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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01252-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01252-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la designación del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia) Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado) señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín período 2024-2027. SEGUNDO: CONMINAR al Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en lo sucesivo, tenga en cuenta y aplique la normativa que rige el proceso especial de nulidad electoral, en específico las reglas de trámite de las medidas cautelares y acumulación de procesos. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2023-01252-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de octubre de 2024

Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Principal)
05001-23-33-000-2023-01203-00
05001-23-33-000-2023-01274-00
05001-23-33-000-2023-01281-00
05001-23-33-000-2024-00008-00
Demandantes: ALBERT YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE Y
OTROS
Demandado: JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS – CONCEJAL DE
MEDELLÍN - PERÍODO 2024—2027.

Temas: Inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró la nulidad de la designación del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas como concejal de Medellín (Antioquia), período 2024 – 2027.

I. ANTECEDENTES

1.1 Las demandas1

Los señores Albert Yordano Corredor Bustamante, Samuel Darío Castrillón Aldana,
Sebastián Castaño Mesa, Carlos Andrés Echeverri Valencia y Daniel González
Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, solicitaron que se declare la nulidad del acto de elección del señor
Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín, para el período 2024-
2027.

1 Anotación 3 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión

judicial, Samai.

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Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

Las pretensiones de las demandas fueron las siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto electoral mediante el cual se declara
que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas tiene el derecho personal a ocupar una
curul en el Concejo del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de
Medellín durante el periodo 2024-2027, contenido en los formularios E-26 ALC y E-
26 CON del 4 de noviembre de 2023 expedidos por la Comisión Escrutadora
delegada por el Consejo Nacional Electoral.

SEGUNDA: Que en consecuencia se ordene cancelar la respectiva credencial
expedida al señor Juan Carlos Upegui Vanegas que lo acredita como Concejal,
según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERA: Que se comunique esta decisión al presidente de la Mesa Directiva del
Concejo del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para
que proceda a llamar al señor Albert Yordano Corredor Bustamente a ocupar una
curul en esa corporación pública, por ser el candidato que, según el orden legítimo
de votación, ocupa el segundo puesto en la elección del alcalde distrital, en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

1.2 Hechos

Los hechos de las demandas coinciden, por lo que se resumen en conjunto de la
siguiente manera:

Señalaron que el 29 de octubre de 2023 se adelantaron las elecciones de alcaldes,
gobernadores, diputados y ediles para el período 2024-2027.

Indicaron que en las elecciones de alcalde de Medellín el primer lugar en las urnas
lo ocupó el señor Federico Gutiérrez Zuluaga, seguido del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas, razón por la cual este último, en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909
de 2018 -Estatuto de la Oposición- accedió a una curul en el concejo de esa ciudad,
la cual aceptó el 4 de noviembre de 2023.

Manifestaron que al acceder a dicho cargo, el demandado quedó sujeto al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades de los concejales.

Sostuvieron que el señor Upegui Vanegas se encuentra incurso en la causal de
inhabilidad de que trata el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que su padre, Carlos
Alberto Upegui Mejía fue designado como rector de la Institución Educativa San
Lorenzo de Aburrá el 21 de junio de 2023 a través de Resolución 2023500049804
de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín.

Explicaron que, en consecuencia, dentro de los 12 meses anteriores a la elección
del concejal, su padre ostentó un cargo dentro del Distrito de Medellín que implicaba
el ejercicio de autoridad civil y administrativa, toda vez que de conformidad con los

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
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artículos 10 y 13 de la Ley 715 de 2001 es un cargo directivo que implica la gestión
y ejecución del presupuesto asignado al establecimiento educativo, la facultad para
decidir sobre situaciones administrativas del cuerpo docente, entre otras
responsabilidades.

Agregaron que el padre del demandado también ejerció como director técnico del
Centro de Innovación del Maestro, MOVA de Medellín, cargo para el cual fue
designado en el mes de marzo de 2020.

Comentaron que el demandado publicó varias fotografías con su padre en redes
sociales lo que demuestra que tiene una relación cercana con él.

1.3 Concepto de la violación

Los actores consideraron que, en el caso concreto, el demandado está incurso en
la causal de inhabilidad por parentesco consagrada en el numeral 4 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por lo
que debe declararse la nulidad de su elección como concejal de Medellín en los
términos del numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Señalaron que está acreditado el vínculo de parentesco entre el señor Juan Carlos
Upegui Vanegas y el señor Carlos Alberto Upegui Mejía, su padre, en el primer
grado de consanguinidad.

Reiteraron que, el padre del demandado fue nombrado como rector de la Institución
Educativa San Lorenzo de Aburrá el 21 de junio de 2023, que es un establecimiento
público de educación, adscrito a la entidad territorial del Distrito de Medellín.

Explicaron que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 715 de
2001, el rector de una institución educativa ejerce autoridad administrativa por
cuanto entre sus funciones tiene las de:

• Presidir el consejo directivo y el consejo académico de la institución;
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.

• Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la
comunidad escolar.

• Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos
interinstitucionales para el logro de las metas educativas.

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• Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes
al personal docente y administrativo y reportar las novedades e
irregularidades del personal a la Secretaría de Educación Distrital.

• Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las
novedades y permisos.

• Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente
y en su selección definitiva.

• Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las
normas sobre la materia.

• Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos
docentes y administrativos a su cargo.

• Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno
disciplinario de conformidad con las normas vigentes.

• Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por
incentivos se le asignen en los términos de ley.

Agregaron que el artículo 3 del Decreto 4791 de 2008 reitera la función de
administración del Fondo de Servicios Educativos a cargo de los rectores.

Explicaron que los artículos 6 y 57 del Decreto 1278 de 2003 indican que los rectores
tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la
labor de los establecimientos educativos y, además, son los encargados de
conceder o negar los permisos del personal a cargo.

Expusieron que los artículos 2.3.1.6.3.4 y 2.3.1.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015
también precisan que los rectores son los ordenadores del gasto del Fondo de
Servicios Educativos y que celebran contratos, suscriben actos administrativos y
administran los recursos de dicho fondo.

Reiteraron que el padre del demandado ejerció el cargo de rector dentro de los 12
meses anteriores a la elección de su hijo como concejal en Medellín, razón por la
cual se estructuran todos los elementos de la inhabilidad endilgada a la luz de la ley
y la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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En una de las demandas,2 además, se planteó que el demandado no podía
participar como candidato a la Alcaldía de Medellín por cuanto estaba incurso en la
inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
relativa a la misma relación de parentesco con autoridad administrativa, pero para
los aspirantes al cargo de alcalde.

Adicionalmente, se solicitó que, ante la nulidad de la designación del demandado
como concejal, se llamara a ocupar esa curul al candidato que obtuvo el tercer lugar
en votaciones para la Alcaldía de Medellín.

Solicitaron, además, el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional3.

1.4 Contestación de la demanda

1.4.1 Demandado

Por conducto de apoderado judicial, el señor Juan Carlos Upegui Vanegas contestó
la demanda en los siguientes términos:

Precisó que no fue elegido como concejal de Medellín, puesto que su designación
en dicho cargo correspondió al ejercicio de un derecho personal consagrado en el
Estatuto de la Oposición.

Adujo que el acto administrativo demandado no es de naturaleza electoral, en tanto
la curul se otorga en virtud del régimen constitucional y legal establecido para
proteger los derechos de la oposición, del cual destacó su importancia en el marco
de un sistema democrático.

Indicó que es necesario diferenciar las curules que se obtienen por los mecanismos
ordinarios (elecciones populares) y las obtenidas en virtud del Estatuto de la
Oposición tal como lo ha hecho la Sección Quinta del Consejo de Estado4.

Afirmó que las causales de inhabilidad para concejales no son aplicables en este
asunto ni pueden interpretarse de manera extensiva, en tanto constituyen una
limitación a los derechos políticos.

Precisó que en este caso no es aplicable el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136
de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 toda vez que esa norma
se refiere a los alcaldes, cargo que no ejerce, por lo que solo en el hipotético hecho

2 Expediente 05001-23-33-000-2024-00008-00
3 Mediante auto del 17 de enero de 2024 se negó el decreto de la medida cautelar en el expediente

0500123330002023012030
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 81001-23-

33-000-2020-00004-01. Providencia del 3 de diciembre de 2020. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
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de que hubiera ganado las elecciones a la Alcaldía de Medellín se le podría aplicar
dicha norma.

Manifestó que de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en
Sentencia SU-207 de 2022 la autoridad administrativa implica la capacidad real de
incidencia en el voto de los electores a través del ejercicio de las funciones en
determinado cargo público.

Sostuvo que dicho precedente constitucional en el que se estudió la relación de un
aspirante a la Alcaldía de Fonseca (La Guajira) con el gerente de la ESE Hospital
Nuestra Señora de los Remedios del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha debe
ser aplicado al caso concreto.

Afirmó que no se configura la inhabilidad invocada por el actor pues el ejercicio de
autoridad administrativa del rector de una institución educativa no reporta, de
manera alguna, incidencia en el resultado electoral.

Reiteró que la curul en este caso no se obtuvo por votación popular al Concejo de
Medellín sino por el ejercicio de un derecho personal de oposición, lo que descarta,
de entrada la aplicación de la inhabilidad invocada por los demandantes.

Agregó que correspondía a los actores demostrar que el ejercicio de autoridad
administrativa por parte del padre del demandado fue real e incidió en los resultados
de las votaciones obtenidas por él.

En consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de las demandas.

1.4.2 Daniel Felipe Briceño Montes

El referido ciudadano, quien fue reconocido como tercero coadyuvante5, intervino
en los siguientes términos:

Sostuvo que el demandado asumió el cargo de secretario de la No Violencia el 2 de
octubre de 2020, período para el cual su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía fue
designado en un cargo directivo en el Centro de Innovación del Maestro, MOVA.

Reafirmó que el papá del señor Upegui Vanegas fue nombrado como rector de la
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá el 21 de junio de 2023, cargo desde el
cual ejerció autoridad civil y administrativa por cuanto tiene potestades de
contratación, ordenación del gasto, ejecución presupuesta, nombramiento,
capacidad sancionatoria y liderazgo, entre otras.

5 Mediante auto del 17 de enero de 2024 en el expediente 05001-23-33-000-2023-01252-00

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Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

Concluyó que el padre del demandado ejerció autoridad civil y administrativa dentro
de los 12 meses anteriores a su elección, razón por la cual hay lugar a acceder a
las pretensiones de las demandas.

1.4.3 Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

El referido ciudadano, quien fue reconocido como tercero6, intervino en los
siguientes términos:

Reiteró íntegramente los argumentos expuestos por los actores en sus escritos de
demanda, por lo que solicitó, declarar la nulidad de la elección del señor Juan Carlos
Upegui Vanegas como concejal de Medellín, período 2024-2027.

1.4.4 Registraduría Nacional del Estado Civil

Su intervención se limitó a solicitar que se declarara el rol neutral que cumple esa
entidad en este tipo de asuntos.

1.4.5 Consejo Nacional Electoral

A través de apoderado manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda.

Señaló que la ley le otorgó a los partidos y movimientos políticos el deber de
verificar, previo a la inscripción de las candidaturas, que los aspirantes avalados por
aquellos no estén incursos en causales de inhabilidad, por lo que no es a esa
entidad a la que corresponde esa función.

Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 7.

1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia

Las demandas fueron admitidas a través de autos del 4 de diciembre de 2023, 12,
17 y 25 de enero de 2024, respectivamente.

Los expedientes fueron acumulados a través de providencia del 29 de enero de
2024.

La audiencia inicial tuvo lugar el 5 de marzo de 2024, en ella se fijó el litigio en los
siguientes términos:

…Se circunscribe a determinar si el acto de elección (actas de escrutinio E-26 ALC
de 4/11/2023 y E-26 CON de 4/11/2023) debe ser anuladas (sic) por el cargo

6 Mediante auto del 17 de enero de 2024.
7 La cual fue resuelta en la sentencia de primera instancia del 3 de julio de 2024.

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planteado en la demanda, esto es, por haber incurrido el concejal Juan Carlos
Upegui Vanegas en la causal de inhabilidad de los artículos 37-4 y 40-4 de la ley
617 que modifican los artículos 95 y 43 de la ley 136 de 1994, para ser concejal de
Medellín y, en caso afirmativo, determinar si procede la cancelación de la credencial
de concejal, como solicita la parte actora.

De igual forma, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes.

El 16 de abril siguiente, tuvo lugar la audiencia de pruebas en la cual se practicaron
las pruebas decretadas en la inicial.

1.6 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de sentencia del 3 de julio de 2024
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:

Recordó que el legislador introdujo una modalidad de acceso a la curul en los
concejos distritales y municipales en virtud del derecho personal consagrado en el
acto legislativo que adicionó el artículo 112 superior; sin embargo, ello no implica
que quien acceda a ese cargo se encuentre exceptuado del régimen jurídico
aplicable a los concejales, toda vez que las normas específicas no consagraron
ninguna excepción tal como lo ha estipulado el Consejo de Estado8.

Afirmó que las causales de inhabilidad previstas en la ley para quienes aspiren a
cargos públicos son aplicables no solo cuando la persona es electa sino que
también aplica para quienes ocupan curules en virtud del Estatuto de la Oposición.

Explicó que el hecho de que la curul en cuestión haya sido obtenida en ejercicio de
un derecho personal no enerva la naturaleza del acto ni su sometimiento a las
mimas reglas de los regímenes de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones
de quienes ocupan dicho cargo.

Señaló que está acreditado que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas se inscribió
como candidato a la Alcaldía de Medellín para el período 2024-2027 y al ser el
segundo candidato con mayor votación, se le asignó una curul en el concejo distrital,
la cual aceptó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909 de
2018, con lo que se demuestra su calidad de concejal.

Indicó que también está probado que el señor Carlos Alberto Upegui Mejía es el
padre del demandado, por lo que se encuentran dentro del primer grado de
consanguinidad.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente 15001-23-33-000-2020-

01680-01. Providencia del 11 de marzo de 2021. Pérdida de investidura.

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
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Manifestó que, además, está acreditado el elemento temporal de la inhabilidad
puesto que con la Resolución 202350049804 del 21 de junio de 2023 se constató
que el señor Upegui Mejía fue rector de la Institución Educativa San Lorenzo de
Aburrá y, desde dicho cargo ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses
anteriores a las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

Agregó que también obra copia de la historia laboral del padre del demandado
donde consta que fungió en el referido cargo desde el 21 de junio hasta el 5 de julio
de 2023.

Explicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001
dentro de las funciones de los rectores está la de celebrar contratos que han de
pagarse con cargo a los recursos vinculados al Fondo de Servicios Educativos,
fondo respecto del cual también son los encargados de su administración.

Afirmó que dentro de las atribuciones ejercidas por el señor Upegui Mejía en la
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá estaban las de administrar el Fondo
de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen y administrar
el personal docente, directivo docente y administrativo a su cargo, realizar el control
sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes y reportar las novedades,
irregularidades y los permisos del personal a la Secretaría de Educación de la
respectiva entidad territorial certificada, o quien haga sus veces, las cuales encajan
dentro del concepto de autoridad administrativa definido en la ley y en los
reglamentos.

Comentó que el padre del demandado también suscribió informes presupuestales
que dan cuenta del manejo y ejecución de presupuestos, plan de adquisiciones,
situación financiera y cambios en el patrimonio de la entidad. Además, actas de
liquidación de contratos.

Expuso que el padre del demandado ejerció autoridad administrativa en el Distrito
de Medellín, es decir, en la misma jurisdicción en la que su hijo, Juan Carlos Upegui
Vanegas aspiró a ser alcalde y en la que ocupa la curul de concejal por el Estatuto
de la Oposición, por lo que no hay duda de la configuración del elemento espacial
de la inhabilidad.

Aseveró que -en relación con la aplicación del principio pro homine que invoca el
demandado y que implica el examen y la determinación de la posibilidad real de que
el ejercicio de autoridad afecte la voluntad democrática produciendo desigualdad
entre los contendientes y utilizando lo público para desequilibrar el debate electoral-
en materia electoral, opera a favor del elector y no del elegido, en procura del
fortalecimiento de la democracia.

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Mencionó que el patrón fáctico de la sentencia SU-207 de 2022, difiere en cuanto
que, en esa oportunidad se trataba de concretar la posibilidad de incidencia de un
cargo departamental en el ámbito distrital, pero en el presente caso, como se
expuso, se trata del ejercicio de autoridad en el Distrito de Medellín, de la aspiración
a alcalde y de ocupar un cargo de concejal del mismo distrito.

Concluyó que se acreditan todos los elementos de la inhabilidad consagrada en el
artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, razón suficiente para declarar la nulidad de la
elección del señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín, periodo
2024 – 2027.

1.7 Otras actuaciones en primera instancia

El demandante Albert Yordano Corredor Bustamante solicitó la adición de la
sentencia, con el fin de que se resolviera sobre la pretensión referida a que se
ordenara a la Mesa Directiva del Concejo de Medellín llamar a ocupar la vacante
que se genera con la decisión de nulidad a la persona que ocupó el tercer lugar en
las elecciones para alcalde.

Dicha solicitud fue negada mediante auto del 17 de julio de 2024.

1.8 Los recursos de apelación

1.8.1 Demandado:

Inconforme con esta decisión, el demandado interpuso recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que con la decisión de primera instancia se afectaron injustificadamente sus
derechos y los de más de 76.000 ciudadanos que votaron por él.

Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda según los cuales, accedió
a la curul de concejal en virtud de un esquema de designación especial contemplado
en la Constitución Política y no, por el mecanismo tradicional de elección popular.

Afirmó que ello hace inviable que se aplique el régimen de inhabilidades consagrado
para concejales por cuanto aquel se refiere a quienes se inscriban como candidatos
a esas corporaciones y sean elegidos para el efecto.

Acusó al a quo de desconocer el principio de interpretación restrictiva de las leyes
y suplantó al legislador estatutario al contemplar limitaciones no contempladas en
el Estatuto de la Oposición.

Aseveró que no se analizó en la sentencia recurrida si el cargo de su padre tuvo

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
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incidencia en el resultado electoral o no.

Recordó la naturaleza y alcance del derecho personal otorgado en virtud del artículo
25 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 como desarrollo del Acto Legislativo 02 de
2015 que modificó el artículo 112 de la Constitución Política.

Precisó que el acto demandado en este caso no nació de un acto electoral por
cuanto no fue en ningún momento candidato elegido en votación popular para el
Concejo de Medellín.

Insistió en que en este evento no era viable referirse a las inhabilidades para el
cargo de alcalde, por cuanto no accedió a dicha dignidad.

Reiteró que la interpretación de las causales de inhabilidad es restrictiva, teniendo
en cuenta que constituyen una limitación a los derechos políticos.

Sostuvo que el tribunal de primera instancia desconoció que las causales de
inhabilidad tienen reserva constitucional y legal y, pese a ello, extendió los efectos
de las inhabilidades de los concejales a la curul adquirida en ejercicio del Estatuto
de Oposición.

Trajo a colación el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el caso de Juan Daniel Oviedo según la cual la ley no incluyó el verbo designar
como concejal y, por ende, no resultan aplicables dichas inhabilidades para los que
acceden a curul vía Estatuto de la Oposición.

Agregó que, en todo caso, no se encuentra configurada la inhabilidad por
parentesco en tanto que el ejercicio del cargo como rector de la Institución Educativa
San Lorenzo de Aburrá no reporta incidencia en el resultado.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
denegar las pretensiones de las demandas.

1.8.2 Demandante Albert Yordano Corredor Bustamante:

El demandante manifestó su inconformidad parcial con la decisión de primera
instancia, en los siguientes términos:

Recordó que dentro de las pretensiones de su demanda se incluyó una dirigida a
que se ordenara a la Mesa Directiva del Concejo del Distrito Especial de Tecnología
e Innovación de Medellín llamarlo a ocupar la curul de que trata el artículo 25 de la
Ley 1909 de 2018.

Precisó que dicho punto, fue incluido en la fijación del litigio, pero el a quo no se

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11

Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
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pronunció sobre aquel, pese a que, incluso se solicitó la adición de la sentencia de
primera instancia en ese aspecto.

Puso de presente que el tribunal manifestó que una vez anulado el acto de
designación de la curul de oposición a un candidato inhabilitado no había posibilidad
de reemplazo.

Adujo que el acto de inscripción que nace viciado de nulidad afecta el acto definitivo
que consagra el derecho personal.

Sostuvo que en este caso debió tenerse en cuenta que el demandado ni siquiera
podía haber sido candidato a la Alcaldía de Medellín por cuanto estaba incurso en
la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

Recordó que, en caso de que se declare la nulidad de la elección de quien ejerce el
derecho personal de oposición, la forma de proveer esa vacante absoluta debería
ser la designación del tercer candidato en votación a la respectiva alcaldía.

Afirmó que cuando la decisión de primera instancia quede en firme, el señor Juan
Carlos Upegui Vanegas ya no será el candidato que sigue en votos al alcalde
elegido y, por tanto, dejará de ser el titular del derecho fundamental a la oposición.

Destacó que no se está frente al escenario en el que el demandado haya rehusado
aceptar el derecho de oposición sino en el de la declaratoria de la nulidad de su
designación como concejal.

Acotó que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 288 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando
se anula una elección, en la sentencia hay lugar a declarar la elección de quienes
finalmente corresponde y se expedirá la respectiva credencial y a ello hubiere lugar.

Conforme con lo anterior, solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad de la elección del demandado, para agregar que
hay lugar a llamar al señor Albert Yordano Corredor Bustamante para que ocupe la
curul del Estatuto de la Oposición en el Concejo de Medellín.

1.9 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 25 de julio de 20249 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por el demandado y uno de los demandantes en contra de la sentencia
de primera instancia.

9 Anotación 5 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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La magistrada Gloria María Gómez Montoya mediante escrito del 23 de septiembre
de 2024 manifestó impedimento para conocer del presente asunto con fundamento
en la causal consagrada en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del
Proceso.

A su turno el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez a través de escrito del 25 de
septiembre de 2024 manifestó impedimento con el mismo efecto con base en la
causal consagrada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso.

Ante la disminución del cuórum decisorio de la Sección Quinta del Consejo de
Estado fue necesario sortear conjuez para decidir dichos impedimentos a través de
auto del 25 de septiembre de 2024.

Una vez realizado el sorteo respectivo, correspondió el conocimiento del asunto al
conjuez Germán Lozano Villegas con cuya participación se declararon infundados
los referidos impedimentos a través de auto de la fecha10.

1.10 Alegatos de conclusión

1.10.1 Demandante Albert Yordano Corredor Bustamante 11:

Reafirmó en su integridad lo expuesto en los escritos de demanda y apelación.

1.10.2 Demandado12:

Por conducto de apoderado, reiteró íntegramente los argumentos expuestos en su
escrito de apelación.

Agregó que no asiste razón al demandante recurrente toda vez que la aplicación de
las inhabilidades para acceder al cargo de alcalde, solo podría ser estudiada en el
evento en que el demandado hubiera ejercido dicha dignidad.

Recordó el carácter de derecho personal intuitu personae de la garantía
contemplada en el Estatuto de la Oposición para concluir que no hay lugar al
reemplazo ni al llamamiento solicitados por el señor Albert Yordano Corredor
Bustamante en su recurso.

1.10.3 Tercero Samuel Alejandro Ortiz Mancipe13:

Señaló que el problema jurídico que ocupó la atención de la jurisdicción fue

10
3 de octubre de 2024.
11 Anotación 15 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Anotación 14 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Anotaciones 11 y 15 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
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efectivamente estudiado y se concluyó que quienes accedan a la curul en una
corporación pública vía Estatuto de la Oposición no se encuentran exceptuados del
régimen jurídico correspondiente el cual incluye las inhabilidades.

Indicó que la SU – 207 de 2022 aplica solo en los eventos en que la controversia
surja sobre el ejercicio de autoridad administrativa con relaciones entre funcionarios
del nivel municipal con parientes en el nivel territorial superior, es decir, en el
departamental, por lo que, tal como lo afirmó el a quo¸ lo allí decidido no influye en
este caso.

Mencionó que el Consejo de Estado ha precisado que las causales de inhabilidad
aplican tanto para quien es elegido popularmente como para quien accede al cargo
en aplicación del Estatuto de la Oposición14.

Precisó que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la que se
refiere el demandado en el recurso de apelación se encuentra en trámite de
apelación ante el Consejo de Estado, hecho que debió ser puesto en conocimiento
por el recurrente en aplicación de los principios de transparencia y lealtad procesal.

Recordó la naturaleza de las inhabilidades para acceder a cargos públicos la cual
redunda en beneficio de los principios democráticos, los electores y la sociedad en
general.

Solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

1.11 Concepto del Ministerio Público15

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada con base en los siguientes argumentos:

Recordó la naturaleza y alcance de las curules derivadas el Estatuto de la Oposición
con el fin de evidenciar sus particularidades.

Señaló que en este caso no se generó ni constituyó una nueva causal de inhabilidad
pues se aplicaron las preexistentes, tal cual las diseñó el legislador. Situación
diferente es la forma especial y particular como accedió al Concejo de Medellín el
señor Upegui Vanegas, que no impide la aplicación del régimen de inhabilidades
propio de los concejales.

Explicó que, aunque la concesión de una curul a Juan Carlos Upegui Vanegas
devino del Estatuto de la Oposición como un derecho personal, ello no le imprime

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 15001-23-33-

000-2020-01680-01(PI). Sentencia del 11 de Marzo de 2021. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdez.
15 Anotación 26 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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la negación de ser resultado de una prerrogativa del resultado electoral, en atención
a que es exclusivamente un beneficio para el candidato que siga en votos a quien
la autoridad electoral declare elegido, por lo que se trata una elección indirecta de
voto popular.

Adujo que de conformidad con lo decidido por la Sala Electoral del Consejo de
Estado de 16 de diciembre de 202016, sobre el candidato se debe verificar el
cumplimiento de los requisitos para ser elegido en el cargo uninominal que aspira
alcanzar y de los propios del cargo que podría ocupar en la respectiva corporación,
en caso de quedar en segundo lugar en votación al que resultó ganador, de la misma
manera los partidos y movimientos políticos previo al otorgamiento del aval al
candidato, deberán constatar que no se encuentre incurso en ninguna causal de
inhabilidad expresamente consagradas para ambos cargos.

Manifestó que el legislador ordinario en los artículos 37-4 y 40-4 de la Ley 617 de
2000 trazó diferentes causales de inhabilidad, tanto para quienes aspiren a ser
concejales como para quienes pretendan ser alcaldes. Esos preceptos resultaron
aplicados a la elección del concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, según lo
consignado en el problema jurídico que estableció la primera instancia. Por lo tanto,
no se generó, constituyó o se consideró una nueva causal de inhabilidad, pues se
aplicaron las preexistentes

Indicó que en este caso no se aplicó extensivamente el régimen de inhabilidades
toda vez que el análisis se enmarcó en los parámetros legales y jurisprudenciales
de la causal endilgada por los actores.

Afirmó que en cuanto a la elección del concejal Juan Carlos Upegui Vanegas, hubo
restricción plena entre los presupuestos normativos y el acervo fáctico, lo que se
interpreta como el cumplimiento efectivo de los principios interpretativos que rigen
las inhabilidades. Lejos de establecer parámetros de analogía por cuanto no existía
vacío legal, lo que se hizo fue valorar los mismos elementos respecto de dos normas
aplicables a la situación contraria a derecho.

Mencionó que, conforme lo ha establecido la Sección Quinta del Consejo de
Estado17 la regla fijada en la SU – 207 de 2022 no aplica para todos los casos por
igual por cuanto, el caso allí analizado fue el de un funcionario elegido en un
municipio con una relación de parentesco con un empleado departamental.

Aclaró que, si bien se trata de un servidor público municipal elegido, el concejal Juan
Carlos Upegui Vanegas; también es claro que el parentesco no se presentó con un
funcionario del orden departamental. La inhabilidad se valoró en relación con Carlos

16 Expediente 44001-23-33-000-2019-00173-01.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 18 de

julio de 2024. Expediente 52001-23-33-000-2023-00375-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Alberto Upegui Mejía, padre del demandado, quien ejerció autoridad administrativa
dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones territoriales de 29 de octubre
2023, en la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá del Municipio de Medellín.
Por lo tanto, el supuesto de hecho se quedó por fuera de la regla jurisprudencial
dispuesta en la sentencia SU-207 de 2022, siendo inviable su aplicación para el
caso sub júdice.

Afirmó que en caso de que el cargo quede vacante, deberá ser suplido con la
persona a la que le hubiera correspondido según el método de asignación ordinario
con el que resultaron elegidos los demás miembros de la corporación pública, pues
al desaparecer del mundo jurídico el derecho personal por Estatuto de la Oposición,
el artículo 263 constitucional debe ser aplicado en consonancia con el artículo 63
de la Ley 136 de 1994, para garantizar el respeto a la democracia y al derecho de
representación que concierne a las distintas agrupaciones políticas enfrentadas en
el certamen.

Es decir, precisó que el llamamiento que debe hacerse para ocupar la vacante que
se genera con la decisión apelada es el de la persona que tiene derecho a acceder
a ella de manera directa por sus resultados en las elecciones para concejo, que fue
desplazada con ocasión de la aceptación de la curul por parte del demandado; no
al candidato que ocupó el tercer lugar en las elecciones para alcaldía como
erróneamente lo propone el recurrente.

Adujo que la razón de ser del fallo apelado fue la causal por parentesco con
autoridad administrativa para concejales, no para alcaldes, por lo que no tiene
ningún objeto pedir que se emita un pronunciamiento al respecto en segunda
instancia.

Concluyó que, en consecuencia, ninguno de los argumentos esgrimidos por los
recurrentes tiene vocación de prosperidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos
de apelación interpuestos por uno de los demandantes y el demandado contra la
sentencia de 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 15018 y 152 numeral 7.a del

18 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19.

2.2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
declaró la nulidad de la designación del señor Juan Carlos Upegui Vanegas como
concejal de Medellín, período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si pese a que el demandado accedió a la curul
en cuestión en virtud del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 -Estatuto de la
Oposición- le es aplicable o no el régimen de inhabilidades consagrado para los
concejales.

Además, en caso de que haya lugar a confirmar la decisión apelada, corresponde
determinar si se debe ordenar o no a la Mesa Directiva del Concejo de Medellín
llamar a ocupar dicha vacante al candidato que ocupó el tercer lugar en las
elecciones para la alcaldía de esa ciudad del 29 de octubre de 2023.

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) el marco jurídico y jurisprudencial
del derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política y
regulado por el artículo 25 del Estatuto de la Oposición; (ii) la inhabilidad por
parentesco con funcionario que ejerce autoridad, consagrada en el numeral 4 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000 y, (iii) el caso concreto.

2.3 El derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución
Política y regulado en el artículo 25 del Estatuto de la Oposición

El Acto Legislativo 02 de 2015 «por medio del cual se adopta una reforma de
equilibrio de poderes y reajuste institucional» introdujo una de las modificaciones
más relevantes en los últimos años en lo que al ejercicio de los derechos políticos y
de la oposición se refiere.

19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los… miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos…»

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De manera concreta, en lo que interesa a este asunto, adicionó el artículo 112 de la
Constitución Política que regula el ejercicio de la oposición en el país en los
siguientes términos:

…El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en
el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a
ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el
período de la correspondiente corporación.

Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las
demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades
territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de
curules prevista en el artículo 263.

Ahora bien, en desarrollo de dicha norma superior, se expidió la Ley Estatutaria
1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición que, entre otros puntos,
reglamentó el derecho personal consagrado en aquel.

En lo que respecta a los concejos y asambleas, el artículo 25 dispuso:

Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades
territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral
declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y
Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos,
durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que
pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 70 de esta ley y
harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y
Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en
votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su
decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la
autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y
concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la
votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución política para la distribución de todas las curules de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

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Con base en dichas disposiciones esta Sección ha precisado20:

De la norma estatutaria se extrae, que se denomina derecho personal en tanto que,
para acceder a la mencionada prerrogativa, el candidato solo debe acreditar ser el que
le siga en votos al electo y, conforme el inciso 6 del artículo 112 Constitucional21 aceptar
de manera expresa la curul así reconocida. Es decir, es una decisión propia y no
depende de la bancada, partido o colectividad a la que pertenece.

Este ejercicio se materializa con el acto que declara la elección del cargo uninominal,
pues es allí donde se cristaliza la voluntad popular a través del escrutinio público, en el
que se establece el orden de votación obtenido por cada opción política.

Previo a la declaratoria de la elección de las corporaciones públicas, el ciudadano que
no resultó favorecido por ser la segunda alternativa más votada, debe manifestar a la
comisión escrutadora competente su intención de ser miembro de la corporación
correspondiente, para que quien tiene el deber de contabilizar los sufragios proceda a
descontar una curul, que es la que se refiere al derecho propio y, posterior a ello,
proceder conforme el mandato 263 superior respecto de los demás escaños.

Por manera que, le corresponderá a las comisiones escrutadoras contabilizar y declarar
la elección del Presidente y su fórmula, gobernadores, y alcaldes, de forma anticipada
a la de las corporaciones públicas, con el fin de poder garantizar el derecho
fundamental de los candidatos bajo las condiciones previstas en los artículos 112
Superior y 25 de la Ley 1909 de 2018, el cual se concreta con la elección de los
primeros mandatarios del nivel nacional o territorial y se ejerce con la aceptación del
candidato y su posterior inclusión en la corporación pública que se declare con
posterioridad.

Con base en lo anterior, se puede extraer que el reconocimiento de estas curules
buscó que la voluntad popular se viera representada en las corporaciones públicas
por quienes ocuparon el segundo lugar en las urnas respecto de los cargos
unipersonales de alcalde y gobernador, y que la votación obtenida por ellos no fuera
desconocida en la realidad política.

Así lo explicó la Corte Constitucional al realizar el estudio previo de
constitucionalidad de la Ley 1909 de 2018 al sostener22:

…se le brinda al candidato derrotado en las elecciones presidenciales la oportunidad
de integrarse a la bancada de su partido o movimiento político en el Congreso y
participar en el ejercicio de la oposición política, de manera que se consolide una
alternativa de poder, pero por lo demás garantiza que las personas que votaron por
la opción derrotada también se encuentren representadas. (…) responde a la no
personalización de la política, pues más que el reconocimiento a una persona
determinada, la curul que estos candidatos pueden ocupar, responde a un respeto
por las ideas políticas que aunque derrotadas en la regla de la mayoría, recibieron

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 3 de

junio de 2021. Expediente 08001233300020190080501. M.P. Rocío Araújo Oñate.
21 En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales,

la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo
263.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-018 del 4 de abril de 2018. M.P. Alejandro Linares Castillo.

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un apoyo significativo de los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la participación
política.

Postura que ha sido acogida por esta Sección23:

La finalidad de la norma superior en su modificación fue privilegiar el voto
otorgándole mayores niveles de efectividad, es decir, concedió a quien resulta
segundo en una contienda electoral a presidente, vicepresidente de la República,
Gobernador de departamento, alcalde distrital y alcalde municipal, la opción de
aceptar una curul en la duma correspondiente acatando el respaldo popular obtenido
en las urnas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en el caso
de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, en el cual el
constituyente creó curules adicionales en el Senado y en la Cámara de
Representantes para quienes ocupen el segundo lugar en las votaciones para
dichos cargos, respectivamente; en lo que respecta a alcaldías y gobernaciones no
se generó un lugar extra sino que se dispuso que de los existentes se entregara
uno, para garantizar y materializar el mandato del legislador estatutario, por lo que
las reglas para su provisión en caso de que quien ostenta dicho derecho personal
no acepte o por alguna razón sea removido del cargo varían, tal como se explicará
más adelante.

2.4 La causal de inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad del artículo 43, numeral 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales24.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»25.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 12 de

noviembre de 2020. Expediente 63001233300020190025301. M.P. Rocío Araújo Oñate.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también

sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
25 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.

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de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.26

Precisamente, tratándose de los concejales municipales y distritales, fue con la Ley
136 de 1994 que se enlistaron las causales inhabilitantes de estos servidores
públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En relación con el supuesto de
hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto con el siguiente tenor
literal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de
cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o
distrito en la misma fecha. (Se resalta).

En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos estructuradores, a saber27:

1) La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, entre el elegido
y el funcionario.

2) Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a la
elección.

3) Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o
militar.

26 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado

Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 28 de

enero de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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21

Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

4) Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el concejal.

Ahora bien28, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección29 han acudido,
«para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con
carácter analógico sino a título de referente conceptual»30, a las definiciones
plasmadas en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor
literal disponen:

ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.

Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.

ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde,
la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.

M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia
Sentencia de 19 de marzo de 2009.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-

00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

Conforme con lo anterior, la autoridad civil se relaciona por el ejercicio de poder de
mando, así como para el nombramiento y remoción de subalternos y sus
respectivas sanciones.

Al respecto, la Sala la ha concebido como una «potestad de dirección o mando que
tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares, la cual puede
hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la voluntad
de los mismos»31.

Por su parte, la autoridad política se ejerce por los alcaldes, los secretarios y jefes
de departamento administrativo así como por los miembros del gobierno municipal
con poder de mando y decisión.

Ahora bien, frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado32 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un
cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía
decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de
la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de
mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200533, mediante
la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que
de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla fuera de texto)

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia34 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de

febrero de 2019, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00048-00.
32 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-

31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-

000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones
y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede
al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones
que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre
y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia».35 (Se resalta)

Es menester reiterar, entonces, que la inhabilidad prevista en la ley supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce
autoridad civil, política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los
12 meses anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo
municipio o distrito por el cual se inscribe el candidato a alcalde o concejal -elemento
espacial o territorial-.

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso
se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de
manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se
materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular.36

35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-

0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).

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2.5 Caso concreto

Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de designación de
Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín, para el período 2024-
2027. El fundamento de la demanda, es que dicho acto se encuentra viciado de
nulidad, por cuanto el demandado está inhabilitado en los términos del numeral 4
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, toda vez que su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía ejerció autoridad
administrativa en ese municipio dentro de los 12 meses previos a su elección.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de
dicha designación al concluir que estaban acreditados los elementos de la
inhabilidad.

Inconformes con la decisión, uno de los demandantes y el demandado la apelaron
bajo argumentos diferentes.

Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso37 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la
Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos
formulados por los recurrentes.

En tales condiciones, no hace parte de la controversia en esta instancia la
configuración de los elementos de la inhabilidad, por cuanto aquellos no fueron
objeto de apelación, esto es no se discute que el señor Carlos Alberto Upegui Mejía,

37 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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padre del demandado, ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses
anteriores a la elección del señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de
Medellín en esa misma ciudad.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos
esgrimidos por los apelantes en los recursos, de cara a la providencia recurrida.

2.5.1 De la apelación del demandado

El recurso presentado por el señor Juan Carlos Upegui Vanegas se sustenta en el
hecho de que el a quo no tuvo en cuenta que la curul en cuestión fue otorgada en
virtud del Estatuto de la Oposición y, por ende, no le resultaba aplicable el régimen
de inhabilidades de los concejales.

Según se tiene, en el presente asunto, está fuera de discusión el parentesco en
primer grado de consanguinidad que existe entre el demandado y el señor Carlos
Alberto Upegui Mejía, quien es su padre.

También que el señor Upegui Mejía desempeñó el cargo de rector de la Institución
Educativa San Lorenzo de Aburrá entre el 21 de junio y el 5 de julio de 2023, es
decir, durante el período inhabilitante y que en virtud de aquel ejerció, por el factor
funcional, autoridad administrativa.

Lo que está en discusión es si la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 resulta
aplicable o no al demandado.

Pues bien, tal como se indicó en precedencia, nadie discute y no desconoce la Sala
que la curul ocupada por el demandado le fue otorgada en aplicación del artículo 25
de la Ley 1909 de 2018 por cuanto él, como candidato a la Alcaldía de Medellín en
las elecciones del 29 de octubre de 2023 obtuvo la segunda votación popular38.

Sin embargo, conforme con los argumentos del demandado recurrente hay lugar a
establecer si dicha designación tiene o no la connotación de ser un acto electoral y,
además, si tiene origen o no en una votación popular.

Frente al punto, debe tenerse en cuenta que esta misma Sección ya ha explicado
que el hecho de que dichas curules sean asignadas en aplicación del Estatuto de la
Oposición no implica que no devengan de una votación popular ni mucho menos
que no se trate de un acto electoral.

38 Tal como se puede verificar del Formulario E-26 que obra en los anexos de la demanda.

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Sobre el punto se ha precisado39:

…la legitimación de la curul por derecho propio es cualificada desde el punto de
vista del sujeto, en atención a que es exclusivamente un beneficio para el candidato
que siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido (…)

En condiciones normales (voto directo), el derecho a la curul es del partido que
recibió los votos para la elección de la respectiva corporación; en el contexto del
mencionado derecho personal (voto indirecto), es propio de quien ocupó el segundo
lugar en las elecciones correspondientes para primer mandatario nacional o local, el
cual, de aceptarlo se somete a los deberes y obligaciones democráticas y partidistas
que le son inherentes. En ese orden de cosas, es menester precisar que, en estos
eventos, la posibilidad de acceder al cargo no es de la agrupación política o para la
defensa de los intereses que a esta le asisten, sino de la persona que ocupó el
segundo lugar en la carrera a los reputados cargos unipersonales.

Es decir, tal como se expuso en precedencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 112 Superior y 25 de la Ley 1909 de 2018 y esta Sección lo ha explicado
de manera pacífica40 los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad
declare elegidos en los cargos de gobernador de departamento, alcalde distrital y
alcalde municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
asambleas departamentales, concejos distritales y concejos municipales
respectivos, durante el período de estas corporaciones.

Una vez declarada la elección de los cargos enunciados, y antes de declarar la de
las asambleas departamentales y concejos, los aspirantes que ocuparon el segundo
puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul en la corporación
correspondiente.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales,
la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, de aquellas como diputados
y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en
la votación para los mismos cargos.

En caso de aceptación del derecho personal, se aplicará la regla general prevista
en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules
restantes en cada corporación, de lo contrario la norma constitucional de repartición
se aplicará sobre todos los escaños previamente establecidos por población.

Así mismo, se ha precisado41:

39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 18 de

marzo de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2020-00012-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 3 de

junio de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00805-01 M.P. Rocío Araújo Oñate.
41 Ibidem.

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De la norma estatutaria se extrae, que se denomina derecho personal en tanto que,
para acceder a la mencionada prerrogativa, el candidato solo debe acreditar ser el que
le siga en votos al electo y, conforme el inciso 6 del artículo 112 Constitucional42 aceptar
de manera expresa la curul así reconocida. Es decir, es una decisión propia y no
depende de la bancada, partido o colectividad a la que pertenece.

Este ejercicio se materializa con el acto que declara la elección del cargo uninominal,
pues es allí donde se cristaliza la voluntad popular a través del escrutinio público, en el
que se establece el orden de votación obtenido por cada opción política.

Previo a la declaratoria de la elección de las corporaciones públicas, el ciudadano que
no resultó favorecido por ser la segunda alternativa más votada, debe manifestar a la
comisión escrutadora competente su intención de ser miembro de la corporación
correspondiente, para que quien tiene el deber de contabilizar los sufragios proceda a
descontar una curul, que es la que se refiere al derecho propio y, posterior a ello,
proceder conforme el mandato 263 superior respecto de los demás escaños.

Por manera que, le corresponderá a las comisiones escrutadoras contabilizar y declarar
la elección del Presidente y su fórmula, gobernadores, y alcaldes, de forma anticipada
a la de las corporaciones públicas, con el fin de poder garantizar el derecho
fundamental de los candidatos bajo las condiciones previstas en los artículos 112
Superior y 25 de la Ley 1909 de 2018, el cual se concreta con la elección de los
primeros mandatarios del nivel nacional o territorial y se ejerce con la aceptación del
candidato y su posterior inclusión en la corporación pública que se declare con
posterioridad.

Es decir, es absolutamente claro que la razón por la cual el señor Upegui Vanegas
tuvo la opción de aceptar una curul en el Concejo de Medellín fue porque obtuvo a
través del voto popular el segundo lugar en las elecciones a la alcaldía de esa
ciudad.

De hecho, el mismo recurrente invoca como fundamento de su apelación que con
la decisión de primera instancia, no solo se afectó al demandado sino «a más de
76.000 ciudadanos» que votaron por él para la Alcaldía de Medellín. Esto significa
que él mismo reconoce que el origen de su designación como concejal fue la
votación popular.

En tales condiciones, tal como ya lo ha señalado esta Sección, el señor Juan Carlos
Upegui Vanegas accedió a dicho cargo gracias al voto indirecto de quienes si bien
lo apoyaron para la alcaldía, vieron representados sus intereses en el concejo en
virtud de la aplicación del Estatuto de la Oposición y terminaron posibilitando su
acceso a dicha corporación. En tales condiciones, es evidente que el origen de su
designación sí es popular, lo que ocurre es que no fue por voto directo sino indirecto,
tal como se explicó en precedencia.

42 En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales,

la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo
263.

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Además, el hecho de que haya aceptado dicha curul y haya habido un
pronunciamiento de la autoridad electoral correspondiente quien, además le expidió
la respectiva credencial implica que sí hubo un acto de designación equiparable al
acto de elección que echa de menos el recurrente.

En ese orden de ideas, sí existe un acto de origen popular pasible de revisión
jurisdiccional vía nulidad electoral.

Ahora bien, es claro que el demandado al haber aceptado ocupar la curul en
cuestión, se acogió al régimen jurídico aplicable para ese cargo, el cual, por
supuesto incluye lo relativo al catálogo de inhabilidades consagrado en la ley para
los concejales.

Frente al punto tanto esta Sección como la Corte Constitucional han precisado que
el hecho de que se acceda a una curul en aplicación del Estatuto de la Oposición
en manera alguna exceptúa al ciudadano de la aplicación del régimen jurídico
correspondiente.

Así, en el caso de la exrepresentante a la Cámara Ángela María Robledo, la Sección
Quinta del Consejo de Estado precisó43:

Este derecho propio de carácter personal reconocido por los artículos 112 de la
Carta Política y 24 de la Ley 1909 de 2018 fue el que llevó al Consejo Nacional
Electoral a declarar-llamar, mediante el acto acusado, que la señora Robledo
Gómez tenía el derecho a ocupar la curul en la Cámara de Representantes para el
periodo 2018-2022. Sin embargo, advierte la Sala que el derecho personal que
tiene el candidato en virtud de dicho mecanismo no puede tenerse como
excepción al régimen de la doble militancia, dado que las normas
constitucional y legal no establecieron ninguna limitación en este sentido. (Se
resalta).

A su vez, la Corte Constitucional44, al estudiar ese caso vía revisión de acción de
tutela, consideró que los problemas jurídicos a resolver eran los siguientes:

¿Desconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado los artículos 112 y 197 de la
Constitución al aplicar la prohibición de doble militancia a la curul que se le asignó a
la accionante en la Cámara de Representantes como derecho personal por haber
obtenido la segunda votación en la elección de vicepresidente de la República?

¿Incurrió la Sección Quinta del Consejo de Estado en un defecto sustantivo, al
aplicar la doble militancia como una causal de inhabilidad para ser presidente o
vicepresidente de la República, desconociendo que este es un régimen taxativo y
no contempla esta situación?

43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020180007400. Providencia del 25 de abril de 2020. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
44 Corte Constitucional. Sentencia SU-209 del 1 de julio de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger

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¿Desconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado el precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional relacionado con la interpretación restrictiva de las
inhabilidades para ocupar el cargo de presidente de la República?

Y al estudiar el fondo de la controversia, dijo:

Al respecto, la Corte comparte el análisis realizado por el Consejo de Estado, en el
sentido de indicar que esta obligación de renunciar a la curul doce meses antes de
la inscripción la prohibición de doble militancia es aplicable a los cargos de
presidente y vicepresidente de la República y, por tanto, su incumplimiento puede
afectar el derecho reconocido en el artículo 112 superior.

En efecto, como se demostró en las consideraciones que fundamentan la presente
sentencia, esta corporación ha entendido que la prohibición en comento cobija a
quienes detenten cargos unipersonales de elección popular o curules en
corporaciones públicas. Incluso, ha explicado que la norma constitucional contempla
un mínimo y el legislador estatutario puede ser más exigente e incorporar una
reglamentación más extensa respecto de esta prohibición de doble militancia, con
el fin de cumplir con los propósitos de esta figura.

(…)

En primer lugar, la Carta Política no la contempla y de conformidad con las reglas
generales de interpretación no es viable hacer excepciones donde la Constitución
no lo ha previsto. En segundo lugar, aceptar que en eventos como el analizado, en
los que se aspira a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, no
opera la prohibición de la doble militancia frustraría el objetivo del constituyente al
modificar el mencionado artículo 107, es decir, la despersonalización de la política,
como se explicó en las consideraciones sobre esta materia.

(…)

Así las cosas, no se observa un desconocimiento del derecho constitucional que le
asistía a la demandante Robledo Gómez por ocupar el segundo lugar en las
elecciones pasadas. Para el Consejo de Estado esta situación no estaba
exceptuada de la prohibición legal y constitucional de doble militancia. Esta
interpretación tampoco resulta arbitraria o vulneradora de la Carta Política.

Si bien es ese asunto se analizó si la prohibición de doble militancia como causal
de nulidad electoral aplicaba o no para las curules del Estatuto de la Oposición los
argumentos allí expuestos tanto por el Consejo de Estado como por el máximo
tribunal constitucional resultan aplicables mutatis mutandis a la controversia bajo
estudio.

Lo anterior, por cuanto quedó clara la regla según la cual el hecho de que se acceda
a una corporación pública a través de las curules consagradas en el Estatuto de la
Oposición no implica que quienes las ocupan quedan exceptuados del régimen
constitucional y legal de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
previamente establecido para aquellos.

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Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

En otras palabras, el hecho de que se trate de una de la curules a las que se refieren
los artículos 112 de la Carta Política, 24 y 25 de la Ley 1909 de 2018 no ponen en
un lugar de privilegio o exceptuado a quienes las ocupan en ejercicio del derecho
fundamental de oposición; por el contrario, ellos se ven sometidos al régimen
jurídico general contemplado para garantizar que quienes lleguen a aquellos lo
hagan con plenas garantías no solo para sus electores sino para sus compañeros
en la contienda electoral.

Por lo tanto, si bien la oposición es un derecho fundamental, su ejercicio no soslaya
el régimen jurídico de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades propias de
cada cargo que, como bien es sabido buscan blindar los principios democráticos del
Estado Social de Derecho.

Al respecto, resulta del caso recordar que las inhabilidades están erigidas como
especiales condiciones objetivas que pueden recaer sobre una persona y que tienen
como único fin que quienes accedan o estén en la función pública, desempeñen su
cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad,
garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de la
comunidad sobre los personales45.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»46.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.47

En el caso concreto, en manera alguna se ha desconocido dicha reserva legal o se
ha aplicado el régimen de inhabilidades de manera extensiva; lo anterior, por cuanto
precisamente el fundamento para declarar la nulidad de la elección indirecta del
demandado fue que se encontraron acreditados los elementos de la inhabilidad
consagrada en en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esa y ninguna otra, razón por la cual no asiste

45 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994

M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
46 OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
47 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado

Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros

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Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

razón al recurrente al afirmar que se desconoció la reserva legal o la interpretación
restrictiva que rige para las inhabilidades.

En este mismo sentido, debe precisarse que el hecho de que la precitada
disposición establezca que «no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital» no quiere decir que se refiera únicamente a los
elegidos por voto popular directo y excluya a quienes accedan a dicho cargo de
manera indirecta, como es el caso de quienes ocupan las curules del Estatuto de la
Oposición, como el demandado.

Ahora bien, en lo que se refiere a la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca invocada por el recurrente que, en su criterio se refiere a un asunto
similar al que ahora se estudia, se advierte que la misma en manera alguna resulta
vinculante para el Consejo de Estado, toda vez que se trata de un pronunciamiento
aislado proferido por un inferior jerárquico en la estructura de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. En tales condiciones, esa corporación se verá sujeta
por lo decidido por el máximo órgano de la jurisdicción y no al contrario.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la aplicación de la regla contenida en la
sentencia de la Corte Constitucional SU-207 de 2022, se tiene que el criterio fijado
en dicho pronunciamiento fue la siguiente:

Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un
funcionario municipal elegido por su parentesco con un funcionario
departamental, la autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria
concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone
un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la
autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores.
No es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad. (Se resalta).

Conforme con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación
de la Corte Constitucional antes referida solo aplica a los casos en que deba
determinarse la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando el
elegido es de un orden territorial diferente al de su pariente. Es en aquella
circunstancia en la que el operador judicial debe realizar un examen específico en
donde determine cómo el ejercicio de sus competencias irradia la jurisdicción del
elegido, para así concretar la incidencia en los electores.

Por lo tanto, como en el presente caso el nivel del empleo ejercido por el padre del
demandado es municipal y el cargo cuya nulidad se cuestiona es igualmente
municipal, es claro que no resulta aplicable en este caso la regla de decisión en cita,
razón por la cual no hay lugar a hacer pronunciamiento adicional al respecto.

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Así las cosas, los cuestionamientos elevados por el demandado en contra de la
sentencia de primera instancia no tienen vocación de prosperidad.

2.5.2 Del recurso del demandante Albert Yordano Corredor Bustamente

En criterio de este recurrente, la vacante originada con la decisión de nulidad
electoral debía ser provista con el candidato que obtuvo la tercera votación en las
elecciones a la alcaldía de Medellín, es decir él; por lo que así, debió declararse.
Además, sostuvo que el demandado ni siquiera se había podido inscribir como
candidato a la Alcaldía de Medellín porque también estaba incurso en la inhabilidad
consagrada en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 para alcalde.

Frente al primer cuestionamiento se advierte que el mismo artículo 25 de la Ley
1909 de 2018 ofrece la respuesta al señalar:

…Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

Dicho postulado, al ser interpretado armónicamente, resulta plenamente aplicable
no solo para los eventos en que el segundo en votación no acepta la curul derivada
del Estatuto de la Oposición, sino además, cuando esta queda vacante por cualquier
causa.

Ahora bien, el artículo 263 de la Carta Política establece:

Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos
y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se
distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos
que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de
los votos válidos para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del
cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan
la Constitución y la ley.

La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el
número de votos por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente hasta
que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer.
El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules
como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.

En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema
de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho
cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se
adjudicará a la lista mayoritaria.

Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas
las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.

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Al respecto, esta Sala48 ya ha tenido la oportunidad de ocuparse de los casos en
que la curul derivada de la aplicación del Estatuto de la Oposición no es aceptada
por quien obtuvo el segundo lugar en las urnas respecto de un cargo uninominal y
de establecer la forma de proveer dicha vacante, en el sentido de precisar que el
derecho a ocuparla es personal, por lo que no se traslada del segundo al tercer lugar
en votaciones. En consecuencia, en los eventos de concejos y asambleas la
vacante en cuestión debe ser ocupada por quien, de acuerdo al sistema electoral
vigente tenía derecho a aquella, según los resultados de las elecciones a la referida
corporación pública.

Dichas consideraciones son plenamente aplicables para los casos en que, quien
ocupó el segundo lugar en las elecciones al cargo de alcalde o gobernador la deja
vacante por muerte, enfermedad, la declaratoria de la nulidad de su elección o por
cualquier otra causa.

En otras palabras, cuando el derecho a la curul por el derecho personal del Estatuto
de la Oposición no nace o se extingue, todo debe volver al cause democrático
normal u ordinario, es decir, el escaño adicional no será provisto y en las
corporaciones públicas locales deberá entregarse a quien, en condiciones normales
hubiera sido el elegido por voto popular directo, de conformidad con la aplicación
del sistema constitucional de asignación o reparto, actualmente el de la cifra
repartidora. Esto por cuanto en las entidades territoriales no existe una agregada
para tal efecto, como sí acontece para el Senado de la República y la Cámara de
Representantes.

Así las cosas, resulta razonable entender que mientras la aceptación del derecho
personal a la curul desplaza, legítima y constitucionalmente, a quien obtuvo la última
votación ganadora dentro de los escrutinios directos a corporaciones públicas, la
terminación o finiquito de la prerrogativa referida, devuelve las cosas al contexto
democrático ordinario, para así dar aplicación coherente a los principios electorales
mencionados de los cuales no puede olvidarse también partió la figura de la curul
por derecho personal derivado del Estatuto de la Oposición.

Ahora bien, la forma en que se deben proveer estas vacantes está contenida en el
artículo 63 de la Ley 136 de 1994, que dispone:

Forma de llenar vacancias absolutas. Las vacancias absolutas de los
concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista,
en orden de inscripción, sucesiva y descendente. El Presidente del Concejo,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los

48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 05001-23-

33-000-2022-00940-02. Providencia del 20 de abril de 2023. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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candidatos que se encuentren en dicha situación para que tomen posesión del
cargo vacante que corresponde.

En la citada disposición coexisten armónicamente un derecho y un deber, este
último, a cargo del presidente o la Mesa Directiva a la corporación pública
consistente en llamar a quien corresponde conforme lo determina el legislador,
siendo coherente y viable que se apoye en la autoridad electoral, pues es innegable
que esta conoce de primera mano y con suficiente competencia, quién es el sucesor
no elegido y descendente a aquel que elegido dejó vacante el escaño. Respecto del
derecho, se materializa en la figura del citado a ocupar la curul.

Ahora bien, el llamamiento constituye una de las expresiones del derecho político
de ser elegido, que se acompasa con ese deber correlativo de la designación
respectiva, bajo las formas y presupuestos previstos en la correspondiente
regulación49.

Dicho lo anterior, la Sala Electoral ha entendido que las faltas absolutas generan
vacancia definitiva en la curul, diferente a las del Congreso y deben ser suplidas
conforme con las exigencias legales y constitucionales, so pena de afectar los
derechos de quien debía ser llamado y transgredir el ordenamiento jurídico en temas
como la conformación del poder público, en este caso en cuanto hace al
funcionamiento de la corporación de elección popular de un municipio.

Conforme con lo expuesto, pacífica es la postura de la Sección Quinta al señalar50:

La respuesta al anterior planteamiento la tiene de forma directa la norma superior,
que indicó: i) que el derecho es personal, ii) por ello recae exclusivamente en el
candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare electo, para
este caso, alcalde y, iii) si este no aceptare, las entidades territoriales asignarán los
escaños de acuerdo con la regla general de asignación prevista en el artículo 263
de la Constitución Política.

Por lo que, en el tercer candidato más votado no nace esta prerrogativa ya que
como lo señaló la agente del Ministerio Público las curules en el concejo o
asamblea, se asignen según la regla general de asignación de estas y no se puede
continuar con su ofrecimiento, en tanto ello sería desconocer que, lo que se
reconoce en este caso es un derecho personal que adquiere el candidato con la
segunda votación, si este rehúsa ese derecho, nadie más puede reclamar su
titularidad51. (Resaltado original).

49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencias de 9 de

julio de 1998. Radicación: 1886. Demandados: concejales de Corozal (1998-2000). M.P. Luis
Eduardo Jaramillo Mejía y de 9 de agosto de 2007. Radicado: 11001-03-28-000-2006-00174-02
(4125). Demandado: concejal de Bogotá, D.C. M.P. Susana Buitrago Valencia.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 19 de

noviembre de 2020. Expediente: 05001233300020190331700. M.P. Rocío Araújo Oñate.
51 Concepto No. 214 del 13 de octubre de 2020.

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En ese orden de ideas, se reitera, en los casos en que por alguna causa quede
vacante la curul derivada de la aplicación del Estatuto de la Oposición, esta debe
ser provista según las reglas del sistema electoral vigente, para el caso, la cifra
repartidora, entre quienes fueron candidatos a la corporación pública de que se
trate.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el medio de control de nulidad electoral
es un objetivo de legalidad, dentro del cual no es posible ventilar pretensiones de
tipo subjetivo, como la del señor Albert Yordano Corredor Bustamante.

Además, en lo que se refiere a la aplicación el numeral 2 del artículo 288 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se advierte que
aquel solo procede en los casos en que la causal de nulidad que prospere sea la
del numeral 1 del artículo 275 de la misma codificación (se haya ejercido cualquier
tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales);
para los eventos de inhabilidades el supuesto aplicable es el numeral 3 de dicha
norma que establece:

3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la
nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva
credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

Así las cosas, no asiste razón al recurrente en su pretensión de que vía sentencia
de nulidad electoral se ordene su llamamiento a ocupar la curul que queda vacante
con ocasión de la declaratoria de nulidad de la designación del señor Upegui
Vanegas como concejal de Medellín 2024-2027.

Finalmente, en cuanto al segundo cuestionamiento de este recurrente, se advierte
que, tal como lo sostuvo el apoderado del demandado, lo cierto es que el accionado
ocupa es el cargo de concejal, razón por la cual resulta inocuo en este momento
hacer un pronunciamiento al respecto, máxime que el único fundamento para la
decisión de primera instancia fue la vulneración del numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

La conclusión hubiera sido diferente en el evento en que el demandado hubiese
logrado acceder al cargo de alcalde, pero como no lo hizo y el medio de control de
nulidad electoral está diseñado para estudiar la legalidad de elecciones,
nombramientos y llamamientos y no, de inscripciones de candidaturas que no
resultaron victoriosas, no hay lugar a desarrollar dicho estudio.

Ahora, en cuanto a la sentencia del 16 de diciembre de 2020 dictada dentro del
expediente 44001-23-33-000-2019-00173-01 se advierte que el supuesto fáctico y
jurídico esbozada en aquella difiere de los fundamentos de este evento. En ese
proceso se analizó el extremo temporal de la regla en la sentencia de unificación

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del 7 de junio de 2016, concretamente en lo relacionado con los artículos 31.7, 32 y
39 de la Ley 617 de 2000 en cuanto a si el periodo inhabilitante de 12 meses culmina
con la fecha de la inscripción de la candidatura y no de la elección, discusión que
no se relaciona en lo absoluto con el caso concreto.

No obstante, pese a que ese no era el objeto del litigio, debe tenerse en cuenta que
en dicha providencia también se dijo:

[Q]uien aspira a ser elegido a un cargo nominal como presidente de la República,
vicepresidente, gobernador o alcalde, tiene pleno conocimiento de que existe una
expectativa real de que no resulte electo y de que pueda quedar segundo en la
votación, supuesto este del cual surge la prerrogativa o derecho consagrado en el
artículo 112 de la Constitución y en los artículos 24 y 25 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, de manera que deberán tener en cuenta las prohibiciones previstas en la
norma para aspirar a ambos cargos, es decir, el uninominal al que inicialmente se
inscribe, y al de la curul de la corporación en la que, eventualmente, puede ser
designado.

Para la Sala no hay duda de que si bien la voluntad del candidato que aspira a un
cargo de elección popular de carácter uninominal es resultar electo para el mismo,
y conforme con esa intención realiza su programa de gobierno, campaña política y,
por obvias razones, el aval del partido o movimiento político se otorga previa
verificación de que el aspirante no esté inmerso en una causal de inhabilidad, lo
cierto es que no puede perder de vista la posibilidad de que sea designado en una
curul en la respectiva corporación, en virtud del derecho personal que le asistiría
eventualmente.

[…]

Así las cosas, quien se inscriba para un cargo uninominal, al saber que existe el
derecho personal consistente en que si queda en segundo lugar en votaciones pasa
a ocupar un cargo en la corporación pública correspondiente, implica que no incurra
ni en las inhabilidades del cargo al que se inscribe ni en las del que podría ocupar
con ocasión del derecho personal establecido en el artículo 112 de la Constitución.

En consonancia con lo anterior, se debe señalar que así como el candidato debe
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser elegido en el cargo uninominal
que aspira alcanzar y de los propios del cargo que podría ocupar en la respectiva
corporación, en caso de quedar en segundo lugar en votación al que resultó
ganador, de la misma manera los partidos y movimientos políticos previo al
otorgamiento del aval al candidato, deberán constatar que no se encuentre incurso
en ninguna causal de inhabilidad expresamente consagradas para ambos cargos.

De esta manera se garantiza que el reconocimiento que se hace al respaldo popular
que obtuvo el candidato segundo en votación de ocupar una curul en la respectiva
corporación, esté desprovisto de cualquier anomalía que pueda tener la inscripción
de la candidatura y que conlleve la nulidad de la elección por incumplimiento del
régimen de inhabilidades.

En consecuencia, al ocupar el cargo que por derecho personal le corresponde,
que en este caso es el de diputado, le son aplicables las inhabilidades de ese
cargo.

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Al respecto, se advierte que pese a que el pronunciamiento en cita se produjo en un
contexto diferente al actual y se hicieron algunas consideraciones respecto de
quienes inscriben candidatos, frente al punto que se analiza en este momento, la
conclusión fue la misma: «al ocupar el cargo que por derecho personal le
corresponde (…) le son aplicables la inhabilidad de ese cargo.»

Así las cosas, tampoco asiste razón al recurrente en lo que tiene que ver con el
antecedente en cita.

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que ninguno de los reparos esbozados
por los recurrentes en los escritos de apelación tiene vocación de prosperidad, razón
por la cual, se impone confirmar la sentencia de primera instancia del 3 de julio de
2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia dictada dentro de este asunto.

2.6 Otras decisiones

La Sala llama la atención sobre dos aspectos procesales que resultan de
importancia en este asunto. De las actuaciones surtidas en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia se advierte que tanto los ponentes de los
expedientes acumulados como la Sala de Decisión que profirió el sentencia ahora
recurrida desconocieron abiertamente la disposición contenida en el inciso final del
artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo según la cual «en el caso de que se haya pedido la suspensión
provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá
en el mismo auto admisorio…»

Además, las reglas especiales de acumulación de procesos en materia electoral
consignadas en el artículo 282 de la misma codificación.

Frente al punto, debe recordarse que en el proceso especial de nulidad electoral
existe una serie de reglas específicas que regulan para este tipo de proceso en
particular el trámite de las medidas cautelares con el fin de afianzar el principio de
celeridad que rige este medio de control y que difieren del trámite del proceso
ordinario.

Entonces, si bien hay lugar a correr traslado de la solicitud de medida cautelar
conforme la jurisprudencia de la Sección Quinta52 este debe hacerse de manera
previa a proveer sobre la admisión de la demanda, con el fin de ofrecer una garantía
a los demandados, sin desconocer la naturaleza especial del trámite de nulidad
electoral y al mismo tiempo cumplir el mandato imperativo contenido en el inciso
final del precitado artículo 277.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 26 de

noviembre de 2020. Radicado: 44001-23-33-000-2020-00022-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Por lo tanto, aun cuando el procedimiento contencioso electoral no prevé
específicamente esa oportunidad para pronunciarse sobre la solicitud de
suspensión provisional que acompaña la demanda, lo cierto es que, la Sala ya
unificó el criterio frente al traslado de la medida cautelar mediante providencia del
26 de noviembre de 2020, radicado 44001-23-33-000-2020-00022-01, en la que se
precisó, entre otras razones, que el término de 5 días para pronunciarse sobre la
solicitud de la medida cautelar, materializa la protección del derecho a la defensa,
cuyo ámbito de aplicación debe garantizarse antes, durante y después de la
decisión correspondiente en toda clase de procedimientos, entre los que se
encuentra el de nulidad electoral.

Igualmente, se destacó que el ejercicio del derecho de contradicción a la hora de
decidir respecto a la medida cautelar contra un acto de designación, le brinda al juez
mayores elementos de juicio para adoptar una decisión acertada, que tenga en
cuenta todos los derechos e intereses en conflicto, entre los que se encuentran los
invocados por el elegido y las personas que representa.

Sin embargo, se insiste, el traslado se surte antes de la admisión de la demanda
para cumplir con la norma imperativa especial que señala que en nulidad electoral
la medida cautelar solo puede ser presentada con la demanda y resuelta en el
mismo auto admisorio. No obstante, en este caso se advierte que aunque hubo
solicitudes de medida cautelar en dos expedientes sólo en uno de ellos se resolvió
y de manera posterior a la admisión de la demanda.

Asimismo, como se dijo, existen normas especiales de acumulación de procesos de
nulidad electoral y el momento para proceder a aplicar dicha figura procesal es el
vencimiento del traslado de la demanda; no obstante, en este caso, en algunos de
los expedientes acumulados se procedió a ordenar lo pertinente, sin que ni siquiera
se hubiera contestado las demandas.

Así las cosas, se conminará al tribunal de primera instancia para que, en lo sucesivo
tenga en cuenta y aplique con rigurosidad la normativa que rige el proceso especial
de nulidad electoral tanto en el trámite de medidas cautelares como en la
acumulación de procesos de esta naturaleza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la designación del

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Demandantes: Albert Yordano Corredor Bustamante y otros
Demandado: Juan Carlos Upegui Vanegas – concejal de Medellín (Antioquia)
Rad: 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado)

señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín período 2024-2027.

SEGUNDO: CONMINAR al Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en lo
sucesivo, tenga en cuenta y aplique la normativa que rige el proceso especial de
nulidad electoral, en específico las reglas de trámite de las medidas cautelares y
acumulación de procesos.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Salva voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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