Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-01243-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-01243-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-01243-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2023-01243-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de enero de 2025
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01243-01 (acumulado)
05001-23-33-000-2023-01236-01
05001-23-33-000-2024-00013-01
Solicitante: VEEDURÍA CIUDADANA TRANSPARENCIA
ELECTORAL Y OTROS
Concejal acusado: JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS
Tesis: Hay lugar a declarar de oficio la excepción
de cosa juzgada frente al elemento
objetivo de la causal de pérdida de
investidura, cuando por la misma conducta
se promovió un proceso de nulidad
electoral en el que se profirió sentencia
que está ejecutoriada.
Incurre en causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de
inhabilidades, el concejal cuyo pariente en
primer grado de consanguinidad ejerció
autoridad administrativa dentro de los 12
meses anteriores a la elección, sin que la
conducta esté justificada en la buena fe
calificada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el concejal acusado
en contra de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la desinvestidura del
señor Juan Carlos Upegui Vanegas, como concejal de Medellín, período
constitucional 2024-2027.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada en los procesos
2023 01243, 2023 01236 y 2024 000131
La Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral (expediente nro. 2023
01243), Andrés Felipe Rodríguez Puerta (expediente nro. 2023 01236) y
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe (expediente nro. 2024 00013) solicitaron
que se decretara la pérdida de investidura del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas, elegido concejal del Municipio de Medellín, período
constitucional 2024-2027, por considerar que incurrió en la causal de
pérdida prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
esto es, por violación al régimen de inhabilidades, en concordancia con la
inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de
2000.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada en los
procesos 2023 01243, 2023 01236 y 2024 000132
1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
La parte actora informó que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas se
inscribió como candidato al cargo de alcalde de Medellín para el período
constitucional 2024 – 2027.
Agregó que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas es hijo del señor Carlos
Alberto Upegui Mejía, por lo que existe un vínculo de parentesco en el
primer grado de consanguinidad.
Expuso que, mediante la Resolución nro. 202350049804 del 21 de junio de
2023 proferida por el Secretario de Educación del Distrito de Medellín, se
encargó al señor Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del acusado, como
rector de la Institución Educativa Pública denominada “San Lorenzo de
Aburrá”.
Explicó que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas ocupó el segundo lugar
en la elección para la alcaldía de Medellín por lo que obtuvo el derecho de
ocupar una curul en el concejo, acorde con el artículo 112 de la Constitución
Política.
Afirmó que “el día 4 de noviembre de 2023, fecha de la emisión del
formulario E-26 CON suscrito por la Comisión Escrutadora delegada por el
Consejo Nacional Electoral, el demandado manifestó por escrito la decisión
de aceptar la curul al Concejo de Medellín, la cual fue asignada dando
aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de 2018”.
Citó la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado para
señalar que los rectores de instituciones educativas públicas ejercen
autoridad administrativa y, con fundamento en ello, aseguró que el padre
del acusado ejerció autoridad administrativa en el municipio donde aquel
resultó elegido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
Precisó que “la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, se encuentra
adscrita a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, es decir, en
el mismo municipio que resultó elegido el demandado, siendo un
establecimiento educativo de naturaleza pública de carácter distrital, con
autonomía administrativa y con patrimonio independiente”.
Frente a la configuración del elemento subjetivo, alegó que “la revisión de
los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo para el cual
se aspira es una obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, de modo que el
desconocimiento de dichos requisitos y de las inhabilidades no lo exime de
responsabilidad”.
1.3.- Contestación del concejal Juan Carlos Upegui Vanegas en los
procesos 2023 01243, 2023 01236 y 2024 000133
El concejal, actuando por conducto de apoderado, manifestó que sí era hijo
del señor Carlos Alberto Upegui Mejía y agregó que “en efecto, el día 4 de
noviembre de 2023, fecha de la emisión del formulario E-26 CON suscrito
por la Comisión Escrutadora delegada por el Consejo Nacional Electoral, mi
representado manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul al Concejo
de Medellín, la cual fue asignada en razón a la aplicación al artículo 25 de
la Ley 1909 de 2018; este hecho demuestra a su vez, que la credencial NO
se otorgó por haber sido candidato y haber obtenido los votos para integrar
la duma distrital”.
3 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
Alegó que la inhabilidad invocada no era aplicable al caso porque el acusado
“fue designado -mas no elegido- como concejal del Distrito Especial de
Medellín, [por] la protección Constitucional a los derechos de la oposición”.
En ese sentido, explicó que “la investidura de Concejal que hoy tiene mi
representado, tiene como fuente el ejercicio de un derecho personal que a
su vez garantiza el derecho constitucional de la oposición política. El señor
Upegui Vanegas jamás fue candidato al Concejo de Medellín; la curul que
ostenta fue entregada por la autoridad electoral en el momento en que él
aceptó el derecho personal consagrado en el Estatuto de la Oposición. De
esta forma, forzoso resulta concluir que el régimen de inhabilidades para
Concejales no le es aplicable, pues sin haber sido candidato, su investidura
como Concejal no se fundamenta en un acto de elección, sino en el ejercicio
de un derecho constitucional especial de la oposición”.
Sostuvo que tampoco era posible aplicar la inhabilidad invocada por cuanto
“los términos del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 transcrito, establecen
la prohibición que configura la inhabilidad, así: “No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital”; en este sentido, como
mi poderdante jamás fue inscrito y por tanto jamás fue elegido concejal del
Distrito Especial de Medellín, no es posible que pueda aplicarse el contenido
de dicha norma a su situación personal. La hipótesis normativa apunta a
prohibir la inscripción o la elección de aquel que tenga una circunstancia
particular inhabilitante, cuestión que para el caso resulta desfasada de las
premisas fácticas de mi representado”.
Señaló que de considerarse aplicable la inhabilidad invocada debía tenerse
en cuenta la sentencia SU 207 de 2022 proferida por la Corte Constitucional,
por cuanto, para que se configure el elemento objetivo, “la autoridad
administrativa (…) implica la capacidad real de incidencia en el voto de los
electores a través del ejercicio de las funciones de determinado cargo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
público”, lo que aseguró en este caso no ocurre puesto que el acusado no
fue candidato al concejo, por lo que se “elimina cualquier incidencia que
pudiera tener el eventual ejercicio de autoridad de su padre”.
En relación con el elemento subjetivo, expuso que, “en razón a la
imposibilidad de aplicar el régimen de inhabilidades consagrado para los
concejales por las razones ya expuestas, la conducta de mi representado
se ha ajustado en un todo a la convicción cierta de que su condición de
concejal designado y no elegido, no quebranta ninguna regla inhabilitante,
es decir que jamás ha obrado con la convicción de violentar el régimen de
inhabilidades que le pueda ser aplicable”.
Acotó que “para ejercer el derecho que la ley le otorgó para ser designado
concejal, mi poderdante de la misma manera, obró bajo la total confianza
y certeza de que no quebrantaba ningún régimen de inhabilidades, en razón
a que las funciones ejercidas por su padre no pudieron de manera alguna
haber incidido en el acto de su designación, que se recuerda, fue producto
del ejercicio de un derecho que otorga la ley, mas no de una elección en la
que se pudiera haber influido”.
2.- La sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 16 de
febrero de 2024, decretó la pérdida de investidura del concejal Juan
Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín, período constitucional
2024-2027.
4 Vistoen el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 00 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
Como razones de la decisión precisó que en este caso se invocó la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la
Ley 136 de 1994, en concordancia con la inhabilidad prevista en el
numeral 4 del artículo 43 ibidem. Seguidamente, analizó si la mencionada
causal era aplicable a quien ocupara la curul del concejal como producto
del derecho personal previsto en el artículo 112 de la Constitución Política.
Al respecto, con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Primera
de la Corporación, explicó que “el candidato que sigue en votos a aquel
declarado por la autoridad electoral como elegido en el cargo de
presidente, vicepresidente, gobernador y alcalde, tiene el derecho
personal a ocupar una curul en la corporación pública respectiva. Dichas
disposiciones introducen una modalidad de acceso a la curul en el concejo
distrital y municipal en virtud del derecho personal consagrado en acto
legislativo que adicionó el artículo 112 Superior y reiterado en el Estatuto
de la Oposición. Sin embargo dicha modalidad no implica que, quien
accede a la corporación pública de elección popular respectiva se
encuentre exceptuado del régimen jurídico aplicable a los concejales, toda
vez que, por un lado, las normas en comento no dispusieron tal excepción
y por el otro, este derecho se deriva de un resultado electoral y tiene
como fin lograr un control político efectivo en un sistema democrático de
pesos y contra pesos, de tal suerte que debe interpretarse de forma
sistemática con las demás disposiciones que regulan la materia”.
Una vez concluyó que sí era aplicable la causal invocada, sostuvo que,
para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994, debían estar reunidos lo siguientes elementos:
i) tener la condición de concejal; ii) tener vínculo matrimonial o de unión
permanente, o de parentesco en los grados señalados en la ley, y que (iii)
dicho vínculo se tenga con funcionario que, dentro de los doce meses
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
anteriores a la elección, haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio.
Frente a la condición de concejal, señaló que estaba probado que “se
asignó una curul en el concejo a Juan Carlos Upegui Vanegas, al ser el
segundo candidato a la alcaldía con mayor votación”. A lo que agregó que
en la contestación a la solicitud de pérdida de investidura se reconoció la
calidad de concejal del acusado.
En cuanto al elemento del vínculo de parentesco, indicó que está probado
con el registro civil de nacimiento de Juan Carlos Upegui Vanegas que
Carlos Alberto Upegui Mejía es su padre, por lo que existe una relación en
primer grado de consanguinidad.
Frente al ejercicio de autoridad administrativa dentro de los doce meses
anteriores, expuso que también estaba cumplido, dado que el señor
Carlos Alberto Upegui Mejía fue encargado como rector de la Institución
Educativa San Lorenzo de Aburrá mediante la Resolución nro.
202350049804 del 21 de junio de 2023, cargo que ejerció desde el 5 de
julio de 2023 hasta el 14 de enero de 2024.
En cuanto al ejercicio de autoridad administrativa, explicó que el artículo
190 de la Ley 136 de 1994 establece que aquella autoridad la ejercen
quienes cumplen las funciones de ordenar el gasto con cargo a fondos
municipales, celebran contratos, trasladan horizontal o verticalmente
funcionarios subordinados, reconocen horas extras y vinculan
supernumerarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, citó las funciones de los rectores de las
instituciones educativas públicas previstas por el artículo 10 de la Ley 715
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
de 2001, entre las que destacó, la de imponer sanciones disciplinarias
propias del sistema de control interno disciplinario y administrar el Fondo
de Servicios Educativos. Acotó que el artículo 13 ibidem previó que el
rector o director celebrará los contratos “que hayan de pagarse con cargo
a los recursos vinculados a los Fondos”.
Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, concluyó que
los rectores de instituciones educativas públicas ejercen autoridad
administrativa por cuanto pueden celebrar contratos, son ordenadores del
gasto, deciden situaciones administrativas de los docentes y también
imponen sanciones disciplinarias.
Precisó que la autoridad administrativa que ejerció el señor Carlos Alberto
Upegui Mejía fue en Medellín dado que la Institución Educativa San
Lorenzo de Aburrá está ubicada en dicha ciudad.
De otro lado, “se precisa que lo atinente a la sentencia SU 207 de 2022
en la cual la Corte Constitucional estimó que correspondía realizar un
análisis de la probabilidad real y material de ejercer la autoridad
administrativa en el municipio y de incidencia en los electores, esta se
encuentra circunscrita a aquellos eventos en los cuales se trata de un
funcionario municipal electo, respecto del cual se alega relaciones de
parentesco con funcionarios de niveles territoriales superiores
(departamental). // En tal sentido, es diáfano que al tratarse el caso
objeto de análisis de un funcionario que ejerce la autoridad administrativa
en el mismo nivel (Distrito Especial de Medellín), no es dable la exigencia
atinente a efectuar dicho análisis de probabilidad real de ejercicio de la
autoridad administrativa en dicho nivel y de la incidencia en los electores.
En consecuencia la regla de decisión contenida en la sentencia SU 207 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
2022 no es aplicable al caso concreto por diferir el supuesto fáctico de
aplicabilidad”.
Añadió que, en gracia de discusión, la autoridad administrativa detentada
por el padre del acusado como rector de la Institución Educativa San
Lorenzo de Aburrá se materializó, “dado que claramente actuó como
ordenador del gasto en una institución que se encuentra ubicada en el
distrito de Medellín, suscribió contratos y actas de liquidación de estos y,
así mismo, de ello dan cuenta los diferentes informes presupuestales
efectuados con ocasión del ejercicio del cargo de rector, en los cuales se
evidencian aspectos tales como plan de adquisiciones, ingresos y gastos
y las ejecuciones de estos, así como los estados de cambios en el
patrimonio y situación financiera, entre otros”.
En lo concerniente a la configuración del elemento subjetivo, expuso que
revisar los requisitos necesarios, el marco normativo relativo al cargo, así
como las inhabilidades e incompatibilidades es una obligación general de
las personas que aspiran a acceder a la función pública, dentro de los que
se encuentran incluidas los cargos de elección popular. Agregó que, en tal
sentido, es evidente la falta de cuidado del acusado, puesto que le asistía
el deber de revisar el marco jurídico para acceder al cargo de concejal,
cuando, de acuerdo con sus condiciones personales, se observa que
estaba en la capacidad cognitiva de entender y comprender la inhabilidad
y sus circunstancias de configuración.
Argumentó que “si bien el demandado accedió al cargo de concejal con
ocasión de obtener la segunda mayor votación por las elecciones a la
alcaldía del Distrito, esto implicaba que debía examinar las inhabilidades
en referencia a dicho cargo y, por ello, también es notoria su falta de
cuidado pues la aceptación y la posesión implicaba que se ocupara de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
indagar lo relativo a los requisitos y marco jurídico del cargo al cual iba a
acceder. La Sala también lo encuentra reprochable al analizar el deber de
cuidado que le correspondía, ya que incluso la causal de inhabilidad
configurada en el presente asunto, también se encontraba prevista en la
ley para los alcaldes, por lo cual, es palmaria esa desatención de la
obligación general de estudio del marco normativo. No siendo de recibo
los argumentos de la parte demandada que indican que no le era exigible
porque no accedió al cargo como resultado de una contienda electoral y
que dicha inhabilidad busca proteger el derecho de igualdad en la
contienda; pues precisamente (…) el derecho a la curul se adquiere con
los resultados de la contienda”.
Destacó que no se advertía que el acusado haya solicitado conceptos
“ante las autoridades correspondientes y de manera previa para
establecer si se encontraba incurso o no en la causal de inhabilidad. De
otro lado, tampoco se esgrimió que contara con asesoría jurídica idónea
para conocer y determinar que no se configuraba la causal de inhabilidad”.
Explicó que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
ignorancia de la ley no sirve de excusa y la conducta sólo se justifica con
la buena fe calificada, que implica que “se cuente con asesoría
proveniente de un profesional del derecho idóneo y que sea éste el que
origine ese errado entendimiento o imparta un asesoría desacertada
siempre y cuando verse sobre un punto carente de claridad relacionado
con la causal, pues si este se encuentra decantado jurisprudencialmente
o ni siquiera admite la pretensa ausencia de claridad, la asesoría (errada)
no da lugar a considerar como superado ese deber de cuidado que implica
buscar asesoría”. Añadió que “también se ha estimado que la buena fe
calificada, encuentra sustento en atención al principio de confianza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
legítima, cuando la jurisprudencia ha interpretado una causal en cierto
sentido y con posterioridad la varía”.
A partir de lo anterior, consideró que “echa de menos la Sala pruebas que
exhiban la conducta del demandado encaminada a ilustrarse y conocer el
régimen jurídico para acceder al cargo y, que ni siquiera, se dio a la tarea
de indagar por las diversas causales de inhabilidad y menos aún con
respecto a la que se encontró demostrada en el presente proceso, por lo
cual no se advierte que se estructure alguna circunstancia que pueda dar
lugar a justificar su conducta”.
Argumentó que, “en cuanto a la pretensa ausencia de culpa aducida,
sustentada en la consideración de que el demandado obró con la
convicción de que su condición de concejal designado y no elegido no
quebrantaba ninguna norma habilitante, pues el régimen de inhabilidades
era para quienes fueran elegidos como miembros de dicha Corporación,
en nada desvirtúa la existencia de la falta de cuidado (culpa), por cuanto
frente a esa pretensa convicción ni siquiera se indicó que tuviera una
fuente idónea que la sustentara, esto es, alguna decisión de la autoridad
electoral, un concepto de alguna autoridad sobre la materia o alguna
asesoría idónea sobre el particular. Al margen de que esgrimiera dicho
argumento, tampoco obran elementos de prueba mediante los cuales se
sustente dicho convencimiento más allá de sus propias ideas”.
Acotó que “los designados-llamados con ocasión del Estatuto de la
Oposición, no se encuentran exceptuados del régimen jurídico aplicable a
los concejales, posición que encuentra soporte en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, es decir, que su creencia se originó totalmente en su
opinión personal y contraviene lo sostenido por la referida Corporación y,
en ese sentido, no podía dar lugar como lo quiere hacer ver, a un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
convencimiento consecuente con la ley o con un cimiento válido para que
pudiera entenderse que a raíz de tal entendimiento no se configura la
culpa”.
Señaló que “un convencimiento como el esgrimido por la parte
demandada para justificar su conducta y estimar la ausencia de culpa que
meramente se origina en sus propias creencias y totalmente desprovisto
de otros elementos, fuentes y criterios objetivos en manera alguna
permiten arribar a la conclusión de la existencia de una buena fe calificada
y, por el contrario, denotan que la conducta del demandado se encontró
totalmente desprovista de la debida diligencia y cuidado que le
correspondían, por lo cual, su conducta es gravemente culposa”.
3.- El recurso de apelación presentado por el acusado5
El apoderado del concejal acusado alegó que la sentencia recurrida omitió
resolver los siguientes aspectos:
(i) No examinó si las inhabilidades previstas en el artículo 43 de la Ley
136 de 1994 “son aplicables a los candidatos que les sigan en votos a
quienes la autoridad electoral declare elegido en el cargo de alcalde
distrital o municipal”.
(ii) En consonancia con lo anterior, alegó que la sentencia de primera
instancia no estudió “la diferencia entre los conceptos de inhabilidad y
prohibición contenidos en nuestro ordenamiento jurídico a efectos de
justificar o no la aplicación del supuesto precedente aplicable al caso”.
5 Vistoen el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 00 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
Argumentó que son las prohibiciones “las aplicables a los candidatos que
optan por el ejercicio del derecho a la oposición a ocupar un escaño en la
respectiva corporación pública de la entidad territorial (Congreso de la
República, Asamblea Departamental, Concejo Municipal) que aspiraron a
dirigir, y jamás las inhabilidades expresamente señaladas para los
candidatos a dichas corporaciones”.
Alegó que “si el régimen de inhabilidades electorales busca garantizar
condiciones de igualdad en la contienda electoral y salvaguardar el
principio de verdad en los resultados, referidos al querer de la voluntad
popular, mal podría darse aplicación a las mismas en personas que no
fueron inscritas, que no compitieron en la contienda electoral con los
demás concejales elegidos, y frente a las cuales no se podría predicar
ventajas en virtud a que es la misma ley la que determina que por
designación, no elección, otra persona que no participó en esa contienda
electoral pueda ocupar una curul en el concejo con el propósito loable de
garantizar la participación política de las minorías en ese escenario”.
(iii) Acotó que “en este orden omite el estudio de la línea jurisprudencial
elaborada por la jurisdicción contenciosa, sobre la finalidad de las
inhabilidades y además el estudio referente a la pertinencia de la
aplicación del precedente contenido en la sentencia SU-207 del 2022
sobre el ejercicio de autoridad y su incidencia”.
(iv) Arguyó que tampoco se hizo “el examen necesario de la procedencia
de la causal invocada frente al análisis del concepto axiológico del derecho
a la oposición contenido en la Ley Estatutaria 1909 de 2018 y su garantía
de protección, analizado en la sentencia SU-209 del 2021 de la Corte
Constitucional”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
(v) Por último, “a rajatabla da aplicación a la inhabilidad mencionada sin
que ni por sombra medie justificación o argumentación alguna, para hacer
extensiva la aplicación del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 a quienes
ocupen la curul de concejal derivada del ejercicio del derecho a la
oposición consagrado en el artículo 112 de la Constitución y el 25 del
Estatuto de la Oposición”.
(vi) De otro lado, en cuanto al elemento subjetivo, indicó que “igualmente
brilla por su ausencia el análisis pertinente sobre una dogmática propia
del concepto de dolo y culpa grave dentro del proceso de pérdida de
investidura, limitándose a acudir a conceptos aplicables en el derecho
penal y en el derecho civil al efecto. Lo cierto es que, en el presente caso,
desde cualquier perspectiva resulta inocuo exigirle al demandado otra
conducta diferente a la que adoptó no al presentarse como candidato a la
alcaldía, sino, al de obrar de buena fe y con el absoluta convencimiento
ético de estar ejerciendo un derecho que le otorga la ley para realizar la
oposición propia de una democracia real, hecho que jamás fue
desvirtuado // En este aspecto lo que debió estudiar el Tribunal
Administrativo y no lo hizo, fue evidentemente bajo la égida de la
presunción de buena fe, si el señor Juan Carlos Upegui al ejercer el
derecho consagrado en el la Ley 1909 estaba incurriendo en una conducta
prohibitiva para poder ejercerlo y no en todo lo que del común se ocupó
el Tribunal”.
4.- El recurso de apelación fue concedido el 12 de marzo de 20246.
6
Visto en el índice 73 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 00 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
5. - Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado el 3 de abril de 2024 al despacho del
consejero Hernando Sánchez Sánchez7 quien, por escrito del 5 de abril de
2024, manifestó estar impedido para conocer del asunto8,y, por auto del
18 de abril de 2024, la Sección Primera lo declaró fundado y lo separó del
conocimiento del asunto9.
5.2. Por auto del 11 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del acusado10.
5.3. Por memorial radicado el 17 de junio de 202411, la parte actora
descorrió el traslado del recurso de apelación, en el que indicó que la
sentencia proferida en primera instancia sí explicó que los “designados –
llamados con ocasión del Estatuto de la Oposición no se encuentran
exceptuados del régimen jurídico aplicable a los concejales, posición que
encuentra soporte en jurisprudencia del Consejo de Estado”.
Alegó que el juez de primera instancia sí hizo un análisis sobre el
contenido de la sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, en
el sentido de indicar que, “al tratarse el caso objeto de análisis de un
funcionario que ejerce la autoridad administrativa en el mismo nivel
(Distrito Especial de Medellín), no es dable la exigencia atinente a efectuar
7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
8 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
9 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
10
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
11 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
dicho análisis de probabilidad real de ejercicio de la autoridad
administrativa en dicho nivel y de la incidencia en los electores. En
consecuencia, la regla de decisión contenida en la sentencia SU 207 de
2022 no es aplicable al caso concreto por diferir el supuesto fáctico de
aplicabilidad”.
5.4. Por memorial enviado el 4 de octubre de 202412, el señor Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe, parte actora en el proceso, indicó que daba a
conocer “los siguientes hechos sobrevinientes a la presentación del
recurso de apelación en el proceso de la referencia, con el fin de que sean
tenidos en cuenta en las decisiones subsiguientes y propias al trámite
procesal que se deban tomar al efecto: El día de ayer, jueves 3 de octubre
de la presente anualidad, la Sección Quinta del H. Consejo de Estado
dispuso, en trámite del proceso con radicación nro.: 05001-23-33-000-
2023-01252-01 (acumulado), en la parte resolutiva lo siguiente:
“CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la designación del
señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín período
2024-2027” (…)”.
Con fundamento en lo anterior, solicitó “se considere el tránsito a cosa
juzgada de la conducta que fue analizada en la acción de nulidad electoral
y, en su lugar, se evalúe en el sub examine la culpabilidad del concejal
acusado, con miras a garantizar el non bis in ídem, según las voces del
parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018”.
12 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
5.5. Por memorial remitido el 16 de octubre de 202413, el apoderado del
acusado allegó el salvamento de voto del consejero de Estado Omar
Joaquín Barreto Suárez a la sentencia proferida en el proceso de nulidad
electoral nro. 2023 01252 01. Refirió que en el salvamento se explicó que
“el régimen de inhabilidades previsto para los concejales no podía ser
aplicado respecto del señor Upegui Vanegas, toda vez que no es posible
hablar de una elección propiamente dicha en el cargo, sino de la
aceptación del derecho personal consagrado en el artículo 112 de la
Constitución y desarrollado por el Estatuto de la Oposición”.
Adujo que “si bien se trata de un salvamento de voto, se aporta en este
proceso con el fin de evidenciar todos los elementos necesarios a efectos
de examinar el elemento subjetivo – conducta- natural a la pérdida de
investidura (dolo o culpa grave)”. Acotó que “al ser la pérdida de
investidura un juicio de responsabilidad subjetiva, debe tenerse en cuenta
que no es unívoca la conclusión sobre la aplicación para el caso concreto
del régimen de inhabilidades previsto para los concejales que han
obtenido su credencial por cuenta del ejercicio de un derecho personal
otorgado por la Constitución Política y por el Estatuto de la Oposición”.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
13 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
artículo 48 de la Ley 617 de 200014 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201915
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones16.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas fue designado
concejal del Municipio de Medellín, Antioquia, para el período
constitucional 2024 - 2027, la parte actora aportó copia del formulario E-
26 CON17 en el que consta que se declaró electo como concejal de dicho
municipio al señor Juan Carlos Upegui Vanegas por aplicación del artículo
25 de la Ley 1909 de 2018.
3.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
sentencia del 16 de febrero de 2024, decretó la pérdida de investidura del
señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal del Municipio de
Medellín, período constitucional 2024 – 2027, por considerar que estaban
14 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
configurados los elementos objetivo y subjetivo de la inhabilidad prevista
en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Ahora, en el trámite del recurso de apelación interpuesto en este proceso,
las partes informaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia el 3 de octubre de 2024, en el expediente número 2023 01252
01 (acumulado), en la que se confirmó la providencia de primera instancia
que declaró la nulidad de la designación del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas como concejal de Medellín período 2024 – 2027, según se
afirmó, por la misma inhabilidad acá invocada.
Por consiguiente, la Sala examinará, en primer lugar, si en este caso se
configuró la excepción de cosa juzgada en relación con el elemento
objetivo del juicio de pérdida de investidura y, de ser procedente,
abordará el estudio del elemento subjetivo.
3.1.- Sobre la configuración de cosa juzgada en relación con el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
La Sala advierte que, en sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 en
el proceso número 2023 01252 01 (acumulado)18, la Sección Quinta del
Consejo de Estado confirmó la providencia proferida en primera instancia
que declaró la nulidad de la designación del señor Juan Carlos Upegui
Vanegas como concejal del Municipio de Medellín, período 2024 – 2027.
En dicho proceso se pretendía que “se declare la nulidad del acto electoral
mediante el cual se declara que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas tiene
18 Acumulado con los procesos 05001 2333 000 2023 01203 01; 05001 2333 000 2023
01274 01; 05001 2333 000 2023 01281 01 y 05001 2333 000 2023 00008 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
el derecho personal a ocupar una curul en el Concejo del Distrito Especial
de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín durante el periodo 2024-
2027, contenido en los formularios E-26 ALC y E26 CON del 4 de
noviembre de 2023 expedidos por la Comisión Escrutadora delegada por
el Consejo Nacional Electoral”19.
Para sustentar la pretensión de la demanda de nulidad electoral, la parte
actora alegó que el señor Juan Carlos Upegui Vanegas estaba incurso en
la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Los hechos en los que se fundamentó la configuración de la inhabilidad
en el proceso de nulidad electoral se circunscribieron a indicar que el señor
Juan Carlos Upegui Vanegas ocupó el segundo lugar en las elecciones para
alcalde de Medellín que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, razón
por la cual, en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, accedió
a la curul en el concejo municipal; sin embargo, el padre del concejal, el
señor Carlos Alberto Upegui Mejía, fue designado como rector encargado
de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá el 21 de junio de 2023
a través de la Resolución 202350049804 de la Secretaría de Educación
Distrital de Medellín, por lo que ejerció autoridad administrativa dentro de
los 12 meses anteriores a la elección del concejal.
Vale la pena anotar que, para resolver el asunto, la Sección Quinta del
Consejo de Estado explicó que el acusado, al aceptar ocupar la curul en
el concejo municipal, “se acogió al régimen jurídico aplicable para ese
19 Lo que se extrae de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 05001 2333 000 2023 01252 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
cargo, el cual, por supuesto incluye lo relativo al catálogo de inhabilidades
consagrado en la ley para los concejales”, a lo que agregó, con
fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, que “el hecho de que se acceda a una curul en aplicación
del Estatuto de la Oposición en manera alguna exceptúa al ciudadano de
la aplicación del régimen jurídico correspondiente”. La Sección Quinta
también explicó que la sentencia SU 207 de 2022 proferida por la Corte
Constitucional solo se aplica “a los casos en que deba determinarse la
configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando el
elegido es de un orden territorial diferente al de su pariente” y que “en el
presente caso el nivel del empleo ejercido por el padre del demandado es
municipal y el cargo cuya nulidad se cuestiona es igualmente municipal,
[por lo que] es claro que no resulta aplicable en este caso la regla de
decisión en cita”20.
En ese contexto, la Sala estima pertinente tener en cuenta lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, aplicable a este
asunto por disposición del artículo 2221 ibidem, el cual establece que “se
garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta haya dado
lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma
simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro
proceso en todos los aspectos Juzgados, excepto en relación con la
culpabilidad del Congresista [léase para el caso concejal], cuyo juicio es
exclusivo del proceso de pérdida de investidura. // En todo caso, la
declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada
20 Lo que se extrae de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 05001 2333 000 2023 01252 01 (acumulado).
21 “ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que
sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración
objetiva de la causal”.
Lo anterior, dado que en el precitado proceso de nulidad electoral y en la
presente acción de pérdida de investidura se alegó la configuración de la
inhabilidad señalada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, con
fundamento en que el padre del acusado, en calidad de rector encargado
de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, ejerció autoridad
administrativa doce meses antes a la designación como concejal, por lo
que se advierte que una misma conducta ocasionó la formulación de los
dos medios de control.
Adicionalmente, se observa que la sentencia proferida el 3 de octubre de
2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado quedó ejecutoriada el
11 de octubre de 2024, conforme la constancia de ejecutoria expedida el
15 de octubre de 2024 por el secretario de la Sección Quinta de la
Corporación22.
En consecuencia, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa juzgada
en lo concerniente al análisis del elemento objetivo de la inhabilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y, por
consiguiente, pasará analizar el elemento subjetivo de la pérdida de
investidura.
3.2.- Sobre la configuración del elemento subjetivo
22 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01252 01 (acumulado).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”23.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”24. (destacado en la providencia)
En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
de la Constitución Política; entonces, la culpabilidad implica que deba
estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado para la
estructuración de la causal y, por ello, la culpabilidad consiste en efectuar
un juicio de reproche sobre la conducta del implicado 25.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.
En este caso, las solicitudes de pérdida de investidura fueron radicadas el
11 de diciembre de 2023 (2023 01243); el 7 de diciembre de 2023 (2023
01236) y el 12 de enero de 2024 (2024 00013), por ende, ya había
entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, que modificó
el artículo 1 de la Ley 1881 de 201826, la cual dispuso que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva, y que la acción se ejercerá contra los congresistas [léase para
el caso concejal] que con su conducta dolosa o gravemente culposa
incurran en una de las causales de pérdida de investidura previstas en la
Constitución. A su vez, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció
que las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea
compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y
diputados.
26
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
De contera, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado27.
En el asunto bajo examen, la Sala considera que el elemento subjetivo
está cumplido, por cuanto el acusado aceptó tomar posesión del cargo de
concejal a sabiendas de que su padre había ocupado el cargo de rector de
la Institución Educativa de San Lorenzo de Aburrá, y su conducta no está
justificada en la buena fe calificada producto de un error invencible.
En esa medida, la Sala precisa que lo que debe tenerse en cuenta frente
al hecho que el acusado conocía o no que al aceptar tomar posesión del
cargo de concejal estaba inhabilitado debido a las funciones que
desempeñaba su padre, es que es su conducta la que determina la
culpabilidad, pues de ella se predica la intención o culpa; ello,
independientemente de las normas que la hayan regulado, pues es
principio fundamental del orden jurídico y la convivencia comprender que
la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su transgresión, salvo que
ella derive de un error invencible, es decir, que es común a muchos.
Bajo esta perspectiva, aunque, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay
por lo menos dos eventos en los cuales sí se configura una razón que
puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado
actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal;
ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que, si esta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto.
En este punto, cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende
del principio general “error communis facit ius” que implica la existencia
de un error que, además de ser invencible, debe ser común a la
colectividad. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que “el
principio general según el cual el error común e invencible crea derecho,
constituye uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro
ordenamiento, en los que se admite que de la creencia errónea y de buena
fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar consecuencias jurídicas
avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la
ley, no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en
ocasiones se le reconoce relevancia a una situación que en apariencia
armoniza con el derecho aunque en realidad lo contraviene, derivada de
un error particular (como en el caso del matrimonio putativo), el error
colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues puede
convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al
ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el
derecho romano como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia
ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para su aplicabilidad,
que el error sea “invencible”, queriendo significar con ello que, además
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
de ser común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría
podido cometerlo”28.
En ese escenario es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la
Corporación ha explicado que una conducta que, desde el punto de vista
objetivo, es contraria al ordenamiento jurídico, puede estar justificada
cuando una persona busca asesoría jurídica idónea y el profesional del
derecho le aconseja mal; pero ha precisado, como se indicó en líneas
precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es
clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello
es así porque, si los elementos para la estructuración de la causal son
claros, no se trataría de un error que es común a la colectividad, principio
del cual se desprende la buena fe calificada.
Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la
cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de conocimiento, el
acusado no alegue simplemente que obró de buena fe, sino que debe
acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error
invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró́
28 Corte Constitucional. Sentencia T – 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
adecuadamente de abogados idóneos, no obstante, lo cual incurrió en la
conducta reprochable.
En este caso, el acusado no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y estas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.
Teniendo en cuenta lo explicado, la Sala considera que no le asiste razón
al concejal acusado cuando en el escrito de apelación alegó que obró de
buena fe y con el convencimiento de estar ejerciendo el derecho de
oposición; ello, por cuanto, como se indicó, en el juicio de pérdida de
investidura no basta para exonerarse de responsabilidad argumentar que
se actuó con buena fe simple, sino que se debe demostrar que se incurrió
con buena fe calificada en la conducta prohibida, lo que se traduce en que
el convencimiento de estar actuando conforme a derecho proviene de un
error invencible que es común en la colectividad, circunstancia que no
está acreditada.
Adicionalmente, tampoco le asiste razón al acusado cuando aseguró en el
recurso de apelación que lo que debió examinarse es si “al ejercer el
derecho consagrado en la Ley 1909 estaba incurriendo en una conducta
prohibitiva para poder ejercerlo”, dado que la acción de pérdida de
investidura, en este caso, supone establecer si se vulneró el régimen de
inhabilidades para ocupar el cargo de concejal; a lo que cabe agregar que,
como se ha explicado en otras oportunidades por la Sección Primera de
la Corporación29, una vez quien ocupó el segundo lugar en las elecciones
29 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 29 de febrero de 2024. Expediente radicado nro. 15001 2333 000 2023
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
para alcalde acepta ser designado en el cargo de concejal, le es aplicable
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás reglas propias
del cargo de concejal, pues de ninguna manera el derecho a ejercer
oposición se traduce en una excepción de los requisitos que deben
cumplirse para tomar posesión de la curul.
Por último, el concejal acusado allegó el salvamento de voto presentado
por uno de los magistrados de la Sección Quinta a la sentencia proferida
el 3 de octubre de 2024 en el proceso de nulidad electoral con radicado
nro. 2023 01252 (acumulado), con el fin de señalar “que no es unívoca la
conclusión sobre la aplicación para el caso concreto del régimen de
inhabilidades previsto para los concejales que han obtenido su credencial
por cuenta del ejercicio de un derecho personal otorgado por la
Constitución Política y por el Estatuto de la Oposición”30.
Sin embargo, en cuanto a esta inconformidad, es preciso mencionar que
la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación31, en materia de
pérdida de investidura de concejales y diputados, así como la Sección
Quinta32, en el conocimiento de los procesos de nulidad electoral, han
señalado, de manera mayoritaria y reiterada, que el régimen de
inhabilidades y demás causales de pérdida de investidura y de nulidad
electoral taxativamente señaladas son aplicables a quienes son
00307 02 (Acumulado). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2022. Expediente radicado nro. 08001 23
33 000 2020 00573 01.
30 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2023 01243 01 (acumulado).
31 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 29 de febrero de 2024. Expediente radicado nro. 15001 2333 000 2023
00307 02 (Acumulado). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2022. Expediente radicado nro. 08001 23
33 000 2020 00573 01.
32 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 25 de abril de 2020. Expediente radicado nro. 11001 0328
000 2018 00074 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
designados con ocasión del estatuto de oposición; aunado a que el
salvamento de voto al que aludió la defensa tampoco acredita que la
conducta reprochada esté amparada en la buena fe calificada, dado que
el salvamento de voto se formuló en la sentencia que declaró la nulidad
electoral del aquí acusado por la misma inhabilidad alegada en este
proceso.
Conforme con lo expuesto, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa
juzgada respecto del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura y, en relación con el elemento subjetivo, confirmará la
sentencia proferida el 16 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia que decretó la pérdida de investidura del señor Juan Carlos
Upegui Vanegas como concejal de Medellín, período constitucional 2024-
2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE
COSA JUZGADA en relación con el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136 de 1994, por la inhabilidad señalada en el numeral 4 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia
proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el proceso de nulidad electoral número 2023 01252 01
(acumulado)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicación: 05001 23 33 000 2023 01243 01 (acumulado)
Solicitante: Veeduría Ciudadana Transparencia Electoral y otros
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la pérdida de
investidura del señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de
Medellín, período constitucional 2024-2027.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.