente:
Para la Sala una vez confrontada la demanda y el recurso de apelación, evidencia
que se plantean argumentos y hechos nuevos que no fueron conocidos por los
diferentes sujetos procesales ni el Tribunal Administrativo de Nariño para resolver la
primera instancia, por lo tanto, en garantía del debido proceso que debe regir las
actuaciones en los procesos judiciales, como de los derechos de defensa y
contradicción, no pueden ser abordados por esta Sección, pues los mismos no
fueron objeto de debate en el trámite de primera instancia.
86. Desde tal connotación, no resultaría ajustado al ordenamiento que la Sección
se pronuncie sobre tales argumentos, pues, se trata de hechos y argumentos que
no fueron propuestos con la demanda, de manera que las demás partes e
intervinientes no han tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de dichos
reparos en garantía de su derecho al debido proceso.
5.2.3. Cargo tercero
87. En lo atinente al tercer cargo de apelación, el actor refiere que la señora
Chávez Muñoz, en su calidad de rectora, también fue «ordenadora de gasto» y
adujo una serie de situaciones relacionadas con un plan plurianual de inversiones
y la realización de procesos contractuales, aspectos últimos que no se trajeron
como hechos ni como argumentos del concepto de la violación y, por ende, resulta
ajustado considerar que no se debatieron en el trámite del proceso.
88. Frente a la función de ordenadora de gasto se tiene que se trata de un aspecto
decidido por la Sala en acápite anterior, por lo que será necesario remitirse a lo allí
decidido. No obstante, dicha circunstancia no impide que la Sala ponga de
presente al apelante que los argumentos y hechos nuevos que no tuvieron la
43 Sobre la garantía del derecho de defensa y contradicción, como componentes del debido
proceso, lo que impide estudiar cargos o argumentos nuevos en la apelación, entre otras, se pude
consultar del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de
sala del 25 de mayo de 2023, expediente 54001-23-33-000-2023-00031-01 (principal), MP Rocío
Araújo Oñate.
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oportunidad de ser controvertidos en el trámite del proceso no pueden ser
conocidos en esta instancia, pues, en caso de proceder de esa manera, se
desconocería el debido proceso del demandado.
89. En ese orden, al confrontar la demanda con lo señalado en el escrito inicial, la
Sección avizora que se trajeron hechos y argumentos nuevos de cara a sustentar
la configuración de la inhabilidad deprecada frente al demandado, aspecto frente
a los cuales el apelante i) se refirió a unas gestiones («anexo 1 guía 34 del MEN»)
que adelantan las instituciones educativas que demandan recursos y ii) allegó una
tabla relacionada con el plan plurianual de inversiones de Iles para el período 2020-
2023, en el cual, según informa, se refleja el aporte municipal desde el plan de
desarrollo 2020-2024.
90. Aunado a lo anterior, se encuentra que el apelante indicó que la señora Chávez
Muñoz fue ordenadora de gasto «en sendos procesos contractuales» publicados
en SECOP, cuando lo cierto es que ni de los hechos de la demanda, ni del
concepto de la violación se avizora que dicho argumento, en esos precisos
términos, hizo parte del escrito inicial y tampoco fue objeto de debate en el proceso.
91. La única referencia que se hace en la demanda respecto de dicha temática
aparece en el hecho séptimo44 del escrito, supuesto frente al cual conviene aclarar
que ni siquiera fue desarrollado en el concepto de la violación.
92. Pese a ello, lo que se encuentra es que el demandante hizo referencia a tal
argumento y solo hasta la alzada lo desarrolló de manera concreta, solicitando,
incluso, que se le diera valor probatorio a diferentes contratos que aportó con dicho
escrito.
93. Dicha solicitud probatoria, en segunda instancia, fue denegada por el
magistrado que sustancia esta actuación, por auto del 2 de mayo de 2024 45, por
no cumplirse con los presupuestos del artículo 212 del CPACA para ello. Esta
decisión fue objeto de súplica46, la cual fue rechazada por extemporánea, mediante
auto del 6 de junio de 202447.
5.2.4. Cargo cuarto
94. En lo atinente al alcance del análisis de incidencia que acuñó la Corte
Constitucional en la mencionada sentencia SU-207 de 2022, se encuentra que
tampoco le asiste razón al apelante en su censura, toda vez que dicho examen no
tendría cabida en el presente trámite por la naturaleza subjetiva del vicio alegado.
Así lo ha señalado esta Sala de lo Electoral48:
44 «dentro de las funciones están reseñadas las de intervenir como ordenador del gasto en la
ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse
en el respectivo municipio donde se va a postular como candidato al cargo de alcalde […]».
45 Índice 6 Samai.
46 Índice 13 Samai.
47 Índice 21 Samai. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de
diciembre de 2022, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01
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[…] no es posible hablar de incidencia, entendida como la diferencia de votos y las
irregularidades demostradas en el curso de los escrutinios a efectos de poder anular
el acto electoral, porque en este preciso caso no se fundó en causales objetivas y
por así disponerlo el artículo 287 del CPACA:
ARTÍCULO 287. Presupuestos de la sentencia anulatoria del acto de elección
popular. Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los
electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando
el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de
tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.
(Subrayado por la Sala).
127. De acuerdo con la transcripción normativa realizada, es claro que el análisis de
incidencia que refiere solo es aplicable a casos en los que se cuestionan
irregularidades en los escrutinios y no en asuntos como el presente, en los cuales
se enrostra la configuración de una causal de inhabilidad subjetiva en contra del
demandado, la cual es de naturaleza preventiva.
95. Finalmente, en lo que respecta al argumento del recurrente que «el Juez, de
forma errónea, concluye que “no se desvirtuó la presunción de legalidad de la que
goza el acto de elección censurado” y como consecuencia niega las pretensiones
de la demanda, se debe subrayar que la acción se adelantó por la configuración
de una causal de inhabilidad que anula el acto de elección del señor Taquez
Chávez y no de vicios de legalidad del mismo», la Sala advierte que el medio del
control de nulidad electoral está establecido para hacer un juicio de legalidad en
abstracto de los actos de elección, como se desprende del artículo 13949 del
CPACA.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO: Revocar la sentencia del 10 de abril de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la elección Jhon Haider Taquez Chávez como
alcalde del municipio de Iles (Nariño) para el período 2024-2027, la cual consta en
el formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023.
TERCERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva solicitada por el Consejo Nacional Electoral.
CUARGO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
49 «Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas.».
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QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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