Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2024-00275-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2024-00275-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-33-000-2024-00275-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
28 de agosto de 2025
Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: GERARDO VALENCIA HERRERA
Concejal acusado: GERMÁN ZULUAGA DUQUE
Tesis: Incurre en causal de pérdida de
investidura quien ocupó el segundo lugar
en las elecciones a la alcaldía municipal y
ante la manifestación de aceptación de la
curul fue designado como concejal, sin que
tomara posesión del cargo dentro de los
tres días siguientes a la instalación del
concejo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el acusado en
contra de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que decretó su desinvestidura como concejal
del municipio de Filadelfia (Caldas), para el período constitucional 2024 –
2027.
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El señor Gerardo Valencia Herrera, actuando en nombre propio, solicitó
se decretara la pérdida de investidura del señor Germán Zuluaga Duque,
designado concejal del municipio de Filadelfia (Caldas), para el período
constitucional 2024 – 2027, por considerar que incurrió en la causal
prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es,
por no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la
fecha de instalación del concejo.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El solicitante informó que el señor Germán Zuluaga Duque se inscribió como
candidato a la alcaldía de Filadelfia (Caldas) en las pasadas elecciones
territoriales celebradas en el año 2023, y que obtuvo la segunda mayor
votación.
Anotó que «(…) el señor Germán Zuluaga Duque aceptó una de las curules
del Concejo Municipal de Filadelfia de acuerdo con el derecho que por ley
se le difirió, según credencial electoral de las elecciones territoriales para la
Alcaldía de Filadelfia 2023 expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Colombiano. (…)».
Manifestó que el concejo municipal de Filadelfia se instaló el 2 de enero de
2024, según consta en el acta correspondiente; no obstante, el señor
Zuluaga Duque no tomó posesión del cargo de concejal en los tres días
siguientes a dicha instalación, los días 3, 4 y 5 de enero del mismo año,
que, según el calendario laboral del año 2024, correspondían a días hábiles.
1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00275 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00275 00.
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
Mencionó que, por escrito radicado el 9 de enero de 2024, el señor Zuluaga
Duque renunció a la curul del concejo municipal de Filadelfia (Caldas), esto
es, luego de los tres días que tenía para tomar posesión del cargo.
Sostuvo que «(…) el señor GERMÁN ZULUAGA no acreditó ante el concejo
municipal ni ante otra autoridad un caso de fuerza mayor que lo exonerara
de su deber de posesionarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la instalación del Concejo Municipal de Filadelfia, y a pesar de no ser
[c]oncejal en la actualidad, se encuentra incurso en una causal objetiva
para perder su investidura a nivel territorial para los cargos de elección
popular (…)».
1.3. El señor Germán Zuluaga Duque no contestó la solicitud de pérdida
de investidura.
2.- La sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 19 de diciembre de
2024, decretó la pérdida de investidura del señor Germán Zuluaga Duque
en calidad de concejal del municipio de Filadelfia (Caldas).
Como cuestión previa, señaló que, ante la falta de contestación de la
demanda por parte del acusado, resultaba necesario acreditar que la
notificación personal se hubiese efectuado en debida forma. Para ello,
explicó que se requirió a la alcaldía municipal de Filadelfia y al concejo
municipal del mismo ente territorial, con el fin de que informaran la
dirección de correo electrónico del demandado. Que, en respuesta, el
concejo municipal había indicado que el correo electrónico del señor
Zuluaga Duque era gerzudu2023@gmail.com.
3 Vistoen el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00275 00.
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
Agregó que, con dicha información, se procedió el 26 de noviembre de
2024 a notificar al acusado y que en el expediente obra certificación
suscrita por la auxiliar judicial del despacho sustanciador, en la cual se
hizo constar que, al momento de establecer comunicación telefónica con
la secretaria ejecutiva del concejo municipal de Filadelfia, ésta manifestó
que la dirección de correo electrónico remitida al tribunal «(…) fue tomada
del mensaje digital que el demandado envió a la Corporación
Administrativa para presentar su renuncia al cargo de concejal (…)»4.
Precisó que, como prueba de oficio en este proceso, se ordenó requerir a
la Secretaría del Concejo Municipal de Filadelfia, para que «(…) remita (…)
copia de la comunicación, acompañada de la constancia de recepción de
la misma, mediante la cual el señor Germán Zuluaga Duque presentó la
renuncia a su curul como concejal», y que dichas documentales fueron
allegadas al proceso y se «corroboró que el correo utilizado por el
demandado para remitir su renuncia como concejal, es el mismo
suministrado por la secretaria del concejo de ese municipio y a su vez el
que fue utilizado para realizar la notificación personal al señor Germán
Zuluaga Duque, en su condición de demandado».
En ese sentido, concluyó que la notificación al acusado se hizo en debida
forma, ya que la obtención de la dirección electrónica se hizo conforme
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, norma que, en
lo no regulado, remite al Código General del Proceso. A su vez, el
parágrafo 2° del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 faculta a la autoridad
judicial para solicitar información de las direcciones electrónicas de la
parte pendiente de notificar que reposen en entidades públicas o privadas.
Aclarado lo anterior, examinó, en primer lugar, la configuración del
elemento objetivo. Para ello, expuso que estaba acreditado con el
formulario E–26 CON del 29 de octubre de 2023 que se designó al señor
4 Vistoen el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
Zuluaga Duque concejal del municipio de Filadelfia (Caldas), para el
período constitucional 2024–2027, por ocupar el segundo lugar en las
elecciones de alcalde para el municipio, y que el candidato manifestó por
escrito que aceptaba la curul en el concejo.
Frente al segundo requisito, esto es, que el concejal electo no se
posesione en el cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de
instalación del concejo, indicó que también estaba cumplido porque el
señor Zuluaga Duque no tomó posesión del cargo de concejal, tal y como
constaba en el acta de instalación del 2 de enero de 2024, en la que se
certificó que el acusado no asistió; además, tampoco tomó posesión
dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo.
En cuanto al requisito que denominó «la falta de posesión no sea por
fuerza mayor», explicó que el señor Zuluaga Duque, mediante escrito
enviado el 9 de enero de 2024, informó que «(…) no he podido asistir a
las sesiones correspondientes por encontrarme fuera del país durante el
presente semestre (…)»; no obstante, aseveró que lo expresado por el
acusado no constituye un caso de fuerza mayor que lo eximiera del
cumplimiento del deber legal de tomar posesión en el cargo concejal.
Refirió lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil sobre el concepto de
fuerza mayor e indicó que para configurarse como causal de justificación
debe tratarse de: (i) un hecho irresistible; (ii) imprevisible y (iii) que sea
externo respecto del obligado. En el caso concreto, adujo que «(…) la sola
manifestación de renuncia al cargo de concejal, que libremente aceptó,
“por encontrarme fuera del país”, no constituye hecho de fuerza mayor
que lo excuse de su deber legal de tomar posesión, pues no se trata de
un hecho externo al concejal demandado que fuera imprevisible e
irresistible que le impidiera cumplir dicha obligación, por el contrario lo
que revela es un actuar voluntario en abierto desconocimiento de sus
deberes como representante de la voluntad popular (…)».
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
Por último, examinó el elemento subjetivo y consideró que el mismo
estaba configurado, debido a que de la manifestación contenida en el
escrito de renuncia del 9 de enero de 2024 resultaba evidente e
incontrovertible la voluntad del señor Zuluaga Duque de no tomar
posesión del cargo, pese a que previamente había aceptado ocupar la
curul.
Trajo a colación la jurisprudencia de esta Corporación5 y sostuvo que «(…)
el incumplimiento de la obligación de tomar posesión dentro del término
previsto en la ley es el resultado de una serie de actos libres y conscientes
del accionado que van desde su intención de presentarse como alcalde al
municipio de Filadelfia, su decisión de aceptar la curul al concejo municipal
en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 112 de la Constitución
Política y 25 de la Ley 1909 de 2018 y presentar escrito de renuncia, a
pesar de que el Estatuto de la Oposición y la Resolución 2276 de 2019 del
Consejo Nacional Electoral no solo imponían un límite temporal para que
el candidato con segunda mayor votación manifestara por escrito su
decisión de aceptar o no la curul, sino también impedía la posibilidad de
retracto (…)».
Finalmente, resaltó que «(…) la decisión libre y consciente del señor
Germán Zuluaga Duque, de no tomar posesión del cargo como concejal
del municipio de Filadelfia, pese a que previamente había manifestado su
aceptación, se constituye en un irrespeto a aquellos ciudadanos que en
ejercicio de su derecho a la participación política votaron por las ideas
políticas propuestas por el candidato, razón por la cual, no queda otro
camino que despojarlo de la investidura, debido a la configuración de la
causal invocada en la demanda (…)».
5
Cita la “Sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 19 de septiembre de 2024,
en un caso análogo al aquí estudiado. Rad. nro. 68001 23 33 000 2024 00208 01. C.P.
Oswaldo Giraldo López”.
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3.- El recurso de apelación presentado por el señor Germán
Zuluaga Duque6
El concejal acusado solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, con fundamento en lo siguiente:
«a) La sentencia recurrida, al pronunciarse en el fondo del asunto, no
valoró en debida forma el debido proceso por indebida notificación»
El recurrente alegó que el a quo incurrió en un yerro sustancial
relacionado con la notificación de las actuaciones procesales, toda vez que
el correo utilizado por el tribunal para notificarlo y que fue suministrado
por el concejo municipal de Filadelfia, gerzudu2023@gmail.com, no
correspondía a su correo electrónico personal, sino a una cuenta utilizada
exclusivamente para fines de la campaña política que buscaba llevarlo a
la alcaldía del municipio de Filadelfia.
Expuso que varios colaboradores de la campaña política manejaban el
correo electrónico y aseguró que nunca tuvo acceso directo por las
ocupaciones del proceso electoral. Añadió que, una vez finalizó la
contienda política, no lo utilizó para tratar asuntos de ninguna índole.
Agregó que «(…) queda claro que existe una vulneración al debido
proceso, ya que todas y cada una de las actuaciones fueron enviadas a
un correo al que nunca tuve acceso y que era utilizado por colaboradores
de la campaña política, lo que configura una indebida notificación que
vulnera el debido proceso estipulado en la Carta Política de 1991 (…)».
«b) La aceptación del derecho que se obtiene al ser el segundo candidato
con mayor votación»
6 Vistoen el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00275 00.
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Advirtió que la aceptación del derecho que se obtiene al ser el segundo
candidato con mayor votación carece de validez, por cuanto «(…) [d]icha
manifestación se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes a la
declaratoria de la elección del candidato ganador, es decir, en el estudio
de la súplica, no se observó que dicha aceptación no se dio con
posterioridad a la declaratoria, pues según lo informado por el ente
electoral, se alegó por la parte accionante y se evidencia en el expediente,
la misma se dio el mismo día de la declaratoria y no dentro de la[s] 24
horas siguientes a la misma como bien lo establece la Resolución N° 2276
del 11 de junio de 2019, artículo segundo, mediante la cual se establecen
las medidas para la aplicación del artículo 25 de la ley 1909 de 2018 (…)».
Reiteró que la aceptación de la curul se produjo en un momento anterior
al previsto por la normativa aplicable, lo que constituye una irregularidad
sustancial que no puede ser pasada por alto, en tanto afecta la legalidad
y validez del acto de aceptación.
Puso de presente que «(…) la declaratoria de la elección para Alcalde
Municipal de Filadelfia, Caldas, se dio el mismo día de la aceptación de la
curul ([d]e la que no tuve conocimiento con anterioridad a la instalación
y posesión del concejo debido a que dicha declaratoria se da con la
expedición de la credencial que se le otorgó al candidato ganador, esto
es, el mismo día 31 de octubre de 2023 (…)».
«c) Situación (…) que tiene que ver con la firma digitalizada que se
implementó en el escrito de aceptación»
Manifestó que se presentó una irregularidad en la implementación de la
firma digital utilizada para la aceptación de la curul, circunstancia que, a
su juicio, compromete la validez jurídica del acto.
Afirmó que «(…) nunca tuve acceso directo al correo electrónico
*gerzudu2023@gmail.com, lo que permitió que alguno de los
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colaboradores hubiera tenido la iniciativa (que considero de buena fe)
para realizar el documento, adherir la firma digitalizada en formato jpg
que estaba a disposición de la campaña y, con ello, manifestar la
aceptación de curul en el concejo municipal de Filadelfia, Caldas, con el
fin, creo yo, de no perder la oportunidad de acceder a tan importante
posición en esa corporación, ya que me vi en la obligación de alejarme de
la municipalidad en la mañana del día siguiente de terminado el proceso
electoral, esto es el 30 de octubre de esa misma calenda debido a una
situación médica (…)».
Argumentó que nunca le informaron de la aceptación de la curul por parte
de quien envió el escrito, antes de la posesión e instalación del concejo
municipal de Filadelfia.
Respecto a la validez jurídica de la firma digitalizada sostuvo que «(…) no
existe norma que avale la firma digitalizada, pues solo tiene validez las
firmas digitales y electrónicos (…)»; en este punto citó lo dispuesto en los
artículos 1, 2, 28, 29, 30,35 y 36 de la Ley 527 de 1999 y el artículo
2.2.2.47.10. del Decreto 1789 de 2021.
Indicó que la firma digitalizada, en su caso, fue una foto en formato jpg
que no cumple ninguna de las condiciones establecidas para la firma
digital y electrónica.
Finalmente, sostuvo que «(…) el motivo por el cual me vi en la imperiosa
necesidad de viajar a la ciudad de Manizales al día siguiente de las
elecciones, pues los resultados preliminares evidenciaron una amplia
diferencia entre el candidato que posteriormente resultó victorioso en el
proceso electoral y el suscrito en segundo lugar, lo que me produjo una
situación médica depresiva que obligó a un tratamiento de inmediato en
manos de profesionales de la Fundación FUNPAZ IPS. CLÍNICA DE SALUD
MENTAL ubicada en (…). Lo que impidió que yo tuviera acceso a medios
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de comunicación de cualquier tipo y pudiera ser la persona que envió el
escrito de aceptación de la curul en el concejo municipal (…)».
Concluyó que la ausencia casi que inmediata en el municipio de Filadelfia
y su estado de salud, imposibilitaban la aceptación del cargo, y añadió
que «(…) nunca fui informado con anterioridad a la instalación y posesión
del cabildo municipal por la persona que envió el escrito de aceptación de
la curul, motivo por el cual, una vez enterado de ello, presenté renuncia
ante la corporación».
Por lo anterior, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
4. El recurso de apelación fue concedido por auto del 31 de enero de
20257.
5. - Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 10
de febrero de 20258.
5.2. Por auto del 2 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Germán Zuluaga Duque y se rechazaron las
pruebas pedidas con la alzada9.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 28 de abril de 202510.
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Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo 201912
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1 del Decreto 434 de 2024, que regula la distribución de negocios
entre las secciones13.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor Germán Zuluaga Duque fue designado
concejal del municipio de Filadelfia (Caldas) para el período constitucional
2024 -2027, la parte actora aportó copia del formulario E- 26 CON14, en
el que consta que se declararon electos como concejales de dicho
municipio, entre otros, al señor Germán Zuluaga Duque; en su caso, por
aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
11
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001 23 33 000 2024 00275 00.
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
3.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el apelante formuló tres reparos concretos: (i)
la indebida notificación desde el auto que admitió la solicitud de pérdida
de investidura; (ii) que la aceptación de la curul en el concejo debía
hacerse dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria del ganador a
la alcaldía, y no el mismo día, como afirma, ocurrió en este caso, y (iii)
que fue uno de sus colaboradores quien remitió el escrito de aceptación
de la curul con firma digitalizada, y que no fue informado de dicha
circunstancia antes de la instalación del concejo municipal, por lo que una
vez enterado presentó la renuncia.
La Sala, de manera previa a estudiar los argumentos de fondo del recurso
de apelación y la configuración de la causal, se pronunciará sobre la
alegada vulneración al debido proceso por la indebida notificación al
acusado del auto que admitió la solicitud de pérdida de investidura y los
subsiguientes actos procesales.
3.1. Cuestión previa
El acusado alega que hubo una indebida notificación de las actuaciones
procesales porque el correo electrónico utilizado por el tribunal y que fue
suministrado por el concejo municipal de Filadelfia, esto es,
gerzudu2023@gmail.com no es un correo electrónico personal, sino que
fue creado única y exclusivamente para la campaña a la alcaldía
municipal, y aseguró que una vez finalizada la contienda no usó dicho
correo para tratar asuntos de ninguna índole.
La Sala, para determinar si en este proceso existió una indebida
notificación a la parte acusada, verifica lo siguiente:
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Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
(i) El solicitante, en el escrito de pérdida de investidura, indicó que el
correo electrónico para notificar al señor Zuluaga Duque era
administracion@pixelar.com.co.
(ii) Por auto del 22 de noviembre de 2024 se admitió la acción y se ordenó
notificar personalmente al acusado, para lo cual se remitió copia al correo
electrónico señalado por el solicitante; no obstante, consta que el
mensaje no pudo ser entregado a dicha dirección electrónica.
(iii) El 25 de noviembre de 2024, la secretaria del Tribunal Administrativo
de Caldas envió un correo electrónico a la alcaldía y al concejo municipal
de Filadelfia en los siguientes términos:
«[…] Sírvase informar en el término de un (1) día contado a partir del
recibo de la presente comunicación, el correo electrónico del señor
GERMAN ZULUAGA DUQUE identificado con cédula de ciudanía número
(…), con el fin de efectuar la notificación de una providencia judicial. Lo
anterior, debido a que no ha sido posible la notificación correspondiente,
ya que los datos de contacto proporcionados por el demandante
(correspondientes al correo electrónico y número de celular del señor
Zuluaga Duque) no han permitido establecer comunicación efectiva con él
[…]».
(iv) Atendiendo lo requerido, el 25 de noviembre de 2024, la secretaria
ejecutiva del concejo municipal de Filadelfia indicó que el correo
electrónico del señor Zuluaga Duque era gerzudu2023@gmail.com.
(v) El 26 de noviembre de 2024 se remitió la notificación del auto
admisorio al correo indicado por el concejo municipal de Filadelfia.
(vi) También obra constancia suscrita por la auxiliar judicial del despacho
sustanciador del proceso del 5 de diciembre de 2024, en la que se lee lo
siguiente: «(…) en la fecha me comuniqué, de forma telefónica, con la
Secretaria Ejecutiva del Concejo Municipal de Filadelfia, Caldas, quien
manifestó que el correo electrónico del señor Germán Zuluaga Duque,
informado a la Secretaría de este Tribunal, fue tomado del mensaje digital
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
que el demandado remitió a la Corporación Administrativa para presentar
su renuncia como concejal».
(vii) Por auto del 5 de diciembre de 2024 se decretaron pruebas en el
presente proceso, y, de oficio, se ordenó requerir a la secretaría general
del concejo municipal de Filadelfia para que remitiera «(…) copia de la
comunicación, acompañada de la constancia de recepción de la misma,
mediante la cual el señor Germán Zuluaga Duque presentó la renuncia a
su curul como concejal».
(viii) En cumplimiento de lo anterior, el concejo municipal de Filadelfia
allegó las documentales requeridas, en la que se verifica, tal como lo
indicó el a quo, que el escrito de renuncia al concejo fue remitido desde
el correo gerzudu2023@gmail.com.
(ix) En ese contexto, se pone de presente que el auto admisorio de la
demanda, el auto que decretó pruebas y fijó fecha para llevar a cabo la
audiencia pública, así como la sentencia de primera instancia fueron
notificadas al correo gerzudu2023@gmail.com.
En consecuencia, y como quiera que, contrario a lo que afirma el acusado,
está acreditado que sí hizo uso del correo electrónico en el que recibió las
notificaciones después de que finalizó la contienda electoral, la Sala
prohíja la tesis del tribunal, en el sentido que en este proceso no existió
una indebida notificación de los actos procesales al acusado y, por lo
tanto, tampoco una vulneración a su debido proceso.
Al efecto, el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 establece
que la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar
información de las direcciones electrónicas de la parte pendiente por
notificar, que se encuentren, entre otras, en entidades públicas o
privadas. Lo que ocurrió en este caso, cuando la secretaría del tribunal
requirió al concejo municipal para que le indicara la dirección de correo
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electrónico del acusado, y en respuesta le señaló que el correo era
gerzudu2023@gmail.com.
Es de resaltar que la Ley 2213 de 2022 tiene por objeto, según lo indicado
en el artículo 1, implementar el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de
los procesos judiciales, entre otras jurisdicciones, en la de lo Contencioso
Administrativo. Además, el parágrafo 2 del artículo 1 ibidem establece
que las disposiciones de la ley se entienden complementarias a las normas
contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y
especialidad, de modo que el parágrafo 2 del artículo 8 ibidem es aplicable
a los procesos de pérdida de investidura.
Aunado a lo dicho, se destaca que el acusado se limitó a señalar que el
correo al que le habían enviado las notificaciones no era de uso personal,
sino que fue creado exclusivamente para la campaña de la alcaldía, pero
en la apelación no explicó cómo se enteró de la decisión de primera
instancia, cuando precisamente aquella también se le notificó al correo
gerzudu2023@gmail.com, al igual que las anteriores actuaciones
procesales.
Igualmente, se reitera que el acusado en el recurso de apelación aseguró
que nunca tuvo acceso directo al correo electrónico y que una vez
finalizada la campaña a la alcaldía no lo utilizó para tratar asuntos de
ninguna índole; sin embargo, al finalizar el escrito de apelación el acusado
afirmó que presentó la renuncia al cargo de concejal, y con las pruebas
obrantes en el proceso se verifica que dicho escrito fue enviado desde el
correo electrónico gerzudu2023@gmail.com, lo que denota las
contradicciones existentes en la defensa.
Por lo expuesto, la Sala considera que no se vulneró el debido proceso del
recurrente porque el artículo 8 de la citada Ley 2213 regula las
notificaciones personales y el parágrafo 2 habilita a la autoridad judicial
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para que oficie a una entidad pública con el fin de que le suministre la
dirección electrónica de la parte que está pendiente por notificar, tal como
ocurrió en este caso, y se verifica que las actuaciones procesales fueron
notificadas al correo electrónico que indicó el concejo municipal de
Filadelfia, que coincide con el que el acusado utilizó para renunciar a la
curul.
Precisado lo anterior, la Sala examinará los reproches del recurrente
relativos a la oportunidad legal de manifestar la aceptación de la curul en
el concejo y la validez de la firma contenida en el documento mediante el
que aceptó dicho cargo, que están encaminados a desvirtuar la
configuración del elemento objetivo de la causal.
3.2. El elemento objetivo
En este caso, se le endilgó al acusado la causal prevista en el numeral 3
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que establece que los concejales
perderán su investidura por no tomar posesión del cargo dentro de los
tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo, o a la fecha en
que fueron llamados a posesionarse.
La jurisprudencia de la Sección Primera ha señalado que, de la precitada
disposición, se desprende que deben estar reunidos los siguientes
elementos15: (i) que el acusado haya sido elegido o designado como
concejal; (ii) que no se haya posesionado en el cargo en el término
señalado en la ley, y (iii) que dicha circunstancia no ocurra por fuerza
mayor.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 9 de junio de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 08001 23 33
000 2020 00573 01.
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3.2.1. El acusado fue designado como concejal
Frente a este requisito, en el recurso de apelación, el acusado afirmó que
la declaratoria de su designación como concejal no tiene validez, lo que
sustenta en dos razones: (i) que conforme a la Resolución 2276 de 2019
la manifestación de aceptación de la curul en el concejo debe hacerse
dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria del candidato ganador
a la alcaldía, pero que en su caso ello ocurrió el mismo día de la
declaratoria y no con posterioridad, y (ii) que en el escrito de aceptación
se incluyó una firma digitalizada que no tiene validez jurídica, por cuanto
en la legislación colombiana no existe una disposición que regule la firma
digitalizada, pues el ordenamiento jurídico solo se refiere a firmas
digitales y electrónicas, a lo que agregó que «(…) nunca tuve acceso al
correo gerzudu2023@gmail.com, lo que permitió que alguno de los
colaboradores hubiera tenido la iniciativa (que considero de buena fe)
para realizar el documento, adherir la firma digitalizada en formato jpg
que estaba a disposición de la campaña y, con ello, manifestar la
aceptación de curul en el concejo».
En ese escenario, lo alegado por el recurrente persigue controvertir su
designación como concejal en aplicación del Estatuto de Oposición,
comoquiera que sus reproches tienen que ver con que la aceptación tuvo
lugar antes del término regulado en la Resolución 2276 de 2019 y que no
fue quien suscribió el escrito de aceptación de la curul en el concejo,
circunstancia que desconocía.
Sin embargo, en el proceso está acreditado con el formulario E-26 CON
del 29 de octubre de 2023 que el señor Germán Zuluaga Duque fue
declarado concejal del municipio de Filadelfia para el período
constitucional 2024-2027 en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de
2018, tal como se evidencia de la anotación con asterisco hecha en el
mismo formulario:
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Sumado a que la Resolución 2276 de 2019 fue expedida por el Consejo
Nacional Electoral y regula el procedimiento que debe seguirse para hacer
efectivo el ejercicio del derecho otorgado por el artículo 25 de la Ley 1909
de 2018, así:
«[...] Que la Ley 1909 de 2018 adoptó el Estatuto de la oposición política
y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, dentro
de los cuales se contempló́ en su artículo 25 que los candidatos que sigan
en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de
gobernador de departamento, alcalde distrital y/o alcalde municipal,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
asambleas departamentales, concejos distritales y/o concejos municipales
respectivos, durante el período de estas corporaciones.
Que es necesario establecer el procedimiento y las reglas mediante las
cuales se haga efectivo el ejercido del derecho otorgado, sin que ello
afecte el desarrollo correcto, ininterrumpido, público, transparente e
imparcial de los escrutinios que se realicen con ocasión de las elecciones
de autoridades locales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
DISPONE
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(…)
ARTÍCULO SEGUNDO OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL EN
LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las 24 horas siguientes a la
declaratoria de elección de los cargos de gobernador, alcalde distrital y/o
municipal y previo a la de las asambleas departamentales y concejos
distritales y/o municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon
el segundo (2) puesto en votación, deberán manifestar por escrito por una
sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una curul
en las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales.
En el acta de escrutinio respectiva y E-28 que declare la elección de
alcalde distrital yo municipal y gobernador, deberá́ dejarse constancia de
que candidato ocupó el segundo (2o) lugar en votación, darse lectura de
la misma en la correspondiente audiencia.
La manifestación de que trata el presente artículo, y dentro del término
señalado, podrá́ hacerse ante la comisión escrutadora encargada de
realizar la declaratoria de elección del cargo uninominal, o ante la
comisión escrutadora competente para declarar las corporaciones
públicas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si vencido el plazo señalado, el candidato que
siga en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los
cargos de gobernador de departamento alcalde distrital y/o alcalde
municipal, no existe manifestación de aceptación o no de la curul en la
corporación pública en el término establecido se entenderá́ que no se
acepta la respectiva curul, y se dejará la constancia en la correspondiente
acta escrutinio.
(…)
ARTICULO TERCERO: DECLARATORIA DE ELECCIÓN DE LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS. - Vencido el término de que tratan los
artículos anteriores, la Comisión Escrutadora reanudará la diligencia de
escrutinios y declarará los candidatos electos para las corporaciones
públicas de concejo municipal y/o distrital, o asamblea departamental,
según su competencia, así:
EN CASO DE ACEPTACIÓN: Otorgará la respectiva credencial como
diputados y concejales distritales y/o municipales a quienes ocuparon los
segundos puestos en la votación para gobernador y alcalde,
respectivamente, y a continuación procederá́ a aplicar la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las
curules restantes de asambleas departamentales y concejos Distritales
y/o Municipales.
EN CASO DE NO ACEPTACIÓN: Aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de la totalidad
las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y/o
Municipales por población.
[...]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas)
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De la regulación transcrita, se concluye que la declaratoria del acusado
como concejal solo pudo tener lugar siempre y cuando existiera una
manifestación por escrito en el que se aceptara ocupar la curul y que
aquella se hiciera en el término previsto en la precitada resolución.
Luego, en este caso lo que está probado es que, con el formulario E-26
CON, la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró la designación del
señor Zuluaga Duque como concejal del municipio de Filadelfia (Caldas),
en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018. Así que, tal y como
se indica en el precitado formulario, ocurrió tras manifestarse por escrito
la aceptación de la curul, que debió hacerse en oportunidad, atendiendo
a la Resolución 2276 de 2019.
En ese escenario, se precisa que la acción de pérdida de investidura no
constituye el mecanismo para controvertir la legalidad del formulario E-
26 CON, mediante el cual, se reitera, tuvo lugar la declaratoria del señor
Zuluaga Duque como concejal del municipio de Filadelfia.
Siendo así, los reproches a los que aduce el recurrente relacionados con
la oportunidad para hacer la manifestación de la aceptación de la curul en
el concejo, y si dicho documento fue o no de su autoría, no son asuntos
que deban ventilarse a través de esta acción pública, pues el formulario
E-26 CON goza de presunción de legalidad, y allí consta su declaratoria
como concejal, lo que sería suficiente para tener por cumplido el primer
requisito de la causal de pérdida de investidura, consistente en que el
acusado tenga la calidad de concejal.
Con todo, la Sala precisa que los dos argumentos formulados por el
recurrente no están respaldados probatoriamente en el proceso y, por lo
tanto, no conducen a desvirtuar la configuración de este primer requisito.
Al respecto, si bien en el proceso obra el escrito en el que se advierte que
el acusado manifestó aceptar la curul en el concejo, éste no contiene fecha
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de recibido, ni tampoco reposa ningún otro documento que permita
verificar la fecha en la que efectivamente aceptó la curul, lo que quiere
significar que el supuesto de hecho en el que el acusado fundamenta su
defensa no está probado, ya que en la apelación se limitó a señalar que
el escrito se presentó el mismo día de la declaratoria de la elección de
alcalde, pero no acreditó cuándo lo remitió o radicó.
El escrito mediante el cual el señor Zuluaga Duque manifestó que
aceptaba la curul en el concejo fue aportado por el solicitante con la acción
de pérdida de investidura y es del siguiente contenido:
Frente a la precitada documental es pertinente aclarar que, si bien en el
encabezado aparece la fecha del 31 de octubre de 2023, aquella no da
cuenta de la fecha en la que efectivamente se remitió o radicó ante la
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autoridad electoral, por lo que no se acredita la fecha en la que el acusado
hizo la manifestación de la curul en el concejo, de tal forma que este
primer argumento no tiene respaldo probatorio en el expediente.
Ahora, en lo relativo al argumento de que el escrito de aceptación de la
curul fue suscrito con su firma en formato jpg por uno de los integrantes
de su campaña a la alcaldía y que así mismo lo remitió para no perder la
oportunidad de ocupar la curul en el concejo, la Sala precisa que este
reproche lo que en realidad significa es que el acusado no fue el autor del
documento que aceptó la curul al concejo, de modo que el medio para
controvertir dicha prueba era la tacha de falsedad regulada por el artículo
269 y siguientes del Código General del Proceso.
Lo anterior, porque el documento en el que se aceptó la curul en el
concejo fue allegado como prueba con la acción de pérdida de investidura,
en el que precisamente se aduce que el acusado obtuvo la curul en el
concejo por haber manifestado que la aceptaba, de manera que, si lo que
el acusado argumenta es que no suscribió el documento, sino que lo hizo
otra persona utilizando su firma en formato jpg, lo procedente era
formular la tacha.
Sin embargo, en ninguna de las etapas del trámite de la acción de pérdida
de investidura se advierte la formulación de la tacha, y, como quedó
explicado en la cuestión previa, no se observa que haya sido vulnerado el
debido proceso por indebida notificación, si se tiene en cuenta que la
oportunidad para presentarla era la contestación de la demanda,
conforme al artículo 269 del Código General del Proceso. Es más, ni
siquiera en el recurso de apelación hizo uso de este mecanismo, que es
el procedente, para controvertir la veracidad del documento.
En resumen, la Sala considera que este requisito está cumplido,
comoquiera que en el formulario E-26 CON consta que el acusado fue
declarado concejal, acto que goza de la presunción de legalidad, a lo que
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se agrega que la acción de pérdida de investidura no es el mecanismo
para desvirtuarlo.
Aquella es la razón principal por la que se tiene por superado este
requisito; sin perjuicio de ello, también se indicó que la irregularidad sobre
la fecha para presentar el escrito de aceptación en oportunidad no estaba
acreditada en el expediente y el reproche sobre la autoría del mismo
documento, debió formularse como una tacha.
3.2.2. Que no se haya posesionado en el cargo en el término
señalado en la ley
Frente a este requisito, la Sala advierte que el acusado no controvierte
que sí haya tomado posesión del cargo dentro de los tres días siguientes
a la fecha de instalación del concejo y, por el contrario, con el acta de
instalación del concejo municipal de Filadelfia del 2 de enero de 2024, se
constata que allí tomaron posesión los concejales, sin que se evidencie
que lo haya hecho el señor Germán Zuluaga Duque. Allí quedó consignado
lo siguiente16:
«[…] 4. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACI[Ó]N DEL QUORUM
JOSE ALEXANDER AGUDELO GONZA[Á]EZ, JOSE CRIST[Ó]BAL LOAIZA
GIRALDO, JES[Ú]S ANTONIO ALZATE ECHEVERRY, JOSE ALCIDES
OROZCO ACEVEDO, ALONSO DE JES[Ú]S GALLEGO MORALES, JUVENAL
GIRALDO GIRALDO, MARIA IRMA LIBREROS MARIN, TATIANA MAR[Í]A
OSPINA P[É]REZ, JES[Ú]S ARTURO ALZATE CASTAÑO, DANILO ZULUAGA
GIRALDO, GERM[Á]N ZULUAGA DUQUE (Ausente).
[…]» (Se destaca)
Por lo tanto, este segundo requisito también se cumple.
16 Ibidem, Archivo PDF denominado “003ED_PERDIDA (…)”, pág. 23.
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3.2.3. Que el acusado no haya tomado posesión del cargo por
fuerza mayor
La Corte Constitucional, en la sentencia SU – 632 de 201717, explicó que
la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, está señalada en el
artículo 6418 del Código Civil, y que «esta causal, por tanto, requiere para
obrar como justificación reunir un conjunto de características, las cuales
son básicamente: (i) que el hecho sea irresistible; (ii) que sea imprevisible
y (iii) que sea externo respecto del obligado», para concluir que, «en este
orden de ideas, es claro para la Corte que para que se constituya la causal
de exoneración descrita en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, es necesario que se presente el fenómeno de fuerza mayor, el cual
para su configuración requiere que quien alega la existencia de la misma
pruebe que la decisión fue externa, es decir, no intervino la voluntad del
interesado en su adopción, ni haya tenido control sobre la situación».
A su turno, la jurisprudencia de la Corporación19 ha señalado que la fuerza
mayor es una situación imprevisible a la que es imposible resistir, y para
su configuración debe cumplir los siguientes tres requisitos: -)
imprevisibilidad, es decir, «quien aduce el hecho como constitutivo de
fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin de evitar sus
consecuencias porque no podía prever con anterioridad su ocurrencia»;
-) irresistibilidad, implica que «quien alegue la fuerza mayor debe probar
que la situación que invoca conllevó la imposibilidad de cumplir o de obrar
de manera diferente a como lo hizo» ,y -) la exterioridad o extrañeza, que
significa que «no puede alegar esa causa quien ha contribuido con su
17
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
18
“ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público,
etc”.
19
Al respecto puede verse: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 29 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación nro. 11001- 03-15-000-2018-02616- 01 (PI). (Acumulados
11001-03-15-000-2018-02616-01 y 11001-03-15-000-2018-02672-00).
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conducta a la realización del hecho alegado; es decir, el afectado no puede
haber intervenido en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u
obligación, de forma que no haya tenido control sobre la situación ni
injerencia en ésta».
En este caso, con el recurso de apelación no se alegó ningún hecho
constitutivo de fuerza mayor y, tal como lo señaló el a quo, en el
expediente obra el escrito del 9 de enero de 2024, que según se advierte,
fue dirigido por el señor Germán Zuluaga Duque al presidente del concejo
municipal de Filadelfia, en el que se lee lo siguiente20:
«[…] Con la presente, me dirijo a usted para presentar mi renuncia al
cargo de concejal del municipio de [f]iladelfia.
Lamentablemente no he podido asistir a las sesiones correspondientes por
encontrarme fuera del país durante el presente semestre.
[…]». (Se destaca)
Sin embargo, como se indicó en la decisión de primera instancia, el hecho
de que el acusado estuviese fuera del país, en los términos señalados en
la renuncia, no es constitutivo de fuerza mayor, porque la sola afirmación
de encontrarse fuera del país no se trata de un hecho externo o ajeno a
su voluntad, ni tampoco una circunstancia imprevisible o irresistible.
Al margen de lo expuesto, para la Sala no se puede perder de vista que
el acusado, en el recurso de apelación, radicó su defensa en que no sabía
que había sido designado concejal porque no fue el autor del documento
mediante el cual aceptó la curul en el concejo, pero no dijo nada respecto
de la validez del documento en el que presentó la renuncia a la
corporación; es más, aseguró «que nunca fui informado con anterioridad
a la instalación y posesión del cabildo municipal por la persona que envió
el escrito de aceptación de la curul, motivo por el cual, una vez enterado
20 Ibidem, Archivo PDF denominado “AdjuntoCartaRenuncia.pdf (…)”, pág. 1.
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de ello, presenté renuncia ante la corporación»; es decir, en la apelación
sostuvo que sí fue él quien radicó la renuncia.
No obstante, para fundamentar el desconocimiento de la aceptación de la
curul afirmó que «nunca tuve acceso directo al correo electrónico
gerzudu2023@gmail.com, lo que permitió que alguno de los
colaboradores hubiera tenido la iniciativa (que considero de buena fe)
para realizar el documento, adherir la firma digitalizada en formato jpg
que estaba a disposición de la campaña y, con ello manifestar la
aceptación de la curul», lo que resulta contradictorio, pues en el proceso
está probado que el correo del cual se remitió la renuncia del acusado fue
gerzudu2023@gmail.com y en el recurso de apelación aseguró que sí fue
él quien presentó la renuncia.
En consecuencia, por estar reunidos los requisitos del elemento objetivo,
la Sala pasa a examinar el elemento subjetivo
3.3. Sobre el elemento subjetivo
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
«(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura «está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales». En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso son aplicables en
estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)»21.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que «los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
21 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
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inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito»22. (destacado en la providencia)
En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
constitucional; entonces, la culpabilidad implica que deba estar verificada
la responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la
causal; por ende, la culpabilidad consiste en efectuar un juicio de reproche
sobre la conducta del implicado23.
Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: «(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios»,
y el dolo como «la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro».
En este caso, la solicitud de pérdida de investidura fue radicada el 22 de
noviembre de 2024, por lo tanto, ya había entrado en vigor la Ley 2003
del 19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881
de 201824, la cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de
22
Ibidem.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
24
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
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investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se
ejercerá contra los congresistas [léase para el caso concejal] que con su
conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. A su vez,
el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.
Entonces, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado25.
Del recurso de apelación formulado por el acusado se advierte que su
defensa radica en que no tomó posesión del cargo porque desconocía que
se había enviado una comunicación mediante la cual se indicó la
aceptación de la curul en el concejo, por cuanto aseguró que alguno de
los colaboradores de la campaña a la alcaldía tuvo la iniciativa, de buena
fe, «(…) para realizar el documento, adherir la firma digitalizada al
formato jpg que estaba a disposición de la campaña y, con ello, manifestar
la aceptación de curul en el concejo». Lo anterior quiere significar que,
según lo dicho por el acusado, no conocía que había sido designado
concejal en aplicación del Estatuto de la Oposición.
Sin embargo, tal argumentación no puede ser de recibo porque en el
expediente no está probado el supuesto de hecho del que parte la defensa
del acusado y es que uno de los colaboradores fue quien envió la
comunicación aceptando la curul en el concejo. Por el contrario, lo que sí
está demostrado es que cuando el acusado presentó la renuncia al
concejo municipal afirmó que «(…) lamentablemente no he podido asistir
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
a las sesiones correspondientes por encontrarme fuera del país durante
el presente semestre». De modo que, en dicho documento, que el
acusado no controvierte que haya remitido, no consta que su renuncia se
debió a que desconociera que había sido designado concejal atendiendo
el Estatuto de la Oposición.
Es de precisar que aceptar la argumentación expuesta por el recurrente
se traduciría en despojar de toda validez jurídica el escrito de aceptación
de la curul, el cual, como se indicó en precedencia, no fue tachado en este
proceso26, y que permitiera recolectar las pruebas que demostraran que
el autor de dicho documento no fue el acusado, como se pretende
argumentar en la apelación. Más aún cuando lo cierto es que en el proceso
no reposa ninguna prueba que tenga la incidencia de restarle el mérito
probatorio al escrito de aceptación, y se allegó el formulario E- 26 CON,
en el que consta la designación como concejal del acusado, luego de que
éste manifestara su aceptación, según el contenido del propio formulario.
Adicionalmente, el acusado no puede pretender exonerarse de
responsabilidad por la actuación de uno de sus colaboradores, dado que,
aún en el escenario propuesto por la defensa, tenía el deber de cuidado
respecto de las actividades adelantadas por sus colaboradores, máxime
cuando aquellas tenían que ver con la decisión personal de aceptar o no
una curul en el concejo por haber ocupado el segundo lugar en las
elecciones para la alcaldía municipal. En este punto, se destaca que, quien
26 Acorde con el artículo 270 del Código General del Proceso el trámite de la tacha es el
siguiente: “Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y
pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos
requisitos. // Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez
podrá exigir que se presente el original. // El juez ordenará, a expensas del impugnante,
la reproducción del documento por fotografía u otro medio similar. Dicha reproducción
quedará bajo custodia del juez. // De la tacha se correrá traslado a las otras partes para
que presenten o pidan pruebas en la misma audiencia. // Surtido el traslado se
decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o
un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Tales pruebas deberán producirse en la
oportunidad para practicar las del proceso o incidente en el cual se adujo el documento.
La decisión se reservará para la providencia que resuelva aquellos. En los procesos de
sucesión la tacha deberá tramitarse y resolverse como incidente y en los de ejecución
deberá proponerse como excepción. // El trámite, de la tacha terminará cuando quien
aportó el documento desista de invocarlo como prueba”.
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
se inscribe como candidato a la alcaldía, debe conocer que si ocupa el
segundo lugar en la contienda tiene el derecho personal a aceptar una
curul en el concejo municipal, acorde con el artículo 25 de la Ley 1909 de
2018.
Conforme con las pruebas que obran en el proceso, estas son: (i) el
escrito de aceptación de la curul en el concejo; (ii) el formulario E-26
CON; (iii) el acta de instalación del concejo municipal de Filadelfia del 2
de enero de 2024, y (iv) la renuncia que presentó el acusado al cargo de
concejal, y, teniendo en cuenta que no obra ninguna documental que les
reste mérito probatorio, la Sala concluye que el acusado no tomó posesión
del cargo de manera voluntaria.
A lo que se agrega que la conducta prohibida no está justificada en la
buena fe calificada producto de un error invencible.
En conclusión, están configurados los presupuestos de la causal, porque el
acusado no tomó posesión del cargo de manera intencional y su conducta
no estuvo amparada en un error invencible, por lo que el elemento subjetivo
también está cumplido.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 19 de
diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó
la pérdida de investidura del señor Germán Zuluaga Duque, designado
como concejal del municipio de Filadelfia, (Caldas), para el período
constitucional 2024 – 2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Radicación: 17001 23 33 000 2024 00275 01
Solicitante: Gerardo Valencia Herrera
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó la pérdida de
investidura del señor Germán Zuluaga Duque, designado como concejal
del municipio de Filadelfia, (Caldas), para el período constitucional 2024
– 2027, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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