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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2020-00573-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2020-00573-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2021, por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento, por las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. 47 C-1081 de 2005. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01 Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2020-00573-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de junio de 2022

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00573-01
Solicitante: ÉDGAR OSVALDO ALTAMAR CASTILLO
Concejal
acusada: CECILIA SOLET CARRILLO SARMIENTO

TESIS Incurre en causal de pérdida de investidura la
persona que aspiró por elección popular al cargo
de alcalde municipal y por haber ocupado el
segundo lugar en la votación manifestó su
decisión de aceptar la curul al concejo municipal,
pero sin justa causa no tomó posesión del cargo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Édgar
Osvaldo Altamar Castillo en contra de la sentencia proferida el 10 de
marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó
la desinvestidura de la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento, como
concejal del municipio de Repelón, Atlántico, para el período
constitucional 2020-2023.

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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Édgar Osvaldo Altamar Castillo solicitó se decretara la pérdida de
investidura de la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento, por considerar
que incurrió en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El actor informó que la señora Carrillo Sarmiento fue designada como
concejal del municipio de Repelón, Atlántico, período 2020 - 2023, por
haber obtenido la segunda votación en la elección para alcalde del mismo
municipio, tal como consta en el acta de declaratoria de elección, formulario
E-26 CO.

Anotó que la designación como concejal fue aceptada por la mencionada
señora ante la Registraduría de Repelón, Atlántico.

Sostuvo que, pese a que la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento aceptó
la curul, el día 2 de enero de 2020 presentó renuncia, sin que la misma
constituya una causal de fuerza mayor para no posesionarse.

Narró que el 2 de enero de 2020 los integrantes del concejo municipal de
Repelón tomaron posesión del cargo, excepto la señora Carrillo Sarmiento,
como consta en el Acta nro. 001 de la instalación del concejo.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01. Proceso igualmente compartido por One
Drive.
2 Ibídem.

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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

Hizo mención de varias providencias del Consejo de Estado referidas a la
causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo dentro
del término fijado en la ley3, para resaltar la prevalencia que debe dársele
al pacto político realizado con los votantes, frente al proyecto político
individual; por lo que, como la acusada aceptó la curul, estaba obligada a
posesionarse.

En el escrito de adición de la solicitud de la pérdida, dijo que a la concejal
electa le aceptaron la renuncia el 7 de enero de 2020; por lo tanto, entre el
1 y el 7 de enero de 2020, ostentó dicha calidad sin posesionarse.

Por último, manifestó que la “concejal demandada no puede alegar los
derechos que le confieren la Ley 1909 de 2018, sobre el estatuto a la
oposición, ya que éstos derechos se pierden conforme al artículo 31, 6 y 9
de la Ley 1909 de 2018, en consideración a que ni el concejal ni el partido
político que la avaló ejercieron los derechos que le confiaron la ley de
oposición, como es el REGISTRO de la declaración de oposición, dentro del
mes siguiente, si no se ejerce se pierden estos derechos”.

2.- Contestación de la acusada

La señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud oponiéndose a las pretensiones,
manifestando como argumentos de defensa los siguientes4:

3 Para ello citó entre otras, sentencias del 20 de junio de 2013 de la Sección Primera del

Consejo de Estado. Sentencia del 2 de junio de 2016 igualmente de la Sección Primera
del Consejo de Estado y sentencia del 7 de junio de 2016 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Los números de radicación de los expedientes no son visibles-.
4
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01. Proceso igualmente compartido por One
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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

Arguyó que el artículo 3 de la Ley 1909 de 2018 estableció que la
oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial
protección del Estado, así como de las autoridades públicas, y que, ni la
Constitución Política, ni la ley, previeron que, si el candidato hacía uso del
ejercicio a ocupar una curul, perdía la posibilidad de retractarse; por lo
que debe inaplicarse por inconstitucional la expresión “y sin posibilidad de
retracto” contenida en el artículo 2 de la Resolución nro. 2276 de 2019,
proferida por el Consejo Nacional Electoral.

Recordó que las causales de pérdida de investidura son restrictivas y no
permiten aplicaciones analógicas o por extensión.

Refirió, entre otras, a las sentencias SU- 501 de 2015 y C- 427 de 1995,
proferidas por la Corte Constitucional, para resaltar el compromiso que
adquiere el representante con sus electores y con la institución; razón por
la cual debe posesionarse cuando se instala la Corporación de la que hará
parte, porque la posesión lo vincula jurídicamente con sus deberes,
derechos y altas responsabilidades institucionales.

Consideró que, en el caso bajo examen, la señora Carrillo se postuló a la
alcaldía de Repelón, no al concejo municipal, y que por haber obtenido la
segunda mayor votación le asistía el derecho de aceptar o no la curul.
Agregó que “lo anterior significa que, si los electores apoyaron al
demandado, inicialmente a la alcaldía y no a aquella corporación (concejo)
su decisión no se fundamentaba en la confianza del electorado sino en un
derecho personal de obtener o no la curul. Es por eso que esta pérdida de
investidura no procede”.

Aseveró que su representada “nunca tuvo (sic) investida, ¿qué investidura
puede perder? ¡ ninguna !”.

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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

Concluyó que, comoquiera que la curul obtenida no devino directamente
del favor popular, sino del derecho personal derivado de su participación en
la elección de alcalde municipal, y la causal de pérdida de investidura
contenida en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 se configura
por la defraudación de la confianza del electorado, no se estructura el
elemento de tipicidad del medio de control, por lo que solicitó se deniegue
su desinvestidura.

3.- La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del
10 de marzo de 2021, denegó las pretensiones de la demanda5.

Como razones de la decisión se apoyó en las siguientes:

Citó lo previsto por el artículo 25 de la Ley Estatutaria nro. 1909 de 2018,
“por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y
algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”, así como
lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-018 de 2018,
que declaró su exequibilidad, con fundamento en que se trataba de la
reproducción del inciso 4 del artículo 112 de la Constitución Política.

Analizó que, en el caso concreto, está probado que la señora Carrillo
Sarmiento participó en las elecciones de autoridades territoriales
celebradas el 27 de octubre de 2019 a nombre del Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS como candidata a la alcaldía de Repelón,
Atlántico, para el período 2020-2023, y que fue declarada concejal del
citado municipio por haber sido la candidata con la segunda mayor
votación, curul que aceptó; no obstante, el 2 de enero de 2020 presentó

5 Ibídem.

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

renuncia al cargo, misma que le fue aceptada por el concejo municipal en
la fecha que se instaló y se posesionaron los demás concejales.

Analizó que la causal de pérdida de investidura en el caso invocada no se
configuraba, ya que, conforme al Estatuto de la Oposición, no estaba
obligada a tomar posesión del cargo, pues esa credencial que obtuvo no
derivó del favor popular, sino de un derecho personal otorgado por el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, por lo que no se defraudó la confianza
depositada por el elector.

Agregó que “(…) los electores no apoyaron a la referida ciudadana al
concejo, sino en sus aspiraciones a la alcaldía municipal, razón por la cual
la decisión de posesionarse o no en el cargo al cual el Estatuto de la
Oposición le permite acceder se enmarca en un derecho personal, por lo
cual no puede sostenerse válidamente que con ese actuar se defraude la
confianza del electorado (…)”, y que situación distinta era que el candidato
al concejo hubiese resultado elegido y sin motivo justificado no hubiera
tomado posesión del cargo.

Por último, manifestó que traía a colación como precedente horizontal el
pronunciamiento que hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá en
sentencia del 5 de agosto de 2020, y para ello citó un aparte en el que
indicó, entre otros aspectos, que, “(…) si el demandado no participó en
las elecciones del concejo municipal, no podrá concluirse que desatendió
su deber de posesión ni mucho menos que defraudó la confianza de los
votantes (…)”.

4.- El recurso de apelación presentado por el Ministerio Público

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el Procurador 117 Judicial II para
Asuntos Administrativos interpuso recurso de apelación para que fuera

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones; para ello
arguyó6:

Que el recurso lo interponía en defensa del orden jurídico y de las
garantías fundamentales; además, mencionó las generalidades de la
acción de pérdida de investidura, la causal invocada y lo señalado por el
Estatuto de la Oposición para el ejercicio y protección del derecho de
oposición política.

Destacó que el inciso tercero del artículo 25 de dicho estatuto exige que
el candidato que siga en votación al gobernador del departamento o
alcalde municipal o distrital electo manifieste su voluntad de acceder a la
curul en la asamblea o en el concejo municipal o distrital y el legislador
insiste expresamente en ello, porque, a diferencia de lo previsto por el
artículo 24 para Senado y Cámara de Representantes, dicha aceptación
expresa y obligatoria a las curules ofrecidas en el Acuerdo Final a la
oposición en las corporaciones públicas de elección popular a nivel
territorial, implica para la autoridad electoral el cálculo de las demás
curules en los términos del artículo 263 de la Constitución, o, en caso de
no aceptación, aplicar la regla general consagrada en el mismo artículo
para la distribución de las curules de asambleas departamentales,
concejos municipales y distritales.

Expuso que la renuncia a la curul aceptada libre y voluntariamente no
constituye fuerza mayor para los efectos del numeral 3 del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, y tampoco es válido el argumento de la defensa según
el cual, como la demandada fue candidata a la alcaldía, y no al concejo
de Repelón, no se le aplica la causal; ya que, una vez aceptada la curul,
por mandato del Estatuto de la Oposición adquirió la calidad de concejal

6 Consultado en el expediente por One Drive.

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

y tenía el deber de posesionarse el día de la instalación o dentro de los
tres días siguientes.

Estimó que las normas que regulan la pérdida para los concejales no
distinguen entre aquellos elegidos directamente y los que asumen por el
derecho que les concede el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, y que para
el efecto deben emplearse los criterios generales de interpretación de las
normas previstos en el artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación
gramatical y el sentido corriente de las palabras.

En cuanto al aspecto subjetivo, consideró que la señora Carrillo Sarmiento
actuó de manera culposa al no prever las consecuencias de su conducta,
ya que, pudiendo rehusar que se aplicara a su favor el precitado artículo,
aceptó ser concejal ante la autoridad electoral, que la declaró elegida para
el cargo al cual renunció, y no tomó posesión sin mediar hecho
justificativo alguno que constituya fuerza mayor que la exonerara del
deber y la responsabilidad que le implicaba la aceptación y el ejercicio del
mismo.

Sostuvo que la conducta propia, libre y voluntaria ejecutada por la
acusada de aceptar la curul y luego abandonarla mediante renuncia que
presentó el 2 de enero de 2020, fecha en la que se instaló el concejo,
hace que se pueda calificar como imprudente y descuidada y a todas luces
culposa, pues debió prever las consecuencias de su conducta; de manera
que se configuran los elementos objetivo y subjetivo para declarar la
pérdida de investidura, por lo que solicitó se revoque la sentencia
proferida por el a quo.

Por escrito del 11 de mayo de 2021 adicionó el recurso, indicando que es
indudable que la manifestación de renuncia voluntaria no es un hecho
constitutivo de fuerza mayor, pues, como lo ha reconocido el Consejo de
Estado, “(…) siempre que en una decisión intervenga la libertad para

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues
estas suponen la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible
resistir”7.

Señaló que, en contra de lo afirmado por la sentencia que se impugna,
según la cual no cabe la causal alegada porque no se trata de un concejal
elegido directamente y que su llamamiento es un derecho que no implica
obligaciones, ésta sí se configura, pues, a partir de una interpretación
sistemática – finalística del ordenamiento jurídico, se tiene que los
concejales designados por virtud del derecho personal previsto por los
artículos 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018 tienen
el deber de tomar posesión del cargo, so pena de incurrir en la causal de
pérdida de investidura.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 26 de mayo de 20218.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 21
de junio de 20219 y por auto del 30 del mismo mes y año, se admitió el
recurso de apelación10.

5.2. El expediente ingresó a despacho para fallo el 26 de julio de 202111.

7
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Radicación Número:
15001-23-33-000-2020-01680-01.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01. Proceso igualmente compartido por One
Drive.
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radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01.
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Ibídem.
11 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01.

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, con base en lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200012 y por el numeral 5 del
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201913, emitido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios
entre las secciones14.

2.- Cuestión previa

Aunque no es objeto de cuestionamiento en esta instancia, la Sala estima
pertinente recordar que la alzada fue interpuesta por el señor agente del
Ministerio Público, quien no solicitó la desinvestidura de la acusada; por
lo que el a quo, en el auto del 26 de mayo de 2021, para conceder el
recurso de apelación, explicó:

“[…] Sobre la legitimidad del Ministerio Público para recurrir la
sentencia

Sobre el particular han precisado tanto el Consejo de Estado, como la
Corte Constitucional, que al Ministerio Público le está vedado

12
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
13
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.

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desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas
de cualquier carga o deberes y obligaciones dentro de la actuación
procesal; luego entonces, tiene una carga argumentativa que consiste
en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones
o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las
providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su
postura.

Al respecto, el numeral 7 del artículo 277 Constitucional establece
como una de las funciones de los Agentes del Ministerio Público el
"Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico,
del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”;
así mismo, el numeral 2 del artículo 300 del CPACA prevé la
intervención del Ministerio Público, a través de sus agentes delegados
ante los Juzgados y Tribunales Administrativos, con la finalidad en
(sic) defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y
garantías fundamentales (artículos 118 de la Constitución Política, 303
del CPACA y 46 del CGP).

Luego, entonces, la intervención del Ministerio Público se circunscribe
a la materialización de los tres objetivos ya señalados, esto es,
defender: i) el orden jurídico, ii.) el patrimonio público y iii.) los
derechos y garantías fundamentales).

Como en este caso, el agente del Ministerio Público formula su
apelación “…en DEFENSA DEL ORDEN JURÍDICO Y DE LAS GARANTÍAS
FUNDAMENTALES por mandato de los artículos 277-7 de la
Constitución y 303 del CPACA, dentro de la oportunidad consagrada
en el artículo 247-1 mod. por el 67 de la ley 2080 de 2021 del CPACA”,
sustentándola en una indebida aplicación de las normas y valoración
probatoria por este Tribunal, se considera que es procedente conceder
el citado recurso, a efectos de que el H. Consejo de Estado dirima la
alzada […]”.

Al respecto, se destaca que la Sala ha dicho en anteriores oportunidades que,
“(…) Teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 7 del artículo 277 de la
Constitución Política15 y por el artículo 303 de la Ley 1437 de 201116, que
posibilitan en materia judicial al Procurador General de la Nación para
intervenir por sí mismo o por medio de sus delegados en los procesos, pero
únicamente cuando se persiga (i) la defensa del orden jurídico, (ii) del
patrimonio público, y (iii) de los derechos y garantías fundamentales, de modo
que, si bien el Ministerio Público es sujeto procesal y en esa calidad tiene unas

15 Que establece las funciones del Procurador General de la Nación.
16 Que consagra las atribuciones del Ministerio Público.

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atribuciones especiales, [lo que]no implica que pueda desplazar o reemplazar
a cualquiera de las partes o extremos de la litis”17.

Comoquiera que el señor agente del Ministerio Público sustentó el recurso de
apelación en que actúa en defensa del orden jurídico y atendiendo la
naturaleza pública de la acción de pérdida de investidura, que “(…) tiene
como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que
incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles
con la dignidad del cargo que ostentan (…)18”, la Sala concluye que el señor
agente del Ministerio Público estaba legitimado para interponerlo, y es
procedente descender en su análisis.

3.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento fue designada
concejal del municipio de Repelón, Atlántico, por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social para el período constitucional 2020-2023, el
solicitante aportó copia del formulario E-26 CON19, donde consta que se
declararon electos como concejales de dicho municipio del departamento
del Atlántico, para el citado período, entre otros, a la señora Carrillo
Sarmiento; en su caso, atendiendo lo previsto por la Ley Estatutaria 1909
del 9 de julio de 201820.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 29 de julio de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 68001
23 33 000 2019 00892 01 (PI).
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
19
En el cual se dejó la siguiente constancia: “Teniendo en cuenta que al momento de
realizar la declaratoria de ALCALDE el segundo candidato con mayor votación CECILIA
SOLET CARRILLO SARMIENTO, manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul al
CONCEJO, se asigna Ley 1909 de 2018. Por lo tanto, se restara una curul del número de
curules a proveer”.
20
“Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos
a las organizaciones políticas independientes”.

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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

4.- Hechos probados

En el proceso está acreditado lo siguiente:

4.1. Tal como consta en el formulario E-26 CON21 expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la señora Cecilia Solet Carrillo
Sarmiento fue declarada electa concejal del municipio de Repelón,
Atlántico, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS para el
período constitucional 2020-2023, “teniendo en cuenta que al momento
de realizar la declaratoria de ALCALDE el segundo candidato con mayor
votación CECILIA SOLET CARRILLO SARMIENTO, manifestó por escrito la
decisión de aceptar la curul al CONCEJO, se asigna Ley 1909 de 2018. Por
lo tanto, se restara una curul del número de curules a proveer”.

4.2. Por escrito de fecha 27 de diciembre de 2019, recibido el 2 de enero
de 2020, la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento dirigió la siguiente
comunicación al Registrador Nacional del Estado Civil del municipio de
Repelón, Atlántico:

“[…] El pasado 27 de octubre de 2019, aspiré a la alcaldía del
Municipio de Repelón, de la cual ocupé el segundo puesto en votación,
y atendiendo lo preceptuado en la Ley 1909 de 2018, la cual establece,
en su artículo 25, que los candidatos que sigan en votos a quienes la
autoridad electoral declaren elegidos como gobernador o alcalde
tendrán el derecho personal a ocupar, respectivamente, una curul en
la asamblea o el concejo, es por ello, que a la suscrita le correspondió
la dignidad de ser concejal del municipio de Repelón, la cual acepté.

Sin embargo, antes de que tome posesión a tan honorable
nombramiento, y en virtud a que debo adelantar diligencias
personales y de índole académico dentro y fuera del país, me es
imprescindible presentar renuncia a mi curul como concejal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, presento ante vuestro
despacho la presente decisión para lo de su competencia.

[…]”. (negrillas originales)

21
Consultado vía One Drive.

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Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

4.3. Según Acta nro. 001 de la sesión especial del 2 de enero de 2020,
del concejo municipal de Repelón, Atlántico, se instaló y tomaron posesión
del cargo los concejales electos.

En el punto “acreditación de los concejales electos ante el presidente
provisional”, se dejó la siguiente constancia: “el señor presidente informa
que (sic) señores concejales ya revisión (sic) de la comisión a sus
credenciales con sus respectivas cédulas de ciudadanía nos pudimos dar
cuenta de que solo se verificaron 12 credenciales por lo tanto la secretaria
le va a dar lectura a un oficio que entrega la concejal 13, CECILIA SOLET
CARRILLO que pasó un comunicado aquí ante la mesa directiva,
escuchemos la lectura, la secretaria dio lectura al oficio que fue recibido
hoy a las 8:44 a.m. (…) Aquí el señor presidente le dice a los honorables
concejales que esta novedad que se presenta es la carta de renuncia de
la concejala Cecilia Solet Carrillo y solicita su aceptación a la misma ante
el concejo, el cual deberá ser notificada en la registraduría del municipio
de Repelón y a nivel nacional”.

4.4. Mediante comunicación del 7 de enero de 2020, la presidenta del
concejo municipal de Repelón, Atlántico, le informó lo siguiente a la
señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento:

“[…] Por medio de la presente le comunico a usted, que en reunión de
mesa directiva que se realizó el día 2 de enero de 2020, luego se (sic)
haber terminado la sesión especial de posesión del concejo. Se acordó
la aceptación de su renuncia a la curul como concejal municipal de
Repelón, por justificadas razones personales, que usted explicó en el
oficio presentado ante esta honorable corporación antes de la
ceremonia de posesión del concejo.

Para darle cumplimiento a la ley se procedió a expedir Resolución de
aceptación a la renuncia a la curul de concejal, y a la vez mediante
oficio esta corporación envió a la Registraduría General de la Nación,
copia de la misma […]”.

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5.- Análisis de la Sala

Se solicitó decretar la pérdida de investidura de la señora Cecilia Solet
Carrillo Sarmiento, designada concejal del municipio de Repelón,
Atlántico, período 2020 - 2023, luego de obtener la segunda votación para
la elección de alcalde del mismo municipio, y se le endilga estar incursa
en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, que dispone:

“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

(…)

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según
el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

(…)

Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor (…)”.

Acorde con la jurisprudencia de la Corporación, la finalidad de esta causal
es garantizar el principio democrático de representación política porque
obliga a los miembros de las corporaciones públicas elegidos
popularmente a asumir el ejercicio del mandato que le confirió el pueblo
a través de su voto, so pena de la sanción prevista en la ley22.

Al efecto, se ha explicado que el elegido contrae un compromiso con sus
electores y con la institución, por lo que no tomar posesión “implica una
ruptura del pacto político existente entre el elector o la institucionalidad

22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de

mayo de 2019. C.P. William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 03883 01.

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y el elegido, llamado o designado, elemento fundamental de la
democracia representativa; es decir, esta causal exige que la confianza
depositada por el elector (…) no resulte frustrada por la decisión unilateral
e injustificada del representante o senador [concejal] de no presentarse
a la posesión del cargo sin que medie fuerza mayor que así lo avale”23.

Esta Sección también ha dicho que de la disposición en cita se desprende
que “(…) los ciudadanos que han sido elegidos por el voto popular como
miembros de una corporación administrativa de carácter territorial tienen
el deber legal de tomar posesión del cargo dentro del término
perentorio previsto en ella, so pena de incurrir en causal de pérdida de
investidura. Esta consecuencia, sin embargo, no opera cuando medie
fuerza mayor que impida al elegido cumplir con tal obligación”24.
(negrillas originales)

En el asunto bajo análisis, la parte solicitante de la pérdida manifestó que
el hecho de que la acusada no hubiera sido elegida para el cargo de
concejal no la eximía del deber de tomar posesión del mismo una vez
aceptó la designación; la acusada sostiene que, como no fue elegida
popularmente para dicho cargo, no tenía la obligación de aceptarlo, ni de
posesionarse, y que por lo tanto la causal invocada no se estructura. Por
su parte, el señor Agente del Ministerio Público manifiesta que, si bien es
cierto no tenía la obligación de aceptar el cargo, una vez tomó la
determinación de hacer uso del derecho que el Estatuto de la Oposición
le otorgó, luego de obtener la segunda votación para alcalde municipal,
la designada concejal tenía el deber de posesionarse, so pena de que se
le aplique la sanción de pérdida de investidura.

23
Ibídem.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 10 de noviembre de 2017. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
66001-23-33-002-2016-00055- 01 (PI).

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En consideración a lo anterior, la Sala analizará (i) si están reunidos los
requisitos del elemento objetivo de la causal, y, de estar configurado,
descenderá al (ii) elemento subjetivo.

5.1. Requisitos para la configuración del elemento objetivo de la
causal

De la literalidad de la disposición que establece la causal invocada, se
desprende que deben estar reunidos los siguientes elementos:

(i) Que el acusado haya sido elegido como concejal.

(ii) Que no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de la instalación del concejo o a la fecha en que sean llamados
a posesionarse.

Examinados en el caso concreto, se tiene:

• La acusada fue designada como concejal: Esta acreditado en el
proceso que la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento fue nombrada
concejal del municipio de Repelón, Atlántico, por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social – MAIS, para el período constitucional 2020-
2023, por haber obtenido la segunda mayor votación en el cargo de
alcalde, y al manifestar por escrito que aceptaba la curul al concejo, según
consta en el formulario E- 26 CON expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Al respecto, el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, “por medio del cual se
adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes”, dispuso:

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“[…] ARTÍCULO 25. CURULES EN LAS CORPORACIONES
PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES. Los candidatos que sigan en votos a quienes la
autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho
personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas
Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales
respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la
organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las
opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y harán parte de la
misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador,
Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en
votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y
municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las
credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a
los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos
cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la
Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista
en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de
todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales por población […]”.

Del inciso tercero de la precitada norma se desprende que, solo una vez
se manifiesta la aceptación, la autoridad electoral le expide la credencial
de concejal a quien ocupó el segundo puesto en las votaciones de alcalde
municipal.

La Corte Constitucional, en la sentencia C- 018 del 4 de julio de 2018, al
efectuar la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria
Nro. 03/17 Senado–006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta el
Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes”, declaró exequible el precitado artículo, y al
efecto analizó lo siguiente:

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“[…] 41. Como lo señalaron distintas intervenciones, advierte la Corte
que el PLE Estatuto de la Oposición está relacionado con contenidos
del Acuerdo Final, particularmente con su punto 2. Este punto se
denomina “Participación política: Apertura democrática para construir
la paz” y, según el mismo Acuerdo Final, parte de la idea de que para
la construcción y consolidación de la paz se requiere “[u]na ampliación
democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario
político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los
grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el
pluralismo y por lo tanto la representación de las diferentes visiones
e intereses de la sociedad, con las debidas garantías de participación
e inclusión política”.

42. El punto 2 del Acuerdo Final se desarrolla en tres ejes, a saber:
(i) “[d]erechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición
política en general, y en particular para los nuevos movimientos que
surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios”; (ii)
“[m]ecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los
de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”;
y (iii) “[m]edidas efectivas para promover una mayor participación en
la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo
la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con
garantías de seguridad”.

(…)

(…) el artículo 25 del PLEEO es un desarrollo directo de los incisos 4º
y 6º del artículo 112 Superior, adicionado por el Acto Legislativo 02
de 2015. En primer lugar, el legislador estatutario estableció que “los
candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare
elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde
Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en
su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de
estas corporaciones”, ello reproduce el inciso 4º del artículo 112 por
lo que no genera problema de constitucionalidad alguno. A su vez,
señala que en dichas corporaciones colegiadas harán parte de la
organización política a la cual pertenecen, es decir, tal como sucede
con el candidato a presidente y vicepresidente el legislador estatutario
busca fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a través
de partidos y movimientos políticos y no recurriendo al ejercicio
personalista de la política.

604. Los siguientes tres incisos del artículo 25 bajo revisión
incorporan las reglas procedimentales para la distribución de las
curules, habida cuenta de que a diferencia de lo que sucede en el
inciso 2º del artículo 112 tratándose de las curules otorgadas al
candidato que le siga en votos al presidente y vicepresidente de la
República electos, el constituyente no previó una regla determinada
para la distribución de dichas curules en los Consejos y Asambleas. En

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primer lugar se establece que el candidato que siga en votación al
gobernador de departamento o alcalde municipal o distrital electo,
deberá manifestar su voluntad de acceder a la curul en la asamblea o
el concejo municipal o distrital respectivamente. El inciso 6º del
artículo 112 superior, señala la consecuencia derivada de la “no
aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades
territoriales […]”, de donde razonablemente se infiere que entre la
certificaciones de los resultados electorales por parte de la autoridad
electoral y el otorgamiento de la curul en la asamblea o el concejo
debe mediar una aceptación, de donde se sigue que el requisito
de manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente,
su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales, incorporado en
el PLEEO bajo análisis se encuentra dentro de las competencias del
legislador estatutario.

605. Por su parte, el inciso tercero del artículo 25 señala que una
vez otorgadas las curules en la asamblea, concejo municipal o distrital,
según corresponda, se procederá al cálculo de las demás curules en
los términos del artículo 263 de la Constitución. Así, este inciso
tampoco se opone a lo dispuesto en la Constitución Política, en la
medida, en que a diferencia de lo que sucede con las curules en
senado y cámara, el constituyente no previó un aumento en el número
de miembros de dichas corporaciones colegiadas, como tampoco
previó la modificación expresa del sistema de reparto de curules en
dichas corporaciones, por lo cual, de una lectura sistemática de la
Constitución debe entenderse que el reparto se hace de conformidad
con el artículo 263 superior, tal y como lo hace en este caso el
legislador estatutario.

606. Finalmente, el último inciso del artículo 25 señala como
consecuencia de la no aceptación de la curul la aplicación de “la regla
general prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la
distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales por población”, este inciso tampoco
plantea problema constitucional alguno, en la medida en que
reproduce el inciso sexto del artículo 6º del artículo 112, otorgándole
a la no aceptación de la curul por parte del candidato derrotado la
misma consecuencia que ya había sido prevista por el constituyente.

[…]”.

Conforme con lo anterior, la Sala concluye que este requisito se cumple,
por cuanto la señora Cecilia Solet Carrillo Sarmiento ocupó el segundo
puesto en la votación para alcalde del municipio de Repelón, Atlántico,
período 2020 – 2023, y manifestó su decisión de aceptar la curul al
concejo municipal como derecho que le otorgó el Estatuto de la Oposición

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y, por ello, la Registraduría Nacional mediante el formulario E-26 CON, la
declaró electa como concejal de ese municipio.

• Que no se haya posesionado en el cargo dentro del término
señalado en la ley:

Frente a este elemento se tiene que, en el Acta nro. 001 de la sesión
especial del 2 de enero de 2020 del concejo municipal de Repelón,
Atlántico, consta que se instaló y tomaron posesión del cargo los
concejales electos con excepción de la señora Carrillo Sarmiento.

La Sala estima pertinente precisar cuándo se entiende materializado el
acto de posesión de los concejales y para ello ha distinguido25:

“[…] El artículo 35 de la Ley 136 de 2 de junio de 199426, regula tanto
la instalación de los concejos municipales como la elección de sus
funcionarios así:

“[…] Artículo 35. Elección de funcionarios. Los concejos se
instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en
los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la
iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento
de fecha con tres días de anticipación. (…).

[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Una vez instalados los concejos municipales y en consonancia con el
artículo 122 Superior, el artículo 49 de la Ley 136 establece que los
concejales se posesionarán en sus cargos ante el presidente de la
respectiva corporación (…).

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 28 de enero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
68001-23-33-000-2020-00032-01 (PI).
26“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.

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De igual forma, en cuanto a estos actos de posesión de los concejales
y de instalación de los concejos, en sentencias de 27 de abril de 200627
y de 19 de junio de 200828, la Sala precisó:

“[…] Para resolver, debe precisarse que la posesión es el acto de
prestar ante el funcionario el juramento que ordena el artículo
122 de la Constitución Política. De este acto da fe un acta,
suscrita por quien toma el juramento y quien lo pronuncia. Sin
esta solemnidad no puede entrarse a servir ningún cargo. La
posesión es una declaración de voluntad administrativa, que
tiene consecuencias jurídicas29.

La instalación es un acto de la Corporación como tal y que se
celebra por una sola vez, al iniciarse el período constitucional.

A su turno, la iniciación del período de sesiones supone el acto de
instalación en que debieron posesionarse sus miembros […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de
la Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 136, todos los servidores públicos, categoría a la cual
pertenecen los concejales, deberán posesionarse de manera previa al
ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula
directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades
institucionales30. […]”.

(Negrillas y subrayas originales en la providencia).

La acusada alega que, comoquiera que se postuló para la alcaldía de
Repelón, no para el concejo municipal, no tenía el deber de posesionarse
en el cargo de concejal, puesto que la curul obtenida no devino

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 27 de abril de 2006, número único de radicado 23001-23-31-000-2004-00059-02,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 19 de junio de 2008, número único de radicado 70001-23-31-000-2006-00531-01,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 16 de marzo de 1993,

expediente núm. 501, consejero ponente doctor Humberto Mora Osejo.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

marzo de 2017, número único de radicado 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente
doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver también: Corte Constitucional, sentencia C-247 de
1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de julio de
1998.

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directamente del favor popular, sino del derecho personal derivado de su
participación en la elección de alcalde municipal, por lo que no se configura
la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000.

A este respecto, observa la Sala que la vocación que adquiere quien ocupa
el segundo lugar en las elecciones para alcalde, de ser designado en el
concejo, deriva precisamente de la confianza que depositó en esa persona
el electorado, y del carácter que adquiere como persona representativa en
la oposición; precisamente para que tenga la posibilidad de expresar con
criterio de autoridad los argumentos que le llevaron al segundo lugar en las
votaciones, en representación de las personas que depositaron su voto a
favor, el Estatuto de la Oposición ha previsto que se manifieste sobre la
aceptación o no de la curul que se le ofrece. No se trata entonces de un
derecho personal derivado de su participación en la elección a alcalde, sino
de una posición que adquiere como consecuencia de la confianza que le
deposita el elector y que le lleva precisamente a ocupar el cargo, de
aceptarlo, para la defensa de las ideas que le ha expuesto a sus electores.
La decisión positiva, además, afecta la composición del concejo, como
quiera que las curules asignadas no varían, y por lo tanto quedará un
aspirante por fuera, no obstante que hubiese alcanzado los votos suficientes
para integrar el cuerpo colegiado.

Bajo este contexto, la Sala estima que, quien aspira a ocupar un cargo de
elección popular, está sometido en principio al régimen propio de la
investidura para la cual pretende ser elegido; por lo tanto, si se postula
para alcalde, está sometido al régimen de dicho cargo. No obstante, una
vez el candidato que obtuvo la segunda votación para alcalde acepta la
designación como concejal, acepta con ello las reglas que rigen a los
concejales, pues la posición que ahora ocupa es exactamente la misma de
quienes aspiraron a estas curules, y su origen es igualmente idéntico; lo
que lleva a uno y otro a ocupar la curul es el voto del electorado, que lo

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deposita para la defensa de las ideas que expone el candidato; y que,
tratándose de la elección de alcalde, de antemano sabe que la aspiración
de su candidato lo puede ser para la alcaldía, si ocupa el primer lugar, o
para el concejo, si es el segundo.

Los razonamientos anteriores permiten entonces concluir que, quien acepta
la designación como concejal porque ha quedado en segundo lugar en la
votación para la alcaldía, queda a partir de ese momento sujeto a todas las
causales de pérdida de investidura que taxativamente estén previstas para
los concejales, precisamente porque, a partir del momento de la aceptación,
ya tiene vocación de desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en
condiciones de igualdad con los demás concejales.

Por consiguiente, no le asiste razón a la acusada al considerar que los
elementos estructurales de la causal no se configuran en su caso, ya que,
una vez aceptó la designación como concejal, estaba en la obligación de
cumplir en lo sucesivo los deberes que el cargo le impone; uno de los cuales
era posesionarse, ya sea dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
de la instalación del concejo, o a la fecha en que fueren llamados para
ello.

Por lo tanto, al estar probado que la señora Carrillo Sarmiento no tomó
posesión como concejal, este requisito también se acredita.

Ahora bien, el parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
establece un eximente de responsabilidad para la causal que aquí se
endilga, consistente en que no se configura cuando medie fuerza mayor;
así lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-632 de 2017 al
explicar:

“[…] 4.4. La fuerza mayor como eximente de responsabilidad
de cara a la causal de pérdida de investidura por
incumplimiento del deber de posesión en el cargo

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Como se indicó, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece los
casos en los cuales los diputados, concejales municipales y distritales
y miembros de juntas administradoras locales pueden perder su
investidura. El numeral 3 indica que una de las causales para recibir
la sanción es no tomar posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la instalación de la respectiva Corporación. Por su parte,
el parágrafo 1° de dicha norma establece que la causal citada no
tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor.

La fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, está señalada en
el artículo 64 del Código Civil (subrogado por artículo 1º de la Ley 95
de 1890), el cual dispone que: “[s]e llama fuerza mayor o caso
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad
ejercidos por un funcionario público. etc.”. Esta causal, por tanto,
requiere para obrar como justificación reunir un conjunto de
características, las cuales son básicamente: (i) que el hecho
sea irresistible; (ii) que sea imprevisible y (iii) que sea externo
respecto del obligado.

(…)

En este orden de ideas, es claro para la Corte que para que se
constituya la causal de exoneración descrita en el parágrafo 1º del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, es necesario que se presente el
fenómeno de fuerza mayor, el cual para su configuración requiere que
quien alega la existencia de la misma pruebe que la decisión fue
externa, es decir, no intervino la voluntad del interesado en su
adopción, ni haya tenido control sobre la situación.

[…].”

La fuerza mayor se trata entonces de un eximente de responsabilidad que
busca romper el nexo para la estructuración de la causal; en
consecuencia, la Sala pasa a determinar si en este evento la conducta de
la acusada está justificada en fuerza mayor y, para ello, recuerda que la
jurisprudencia de esta Corporación ha entendido el concepto en la forma
señalada en la legislación civil, así31:

“[…] 80. Visto el artículo 1.º de la Ley 95 de 2 de diciembre de 1890,
sobre reformas civiles, que subrogó el artículo 64 del Código Civil, “[…]

31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de
octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 11001-
03-15-000-2018-02616- 01 (PI). (Acumulados 11001-03-15-000-2018-02616-01 y
11001-03-15-000-2018-02672-00).

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Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento
de enemigos, los actos [i.e] de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc. […]” (Destacado fuera de texto).

81. La definición legal establece un concepto unitario y conjunto de
las instituciones procesales que han sido denominadas como causa
extraña, al punto de señalar que el caso fortuito y la fuerza mayor se
constituyen por un “[…] imprevisto a que no es posible resistir […]”32.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
diferenciado las dos figuras […]”.

En esa medida, la fuerza mayor es una situación imprevisible que es
imposible de resistir, por lo que dicho concepto envuelve las
características de imprevisible, irresistible y exterior. Así se ha
explicado33:

“[…]

82. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante sentencia proferida el 28 de mayo de 201934,
consideró que la configuración del fenómeno jurídico de fuerza mayor
debía cumplir tres requisitos, a saber: imprevisibilidad, irresistibilidad
y exterioridad. La sentencia los precisó de la siguiente manera:

83. La imprevisibilidad significa que “[…] quien aduce el hecho como
constitutivo de fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin
de evitar sus consecuencias porque no podía prever con anterioridad
su ocurrencia; es decir, que no había alguna razón especial para que
el sujeto pensara que se produciría el acontecimiento que configura la
fuerza mayor. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, explica que el hecho imprevisible es aquel «que dentro de las
circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por
anticipado su ocurrencia […]”.

84. La irresistibilidad implica que “[…] el cumplimiento de la
obligación se torne imposible pese a la conducta prudente adoptada
por el sujeto. Es decir, hace referencia a que quien alegue la fuerza
mayor debe probar que la situación que invoca conllevó la
imposibilidad de cumplir o de obrar de manera diferente a como lo

32
Es importante resaltar que en el derecho internacional no se distingue entre el
concepto de fuerza mayor y caso fortuito. Se trata de la misma figura, entendida como
el imprevisto a que no es posible resistir.
33
Ibídem.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia proferida
el 28 de mayo de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201803883-01; Consejero Ponente, doctor William Hernández Gómez.

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hizo; por lo tanto, no se trata de una simple dificultad sino de un
verdadero obstáculo insuperable […]”.

85. La exterioridad o extrañeza significa que “[…] no puede alegar
esa causa quien ha contribuido con su conducta a la realización del
hecho alegado; es decir, el afectado no puede haber intervenido en la
situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, de forma
que no haya tenido control sobre la situación ni injerencia en esta. Por
esa razón el acontecimiento no puede ser imputable a la persona […]”.
Señala, además, que la exterioridad se concreta en que el
acontecimiento o circunstancia que se invoca como causa extraña,
también debe resultarle ajeno jurídicamente a quién lo alega; es decir,
quien lo alega no debe tener control sobre la situación, ni injerencia
en la misma y no debe tener el deber jurídico de responder. […]”.
(negrillas en la providencia)

En el caso, se observa que la concejal electa no alegó ningún hecho
constitutivo de fuerza mayor para dejar de tomar posesión del cargo,
puesto que se limitó a indicar, en el escrito radicado el 2 de enero de
2020, mediante el cual “renunció” a la designación como concejal, que
“(…) antes de que tome posesión a tan honorable nombramiento, y en
virtud a que debo adelantar diligencias personales y de índole académico
dentro y fuera del país, me es imprescindible presentar renuncia a mi
curul como concejal”. (negrillas originales).

De modo que lo que se comprueba es que la señora Carrillo Sarmiento
decidió de manera voluntaria no posesionarse como concejal, lo que
sustentó en razones de índole personal y académico; las cuales por sí
solas no constituyen fuerza mayor, por no tener la característica de
imprevisible, ni comportar el requisito de irresistible.

Se reitera entonces que, una vez la concejal acusada manifestó de forma
voluntaria que ocuparía la curul de conformidad con el artículo 25 del
Estatuto de la Oposición, le asistía el deber legal de tomar posesión del
cargo, sin que aducir razones de índole personal tengan la entidad para
sustraerla del cumplimiento de dicho deber; de manera que, contrario a

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lo sostenido por la acusada, se acredita el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura.

4.3. Elemento subjetivo

Así como el elemento objetivo de la pérdida de investidura corresponde
al principio de tipicidad del derecho sancionador del Estado, el elemento
subjetivo de esta acción pública tiene que ver con la culpabilidad.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan”35.

En la referida sentencia la Corte precisó que “los principios del derecho
sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la
ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no
ser declarado culpable. De este último principio, se ha derivado el
principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia a la
necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión de
un delito”36. (destacado en la providencia)

El elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de la presunción
de inocencia, que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; la
culpabilidad implica que deba estar acreditada la responsabilidad

35 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortíz Delgado.
36
Ibídem.

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subjetiva del acusado para la estructuración de la causal. Por tal razón, la
culpabilidad, consiste en efectuar un juicio de reproche sobre la conducta
del implicado37.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En este caso, la demanda se radicó el 22 de septiembre de 202038 y, por
ende, ya había entrado en vigencia la Ley 2003 del 19 de noviembre de
2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 201839, que dispuso
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva, y que la acción se ejercerá contra los
congresistas [léase para el caso concejal] que con su conducta dolosa o
gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura previstas en la Constitución.

37
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
38 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
39
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.

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A su turno, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

De contera, el caso debe de estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez
que este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio
de responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de
la culpabilidad del investigado40.

La Sala estima que la concejal acusada incurrió en la causal de pérdida
de investidura, pues su actuación fue negligente, ya que manifestó
voluntariamente que no se posesionaría en el cargo sin aducir razones de
fuerza mayor para ello, por lo que, no obró con la diligencia debida para
establecer si, luego de aceptar la curul de concejal de manera expresa,
podía renunciar a la misma y no tomar posesión del cargo; y tampoco se
observa que su conducta esté justificada en la buena fe calificada, por las
razones que pasan a explicarse:

Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos
en los cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta
prohibida, porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada
y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora
de un profesional idóneo y éste le aconseja mal; ello siempre y cuando
no haya claridad en relación con el punto que se discute para la

40
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).

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30

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configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es
clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.

En este caso, la acusada no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y éstas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura.

Cabe también precisar que, comoquiera que la culpabilidad – elemento
subjetivo de la pérdida de investidura - consiste en efectuar un juicio de
reproche sobre la conducta del implicado, no niega la Sala que ella puede
justificarse cuando éste actúa con el convencimiento de que su conducta
es ajustada al ordenamiento jurídico; pero ese convencimiento supone
que el implicado ha incurrido en ella por error invencible, es decir, aquél
que es común a muchos y del cual no es posible sustraerse, ya que, al
tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve
de excusa.

Es esa la razón por la cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de
conocimiento, el actor no alegue simplemente que obró de buena fe, sino
que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error
invencible, en la medida en que actuó de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró

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adecuadamente de abogados idóneos, no obstante lo cual incurrió en la
conducta reprochable.

Por lo dicho, queda acreditado dentro del proceso que la conducta de la
acusada fue culpable, a título de culpa grave, como quiera que se trató
de la manifestación de no posesionarse en el cargo de concejal, que no
estuvo respaldada en buena fe calificada, proveniente de error invencible.

Por último, la acusada alegó que no defraudó la confianza de los electores
porque no fue elegida popularmente como concejal y por ello le asistía el
derecho de renunciar a la curul antes de posesionarse; sin embargo, la
Sala recuerda que, como se explicó líneas atrás, la finalidad de la causal
endilgada es garantizar el principio democrático de representación política
porque obliga a quienes fueron elegidos popularmente a asumir el
ejercicio del mandato que les confirió el pueblo a través del voto, de modo
que no tomar posesión del cargo implica una ruptura del pacto político
entre los electores y el elegido.

Si bien es cierto, como lo aduce la acusada, que no fue elegida
popularmente para el cargo de concejal, sino que su aspiración fue para
fungir como alcalde, también lo es que en el proceso está acreditado que
la concejal manifestó a la autoridad electoral la voluntad de aceptar la
curul y, en razón a dicha aceptación, fue que se le designó en el cargo;
por lo que, una vez declarada concejal, le asistía el deber legal de
posesionarse.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero del artículo
25 del Estatuto de la Oposición establece que, cuando, quien ocupe el
segundo puesto de la votación para el cargo de alcalde, acepte la curul de
concejal, se aplicará la regla prevista en el artículo 263 de la Constitución
para la distribución de las curules en los concejos municipales, por lo que

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la aceptación constituye la disminución de un escaño a asignar en la
votación obtenida directamente en los respectivos comicios.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que, al tenor de lo establecido
por el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 2276 de 2019,
la señora Carrillo Sarmiento tuvo la libertad de no aceptar la curul de
concejal a la que tenía derecho a aspirar por haber obtenido la segunda
votación a la alcaldía del municipio; pero, una vez hizo uso del mismo, ya
no podía declinar, sino solo por causas constitutivas de fuerza mayor.

Sobre este punto, valga traer a colación el procedimiento que debe
seguirse para hacer efectivo el ejercicio del derecho otorgado por el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, el cual está regulado en la Resolución
nro. 2276 del 11 de junio de 2019, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, que dispuso:

“[…] Que la Ley 1909 de 2018 adoptó el Estatuto de la oposición
política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes, dentro de los cuales se contempló en su artículo 25
que los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad
electoral declare elegidos en los cargos de gobernador de
departamento, alcalde distrital y/o alcalde municipal, tendrán
derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las asambleas
departamentales, concejos distritales y/o concejos municipales
respectivos, durante el período de estas corporaciones.

Que es necesario establecer el procedimiento y las reglas mediante
las cuales se haga efectivo el ejercido del derecho otorgado, sin que
ello afecte el desarrollo correcto, ininterrumpido, público,
transparente e imparcial de los escrutinios que se realicen con
ocasión de las elecciones de autoridades locales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESARROLLO DE LOS ESCRUTINIOS Y
DECLARATORIA DE ELECCION DE ALCALDES Y
GOBERNADORES. - Las comisiones escrutadoras del orden
auxiliar, municipal, distrital y departamental, deben realizar el
cómputo de votos de las elecciones de autoridades locales

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33

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

estrictamente en el siguiente orden: 1. Alcaldía: 2 Gobernación; 3.
Concejo Distrital o Municipal: 4. Asamblea Departamental 5. Junta
Administradora Local, si las hubiere.

Una vez culminado el cómputo total de votos para la totalidad de
cargos y corporaciones, y resueltas las correspondientes
reclamaciones, si no hubiese apelaciones a las decisiones
adoptadas, las Comisiones Escrutadoras del orden municipal,
distrital o departamental deberán declarar, según su competencia,
los candidatos electos como Alcalde y Gobernador. No se podrá
declarar la elección de las corporaciones públicas de Asamblea y
Concejo hasta tanto no finalice el escrutinio y la declaratoria de
elección de los cargos uninominales.

ARTÍCULO SEGUNDO OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA
CURUL EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.-Dentro de las 24 horas
siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de gobernador,
alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas
departamentales y concejos distritales y/o municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo (2)
puesto en votación, deberán manifestar por escrito por una sola vez
y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una curul
en las asambleas departamentales y concejos distritales y/o
municipales.

En el acta de escrutinio respectiva y E-28 que declare la elección de
alcalde distrital yo municipal y gobernador, deberá dejarse
constancia de que candidato ocupó el segundo (2º) lugar en
votación, darse lectura de la misma en la correspondiente audiencia.

La manifestación de que trata el presente articulo, y dentro del
término señalado, podrá hacerse ante la comisión escrutadora
encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo
uninominal, o ante la comisión escrutadora competente para
declarar las corporaciones públicas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si vencido el plazo señalado, el candidato
que siga en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos
en los cargos de gobernador de departamento alcalde distrital y/o
alcalde municipal, no existe manifestación de aceptación o no de la
curul en la corporación pública en el término establecido se
entenderá que no se acepta la respectiva curul, y se dejará la
constancia en la correspondiente acta escrutinio.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el voto en blanco o
promotores de este, obtengan la segunda votación en las elecciones
de cargos uninominales, la misma no será tenida en cuenta para los
efectos del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 y de lo estipulado en
el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO TERCERO: La Registraduría Nacional del Estado Civil
incorporará lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1909 de 2018 y

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en el presente articulo, en el Formulario de Inscripción de la
candidatura uninominal E-6, de forma clara y precisa para
conocimiento de los candidatos.

ARTICULO TERCERO: DECLARATORIA DE ELECCIÓN DE LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS. - Vencido el término de que tratan
los artículos anteriores, la Comisión Escrutadora reanudará la
diligencia de escrutinios y declarará los candidatos electos para las
corporaciones públicas de concejo municipal y/o distrital, o
asamblea departamental, según su competencia, así:

EN CASO DE ACEPTACIÓN: Otorgará la respectiva credencial
como diputados y concejales distritales y/o municipales a quienes
ocuparon los segundos puestos en la votación para gobernador y
alcalde, respectivamente, y a continuación procederá a aplicar la
regla general prevista en el articulo 263 de la Constitución para la
distribución de las curules restantes de asambleas departamentales
y concejos Distritales y/o Municipales.

EN CASO DE NO ACEPTACIÓN: Aplicará la regla general prevista
en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de
la totalidad las curules de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y/o Municipales por población.

[…]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas)

Ahora bien, manifestó el apoderado de la acusada, en la contestación de
la solicitud de pérdida, que la expresión “y sin posibilidad de retracto”
contenida en el artículo 2 de la Resolución nro. 2276 debe inaplicarse por
inconstitucional. Al respecto, la Sala observa que tal expresión fue
demandada en el medio de control de nulidad electoral, y la Sección
Quinta de esta Corporación, en sentencia del 16 de diciembre de 2020,
estimó que la autoridad electoral no excedió la potestad reglamentaria, y
para ello analizó lo siguiente41:

“[…] La situación referida, de entrada, para la Sala no constituye
exceso en su potestad reglamentaria, pues como se indicó en
precedencia, la reserva de ley en materias específicas, como la que
corresponde a funciones electorales, se ha otorgado puntualmente al
Legislador Estatutario, lo cual no se advierte desconocido ya que, en

41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia

del 16 de diciembre de 2020. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Expediente
radicación nro. 11001 03 28 000 2019 00060 00 (Ppal. Acumulados).

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el caso concreto, fue precisamente éste, quien expidió el que ahora se
conoce como el Estatuto de la Oposición o Ley 1909 de 2018 y en
consecuencia, la reglamentación de la función electoral que sí
correspondía al CNE, debe verificarse en entornos de detalles técnicos,
administrativos o logísticos que contribuyen al ejercicio democrático,
como en efecto ocurrió.

(…)

Para la Sala, evidentemente el legislador estatutario no contempló de
manera expresa la posibilidad o no de retracto frente a la decisión que
manifieste el candidato que, en comicios para elecciones uninominales
de gobernador o alcalde, obtenga el segundo lugar en las votaciones,
respecto de su derecho personal a acceder a una curul en la asamblea
o concejo correspondiente; sin embargo, ello no significa que haya
excedido sus facultades; pues no incluyó un aspecto nuevo frente a lo
legislado estatutariamente, sino que su establecimiento contribuye a
los fines de la norma estatutaria ya que con ella se materializa lo
referente a la aceptación o no de la curul en el término indicado, que
es precisamente la disposición del legislador.

Lo anterior, significa que aunque expresamente la norma estatutaria
no hace referencia directa a la posibilidad de retracto, como sí lo hizo
la autoridad electoral, no se evidencia en ello una función legislativa
sino relativa a la operatividad como órgano de control y vigilancia de
los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.

(…)

En el asunto concreto, se tiene que la ley estatutaria al respecto,
únicamente se refirió a la obligación de manifestar por escrito ante la
comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una
curul; y, si bien no hizo manifestación alguna sobre la posibilidad o no
de retracto respecto de tal expresión, lo cierto es que ello incide
directamente en el reparto de las curules, pues en el caso de
asambleas y concejos, dicha aceptación constituye la disminución de
un escaño a asignar en la votación obtenida directamente en los
comicios de cada corporación […]”.

No sobra recordar que la Sala, en sentencia del 11 de marzo de 2021,
revocó la proferida el 5 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, la cual fue citada en este asunto como precedente horizontal
por el tribunal de instancia. Allí la Sección expuso42:

42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 15001 23 33 000 2020 01680 01 (PI).

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“[…] iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal y, con ello,
la prohibición de retracto cumple las siguientes finalidades
razonables: (i) en primer lugar, garantiza el buen funcionamiento
de la organización electoral y con ello el cumplimiento de la
Constitución Política que reconoce un derecho a favor del candidato
que resultó derrotado en las elecciones uninominales; (ii) permite
que en los tiempos y en la oportunidad prevista en la norma se
puede efectuar la aplicación de la cifra repartidora y con ello tener
certeza de quién va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa
constitucional. En esa medida, no resulta admisible que el concejal
designado de forma caprichosa acepte la curul y luego desista, más
aún si está en juego la representación de los derechos de la
oposición. Valga resaltar que la reforma constitucional introducida
con el Acto Legislativo 02 de 2015 fue concebida para garantizar los
derechos de la oposición la cual es vista no solo como «[…] (i) una
garantía institucional para las organizaciones políticas que
participan en el sistema democrático que se declaren en oposición
al Gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias
legislativas43»; sino también «(ii) un derecho fundamental de todos
los ciudadanos a participar en el control del poder político»44 y, (iii)
finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe
brindar el Consejo Nacional Electoral.

(v) Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de
tomar posesión de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar el
juramento de cumplir y defender la Constitución, por cuanto dicho
acto solemne lo vincula directamente con sus deberes, derechos y
responsabilidades institucionales y, no hacerlo dentro de la
oportunidad prevista por la ley- que para el caso de los concejales
debe realizarse en la instalación del concejo o dentro de los tres (3)
días siguientes- podría acarrear la muerte política, salvo que medie
fuerza mayor.

(vi) Resulta reprochable, entonces que, una vez efectuada la
manifestación de aceptación, el llamado-designado no se posesione
en el cargo, toda vez que con ello se afecta el principio de
representación democrática y los derechos de la oposición los cuales
no pueden quedar a su arbitrio.

(…)

103. Como se indicó anteriormente, el candidato designado -
llamado a ocupar una curul por mandato del artículo 112 Superior,
le asiste el deber de tomar posesión del cargo, una vez producida la
aceptación, pues a través de dicho acto jurídico solemne queda
vinculado jurídicamente con sus deberes, derechos y sus
responsabilidades y la mencionada prerrogativa constitucional no
puede ser vista como una excepción a la obligación de tomar

43
C- 018 de 2018.
44
Ibidem.

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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00573 01
Solicitante: Édgar Osvaldo Altamar Castillo

posesión del cargo dentro de las oportunidades previstas en la ley.
[…]”.

La Sala en esa oportunidad, explicó lo siguiente en relación con la
excepción de inconstitucionalidad allí invocada por el tribunal de
conocimiento45:

“[…] 118. En el sub judice, la Sala evidencia que la Resolución 2276
de 2019 fue expedida por el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio
de las atribuciones constitucionales y legales, en especial, las
conferidas por el numeral 1°, 3° y 4° del artículo 265 de la
Constitución Política y los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 2241 de
1986, tal y como se evidencia en la parte considerativa en la cual
se señaló: (…)

(…)

120. Para la Sala, la citada resolución fue expedida de conformidad
con la facultad constitucional prevista en los artículos 265 y 266 de
la Constitución Política y, en esa medida, no se evidencia una
contradicción evidente o palmaria con los postulados de la Carta
Política, puesto que el mismo Estatuto Superior faculta a ciertos
órganos del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, a expedir
actos de contenido normativo «[…] para el cabal ejercicio de la
función electoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita
a la regulación de “... aspectos técnicos y de mero detalle46».

121. Adicionalmente, cabe destacar que, si bien para la fecha en
que se profirió el fallo de primera instancia y, en él, se inaplicó por
inconstitucionalidad el aparte «[…] y sin posibilidad de retracto»
contenido en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, no existía
un pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa
sobre su legalidad, en la actualidad la Sección Quinta de esta
Corporación, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020,
encontró ajustada a derecho dicha expresión. Dicha sentencia goza
del atributo de cosa juzgada erga omnes frente a la causa petendi
juzgada y es de obligatorio cumplimiento para las autoridades y los
particulares.

(…)

123. En este sentido, no resulta aplicable la excepción de
inconstitucionalidad sobre la expresión «[…] y sin posibilidad de
retracto», contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019

45 Expediente radicación 2020-01680-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
46
C- 307 de 2004, Magistrados Ponentes: Magistrados Ponentes: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Dr. MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA y Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA.

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en tanto si bien es cierto que al momento en que se expidió la
sentencia de primera instancia objeto de reproche, la decisión de la
Sección Quinta del Consejo de Estado no había sido proferida,
también lo es que dicho acto administrativo se expidió con
fundamento en las competencias que tenía el Consejo Nacional
Electoral, órgano investido de facultades de reglamentación para
regular temas de su competencia47.

[…]”.

Por las razones anotadas, la Sala concluye que le asiste razón al
recurrente, comoquiera que la acusada, en uso del derecho establecido
en el Estatuto de la Oposición, aceptó la curul de concejal, y sin que medie
una razón constitutiva de fuerza mayor decidió no tomar posesión del
cargo, por lo que están reunidos los elementos objetivo y subjetivo para
la configuración de la causal; en consecuencia, deberá revocarse la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se decretará la pérdida de
investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2021, por
el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar DECRETAR LA
PÉRDIDA DE INVESTIDURA de la señora Cecilia Solet Carrillo
Sarmiento, por las razones explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

47
C-1081 de 2005.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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