Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05566-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05566-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05566-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05566-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: SAITH MARTÍNEZ GÓMEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir
el debate planteado en el proceso de pérdida de investidura, que fue zanjado por el juez
natural de la causa en una sentencia desprovista de capricho o arbitrariedad.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 14 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 16 de octubre de 20241, el señor Saith Martínez Gómez, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre y la Sección Primera del Consejo de Estado,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación política y «al ejercicio de cargos y funciones públicas», con ocasión
de las sentencias del 20 de marzo de 2024 y del 1° de agosto de 2024, proferidas,
en su orden, por las referidas autoridades judiciales, dentro del proceso de
pérdida de investidura con radicado 70001-23-33-000-2024-00025-01. Formuló
las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que el 9 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
Con base en lo que acabo de narrar en este libelo, comedidamente pido que
se tutelen los derechos constitucionales fundamentales que se me han
vulnerado, los cuales aquí acabo de señalar como violados en líneas
precedentes, ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA accionados (2), que
revoquen las decisiones tomadas en Primera y Segunda instancia decisiones
emitidas el veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) y Primero (1º)
de agosto de dos mil veinticuatro (2024), respectivamente, y en su lugar
tutelar los derechos fundamentales invocados como violados, en
consecuencia dejar sin efectos las sentencias proferidas por las cuales se
declaró la pérdida de investidura, atendiendo a los fundamentos legales y
jurisprudenciales desarrollados en la presente acción.
2. El 29 de octubre de 2023, el señor Saith Martínez Gómez fue elegido concejal
del municipio de Sampués (Sucre), por el partido Liberal Colombiano, y así lo
declaró la Comisión Escrutadora de ese ente territorial el 3 de noviembre
siguiente, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero de 2024.
3. La señora María Bernarda Sierra Puentes pidió que se decretara la pérdida de
investidura del señor Martínez Gómez, por haber incurrido en la causal prevista en
el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 19942, en concordancia con el
numeral 4 del artículo 43 ejusdem3, por violación al régimen de inhabilidades.
4. En su momento, la parte accionante reprochó, entre otras, que su padre, el
señor Ángel Gilberto Martínez Lázaro, ejerció el cargo de rector de la Institución
Educativa San José Huertas Chicas, ubicada en el municipio de Sampués, en los
2 ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura
por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
(…)
3ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
12 meses anteriores a la elección de su hijo Martínez Gómez, por lo que el allí
demandado se encontraba inhabilitado para inscribirse, aspirar y ser elegido
concejal del municipio de Sampués (Sucre).
5. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Sucre concedió las pretensiones de la demanda.
6. La parte accionada impugnó la decisión y la Sección Primera del Consejo de
Estado, en sentencia del 1 de agosto de 2024, confirmó las pretensiones de la
demanda.
7. En criterio de la parte accionante, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto fáctico, al considerar que en el caso bajo estudio no se
configuró el elemento objetivo previsto en los procesos de pérdida de investidura,
pues no se demostró de qué forma el señor Martínez Lázaro ejerció la autoridad
administrativa, como rector de la Institución Educativa San José de Huertas
Chicas, o influyó en las elecciones que eligieron a Martínez Gómez, como concejal
del municipio de Sampués (Sucre).
8. Agregó que las pruebas aportadas al proceso acreditan únicamente las
funciones atribuidas al referido rector y no las actuaciones que adelantó como
autoridad administrativa.
9. Afirmó que el señor Martínez Lázaro no incidió en el resultado obtenido en esas
elecciones territoriales, pues, de hecho, si se descuentan los votos logrados en el
corregimiento de Huertas Chicas de Sampués, donde se encuentra la referida
institución educativa pública, no se afectaría su resultado electoral.
10. También incurrieron en defecto sustantivo porque se omitió el análisis de la
responsabilidad subjetiva en el caso concreto, «que debió tramitarse en virtud de
los principios rectores del derecho disciplinario-sancionador contenidos en el
C.G.D., conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional».
11. Finalmente, advirtió que se desconoció la sentencia SU-207 de 2022, proferida
por la Corte Constitucional, en la que se fijó que cuando se alega la inhabilidad por
parentesco prevista en la referida norma, era necesario «un examen específico de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
la probabilidad real del ejercicio de la autoridad, de modo que (iv) no es posible la
valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la
naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas, sino que se debe
analizar si tiene la probabilidad real de ejercerlas».
2. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 17 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y se ordenó que se notificara a los magistrados que integran
la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre,
como parte demandada, y, como tercera con interés, a la señora María Bernarda
Sierra Puentes. Asimismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
13. El Tribunal Administrativo de Sucre pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, porque la parte accionante pretende convertir la sede de
tutela en una instancia adicional al proceso de pérdida de investidura con
radicado 70001-23-33-000-2024-00025-00/1.
14. Adujo que, si la solicitud de amparo supera los requisitos de procedencia, sus
pretensiones debían ser negadas, por las siguientes razones:
15. El señor Martínez Lázaro ostenta el cargo de rector de la Institución Educativa
San José de Huertas Chicas, calidad que ocupó entre el 29 de octubre de 2022 y
el 29 de octubre de 2023, periodo inhabilitante para el hoy accionante para
postularse al referido cargo de elección popular.
16. Por lo anterior, el señor Martínez Lázaro era autoridad administrativa, pues, en
virtud de las funciones que le asignan la ley y los reglamentos respectivos, este
era el encargado de «la disciplinaria del personal docente y administrativo bajo su
dirección, el nombramiento de encargos temporales en empleos directos, la
sancionatoria y de distinción de los educandos, la de administración del fondo de
servicios educativos y de los recursos que por incentivos se dispongan para la
institución, la celebración de contratos con cargo a los recursos del referido fondo,
entre otras».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
17. Se valoraron las pruebas incorporadas al referido proceso de pérdida de
investidura, de acuerdo con los principios de lógica y sana crítica.
18. No se configuró el defecto sustantivo porque la sentencia cuestionada aplicó
las disposiciones fijadas en la norma y la jurisprudencia respectiva, en la que
establecieron que la función del rector de institución educativa implica el ejercicio
de autoridad administrativa.
19. Respecto al cargo por desconocimiento del precedente judicial, afirmó que el
caso bajo estudio no guarda «similitud» con los reparos resueltos en la sentencia
SU 207 de 2022.
20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal
Administrativo de Sucre y la señora Sierra Puentes guardaron silencio.
Fallo impugnado
21. En sentencia del 14 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, bajo los siguientes
argumentos:
22. En primer lugar, las autoridades judiciales accionadas adoptaron la decisión
en cuestión con base en las disposiciones previstas en las Leyes 135 de 1994 y
715 de 2001, la Resolución 003842 de 18 de marzo de 2022 y la certificación
expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, mediante lo
cual se pudo acreditar que el señor Martínez Lázaro ejercía autoridad
administrativa en el referido cargo.
23. Resaltó que el accionante no acreditó ni argumentó de qué forma se
demostraban los hechos descritos en la solicitud de amparo, razón por la cual,
respecto de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente, concluyó
que lo pretendido es reabrir una discusión que ya fue zanjada por el juez natural,
por no estar de acuerdo con la decisión adoptada.
24. Respecto del defecto sustantivo, adujo que las autoridades judiciales sí
analizaron el elemento de responsabilidad subjetivo, al considerar que el «actuar
del entonces concejal fue gravemente culposos, particularmente por no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
informarse, pedir asesorías o conceptos sobre las conductas inhabilitantes para el
cargo por el cual se postulaba».
Impugnación
25. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, por considerar
que la solicitud de amparo no carecía de carga argumentativa, pues sus
fundamentos están consagrados en los numerales «5.1 y 5.6 del escrito de
tutela». Así mismo dijo lo siguiente:
Carga argumentativa que contenía a grandes rasgos el planteamiento
fáctico jurídico que imponía la revisión detallada en sede de tutela de la
decisión de segunda instancia “probabilidad de Incidencia Real de la
Autoridad, los defectos sustantivo y fáctico por la inadecuada hermenéutica
utilizada para efectos de valorar la configuración de la causal de
inhabilidad por parentesco, ausencia de juicio de responsabilidad subjetiva
bajo los elementos esenciales del ius puniendi, frente a la ocurrencia de
una conducta típica, antijurídica y Culpable”.
26. Adujo que no se está discutiendo un asunto de naturaleza legal ni su
pretensión era reabrir el debate zanjado por el juez natural en el proceso de
pérdida de investidura, sino que busca demostrar que los defectos alegados
fueron configurados por «una verdadera violación de los derechos
fundamentales».
27. Reiteró que las autoridades judiciales omitieron analizar el elemento subjetivo
en el caso bajo estudio y no tuvieron en cuenta que el referido rector no ejerció de
autoridad administrativa ni incidió en los resultados electorales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
28. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende,
vulneró el derecho fundamental invocado por el señor Saith Martínez Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
29. Inmediatez. La tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 1° de agosto de 2024 y se notificó el 23 de
agosto siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 16 de octubre
de la misma anualidad, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término
resulta razonable.
30. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
31. Subsidiariedad. La parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
32. Relevancia constitucional. La Sala considera necesario referirse brevemente
al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de
establecer si se cumple o no en el presente asunto.
33. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una
carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
34. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
35. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
36. De entrada, al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala anticipa
que la presente tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de
relevancia constitucional. Se trata, pues, de una solicitud de amparo sin la
suficiente carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para
cuestionar providencias judiciales proferidas por una alta corte.
37. En ese sentido, conviene decir que, en la sentencia de unificación SU-215 de
2022, la Corte Constitucional como un requisito necesario para la procedencia de
la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir que este
mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los procesos o el
escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela, fijó los
siguientes postulados:
[…] Según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto
del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales5.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales6.
5
Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios
en los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta
constitucional; (ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está
orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de
aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público
cuando se cumplen determinadas condiciones».
6
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
38. En dicha providencia, resaltó que el estudio de este requisito se torna más
estricto cuando se discuten decisiones dictadas por una Alta Corte. Se indicó que,
además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de
las causales específicas, la solicitud de amparo deberá demostrar que en la
«providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria». Por tanto, no es suficiente
con mencionar literalmente la vulneración de sus derechos fundamentales, sino
que se requiere acreditar los siguientes elementos:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la
demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales,
sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal
situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela
contra una sentencia de una alta corte.
39. Como lo verificó el a quo, aunque la parte accionante manifestó su
desacuerdo con las sentencias proferidas el 20 de marzo y el 1° de agosto de
2024, por el Tribunal Administrativo de Sucre y por la Sección Primera del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado 70001-23-33-000- 2024-00025-00/01, lo cierto es que no
explicó con claridad suficiente en qué consiste la vulneración a los derechos
fundamentales invocados.
40. Pese a que señaló los defectos fácticos, desconocimiento del precedente y
sustantivo, como causales específicas de procedencia, en las que supuestamente
incurrieron las providencias objeto de reproche, lo cierto es que sus afirmaciones
son generales y no se preocupó por aterrizarla al caso concreto.
41. Sobre el primer y segundo reparo, argumentos reiterados en el escrito de
impugnación para sustentar que la solicitud de amparo sí cumplió el requisito de
relevancia constitucional, la parte accionante adujo que las pruebas aportadas no
acreditaron que su padre ejerció autoridad administrativa, como rector de una
institución educativa pública, al punto de incidir en el resultado electoral (defecto
fáctico), razón por la cual se desconoció las reglas fijadas en la sentencia de
unificación SU-207 de 2022 ( desconocimiento del precedente).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
42. Asimismo, afirmó que se realizó «una presunción arbitraria y apresurada» que
llevó a inferir que las funciones atribuidas al señor Ángel Martínez Lázaro, como
rector de la referida institución educativa pública, automáticamente dan cuenta de
que este ejerció autoridad administrativa con el objeto de incidir en las elecciones
a favor de su hijo, sin analizar y sustentar de qué forma aquel incidió en su
campaña política.
43. De otra, reprochó que:
No se tuvo en cuenta que el total de las mesas de votación instaladas (03)
en el corregimiento de Huertas Chicas Jurisdicción de Sampúes, lugar en
donde se encuentra ubicada la Institución Educativa de la cual el papá del
entonces candidato era rector, no tenía el grueso de la votación obtenida
por el señor (…) Martínez Gómez, y que incluso eliminando los 295 votos
obtenidos en ese corregimiento el resultado no hubiese incidido en la
elección concejal.
44. En el presente caso, si bien la parte accionante afirmó que las sentencias
censuradas transgredieron sus derechos fundamentales, lo cierto es que no
acreditó que tales decisiones eran arbitrarias o violatorias de sus garantías
iusfundamentales, pues no bastaba con señalar en abstracto que se presentó una
falencia en la valoración probatoria, sino que lo determinante era explicar cómo la
falta de valoración arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión del juez de
la pérdida de investidura estuvo desprovista de cualquier rigor o fundamento,
pero, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión
tomada en las providencias cuestionadas.
45. Como se vio, conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la
demanda de tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera
escueta alguna de las causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente
amplia y razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto,
que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales
específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes
razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra
las providencias judiciales7.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
46. Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro
sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la
apreciación razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de
formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a
partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a
las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria,
caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.
47. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las
pruebas que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa
carga procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no
exige el estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo
que se echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la
decisión, al punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida,
circunstancia que, como se vio, no se presenta en este caso.
48. Con todo, se tiene que en el proceso de pérdida de investidura se abordaron
todos y cada uno de los reparos presentados en el recurso de apelación contra la
sentencia del 20 de marzo de 2024, así:
49. Mediante sentencia del 20 de marzo de 20248, el Tribunal Administrativo de
Sucre concedió las pretensiones de la demanda presentada por la señora Sierra
Puentes, pues, luego de analizar el acervo probatorio y el ordenamiento jurídico
fijado sobre la materia, concluyó que el señor Martínez Gómez no actuó de
manera diligente, prudente y cuidadosa, en la medida en que no indagó sobre las
consecuencias jurídicas que podían desencadenar el desempeño de su padre
como rector, «ordenador del gasto, administrador del presupuesto y gerente de
talento humano» de la referida institución educativa, dentro del período de 29 de
octubre de 2022 y el 29 se octubre de 2023, así como de revisar en la Secretaría
de Educación municipal y departamental las actividades de ejecución presupuestal
que este adelantó.
8 Conviene recordar que la señora Sierra Puentes pidió que se decretara la pérdida de investidura
del señor Martínez Gómez, como concejal del referido municipio, para el período 2024-2027, por
haber incurrido en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con el numeral 4 del artículo 43 ejusdem, por violación al régimen de inhabilidades.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
50. En ese sentido, tampoco se acreditó que el allí accionado acudió, por ejemplo,
a «consultas especializadas, con el objeto de determinar si estaba incurso en
inhabilidad, que, con el suministro de la información completa y certera,
seguramente le hubiesen precavido de iniciar o continuar su aspiración al concejo
municipal de Sampués, materia de la presenta acción de desinvestidura».
51. De los hechos descritos, se desprende que omitió su deber de conocer los
requisitos, calidades e inhabilidades para ser elegido concejal municipal, máxime
cuando tenía conocimiento de su vínculo de parentesco en primer grado de
consanguinidad con el rector de la IE San José de Huerta Chicas del municipio de
Sampués (Sucre), dentro de los doces meses anteriores a las elecciones
territoriales respectivas.
52. El hoy accionante interpuso recurso de apelación, con fundamento en que:
• No se aportó (i) el decreto del nombramiento del señor Ángel Gilberto
Martínez Lázaro, como rector de la Institución Educativa San José de
Huertas Chicas, razón por la cual no se demostró que aquel ejerció
autoridad administrativa en el municipio de Sampués, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 40 de la Ley
617 de 2000, y (ii) el respectivo documento que acreditara la existencia de
la institución educativa pública en mención.
• No se probó el parentesco entre el señor Saith Martínez Gómez y el
señor Ángel Martínez Lázaro, dado que la parte allí accionante aportó un
documento denominado «Registro del Estado Civil Digital», prueba que
carece de solemnidad, según las disposiciones fijadas en el Decreto 1260
de 1970.
• No tuvo oportunidad de controvertir las pruebas solicitadas por la allí
solicitante, en la audiencia pública de alegaciones del 5 de marzo de 2024,
en la que pretendía acreditar que el señor Martínez Lázaro ostentaba tal
calidad.
• El señor Martínez Gómez desconocía que estaba incurso en alguna
causal de inhabilidad, pues, de hecho, de la simple lectura del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, se desprende que la pérdida de investidura de los
concejales se configura únicamente por la violación del régimen de
incompatibilidades o del conflicto de intereses.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
• No participó en la ejecución o supervisión de las funciones atribuidas al
«supuesto» rector de la institución educativa pública.
53. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 1° de agosto de
2024, no acogió los argumentos del recurso de apelación y, en consecuencia,
confirmó la decisión recurrida. Para tal efecto, analizó los argumentos del recurso
de apelación y grosso modo descartó los reparos de la parte demandante, así:
• Está probado que el concejal es hijo del señor Ángel Gilberto Martínez
Lázaro —pariente en primer grado de consanguinidad—, condición
acreditada a través del Registro Civil Digital de 28 de enero de 2024,
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, aclaró
que el valor probatorio y la validez jurídica del Registro Civil Digital
encuentra sustento en el ordenamiento jurídico, razón por la cual se dio por
acreditado el vínculo familiar en el caso bajo estudio.
• Está demostrado que el rector de la referida institución es el padre del señor
Martínez Gómez, en su momento, elegido; así como la existencia y el
funcionamiento real de esa institución educativa pública, en el municipio de
Sampués (Sucre), a través de los documentos aportados en el expediente9,
• La ausencia del decreto de nombramiento no le resta valor probatorio a los
documentos aportados para tal fin, debido a que no existe solemnidad
prevista por el ordenamiento para la «validez y eficacia de los documentos
públicos».
• El Tribunal no trasgredió el derecho fundamental al debido proceso, porque,
en virtud del artículo 212 del CPACA, los documentos allegados podían ser
valorados, pues la prueba fue solicitada, decretada e incorporada
oportunamente y en debida forma, así como se corrió traslado a los sujetos
procesales, garantizándose la oportunidad para su contradicción.
• El empleo de rector o director de una institución educativa es público y, por
ende, ejerce autoridad administrativa. Esto, porque «detentan poder
decisorio y de mando en tanto y en cuento tienen i) potestad disciplinaria
9 Acta de posesión 83686 de 16 de septiembre de 2008, Certificado laboral expedido por la
Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, el 4 de marzo de 2024 y el Certificado de 5
de marzo de 2024 expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
sobre el personal docente y administrativo que está bajo su dirección en la
institución; ii) facultades para nombrar encargados temporales en los
empleos directivos o docentes del establecimiento que dirigen; (iii) potestad
para sancionar y otorgar distinciones a los educandos; iv) administran el
Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le
asignen; v) celebra los contratos con cargo a los recursos vinculados a
dichos fondos».
• El artículo 43 de la Ley 617 de 2000 sí prevé los supuestos de inhabilidad
que dio origen a este proceso, presupuestos que deben revisarse y
conocerse por quien pretende ser elegido concejal, obligación mínima que
deberá conocer cualquier persona que busque hacerse elegir concejal.
• El concejal no actuó con la diligencia debida y exigida para acceder al poder
público municipal mediante voto popular10, conducta negligente que
obedeció a la buena fe exenta de culpa o a la confianza legítima, máxime
cuando quedó probado en el proceso ordinario, que tiene una relación de
parentesco, en primer grado con el rector de una Institución Educativa de
ese mismo municipio.
54. Finalmente, la parte demandante solicitó aclaración y adición de la
providencia, solicitud que fue negada en auto del 19 de septiembre de 2024, tras
constatarse que:
La solicitud del Concejal no se orienta, en manera alguna, a que se aclaren
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, ni a que se
resuelva sobre algún extremo de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, sino a reiterar
algunos de los argumentos que expuso en el recurso de apelación y
cuestionar la sentencia proferida en segunda instancia, con el objeto de
reabrir el debate que se abordó y se resolvió en las instancias, sobre la
configuración del elemento objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de la Ley 136, como
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55
de la Ley 136
55. Tal como se advirtió, esta Subsección encuentra que la decisión enjuiciada da
cuenta de un análisis de los argumentos propuestos en el recurso de apelación,
10Esa Sala reiteró en varias oportunidades que la parte accionante debía preguntar sobre su
condición de hijo del señor xxx, rector de dicha institución educativa, era causal de inhabilidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
examen que, además, se considera integral y armónico con las disposiciones
normativas que la autoridad judicial estimó aplicables.
56. La decisión en cuestión no se muestra irracional, absurda o caprichosa ni que
contenga una vulneración arbitraria de los derechos del demandante, el que,
insiste en sede constitucional en mantener el debate suscitado en el proceso de
pérdida de investidura, con razones que corresponden a un debate
eminentemente legal que ya fue zanjado por el juez natural al definir el recurso de
apelación e, incluso, una solicitud de aclaración y adición, de modo que, no podría
esta Sala en su calidad de juez constitucional dar curso a un debate con la
finalidad de suscitar una especie de apelación contra las decisiones objeto de
tutela, dado que no es este el escenario para discrepar de aspectos propios del
proceso de pérdida de investidura, máxime cuando, se insiste, la parte accionante
no abordó el referido requisito de procedencia de acuerdo con las disposiciones
fijadas por la Corte Constitucional, cuando se trata de tutela contra providencia
proferida por una Alta Corte.
57. Ahora, en la impugnación la parte accionante hizo referencia a unos apartes
descritos en la Sentencia SU-207 de 2022, sin identificar cuáles son las subreglas
jurisprudenciales que se derivan de ella y que supuestamente desconocieron las
autoridades judiciales accionadas.
45. Con todo, conviene precisar que esta Corporación11 ha sostenido que «[l]os
rectores de las instituciones educativas de naturaleza pública, por ministerio de la
ley, tienen en su cabeza la función de la ordenación del gasto – criterio funcional –
y, con ello, no resulta menos importante señalar que, según el artículo 190 de la
Ley 136 de 1994, dicha atribución implica el ejercicio de autoridad
administrativa», circunstancia que, como se vio, fue probada y sustentada.
46. Finalmente, contrario a la afirmación descrita en la impugnación, la Sección
Primera de esta Corporación sí analizó el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura —reparo que, de hecho, también fue planteado en el
recurso de apelación—, al considerar que la conducta del concejal fue
gravemente culposa, toda vez que:
11 Ver sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 52001-23-33-000-2023-00375-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
Debía conocer de su inhabilidad para acceder a ese cargo de elección
popular , porque para tal efecto es obligación general y mínima consultar el
marco normativo correspondiente, máxime cuando la condición personal
probada en este proceso da cuenta del parentesco que tiene en primer
grado de consanguinidad con el rector de la Institución Educativa San José
de Huertas Chicas del municipio de Sampués; no obstante, se abstuvo de
cualquier acto dirigido a conocer dicha normatividad; tampoco adelantó
consultas para entender el alcance de dichas normas respecto de su
situación personal (…).
47. En ese orden de ideas, para la Subsección, no se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida en estos casos y, de todas formas, se advierte que,
la parte actora pretende revivir la controversia zanjada por el juez natural de la
causa, y con ello, convertir este valioso mecanismo constitucional en una tercera
instancia del proceso de pérdida de investidura.
48. Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada,
circunstancia que no justifica la intervención del juez de tutela, porque lo
pretendido, se insiste, es revivir un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a
toda costa una alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su
visión del litigio y, compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no
advierte que sus conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.
49. Por todo lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-01
Demandante: Saith Martínez Gómez
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.