Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04910-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04910-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04910-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-01
Accionante: Juan Daniel Oviedo Arango
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Inhabilidad por celebración de
contratos / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de
relevancia constitucional. Reproches tienen como fin emplear la tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 8 de agosto de 2025 el señor Juan Daniel Oviedo Arango, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y participación política de las minorías y de oposición1.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 26 de junio del año en curso2,
emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 que instauró el señor Luis Humberto
Guidales García en su contra, encaminado a obtener la anulación de su designación
como concejal de Bogotá D. C.4 para el período 2024-2027, por suscribir dentro de
los doce meses anteriores a las elecciones del 29 de octubre de 20235 un contrato
de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías, lo que involucraba la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 6 de la Ley 136 de 1994,
1 También invocó la protección de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
2 Objeto de solicitud de aclaración y adición, la cual fue negada con auto de 17 de julio de 2025.
3 Expediente 25000-23-41-000-2024-00284-01.
4 En virtud de los artículos 112 Superior y 25 de la Ley 1909 de 2018.
5 Se inscribió como candidato a la alcaldía de Bogotá por el grupo significativo de ciudadanos Con Toda por
Bogotá.
6 “INHABILIDADES
PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado
alcalde municipal o distrital:
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modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, y, por ende, la causal de
anulación electoral consagrada en el numeral 5 del artículo 2757 del CPACA.
3.
En la providencia acusada se confirmó8 la decisión judicial de 6 de febrero de
2025 9 , mediante la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de elección acusado. Se
precisó que si bien en la demanda se invocó una causal de inhabilidad dirigida a los
alcaldes, lo cierto es que la controversia giraba en torno a la designación del tutelante
como concejal, lo cual quedó definido en la fijación del litigio en primera instancia,
sin que hubiere sido objeto de reproche. Además, la causal analizada por el Tribunal
(numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994) y la establecida en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 guardan identidad en su contenido y alcance
(celebración de contratos), por ende, no hubo extralimitación del juez de primer
grado.
4.
Dilucidado lo anterior, determinó que se abordaría el análisis de la causal
inhabilitante de que trata el artículo 43 (numeral 3) de la Ley 136 de 1994, en cuanto
el elemento modal, de propósito o subjetivo, esto es, que la celebración del contrato
se hubiese realizado en interés propio o de terceros, pues los demás aspectos no
fueron objeto de reproche y se hallaron acreditados10. En esa medida, se indicó que
de las obligaciones y acuerdos establecidos por las partes frente al contrato de
arrendamiento de un inmueble ubicado en Bogotá11 celebrado por el tutelante, en
calidad de arrendador, con el Fondo Nacional de Garantías, como arrendatario, tiene
un carácter oneroso y conmutativo, toda vez que implica contraprestaciones mutuas,
de lo que se concluye que el contrato fue suscrito en interés de ambos contratantes.
5.
La parte actora afirmó que se configuró violación directa de la Constitución y
defectos procedimental y sustantivo. A su juicio, se le impone una carga mayor y
desproporcionada a los representantes de las minorías que acceden a una curul
personal de oposición, en virtud del artículo 112 de la Constitución Política.
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o
de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien
dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud
en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
7 “CAUSALES
DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales
de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.
8 El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez presentó salvamento de voto, al considerar que el
régimen de inhabilidades previsto para los concejales no podía ser aplicado al demandado. Solo podía realizarse
el análisis conforme al régimen del cargo al que se inscribió, esto es, al de alcalde. Ello, por cuanto el acceso a
la curul fue una materialización del derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Carta Política.
9 Frente a la cual se presentó solicitud de adición y aclaración, negadas con auto de 27 de febrero de 2025.
10 El tutelante suscribió el contrato de arrendamiento de bien inmueble 2023400034 con el Fondo Nacional de
Garantías (elemento objetivo o material) el 20 de junio de 2023, con un plazo de ejecución que estaba pactado
hasta el 31 de diciembre de 2024, esto es dentro del período inhabilitante (elemento temporal) y que se ejecutó
en la ciudad de Bogotá (elemento territorial).
11 Calle 26 A No. 13-97, oficina 1102.
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6.
No es viable aplicarle a un electo y a un declarado por derecho personal las
mismas condiciones y restricciones, dado que representan derechos diferentes y
tienen finalidades distintas en la democracia, que en el caso del derecho de oposición
es un prerrogativa de especial atención para garantizar control político, el respeto de
las ideas disímiles con el gobierno, la participación de las minorías opositoras y el
equilibrio de poderes.
7.
Por consiguiente, las inhabilidades de la Ley 136 de 1994, modificadas por la Ley
617 de 2000, no se avienen a su caso, porque son un régimen de restricción para
acceder a cargos de elección popular que enuncia las causales de manera taxativa
y son consagradas para un elegido por la voluntad general y no para un declarado
por un derecho personal que tiene su razón de ser en la eficacia del voto y las fuerzas
políticas derrotadas. Tanto así que en la Ley 1909 de 2018 se consagraron
inhabilidades para las personas que ejercen el derecho de oposición, como por
ejemplo en el artículo 29.
8.
No se tuvo en cuenta que en la demanda ordinaria se invocó una causal de
inhabilidad para alcaldes (numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994) y el juez
de primera instancia fijó el litigio con base en aquella. Tal causal es una restricción
para acceder al cargo de alcalde, el cual no es su condición, dado que fue declarado
concejal. Por tanto, no se podía extender esta, como lo hizo la autoridad judicial
accionada, para otras situaciones, que conlleven la aplicación de una restricción de
derechos políticos, a circunstancias no previstas por el legislador, ni citar normas que
el demandante en sede ordinaria no mencionó, como lo es una causal de inhabilidad
dirigida a los concejales, para acceder a la anulación pretendida. Ello implicó
desconocimiento de la fijación del litigio, el principio de congruencia, el carácter
rogado de la jurisdicción contencioso-administrativa, el debido proceso y el derecho
de defensa y contradicción.
9.
Por otro lado, advirtió que no hay una línea jurisprudencial ni precedente sobre la
materia, pues se acogieron los argumentos de las sentencias emitidas en los
procesos 2019-00173-01 y 2023-01252-01, pero omitieron analizar otras
providencias, como la dictada en el proceso 2019-00805-0112, la cual indica que
aplica el régimen de inhabilidades del momento de la inscripción.
10.
Por tanto, como no hay decisiones pacíficas sobre el régimen de inhabilidades
aplicables, debió zanjarse el litigio conforme al principio pro homine, es decir, optar
por la interpretación menos restrictiva de sus derechos fundamentales.
11.
Por otra parte, señaló que la inhabilidad sobre intervención en gestión de negocios
o celebración de contratos no surge con contratos de cualquier naturaleza, pues se
debe verificar su potencialidad y probabilidad real en la eventual ventaja frente a los
12 Sentencia de 3 de junio de 2021, expediente 08001-23-33-000-2019-00805-01, C. P. Rocío Araújo Oñate.
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contendores, así como la influencia de ello en los ciudadanos, circunstancias que no
fueron examinadas en el sub lite.
12.
Lo anterior, por cuanto el bien sobre el cual versa el contrato es una propiedad de
una entidad bancaria, por tanto, no se puede establecer que el negocio haya
beneficiado o dado una ventaja e influenciado el voto de los ciudadanos en
determinado sentido, es decir, no se afectó la igualdad entre los contendores ni se
usaron los recursos para desequilibrar el certamen electoral, máxime cuando el
inmueble se destinó para centralizar el archivo de gestión de la entidad en un solo
lugar y optimizar los espacios de la sede principal y la sede casa archivo para la
adecuación de puestos de trabajo para los nuevos funcionarios.
13.
Por ende, el contrato, al tener como causa y finalidad una actividad privada,
común, corriente y cotidiana, como lo es arrendar un bien inmueble, carece de la
potencialidad o capacidad de desnaturalizar o desconocer, por las normas de
inhabilidades previstas en una ley ordinaria, su derecho y la especial representación
que ejerce de las minorías.
14.
En conclusión, (i) se les impuso a los candidatos que ejercen el derecho a la curul
personal de oposición, un régimen de acceso a cargos públicos mayor que el de las
mayorías y el que resultó electo, al tener que cumplir con dos regímenes de
inhabilidades; (ii) la causal de inhabilidad alegada en el proceso no le era aplicable
pues estaba dirigida a los alcaldes, cargo que él no ejerce; (iii) se acogió en el asunto
una causal de inhabilidades de concejales la cual no fue invocada ni fijada en el
litigio; (iv) no existía criterio jurisprudencial pacífico sobre el régimen de inhabilidades
a aplicar en una controversia como la suya; y (v) no se probó que hubo algún
beneficio ni afectación a la contienda electoral con el contrato celebrado y, en todo
caso, el Fondo Nacional de Garantías S. A. ofrece un servicio en igualdad de
condiciones a todos los ciudadanos, por lo que estos y los que se deriven de ellos
están excluidos del régimen de inhabilidad para acceder a cargos públicos y es una
actividad regida por el derecho privado.
B. Sentencia de primera instancia
15.
Mediante sentencia de 28 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no satisfacer el presupuesto
de relevancia constitucional. Se sostuvo que la controversia que proponía el actor
implicaba la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual
se pretende constituir una instancia adicional.
16.
Estimó que en la decisión cuestionada se realizó un análisis de la situación fáctica
y jurídica, del que se concluyó que se había configurado la causal de inhabilidad
contenida en los numerales 3 del artículo 43 y 3 del artículo 95 de la Ley 136 de
1994, por la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de
terceros dentro del año anterior a la elección. Ello, por cuanto el actor celebró un
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contrato con una entidad pública dentro del término de la prohibición y la disposición
invocada como causal de nulidad estaba relacionada con la designación del cargo,
lo cual fue dilucidado en la providencia.
17.
En suma, se advierte el planteamiento de una divergencia que obedece a la
interpretación dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso,
en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a esta acción el
carácter de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
C. La impugnación
18.
La parte actora adujo que este asunto reviste de relevancia constitucional, por
cuanto ataca una decisión judicial arbitraria. Se explicó que una curul del estatuto de
la oposición, reconocida en la Constitución como un derecho de minorías y de la
eficacia del voto, no debe tener más exigencias o restricciones que para ocupar un
cargo por elección popular. Además, se debe tener en cuenta que no ostentó el cargo
de alcalde y las inhabilidades de concejales no fueron alegadas en el proceso por el
allí demandante.
19.
Aclaró que, aunque se mencionaron temas atinentes al debate de legalidad, no
tenían como fin abrir una nueva deliberación, sino evidenciar las arbitrariedades e
ilegitimidad en las que incurrió la autoridad judicial accionada.
20.
No es factible que en el fallo impugnado se cite la sentencia controvertida y se
concluya que se habían resuelto los cuestionamientos planteados en la solicitud de
amparo, pues no comportan un simple desacuerdo, al involucrar la afectación de un
derecho contenido en el artículo 112 de la Constitución Política, por cuanto a los
candidatos beneficiarios de esta prerrogativa, como él, la autoridad judicial les
impone mayores cargas y restricciones de manera desigual.
21.
En ese sentido, anotó que el juez de tutela de primer grado desconoció la
relevancia constitucional y fundamental de los derechos de oposición y de las
minorías y el objeto debatido en cuanto al régimen de inhabilidades, pues no se trató
de un debate meramente legal, sino que se indicó la especial protección y el trato
discriminatorio que tiene sobre el grupo derrotado por las fuerzas políticas y las
mayorías. Asimismo, concluyó que como la autoridad judicial accionada había
resuelto las falencias que aquí exponía, no se podía atribuir arbitrariedad alguna
conforme al principio de autonomía judicial, lo cual omite que con independencia de
esto, lo hizo desconociendo el derecho constitucional.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
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22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199113.
F. Cuestión previa: Impedimento
23.
A través de escrito del 6 de noviembre de 2025 el consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez manifestó estar incurso en la causal de impedimento contenida en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual indicó lo
siguiente:
«(…) la providencia del 26 de junio de 2025, dictada por la Sección Quinta de esta
Corporación, fue suscrita por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, con quien
mantengo una amistad estrecha desde hace ocho años aproximadamente. Este vínculo
se ha forjado a partir de innumerables espacios académicos y personales, en el marco
de los cuales: (i) conozco de manera cercana a su familia (esposa e hijo) y él a la mía, (ii)
nos hemos acompañado en momentos significativos de nuestras vidas (logros e
infortunios personales), (iii) mantenemos una comunicación abierta y constante, (iv) nos
visitamos frecuentemente, incluso en nuestras viviendas y (v) guardamos un profundo
respeto mutuo..».
24.
Revisado el escrito de tutela y los documentos allegados a este trámite
constitucional, se constata que el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en efecto, suscribió la providencia
cuestionada. Además, el magistrado Pardo Flórez explicó de forma clara y concreta
que desde hace 8 años mantiene con aquel una amistad íntima, que se exterioriza
en situaciones como el hecho de conocer de manera cercana a su familia, haberse
acompañado en diferentes momentos de sus vidas, la constante comunicación entre
ambos y las visitas frecuentes en sus hogares, todo lo cual los lleva a guardarse un
profundo respeto mutuo. Lo anterior permite concluir que su imparcialidad puede
verse afectada para decidir la acción de tutela de la referencia, por lo que se
declarará fundado el impedimento manifestado.
G. Análisis del caso concreto
25.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por la parte actora sea
suficiente para dar por satisfecha la exigencia de relevancia constitucional, por
cuanto involucran reproches que denotan una inconformidad con la decisión judicial
acusada, lo que implica que se pretenda emplear esta acción como una instancia
adicional al proceso ordinario, motivo por el cual se confirmará la sentencia
impugnada.
26.
Para que se habilite el examen de validez de la decisión judicial censurada, se
debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se
13 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
discrepancia con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de
censura. Como lo anotó el a quo, pretende emplear esta acción como una instancia
adicional del medio de control de nulidad electoral, con la finalidad de reabrir el
debate jurídico ya definido por el juez natural de la causa.
27.
Además, aunque la parte actora invocó las causales específicas de procedibilidad
de violación de la Constitución y defectos procedimental y sustantivo, no explicó de
qué modo las falencias alegadas se enmarcaban en dichas causales, pues desarrolla
una sustentación propia de un mecanismo de impugnación para cuyo fin no fue
instituida la tutela. En ese sentido, no se motivó cómo se desconocieron preceptos
constitucionales ni por qué se consideró que se surtió de manera irregular el trámite
en el proceso ordinario, así como tampoco la inaplicación o indebida aplicación
normativa alegada. Por el contrario, la argumentación se dirigió a que se acogiera la
tesis que pregona sobre la manera de solucionar la controversia electoral suscitada
en su contra, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que lo hizo la
autoridad judicial accionada.
28.
La Sala advierte que los reproches expuestos en la solicitud de amparo y en el
escrito de impugnación fueron planteados en el recurso de apelación que interpuso
el tutelante contra el fallo de primera instancia. Para tal efecto, el actor en dicho
memorial condensó sus reparos en tres capítulos, a saber: (i) sobre la extralimitación
del juzgador entre lo pedido, la fijación del litigio y lo resuelto; (ii) sobre el régimen de
inhabilidad de alcalde y el carácter más restrictivo de un representante de minorías;
y (iii) sobre los requisitos de la causal de inhabilidad. Estos reproches fueron
abordados por la autoridad judicial accionada, sin que se advierta algún tipo de
arbitrariedad en dicho ejercicio judicial, máxime cuando el accionante no despliega
argumentación alguna tendiente a desvirtuar desde el plano constitucional las
conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa.
29.
Sobre el particular, se tiene que en lo referente a que se le impuso una mayor
carga al haber accedido a una curul en ejercicio del derecho personal consagrado
en el artículo 112 Superior, porque debe cumplir los dos regímenes de inhabilidades
(el de alcalde y concejal), la autoridad judicial accionada determinó que “el acceso al
cargo a través de la prerrogativa personal que otorga el estatuto de la oposición debe
estar liberado de cualquier situación irregular que pueda afectar la aspiración del
candidato al igual que la designación al cargo que emerge del hecho de quedar como
segundo en la votación de quien resultó electo”.
30.
En ese sentido, definió que una de las reglas respecto al régimen de inhabilidades
aplicable al caso de quienes acceder a la curul al aceptar la prerrogativa de que trata
el artículo 112 Superior, consiste en que “quien se inscriba para un cargo uninominal
no puede incurrir ni en las inhabilidades del cargo al que se inscribe ni en las del que
podría ocupar con ocasión del derecho personal establecido en el artículo 112 de la
Constitución”.
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31.
Para la Sala dicha conclusión no implica una mayor carga o restricción para el
ejercicio del derecho político, sino que se sustenta en el respeto a las inhabilidades
establecidas para los cargos en los que se podría designar al postulante, pues si no
es elegido por la mayoría popular en el cargo uninominal al que se inscribió, pero
queda en el segundo lugar en las votaciones, podría acceder, si a bien lo tiene, a
una curul en la respectiva Corporación.
32.
Con base en esto, el juez natural adujo que cuando el tutelante “se inscribió como
candidato para ser alcalde de Bogotá D.C., esto es, a un cargo uninominal, tuvo
conocimiento pleno de la existencia del eventual derecho personal consistente en
que si quedaba en segundo lugar en votaciones tendría la opción de ocupar una
curul en la corporación pública correspondiente, circunstancia que abrió para aquel
la posibilidad de incurrir en las inhabilidades del cargo al que se inscribió (alcalde) o
en las del que podría ocupar con ocasión del derecho personal establecido en el
artículo 112 de la Constitución (concejal)”.
33.
Por consiguiente, esa circunstancia “no puede ser entendida como una carga
excesiva o contraria a los derechos de los elegidos o designados que desconozca o
contraríe la condición del designado concejal, sino como una condición propia del
mecanismo por el cual accedió a la curul, que no es otro que la prerrogativa derivada
del resultado electoral que materializa la voluntad de la ciudadanía en el ejercicio
legítimo del derecho a elegir y, por tanto, los reparos de apelación que se plantearon
en este sentido no están llamados a prosperar”.
34.
En cuanto a que las inhabilidades de que trata la Ley 136 de 1994 no se avienen
a su caso por contemplarlas para cargos de elección popular y él accedió a la curul
en virtud del artículo 112 de la Constitución Política, el juez natural precisó que “el
origen de la designación en virtud de esta prerrogativa es de carácter popular, lo que
ocurre es que no se surte por la vía del coto directo sino de forma indirecta”. Es decir,
el hecho de que el accionante no comparta la interpretación acogida por la autoridad
judicial sobre la aplicación de las inhabilidades contempladas en la mencionada Ley,
no implica afectación de derechos fundamentales, máxime cuando se explicó la
razón de acudir a dicha normativa.
35.
En lo relativo a que se invocó en la demanda ordinaria una causal de inhabilidad
que no le era aplicable, al estar dirigida a los alcaldes, y se anuló su acto como
concejal con base en una norma que no fue citada por el allí demandante, se aclaró
que “si bien la disposición invocada en la demanda y que sirvió como sustento del
análisis de la inhabilidad que estudió el tribunal para resolver el caso, se refiere a las
inhabilidades aplicables a los alcaldes, lo cierto es que la controversia que se
buscaba desatar, claramente, es la relacionada con la designación del accionado
como concejal de Bogotá D.C., así quedó definido en la fijación del litigio que realizó
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”. Además, “la causal analizada por el
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tribunal y la que el legislador estableció en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, guardan identidad en su contenido y alcance”.
36.
Por lo anterior, coligió que “no le asiste razón al apelante cuando alega la
extralimitación del juez de primer grado al referir el régimen de inhabilidades de
concejales, el cual [...] es el que resulta aplicable en este caso. Además, no se pierde
de vista que el derecho de defensa se ejerció sobre el mismo contenido material de
la causal, la cual, como se anotó, posee una identidad textual o literal, tanto para
alcalde como para concejal, en lo que respecta a la celebración de contratos. De
igual forma, en la fijación del litigio se señaló que la cuestión jurídica se estudiaría a
partir de la elección como concejal del accionado”.
37.
Respecto de que no existía un criterio jurisprudencial uniforme sobre la materia,
se evidencia que el tutelante adujo que se aplicó de manera preferente el criterio
acogido en dos sentencias emitidas por la autoridad judicial accionada, pese a la
existencia de otra providencia, que indicaba que se debe aplicar el régimen de
inhabilidades al momento de la inscripción.
38.
Sobre el particular, cabe anotar que el actor no expuso la similitud de la situación
fáctica zanjada en la providencia que alega inobservada ni en concreto cómo se
aplicaba a su caso el criterio jurisprudencial al que hacía referencia. Es decir, tal
reproche carece de una suficiente carga argumentativa que le permita al juez de
tutela pronunciarse al respecto. En todo caso, la autoridad judicial accionada citó los
apartes jurisprudenciales de las sentencias que invocó, en cuanto a que se deben
tener en cuenta las prohibiciones previstas en la norma para aspirar tanto al cargo
uninominal al que se inscribe, como al de la curul de la Corporación en la que,
eventualmente, podría ser designado14. Por tanto, el demandado al haber aceptado
la curul se acogió al régimen jurídico aplicable para ese cargo15.
39.
Por último, en lo que atañe a que con el contrato de arrendamiento celebrado no
se generó una ventaja en la contienda electoral, la autoridad judicial evidenció que,
conforme a la naturaleza de las obligaciones y acuerdos establecidos por las partes,
estas tenían un carácter oneroso y conmutativo, pues implicaban contraprestaciones
mutuales, de lo que se concluía que el contrato fue suscrito en interés de ambos
contratantes.
40.
La acreditación de la anterior situación para el juez natural del asunto implicaba
que no fuera necesario establecer si “con la celebración del contrato, se produjo un
desequilibrio entre los aspirantes o que no hayan usado recursos públicos para el
efecto, porque la sola existencia del vínculo contractual del demandado con una
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de diciembre de 2020, expediente 44001-23-33-000-
2019-00173-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de octubre del 2024, expediente 05001-23-33-000-2023-
01252-01, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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entidad del Estado supone una ventaja que afecta el principio de igualdad en la
contienda electoral”.
41.
En esa medida, aunque el tutelante alegue que no se tuvo en cuenta que el
contrato de arrendamiento celebrado no generó una ventaja en la contienda
electoral, lo cierto es que tal aspecto no fue examinado por la autoridad judicial
accionada, por cuanto resultaba suficiente que lo haya celebrado el tutelante en
interés propio, por tanto, tal omisión carece de la potencialidad de modificar la
decisión judicial atacada.
42.
Para la Sala las conclusiones a las que arribó la Sección Quinta de esta
Corporación no denotan arbitrariedad alguna, por el contrario, contaron con la debida
sustentación, en razón a que explicó la manera como aplicaría el régimen de
inhabilidades que regulaba el cargo ejercido por el tutelante, así como la
configuración del elemento subjetivo de la causal de inhabilidad examinada, y citó la
jurisprudencia en que soportó su decisión. Es decir, no impactan de manera negativa
los derechos fundamentales del tutelante, en razón a que corresponden a
apreciaciones de una autoridad judicial que no vislumbran algún tipo de arbitrariedad
o capricho, sino que materializan el principio de autonomía judicial. Por lo que no es
dable que en sede de tutela se le imponga a la autoridad accionada criterio jurídico
alguno.
43.
En este punto, cabe anotar que la tutela no puede ser empleada como una
instancia adicional al proceso de nulidad electoral, con el objeto de reabrir el debate
jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa e imponerle la tesis que defiende
la parte actora, cuando no se comprobó que las conclusiones de la autoridad judicial
involucraran arbitrariedad alguna. Tal actuación escapa de la órbita de competencia
para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez
natural de la controversia.
44.
Por tanto, el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la controversia
como lo pretendía el tutelante, no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial
para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no
comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se requiere para
conceder el amparo reclamado, máxime cuando se cuestiona la decisión de una
corte de cierre a la que constitucionalmente le corresponde fijar las pautas
interpretativas en los asuntos de su competencia.
45.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional.
46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04910-01
Accionante: Juan Daniel Oviedo Arango
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez, por los motivos señalados. Como consecuencia,
queda separado del conocimiento de esta acción de tutela.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
16 VF
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