Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06142-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06142-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06142-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06142-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: ALBERT YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – INSTANCIA ADICIONAL – El debate propuesto es una reiteración de la
controversia que quedó razonablemente zanjada en el proceso de nulidad electoral.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 23
de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 13 de noviembre de 2024, el señor Albert Yordano Corredor Bustamante interpuso
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a ser elegido, al
ejercicio de funciones y cargos públicos y a la oposición política, con ocasión de la
sentencia proferida el 3 de octubre de 2025, en el marco del proceso de nulidad electoral
con radicado 05001-23-33-000-2023-01252-01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):
5.1. Ampare los derechos fundamentales del señor Albert Yordano Corredor
Bustamante, a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser elegido, el derecho al
ejercicio de funciones y cargos públicos y, en especial, el derecho a la oposición
política.
5.2. Deje sin efectos la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la que se resolvió negar la consecuente
declaratoria de elección del candidato que legítimamente debe ser llamado a ejercer
el derecho fundamental a la oposición en el Concejo Distrital de Medellín, dentro del
proceso radicado bajo el número 05001-23-33-000-2023-01252-01 (Acumulado).
1 Se advierte que el 18 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
5.3. Como consecuencia de lo anterior, ordene a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que proceda a dictar una nueva sentencia, ajustada a la Constitución y la Ley,
respetuosa de los derechos fundamentales del señor Albert Yordano Corredor
Bustamante en un término razonable.
5.4. Vincule al Concejo Distrital de Medellín, corporación pública encargada de
ejecutar las eventuales órdenes judiciales.
5.5. Adopte las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, los señores Samuel Darío
Castrillón Aldana, Sebastián Castaño Mesa, Carlos Andrés Echeverri Valencia, Daniel
González Gómez y Albert Yordano Corredor Bustamante presentaron demanda en
contra del acto administrativo que declaró la elección del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas como concejal de Medellín, en ejercicio del derecho personal de oposición.
4. Según la demanda, el señor Upegui Vanegas fue designado como concejal de
Medellín por el Estatuto de la Oposición, por haber sido el candidato que obtuvo la
segunda mayor votación frente a quien resultó elegido como alcalde en los comicios que
se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023. No obstante, a juicio del demandante, dicho
candidato se encontraba inhabilitado para inscribirse en la contienda electoral, toda vez
que su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, había ejercido el cargo de rector de la
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá durante el año anterior a la elección,
desempeñando funciones de autoridad administrativa dentro de la misma entidad
territorial.
5. En consecuencia, al encontrarse el señor Upegui Vanegas incurso en una causal de
inhabilidad, podía concluirse que el señor Corredor Bustamante fue quien realmente
obtuvo el segundo lugar en la contienda electoral y, por ende, fue quien debió ocupar la
curul del Estatuto de la Oposición en el Concejo Distrital de Medellín.
6. Al proceso se le asignó el radicado 05001-23-33-000-2023-01252-00 y correspondió,
por reparto, a la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, en
sentencia del 3 de julio de 20242, declaró la nulidad parcial de las actas de elección E-
26 ALC y E-26 CON del 4 de noviembre de 2023, en lo relativo a la elección del señor
Upegui Vanegas como concejal del Distrito de Medellín, por el Estatuto de la Oposición.
En su criterio, el referido candidato se encontraba incurso en una causal de inhabilidad,
toda vez que, de conformidad con la Resolución 2023-50049804 del 21 de junio de 2023,
su padre, el señor Carlos Alberto Upegui Mejía, ejerció funciones de autoridad en el
distrito del que su hijo aspiraba a ser elegido alcalde.
7. Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. El
demandado aseguró que accedió a la curul de concejal en virtud de un esquema de
designación especial contemplado en la Constitución Política, y no por el mecanismo
tradicional de elección popular, por lo que resultaba inviable la aplicación del régimen de
inhabilidades consagrado para concejales. Esto, porque dicho régimen está previsto para
2 Con salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
quienes se inscriban como con el propósito de pertenecer a estas corporaciones y sean
elegidos para el efecto. Por su parte, el señor Corredor Bustamante manifestó su
inconformidad parcial con la sentencia, pues aseguró que en las pretensiones de la
demanda se incluyó una dirigida a que se ordenara a la Mesa Directiva del Concejo
Distrital de Medellín llamarlo a ocupar la curul de que trata el artículo 25 de la Ley 1909
de 2018; sin embargo, pese a que se anuló la designación del señor Upegui Vanegas,
en la parte resolutiva de la providencia el a quo no se pronunció frente a su pretensión
de nombramiento como concejal.
8. En sentencia del 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó el fallo de primera instancia3. El ad quem empezó por aclarar que en el caso
analizado no estaba en discusión la configuración de los elementos de la inhabilidad,
porque estos no fueron objeto de apelación por ninguna de las partes. Es decir, en el
proceso quedó establecido que el señor Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del
demandado ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su
designación como concejal de Medellín en ese mismo distrito.
9. Argumentó que, en ese sentido, la controversia propuesta por el demandado en el
recurso de alzada se restringía a determinar si la designación del señor Upegui Vanegas
como concejal, en ejercicio del derecho personal de oposición, tenía o no la connotación
de acto electoral con origen en una votación popular. Así, consideró que el hecho de que
la elección de un concejal se efectúe en cumplimiento del Estatuto de Oposición no
implica que no provenga de una votación popular y, menos aún, que no se trate de un
acto electoral. De ahí que una vez otorgadas las credenciales a los aspirantes que
resultaron elegidos, la autoridad electoral las expedirá también, previa aceptación, a los
candidatos que ocuparon los segundos lugares en la votación.
10. En esos términos, resultaba plausible admitir que el requisito para acceder a dicha
prerrogativa era haber obtenido la segunda mayor votación en los comicios, por lo que,
en efecto, su nombramiento tuvo origen en una votación popular (indirecta), que,
además, ostentaba el carácter de acto electoral. Asimismo, indicó que la aceptación del
cargo también llevaba consigo el acogimiento al régimen de inhabilidades consagrado
en la ley para concejales, por lo que, dado que desde primera instancia se determinó que
el demandado incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, los cargos de la
apelación del demandado no estaban llamados a prosperar.
11. Ahora bien, en lo concerniente al recurso formulado por el demandante, aseveró que
el derecho fundamental de oposición es personal, por lo que la forma en la que deben
proveerse las vacantes está prevista en el artículo 63 de la Ley 136 de 1994, que dispone
que, dentro de los tres días siguientes a la declaratoria de vacancia absoluta, el
presidente del Concejo llamará a los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden
de inscripción sucesiva y descendente, para que tomen posesión del cargo vacante
correspondiente.
3 Con salvamento de voto del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, quien se apartó de la decisión
mayoritaria por considerar que el acceso a la curul del demandado se produjo en ejercicio de un derecho
personal consagrado constitucionalmente, y no por votación popular directa a la corporación pública. De
ahí que, en su criterio, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable era el previsto para el
cargo al que aspiró, y no para aquel al que resultó designado en virtud del derecho personal de oposición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
12. Quiere decir lo anterior que, en los casos en los que por alguna causa quede vacante
la curul derivada de la aplicación del Estatuto de Oposición, esta debe ser provista según
la regla antes descrita, que, para el caso, sería la cifra repartidora entre quienes fueron
candidatos a la respectiva corporación pública. Además, aclaró que el medio de control
de nulidad electoral es de carácter eminentemente objetivo y en su ejercicio se realiza
un control de estricta legalidad de un acto administrativo, motivo por el cual resultaba
inviable un pronunciamiento sobre las pretensiones de carácter subjetivo del señor
Corredor Bustamante.
13. En el escrito de tutela, el señor Albert Yordano Corredor Bustamante sostuvo que la
sentencia del 3 de octubre de 2024 adolece de los siguientes defectos: (i) sustantivo, por
indebida interpretación y aplicación de la forma en la que se deben proveer la vacancia
absoluta de los miembros de las corporaciones públicas territoriales; y (ii)
desconocimiento del deber de declarar la elección del candidato legitimado para ser
llamado a ejercer el derecho fundamental a la oposición.
14. En cuanto al defecto sustantivo, adujo que la sentencia censurada restringió
injustificadamente la vigencia del derecho fundamental de oposición y equiparó
desacertadamente los efectos de la anulación del acto electoral y los de la no aceptación
o renuncia del titular del derecho. Explicó que debían diferenciarse estas dos
circunstancias fácticas, en la medida en que en la primera existe un sujeto que ostentaría
la titularidad legítima del derecho, debido a que la participación de la elección del
candidato previamente designado resultó inválida.
15. Con fundamento en lo anterior, aseguró que la interpretación según la cual el derecho
de oposición se extingue con la nulidad de la elección, no solo es incompatible con la
literalidad y el espíritu de la ley estatutaria, sino que también es lesiva del orden
constitucional, pues la extinción de la referida prerrogativa implicaría «privar de
representatividad los demás sectores políticos afectados».
16. También consideró que la sentencia cuestionada incurrió en un desconocimiento del
deber de declarar la elección del candidato legitimado para ser llamado a ejercer el
derecho fundamental a la oposición, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 artículo 288
del CPACA. En este punto, alegó que, aunque el artículo 288.3 ejusdem limita las
causales de anulación dispuestas en los numerales 5 y 8 del artículo 275 del mismo
compendio normativo, aquella disposición no tiene carácter restrictivo ni excluyente, es
decir, no impide la aplicación de las disposiciones generales contenidas en el referido
artículo 288, las cuales, según indicó, operan de manera subsidiaria y complementaria.
B. Trámite impartido e intervenciones
17. Mediante auto del 15 de noviembre de 20244, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela promovida por el señor Albert Yordano
Corredor Bustamante contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en calidad de
terceros con interés, vinculó a los señores Samuel Darío Castrillón Aldana, Sebastián
Castaño Mesa, Carlos Andrés Echeverri Valencia, Daniel González Gómez, Juan Carlos
Upegui Vanegas y al Consejo Nacional Electoral. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
18. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, a través del magistrado ponente de la
decisión censurada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por
considerar que no satisface el requisito de relevancia constitucional. Para el efecto,
advirtió que el accionante se limitó a cuestionar la interpretación de la Sección Quinta
sobre la forma de proveer vacantes en las corporaciones públicas cuando se declara la
nulidad de la elección de quien ha accedido a la curul en aplicación del Estatuto de
Oposición, tratando de convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso
de origen.
19. Adujo que, aunque lo anterior resultaría suficiente para desestimar la procedencia
de la acción de tutela, la demanda tampoco contiene una carga argumentativa mínima
para cuestionar la providencia del 3 de octubre de 2024.
20. En cuanto a los defectos atribuidos a la providencia, alegó que en esta la Sección
Quinta de ocupó de analizar el asunto a la luz de la ley y de la jurisprudencia aplicables
al caso, explicando que en los casos en los que queda vacante la curul que en principio
sería ocupada en virtud del Estatuto de la Oposición, lo que ocurre es que las cosas se
devuelven al estado democrático ordinario y, en tal virtud, la vacante será provista de
conformidad con el sistema constitucional de asignación o reparto (cifra repartidora).
21. Además, precisó que el medio de control de nulidad electoral tiene como objetivo
realizar un análisis de estricta legalidad del acto demandado, por lo que no resulta viable
estudiar pretensiones de tipo subjetivo, como las del señor Albert Yordano Corredor
Bustamante.
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia6, a través de la magistrada ponente de la
sentencia de primera instancia, también consideró que la acción de tutela no satisface el
requisito de relevancia constitucional, ello en la medida en que el accionante pretende
constituir una instancia adicional del proceso de origen y en tal sentido resulta
improcedente. Además, informó que, en todo caso, los motivos de fondo que invoca el
accionante fueron resueltos en la sentencia de primera instancia y en el auto del 17 de
julio de 2024, que negó una solicitud de adición.
23. También, allegó el expediente digitalizado del proceso de nulidad electoral con
radicado 05001-23-33-000-2023-01252-007.
24. El Consejo Nacional Electoral8 solicitó que se declarara la falta de legitimación en
la causa por pasiva, por considerar que la vulneración que alude el demandante no le es
atribuible.
25. Mediante auto del 5 de diciembre de 20249, el despacho sustanciador del proceso de
tutela en primera instancia vinculó, en calidad de terceros con interés, a los señores
Daniel Felipe Briceño Montes, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe Germán Ernesto Escobar
Higuera y Fabio Humberto Rivera Rivera, el Concejo de Medellín y la Registraduría
5 Samai, índice 9 del expediente de tutela de primera instancia.
6 Samai, índice 13 del expediente de tutela de primera instancia.
7 Samai, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia.
8 Samai, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia.
9 Samai, índice 16 del expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
Nacional del Estado Civil, tras advertir que también participaron en el proceso de nulidad
electoral.
26. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe10 pidió que se declarara la improcedencia
de la solicitud de amparo o que, en su defecto, se negaran las pretensiones de la
demanda. A su juicio, la parte actora pretende convertir este mecanismo constitucional
en una instancia adicional del proceso primigenio, pues esta se ha limitado a insistir en
que debe reconocérsele un derecho de carácter subjetivo, pretensión frente a la cual se
pronunció el juez de la nulidad electoral indicándole que este medio de control no estaba
previsto para analizar solicitudes de este tipo.
27. De ese modo, como el actor considera que debió reconocérsele un derecho de
carácter subjetivo, el medio de control procedente no era el de la nulidad electoral, pues
su interés trascendía la simple preservación del orden jurídico a un interés particular.
28. La Registraduría Nacional del Estado Civil11 sostuvo que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, en la medida en que la demandante pretende
convertir este mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales en uno
principal, convirtiéndolo en una tercera instancia del proceso de origen. También pidió
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los reparos expuestos
en el escrito de tutela están encaminados a cuestionar las decisiones judiciales
adoptadas en el marco del trámite de la nulidad electoral.
29. Mediante escrito radicado el 16 de enero de 202512, el apoderado del accionante
solicitó que se vinculara a la señora Camila Gaviria Barreneche, en calidad de tercera
con interés. Esto, en razón a que la señora Gaviria fue la candidata llamada por la Mesa
Directiva del Concejo Distrital de Medellín a ocupar la curul que, según él, le corresponde
por ser el titular del derecho de oposición que aquí se reclama. Además, en memorial
allegado al día siguiente, el referido profesional del derecho pidió desvincular al señor
Fabio Humberto Rivera Rivera, pues, según informó, este no actuó en nombre propio
durante el proceso de nulidad electoral, sino en calidad de presidente del Concejo
Distrital de Medellín.
30. El 20 del mismo mes y año13, las abogadas Daniela Bolívar Deossa y María Paula
Chaverra Vargas informaron que el señor Fabio Humberto Rivera Rivera actuó dentro
del proceso de nulidad electoral como Presidente del Concejo Distrital de Medellín. Sin
embargo, el señor Rivera Rivera ya no ostenta dicha calidad, actualmente, quien funge
como presidente de la Corporación es el concejal Sebastián López Valencia.
31. En auto del 12 de febrero de 202514, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia ordenó vincular como tercera con interés a la señora Camila Gaviria
Barreneche y negó la solicitud de desvinculación del señor Rivera Rivera, por considerar
que el momento procesal para proveer acerca de ello era la sentencia de primera
instancia.
10 Samai, índice 22 del expediente de tutela de primera instancia.
11 Samai, índice 23 del expediente de tutela de primera instancia.
12 Samai, índice 26 del expediente de tutela de primera instancia.
13 Samai, índice 20 del expediente de tutela de primera instancia.
14 Samai, índice 36 del expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
32. La señora Camila Gaviria Barreneche15, a través de apoderado judicial, consideró
que la acción de tutela es improcedente, porque no satisface el requisito de
subsidiariedad. A su modo de ver, el señor Corredor Bustamante no pidió la nulidad del
formulario E-26 CON del 4 de noviembre de 2023, en lo concerniente la forma en que se
debía proveer la vacancia por falta absoluta de Juan Carlos Upegui, por lo que no podía
pretender introducir por medio de la acción de amparo una pretensión que no expuso en
el proceso de origen. Adicionalmente, estimó que tampoco se configura el defecto
sustantivo invocado por el demandante, pues la conclusión de la Sección Quinta en la
sentencia cuestionada sobre la forma en la que deben proveerse las curules en vacancia
definitiva se ciñó a la interpretación pacífica y reiterada que ha realizado la doctrina del
CNE y la jurisprudencia del propio Consejo de Estado al respecto.
33. En auto del 19 de marzo de 202516, el despacho sustanciador del proceso en primera
instancia ordenó a la Secretaría General notificar a la parte demandante todas las
actuaciones proferidas dentro de este trámite constitucional a los correos señalados en
la demanda tuitiva.
34. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
demanda.
35. Mediante escrito radicado el 23 de octubre del año en curso, el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para conocer el presente asunto, por amistad
íntima con el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta
de esta Corporación y suscriptor de la sentencia de segunda instancia aquí cuestionada.
C. Fallo impugnado
36. En sentencia del 23 de mayo de 202517, la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no
satisface el requisito de relevancia constitucional.
37. Para fundamentar su decisión, el fallador de primer grado indicó que los argumentos
expuestos en la petición de amparo fueron reiterados por el accionante a lo largo del
proceso de nulidad electoral. En concreto, en la solicitud de aclaración y en el recurso de
apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia y, por ello, la Sección
Quinta de esta Corporación en la providencia cuestionada se ocupó de desestimar
razonablemente su postura, indicándole cuál es la forma de proveer las curules cuando
se produce la vacancia definitiva de aquella ocupada por el titular del derecho personal
de oposición.
38. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la parte demandante pretende que se
emita un nuevo pronunciamiento sobre la forma en que considera que debe proveerse la
curul que ocupaba el señor Upegui Vanegas, luego de la nulidad de su elección. Tal
circunstancia, a su juicio, da cuenta de que la acción de tutela se está utilizando como
una instancia adicional para reabrir el debate que ya tuvo lugar en el proceso de nulidad
electoral.
15 Samai, índices 43 y 44 del expediente de tutela de primera instancia.
16 Samai, índice 47 del expediente de tutela de primera instancia.
17 Samai, índice 57 de expediente de tutela de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
D. Impugnación
39. En la impugnación, el señor Albert Yordano Corredor Bustamante sostuvo que la
sentencia de primera instancia desconoció el verdadero alcance de la acción de tutela
contra providencias judiciales, al limitarse a invocar la existencia de un pronunciamiento
previo del juez natural sin realizar un examen sustancial del asunto desde una
perspectiva constitucional. Asimismo, afirmó que la petición de amparo no buscaba
reabrir el debate electoral, sino cuestionar si una autoridad judicial puede extinguir un
derecho fundamental —el de oposición política— sin respaldo constitucional o estatutario
expreso.
40. De otro lado, insistió en que la providencia censurada adolece de un defecto
sustantivo, pues al interpretar que la nulidad del acto de designación de la curul de
oposición implicaba la desaparición del derecho, desconoció que ni el artículo 112 de la
Constitución ni la Ley Estatutaria 1909 de 2018 contemplan esa consecuencia. En su
criterio, la nulidad solo afecta al acto administrativo, pero no el derecho de oposición, que
tiene un origen autónomo en los resultados electorales.
41. Adujo, además, que la referida decisión vulnera el principio de pluralismo político y la
representación institucional de la oposición, pues sustituyó la voluntad popular para
aplicar indebidamente el sistema de cifra repartidora a una curul derivada de una elección
uninominal. Reiteró que ante la nulidad del acto de designación, el juez debió reasignar
la curul al candidato a la alcaldía que siguiera en votos y cumpliera los requisitos de
elegibilidad, en lugar de extinguir el derecho.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
42. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez
43. Previo a pronunciarse respecto de la solicitud de amparo, la Sala estima necesario
referirse al impedimento manifestado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez,
quien informó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el
también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de
esta Corporación y suscriptor de la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de
presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el
acompañamiento mutuo y permanente «en momentos significativos de [sus] vidas (logros
e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal:
«que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial».
44. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.
45. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CPP,
dispone:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
46. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del CPP. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia que se
requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará fundado el
impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.
G. Problema jurídico
47. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 23
de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación, que declaró improcedente la petición de amparo, por considerar que no
satisface el requisito de relevancia constitucional.
H. Análisis de la Sala
Incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
48. De entrada, la Sala advierte que, tal como lo planteó el juez de tutela de primera
instancia, la solicitud de amparo que se analiza no satisface el requisito de relevancia
constitucional y, por ende, se confirmará la sentencia impugnada.
49. En efecto, como acertadamente lo consideró el a quo, la presente acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque el debate que propone el
demandante ya fue objeto de pronunciamiento judicial por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que es el órgano de cierre especializado asuntos electorales. Dicha
Sección, mediante la sentencia aquí cuestionada, explicó cuál es la forma de proveer las
curules que, en principio, serían ocupadas en virtud del derecho personal de oposición,
pero que quedaron vacantes de manera definitiva.
50. Pese a que en la impugnación el señor Corredor Bustamante se opuso a la decisión
de primera instancia, bajo el argumento de que no es posible predicar la falta de
relevancia constitucional por la existencia previa de un pronunciamiento sobre el asunto,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
lo cierto es que las razones en las que fundó su reproche son alegatos de estricta
legalidad, los cuales ya fueron resueltos en el proceso de origen.
51. Al respecto, lo primero que se destaca es que, en la providencia aquí censurada, la
Sección Quinta empezó por explicarle al hoy accionante que el medio de control de
nulidad electoral es de naturaleza objetiva; es decir, que el juicio que allí se realiza recae
sobre la estricta legalidad del acto de elección demandado. Por lo tanto, resultaba
inviable estudiar y, menos aún, acceder a su pretensión de ser llamado a ocupar la curul,
por ser una petición de carácter subjetivo.
52. No obstante, indicó que la forma en la que debía proveerse la curul, luego de la
nulidad del acto de elección del señor Juan Carlos Upegui Vanegas, como concejal del
Distrito de Medellín, estaba prevista en el artículo 63 de la Ley 136 de 1994, el cual
dispone que, dentro de los tres días siguientes a la declaratoria de vacancia absoluta, el
presidente del Concejo llamará a los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden
de inscripción sucesiva y descendente, para que tomen posesión del cargo vacante
correspondiente.
53. Explicó que resultaba improcedente acoger la tesis del demandante, en la medida en
que cuando el derecho a ocupar la curul del Estatuto de la Oposición no nace o se
extingue, se debe volver al cauce democrático normal u ordinario, es decir, el escaño
adicional no será provisto y en las corporaciones públicas locales deberá entregarse a
quien, en condiciones normales, hubiera sido el elegido por voto popular directo, de
conformidad con la aplicación del sistema constitucional de asignación o reparto, que
actualmente corresponde al de la cifra repartidora. Esto, por cuanto en las entidades
territoriales no existe una curul agregada para tal efecto, como sí acontece para el
Senado de la República y la Cámara de Representantes.
54. Por otro lado, adujo que en lo referente a la aplicación el numeral 2 del artículo 288
del CPACA se advierte que la consecuencia de la anulación del acto allí prevista solo
procede en los casos en que la causal de nulidad que prospere sea la del numeral 1 del
artículo 275 de la misma codificación (se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre
los nominadores, los electores o las autoridades electorales); mientras que para los
eventos de inhabilidades el supuesto aplicable es el numeral 3 de dicha norma, que
dispone la nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la
respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.
55. En consecuencia, la falta de relevancia del presente asunto no se configura por el
simple hecho de que exista un pronunciamiento previo, sino porque este resulta
suficiente, coherente con lo debatido en el proceso de nulidad electoral y absolutamente
razonable desde el punto de vista constitucional.
56. Partiendo de que existe una decisión dictada por el órgano de cierre en asuntos
electorales, en la que se abordaron de manera íntegra los cargos del recurso de
apelación del señor Corredor Bustamante, y se le explicaron detalladamente las razones
por las cuales se desestimó su postura, la insistencia en el mismo asunto entenderse
sino como una reiteración del debate, que no trasciende a la esfera de los derechos
fundamentales, pues se limita a replantear la cuestión relativa a la forma en la que deben
proveerse los cargos que, en principio, serían ocupados en aplicación del Estatuto de
Oposición, ante la falta definitiva del titular del derecho personal de oposición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
57. Resulta, pues, evidente que con la presente acción de tutela el señor Corredor
Bustamante pretende simplemente imponer su visión del litigio y su propia interpretación
sobre el derecho personal de oposición y la forma en la que debe proveerse la curul que
quedó vacante tras la declaratoria de nulidad del acto de elección de Juan Carlos Upegui
Vanegas.
58. En definitiva, el señor Corredor Bustamante desconoce que la autoridad judicial
accionada desestimó de forma directa, suficiente, coherente y razonable su postura y
que, además, le advirtió que su pretensión no estaba llamada a prosperar, toda vez que
el medio de control de nulidad electoral no está previsto para acceder a reclamaciones
de carácter subjetivo.
59. La Sala insiste que en el caso en concreto lo que existe es un desacuerdo de la parte
accionante con la interpretación y alcance que le otorgó la Sección Quinta de esta
Corporación a los efectos de la nulidad del acto de elección en relación con el derecho
personal de oposición, sin que esa disparidad de criterios en torno a los elementos
debatidos constituya una razón suficiente para que el juez de tutela se pronuncie
nuevamente respecto del fondo del asunto.
60. Este instrumento constitucional, se insiste, no constituye una instancia adicional del
proceso primigenio, en la que la parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la
demanda está desprovista de razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar
por superado el requisito de relevancia constitucional o si, como aquí ocurre, el asunto
fue definido por una alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la propia Corte Constitucional
ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales18, circunstancias que en este caso no se advierten a simple vista.
61. Conviene precisar que, en sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales19. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
18 Ver, entre muchas otras, la SU-573 de 2017.
19 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06142-01
Demandante: Albert Yordano Corredor Bustamante
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales20. (Se destaca).
58. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y que
sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de la
providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa con
los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser desconocidos
por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala confirmará el fallo impugnado,
en tanto declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Albert
Yordano Corredor Bustamante por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
62. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado
del conocimiento de la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Confirmar la sentencia proferida el 23 de mayo de 2025 por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.