Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2023-00307-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2023-00307-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2023-00307-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de febrero de 2024
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00307-02 (acumulado)
15001-23-33-000-2023-00317-00
Solicitante: LAURA VICTORIA GORRAIZ MONROY- LEIDY
NATALIA SUÁREZ MOYA
Concejal acusado: JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS
Tesis: Incurre en causal de pérdida de investidura
quien aspiró al cargo de alcalde municipal y
por haber ocupado el segundo lugar en la
votación manifestó que aceptaba la curul en
el concejo municipal, pero sin justa causa
no tomó posesión del cargo dentro de los
tres días siguientes a la instalación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Laura
Victoria Gorraiz Monroy en contra de la sentencia proferida el 12 de
octubre de 2023 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá
que negó la desinvestidura del señor Jefferson Leonardo Caro Casas.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1 En el proceso de pérdida de investidura radicado nro. 2023
00307
1.1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
La señora Laura Victoria Gorraiz Monroy, actuando en nombre propio,
solicitó se decretará la pérdida de investidura del señor Jefferson
Leonardo Caro Casas por considerar que incurrió en la causal prevista en
el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Igualmente, solicitó “declarar la prohibición permanente que le asiste a
Jefferson Leonardo Caro Casas de aspirar y desempeñar en el futuro
cargos de elección popular” e, igualmente, que se compulsara copias de
las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación.
1.1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
La solicitante informó que “la Comisión Escrutadora de Chiquinquirá, en
aplicación al art. 8 de la Ley 1909 de 2018 otorgó a Jefferson Leonardo Caro
Casas, el término para manifestar por escrito si aceptaba o no la curul, al
haber obtenido la segunda mayor votación para el cargo de alcalde”.
1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado)
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado)
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Afirmó que “el ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas, dentro de la
oportunidad prevista en la Resolución 2276 de 2019 , aceptó la curul siendo
declarado electo como Concejal del Municipio de Chiquinquirá”.
Indicó que “el 18 de diciembre de 2019, el llamado-designado a
posesionarse presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral, escrito en el cual manifestó que no tomaría
posesión al cargo de concejal por “motivos ajenos a su voluntad” (…)”.
Arguyó que “en una evidente extralimitación de funciones, la mesa
directiva del Concejo de Chiquinquirá (Boyacá), emitió la Resolución nro.
150 (sic) del 30 de diciembre de 2019, mediante la cual aceptaba la
renuncia a la curul”, y explicó que para esa fecha el concejo estaba en
receso por lo que dicha potestad era propia del entonces alcalde municipal
acorde con el literal a), numeral 8 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994.
Sostuvo que como el señor Caro Casas no se había posesionado como
concejal “mal podía convalidarse la renuncia por parte de la mesa directiva
del cabildo, por cuanto el dimitente no ostentaba en ese momento la
dignidad otorgada al aceptar la curul”.
Señaló que “según consta en el Acta nro. 006 del 1 de enero de 2020, el
ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas, sin justificación alguna no acudió
a la instalación de la sesión inaugural y tomar posesión del cargo como sí
lo hicieron sus otros homólogos”, circunstancia que configura la causal de
pérdida de investidura prevista por el numeral 3 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, esto es, no haber tomado posesión del cargo dentro de los
tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo.
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Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Puso de presente que el señor Caro Casas inscribió su candidatura para
participar en las elecciones de alcalde del Municipio de Chiquinquirá, período
constitucional 2024 – 2027.
1.1.3.- Contestación del señor Jefferson Leonardo Caro Casas3
El acusado, actuando por conducto de apoderado, adujo en cuanto al hecho
de la demanda consistente en que el señor Jefferson Leonardo Caro Casas
“dentro de la oportunidad prevista en la Resolución 2276 de 2019 aceptó la
curul siendo declarado electo como concejal del municipio de Chiquinquirá”
que era “parcialmente cierto” y que “se pruebe una vez la Registraduría
Nacional del Estado Civil aporte el documento escrito a través del cual mi
poderdante manifestó la aceptación de la curul”.
Frente al hecho de la demanda relativo a que el concejo municipal de
Chiquinquirá estaba en receso cuando aceptó la renuncia del señor Caro
Casas, manifestó que no era cierto y que a través del Decreto 0149 del 17
de diciembre de 2019 se convocó a sesiones extraordinarias al precitado
concejo.
En lo relativo al hecho que “en una evidente extralimitación de funciones,
la mesa directiva del Concejo de Chiquinquirá emitió la Resolución nro. 150
del 30 de diciembre de 2019”, sostuvo que no era cierto y que el acto
administrativo por medio del cual el concejo municipal aceptó la renuncia
fue la Resolución nro. 155 del 20 de diciembre de 2019.
3 Vistoen el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 00.
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Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Expuso que con la solicitud de pérdida de investidura se anexó copia de la
Resolución nro. 155 de 2019 expedida por el concejo municipal de
Chiquinquirá, mediante la cual se aceptó la renuncia al señor Jefferson
Leonardo Caro Casas, de manera que se trata de un acto administrativo
que, según indicó, cumple con las características de existencia y eficacia,
presunción de legalidad, definitivo y con fuerza ejecutoria.
Argumentó que, por ello, “no estaba llamado a tomar posesión en un cargo
en el que abiertamente se puede demostrar que, previa a la instalación del
Concejo período 2020-2023, se le aceptó la renuncia a la investidura de
concejal por parte de la mesa directiva del concejo municipal de
Chiquinquirá, desde el día 20 de diciembre de 2019, mediante el
mencionado acto administrativo Resolución nro. 155 de 2019”.
Explicó que con ocasión de la ejecutoria del acto administrativo que aceptó
la renuncia del señor Jefferson Leonardo Caro Casas “el concejal electo
llamado a posesionarse en la sesión de instalación realizada el 2 de enero
de 2020 o a más tardar dentro de los tres días siguientes, jurídica y
fácticamente era el señor Julio Vicente Ortegón Ortegón”, quien “ha venido
detentando la investidura de Concejal del Municipio de Chiquinquirá,
periodo 2020- 2023”. En ese sentido, concluyó que “lo aquí probado
demuestra más allá de la duda razonable, una ruptura en la conexión
jurídica directa entre la parte demandada y la situación fáctica constitutiva
del litigio”.
Manifestó que “está probado que una vez aceptada la renuncia de mi
defendido a través de la Resolución de la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20 de diciembre de 2019, el concejal
electo llamado a posesionarse en la sesión de instalación era el señor Julio
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Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Vicente Ortegón y que después del 20 de diciembre de 2019 el señor
Jefferson Leonardo Caro no recibió llamamiento alguno para posesionarse”.
En el acápite que denominó “atipicidad de la conducta respecto de la causal
invocada”, añadió que “la causal de pérdida de investidura invocada
tampoco puede extenderse por vía de interpretación hacia una inexistente
prohibición de renuncia previa a la instalación del Concejo, situación que no
está prevista dentro de la descripción normativa de ninguna de las causales
del art. 48 de la Ley 617/2000, y tampoco está determinada como punible
en ningún ordenamiento legal”.
Argumentó que, además de tratarse de una conducta atípica, “se suma el
hecho notorio que supone la aplicación judicial de las causales de pérdida
de investidura, que fueron concebidas en principio para los congresistas,
luego extendidas a los concejales y diputados de elección directa por cifra
repartidora, y ahora por la posterior entrada del Estatuto de Oposición
Política -que no reguló nada al respecto- al ordenamiento jurídico, se
pretende por aplicación del ius puniendi equiparar a los concejales de
elección directa/cifra repartidora con los concejales que llegan por el
Estatuto de Oposición, esto es igualar lo que en esencia es diferente”.
En cuanto a la configuración del elemento subjetivo, adujo que en la
demanda no se “aporta ni un solo elemento probatorio que sustente en su
tesis argumentativa el elemento subjetivo de la conducta endilgada.
Lacónicamente en algunos apartes de la demanda se endilga “dolo” pero
nunca explica los elementos volitivos que atribuye, mucho menos
probarlos”.
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Indicó que, “por el contrario, es claro para esta defensa que por la
existencia, presunción de legalidad, firmeza, ejecutividad y ejecutoriedad
del acto administrativo definitivo “Resolución del Concejo Municipal de
Chiquinquirá nro. 155 del 20 de diciembre de 2019”, queda decantada la
obligatoriedad objetiva del acto administrativo a la que estaba subordinado
el ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas respecto de esta decisión
terminante de la administración pública, de aceptar la renuncia de la
investidura de Concejal que ostentaba por el derecho personal concedido
por el estatuto de la oposición, rompiendo esa vinculación jurídica de
llamamiento a ocupar el cargo a partir del 20 de diciembre de 2019 en
adelante. Por lo que, de manera objetiva, por tiempos y en lógica jurídica,
por fuerza mayor de la obligatoriedad objetiva del pluricitado acto
administrativo, le era imposible por el intermedio de su voluntad el posterior
acto de posesión del cargo de concejal en los términos del numeral 3 del
art. 48 Ley 617/2000, aquí reclamado por la demandante a través del medio
de control de pérdida de una investidura”.
Al respecto, aseguró que “señala el parágrafo 1 del art. 48 de la ley 617 de
2000 que la causal acá invocada no tendrá aplicación cuando medie fuerza
mayor, como es el caso, sustentada en la obligatoriedad objetiva de la
“Resolución del Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20 de
diciembre de 2019”, decisión de la administración pública en firme, que se
constituye en una fuerza externa insuperable por la que en todo caso le era
imposible a mi defendido, por el sólo intermedio de su voluntad, el posterior
acto de posesión del cargo de concejal en los términos del numeral 3 del
art. 48 Ley 617/2000”.
Alegó que “en todo caso y en lógica jurídica, ningún particular -por el mero
intermedio de su voluntad- puede posesionarse en una investidura a la cual
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ya le fue aceptada la renuncia, mediante acto administrativo debidamente
notificado y ejecutoriado, emanado de una autoridad pública en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales. Elemento que rompe la posibilidad
de responsabilizar a mi defendido, como exonerante de culpabilidad en el
actuar del ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas, pues no puede el
mismo Estado reprocharle culpa o dolo a sus ciudadanos por obedecer a su
administración pública y su acto administrativo obligatorio”.
Por último, expuso que “si lo que la demandante pretende es que se
desconozcan los efectos jurídicos de la Resolución de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20 de diciembre de 2019,
por los aludidos vicios de falta de legitimación en la renuncia y
extralimitación de funciones de la Mesa Directiva, debió acudir al medio de
control de nulidad y no al de pérdida de investidura”.
1.2. En el proceso de pérdida de investidura radicado nro. 2023
00317
1.2.1.- La causal de pérdida de investidura invocada4
La señora Leidy Natalia Suárez Moya, actuando en nombre propio, solicitó
se decretará la pérdida de investidura del señor Jefferson Leonardo Caro
Casas por considerar que incurrió en la causal prevista en el numeral 3
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
4 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00317 00.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Adicionalmente, solicitó que se “declarara la prohibición permanente que
le asiste a Jefferson Leonardo Caro Casas (…) de aspirar y desempeñar
en el futuro cargos de elección popular” y que se compulsaran copias de
las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación.
1.2.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada5
Relató que una vez culminadas las elecciones para alcalde del municipio
de Chiquinquirá, la comisión escrutadora le concedió al señor Jefferson
Leonardo Caro Casas el término para que manifestara por escrito si
aceptaba o no la curul en el concejo por haber obtenido la segunda
votación en las elecciones para el cargo de alcalde.
Afirmó que el 29 de octubre de 2019, el señor Caro Casas “aceptó la curul
siendo declarado electo como concejal del Municipio de Chiquinquirá” y
que el 18 de diciembre de 2019 “presentó renuncia a la curul”.
Sostuvo que la mesa directiva del concejo municipal de Chiquinquirá expidió
la Resolución nro. 150 “del 30 de diciembre de 2019” mediante la cual
aceptó la renuncia como concejal del señor Caro Casas.
Indicó que conforme con el Acta nro. 01 – sesión especial del concejo
municipal de Chiquinquirá del 2 de enero de 2020 “punto nro. 4, referente
a la posesión de los honorables concejales, se tiene en cuenta al ciudadano
5 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00317 00.
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Jefferson Leonardo Caro Casas (…) dentro de los quince (15) honorables
concejales para el llamado a lista, sin que (…) se haya presentado en dicha
oportunidad”.
Señaló que existió “una extralimitación de funciones por parte de la mesa
directiva del Concejo de Chiquinquirá, quien emitió la Resolución nro. 150
del 30 de diciembre de 2019 (…) [ya] que para dicha fecha la corporación
municipal estaba en receso”.
Sostuvo que “se verifica que el señor Jefferson Leonardo Caro Casas, realizó
un retracto nulo y tampoco se posesionó como concejal del Municipio de
Chiquinquirá, lo que conlleva a la pérdida de investidura”.
Por último, aseguró que “lo anterior, igualmente ya ha sido estudiado en
un caso en particular que tiene los mismos fundamentos jurídicos que se
han esbozado aquí, se trata de la sentencia nro. 15001 23 33 000 2020
01680 01 del Consejo de Estado”.
1.2.3. Contestación del señor Jefferson Leonardo Caro Casas6
El acusado, actuando por conducto de apoderado, afirmó en cuanto al hecho
de la demanda consistente en que aceptó la curul de concejal el 29 de
octubre de 2019 que era parcialmente cierto y “que se pruebe una vez la
Registraduría Nacional del Estado Civil aporte el documento escrito a través
del cual mi poderdante manifestó la aceptación de la curul”.
6 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado).
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En relación con el hecho de la demanda que, por medio de la Resolución
nro. 155 del “30 de diciembre de 2019” se aceptó la renuncia al señor Caro
Casas, sostuvo que “es la Resolución de mesa directiva nro. 155 del 20 de
diciembre de 2019. Del análisis integral del texto de la Resolución nro. 155
de 2019, se tiene que a pesar que en su título señale como fecha 30 de
diciembre de 2019, es claro que tanto en el artículo primero del acápite
resolutivo como en la constancia secretarial que procede a las firmas, se
indica claramente que el acto administrativo data del 20 de diciembre de
2019”.
Aseguró que para la fecha de instalación del concejo municipal de
Chiquinquirá período 2020 – 2023, al señor Caro Casas se le había aceptado
la renuncia a la investidura como concejal, razón por la que no estaba
“llamado a posesionarse”. Acotó que “si en el Acta nro. 01 – sesión especial
del Concejo Municipal de Chiquinquirá del 2 de enero de 2020, punto nro.
4, referente a la posesión de los honorables concejales, se tiene en cuenta
al ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas, sería por error secretarial, al
copiar y pegar un cuadro que inicialmente enlistaba los resultados
electorales, sin tener en cuenta la Resolución del propio concejo municipal
nro. 155”.
Expuso que, en este caso, no está configurada la causal de pérdida de
investidura comoquiera que “media un acto administrativo de aceptación
de renuncia a la investidura como concejal, resolución administrativa del
Concejo Municipal de Chiquinquirá que goza de presunción de legalidad y
ejecutoriedad, tal como está dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico en
los artículos 88 y 89 del CPACA”.
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Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Agregó que existe “una innegable atipicidad de fondo generada en que el
derecho que le otorgó el Estatuto de Oposición al señor Jefferson Leonardo
Caro Casas, de optar o no, por la aceptación de la investidura de concejal,
en el caso concreto, es un derecho personal”.
Reiteró lo expuesto en el escrito de contestación del proceso de pérdida de
investidura radicado con el nro. 2023 00307 02, en el sentido que la
Resolución nro. 155 de 2019 es un acto administrativo que goza de las
características de existencia y eficacia, presunción de legalidad, definitivo y
ejecutoria.
Nuevamente arguyó que una vez fue aceptada la renuncia “el concejal
electo llamado a posesionarse en la sesión de instalación era el señor Julio
Vicente Ortegón y que después del 20 de diciembre de 2019 el señor
Jefferson Leonardo Caro no recibió llamamiento alguno para posesionarse”
e igualmente reiteró lo relacionado con la configuración del elemento
subjetivo.
Manifestó que fue expedido el Decreto 0149 del 17 de diciembre de 2019,
“por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias al honorable
Concejo Municipal de Chiquinquirá”, y en el que el entonces alcalde
municipal convocó al concejo a sesiones extraordinarias desde el 18 hasta
el 26 de diciembre de 2019, interregno en el cual fue proferida la Resolución
nro. 155 “del 20 de diciembre de 2019”.
Afirmó que dicha resolución hace que el presente asunto se diferencie del
proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2020 01680 01 conocido por el
Consejo de Estado, toda vez que en dicho caso “no medio acto
administrativo de aceptación de renuncia”.
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2.- La sentencia de primera instancia7
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 12
de octubre de 2023 negó las pretensiones.
Como razones de la decisión, examinó, en primer lugar, la configuración
del elemento objetivo. Para ello, expuso que el primer requisito, el que
denominó, “que el candidato haya sido elegido, designado – llamado”
estaba cumplido, dado que se acreditó con el formulario E- 26 CON que
el señor Jefferson Leonardo Caro Casas fue designado concejal del
municipio de Chiquinquirá para el período 2020 – 2023 debido a que
ocupó el segundo lugar en las elecciones a la alcaldía y, además, del
precitado formulario se desprendía que el señor Caro Casas había
manifestado por escrito la decisión de aceptar la curul en el concejo
municipal.
En cuanto al segundo requisito, esto es, que “el elegido, llamado –
designado (…) no haya tomado posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la fecha de instalación del concejo”, manifestó que las
pruebas daban cuenta “parcialmente del cumplimiento del segundo
presupuesto, como quiera que, a pesar de que el señor Jefferson Leonardo
Caro Casas, en un principio, aceptó la curul como concejal del Municipio
de Chiquinquirá, posteriormente, no tomó posesión del mismo,
entendiendo esta Sala que no lo hizo por cuanto se le había aceptado la
renuncia, con ocasión del escrito presentado ante el Concejo Municipal el
18 de diciembre del 2019”.
7 Vistoen el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Al respecto, puso de presente que el señor Caro Casas radicó escrito el
18 de diciembre de 2019 ante el concejo municipal de Chiquinquirá en el
que “(…) informó que “por motivos ajenos a mi voluntad no me
posesionaré al cargo de elección popular como concejal para el período
2020-2023, razón por la cual solicito se continúe en la declaratoria de
elección del candidato que en derecho le corresponda ocupar la curul
correspondiente en el Concejo Municipal de Chiquinquirá” (…)” y que
mediante la Resolución nro. 155 de 2019 la mesa directiva del Concejo
Municipal de Chiquinquirá “aceptó la renuncia de la investidura de concejal
(…) a partir del 20 de diciembre de 2019”.
En lo relativo al tercer requisito, es decir, “que la falta de posesión no sea
atribuible a un caso de fuerza mayor”, indicó que “es cierto que, la
manifestación de no posesionarse en el cargo de concejal, justificada en
motivos ajenos a su voluntad, que fue realizada por el señor Jefferson
Leonardo Caro Casas en el escrito radicado el 18 de diciembre de 2019
ante el Concejo Municipal de Chiquinquirá, no constituye un hecho de
fuerza mayor, en tanto que, no implica un hecho imprevisible e irresistible
para el demandado, por cuanto no era un hecho desconocido para él, pues
era la manifestación de su propia voluntad”8.
En este punto, acotó que, “sin embargo, de conformidad con lo
considerado por la jurisprudencia del Consejo de Estado 9, correspondía a
8 Ibidem.
9 Consejo de Estado, Sala Plena, C.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia de fecha 13 de
noviembre de 2001, proceso 1100103150002001013301, promovido por Pedro Durán
Franco, según el cual: La Sala considera que cuando el llamado a asumir un cargo
legislativo no puede tomar posesión del cargo, excepcionalmente es posible la
presentación de una excusa motivada y justificada únicamente en la fuerza mayor,
respaldada con las pruebas del caso ante las directivas de la Corporación pertinente. Se
precisa que en el evento que la excusa no se fundamente en hecho que no corresponda
a fuerza mayor se debe proceder a rechazarla y comunicarle oportunamente al
interesado para que asuma el cargo so pena de la consecuencia pertinente.
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Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
la Corporación pertinente (sic), rechazar la excusa y comunicar
oportunamente al interesado, en este caso al señor Caro Casas, para que
asumiera el cargo, so pena de la consecuencia pertinente (sic), lo que en
el presente asunto no se hizo, pues contrario a ello, la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Chiquinquirá expidió la Resolución nro. 155 del 30
de diciembre de 2019, mediante la cual le aceptó la renuncia de la
investidura como concejal del Municipio de Chiquinquirá al hoy
demandado, a partir del 20 de diciembre de 2019”.
Por último, examinó el elemento subjetivo, y al respecto sostuvo que
“este presupuesto tampoco se encuentra acreditado para la configuración
de la causal de pérdida de investidura (…) no se demostró la conducta
dolosa o gravemente culposa del señor Jefferson Leonardo Caro Casas, al
momento en que tomó la decisión de no posesionarse en el cargo de
Concejal del Municipio de Chiquinquirá”.
Lo anterior, dado que “el demandado obró con la convicción de la
existencia de un acto administrativo que gozaba de presunción de
legalidad y que corresponde a la Resolución nro. 155 del 30 de diciembre
de 2019 mediante la cual se le aceptó su renuncia a la investidura de
concejal del Municipio de Chiquinquirá, y por tanto el señor Caro Casas
actuó bajó la consciencia de que no debía acudir a la toma de posesión
en dicho cargo, pues estaba precedida la manifestación de la voluntad de
la administración pública; legalidad del acto que no fue desvirtuada, en
tanto que ese acto administrativo no fue demandado en sede de nulidad”.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
3.- El recurso de apelación presentado por la señora Laura Victoria
Gorraiz Monroy10
Arguyó que el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución nro. 2276
del 11 de junio de 2019 y en el artículo segundo dispuso que “los
candidatos que ocuparon el segundo (2) puesto en votación, deberán
manifestar por escrito, por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su
decisión de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y
concejos distritales y/o municipales”. (Destacado en el recurso de
apelación)
Acotó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 16 de
diciembre de 2020 “declaró ajustada a derecho la expresión “sin
posibilidad de retracto”, contenida en el artículo 2 de la Resolución 2276
del 11 de junio de 2019”.
En este punto, advirtió que el tribunal de instancia desconoció “el hecho
que una vez aceptada la curul por parte del llamado designado, éste no
podía retractarse de ello y en su defecto omitir posesionarse como
Concejal”, acorde con lo previsto por el artículo 2 de la Resolución 2276
de 2019.
Añadió que “la decisión del llamado-designado de presentar la renuncia a
ocupar la curul como concejal de Chiquinquirá (Boyacá), el 18 de
diciembre de 2019, es errada y trasgrede lo normado por la autoridad
electoral en dicho acto administrativo. En tanto que por mandato del
artículo 112 superior, le asistía el deber de tomar posesión del cargo, una
10 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 00 (acumulado).
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
vez producida la aceptación, pues a través de dicho acto jurídico solemne
quedaba vinculado jurídicamente con sus deberes, derechos y sus
responsabilidades y la mencionada prerrogativa constitucional no puede
ser vista como una excepción a la obligación de tomar posesión del cargo
dentro de las oportunidades previstas en la ley”.
Explicó que “para que se constituya la causal de exoneración descrita en
el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, es necesario que se
presente el fenómeno de fuerza mayor, el cual para su configuración
requiere que quien alega la existencia de la misma pruebe que la decisión
fue externa, es decir, no intervino la voluntad del interesado en su
adopción, ni haya tenido control sobre la situación”.
Argumentó que “no había lugar a aceptar la renuncia del llamado
designado a ocupar una curul por parte de la Corporación al no haberse
producido la posesión del cargo” y, para ello, citó la sentencia del 2 de
junio de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado 11.
Arguyó que “si bien obra la aceptación de la renuncia en mención por
parte de la entonces mesa directiva del Concejo de Chiquinquirá, el
Tribunal Administrativo de Boyacá extrañamente pasa por alto valorar
que la misma se realizó el 30 de diciembre de 2019, fecha en que la
corporación edilicia no se encontraba sesionando de forma ordinaria y/o
extraordinaria”.
Añadió que “lo anterior pone de manifiesto que la renuncia presentada
por el llamado asignado fue aceptada por quien no tenía competencia para
11 Expediente radicado nro. 19001 2323 003 2015 00496 01 (PI). C.P.: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
ello, luego no puede considerarse como válida. Por lo que mal pudo
considerar el a quo el hecho de que el error en el trámite de la renuncia
al cargo de Concejal por parte de la mesa directiva del Concejo de
Chiquinquirá (Boyacá), resulta ajeno al demandado por haberse expedido
el acto administrativo de aceptación, amén de que el medio de control de
perdida de investidura no era el escenario para dilucidar la legalidad de
dicho acto”.
En cuanto al elemento subjetivo, alegó que “el acusado tomó de manera
voluntaria la decisión de no posesionarse en el cargo, según se desprende
de la comunicación que dirigió a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y el Consejo Nacional Electoral, a sabiendas que no le era posible
retractarse después de aceptar ocupar la curul de concejal. Por otro lado,
el acusado a través de su apoderado alegó que obró con la convicción que
no debía tomar posesión del cargo al haberse consentido su dimisión por
parte de la corporación edilicia. Sin embargo, dichas razones no justifican
su conducta, por cuanto, conforme lo establece el artículo 2 de la
Resolución nro. 2276 del 11 de julio de 2019 no le posibilitaba retractarse
después de aceptar ocupar la curul a la corporación pública”.
Indicó que “si bien el demandado afirma que las consecuencias jurídicas
de su decisión obedecieron al pronunciamiento de la corporación pública,
en el plenario no obra prueba alguna que permita verificar que actuó con
la debida diligencia para saber que su conducta era contraria a derecho,
lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe calificada,
proveniente de un error invencible”.
Por último, señaló que “se deja constancia, que el aquí demandado, en
las recientes elecciones del 29 de octubre de 2023, salió electo como
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Alcalde del Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, razón por la cual, con todo
respeto solicito, que se emita una decisión además de favorable a las
pretensiones pronta a efectos de resolver la actual situación jurídica del
demandado”.
4. El recurso de apelación fue concedido el 10 de noviembre de 202312.
5. Pronunciamiento del acusado frente al recurso de apelación
Por memorial enviado el 16 de noviembre de 202313, el apoderado del
señor Jefferson Leonardo Caro Casas se pronunció frente al recurso de
apelación, en el sentido de señalar que la decisión de primera instancia
está debidamente motivada y ajustada a derecho.
Acotó que la recurrente “pretende inducir al ad quem en el error despótico
e improcedente por esta cuerda procesal, de arbitrariamente ignorar la
existencia jurídica de un acto administrativo particular y definitivo, como
lo es la Resolución del Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20
de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA
DE UN CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ”, así como
de sus innegables efectos en el elemento subjetivo / volitivo de mi
defendido”.
Precisó que “a pesar de que a partir del estudio de la sentencia de primera
instancia resulta imperioso tenerlo como eje central para la presentación
del caso, se echa de menos en el escrito de apelación, el atinente análisis
12
Visto en el índice 70 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado).
13 Visto en el índice 75 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado).
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
del citado acto administrativo, como principal elemento diferenciador
respecto de los antecedentes jurisprudenciales14 traídos por la
accionante”.
Expuso que “del análisis y lectura integral del texto de la Resolución nro.
155 de 2019, se tiene que a pesar de que, en su título, por evidente error
mecanográfico, se señale como fecha 30 de diciembre de 2019, es claro
que tanto en el artículo primero del acápite resolutivo como en la
constancia secretarial que precede a las firmas, se indicó claramente que
el acto administrativo data del veinte (20) de diciembre de 2019. De
manera concordante, así también lo demuestra el Decreto Municipal 0149
del 17 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se convoca a sesiones
extraordinarias al Honorable Concejo Municipal de Chiquinquirá”, suscrito
precisamente por el entonces alcalde de Chiquinquirá Cesar Augusto
Carrillo Ortegón, y donde se cita al Concejo Municipal de Chiquinquirá a
sesiones extraordinarias a partir del día dieciocho (18) de diciembre hasta
el veintiséis (26) de diciembre del año 2019; interregno, en el cual, y con
tal competencia, se proveyó la analizada Resolución de Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del veinte (20) de diciembre
de 2019”.
Indicó que “en materia del elemento subjetivo requerido como
presupuesto básico para que proceda la pérdida de investidura, tampoco
puede pedírsele a la Magistratura, simplemente ignorar la relación de
14 Elemento diferenciador respecto del citado caso -Consejo de Estado, Sección Primera,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de fecha 11 de marzo de 2021, proceso
15001233300020200168001, promovido por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Tinjacá, contra Nestor Hubeimar Candela Reyes-, en tanto que no puede pretenderse
desconocer que en aquel caso no medió acto administrativo de aceptación de renuncia
mientras que en el caso de JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS está probada su
existencia
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
causalidad, lógica y directa, entre lo ordenado en la Resolución de la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20 de
diciembre de 2019 y la conducta desplegada por el aquí encartado”.
Señaló que “también se desvalora la hipótesis de la apelación consistente
en intentar erigir consecuencias sancionatorias sobre el demandado
Jefferson Leonardo Caro Casas, al equívocamente extender la causal
contenida en el numeral 3º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 a la
expresión “sin posibilidad de retracto” contenida en el artículo 2° de la
Resolución 2276 del 11 de junio de 2019 del Consejo Nacional Electoral.
Al respecto es necesario discernirse que la causal de pérdida de
investidura incoada no sanciona la posibilidad de retractarse dentro del
trámite administrativo para el ejercicio del derecho personal concedido
por el Estatuto de Oposición, sino que reprocha el no presentarse a tomar
posesión de la curul dentro de los (3) días siguientes a la instalación del
concejo de manera injustificada, por lo que en garantía del principio de
taxatividad, no puede indebidamente extenderse el reproche
sancionatorio a la presentación de la renuncia de mi defendido”.
De otro lado, sostuvo que agregaba un argumento “para efectos de la
confirmación del fallo de primera instancia”, relativo a que “tampoco se
encuentra probado el segundo presupuesto para que proceda la pérdida
de investidura para los llamados- designados a ocupar una curul por
Estatuto de Oposición Política (…) // En tanto que, para que este
presupuesto se perfeccione requiere que en sede judicial se pruebe, en
debida forma, la manifestación realizada ante la comisión escrutadora
competente, con su decisión de aceptar o no una curul en la
correspondiente corporación, declaración de voluntad que fue sometida
por mandato de la ley estatutaria 1909 de 2018 a la formalidad escrita”.
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21
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Expuso que “la formalidad “por escrito” establecida en el art. 25 del
Estatuto de Oposición Política, al recaer sobre una manifestación libre,
voluntaria y exenta de vicios de un particular ante la comisión escrutadora
(que funge con funciones públicas), sobre la aceptación o declinación a
un derecho personal a acceder a una curul, patentemente constituye una
formalidad ad substantiam actus (…) // Desde otro análisis: ¿qué sentido
tendría establecer la formalidad por escrito en la ley, si la manifestación
de voluntad de aceptar o declinar la curul otorgada por oposición política
pudiera ser suplida por el formulario E-26 CON, o con cualquier otro
documento de la autoridad electoral? (…)”.
Afirmó, con fundamento en el artículo 256 del Código General del Proceso,
que “la falta del documento que contiene el acto no pueda suplirse con
otra prueba, pues en aquellos negocios jurídicos en los que la ley requiere
de esa solemnidad, la ausencia del documento escrito implica a que se
miren como no celebrados y su omisión de aportarlos en legal forma
dentro de un proceso judicial impide que se puedan hacer valer o
reconocer los derechos y obligaciones -efectos jurídicos- que en nombre
o a título de él se reclaman”.
Aseguró que “con ocasión del auto de pruebas proferido el 29 de
septiembre de 2023 (índice 32 ED-SAMAI), al expediente se allegaron,
entre otros, el Oficio nro. DEBOY-RM-CHIQUINQUIRÁ – 165 del 4 de
octubre de 2023 mediante el cual el Registrador Municipal de Chiquinquirá
manifestó que en el archivo físico no reposa aceptación por escrito de la
curul de concejo presentada por el hoy demandado. (Documento 31 índice
42 ED-SAMAI). Dicho documento tampoco fue allegado por ninguna de
las demandantes, y no milita en el acervo probatorio”.
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22
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Concluyó que “por la naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida de
investidura, las solemnidades documentales establecidas en la ley no se
pueden obviar o presumir por el Juez de Instancia, ni suplir con otros
medios de prueba, como es el caso de la solemnidad por escrito de la
aceptación de la curul otorgada por el Estatuto de Oposición Política (art.
25 Ley 1909 de 2018), ni tampoco se puede eximir a la autoridad electoral
como entidad pública de su deber de archivo documental”.
6.- Trámite de segunda
6.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 24
de noviembre de 202315.
6.2. Por auto del 11 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la señora Laura Victoria Gorraiz Monroy y se negaron las
pruebas solicitadas con la alzada16.
6.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 29 de enero de 202417.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
15
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 02 (acumulado)
16
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 02 (acumulado)
17
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 02 (acumulado)
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23
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
investidura de concejales y diputados acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200018 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones20.
2.- Cuestión Previa
El apoderado del señor Jefferson Leonardo Caro Casas radicó el 16 de
noviembre de 202321 memorial en el que se pronunció frente al recurso
de apelación interpuesto por la señora Laura Victoria Gorraiz Monroy22.
Entre los argumentos expuestos indicó que “tampoco se encuentra
probado el segundo presupuesto para que proceda la pérdida de
investidura para los llamados- designados a ocupar una curul por Estatuto
de Oposición Política”, por cuanto, no está probado que el acusado haya
manifestado por escrito la voluntad de ocupar la curul en el concejo
municipal, formalidad que estima es “ad substantiam actus” acorde con
el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018. En ese sentido, alegó que según lo
18 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
20
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
21 Visto en el índice 75 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado).
22 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 00 (acumulado).
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24
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
dispuesto por el artículo 256 del Código General del Proceso “la falta del
documento que contiene el acto no pueda suplirse con otra prueba” y
aseguró que la manifestación por escrito mediante el cual el acusado
aceptó la curul no obra en el expediente.
La Sala advierte que dicho reproche, es decir, el relacionado con que no
obra en el proceso el escrito mediante el cual el acusado manifestó que
aceptaba la curul, formalidad que se afirma es “ad substantiam actus” y
que no puede acreditarse con otras documentales, no será examinado en
sede de apelación, por la razones que pasan a explicarse:
(i) El memorial radicado el 16 de noviembre de 2023 por el apoderado del
acusado, como allí se indicó, es un pronunciamiento frente al recurso de
apelación que interpuso una de las solicitantes.
(ii) En la sentencia de primera instancia se indicó que al proceso fue
allegado el formulario E – 26 CON mediante el cual se hizo la declaratoria
de elección de los concejales del municipio de Chiquinquirá para el período
2020 – 2023, entre los que se encontraba el señor Caro Casas, y agregó
que allí consta que “teniendo en cuenta que al momento de realizar la
declaratoria de alcalde el segundo candidato con mayor votación Jefferson
Leonardo Caro Casas manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul
al concejo, se asigna dando aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de
2018”. Con fundamento en ello, sostuvo que estaba acreditado que el
acusado fue designado como concejal del referido municipio.
(iii) Por consiguiente, comoquiera que el apoderado del acusado no
presentó recurso de apelación frente a lo decidido por el a quo en el
sentido de señalar que la calidad de concejal estaba acreditada con el
formulario E – 26 CON, no es procedente que en esta instancia se examine
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25
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
el reparo relativo a que no reposa el documento mediante el cual el señor
Caro Casas manifestó la voluntad de ocupar la curul y que ello se trata de
un requisito “ad substantiam actus”, puesto que, el artículo 32023 del
Código General del Proceso establece que el recurso de apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante.
3.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor Jefferson Leonardo Caro Casas fue designado
concejal del municipio de Chiquinquirá para el período constitucional 2020
– 2023, la parte actora aportó copia del formulario E – 2624, en el que
consta que se declararon electos como concejales de dicho municipio,
entre otros, al señor Jefferson Leonardo Caro Casas; en su caso, por
aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
4.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente:
4.1. El 18 de diciembre de 2019, el señor Jefferson Leonardo Caro Casas
radicó escrito ante el concejo municipal de Chiquinquirá en el que
manifestó25:
“[…] JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS (…) en mi calidad de
representante del movimiento ciudadano “QUEREMOS EL CAMBIO”
coalición ADA, quien radiqué carta de aceptación de curul ante la
23 Aplicable según lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley 1881 de 2018.
24 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 02 (acumulado)
25 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
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26
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
registraduría el día 29 de octubre de 2019 acogiéndome a la Ley 1909 de
2018 “ARTICULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección
popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos
a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales
respectivos, durante el período de estas corporaciones”.
Por lo anterior, me permito informar que por motivos ajenos a mi voluntad
no me posesionare al cargo de elección popular como concejal para el
período 2020 – 2023, razón por la cual solicito se continue en la
declaratoria de elección del candidato que en derecho le corresponda
ocupar la curul correspondiente en el Concejo Municipal de Chiquinquirá
[…]”.
4.2. A través del Decreto nro. 0149 del 17 de diciembre de 2019 expedido
por el alcalde del municipio de Chiquinquirá26 se resolvió27:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONVÓQUESE al honorable Concejo
Municipal de Chiquinquirá a sesiones extraordinarias a partir del día
dieciocho (18) de diciembre hasta el día veintiséis (26) de diciembre del
año 2019, con el propósito de estudiar y decidir sobre el siguiente
proyecto de acuerdo:
PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL
PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Y SUS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019”.
(…)
Dado en Chiquinquirá, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de
dos mil diecinueve (2019) […]”.
26 “Por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al honorable Concejo Municipal de
Chiquinquirá”
27 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
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27
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
4.3. En el expediente obra la Resolución nro. 155 de 2019 expedida por
la mesa directiva del concejo municipal de Chiquinquirá, mediante la cual
se dispuso28:
“[…] RESOLUCIÓN nro. 155
(30 de diciembre de 2019)
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA DE UN CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia de la investidura que ostenta
como concejal de esta municipalidad el señor JEFFERSON LEONARDO
CARO CASAS (…) a partir del 20 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JEFFERSON LEONARDO CARO
CASAS, el contenido de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
su ejecución.
Dada en la Secretaría del Honorable Concejo Municipal de Chiquinquirá, a
los 20 días del mes de diciembre de 2019 […]”.
4.4. Consta en el Acta nro. 01 del 2 de enero de 2020, sesión especial del
concejo municipal de Chiquinquirá, que en el orden del día estaba
enlistado, entre otros asuntos, los siguientes29:
“[…] ORDEN DEL DÍA
(…)
28 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
29 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
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28
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
2. Lectura de certificación de los honorables concejales electos período
2020- 2023.
3. Llamado a lista y verificación del quórum.
4. Posesión de presidente provisional y de los honorables concejales […]”.
En el numeral segundo del orden del día, esto es, “lectura de certificación
de los honorables concejales electos período 2020- 2023”, se indicó30:
“[…] 2. Lectura de certificación de los honorables concejales electos
período 2020 – 2023, mediante el acta parcial del escrutinio municipal del
CONCEJO “Formulario E – 26 de fecha 30 de octubre de 2019, se declaró
la elección de los concejales electos para el municipio de Chiquinquirá
Boyacá, para el período 2020 – 2023 a los siguientes candidatos:
Se contó con la asistencia de 15 honorables concejales.
PARTIDO Y/O CANDIDATO CEDULA
MOVIMIENTO
(…)
COALICIÓN CARO CASAS 79719122
JEFFERSON CARO JEFFERSON
ALCALDE 2020 - 2023 LEONARDO
[…]”.
En cuanto al tercero y cuarto punto del orden del día, se verifica lo
siguiente en el Acta nro. 01 del 2 de enero de 202031:
“[…] 3. Llamado a lista y verificación de quórum
Se hicieron presentes los honorables concejales: AGUILAR ESPITIA LUIS
ALBERTO, BURGOS CASTELLANOS ROSALBA, CABANZO BUITRAGO
HÉCTOR ZAMIR, CORTES PEÑA WILLIAM RICARDO, JIMÉNEZ SUÁREZ
JUAN CARLOS, JIMÉNEZ JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN, LÓPEZ SÁNCHEZ
EDGAR, MARTÍNEZ SUÁREZ CARLOS IVÁN, MERCHÁN FRESNO JOSÉ
TOMAS, PEDREROS RÚA CESAR JULIÁN, POVEDA SAZA JOSÉ ENRIQUE,
QUIMBAYO SCARPPETA EDWIN, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ OMAR
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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29
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
ARMANDO, ZAPATA PACHÓN NANCY YANETH. Contando con la asistencia
de 14 concejales.
4. Posesión del presidente provisional y de los honorables concejales:
El concejal LUIS ALBERTO ESPITIA AGUILAR, saludó a los presentes en la
plenaria, manifestó sus agradecimientos y procedió a tomar juramento a
los honorables concejales […]”.
4.5. El 24 de julio de 2023, el presidente del concejo municipal de
Chiquinquirá, vigencia 2023, certificó que “revisados los archivos
existentes en esta Corporación, no se evidencia actuación alguna, en
donde el ciudadano Jefferson Leonardo Caro Casas hubiere tomado
posesión del cargo como concejal municipal a los tres (3) días siguientes
a la instalación del primer período de sesiones ordinarias de la vigencia
fiscal 2020”32.
5.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, en el recurso de apelación, la solicitante
reprochó que, el señor Jefferson Leonardo Caro Casas sí incurrió en la
causal de pérdida de investidura prevista por el numeral 3 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, esto es, por no haber tomado posesión del cargo
dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo, lo
anterior, por cuanto, argumentó que el acusado ocupó el segundo lugar
en las elecciones de la alcaldía municipal de Chiquinquirá y aceptó ocupar
la curul en el concejo, sin que luego pudiese retractarse, por lo que tenía
el deber de posesionarse.
32 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
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30
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
A su turno, el acusado sostuvo que no estaba configurada la causal de
pérdida de investidura porque previo a la instalación, la mesa directiva
del concejo municipal de Chiquinquirá aceptó la renuncia a la investidura
de concejal mediante la Resolución nro. 155 de 2019.
La Sala para resolver examinará (i) los requisitos para la configuración
del elemento objetivo de la causal invocada y, de estar reunidos, abordará
el estudio del (ii) elemento subjetivo.
5.1.- Los requisitos para la configuración del elemento objetivo de
la causal
La jurisprudencia de la Sección Primera ha señalado que, de la disposición
que establece la causal invocada, se desprende que deben estar reunidos
los siguientes elementos33:
(i) Que el acusado haya sido elegido como concejal.
(ii) Que no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de la instalación del concejo o a la fecha en sean llamados a
posesionarse.
Examinados en el caso concreto, se tiene lo siguiente:
5.1.1.- El acusado fue designado como concejal
Está acreditado en el proceso que el señor Jefferson Leonardo Caro Casas
33 Al respecto, puede verse la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado nro. 08001 2333 000 2020
0057301. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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31
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
fue nombrado como concejal del municipio de Chiquinquirá, para el
período constitucional 2020 – 2023, como consecuencia de ocupar el
segundo lugar en las elecciones para alcalde del mismo municipio y al
manifestar que aceptaba la curul al concejo, según consta en el formulario
E – 26 CON expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal y
como se observa a continuación34.
Asimismo, no sobra mencionar que en el escrito que radicó el 18 de
diciembre de 2019 el señor Jefferson Leonardo Caro Casas ante el concejo
34 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado).
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32
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
municipal de Chiquinquirá manifestó que “en mi calidad de representante
del movimiento ciudadano “QUEREMOS EL CAMBIO” coalición ADA, quien
radiqué carta de aceptación de curul ante la registraduría el día 29 de
octubre de 2019 acogiéndome a la Ley 1909 de 2018 “ARTICULO 25. (…)
[M]e permito informar que por motivos ajenos a mi voluntad no me
posesionare al cargo de elección popular como concejal para el período
2020 – 2023, razón por la cual solicito se continue en la declaratoria de
elección del candidato que en derecho le corresponda ocupar la curul
correspondiente en el Concejo Municipal de Chiquinquirá (…)”35.
(Subrayas de la Sala)
En este punto, se destaca que el inciso tercero del artículo 25 de la Ley
1909 de 2018, “por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición
Política y algunos derechos a la organizaciones políticas independientes”,
establece que “otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes
distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá́, previa
aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y
municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para
los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263
de la Constitución para la distribución de las curules restantes de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales”.
(subrayas ajenas)
Ello quiere significar que, solo una vez se manifiesta la aceptación, la
autoridad electoral expide la credencial de concejal a quien ocupó el
segundo puesto en las votaciones de alcalde municipal.
35 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02.
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33
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Conforme con lo anterior, la Sala concluye que, tal como lo indicó el a
quo, este requisito está cumplido dado que el señor Jefferson Leonardo
Caro Casas ocupó el segundo puesto en la votación para alcalde del
municipio de Chiquinquirá y manifestó su decisión de aceptar la curul al
concejo municipal como derecho que le otorgó el Estatuto de la Oposición
y, por ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el
formulario E – 26 CON lo declaró electo como concejal de ese municipio.
5.1.2.- Que no se haya posesionado en el cargo dentro del término
señalado en la ley
En el asunto bajo examen, la parte actora aportó el Acta nro. 1 del 2 de
enero de 2020 de la sesión especial del concejo municipal de Chiquinquirá
en la que tomaron posesión del cargo los concejales electos para el
período constitucional 2020 – 2023, sin que se advierta que el señor
Jefferson Leonardo Caro Casas se haya posesionado36.
Adicionalmente, en el proceso reposa la certificación expedida el 24 de
julio de 2023 por el presidente del concejo municipal de Chiquinquirá en
el que consta que “revisados los archivos existentes en esta Corporación,
no se evidencia actuación alguna, en donde el ciudadano Jefferson
Leonardo Caro Casas hubiere tomado posesión al cargo como concejal
municipal a los tres (3) días siguientes a la instalación del primer período
de sesiones ordinarias de la vigencia fiscal 2020”37.
36 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado).
37 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado).
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34
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Para desvirtuar la configuración del elemento objetivo de la causal, el
apoderado del señor Caro Casas alegó que (i) que “la causal de pérdida de
investidura invocada tampoco puede extenderse por vía de interpretación
hacia una inexistente prohibición de renuncia previa a la instalación del
Concejo” y que (iii) “se suma el hecho notorio que supone la aplicación
judicial de las causales de pérdida de investidura, que fueron concebidas en
principio para los congresistas, luego extendidas a los concejales y
diputados de elección directa por cifra repartidora, y ahora por la posterior
entrada del Estatuto de Oposición Política -que no reguló nada al respecto-
al ordenamiento jurídico, se pretende por aplicación del ius puniendi
equiparar a los concejales de elección directa/cifra repartidora con los
concejales que llegan por el Estatuto de Oposición, esto es igualar lo que
en esencia es diferente”.
Sin embargo, la Sala considera que no le asiste razón, por cuanto la
jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación, en asuntos similares
al que aquí se examina ha explicado que “la vocación que adquiere quien
ocupa el segundo lugar en las elecciones para alcalde, de ser designado en
el concejo, deriva precisamente de la confianza que depositó en esa persona
el electorado, y del carácter que adquiere como persona representativa en
la oposición; precisamente para que tenga la posibilidad de expresar con
criterio de autoridad los argumentos que le llevaron al segundo lugar en las
votaciones, en representación de las personas que depositaron su voto a
favor, el Estatuto de la Oposición ha previsto que se manifieste sobre la
aceptación o no de la curul que se le ofrece. No se trata entonces de un
derecho personal derivado de su participación en la elección a alcalde, sino
de una posición que adquiere como consecuencia de la confianza que le
deposita el elector y que le lleva precisamente a ocupar el cargo, de
aceptarlo, para la defensa de las ideas que le ha expuesto a sus electores.
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35
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
La decisión positiva, además, afecta la composición del concejo, como
quiera que las curules asignadas no varían, y por lo tanto quedará un
aspirante por fuera, no obstante que hubiese alcanzado los votos suficientes
para integrar el cuerpo colegiado”38.
En ese contexto, esta Sección ha considerado que “quien aspira a ocupar
un cargo de elección popular, está sometido en principio al régimen propio
de la investidura para la cual pretende ser elegido; por lo tanto, si se postula
para alcalde, está sometido al régimen de dicho cargo. No obstante, una
vez el candidato que obtuvo la segunda votación para alcalde acepta la
designación como concejal, acepta con ello las reglas que rigen a los
concejales, pues la posición que ahora ocupa es exactamente la misma de
quienes aspiraron a estas curules, y su origen es igualmente idéntico; lo
que lleva a uno y otro a ocupar la curul es el voto del electorado, que lo
deposita para la defensa de las ideas que expone el candidato; y que,
tratándose de la elección de alcalde, de antemano sabe que la aspiración
de su candidato lo puede ser para la alcaldía, si ocupa el primer lugar, o
para el concejo, si es el segundo”39.
Lo anterior, implica que quien acepta la designación como concejal porque
ha quedado en segundo lugar en la votación para la alcaldía, queda a
partir de ese momento sujeto a todas las causales de pérdida de
investidura que taxativamente estén previstas para los concejales,
precisamente porque, a partir del momento de la aceptación, ya tiene
vocación de desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en condiciones de
igualdad con los demás concejales40.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 9 de junio de 2022. Expediente nro. 08001 23 33 000 2020 00573 01.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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36
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Asimismo, aunque no se trata de un asunto idéntico al aquí debatido, es
pertinente traer a colación las consideraciones expuestas en la sentencia
proferida por esta Sección el 11 de marzo de 2021 en el proceso de
pérdida de investidura nro. 2020 01680 00, en la que se explicaron los
términos en los que se aplica la causal aquí invocada a quien es designado
-llamado, con ocasión del artículo 25 de la ley 1909 de 201841:
“[…] 99. En esa medida, si bien la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado que esta causal tiene su razón de ser en el compromiso
que adquiere el elegido con sus electores, lo cierto es que el correcto
entendimiento de la nueva dinámica constitucional debe permitir
aceptar que ella aplica no solo cuando el incumplimiento del deber
proviene de la persona electa sino también del designado-llamado que
se realiza por mandato de los artículos 112 Constitucional y 24 y 25
de la Ley 1909 de 2018 -Estatuto de la Oposición-.
100. En este sentido y, a partir de una integración de las normas
jurídicas, resulta posible afirmar que cuando el numeral 3° del artículo
48 de la Ley 617 de 2000 estatuye, como una de las causales de
pérdida de investidura para los concejales, la consistente en no tomar
posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación del concejo, comprende también a los servidores públicos
de elección popular designados-llamados por mandato del artículo 112
Constitucional. Para la Sala, el nuevo referente constitucional no
puede ser tenido, en modo alguno, como una excepción al régimen
jurídico en esta materia.
(…)
103. Como se indicó anteriormente, el candidato designado - llamado
a ocupar una curul por mandato del artículo 112 Superior, le asiste el
deber de tomar posesión del cargo, una vez producida la aceptación,
pues a través de dicho acto jurídico solemne queda vinculado
jurídicamente con sus deberes, derechos y sus responsabilidades y la
mencionada prerrogativa constitucional no puede ser vista como una
excepción a la obligación de tomar posesión del cargo dentro de las
oportunidades previstas en la ley […]”.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. Expediente nro. 15001 2333 000 2020 01680 01. C.P.:
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Por consiguiente, no le asiste razón al acusado al considerar que los
elementos estructurales de la causal no se configuran en su caso, ya que,
una vez aceptó la designación como concejal, estaba en la obligación de
cumplir en lo sucesivo los deberes que el cargo le impone; uno de los
cuales era posesionarse, ya sea dentro de los tres (3) días siguientes a la
fecha de la instalación del concejo, o a la fecha en que fueren llamados
para ello.
En relación con la fuerza mayor
El parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece un
eximente de responsabilidad para la causal aquí invocada, consistente en
que no se configura cuando medie fuerza mayor.
La Corte Constitucional en la sentencia SU – 632 de 201742 explicó que la
fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, está señalada en el
artículo 6443 del Código Civil y que “esta causal, por tanto, requiere para
obrar como justificación reunir un conjunto de características, las cuales
son básicamente: (i) que el hecho sea irresistible; (ii) que sea imprevisible
y (iii) que sea externo respecto del obligado”, para concluir que “en este
orden de ideas, es claro para la Corte que para que se constituya la causal
de exoneración descrita en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, es necesario que se presente el fenómeno de fuerza mayor, el cual
para su configuración requiere que quien alega la existencia de la misma
42 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
43 “ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público,
etc”.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
pruebe que la decisión fue externa, es decir, no intervino la voluntad del
interesado en su adopción, ni haya tenido control sobre la situación”.
A su turno, la jurisprudencia de la Corporación44 ha señalado que la fuerza
mayor es una situación imprevisible a la que es imposible de resistir y
para su configuración debe cumplir los siguientes tres requisitos: -)
imprevisibilidad, es decir, “quien aduce el hecho como constitutivo de
fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin de evitar sus
consecuencias porque no podía prever con anterioridad su ocurrencia”;
-) irresistibilidad, implica que “quien alegue la fuerza mayor debe probar
que la situación que invoca conllevó la imposibilidad de cumplir o de obrar
de manera diferente a como lo hizo” y -) la exterioridad o extrañeza
significa que “no puede alegar esa causa quien ha contribuido con su
conducta a la realización del hecho alegado; es decir, el afectado no puede
haber intervenido en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u
obligación, de forma que no haya tenido control sobre la situación ni
injerencia en esta”.
Teniendo en cuenta los requisitos para la configuración de la fuerza
mayor, la Sala considera que en este caso no existe ninguna circunstancia
que sea constitutiva de fuerza mayor.
En efecto, la Sala advierte que el escrito radicado el 18 de diciembre de
2019 en el que el acusado manifestó que “me permito informar que por
44
Al respecto puede verse: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 29 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación nro. 11001- 03-15-000-2018-02616- 01 (PI). (Acumulados
11001-03-15-000-2018-02616-01 y 11001-03-15-000-2018-02672-00).
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
motivos ajenos a mi voluntad no me posesionare al cargo de elección
popular como concejal para el período 2020 – 2023” comprueban que en
lugar de tratarse de un hecho imprevisible, irresistible y externo, el señor
Caro Casas decidió no tomar posesión del cargo como concejal, aduciendo
para ello “motivos ajenos a mi voluntad”, sin explicar cuáles, razón que
no constituye por sí sola fuerza mayor.
En ese mismo sentido, la expedición de la Resolución nro. 155 de 2019
tampoco configura una fuerza mayor, toda vez que, dicho acto se profirió
con ocasión del escrito que el acusado presentó el 18 de diciembre de
2019, por lo que evidentemente no cumple con el requisito de exterioridad
o extrañeza, esto es, como se indicó, no puede alegar la fuerza mayor
quien ha contribuido con su conducta a la realización del hecho alegado.
Se reitera entonces que, una vez el acusado manifestó de forma
voluntaria que ocuparía la curul de concejal de conformidad con el artículo
25 del Estatuto de la Oposición, le asistía el deber legal de tomar posesión
del cargo, sin que afirmar que no lo haría “por motivos ajenos a mi
voluntad” tengan la entidad para sustraerlo del cumplimiento de dicho
deber .
Comoquiera que están reunidos los requisitos que acreditan la
configuración del elemento objetivo, la Sala descenderá al estudio del
elemento subjetivo.
5.2. Elemento subjetivo
Así como el elemento objetivo de la pérdida de investidura corresponde
al principio de tipicidad del derecho sancionador del Estado, el elemento
subjetivo de esta acción pública tiene que ver con la culpabilidad.
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40
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”45.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”46. (destacado en la providencia)
En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
Superior; entonces, la culpabilidad implica que deba estar acreditada la
responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la causal,
por ello, la culpabilidad consiste en efectuar un juicio de reproche sobre
la conducta del implicado47.
45 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
46
Ibidem.
47
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
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41
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.
En este caso, las solicitudes de pérdida de investidura fueron radicadas el
30 de agosto de 202348 (2023 00307) y el 6 de septiembre de 202349
(2023 00317), por ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de
noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 50,
la cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es
un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se ejercerá contra
los congresistas [léase para el caso concejal] que con su conducta dolosa
o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura previstas en la Constitución. A su vez, el artículo
22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones contenidas en
esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los procesos de pérdida
48 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00307 00 (acumulado).
49 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2023 00317 00.
50
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
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42
Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
de investidura de concejales y diputados.
De contera, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado51.
En el asunto bajo examen, el acusado argumentó que no está configurado
el elemento subjetivo, por cuanto “la existencia, presunción de legalidad,
firmeza, ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo definitivo
“Resolución del Concejo Municipal de Chiquinquirá nro. 155 del 20 de
diciembre de 2019”, queda decantada la obligatoriedad objetiva del acto
administrativo a la que estaba subordinado el ciudadano Jefferson Leonardo
Caro Casas respecto de esta decisión terminante de la administración
pública, de aceptar la renuncia de la investidura de Concejal que ostentaba
por el derecho personal concedido por el estatuto de la oposición,
rompiendo esa vinculación jurídica de llamamiento a ocupar el cargo a partir
del 20 de diciembre de 2019 en adelante”.
A lo que agregó que “en todo caso y en lógica jurídica, ningún particular -
por el mero intermedio de su voluntad- puede posesionarse en una
investidura a la cual ya le fue aceptada la renuncia, mediante acto
administrativo debidamente notificado y ejecutoriado, emanado de una
autoridad pública en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.
Elemento que rompe la posibilidad de responsabilizar a mi defendido, como
exonerante de culpabilidad en el actuar del ciudadano Jefferson Leonardo
Caro Casas, pues no puede el mismo Estado reprocharle culpa o dolo a sus
51
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
ciudadanos por obedecer a su administración pública y su acto
administrativo obligatorio”.
Para resolver, lo primero que hay lugar a precisar es que el proceso de
pérdida de investidura no es el medio de control para examinar los
reproches de las partes sobre la legalidad del acto administrativo que
resolvió “aceptar la renuncia” al cargo de concejal del señor Caro Casas.
Aclarado lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al acusado,
comoquiera que, de acuerdo con lo probado en el proceso, desde el 18 de
diciembre de 2019, fecha en la que el señor Caro Casas radicó escrito ante
el concejo municipal de Chiquinquirá, manifestó la voluntad de no querer
tomar posesión del cargo de concejal, pese a que, como allí lo indicó, había
aceptado la curul el 29 de octubre de 2019.
De este modo, si bien está acreditado que el concejo municipal de
Chiquinquirá expidió la Resolución nro. 155 de 2019 mediante la cual
dispuso “aceptar la renuncia de la investidura que ostenta como concejal
de esta municipalidad el señor JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS (…) a
partir del 20 de diciembre de 2019”, lo cierto es que el acusado ya había
expresado desde el 18 de diciembre de 2019 que no tomaría posesión del
cargo, pese a que era su deber por haber manifestado que aceptaba la
curul.
Al respecto, esta Sección ha explicado que52 “(…) no es de recibo la excusa
según la cual la Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019 generó
confianza y convicción en el accionado para mantener su inscripción y
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de diciembre de 2023. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 76001 23 33 000 2023 00550 01.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
aceptar el cargo de concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca); por el
contrario, se observa la intención del señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO de sacar provecho de una decisión administrativa a
todas luces errática y así evadir los efectos nocivos de una conducta que
estuvo en capacidad de conocer desde el principio […]”.
En el caso concreto, no puede perderse de vista que, acorde con el artículo
25 de la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 2276 de 2019, el señor Jefferson
Leonardo Caro Casas tuvo la libertad de no aceptar la curul de concejal a la
que tenía derecho a aspirar por haber obtenido la segunda votación a la
alcaldía del municipio; pero, una vez hizo uso del mismo, ya no podía
declinar, sino solo por causas constitutivas de fuerza mayor.
En este punto, vale la pena traer a colación el procedimiento que debe
seguirse para hacer efectivo el ejercicio del derecho otorgado por el artículo
25 de la Ley 1909 de 2018, el cual está regulado por la Resolución 2276 del
11 de junio de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral que dispuso:
“[...] Que la Ley 1909 de 2018 adoptó el Estatuto de la oposición
política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes, dentro de los cuales se contempló́ en su artículo 25
que los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral
declare elegidos en los cargos de gobernador de departamento,
alcalde distrital y/o alcalde municipal, tendrán derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en las asambleas departamentales,
concejos distritales y/o concejos municipales respectivos, durante el
período de estas corporaciones.
Que es necesario establecer el procedimiento y las reglas mediante
las cuales se haga efectivo el ejercido del derecho otorgado, sin que
ello afecte el desarrollo correcto, ininterrumpido, público,
transparente e imparcial de los escrutinios que se realicen con ocasión
de las elecciones de autoridades locales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
DISPONE
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL
EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las 24 horas siguientes
a la declaratoria de elección de los cargos de gobernador, alcalde
distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas departamentales
y concejos distritales y/o municipales respectivamente, los candidatos
que ocuparon el segundo (2) puesto en votación, deberán manifestar
por escrito por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión
de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y
concejos distritales y/o municipales.
En el acta de escrutinio respectiva y E-28 que declare la elección de
alcalde distrital yo municipal y gobernador, deberá́ dejarse constancia
de que candidato ocupó el segundo (2o) lugar en votación, darse
lectura de la misma en la correspondiente audiencia.
La manifestación de que trata el presente artículo, y dentro del
término señalado, podrá́ hacerse ante la comisión escrutadora
encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo uninominal,
o ante la comisión escrutadora competente para declarar las
corporaciones públicas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si vencido el plazo señalado, el candidato
que siga en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en
los cargos de gobernador de departamento alcalde distrital y/o alcalde
municipal, no existe manifestación de aceptación o no de la curul en
la corporación pública en el término establecido se entenderá́ que no
se acepta la respectiva curul, y se dejará la constancia en la
correspondiente acta escrutinio.
(…)
ARTICULO TERCERO: DECLARATORIA DE ELECCIÓN DE LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS. - Vencido el término de que tratan
los artículos anteriores, la Comisión Escrutadora reanudará la
diligencia de escrutinios y declarará los candidatos electos para las
corporaciones públicas de concejo municipal y/o distrital, o asamblea
departamental, según su competencia, así:
EN CASO DE ACEPTACIÓN: Otorgará la respectiva credencial como
diputados y concejales distritales y/o municipales a quienes ocuparon
los segundos puestos en la votación para gobernador y alcalde,
respectivamente, y a continuación procederá́ a aplicar la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
las curules restantes de asambleas departamentales y concejos
Distritales y/o Municipales.
EN CASO DE NO ACEPTACIÓN: Aplicará la regla general prevista en
el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de la
totalidad las curules de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y/o Municipales por población.
[...]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas)
La Sala destaca que la expresión “y sin posibilidad de retracto” prevista
en el artículo segundo de la Resolución 2276 del 11 de junio de 2019
expedida por el Consejo Nacional Electoral fue demandada en el medio de
control de nulidad electoral, y la Sección Quinta de esta Corporación en
sentencia del 16 de diciembre de 2020 consideró que la autoridad
electoral no excedió la potestad reglamentaria y, para ello, expuso, entre
otras razones, que “la ley estatutaria al respecto, únicamente se refirió́ a
la obligación de manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul; y, si bien no hizo
manifestación alguna sobre la posibilidad o no de retracto respecto de tal
expresión, lo cierto es que ello incide directamente en el reparto de las
curules, pues en el caso de asambleas y concejos, dicha aceptación
constituye la disminución de un escaño a asignar en la votación obtenida
directamente en los comicios de cada corporación”.
Bajo dicho contexto, la Sala estima que el acusado incurrió en la causal
de pérdida de investidura, dado que su actuación fue negligente, ya que,
aunque aceptó ocupar la curul, luego manifestó de manera voluntaria que
no tomaría posesión del cargo sin aducir razones de fuerza mayor para
ello, por lo que, no obró con la diligencia debida para establecer si, luego
de aceptar la curul de concejal de manera expresa, podía renunciar a la
misma y no tomar posesión del cargo; además, tampoco se observa que
su conducta esté justificada en la buena fe calificada.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Lo anterior, debido a que, aunque, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay
por lo menos dos eventos en los cuales sí se configura una razón que
puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado
actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal;
ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que, si esta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto.
En este caso, el acusado no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y estas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.
Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Cabe también precisar que, comoquiera que la culpabilidad – elemento
subjetivo de la pérdida de investidura - consiste en efectuar un juicio de
reproche sobre la conducta del implicado, no niega la Sala que ella puede
justificarse cuando este actúa con el convencimiento de que su conducta
es ajustada al ordenamiento jurídico; pero ese convencimiento supone
que el implicado ha incurrido en ella por error invencible, es decir, aquél
que es común a muchos y del cual no es posible sustraerse, ya que, al
tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve
de excusa.
Es esa la razón por la cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de
conocimiento, el actor no alegue simplemente que obró de buena fe, sino
que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error
invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró́
adecuadamente de abogados idóneos, no obstante, lo cual incurrió en la
conducta reprochable.
Por lo expuesto, la Sala considera que el acusado incurrió en la conducta
prohibida a título de culpa grave, toda vez que manifestó que no tomaría
posesión del cargo del concejal, pese a que en la oportunidad
correspondiente aceptó la curul, manifestación que no estuvo respaldada
en la buena fe calificada proveniente de un error invencible.
De otro lado, el apoderado del acusado alegó que con ocasión de la
ejecutoria del acto administrativo que aceptó la renuncia del señor Jefferson
Leonardo Caro Casas “el concejal electo llamado a posesionarse en la sesión
de instalación realizada el 2 de enero de 2020 o a más tardar dentro de los
tres días siguientes, jurídica y fácticamente era el señor Julio Vicente
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Ortegón Ortegón”, quien “ha venido detentando la investidura de Concejal
del Municipio de Chiquinquirá, período 2020- 2023”53.
No obstante, de las pruebas que obran en el proceso se verifica que el
llamado al señor Julio Vicente Ortegón Ortegón para ocupar una curul en el
concejo municipal fue mediante la Resolución nro. 047 del 24 de abril de
202054, de manera que, no está acreditado que el precitado concejal era el
“llamado a posesionarse en la sesión de instalación realizada el 2 de enero
de 2020 o a más tardar dentro de los tres días siguientes”.
En cuanto a las pretensiones de “declarar la prohibición permanente que
le asiste a Jefferson Leonardo Caro Casas de aspirar y desempeñar en el
futuro cargos de elección popular” y que se compulse copias de las
presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación, la Sala estima que no son procedentes.
En lo relativo a que se “declarar la prohibición permanente que le asiste
a Jefferson Leonardo Caro Casas de aspirar y desempeñar en el futuro
cargos de elección popular” , la Sala recuerda que el objeto del proceso
de pérdida de investidura radica en determinar si está o no configurada
la causal endilgada, sin que ello implique un pronunciamiento sobre los
efectos de la declaratoria de pérdida de investidura. A lo que se agrega
que la Ley 1881 de 2018 no dispone que la sentencia deba contener un
pronunciamiento sobre los efectos de la decisión.
53 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 00.
54 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00307 00.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
Por último, frente a la solicitud de la parte actora consistente en que se
compulse copias de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la
Nación, la Sala recuerda que acorde con el artículo 67 del Código de
Procedimiento Penal “toda persona debe denunciar a la autoridad los
delitos de cuya comisión tenga conocimiento”; de este modo, si la parte
actora estima que el acusado incurrió en algún delito debe ella ponerlo en
conocimiento de las autoridades competentes. A su turno, en lo
relacionado con que se compulse copias a la Procuraduría General de la
Nación, la parte actora no explicó los fundamentos de hecho y de derecho
en los que sustenta tal petición.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 12 de octubre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, declarará
la pérdida de investidura del señor Jefferson Leonardo Caro Casas,
concejal del municipio de Chiquinquirá, período constitucional 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, DECRETAR LA
PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor JEFFERSON LEONARDO CARO
CASAS, concejal del municipio de Chiquinquirá, período constitucional
2020 – 2023.
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Radicación: 15001 23 33 000 2023 00307 02 (acumulado)
Solicitante: Leidy Natalia Suárez Moya y otro
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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