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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00196-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00196-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por la inhabilidad señalada en el numeral 3 del artículo 43 ibidem. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral con radicado núm.: 25000-2341-000 2024-00284-01. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027, por las razones aquí expuestas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53 Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01 Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00196-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00196-01
Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Accionado: Juan Daniel Oviedo Arango

Tema: Se declara de oficio la excepción de cosa juzgada frente al
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, cuando
por la misma conducta se promovió un proceso de nulidad electoral
en el que se profirió sentencia en firme.

Causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
inhabilidades prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra
de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del señor Juan Daniel
Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, actuando en nombre propio, solicitó
decretar la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango, concejal de

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00. La parte solicitante presentó escrito de
reforma de la demanda, por medio del cual adicionó un acápite de pretensiones. La
reforma fue admitida por el despacho de conocimiento en primera instancia, por auto
del 3 de abril de 2024 (visto en los índices 11 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00).

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Bogotá, período constitucional 2024-2027, “por estar incurso en [la] causal de
inhabilidad (…) consagrada en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000,
violando así el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, numeral 2”, según indicó en el
acápite de “PRETENSIONES” de la demanda de pérdida de investidura2.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada3

Señaló que, entre el acusado, en calidad de arrendador, y el Fondo Nacional de
Garantías - FNG, en calidad de arrendatario, se suscribió el 20 de junio de 2023 el
contrato nro. 20234000034, cuyo objeto fue el “arrendamiento del bien inmueble
urbano identificado con matrícula inmobiliaria (…) de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Bogotá zona centro, (…) que incluye un parqueadero y un
depósito, en la ciudad de Bogotá D.C. para las actividades propias del FNG”.

Mencionó que en las elecciones de autoridades del orden territorial llevadas a cabo el
29 de octubre de 2023, el acusado logró la segunda mayor votación para el cargo de
alcalde de Bogotá D.C., y optó por ocupar la curul a que tenía derecho en el concejo
distrital, de acuerdo con la Ley 1909 de 2018.

Refirió que el problema jurídico que debía resolverse radicaba en determinar si “Juan
Daniel Oviedo Arango, concejal de Bogotá D.C. incurrió en conducta constitutiva de la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
(modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), que le prohibía ser elegido
concejal de Bogotá D.C., en cuanto intervino en la celebración de contratos con una
entidad pública en interés propio, el cual debió ejecutarse y cumplirse en el respectivo
Distrito y si, como consecuencia de ello, debe decretarse la pérdida de su investidura
establecida en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por violación al
régimen de inhabilidades, al haber intervenido en la celebración del contrato
censurado nro. 20234000034 del Fondo Nacional de Garantías (FNG), así como las
causales de incompatibilidad establecidas en los artículos 127 de la Constitución

2
Adicionado por escrito de reforma a la demanda, que fue admitida por el despacho de
conocimiento en primera instancia mediante auto del 3 de abril de 2024 (visto en los
índices 11 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00).
3
Ibidem.

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Política y 8 (numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993 y prohibición enlistada en el
numeral 4 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994”.

Adujo que la causal de pérdida de investidura invocada es aplicable a los
“concejales llamados-designados como producto del ejercicio del derecho personal
consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política (…) y 25 de la Ley 1909 de
2018 (…), dado que dicha modalidad no implica que, quien accede a la corporación
pública de elección popular respectiva se encuentre exceptuado del régimen jurídico
aplicable a los concejales, toda vez que, por un lado, las normas en comento no
dispusieron tal excepción y por el otro, este derecho se deriva de un resultado
electoral y tiene como fin lograr un control político efectivo”.

Sostuvo que en el caso se encuentran configurados los elementos estructurantes
de la “inhabilidad de intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas como causal de pérdida de investidura de concejales”, en los siguientes
términos:

(i) “Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una
entidad pública de cualquier nivel”; expuso que el Fondo Nacional de Garantías,
entidad con la que el acusado suscribió el contrato de arrendamiento, es una
sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que, acorde con el artículo
38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional
está integrada, entre otras, por las sociedades de economía mixta. Agregó que el
aludido Fondo hace parte del Grupo Bicentenario SAS, sociedad de economía mixta
vinculada igualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(ii) “Haberlo hecho durante el año anterior a la elección como concejal”; mencionó
que el aludido contrato de arrendamiento se suscribió el 20 de junio de 2023, y que la
fecha de la elección fue el 29 de octubre de 2023, por lo que sí se hizo dentro del año
anterior a la elección.

(iii) “En interés propio o de terceros (elemento subjetivo)”; explicó que el contrato, el
cual recae sobre un bien inmueble de propiedad de la entidad bancaria BBVA, que
usufructúa el acusado por cuenta de un contrato de leasing, le reporta como beneficio

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al último el valor del canon de arrendamiento, lo que “es suficiente para afirmar que se
cumple con el elemento subjetivo estructurante de la inhabilidad, puesto que son
recursos con los que no contaron los otros candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., así como para el Concejo Distrital, rompiendo así con la igualdad electoral”.

(iv) “Que aquel [contrato] deba ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo municipio
(elemento territorial)”; manifestó que el contrato en cuestión se ejecutó en la ciudad de
Bogotá D.C., entidad territorial frente a la cual el acusado fue candidato a la alcaldía,
y se posesionó como concejal, en atención a lo establecido en los artículos 112 de la
Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018.

En cuanto a la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura, afirmó que el acusado no demostró que su conducta estuvo amparada en
la jurisprudencia del Consejo de Estado, o que hubiese solicitado conceptos o
asesorías al respecto, y concluyó que “la conducta del acusado es culpable, a título
de culpa grave, ya que no prueba que su comportamiento estuvo justificado en la
buena fe calificada producto de un error invencible”.

Expuso que, de acuerdo con “la información, que es de conocimiento público, el
demandado ostenta título profesional (inclusive en el grado de doctorado) y,
adicionalmente, experiencia relevante en administración pública, en el ejercicio cargos
directivos, específicamente en forma reciente como director del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo cual avizora un conocimiento
meridiano de la administración pública y las exigencias que su ejercicio comporta”, y
que “esas condiciones personales, académicas y desempeño profesional las cuales
permiten afirmar que sí se encontraba en las condiciones para conocer la inhabilidad
de que trata el presente proceso”.

Aseveró que, si bien el demandado accedió al cargo de concejal por haber obtenido
la segunda mayor votación en las elecciones para la alcaldía de Bogotá D.C., esto
implicaba que debía examinar las inhabilidades en referencia a dicho cargo, por lo que
es notoria su falta de cuidado, ya que la aceptación de la curul en el concejo y su
posesión implicaba que debía indagar lo relativo a los requisitos del cargo, habida
cuenta que “la causal de inhabilidad configurada en el presente asunto, también se

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encontraba prevista en la ley para los alcaldes4, por lo cual, es palmaria esa
desatención de la obligación general de estudio del marco normativo”.

Por último, aseguró que, como la fecha de terminación del aludido contrato fue el 31
de diciembre de 2024, es decir, de manera posterior a la posesión del acusado como
concejal de Bogotá, D.C., también se transgredió “el régimen de incompatibilidades y
la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política”, que
conjuntamente con la incompatibilidad prevista en el numeral 1, literal f del artículo 8
de la Ley 80 de 1993, son de carácter autónomo y aplicables a los concejales en
calidad de servidores públicos, “sin que le sea posible al juez desactivarlas con el
pretexto injustificable de percibirlas como normas carentes de aplicación material y de
asumir como únicas las prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136 de
1994”; por lo que, mientras estén desempeñando sus funciones, los concejales no
pueden contratar con entidades públicas.

Agregó que en el caso no es aplicable el precedente contenido en la sentencia SU-
207 de 2022 de la Corte Constitucional, en lo que versa con el “análisis de la
probabilidad real y material de ejercer la autoridad administrativa en el municipio y de
incidencia en los electores, (…) [porque] esta se encuentra circunscrita a aquellos
eventos en los cuales se trata de un funcionario municipal electo, respecto del cual se
alega relaciones de parentesco con funcionarios de niveles territoriales superiores
<departamental>”.

2.- Contestación del señor Juan Daniel Oviedo Arango

El acusado, actuando por conducto de apoderado, se pronunció5 frente a cada uno
de los hechos y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como argumentos
de defensa expuso los siguientes:

Alegó que la parte solicitante considera que el acusado está inhabilitado para ser
concejal de Bogotá D.C. “de conformidad con lo dispuesto en [i] el numeral 3 del

4
“ARTÍCULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. [Ley 617 de 2000]” (referencia
propia de la cita).
5
Visto en los índices 12 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00 (escritos de contestación de la
demanda y de la reforma de la demanda).

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artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000 y [ii] numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
37 de la Ley 617 de 2000”, normas que “no son aplicables ni extensibles al caso
concreto”.

En cuanto al numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, afirmó que no era aplicable porque el acusado
no fue electo alcalde, y su inscripción como candidato a dicho cargo no afecta su
investidura como concejal, que es distinta.

Frente al numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000, manifestó que no era aplicable porque el acusado no se
inscribió como candidato al concejo y “no fue elegido sino declarado en razón a un
derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política y el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018”.

Aseveró que el régimen de inhabilidades es taxativo y restrictivo, por lo que no
pueden extenderse a un concejal las inhabilidades previstas para quien se inscribe
como candidato a alcalde o es elegido en dicho cargo, ni las “consagradas para un
elegido a un declarado por derecho personal”.

Expuso que, si bien el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000, “indica las restricciones de quien no podrá ser inscrito
como candidato ni elegido como concejal municipal o distrital”, el acusado nunca se
inscribió como candidato al concejo de Bogotá D.C., sino que “tiene la curul es en
razón a un derecho personal”, y “no tendría sentido [que] se aplique un fragmento
de una causal de inhabilidad contemplada para alcaldes al momento preelectoral -
inscripción como candidato a la alcaldía- y otra causal prevista para corporado (sic)
público al momento electoral -declarado como concejal-, toda vez que hace m[á]s
gravoso y restrictivo el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano”.

Precisó que “las inhabilidades de la Ley 136 de 1994, modificadas por la Ley 617
de 2000, son consagradas para un elegido por la voluntad general y no para un
declarado por un derecho personal que tiene su razón de ser en la eficacia del voto
y las fuerzas políticas derrotadas”.

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Señaló que, en lo que atañe al elemento subjetivo de la pérdida de investidura, es
necesario acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del acusado, pero que
el demandado actúo con prudencia y diligencia en el caso, como quiera que consultó
sobre “el alcance de la sentencia de unificación 207 de 2022 de la Corte
Constitucional y a la luz de ella y normas concordantes las implicaciones legales y
contractuales del contrato de marras a los doctores MARCO ARANGO, M[Ó]NICA
PACH[Ó]N, DIANA HENAO y CATALINA LASSO”.

Argumentó que “la inhabilidad sobre intervención en gestión de negocios o
celebración de contratos no surge con contratos de cualquier naturaleza y que se
debe tener [en] cuenta el beneficio recibido y su potencialidad y probabilidad real en
la eventual ventaja frente a los contendores, así como la influencia de ello en los
ciudadanos”, aunado a que, conforme con la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional, “no basta con realizar un análisis estricto y rígido sobre el régimen,
sino que se debe determinar la afectación de la voluntad general por los respectivos
medios probatorios y una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de
razonabilidad y proporcionalidad, esto es, la probabilidad real y efectiva de la
incidencia de la ventaja e influencia”.

En consideración a lo anotado, señaló que el bien sobre el cual versa el contrato de
arrendamiento censurado en el caso es una propiedad de una entidad bancaria, por
lo que “el elemento de beneficio propio o de terceros no está definido ni
estructurado, puesto que en el caso concreto no se tiene certeza sobre quién es el
beneficiario”, y, por tanto, no se puede establecer “que el negocio haya efectuado
de manera real una ventaja frente a los contendores e influenciado el voto en
determinado sentido”.

Agregó que “el Fondo Nacional de Garantías S.A. ofrece un servicio en igualdad de
condiciones a todos los ciudadanos (…) por lo que sus servicios y los que se deriven
de ello están excluidos del régimen de inhabilidad para acceder a cargos públicos,
pues es claro que no tiene incidencia potencial ni probabilidad real de perturbar el
proceso democrático”.

Concluyó que no se advertía ningún vicio en el caso respecto de lo establecido en
los artículos 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018, habida

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cuenta que el acusado “no solo obró con prudencia y diligencia, (…) sino que
además sus actuaciones estuvieron enmarcadas dentro de la confianza legítima,
toda vez que resulta que como es de púbico conocimiento, su candidatura fue
impugnada ante el Consejo Nacional Electoral y esa autoridad después del trámite
procesal correspondiente determinó que no había mérito para revocar su aspiración
de ser el mandatario de la ciudad capital, este pronunciamiento, más la
interpretación que sus consultores y asesores le dieron a la aplicación de la
Sentencia de Unificación 207 de 2022, crearon en Juan Daniel Oviedo Arango, el
convencimiento que su candidatura era a la luz de la jurisprudencia constitucional y
los pronunciamientos administrativos, perfectamente valida”.

Por último, señaló que, respecto de las supuestas incompatibilidades de los
artículos 127 de la Constitución Política, 8 (numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993,
y 45 (numeral 4) de la Ley 136 de 1994, “todas las normas (…) se refieren al verbo
rector de celebrar contratos o realizar gestiones, dentro de lo cual no enmarca la
fase de ejecución de un contrato (…) [y] no entiende esta defensa el argumento
expresado por el demandante cuando se tiene que [el] contrato fue terminado con
anticipación”.

3.- La sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 14 de mayo
de 2024, decidió negar la solicitud de desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo
Arango, concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.

De manera previa, frente a la tacha formulada en escrito del 3 de mayo de 2024 por
la parte solicitante “en contra de la credibilidad e imparcialidad del testimonio del
señor Marco Antonio Arango, que había sido recibido en audiencia de pruebas”,
indicó que no se pronunciaría, debido a la preclusividad de las etapas procesales y
la garantía del derecho de defensa de la contraparte, toda vez que la oportunidad
para formularla era durante el desarrollo de la audiencia de pruebas,
específicamente, en el momento que el testigo terminó de rendir su declaración y

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antes de que el magistrado de conocimiento incorporara la prueba al expediente,
período en el cual el interesado no se manifestó.

Seguidamente, planteó como problema jurídico determinar “si conforme al escrito
de demanda, se encuentra probada la causal 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994, que permita declarar la pérdida de la investidura del cargo de concejal de
Bogotá D.C., al señor Juan Daniel Oviedo Arango, por haber suscrito el contrato de
arrendamiento de bien inmueble nro. 2023400034 con el Fondo Nacional de
Garantías”.

Para resolver, señaló que existía una incongruencia en el caso porque, en las
pretensiones, la parte actora pidió la desinvestidura del acusado “por estar incurso
en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 37, numeral 3 de la Ley 617
de 2000”, que establece las inhabilidades para ser alcalde y no concejal. Por
consiguiente, indicó que se estaba “solicitando la pérdida de investidura de un
concejal, con fundamento en una norma, que en principio no le aplicaría ya que el
cargo que ostenta no es el de alcalde, es decir, que la inhabilidad que se le atribuye
no se encuentra en el mismo nivel del cargo que actualmente el demandado ostenta
que es el de concejal”.

Dicho lo anterior, sostuvo que abordaría “el análisis del caso especial de
designación del señor Oviedo Arango como concejal en la ciudad de Bogotá”.

Al respecto, señaló que en el asunto estaba acreditado que el acusado tenía la
condición de concejal de Bogotá, ya que obraba en el plenario copia del formulario
E-24 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contenía el resultado del
escrutinio de la elección para la alcaldía de dicho distrito, y en la que se constataba
que el acusado alcanzó el segundo lugar de la votación, lo que “le permitió acceder
al cargo de concejal de la ciudad (…) en virtud de las disposiciones del Estatuto de
la Oposición”.

Agregó que también reposaba copia del formulario E-6 de la misma autoridad
electoral con el cual se verificaba la inscripción del acusado como candidato a la
alcaldía de Bogotá, y que “así como se pudo escuchar tanto en la audiencia de
pruebas como en la audiencia pública, el señor Oviedo Arango aceptó su

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designación como concejal de Bogotá, cargo que ejerce a la fecha y sobre lo cual
no puede existir discusión alguna”. Acotó que obraba copia del formulario E-24 del
escrutinio de la elección para el concejo distrital, “sin contabilizar [la curul] que por
derecho personal le correspondió a Juan Daniel Oviedo Arango, cuya aceptación
de la curul, le permitió tomar posesión”.

Consideró que “el estudio de la inhabilidad del demandado no puede realizarse de
conformidad con el artículo señalado por el demandante, este es, el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000 ya que, el mismo enlista las inhabilidades para ser alcalde, y en
el caso concreto, el demandado no ostenta esa posición (…) [y] no puede realizarse
una interpretación amplia de las inhabilidades y pretender dar aplicación a dicho
artículo, con la justificación que la aspiración del señor Oviedo Arango fue a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, aspiración que culminó en el momento en que el
demandado perdió las elecciones y posterior a esto, aceptó su designación como
concejal de Bogotá”.

Indicó que las inhabilidades establecidas en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000
estuvieron vigentes para el acusado desde el momento en que se materializó su
inscripción como candidato a la alcaldía de Bogotá, y hasta el día de las elecciones
que no ganó, y que “[d]entro de la sana lógica, no resulta entonces coherente
invocar la causal de inhabilidad del demandado para desempeñar el cargo de
alcalde mayor, y solicitar la pérdida de investidura del mismo como concejal”, habida
cuenta que el presente medio de control se adelanta en contra de miembros de
corporaciones públicas y no aplica para cargos uninominales.

No obstante, mencionó que, “a pesar que el demandante solicitara en el acápite de
pretensiones, la declaratoria de pérdida de investidura invocando equivocadamente
el régimen de inhabilidades de los alcaldes, dentro del desarrollo del problema
jurídico, así como en sus argumentos expuestos en la audiencia pública (…), solicitó
a esta Sala pronunciarse sobre la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo
43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000),
artículos que referencian el régimen de inhabilidades de los concejales”.

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Explicó que “[d]e la lectura del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se
evidencia que la norma requiere (…) la reunión inequívoca de los siguientes
elementos que conforman la inhabilidad”, así:

(i) “La celebración de contrato con una entidad pública de cualquier nivel”. Anotó
que el 20 de junio de 2023 el acusado y el Fondo Nacional de Garantías suscribieron
un contrato cuyo objeto fue el “arrendamiento del bien inmueble urbano (…), que
incluye un parqueadero y un depósito en la ciudad de Bogotá D.C., para las
actividades propias del FNG”; así mismo, que el aludido Fondo es una sociedad
anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida a la supervisión de la
Superintendencia Financiera de Colombia, y que el régimen de contratación
corresponde al del derecho privado.

(ii) “El plazo: un año anterior a la elección como concejal”. Señaló que el contrato
fue suscrito el 20 de junio de 2023, y se pactó inicialmente hasta el 31 de diciembre
de 2024. El contrato se terminó de manera anticipada en el mes de noviembre de
2023.

(iii) “En interés propio”. Mencionó que el contrato lo suscribió de manera directa el
acusado. Además, se pactó inicialmente por la suma de “<$106.016.318> IVA y
administración incluida”, pero que en el acta de terminación anticipada y liquidación
del contrato se estableció que “el FNG ha pagado al arrendador, la suma de (…)
<$22.220.900,00> IVA incluido y administración (…), por concepto de canon de
arrendamiento y administración del inmueble (…) entre el 20 de junio al 31 de
octubre de 2023”. De modo que, el beneficio económico del acusado fue solamente
por esta última suma.

(iv) “Que la ejecución del objeto del contrato se haya ejecutado o cumplido en el
respectivo municipio o distrito”. Expuso que el objeto del contrato se desarrolló en
la ciudad de Bogotá por ser el domicilio del bien inmueble arrendado.

Por consiguiente, consideró que, “[r]ealizado el análisis objetivo de la inhabilidad, se
tiene que la misma se configura, pero con algunos aspectos que deben destacarse:
el contrato se suscribió de conformidad con las normas que rigen el derecho privado,

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es decir, no fue suscrito con fundamento en las leyes de contratación estatales, así
mismo, el beneficio económico que le generó (…) al demandado, ascendió
solamente a (…) <$22.220.900.00>, señalándose además que como lo estableció
la señora Diana Henao en el testimonio rendido durante el presente proceso, la
suma mensual obtenida por este arrendamiento no hizo parte de los recursos
económicos reportados por la campaña electoral del señor Oviedo, sino que dichos
montos recibidos iban dirigidos a pagar la cuota mensual del contrato de
arrendamiento financiero, leasing, suscrito por el demandado, con el banco BBVA y
que le permitía usufructuar el bien”.

Respecto del análisis del elemento subjetivo, aseveró que la celebración del
contrato de arrendamiento entre el acusado y el Fondo Nacional de Garantías no le
reportó un beneficio al primero que haya generado un desequilibrio en la contienda
electoral e incidido a su favor en los votos de los electores, más, si su aspiración a
la alcaldía de Bogotá no se concretó.

Aclaró que “el beneficio que le debía reportar al demandado no era solamente un
beneficio de tipo económico, sino más allá, debía la suscripción de dicho contrato,
reportarle un beneficio de tipo electoral que alterara las condiciones normales y
sanas de la campaña electoral”.

De igual forma, señaló que “no fue demostrado y acreditado por parte del
demandante el aspecto subjetivo de la inhabilidad, es decir, que el señor Oviedo
haya actuado con dolo o culpa grave al momento de la celebración del referido
contrato, sino que el demandante se ciñó a probar los elementos objetivos de la
inhabilidad (…) que, por si solos, no tienen la capacidad de concretar la solicitud de
pérdida de investidura”7.

Estimó que, por lo expuesto, el elemento subjetivo no estaba acreditado y, por lo
tanto, no se accedería a la pretensión de decretar la pérdida de investidura del
acusado.

7
Al respecto, hizo referencia a: Consejo de Estado. Sala 12 Especial de Decisión. C.P.
Fredy Ibarra Martínez. Expediente radicación nro. 2023 01743.

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Por último, consideró que la inhabilidad invocada “responde a dos verbos rectores:
inscribir y elegir, y en el caso particular, debe señalarse de manera clara que el
señor Oviedo ni se inscribió para ser concejal, así como tampoco resultó elegido
concejal distrital, sino que fue designado como consecuencia de un derecho
personal que adquirió posterior a su participación en la elección para Alcalde Mayor
de la ciudad de Bogotá, por tanto, a pesar de haber realizado el análisis de la causal
de inhabilidad así como de los otros aspectos señalados anteriormente, esta Sala
considera que el demandado no puede ser sometido a un proceso de pérdida de
investidura con fundamento en una inhabilidad para un cargo al cual no aspiró”.

Concluyó que existía un vacío legislativo frente a estos eventuales casos, en el
entendido que la norma no estableció que el candidato deba cumplir, como en el
caso concreto, no solo las normas electorales para ser elegido alcalde mayor, sino
también las disposiciones para ser elegido concejal, y que, suponiendo que
obtuviera la segunda votación más alta, tenía el derecho personal de la curul, y que
por ello al señor Oviedo Arango no se le podía aplicar el régimen de inhabilidades
para ser concejal.

4.- El recurso de apelación8

La parte solicitante pidió fuera revocada la precitada sentencia y, en su lugar, se
decretara la desinvestidura del acusado, con fundamento en lo siguiente:

(i) “Sobre el no pronunciamiento de la Sala sobre la formulación de tacha elevada
por el suscrito accionante en contra del testigo Marco Antonio Arango Barrera”

Manifestó que la tacha resultaba razonable porque el señor Arango Barrera fue
gerente de la campaña a la alcaldía del acusado, por lo que no podía intervenir
como testigo debido al interés directo que le asistía en el proceso, lo que
desnaturalizaba el carácter imparcial del tercero que interviene como testigo en el
proceso.

8
Visto en el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.

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Agregó que el artículo 211 del Código General del Proceso no exige que solamente
en la audiencia pueda formularse la tacha, ni que deba correrse traslado a las partes
de ella para que estas ejerzan su derecho de defensa, por lo que en la decisión
censurada prevaleció lo formal sobre lo sustancial, vulnerando el debido proceso, al
incluir unos requisitos para resolver la tacha del testimonio que no se encuentran
previstos en la ley procesal.

Así mismo, señaló que “la Sala no valoró como correspondía los testimonios
brindados tanto por el señor Marco Antonio Arango Barrera como por la señora
Diana Marcela Henao Bernal, dada su prolongada dependencia laboral que
mantienen con el demandado, lo cual inexorablemente afectaba la credibilidad de
sus afirmaciones [y] contraría el precedente constitucional contenido en la Sentencia
SU-129 de 2021 de la Corte Constitucional”.

(ii) “Sobre la supuesta incongruencia, al momento de abordar el estudio de la
presente pérdida de investidura, que aduce la sentencia, entre la causal alegada en
la demanda y la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses en relación con las causales que le son aplicables a los
concejales”

Mencionó que, tanto en el escrito inicial como en el de reforma de la demanda, así
como en los alegatos de conclusión, se argumentó que, por la violación del régimen
de inhabilidades de concejales (numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), el acusado incurrió en la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994, y que tal pretensión “está contenida no solo en la parte petitoria sino también
en los fundamentos de hecho y de derecho” de la demanda.

Indicó que el acusado, al inscribirse como candidato a la alcaldía de Bogotá, tenía
igualmente la vocación de ser elegido como concejal, según lo dispuesto en el
Estatuto de la Oposición, por lo que, en el evento de que aceptara la respectiva
curul en la correspondiente corporación pública territorial, “quedaba sometido al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto por la ley para el cargo en
mención (concejal), normativa que, por demás, no consagra una excepción a su

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aplicación”; y, de no ser así, “se desconocería el efecto útil de esa normativa, que
no es otro que salvaguardar la transparencia de la gestión distrital”.

(iii) “Sobre la configuración de la causal de inhabilidad”

Advirtió que no estaba de acuerdo con las conclusiones del tribunal frente al
elemento subjetivo y que compartía parcialmente el análisis del componente
objetivo, dado que, frente a este último, la sentencia sostuvo que el acusado celebró
un contrato de arrendamiento común y corriente, lo cual resultaba falso a todas
luces.

Alegó que estaba probado que el acusado sí suscribió un contrato con una entidad
pública, por lo que no era relevante que estuviera regulada por el derecho privado,
ya que, en todo caso, se trataba de un contrato estatal, según lo dispuesto en los
artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993.

(iv) “Sobre la inclusión de elementos adicionales no contemplados en la causal
inhabilitante”

Adicional a lo anotado en el punto anterior, censuró la conclusión de la sentencia
apelada al señalar que el acusado celebró un contrato de arrendamiento común y
corriente del que habría derivado solo “el provecho normal de un bien que se
encontraba desocupado”, porque la causal de inhabilidad invocada no hace ninguna
distinción frente a qué tipo de contrato debe haberse celebrado, o sobre si debe
tratarse de un contrato que se regule por las normas de derecho público o privado.

Indicó que tampoco compartía la conclusión de la sentencia apelada referida a que
“el demandado destinó el valor del arrendamiento al pago del contrato de
arrendamiento financiero, leasing, suscrito con el banco BBVA”, ya que tal situación
no implicaba un eximente, aunado a que los recursos ingresaron a su patrimonio.

Señaló que el contrato de arrendamiento suscrito por el acusado le reportó en forma
directa un beneficio económico, consistente en el canon de arrendamiento pactado,
y que, probada tal circunstancia, el juzgador quedaba relevado de constatar o no “el

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beneficio electoral”, ya que ello no es una exigencia contenida en el numeral 3 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

(v) “Sobre el rompimiento de la igualdad de los candidatos y del electorado con la
suscripción del contrato mencionado entre el señor Oviedo Arango y el Fondo
Nacional de Garantías”

Controvirtió que el tribunal, para negar la desinvestidura, consideró que el contrato
de arrendamiento no desconoce el derecho a la igualdad “de los candidatos ni del
electorado para el concejo, ni por su cuantía, ni por su objeto”.

Al respecto, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado9 ha precisado frente
a la inhabilidad invocada en el caso que “un candidato adquiere ventaja frente a
otros al celebrar un contrato con una entidad pública porque el electorado lo puede
considerar, de un lado, como un negociador hábil de intereses con la administración
pública, y de otro, como favorito o en condición preponderante sobre otros. En
relación con la segunda finalidad, el candidato puede sacar provecho de su posición
frente a la entidad contratante y, de llegar a elegirse, confundir el interés particular
con el público”.

Así, indicó que el acusado obtuvo un tratamiento privilegiado ante la entidad pública
con la cual celebró el contrato y que, por tanto, se mostró frente a la comunidad y el
electorado como un hábil negociador con la administración, en detrimento de la
igualdad entre los demás candidatos.

(vi) “Sobre la inexistente evaluación, por parte del Tribunal, de los argumentos
esgrimidos para la estructuración del elemento subjetivo de la pérdida de
investidura”

9
Hizo referencia a: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Sentencia del 5 de marzo de 2012. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente
radicación nro. 11001 03 28 000 2010 00025 00, reiterado en: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015.
C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11101 03 28 000 2014 00065
00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 11 de abril de 2019. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001
03 28 000 2018 00080 00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Expediente radicación nro. 2014 00051.

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Reiteró que el acusado estaba en condiciones de comprender el hecho o la
circunstancia configurativa de la causal de inhabilidad, dada la formación y
trayectoria personal, profesional y académica, la cual es de conocimiento público y
fue ratificada por los testimonios rendidos en el proceso, por lo que tuvo la capacidad
cognitiva para conocer y comprender su actuar.

Acotó que una persona con una mediana formación educativa, que aspira a un
cargo público de representación ciudadana, debe conocer la normativa básica de
los deberes, obligaciones, incompatibilidades e inhabilidades del cargo, aunado a
que el artículo 9 de la Ley 84 de 1873 señala que “la ignorancia de las leyes no sirve
de excusa”.

Aseveró que estaba acreditada la culpa grave del acusado porque la jurisprudencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado10 ha reconocido que “la ignorancia de
la ley (en este caso, la desatención de la inhabilidad) puede justificar la conducta
prohibida si se trata de un error invencible, pero ese error solo se configura cuando
(…) la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le asesora mal, (…)
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute, dado
que si la ley es clara, el hecho de solicitar un concepto no suple la falta de diligencia”.

Explicó que los presupuestos señalados no se configuraban en el caso porque la
disposición normativa que contiene la inhabilidad invocada es clara en su contenido;
el acusado no buscó asesoría de un experto idóneo; estaba en condiciones de
comprender el hecho o las circunstancias que daban lugar a la inhabilidad y “a todo
concejal le es exigible abstenerse de incurrir en una causal de inhabilidad,
independientemente si alcanza esa investidura directamente o mediante
designación por obtener la segunda votación más alta en la elección al cargo
uninominal, ya que la norma no hace distinción alguna y, por lo tanto, el intérprete
no puede hacerlo”.

Anotó que el acusado se “contentó con el concepto judicial de un abogado, Marco
Antonio Arango Barrera, quien reconoció en interrogatorio desconocer el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades de alcalde y de concejales y, además, no ser

10
No refirió providencia alguna en específico.

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un experto en derecho electoral, por lo que no se contó con un concepto de un
profesional idóneo y experto en la materia en caso de duda y, si lo existiera, no
releva de responsabilidad al concejal, toda vez que no existe disparidad de
interpretaciones en la configuración de la causal de inhabilidad”.

Mencionó que a los testigos que rindieron declaración en el proceso se les preguntó
si habían evidenciado algún vicio del consentimiento en la celebración del contrato
censurado, lo cual negaron, pero que de todas formas es un hecho que escapa al
análisis de este medio de control determinar la existencia de algún vicio, porque en
el caso se debe estudiar “la prohibición de celebración de contratos como causal de
inhabilidad no como juez del contrato estatal sino como juez electoral”.

(vii) “Sobre el inexistente pronunciamiento sobre la aplicabilidad que ha dado la
Sección Primera del Consejo de Estado de la pérdida de investidura”

Acotó que “la ratio de la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia se ha
inclinado hacia la aplicabilidad del régimen de inhabilidades respecto a los
integrantes de las corporaciones públicas que acceden a las mismas por virtud del
Estatuto de la Oposición Política, específicamente a través del derecho personal
que se tiene por parte de quien ocupa el segundo lugar en las respectivas
contiendas electorales”11. Señaló que el Tribunal de primera instancia “no consideró
la tesis que ha sostenido acertadamente la Sección Primera del Consejo de Estado”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 7 de junio de 202412.

5.- Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 24 de junio
de 202413.

11
Hizo referencia igualmente a: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de marzo de 2021. C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdez. Expediente radicación nro. 15001 23 33 000 2020 01680 01.
12
Visto en el índice 101 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.
13
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.

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5.2. Por auto del 15 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte solicitante, y se rechazó la solicitud de pruebas de segunda
instancia formulada por la misma14.

5.3. Por escrito radicado el 23 de julio de 202415, a través de la ventanilla virtual de
la Corporación, el apoderado del acusado se pronunció frente al recurso de
apelación, solicitando sea confirmada la sentencia recurrida, en los siguientes
términos:

Adujo que el demandante no puede alegar que no se hizo un estudio de todo lo
planteado en la demanda, pues en el fallo recurrido hubo pronunciamiento tanto de
la causal de inhabilidad invocada para ser alcalde, como de la prevista para los
concejales.

Agregó que las causales de inhabilidad requieren, además de un estudio objetivo,
uno subjetivo y probatorio, y que, en atención a lo considerado en la sentencia SU-
207 de 2022 de la Corte Constitucional, cuyo análisis es predicable frente a otras
causales de inhabilidad distintas a la allí estudiada16, para el caso de la relacionada
con la celebración de contratos se debe examinar la probabilidad de que el convenio
suscrito por el acusado haya generado un desequilibrio entre los candidatos.

Afirmó que en la “(…) [s]entencia del 26 de octubre de 202317 el Consejo de Estado
validó el elemento subjetivo que abordó el Consejo Nacional Electoral en el caso
particular del señor JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO, fallos que también junto con
la decisión del Consejo Nacional Electoral -Resolución No. 11822 del 29 de
septiembre de 2023- le dieron una confianza legítima al hoy demandado sobre que
su candidatura y actuar no estaba viciado (…)”.

14
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
15
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
16
Hizo referencia a: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección A. Sentencia del 26 de octubre de 2023. C.P. María Adriana Marín.
Expediente radicación nro. 25000 23 15 000 2023 00720 01 (AC).
17
Ibidem.

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19

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Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Adujo que con los testimonios rendidos al interior del proceso se probó que los
dineros del contrato suscrito nunca entraron a la campaña electoral, por lo que no
hubo un beneficio y/o afectación en la voluntad democrática, ni se produjo
desigualdad entre los competidores; además, señaló que, si se revisa el link de
SECOP que aportó el demandante para consultar el contrato de arrendamiento18,
se puede verificar que, en cuanto a la fuente de los recursos para su financiamiento,
“se señaló que eran otros recursos sin especificar cuáles, categoría que tiene la
opción de recursos privados”, por lo que su origen no es el Presupuesto General
Nación, ni el Sistema General de Participaciones, ni los recursos propios de las
alcaldías, ni los “Recursos de crédito”.

En cuanto al elemento objetivo, aseveró que no hay prueba “(…) que identifique
plenamente al Fondo Nacional de Garantías S.A. como una sociedad de economía
mixta con participación del Estado mayor del 50%, como para considerarla una
entidad estatal en términos de la Ley 80 de 1993, máxime porque no se tiene prueba
de la composición accionaria del Grupo Bicentenario S.A.S. (…)”.

Agregó que la inhabilidad invocada no se configura por contratos de cualquier
naturaleza, y que se debe tener en cuenta el beneficio recibido y la potencialidad y
probabilidad real en la eventual ventaja frente a los demás candidatos de la elección.

Indicó también que, tal como está demostrado con los testimonios rendidos en el
proceso, el acusado no participó “(…) de manera activa, real, trascendente y útil en
la gestión o celebración del negocio jurídico celebrado con el Fondo Nacional de
Garantías (…)”, pero sí con la convicción de que su conducta no infringía el régimen
de inhabilidades, en atención al consejo de un asesor jurídico, el carácter privado
del negocio celebrado, y la confirmación de que no había inhabilidad por parte del
Consejo Nacional Electoral, decisión que fue posteriormente validada por el mismo
Consejo de Estado19.

18
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Subsección A. Sentencia del 26 de octubre de 2023. C.P. María Adriana Marín.
Expediente radicación nro. 25000 23 15 000 2023 00720 01 (AC).

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5.4. Por auto del 21 de noviembre de 2024 se rechazaron las presuntas
irregularidades procesales que la parte recurrente planteó en el escrito del recurso
de apelación20.

5.5. El expediente ingresó a despacho para fallo el 9 de diciembre de 202421.

5.6. Por memorial radicado el 12 de febrero de 202522, la parte solicitante allegó al
plenario copia de la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por la Subsección
B, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el medio de
control de nulidad electoral con radicado nro. 25000 23 41 000 2024 00284 00,
mediante la cual resolvió anular parcialmente el “acto electoral mediante el cual se
declaró al señor Juan Daniel Oviedo Arango, (…) como concejal de Santa Fe de
Bogotá Distrito Capital, por el grupo significativo de ciudadanos ‘Con Toda por
Bogotá’, para el período constitucional 2024-2027, contenido en los formularios E-
26 ALC y E-26 CON, expedidos por la Comisión Escrutadora el 8 de noviembre de
2023”.

5.7. Por memorial radicado el 25 de julio de 2025 el solicitante puso en conocimiento
que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia en el proceso de nulidad electoral 2024-00284-01, por lo que pidió la
aplicación del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 201823.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 24 y

20
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
21
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
22
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
23
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 01.
24
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se

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con base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del
12 de marzo 201925 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado
por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, que regula la distribución de negocios
entre las secciones26.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

En el asunto bajo examen, no se discute que el acusado haya aceptado la curul en
el concejo de Bogotá, ni que tomó posesión del cargo en atención a lo previsto por
el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018-
Estatuto de la Oposición.

3.- Lo probado en el proceso

3.1. El 20 de junio de 2023, el señor Juan Daniel Oviedo Arango, en calidad de
arrendador, y el Fondo Nacional de Garantías S.A., en calidad de arrendatario, por
conducto del representante legal, suscribieron el contrato de arrendamiento
20234000034 de un bien inmueble con el siguiente objeto, valor y plazo27:

“[…] Entre los suscritos a saber DANIEL MAURICIO RAMÍREZ TRONCOSO, (…)
quien obra en calidad de Suplente del Presidente y, por lo tanto, como
Representante Legal del FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. –FNG S.A.,
sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del Orden Nacional,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la supervisión de
la Superintendencia Financiera, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., quien
en adelante se llamará el FNG o ARRENDATARIO; y por la otra, JUAN DANIEL
OVIEDO ARANGO (…), quien para efectos del presente documento se denominará
EL ARRENDADOR, conjuntamente LAS PARTES, hemos acordado suscribir el
presente Contrato de Arrendamiento de bien inmueble, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
26
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
27
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.

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22

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

(…)

PRIMERA: Que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 1 del Artículo 32 de la Ley
80 de 1993 modificado por el Artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 y los Artículos 240
y 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificados por los Artículos
37 y 38 de la Ley 2069 de 2020, el régimen legal de contratación del FNG
corresponde al derecho privado y a lo establecido en su Manual de Contratación.

SEGUNDA: Que en el documento de justificación de la contratación suscrito por la
Subdirectora de Gestión Administrativa, se indicó lo siguiente:

‘(…) // [S]e hace necesario adelantar el proceso de arrendamiento de una oficina
en la ciudad de Bogotá D.C., con un doble propósito: a) centralizar el archivo de
gestión de la Entidad en un solo lugar (…); y, b) optimizar los espacios de la Sede
Principal y la Sede Casa Archivo, para la adecuación de puestos de trabajo para
los nuevos colaboradores que se están vinculando producto de la
reestructuración interna que está realizando el FNG en aras de responder a las
planes y proyectos del Gobierno (…)’.

(…)

CUARTA: Que de conformidad con lo previsto en el numeral 3.4.2.4.6 del Manual
de Contratación del FNG, (…) ‘Para el arrendamiento o adquisición de inmuebles’,
la presente contratación se efectuará a través de la modalidad de Contratación
Directa.

QUINTA: Que, conforme a lo anterior, la Subdirectora de Gestión Administrativa
solicitó al Departamento de Contratación gestionar el contrato de arrendamiento del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nro. (…) de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Bogotá zona centro, (…) que incluye un parqueadero y un
depósito en la ciudad de Bogotá D.C., con el señor JUAN DANIEL OVIEDO
ARANGO, quien tiene con el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S.A. ‘BBVA COLOMBIA’, propietario del inmueble, un contrato de
Leasing que le permite usufructuar el bien inmueble y en este sentido arrendarlo al
FNG conforme los documentos soporte del trámite.

Que, de acuerdo con estas consideraciones, el presente Contrato de Arrendamiento
de bien inmueble se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA – Objeto: Arrendamiento del bien inmueble urbano, identificado con
matrícula inmobiliaria Nro. (…) de la oficina de registro de instrumentos públicos de
Bogotá zona centro, ubicado en (…), que incluye un parqueadero y un depósito en
la ciudad de Bogotá D.C., para las actividades propias del FNG.

(…)

QUINTA - Valor y Forma de Pago: El valor del presente contrato es por la suma de
(…) <$106.016.318> IVA y administración incluida del bien inmueble arrendado que
se pagarán de la siguiente manera: // Pagos mensuales o proporcionales por
fracción de mes de (…) <$ 5.127.900> IVA incluido y administración del inmueble
arrendado que deberán ser canceladas de manera anticipada previa presentación
de la respectiva factura dentro de los diez (10) últimos días hábiles de cada mes.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

(…)

SEXTA– Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir
de la suscripción del acta de entrega del inmueble

SÉPTIMA- Imputación Presupuestal: El valor de este contrato se pagará con
cargo al Certificado de Disponibilidad CDP Nro. 200200957 […]”.

3.2. En el plenario obra copia del contrato de arrendamiento financiero leasing nro.
02146628, sobre el bien inmueble objeto del precitado contrato, suscrito el 19 de
septiembre de 2018 entre el acusado, en calidad de locatario, y el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA.

3.3. El contrato de arrendamiento de bien inmueble nro. 2023400034, suscrito entre
el concejal acusado y el Fondo Nacional de Garantías, se terminó de manera
anticipada de común acuerdo, a partir del 17 de noviembre de 2023, según el acta
de terminación anticipada y liquidación suscrito por las mismas partes, que se aportó
al proceso29, con el siguiente balance financiero:

4. Examen de los motivos de la apelación

En el asunto bajo examen, el tribunal negó la pérdida de investidura del acusado
porque, si bien encontró acreditado el elemento objetivo de la causal, consideró que
no estaba cumplido el elemento subjetivo, con fundamento en que el contrato de
arrendamiento que suscribió no le reportó un beneficio que hubiese generado un
desequilibrio en la contienda electoral, y que la parte actora no probó que el acusado
actuó con dolo o culpa grave.

28
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.
29
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

El solicitante fue la única parte que apeló la decisión de primera instancia, indicando
que no compartía parcialmente algunas afirmaciones que hizo el tribunal en el
examen del elemento objetivo, y alegó que había incurrido en una incongruencia al
examinar la configuración de la inhabilidad. Precisó que su desacuerdo radicaba en
que el elemento subjetivo sí se verificaba, con fundamento en que el acusado había
actuado con culpa grave porque, acorde con la jurisprudencia de la Sección Primera
de la Corporación, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su transgresión,
y que la conducta prohibida solo puede justificarse si se trata de un error invencible;
por ejemplo, cuando la persona le consulta a un profesional idóneo y éste le asesora
mal, pero que en este caso dicha circunstancia no estaba acreditada, a lo que
agregó que los elementos de la inhabilidad endilgada eran claros, de modo que,
incluso existiendo un concepto, no se trataría de un error invencible.

En ese contexto, lo primero que advierte la Sala es que la configuración de la
inhabilidad a partir del elemento objetivo no fue materia de apelación en este
proceso. Adicionalmente, que la elección del acusado como concejal de Bogotá
D.C. fue demandada en el medio de control de nulidad electoral, de modo que, en
primer lugar, se deberá examinar si la decisión proferida en última instancia hizo
tránsito a cosa juzgada respecto del elemento objetivo; precisado lo anterior, se
estudiarán los reproches relacionados con la configuración del elemento subjetivo.

4.1. Sobre la configuración de cosa juzgada en relación con el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura

Conforme se señaló en precedencia, la Sala recuerda que, en contra del señor Juan
Daniel Oviedo Arango, se promovió demanda de nulidad electoral con radicado nro.
25000 2341 000 2024 00284 01, con el fin de que se declarara la nulidad de su
elección como concejal de Bogotá para el período constitucional 2024 – 2027, con
sustento en que suscribió el 20 de junio de 2023 el contrato de arrendamiento nro.
20234000034 de un bien inmueble con el Fondo Nacional de Garantías.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que, en sentencia del 6 de febrero de 2025, declaró la nulidad de la elección del
acusado como concejal de Bogotá. Contra la anterior decisión, su apoderado
interpuso recurso de apelación. El recurso fue admitido por auto del 8 de abril de

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, consultado el aplicativo Samai,
se observa que, en sentencia del 26 de junio de 2025, se confirmó la decisión de
primera instancia que había declarado la nulidad de su elección, por estar
configurada la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, por la suscripción del referido contrato.

El 4 de julio de 2025 el apoderado del señor Juan Daniel Oviedo presentó memorial
en el que solicitó la aclaración y/o adición de la referida sentencia, petición que fue
resuelta por auto del 17 de julio de 202530, notificada el 21 de julio de 202531. Acorde
con la constancia expedida el 25 de julio de 2025 por la Secretaría de la Sección
Quinta de la Corporación32, la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada
el 24 de julio de 2025.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1
de la Ley 1881 de 2018, aplicable a este asunto por disposición del artículo 22
ibidem, el cual establece que, “cuando una misma conducta haya dado lugar a una
acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer
fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos
juzgados, excepto en relación con la culpabilidad (…), cuyo juicio es exclusivo del
proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de
investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral
en cuanto a la configuración objetiva de la causal”.

Lo explicado, dado que, en el precitado proceso de nulidad electoral, la Sección
Quinta examinó la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, y en la presente acción de pérdida de investidura
aquella inhabilidad fue la endilgada y la que examinó el tribunal de instancia para
tener por acreditado el elemento objetivo. Adicionalmente, la aludida causal de
inhabilidad se fundamenta en el mismo hecho, consistente en que el señor Juan
Daniel Oviedo Arango suscribió el 20 de junio de 2023 el contrato de arrendamiento
nro. 20234000034 de un bien inmueble con el Fondo Nacional de Garantías, por lo

30
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2024 00284 01.
31
Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2024 00284 01.
32
Visto en el índice 57 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 41 000 2024 00284 01.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

que una misma conducta ocasionó que fueran promovidos los dos medios de
control.

En consecuencia, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa juzgada frente al
elemento objetivo de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994 y, por consiguiente, solo analizará si está configurado el elemento
subjetivo.

Sin perjuicio de lo anotado, la Sala destaca que la sentencia de primera instancia
en el proceso de pérdida de investidura tuvo por acreditado el elemento objetivo de
la inhabilidad endilgada, y que la única parte que interpuso recurso de apelación fue
el solicitante cuestionando que el a quo no hubiese decretado la desinvestidura con
fundamento en que el elemento subjetivo no estaba cumplido. Con todo, como el
recurrente formuló unos cuestionamientos frente a algunas afirmaciones que hizo el
tribunal en el elemento objetivo, pero que no tienen que ver con la configuración de
la inhabilidad, sino con la congruencia de la sentencia, la Sala se detendrá en su
examen.

La parte actora reprocha que la sentencia de primera instancia haya mencionado
que existía una incongruencia en el caso porque en el acápite de pretensiones se
pidió la desinvestidura del acusado por estar incurso en la inhabilidad prevista en el
numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, norma que se refiere a las
inhabilidades para ser alcalde y no concejal. Al respecto, alegó que en el escrito
inicial también se invocó la violación al régimen de inhabilidades de concejales,
específicamente, la causal enlistada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Respecto de esta inconformidad, la Sala advierte que, si bien en la sentencia de
primera instancia se puso de presente la existencia de una incongruencia, también
lo es que el a quo examinó el asunto teniendo en cuenta la inhabilidad prevista para
los concejales en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 porque, como
lo anotó, del escrito de pérdida de investidura se desprendía con claridad que la
solicitud también se fundamentó en dicha inhabilidad. Adicionalmente, precisó que
el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que regula las inhabilidades para

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

alcaldes, no era aplicable porque el acusado había sido designado concejal
conforme a las reglas del Estatuto de Oposición.

Siendo así, la Sala destaca que para este asunto no resulta aplicable la inhabilidad
prevista en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, puesto que se trata
de una norma que está dirigida a los alcaldes, de manera que, en efecto, la solicitud
sólo debía estudiarse teniendo en cuenta la causal señalada por el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, sin que ello implique infringir el principio de
congruencia, dado que sí fue invocada desde la solicitud de pérdida de investidura.

4.2. El elemento subjetivo

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que, “debido al
carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura “está sujeta, de
manera general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal,
con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales”. En ese orden, las garantías básicas del debido proceso son
aplicables en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan”33.

En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios del
derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la
ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no ser
declarado culpable. De este último principio, se ha derivado el principio de
culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia a la necesidad de demostrar
una responsabilidad subjetiva en la comisión de un delito”34.

En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de la
presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29 de la
Constitución; entonces, la culpabilidad implica que deba estar acreditada la
responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la causal, por ello,

33
Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
34
Ibidem.

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28

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

la culpabilidad consiste en efectuar un juicio de reproche sobre la conducta del
implicado35.

Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la modificación
introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la conducta debe hacerse bajo
los parámetros de dolo o culpa grave. El primer concepto atañe a la intención
positiva de realizar la conducta que lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo
está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil señala que la culpa grave consiste en “no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, y el dolo lo define
como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

En este caso, la solicitud de pérdida de investidura se radicó el 12 de marzo de
202436, por ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de noviembre de
2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 201837, la cual dispuso que el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva, y que la acción se ejercerá contra los congresistas [léase para el caso
concejal] que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en
una de las causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución Política.
A su vez, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los procesos de
pérdida de investidura de concejales y diputados.

Entonces, el asunto debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que este
proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de responsabilidad
subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la culpabilidad del

35
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
36
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2024 00196 00.
37
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.

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29

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

investigado38.

Teniendo en cuenta lo señalado, la Sala precisa que no le asiste razón al tribunal
cuando, para negar la configuración del elemento subjetivo, expuso que la
celebración del contrato de arrendamiento entre el acusado y el Fondo Nacional de
Garantías no le reportó un beneficio al primero que haya generado un desequilibrio
en la contienda electoral e incidido a su favor en los votos de los electores, más si
su aspiración a la alcaldía de Bogotá no se concretó, y aclaró que “el beneficio que
le debía reportar al demandado no era solamente un beneficio de tipo económico,
sino más allá, debía la suscripción de dicho contrato, reportarle un beneficio de tipo
electoral que alterara las condiciones normales y sanas de la campaña electoral”.

Lo dicho, por cuanto, como quedó visto, la culpabilidad implica un juicio de reproche
sobre la conducta del acusado para determinar si su actuación fue con dolo o culpa
grave, y las consideraciones expuestas no recaen precisamente sobre la conducta
reprochada, esto es, la suscripción del contrato de arrendamiento, sino si el
beneficio por la celebración del contrato fue de tipo electoral.

Ello es así, porque la conducta que se reprocha en la inhabilidad que en este caso
se endilga, esto es, la prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
es la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, dentro del año anterior a la elección del concejal, siempre que
deba ejecutarse en el respectivo municipio, sin que en la ley o en la jurisprudencia
se haya identificado como un elemento para su configuración que la celebración del
contrato produzca un beneficio electoral, como lo sostuvo el a quo. En efecto, la
jurisprudencia de la Sección ha explicado39 que basta la suscripción del contrato
con las características anotadas para que el elemento objetivo esté cumplido, y, en
ese escenario, si aquella es la conducta censurada, el elemento subjetivo deberá
examinarse y circunscribirse a la conducta que origina la inhabilidad, de manera que

38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
39
Al respecto puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 16 de mayo de 2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Expediente radicación 81 001 23 39 000 2016 00056 01. Igualmente ver sentencia del
10 de mayo de 2018. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación 17
001 23 33 000 2016 00473 01.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
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no le asiste razón al tribunal, en cuanto al análisis que hizo del elemento subjetivo,
dado que el beneficio electoral que reporte el comportamiento no tiene que ver con
la calificación de la conducta que da lugar a la pérdida de investidura.

Ahora, a efectos de examinar el elemento subjetivo, la Sala considera que, contrario
a lo señalado por el tribunal, el acusado suscribió el contrato de arrendamiento con
el Fondo Nacional de Garantías de manera voluntaria, al margen de si conocía o no
lo que el ordenamiento jurídico establece frente al régimen de inhabilidades.

Al respecto, debe precisarse que es equivocado confundir el concepto de dolo o
culpa grave en la conducta con el concepto de dolo o culpa grave en el
desconocimiento de la ley. Como lo señala el artículo 63 del Código Civil, el dolo o
la culpa no se predica del actuar conforme al ordenamiento jurídico, sino que se
predica simplemente del actuar. Es decir, cuando, por ejemplo, se habla de culpa
grave, la persona incurre en ella cuando, en su actuar, no maneja sus asuntos con
diligencia y es negligente o descuidado; así, por ejemplo, si una persona es elegida
en un cargo de elección popular y se abstiene, por negligencia y descuido, de
posesionarse oportunamente, pierde la curul por incurrir en causal de pérdida de
investidura, independientemente de que haya desconocido la norma que así lo
señalaba; e, igualmente, cuando se habla de dolo, lo que debe observarse es que
la persona haya tenido la intención de actuar, con independencia de lo que la ley
establece.

Hasta lo aquí expuesto, se tiene que está cumplido el elemento objetivo de la causal
y que el acusado incurrió en la inhabilidad endilgada de manera intencional, como
quiera que celebró el contrato con el Fondo Nacional de Garantías y luego aceptó
el cargo de concejal voluntariamente.

Sin perjuicio de lo explicado, la jurisprudencia de la Sección Primera ha considerado
que pueden existir causales de exclusión de responsabilidad cuando se acredita
que el actuar del acusado estuvo amparado en la buena fe calificada producto de
un error invencible.

En efecto, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha indicado
que la conducta prohibida puede justificarse cuando el implicado actúa con el

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
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convencimiento de que su actuar está ajustado al ordenamiento jurídico. No
obstante, en estos casos, esa falta de conciencia de antijuridicidad (contrario a
derecho) de la conducta solo exime de responsabilidad si el acusado ha incurrido
en ella por error invencible, ya que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para
su transgresión.

Lo señalado, dado que, si bien, al tenor del artículo 9 del Código Civil, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en
los cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de
un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición
de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la
persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal; ello siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es clara, no
suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.

En este punto, cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende del principio
general “error communis facit ius” que implica la existencia de un error que, además
de ser invencible, debe ser común a la colectividad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha explicado que “el principio general según el cual el error común e
invencible crea derecho constituye uno de los casos, excepcionales dentro de
nuestro ordenamiento, en los que se admite que de la creencia errónea y de buena
fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar consecuencias jurídicas avaladas
por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la ley no tiene alcance
absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se le reconoce relevancia
a una situación que en apariencia armoniza con el derecho, aunque en realidad lo
contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio
putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues
puede convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al
ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el derecho
romano como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el
alcance de este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea
“invencible”, queriendo significar con ello que, además de ser común a muchos,

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
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hasta el más prudente de los hombres habría podido cometerlo”40.

En ese escenario es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación
ha dicho que una conducta, que desde el punto de vista objetivo es contraria al
ordenamiento jurídico, puede estar justificada en los casos en los que una persona
busca asesoría jurídica idónea y el profesional del derecho le aconseja mal; pero ha
precisado, como se indicó en líneas precedentes, que dicha circunstancia justifica
la conducta siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si
ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello
es así porque, si los elementos para la estructuración de la causal son claros, no se
trataría de un error que es común a la colectividad, principio del cual se desprende
la buena fe calificada.

En el caso, el apoderado del acusado, al contestar la solicitud de pérdida de
investidura para desvirtuar la configuración del elemento subjetivo, alegó que
consultó sobre “el alcance de la sentencia de unificación 207 de 2022 de la Corte
Constitucional y a la luz de ella y normas concordantes las implicaciones legales y
contractuales del contrato de marras a los doctores MARCO ARANGO, M[Ó]NICA
PACH[Ó]N, DIANA HENAO y CATALINA LASSO”.

En el expediente se verifica que, en la audiencia de pruebas llevada a cabo el 3 de
mayo de 2024, se recibieron los testimonios de los señores Marco Arango y Diana
Henao, y el magistrado de conocimiento se abstuvo de recibir las declaraciones de
las señoras Mónica Pachón y Catalina Lasso, bajo la consideración de existir
suficiente ilustración sobre los hechos que se pretendía probar con aquellas.

En cuanto al testimonio del señor Marco Arango, el solicitante en el recurso de
apelación argumentó que el tribunal no se pronunció respecto de la tacha que
formuló y que aquella era razonable porque el señor Arango Barrera fue gerente de
la campaña a la alcaldía del acusado, lo que desnaturaliza el carácter imparcial del
testigo. Agregó que el artículo 211 del Código General del Proceso no exige que
solamente en la audiencia pueda formularse la tacha, ni que deba correrse traslado
a las partes.

40
Corte Constitucional. Sentencia T – 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

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33

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Para resolver esta inconformidad del apelante, la Sala recuerda que el tribunal, en
la sentencia recurrida, sostuvo que el 3 de mayo de 2024 el solicitante formuló tacha
contra el testimonio rendido por el señor Marco Antonio Arango, pero que no se
pronunciaría, debido a que la oportunidad procesal para tachar el testimonio era
durante el desarrollo de la audiencia de pruebas, “específicamente en el momento
en que el testigo terminó de rendir su dicho, y previo al momento en el que el
magistrado sustanciador manifestó que se declaraba surtida la diligencia de
testimonio y que el mismo sería incorporado al expediente y se le daría el valor que
en derecho correspondiera”.

Al respecto, se advierte que en el transcurso de la audiencia de pruebas el
solicitante no formuló tacha alguna contra el testimonio rendido por el señor Marco
Arango y, en efecto, como lo explicó el tribunal, aquella era la oportunidad procesal
para hacerlo, pues, si bien es cierto, como lo dijo el recurrente, el artículo 211 del
Código General del Proceso no lo establece de manera expresa, ello es así, entre
otras razones, en aplicación del principio de preclusión, conforme con el cual “los
actos procesales han de cumplirse en una etapa determinada del proceso” 41;
principio que busca otorgar claridad y precisión tanto a la solicitud probatoria, como
a la práctica e incorporación de los medios de prueba; también busca adelantar con
celeridad las actuaciones y trámites procesales y evitar asaltos sorpresivos para las
partes que puedan llegar afectar el derecho de defensa.

En ese contexto, se resalta que, una vez finalizó la audiencia de pruebas, el
despacho de conocimiento decidió: incorporar al expediente los testimonios de los
señores Marco Arango y Diana Henao, así como las restantes pruebas
documentales que fueron recaudadas y, por lo tanto, declaró “surtida la etapa
probatoria, siendo del caso continuar con el trámite del proceso”. De modo que la
etapa probatoria finalizó una vez recibidos los mencionados testimonios, por lo que
cualquier acto de las partes relacionado con los medios de prueba debía formularse
en esa etapa, y más, cuando el tribunal se abstuvo de recibir dos testimonios
adicionales en el entendido que el tema estaba suficientemente ilustrado.

41
Corte Constitucional. Auto 053 del 15 de febrero de 2006. M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

No sobra anotar que la tacha de los testimonios está regulada por el artículo 211
del Código General del Proceso, y en materia de pérdida de investidura, la
jurisprudencia de la Sección Primera ha explicado que, para la valoración de la
prueba testimonial, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda
calificar de “sospechoso”, porque ello sería incompatible con el principio de la sana
crítica que gobierna el régimen probatorio; “sin embargo, las razones por las cuales
un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco,
subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden
colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe
hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción
aplicando las reglas de la sana crítica (…)”, de tal modo que la tacha de un
testimonio no implica que aquellos deban ser desestimados de plano, sino que
tienen que ser analizados con mayor rigurosidad que aquellas declaraciones libres
de sospecha42.

Dicho lo anterior, la Sala examinará el testimonio rendido el 3 de mayo de 202443
por el abogado Marco Antonio Arango Barrera para determinar si el acusado incurrió
en la conducta prohibida con buena fe calificada producto de un error invencible:

“[…] Magistrado: Diga al Despacho si sabe o conoce las razones por las cuales ha
sido citado a este despacho judicial y por favor, si es positivo, háganos un breve
relato de su conocimiento.

Marco Arango: Sí su señoría, sé el motivo de la citación y tengo conocimiento de
los hechos que son materia de este proceso. Debo indicar, en primera instancia, que
soy abogado de profesión, de la Universidad Libre, con estudios de la maestría de
estudios políticos de la Universidad Javeriana, derecho privado económico de la
Universidad Nacional, y cursé una maestría en derecho económico y
comunicaciones en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia.

Desde el punto de vista laboral, trabajé como integrante de un grupo de apoyo en la
Asamblea Nacional Constituyente, fui juez de instrucción criminal en la primera
etapa de mi ejercicio profesional, trabajé como inspector de vigilancia registrada en
la superintendencia de notariado y registro, y desde hace 30 años
aproximadamente, trabajo como abogado litigante en asuntos civiles,
administrativos, de familia, laborales y ese es mi perfil profesional. En relación con
el doctor, hoy día concejal, Juan Daniel Oviedo, lo conozco desde hace 20 años
aproximadamente, y lo conocí cuando él adelantaba sus estudios de doctorado en

42
Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 18 de julio de 2024. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
Expediente con radicado nro. 17001 2333 000 2023 00175 01.
43
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00. A partir del minuto 13:25 de la
grabación.

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Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

(…) Francia y yo adelantaba mi maestría en derecho económico y comunicaciones
(…)

Mantuvimos la vinculación y en el tiempo me convertí en su abogado personal y su
asesor jurídico en todos los asuntos que a él le conciernen de carácter privado. Lo
conozco a él como una persona altamente diligente y cuidadosa en el cumplimiento
de sus obligaciones tanto públicas como privadas e igual con unos altos niveles de
eficiencia en el cumplimiento de sus gestiones (…). Adicionalmente, debo decir que
en relación con el tema que nos convoca hoy en día, que tiene relación con la
suscripción de un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, (…) el doctor Oviedo
reside en un edificio que es de uso mixto, (…) compuesto por residencias para
apartamentos, oficinas y locales comerciales, (…) el doctor Oviedo vive allá hace
aproximadamente 15 años o un poco más y en ese mismo edificio se encuentran
las oficinas principales del Fondo Nacional de Garantías. El doctor Oviedo, como es
de público conocimiento, (…) en el edificio es conocido absolutamente por todo
mundo desde que él empezó a realizar su gestión en el Dane (…). En este edificio
el doctor Oviedo tiene una oficina adquirida mediante leasing, la tiene en calidad de
locatario, y esa oficina en el tema ya particular que nos convoca fue solicitada por
el Fondo Nacional de Garantías hacia el mes de abril del año pasado, año 2023,
porque la necesitaban para efectos de cumplimiento de su función en particular y en
dicha oficina se iba a ubicar lo que era el archivo de la entidad.

(…) [E]l Fondo Nacional de Garantías sabe que la oficina está desocupada, por su
ubicación la requieren para su uso, preguntan a través de la administración quién
es el propietario, la administración les informa quién es y contactan a la señora
Miriam Arango que es la mamá del concejal, ella se encargaba para ese momento
de la administración general de la Oficina y de mostrarla a quien estuviera interesado
en tomarla. La contactan a través de la administración, le informan que el Fondo
Nacional de Garantías la necesita (…). Ella les comenta que la oficina pertenece
(…) [a] su hijo (…) Juan Daniel Oviedo, que está aspirando a la alcaldía de Bogotá,
que la oficina es de él y que pues tiene que consultarse con él previamente. Ella le
consulta a él que el Fondo Nacional de Garantías necesita la oficina para trasladar
su archivo y él le dice que se debe comunicar con Marco, que soy yo como su
abogado y asesor jurídico, para que conceptúe si evidentemente es viable o no
arrendar la oficina al Fondo Nacional de Garantías. La señora Miriam Arango se
comunica conmigo y me pregunta que el Fondo Nacional de Garantías requiere la
oficina para trasladar su archivo, que si se la podemos arrendar. Para ese momento
ella me comenta que se necesita arrendar la oficina porque sobre la misma hay el
cumplimiento de unas obligaciones de pago frente a un leasing en cuantía de
$4.200.000 pesos aproximadamente. Que Juan Daniel dice que yo soy el que debo
conceptuar si esa oficina se puede arrendar o no (…). Yo reviso el tema del Fondo
Nacional de Garantías y en particular su naturaleza jurídica y su régimen contractual,
que es el del derecho privado, yo le digo que no encuentro ninguna objeción en que
la oficina se arriende, que podemos continuar con el proceso y se inicia todo el
proceso precontractual de ubicar los documentos que requería el Fondo y del lado
nuestro, también facilitar los documentos que requería el Fondo para el
perfeccionamiento y materialización del contrato.

Ya en ese momento nos piden que elaboremos una propuesta de arrendamiento,
yo elaboro la propuesta, me pongo en contacto con la contadora del doctor Oviedo,
le consultó si él está obligado en este momento a facturar IVA, me indica que sí,
entonces ya incluimos el tema del IVA, el Fondo nos pide que incluyamos también
la administración en la propuesta y se incluye en un solo paquete la propuesta, un
valor aproximado de $5.200.000, en los cuales estaban los $3.800.000 que
correspondía al valor de la renta mensual y el IVA, y el valor de la administración.
Así se elabora la propuesta, ya yo se la remito al doctor Oviedo para que él la
suscriba y empiece a formar parte del dossier de los documentos que requiere el

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Fondo de Garantías para la celebración del contrato. Adicionalmente, pues debo
manifestar que teniendo conocimiento que el doctor Oviedo se encontraba en etapa
de recolección de firmas para inscribir su candidatura, desde el punto de vista
jurídico yo, para ese momento no observé, y hoy en día tampoco observo, que
existiera algún tipo de inhabilidad para que él pudiera materializar su inscripción y
su aspiración a la candidatura, atendiendo pues que se trataba de un contrato de
derecho privado y, adicionalmente, que la oficina se iba a rentar en las mismas
instalaciones de donde funciona el Fondo de Garantías, que es el mismo edificio,
donde no hay afluencia de ningún tipo de personas, y adicionalmente que los dineros
producto del recaudo estarían destinados al pago del leasing.

(…) En esas condiciones, consideré en su momento, y hoy en día lo mismo, que ahí
no existe ningún tipo de inhabilidad para que se materializara el negocio, ya se
continúa con los trámites de los documentos que requiere el Fondo y se materializa
y se suscribe el contrato. Posteriormente, ya en desarrollo de la campaña para la
alcaldía, el doctor Oviedo me llama y me pide que me vinculé a la misma en calidad
de gerente de la campaña una vez se materialice la inscripción de su candidatura,
y la designación como gerente se hace pues en las mismas condiciones y bajo la
misma relación que existe con él desde hace 20 años, en la medida de ser la
persona de confianza de él y dada la responsabilidad tanto del punto de vista
jurídico, administrativo y financiero que tiene la campaña política, y el grado de
confianza que siempre ha depositado en mí para el cumplimiento de dicha gestión.
En desarrollo de la misma, y tal como en general manejamos los asuntos, yo los
reviso y normalmente una vez yo hago las revisiones pertinentes, lo busco a él o lo
contacto de alguna manera y soy el que normalmente le da la discusión en el sentido
de si debe suscribir o no X o Y documento. En general así se desarrolló el tema de
la firma del contrato.

(…) Ya posteriormente, hacia el mes de agosto, finales de agosto, comienzos de
septiembre, el doctor Oviedo se comunica conmigo y me dice que hay una denuncia-
queja del Fondo Nacional de Garantías al Consejo Nacional Electoral, informando
que él se encontraba inhabilitado para adelantar la candidatura, y que pues me
llamaba a mí a preguntarme qué era lo que estaba pasando con esta situación. Ya
yo le expliqué que jurídicamente yo no veía ningún inconveniente, ya era un tema
de carácter político, pero jurídicamente no lo había. Para mí ya digamos que en el
momento, pues sí me generó una sorpresa grande, en la medida que si fue el mismo
Fondo de Garantías el que solicitó la oficina, el que tenía conocimiento de la
condición pública y la aspiración electoral que él tenía, pues una vez se materializó,
se firmó el contrato y se materializó, pues formular la denuncia. Ya mi concepto
jurídico para ese momento frente a los asesores de la campaña, es que se podía
tratar de un acto de violación de vicios del consentimiento, consagrados en el
artículo 1502 del Código Civil, y un actuar del Fondo Nacional de Garantías en
contravía del artículo 1603 del Código Civil también, que indica que los contratos
deben ejecutarse de buena fe. Entonces ya yo entendí para ese momento pues que
se trataba ya de una contienda electoral y pues que ya en esas condiciones, y como
siguió a lo largo de la campaña, pues ya digamos de la oposición o de las personas
interesadas en los cargos, pues ya no se ahorraría esfuerzo en mirar dónde se
podría generar obstáculos para el ejercicio político que desempeñaba el doctor
Oviedo como concejal de Bogotá.

(…)

Magistrado: Diga usted si en forma previa a la suscripción de dicho contrato usted
fue consultado por Juan Daniel Oviedo para la suscripción del mismo.

Marco Arango: La consulta se dio a través de su señora Madre desde el momento
en que el fondo manifestó la voluntad de adquirir el inmueble ya él ya enseguida,

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digamos que las indicaciones para la suscripción ya las di yo directamente para que
él firmara el contrato una vez le llegara.

Magistrado: Diga al Despacho si usted fue consultado acerca de una posible
inhabilidad de Juan Daniel Oviedo Arango por la celebración de dicho contrato como
aspirante a la alcaldía de Bogotá.

Marco Arango: No, nadie me consultó sobre el tema y yo, como lo indiqué
anteriormente, revisé la naturaleza jurídica del fondo, el régimen contractual de
derecho privado y la indicación en el sentido de que no iba a afectar la contienda
electoral en ningún momento, que fue lo que le manifesté a él cuando me llamó a
preguntarme sobre la denuncia (…) ante el Consejo Electoral.

(…)

Apoderado del acusado: (…) ¿el hoy concejal Juan Daniel Oviedo tuvo alguna
injerencia, tuvo algún contacto o desarrolló alguna actividad dentro de ese periodo
precontractual o contractual?

Marco Arango: No, (…) la señora Miriam Arango le comentó a él de la intención del
Fondo de Garantías de tomar la oficina de arrendamiento y ya él la remitió
directamente a mí como su abogado personal y su abogado de confianza para que
yo fuera quien conceptuara si ese contrato lo veía ajustado a la ley y que estuviera
todo correcto, como lo indiqué al comienzo de mi exposición (…).

(…)

Apoderado del acusado: ¿(…) quién elaboró la propuesta y la llevó o se la
presentó o la radicó al Fondo Nacional de Garantías?

Marco Arango: La propuesta la elaboré yo, tomé el dato (…) de la señora Miriam
de la administración y el IVA de la Contadora (…) y se la remití al doctor Oviedo
para que la suscribiera. (…) // [S]e centralizó el manejo de documentos a través de
la señora Diana Henao, que es la contadora.

(…)

Apoderado del acusado: (…) ¿el Fondo Nacional de Garantías ejecutó
efectivamente el contrato, quiero decir, ocupó las instalaciones, las usó conforme a
lo que había contratado, o simplemente no lo hizo?

Marco Arango: Yo entiendo que ellos nunca ocuparon el bien. El bien permaneció
desocupado hasta el momento en que se terminó el contrato de manera anticipada.

(…)

Apoderado del acusado: (…) ¿quién sugirió o de dónde nace esa terminación
anticipada del contrato?

Marco Arango: Del mismo Fondo de Garantías en la comunicación que ellos
envían, dejan en consideración la terminación anticipada de contrato.

(…)

Apoderado del acusado: Le he entendido que usted ha fungido como gerente de
campaña de Juan Daniel Oviedo.

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Marco Arango: Así es doctor, yo me desempeñe durante la campaña como gerente
y hoy en día sigo siendo el gerente puesto que las obligaciones de gerente no
terminan con el día de elecciones, tengo que estar pendiente de toda la parte post
frente al consejo electoral de cuentas y en eso estamos (…).

Apoderado del acusado: ¿(…) sabe o le consta si los recursos (…) que se
recibieron del Fondo Nacional de Garantías fueron destinados a la campaña (…) del
hoy concejal Juan Daniel Oviedo para su aspiración a la alcaldía mayor de Bogotá?

Marco Arango: No señor, en parte alguna, como lo indique inicialmente esos
recursos iban con destino al pago la cuota de leasing, (…) [para] la campaña (…)
de parte del concejal Oviedo el único aporte que se da es para el pago de la póliza
en el momento de la inscripción de la candidatura, y tengo conocimiento que los
recursos provinieron de un crédito que él solicitó al fondo de empleados del Dane,
con ese crédito él pago la póliza y ese es el único aporte que él hizo a la campaña.

(…)

Magistrado: ¿El señor Oviedo le consultó a usted sobre la celebración previa de
este contrato?

Marco Arango: Como lo indiqué anteriormente, todo se transmite a través de la
señora madre del doctor Oviedo, ella le comenta a él y él de inmediato le dice que
se remitan a [mí] (…) para que yo sea quien conceptúe y vea la viabilidad o no de
seguir adelante con el negocio jurídico.

Magistrado: Nuevamente le pregunto, ¿el señor Juan le consultó a usted, de
manera directa, acerca de la celebración de este contrato?

Marco Arango: No señoría, no, directamente con él no hablamos.

(…)

Parte solicitante: ¿Le consta que el entonces candidato a la alcaldía de la
República de Colombia fue inducido a error por un asesor a celebrar este contrato?

Marco Arango: Es una conclusión que yo saqué cuando conozco de la
comunicación que eleva el Fondo Nacional de Garantías al Consejo Electoral en
relación con la inscripción de la candidatura, (…) y es una conclusión que hoy en
día yo también tengo de que existió no solo la inducción a error, sino dolo de parte
del Fondo (…).

(…)

Parte solicitante: ¿Le consta que el bien puesto en arrendamiento por el señor
Oviedo se ofreció en condiciones comunes a todas las personas y dependía del
interés de cualquiera presentarse a suscribir un contrato?

Marco Arango: Así es, tenían aviso público (…).

(…)

Magistrado: ¿Sabe usted si en la celebración de su contrato hay móviles distintos
a los del objeto del contrato de arrendamiento?

Marco Arango: En parte alguna (…).

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Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

(…)

Parte solicitante: ¿informe al Despacho si usted sabe si el beneficio económico
real de este contrato ingresó a la campaña de Juan Daniel Oviedo?

Marco Arango: Absolutamente no, el valor de la renta ingresó al pago de la cuota
de leasing.

(…)

Parte solicitante: ¿Le consta que el entonces candidato a la alcaldía de la ciudad
capital de la República, tenía el entendimiento y las capacidades suficientes para
entender el régimen de inhabilidades e incompatibilidades?

Marco Arango: Así es, y también la capacidad de él para asesorarse por
profesionales del Derecho, como el caso del suscrito, para que la celebración de un
contrato se hiciera conforme a ley (…).

(…)

Parte solicitante: Señor Arango, ¿le consta que el señor Oviedo comprendió el
alcance de sus actos desplegados, en general, en ejercicio de su autonomía de la
voluntad?

Marco Arango: Así es, así es. Siempre asesorado por escrito, como lo hemos
hecho hace muchos años.

Parte solicitante: ¿A usted le consta, conforme a sus competencias como gerente
de campaña, que el contrato posicionó al candidato en una situación de privilegio
ante los demás inscritos a la alcaldía mayor de Bogotá?

Marco Arango: En parte alguna, no tuvo absolutamente ninguna relación lo uno
con lo otro […]”.

De la precitada declaración no se desprende que, previamente a aceptar la curul en
el Concejo de Bogotá, el accionado haya consultado de manera expresa y precisa
al señor Marco Arango si estaba inhabilitado para ocupar tal designación a raíz del
contrato que suscribió con el Fondo Nacional de Garantías. Tampoco se observa
que, con antelación a la celebración del contrato, el acusado le hubiese pedido
directamente asesoría al abogado sobre si dicha circunstancia podía inhabilitarlo en
sus aspiraciones electorales.

Adicionalmente, la asesoría prestada por el abogado de confianza del accionado no
cumple con las exigencias establecidas por la jurisprudencia de la Sección Primera
de esta Corporación para justificar la existencia de un error invencible, ya que se ha
sostenido que, en las consultas requeridas a profesionales de derecho, se debe
propender por la formulación correcta y completa de las preguntas, “(…) con el

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acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y elementos que permitan
su debida comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y
jurídicos que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal
de pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado,
las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal
que de esto se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de
no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura”44.

En el escenario descrito, lo que se desprende del testimonio es que el accionado ni
siquiera elevó una consulta de manera directa al abogado antes de suscribir el
contrato, ni previo a aceptar la designación como concejal, y, por lo tanto, el
profesional del derecho tampoco lo asesoró sobre si se configuraba o no la
inhabilidad, circunstancia que tendría la potencialidad de determinar la conducta del
accionado y así estructurar el pretendido error invencible.

El segundo testimonio rendido en la audiencia de pruebas del 3 de mayo de 2024 45
fue por la señora Diana Marcela Henao Bernal, contadora del acusado, en el que
sostuvo:

“[…] Magistrado: ¿Sabe usted o conoce el motivo por el cual ha sido citada a esta
diligencia?, de ser positivo, haga un relato.

Diana Henao: Sí, sí señor. Entiendo que el doctor Juan Daniel Oviedo, quien es hoy
concejal, ha recibido una demanda por un contrato que se elaboró en el año 2023
con la entidad del Fondo Nacional de Garantías, que fue el arrendamiento de una
oficina y esto era una inhabilidad para el cargo que en ese momento él estaba
aspirando como candidato a la alcaldía de Bogotá.

Magistrado: (…) ¿Qué tipo de vinculación o relación tiene con el señor Juan Daniel
Oviedo?

Diana Henao: Con el doctor Juan Daniel Oviedo, yo soy la contadora de él.

Magistrado: ¿Está vinculada por algún contrato?

44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
marzo de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación: 15001 23 33 000 2020
00065 01.
45
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00. A partir del minuto 13:25 de la
grabación.

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Diana Henao: No señor, servicios, yo trabajo con él por un contrato por servicios.

(…)

Magistrado: ¿Cuál es su profesión u oficio?

Diana Henao: Contador independiente

(…)

Magistrado: ¿Usted cuando supo de la firma de este contrato [de arrendamiento]?

Diana Henao: Desde el momento en que se empezó a hacer todo el trámite ante el
Fondo Nacional de Garantías, porque yo fui una de las personas que hice todo el
tema de documentación y formalidad de ese arrendamiento, desde el mes de mayo,
más o menos, del año 2023, que inició todo el proceso.

(…)

Magistrado: ¿por qué razón concurrieron precisamente donde el doctor Juan Daniel
Oviedo a pedirle en arrendamiento ese inmueble?

Diana Henao: (…) [L]a razón es porque en ese momento Juan Daniel tenía la oficina
desocupada, y esa oficina llevaba ya bastante tiempo desocupada, con la necesidad
de arrendarla porque en realidad de ahí era de donde él cancelaba el leasing que
actualmente es el crédito que tiene con el Banco BBVA, y se necesitaba pues
colocar esa oficina en arrendamiento (…).

Magistrado: ¿Con quién usted habló del Fondo Nacional de Garantías, a quien
conoce usted como para haber celebrado ese contrato de arrendamiento?

Diana Henao: Cuando se hizo todo el proceso del Fondo Nacional, ellos
directamente hacen el proceso con la señora Miriam Arango, quien es la mamá del
doctor Juan Daniel Oviedo, y ella me coloca a mí en el contexto de la situación y yo
ya me encargo de hacer todo el tema documental y formalizar el proceso. En ese
momento yo me comunico con la señora Luz Tamayo, que ella es funcionaria,
desconozco el cargo que desarrollaba en el Fondo, y posterior ella me vincula con
la señora Paola Yate, quien es de la parte administrativa y con quién se realiza todo
el proceso de formalización de este contrato.

(…)

Magistrado: ¿De manera específica cuál era el objeto de uso de ese contrato de
arrendamiento?

Diana Henao: Bueno, dentro del contrato de arrendamiento, yo recibí el contrato y
el contrato, digamos que los términos que a mí como contador en ese momento
necesitaba tener claro, era que se estipulará el valor del arrendamiento, que se
incluyera la administración y que el contrato era con IVA, y posteriormente entregué
el contrato al doctor Marco Arango, abogado, para que él directamente validara el
contrato y si había alguna limitante o algo que no se estuviera incluyendo, se le
informará directamente al Fondo Nacional de Garantías.

Magistrado: Usted, con anterioridad ha participado en la celebración de contratos
con entidades públicas.

Diana Henao: No señor.

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Magistrado: ¿Usted conoce la naturaleza jurídica del fondo?

Diana Henao: No, no señor.

(…)

Magistrado: ¿quién fijó el precio de ese contrato de arrendamiento?

Diana Henao: El valor fue dado por la señora Miriam Arango, quien es quien me
transmite a mí el valor por el que se va a celebrar el contrato.

(…)

Magistrado: ¿Quién firma finalmente ese contrato de arrendamiento?

Diana Henao: Lo firma finalmente el doctor Juan Daniel Oviedo (…).

(…)

Magistrado: Cuando se firma ese contrato de arrendamiento, ¿usted advirtió al
doctor Juan Daniel acerca de la existencia de alguna inhabilidad para ser alcalde de
Bogotá por ese contrato?

Diana Henao: No, no señor.

Magistrado: ¿Usted consultó a alguien sobre alguna posible inhabilidad [con] la
celebración de ese contrato?

Diana Henao: No, no, porque yo no manejo los temas legales. Por esa razón, para
evitar cualquier tipo de inconveniente con relación a la celebración de este contrato
(...), estuvo vinculado en todo el proceso el doctor Marco Arango, quien es el
abogado del doctor Juan Daniel (…).

(…)

Apoderado del acusado: (…) ¿exactamente de qué asuntos se ocupa (…) con
ocasión de la relación contractual que tiene con el acá demandado Juan Daniel
Oviedo?

Diana Henao: Los temas que yo manejo de Juan Daniel son los temas personales
de él, todo lo relacionado, por ejemplo, las conferencias, formalizar todo el tiempo
de conferencias que él realiza en cuanto a documentación; liquidar la nómina de la
persona que él tiene a su cargo en los quehaceres de su vivienda, liquidarle la
planilla de seguridad social y realizar todo el tema de declaraciones de impuestos a
que haya lugar (…).

Apoderado del acusado: ¿Hace cuánto es usted la contadora de confianza del
concejal Juan Daniel Oviedo?

Diana Henao: Desde el 2018.

Apoderado del acusado: ¿Usted le comunicó o le emitió algún concepto a la
señora Madre del doctor Juan Daniel Oviedo o al doctor Juan Daniel Oviedo, con
ocasión del contrato que se suscribió de arrendamiento con el Fondo Nacional de
Garantías?

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Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Diana Henao: Básicamente la información que yo desde la parte contable manejo
es que se haga de manera legal, se realice mediante facturación electrónica porque
el doctor Juan Daniel es responsable de IVA (…) pero temas como inhabilidades o
para celebrar el contrato, no, porque yo las desconocía.

Apoderado del acusado: ¿Quién o quiénes fueron las personas que participaron
de la etapa precontractual y contractual de este contrato de arrendamiento suscrito
con el Fondo Nacional de Garantías (…)?

Diana Henao: Aquí yo participé directamente, de parte de nosotros, con la señora
Miriam Arango, que es la madre de Juan Daniel Oviedo y quien me solicita a mi
realizar todo el proceso documental, con el doctor Marco Arango como abogado del
doctor Juan Daniel Oviedo y a quien involucró en el proceso, pues precisamente por
todos los temas legales del contrato; y Juan Daniel Oviedo, pues porque es el dueño
del bien, en algún momento requería algunos documentos que solamente él podía
solicitar, entonces me comunicaba con él para este proceso, obviamente él conocía
absolutamente todo lo que se estaba realizando con el fondo, pero yo me encargaba
de formalizarlo; con relación al Fondo, yo tuve contacto con la señora Luz Tamayo
y con la señora Paola yate (…).

Apoderado del acusado: (…) ¿Los dineros provenientes del contrato de
arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías, a dónde fueron destinados?

Diana Henao: Los recursos fueron destinados directamente al pago del
arrendamiento, del contrato de arrendamiento que el doctor Juan Daniel tiene con
el Banco BBVA, es un contrato de arrendamiento leasing.

Apoderado del acusado: ¿Usted sabe o le consta si esos dineros provenientes del
contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías fueron dirigidos de
alguna manera a la campaña electoral del doctor Juan Daniel Oviedo a la alcaldía
mayor de Bogotá?

Diana Henao: No, en ningún momento (…).

Apoderado del acusado: ¿No sabe o no le consta o no se hizo?

Diana Henao: No, no me consta que él haya dirigido esos recursos, porque en
realidad lo que en ese momento se necesitaba era arrendar el bien para poder
seguirle pagando al Banco.

(…)

Apoderado del acusado: (…) ¿sabe, le consta o no le consta si el dinero
proveniente del contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías se
destinó a la campaña política del doctor Daniel Oviedo?

Diana Henao: (…) No. Dentro de los extractos bancarios que allega el doctor Juan
Daniel Oviedo, (…) el valor del contrato, (…) frente a lo que pagaba él por el leasing,
es menor. Juan Daniel Oviedo (…) es quien realiza absolutamente todo el manejo
de su banco, me comparte los extractos, sí, básicamente para yo poder validar que
(…) en este caso, cuando se tenía arrendado este bien ingresara el recurso, él es,
repito, quien realiza todos sus pagos, pero no, no evidenció que él de ahí dirigiera
ese dinero a la alcaldía o a las cuentas que manejaba con la campaña, de hecho,
ese recurso era utilizado para pagar el arrendamiento con el Banco BBVA (…).

Apoderado del acusado: ¿Usted sabe cuál es el valor del contrato de leasing de
arrendamiento suscrito entre el BBVA y el doctor Juan Daniel Oviedo?

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Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Diana Henao: Sí señor, ¿el valor de la cuota? // Lo que él estaba cancelando hasta
el año pasado, básicamente era una cuota mensual de $4.462.000.

(…) Apoderado del acusado: (…) ¿quedaba algún saldo a favor o en contra del
doctor Juan Daniel Oviedo de cara al contrato (…) con el BBVA?

(…) Diana Henao: Le quedaba en contra, le quedaba en contra porque el valor del
arrendamiento, lo que era el arrendamiento de la oficina, el valor [era] $3.800.000 y
el crédito que él pagaba ante el BBVA era de $4.462.000.

(…)

Apoderado del acusado: ¿Quiere decir entonces, de acuerdo a su leal saber y
entender, que el doctor Juan Daniel Oviedo se encargó únicamente de tramitar
asuntos documentales de cara a este asunto con el Fondo Nacional de Garantías?

Diana Henao: Sí señor, y de formalizar el contrato con la firma de él (…). // El
contrato fue enviado directamente desde el Fondo Nacional de Garantías al correo
del doctor Juan Daniel Oviedo. Porque en ese momento (…) se realizaba la firma
electrónica.

Apoderado del acusado: ¿a usted sabe o le consta si el doctor Marco Arango
revisó este contrato?

Diana Henao: A él le compartí el contrato para que lo revisara, pero no me consta
si él lo leyó o no leyó todo (…) yo se lo remití a él, luego él me dice no hay ningún
problema, entendería de esa razón que sí revisó todo el contrato.

(…)

Magistrado: (…) ¿desde cuándo se ofreció en arrendamiento el inmueble del doctor
Juan Daniel Oviedo?

Diana Henao: (…) // desconozco desde cuándo venía la Oficina para colocarla en
arrendamiento.

(…) Magistrado: ¿Usted habló con alguna otra persona interesada en arrendar ese
inmueble?

Diana Henao: No.

(…)

Parte solicitante: (…) ¿por qué el señor Juan Daniel Oviedo necesitaba poner esa
oficina en arrendamiento?

Diana Henao: Pues porque realmente Juan Daniel tiene obligaciones que cubrir.
Entonces tenía un bien desocupado que necesitaba arrendarlo para poder pagar un
crédito con relación a ese mismo bien.

Parte solicitante: ¿Le consta a usted, señora Diana, que el señor Oviedo tenía las
capacidades y el conocimiento y estaba en pleno goce de sus facultades mentales
para entender las implicaciones de celebrar este contrato?

Diana Henao: Realmente, pues yo ese tema personal no lo manejo, (…) lo que yo
quiero hacerles claridad a ustedes es que yo me encargo de facturar y en ese

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momento me solicitaron el favor de ayudar con la documentación y formalización del
contrato, pero más allá de poder saber que pues realmente era una inhabilidad en
el proceso, pues yo personalmente como contadora que no manejo estos temas (…)
no era claro para mí, entonces yo nunca tuve una comunicación con él con relación
a este tema (…).

(…)

Agente del Ministerio Público: (…) ¿por qué le consta el valor de estos contratos
y que esos recursos del leasing o del contrato de arrendamiento con el Fondo
Nacional de Garantías fueron destinados al pago del leasing, del crédito?

Diana Henao: Porque realmente Juan Daniel con sus temas personales pues él es
una persona muy organizada. En sus (…) extractos bancarios solamente se ve
reflejado el tema que en ese momento él laboraba como conferencista, los ingresos
del Fondo y pues los pagos que el efectuada por concepto de sus obligaciones y
créditos. Sí, en este caso el del BBVA. Entonces, esos recursos, pues obviamente
sí los utilizaba con ese fin (…).

(…)

Parte solicitante: Quiero que la señora Diana le informe al Despacho cuál es el
grado de formación académica, si le consta, del señor Juan Daniel Oviedo.

Diana Henao: Profesional, doctorado, bueno, Juan Daniel tiene un sin número de
estudios. Desconozco la hoja de vida de él, puntual, pero pues es que Juan Daniel
es una persona demasiado estudiada […]”.

De lo dicho, la Sala no advierte que el acusado le haya solicitado, previo a la
suscripción del contrato, algún concepto a la declarante, ni tampoco antes de
aceptar la curul al concejo de Bogotá. A lo que se agrega que la testigo tiene como
profesión la de contadora, y por lo mismo, tampoco se trataba de una profesional
que pudiese prestarle una asesoría idónea respecto de la configuración de la
inhabilidad que se le endilga.

Por lo expuesto, la Sala concluye que de las pruebas testimoniales recaudadas en
el proceso no se acreditó que el actuar del accionado estuviera justificado en la
buena fe calificada producto de un error invencible.

Ahora bien, cuando el apoderado del acusado descorrió el traslado del recurso de
apelación, alegó que había actuado con la convicción de que su conducta no
infringía el régimen de inhabilidades porque la máxima autoridad electoral confirmó
que no estaba inhabilitado cuando hizo el estudio de la revocatoria de inscripción.

Frente a este argumento, consistente en que, mediante la Resolución 11822 del 29

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de septiembre de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral, se negó la
solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Juan Daniel
Oviedo Arango a la alcaldía de Bogotá, y que, por ello, actuó con el convencimiento
y la confianza legítima de no encontrarse inhabilitado para ocupar el cargo de
concejal, se observa que en dicho acto se señaló lo siguiente:

“[…] (iv) Elemento subjetivo: Se requiere que el contrato se haya suscrito en interés
propio o de terceros. El contrato le reporta como beneficio económico al candidato
el canon de arrendamiento recibido. No obstante, dicha contraprestación económica
es insuficiente para afirmar que se cumple con el elemento subjetivo estructurante
de la inhabilidad.

Se trata de un contrato celebrado con una entidad del orden nacional, cuyo objeto
es el arrendamiento de un bien inmueble para satisfacer las necesidades de gestión
de archivo del Fondo Nacional de Garantías. El bien inmueble es propiedad de una
entidad bancaria que por cuenta del contrato de leasing suscrito con el candidato
puede ser por él usufructuado. Aunque el texto del numeral 3 del artículo 37 de la
Ley 617 de 2000 no dice de manera literal que para probar la inhabilidad el candidato
debió haber celebrado el contrato con el fin de obtener ventajas políticas o
electorales, la Sala no puede desconocer las finalidades previstas por el legislador
a la hora de establecer dicha inhabilidad. Lo que se pretendió, por un lado, es evitar
que, con la suscripción del contrato o la gestión de tales negocios se confiera al
candidato una ventaja sobre los demás, afectándose con ello el principio y derecho
de igualdad, y de otro lado, evitar que, si el candidato llega a ser elegido. Se mezclen
los intereses privados de éste con los intereses públicos que debe perseguir en la
condición de alcalde.

(…)

De acuerdo con la jurisprudencia más reciente de la Corte Constitucional, por su
parte, para determinar si hay lugar a declarar como inhabilitado a un candidato es
necesario hacer un examen específico de la probabilidad real de incidencia en el
electorado y no limitar el análisis a una valoración genérica o abstracta sobre las
circunstancias del caso. Tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-207 de 2022, es pertinente hacer una valoración probatoria concreta y ajustada
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que proteja los derechos a la
participación política de los candidatos.

Así, un análisis superficial del contrato suscrito entre el señor Oviedo Arango y el
Fondo Nacional de Garantías llevaría a concluir que el candidato estaría inhabilitado
para participar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá por cuenta del
beneficio económico recibido con el contrato de arrendamiento. Tal conclusión, sin
embargo, se fundamentaría en una interpretación meramente formal de la
naturaleza de la entidad contratante; desconocería tanto el carácter de sociedad de
economía mixta del orden nacional del FNG, así como el objeto mismo del contrato
suscrito entre el candidato y la entidad pública, que no es otro sino el arriendo de un
inmueble para la gestión operativa y de archivo de la entidad.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala no advierte que el contrato
celebrado pueda generar algún tipo de ventaja competitiva a favor del candidato
frente a los demás aspirantes a la Alcaldía de Bogotá D.C. La entidad contratante
hace parte del orden nacional. Su actividad principal consiste en servir de garante
de toda clase de operaciones de las instituciones financieras, valores
representativos de deuda y fondos de inversión colectiva. Para la operación de estas

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actividades, ajenas por lo demás a la gestión propia de la Alcaldía de Bogotá D.C,
la entidad requirió en su momento arrendar un inmueble en la ciudad para
'centralizar el archivo de gestión de la entidad [...] y optimizar los espacios de la
Sede Principal y la sede Casa Archivo-. Bajo tales condiciones fue suscrito el
contrato con el señor Oviedo Arango, locatario del bien inmueble arrendado.

[…]”.

La Sala considera que el concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral justifica
la conducta del accionado en la medida en que se acredita que su actuar estuvo
amparado en la buena fe calificada. Lo anterior, dado que la autoridad electoral se
refirió a si el acusado estaba inhabilitado para ser candidato a la alcaldía de Bogotá,
y la inhabilidad endilgada para la revocatoria de la inscripción y la que acá se estudia
son similares en su contenido, y los hechos en los que se fundamenta su
configuración resultan ser idénticos; de modo que, si ya la autoridad electoral le
había indicado que no estaba inhabilitado para ser alcalde, no es razonable exigirle
al acusado que indagara si estaba inhabilitado para aceptar el cargo de concejal, el
cual obtuvo como consecuencia de la contienda electoral para la alcaldía.

Luego, el criterio del Consejo Nacional Electoral, en los términos en los que fue
expuesto, aunque no tiene un respaldo en la ley o en la jurisprudencia de esta
Corporación, ya sea en la Sección Quinta, como órgano de cierre en los asuntos
electorales, o en la Sección Primera, Salas Especiales de Decisión, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en materia de pérdida de investidura, lo cierto es que
sí tiene la potencialidad de generar en el acusado, o en cualquier persona, el
convencimiento de que no estaba inhabilitado para aspirar a la alcaldía de Bogotá,
y posteriormente, aceptar la curul en el concejo distrital, que ocupó producto de la
contienda electoral en la que le habían indicado que no era procedente la
revocatoria de su inscripción porque no estaba inhabilitado.

Conforme con todo lo expuesto, la Sala concluye que, si bien el acusado incurrió
objetivamente en la inhabilidad endilgada, su actuar está amparado en la buena fe
calificada producto de un error invencible, por cuanto al ser cuestionada su
inscripción a la alcaldía de Bogotá, la autoridad electoral le indicó que no estaba
inhabilitado por la celebración del contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional
de Garantías, decisión que sí tuvo la potencialidad de crear el convencimiento en el
accionado de que no estaba inhabilitado para aceptar la designación en el concejo.

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Aunado a lo señalado, se advierte que el accionado también alegó que en la “(…)
[s]entencia del 26 de octubre de 202346 el Consejo de Estado validó el elemento
subjetivo que abordó el Consejo Nacional Electoral en el caso particular del señor
Juan Daniel Oviedo Arango, fallos que también junto con la decisión del Consejo
Nacional Electoral -Resolución No. 11822 del 29 de septiembre de 2023- le dieron
una confianza legítima al hoy demandado sobre que su candidatura y actuar no
estaba viciado (…)”.

Al respecto, la Sala observa que la sentencia que menciona el accionado fue
proferida en una acción de tutela que promovieron los señores Carlos Gabriel Ortiz
Quiñonez, Tulio Alberto Gómez Giraldo y William Felipe Hurtado Quintero en contra
del Consejo Nacional Electoral por revocar la inscripción de la candidatura del
ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo para la gobernación del Valle del Cauca. En
lo que a la pérdida de investidura concierne, se destaca que en la tutela se invocó
la vulneración del derecho a la igualdad porque al señor Juan Daniel Oviedo Arango,
en un asunto similar, no se le revocó la inscripción con fundamento en que no se
había aprovechado electoralmente del contrato de arrendamiento.

La precitada sentencia fue proferida en segunda instancia el 26 de octubre de 2023
por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente con
radicado nro. 25000 2315 000 2023 00720 01 y allí se confirmó la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo. En lo relativo a
la vulneración del derecho a la igualdad, explicó lo siguiente:

“[…] Por lo anterior, la Sala analizará si en el caso concreto el CNE vulneró el
derecho a la igualdad del accionante al limitar su derecho a ser elegido, a pesar de
estar en similares condiciones a las de otro candidato.

(…)

Como puede verse, en la resolución que revocó la inscripción de la candidatura de
Tulio Alberto Gómez Giraldo, el CNE no hizo el análisis subjetivo de la finalidad de
la inhabilidad o la existencia del aprovechamiento económico como una forma de
ventaja para la participación en las elecciones, como sí lo hizo en el del candidato
Juan Daniel Oviedo Arango.

En efecto, es evidente que el CNE no analizó el elemento subjetivo en el caso de
Tulio Alberto Gómez Giraldo, a partir de la real dimensión y posibilidad de general
el desbalance, a pesar de que los dos candidatos estaban fundados en una misma
restricción, que es la imposibilidad de celebrar contratos o gestionar negocios con

46
Ibidem.

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entidades públicas que se desarrollen en el territorio respecto del cual son
aspirantes.

En la investigación del señor Gómez Giraldo, el CNE hizo un análisis de la
inhabilidad desde el punto de vista formal —sin que tal circunstancia per se
comporte un ejercicio arbitrario de su función— y en el otro, esto es, en el caso del
señor Oviedo Arango, analizó la misma prohibición desde el punto de vista de la
finalidad y afectación real del equilibrio electoral, en aplicación de la sentencia
SU207 de 2022, proferida por la Corte Constitucional.

En ese sentido, la Sala destaca que la sentencia SU-207 de 2022 se refirió a una
inhabilidad frente al parentesco por la incidencia de un funcionario de un nivel frente
otro nivel superior, sin embargo, se puede afirmar que dicho análisis es predicable
frente a otras inhabilidades en cuanto a la necesidad de que se examine su
configuración, a partir de, mutatis mutandi, no de la «probabilidad de incidencia
efectiva en el nivel territorial correspondiente examinando, por ejemplo, si de
acuerdo con sus actividades, existía una probabilidad real de ejercer la autoridad
administrativa», sino de la probabilidad de que el contrato o gestión genere el
desequilibrio entre los candidatos y no de la descripción textual y aislada del
contenido de la inhabilidad.

(…)

A pesar de la clara omisión inicial del CNE, al no haber abordado el elemento
subjetivo de la inhabilidad, como lo hizo en el caso del candidato Oviedo Arango,
ocurre que al expedir la Resolución 14428 del 23 de octubre de 2023, por medio de
la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
11177 de 2023, confirmándose la revocatoria de la inscripción de la candidatura del
señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, el CNE se ocupó del análisis de los aspectos
subjetivos, del alcance la inhabilidad y el probable provecho, más allá de la
suscripción formal de los contratos. Así consta en la mencionada Resolución 14428
de 2023: (…)

(…)

Por consiguiente, la ausencia del juicio subjetivo y de la existencia o no del provecho
o ventaja en el acto inicial (Resolución 11177 de 2023) fue abordado al resolver el
recurso de reposición. Ambos actos conforman una unidad jurídica, en la medida en
que la finalidad del recurso de reposición es resolver los reparos formulados contra
el acto definitivo para que la decisión se revoque, adicione o modifique.

En esa oportunidad, no sólo se hizo un estudio reiterativo de la inhabilidad y los
cargos, sino que también se integró el análisis adicional de los aspectos subjetivos
y del probable desbalance en el caso particular. De manera que no existe en la
actualidad una vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto, en ambos casos
existe un análisis del contenido de los contratos y de sí se genera con ellos un
desequilibrio. La diferencia en las decisiones se deriva precisamente de la
valoración concreta de las situaciones, pero actualmente ambos contienen el
estudio del aspecto subjetivo y del provecho del contrato (…).

Todo esto, valga insistir, sin perjuicio del análisis que sobre los actos administrativos
pudiera hacer el juez de lo contencioso administrativo dentro de los procesos
ordinarios que se llegaran a instaurar […]”.

De lo anterior, la Sala considera que le asiste razón al accionado cuando manifiesta

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que el fallo de tutela “(…) validó el elemento subjetivo que abordó el Consejo
Nacional Electoral en el caso particular del señor Juan Daniel Oviedo Arango, fallos
que también junto con la decisión del Consejo Nacional Electoral -Resolución No.
11822 del 29 de septiembre de 2023- le dieron una confianza legítima al hoy
demandado sobre que su candidatura y actuar no estaba viciado (…)”, en particular,
porque entre las razones expuestas por el juez de tutela se indicó que la sentencia
SU- 207 de 2022, si bien se refirió a una inhabilidad por parentesco, “se puede
afirmar que dicho análisis es predicable frente a otras inhabilidades en cuanto a la
necesidad de que se examine su configuración, a partir de, mutatis mutandi, (…) de
la probabilidad de que el contrato o gestión genere el desequilibrio entre los
candidatos y no de la descripción textual y aislada del contenido de la inhabilidad
(…)”, elemento que fue precisamente el que el Consejo Nacional Electoral abordó y
en el que sustentó la negativa de revocar la inscripción del accionado a la alcaldía
de Bogotá.

Siendo así, la Sala estima que al igual que la decisión emitida por el Consejo
Nacional Electoral, el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado sí tuvo la
potencialidad de crear en el acusado el convencimiento de que no estaba
inhabilitado para aceptar la designación en el concejo, dado que, la mencionada
sentencia fue proferida el 26 de octubre de 2023, esto es, antes de la posesión de
los concejales para el período 2024-2027, además, en la pluricitada sentencia se
explicó que era procedente, con fundamento en la sentencia SU- 207 de 2022,
examinar si la inhabilidad sobre la suscripción del contrato había generado un
desequilibrio entre los candidatos, elemento éste por el cual la autoridad electoral
negó la revocatoria de la inscripción.

En conclusión, si bien es cierto el accionado incurrió objetivamente en la causal de
pérdida de investidura, también lo es que, su actuar está justificado en la buena fe
calificada producto de un error invencible, lo que se verifica en la decisión emitida
por el Consejo Nacional Electoral y el fallo de tutela de esta Corporación.

De otro lado, la Sala no pasa por alto que el tribunal de instancia, luego de concluir
que el elemento subjetivo no estaba configurado, consideró que las inhabilidades
para ser concejal no eran aplicables al señor Oviedo Arango porque aquel no fue
elegido por voto popular, sino designado concejal con ocasión de las reglas del

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Estatuto de la Oposición, y aquella constituyó en otra de las razones para negar la
desinvestidura, en la medida en que estimó que el acusado no podía ser sometido
a este juicio con fundamento en una inhabilidad para un cargo al que no aspiró.

Frente a este razonamiento del tribunal, el recurrente alegó que la sentencia de
primera instancia desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
establecido que el régimen de inhabilidades es aplicable a los integrantes de
corporaciones públicas que acceden a ella por lo dispuesto en el Estatuto de
Oposición.

La Sala considera que, en este punto, le asiste razón al recurrente, comoquiera que,
en efecto, la jurisprudencia de la Sección Primera ha determinado que “quien acepta
la designación como concejal porque ha quedado en segundo lugar en la votación
para la alcaldía, queda a partir de ese momento sujeto a todas las causales de
pérdida de investidura que taxativamente estén previstas para los concejales,
precisamente porque, a partir del momento de la aceptación, ya tiene vocación de
desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en condiciones de igualdad con los
demás concejales”47. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente48:

“[…] La vocación que adquiere quien ocupa el segundo lugar en las elecciones para
alcalde, de ser designado en el concejo, deriva precisamente de la confianza que
depositó en esa persona el electorado, y del carácter que adquiere como persona
representativa en la oposición; precisamente para que tenga la posibilidad de
expresar con criterio de autoridad los argumentos que le llevaron al segundo lugar
en las votaciones, en representación de las personas que depositaron su voto a
favor, el Estatuto de la Oposición ha previsto que se manifieste sobre la aceptación
o no de la curul que se le ofrece. No se trata entonces de un derecho personal
derivado de su participación en la elección a alcalde, sino de una posición que
adquiere como consecuencia de la confianza que le deposita el elector y que le lleva
precisamente a ocupar el cargo, de aceptarlo, para la defensa de las ideas que le
ha expuesto a sus electores. La decisión positiva, además, afecta la composición
del concejo, como quiera que las curules asignadas no varían, y por lo tanto quedará
un aspirante por fuera, no obstante que hubiese alcanzado los votos suficientes para
integrar el cuerpo colegiado.

Bajo este contexto, la Sala estima que, quien aspira a ocupar un cargo de elección
popular, está sometido en principio al régimen propio de la investidura para la cual
pretende ser elegido; por lo tanto, si se postula para alcalde, está sometido al

47
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 1 de diciembre de 2022. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente nro.
47001 2333 000 2021 00025 01.
48
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 9 de junio de 2022. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
nro. 08001 2333 000 2020 00573 01.

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régimen de dicho cargo. No obstante, una vez el candidato que obtuvo la segunda
votación para alcalde acepta la designación como concejal, acepta con ello las
reglas que rigen a los concejales, pues la posición que ahora ocupa es exactamente
la misma de quienes aspiraron a estas curules, y su origen es igualmente idéntico;
lo que lleva a uno y otro a ocupar la curul es el voto del electorado, que lo deposita
para la defensa de las ideas que expone el candidato; y que, tratándose de la
elección de alcalde, de antemano sabe que la aspiración de su candidato lo puede
ser para la alcaldía, si ocupa el primer lugar, o para el concejo, si es el segundo […]”.

Por ende, contrario a lo señalado por el tribunal, al acusado sí le son aplicables las
inhabilidades previstas para los concejales una vez aceptó la curul como
consecuencia del Estatuto de Oposición, por lo que en este punto le asiste razón al
recurrente y era procedente examinar si estaba configurada la inhabilidad señalada
en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 617 de 2000.

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la
desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C.,
período constitucional 2024-2027, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación
con el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por la inhabilidad señalada en el
numeral 3 del artículo 43 ibidem. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO
en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad electoral con radicado núm.: 25000-2341-000
2024-00284-01.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del
señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., período
constitucional 2024-2027, por las razones aquí expuestas.

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53

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01
Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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