Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00208-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00208-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2024-00208-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de septiembre de 2024
Radicación: 68001 23 33 000 2024 00208 01
Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00208-01
Solicitante: NISSON ALFREDO VAHOS PÉREZ
Concejal acusada: JESSIKA VIVIANA CAMARGO ARDILA
Tesis: Incurre en causal de pérdida de
investidura quien aspiró al cargo de alcalde
municipal y por haber ocupado el segundo
lugar en la votación manifestó que
aceptaba la curul en el concejo municipal,
y no tomó posesión del cargo dentro de los
tres días siguientes a la instalación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la concejal acusada
en contra de la sentencia proferida el 10 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander que decretó la pérdida de investidura de la
señora Jessika Viviana Camargo Ardila, elegida concejal del Municipio de
Simacota, período constitucional 2024 – 2027.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
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Radicación: 68001 23 33 000 2024 00208 01
Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El señor Nisson Alfredo Vahos Pérez, actuando en nombre propio, solicitó
se decretara la pérdida de investidura de la señora Jessika Viviana
Camargo Ardila, designada concejal del Municipio de Simacota, período
constitucional 2024 – 2027, por considerar que incurrió en la causal
prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es,
por no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la
fecha de instalación del concejo.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El solicitante informó que la señora Jessika Viviana Camargo Ardila se
inscribió como candidata a la Alcaldía de Simacota para el período
constitucional 2024-2027. Explicó que las elecciones se llevaron a cabo el
29 de octubre de 2023 y la señora Camargo Ardila obtuvo la segunda mayor
votación.
Afirmó que la señora Camargo Ardila aceptó la curul en el concejo a través
de comunicación del 31 de octubre de 2023 dirigida a la Comisión
Escrutadora de la Registraduría Municipal de Simacota.
Expuso que, atendiendo la aceptación de la curul, la Comisión Escrutadora
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 31 de octubre de 2023,
profirió el formulario E-26, por medio del cual declaró la elección de nueve
1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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Radicación: 68001 23 33 000 2024 00208 01
Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
concejales en el Municipio de Simacota, entre quienes figuraba la señora
Camargo Ardila.
Aseguró que el 10 de noviembre de 2023 el Concejo Municipal de Simacota
publicó la Resolución nro. 039 por medio de la cual convocó y reglamentó
el concurso público y abierto de méritos para la elección de personero
municipal para el período constitucional 2024 – 2028.
Alegó que, aunque la señora Camargo Ardila fue designada concejal, se
inscribió en el concurso público para la elección de personero municipal de
Simacota.
Acotó que “el 21 de diciembre de 2023, el cabildo municipal de Simacota,
publicó los resultados de la prueba de conocimientos y competencias
laborales presentadas por los aspirantes a dicho cargo, entre ellos la
doctora Camargo Ardila, en el que obtuvo 93 puntos en el primero de los
componentes, destacándose como la nota más alta”.
Manifestó que, por escrito radicado el 21 de diciembre de 2023, la señora
Camargo Ardila renunció a la curul del Concejo Municipal de Simacota.
Añadió que, por lo anterior, la señora Camargo Ardila “no tomó posesión
como Concejal del Municipio de Simacota Santander, pues, inscrita en el
proceso para la provisión del empleo de Personero Municipal de Simacota
(a sabiendas que ya había aceptado la curul en el concejo) y con altas
posibilidades de consolidar su elección, continuó su participación en la
convocatoria, la que finalmente terminó con su elección como Personera
Municipal de Simacota para el período 2024 – 2027”.
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
Arguyó que el 10 de enero de 2024 se llevó a cabo la elección de la señora
Jessika Viviana Camargo Ardila como personara municipal de Simacota.
En cuanto al elemento subjetivo, sostuvo que “la renuncia no fue motivada
en razón alguna de fuerza mayor, sino por motivos personales, y, en
segundo orden la renuncia fue presentada el mismo día en que fueron
publicados los resultados de la prueba de conocimiento por medio de la
Resolución 047 del 21 de diciembre de 2023, en el cual la Dra. Jessika
Viviana Camargo Ardila, apareció con un puntaje superior al resto de
participantes”.
1.3.- La señora Jessika Viviana Camargo Ardila no contestó la solicitud
de pérdida de investidura.
2.- La sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 10 de abril de
2024, decretó la pérdida de investidura de la señora Jessika Viviana
Camargo Ardila, elegida concejal del Municipio de Simacota para el
período constitucional 2024 – 2027.
Como razones de la decisión, examinó, en primer lugar, la configuración
del elemento objetivo. Para ello, expuso que el primer requisito, que
denominó “que la acusada haya sido elegida concejal”, estaba cumplido,
dado que se acreditó que la señora Camargo Ardila fue elegida concejal
del Municipio de Simacota para el período constitucional 2024 – 2027,
como consecuencia de ocupar el segundo lugar en las elecciones de
3 Vistoen el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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alcalde para el referido municipio y manifestar que aceptaba la curul al
concejo en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
Frente al segundo requisito, esto es, “que el concejal electo no se
posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación del concejo”, indicó que también estaba cumplido porque la
señora Camargo Ardila no tomó posesión del cargo de concejal, tal y como
constaba en el acta nro. 02 del 4 de enero de 2024 y la certificación
expedida el 18 de marzo de 2024 por el presidente del concejo municipal.
En cuanto al requisito que “la falta de posesión no sea atribuible a un caso
de fuerza mayor” explicó que los argumentos expuestos por la acusada
en la audiencia pública no tenían vocación de prosperidad. Al respecto,
expuso que “si bien el concejo municipal saliente y entrante, la
registraduría y el CNE guardó silencio en relación con la manifestación
realizada el 21 de diciembre de 2023, este hecho no constituía
impedimento alguno para que se presentara el 1 de enero de 2024 a
tomar posesión del cargo”.
Analizó que “no acredita la estructuración de fuerza mayor el hecho que
desde el 3 de enero de 2024, la Mesa Directiva del Concejo Municipal haya
realizado las labores para llamar a quien seguía en lista de acuerdo con
las reglas de la fórmula repartidora a ocupar el cargo de concejal, toda
vez que, dicho acto se efectuó con fundamento en el escrito que la
acusada presentó el 21 de diciembre de 2023, por lo que evidentemente
no cumple con el requisito de exterioridad o extrañeza, esto es, como se
indicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, no
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
puede alegar la fuerza mayor quien ha contribuido con su conducta a la
realización del hecho alegado”4
Resaltó que, “tal y como lo conceptuó la señora agente del Ministerio
Público, la accionada de manera voluntaria decidió no posesionarse como
concejal, aduciendo razones de carácter personal las cuales por si solas
no constituyen fuerza mayor y no se expresa en la renuncia que se trate
de circunstancias imposibles de resistir, así como tampoco el haberse
presentado al concurso de personera, pues no es una circunstancia
imprevisible (es un cargo de período con unos tiempos específicos en los
que deben desarrollarse estos concursos y tampoco le son impuestos ya
que a ellos se concurre libre y voluntariamente), irresistible (en tanto
inscribirse a dichos concursos es algo que se hace por voluntad del
participante, no es una carga que le impongan), así como tampoco
externa (no es externa porque ella concurre libremente a inscribirse en
dicho concurso, presentar los exámenes y entrevistas)”.
Por último, examinó el elemento subjetivo, y al respecto consideró que
“la accionada incurrió en la causal de pérdida de investidura, dado que es
posible calificar su actuación como negligente, ya que, como lo manifiesta
la parte demandante y la señora agente del Ministerio Público aunque
aceptó ocupar la curul, luego manifestó de manera voluntaria que no
tomaría posesión del cargo sin aducir razones de fuerza mayor para ello,
por lo que, no obró con la diligencia debida para establecer si, luego de
aceptar la curul de concejal de manera expresa, podía renunciar a la
misma y no tomar posesión del cargo”.
4 Cita: “Véase sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024,
en un caso análogo al aquí estudiado. Rad. nro. 15001 2333 000 2023 00307 02
(acumulado) 15001 2333 000 2023 00317 00”.
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Añadió que “tampoco se observa que su conducta esté justificada en la
buena fe calificada, puesto que si bien, en los alegatos de conclusión la
señora Jessika Viviana Camargo Ardila, manifestó que en el momento en
que fue a renunciar se reunió con (i) su equipo político, (ii) los abogados
que estuvieron presentes en la campaña, y (iii) habló con la Registraduría
y delegados del Consejo Nacional Electoral; al expediente no allegó
prueba que acreditara las afirmaciones realizadas”.
Expuso que “la acusada busca ampararse en el hecho de que el Concejo
Municipal, el CNE y la Registraduría hayan guardado silencio respecto de
su manifestación espontánea, libre y voluntaria de (i) renunciar a la curul
que acorde con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 había aceptado y
(ii) no tomar posesión del cargo de concejal del que fue declarada electa
mediante formulario E – 26 del 31 de octubre de 2023; y así evadir los
efectos nocivos de una conducta que estuvo en capacidad de conocer
desde el principio, puesto que (…) el reglamento interno del Concejo
Municipal de Simacota en el paragrafo 4 del artículo 27 mostraba las
consecuencias de no tomar posesión del cargo de concejal dentro de los
tres días contados a partir de la fecha de instalación del período
constitucional del concejo (…) citándose expresamente el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000”.
Manifestó que “la accionada estaba en condiciones de comprender el
hecho o la circunstancia configurativa de la causal de pérdida de
investidura, pues lo cierto es que tuvo la capacidad cognitiva para conocer
y comprender su actuar. En efecto, se pudo constatar que el
incumplimiento de la obligación de tomar posesión dentro del término
previsto en la ley es el resultado de una serie de actos libres y conscientes
de la accionada”.
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Aclaró que “(…) en el presente caso, es necesario rectificar la postura
contenida en la parte considerativa de la sentencia proferida por este
Tribunal dentro del proceso radicado nro. 2023-00739-00 en sentencia
del 26 de febrero de 2024, en la que se indicó que, “no se puede
cuestionar con el mismo racero la decisión de no tomar posesión de quien
alcanzó la curul por voto popular, de quien la obtiene por disposición del
estatuto de la oposición política, pues, frente al primero su dimisión afecta
directamente al electorado que se identificó con ese proyecto, mientras
que en la segunda situación debe tenerse en cuenta que en principio la
voluntad popular se identificaba con un proyecto político tendiente a
desempeñar como primera autoridad administrativa y política del
municipio y no como concejal del ente territorial”; lo anterior en virtud de
la línea fijada por el H. Consejo de Estado en sentencia del 29 de febrero
de 20245(…)”, en la que se sostuvo que la vocación que adquiere quien
ocupa el segundo lugar en las elecciones para alcalde de ser designado
en el concejo deriva precisamente de la confianza que depositó en esa
persona el electorado y una vez el candidato que obtuvo la segunda
votación para alcalde acepta la designación como concejal acepta con ello
las reglas que rigen a los concejales, pues la posición que ahora ocupa es
exactamente la misma de quienes aspiraron a estas curules y su origen
es igualmente idéntico, pues lo que lleva a uno y otro a ocupar la curul es
el voto del electorado.
3.- El recurso de apelación presentado por el apoderado de la
señora Jessika Viviana Camargo Ardila6
5
Cita: “Sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024, en un
caso análogo al aquí estudiado. Rad. No. 15001-23-33-000-2023-00307-02
(acumulado) 15001-23-33-000-2023-00317-00. C.P.: Oswaldo Giraldo López”.
6 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
En el recurso de apelación la acusada solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:
“A. Ocurrencia de defecto fáctico y sustancial en la valoración de la
acreditación del requisito objetivo de la conducta”.
En este punto, expuso que “la posibilidad de tomar posesión del cargo se
dio vedada por dos razones principales: la primera, sobre el errado e
invencible convencimiento que no existía licitud (sic) en renunciar a un
cargo del cual tenía el deber de tomar posesión del mismo -este aspecto
se abordará en el elemento subjetivo-; y el segundo, porque el CNE y
mismo concejo municipal, contaminó la confianza legítima que tenía mi
representada, pues el mismo 2 de enero de 2024 requirió a la autoridad
electoral para que se llamara al que seguía en lista, vedándole la
posibilidad de que ésta pudiera tomar posesión”.
En ese sentido, alegó que el tribunal se abstuvo de reconocer el hecho de
que el 2 de enero de 2024 el concejo municipal requirió a la autoridad
electoral para que llamara a quien seguía en lista.
Acotó que las “mismas consideraciones se hacen en la valoración de la
causa de fuerza mayor, al anotar que era imprevisible, irresistible y un
hecho extraño que el Concejo Municipal, autoridad encargada de realizar
la posesión, hiciera incurrir en error a mi mandante, e iniciara todos los
trámites relativos a la posesión del aspirante a concejal que seguía en
lista de acuerdo a las nuevas reglas de la cifra repartidora, circunstancia
que se constituía como una condición que imposibilitaba el cumplimiento
del deber legal”.
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
Insistió que el tribunal no analizó ni tuvo en cuenta el procedimiento que
el concejo municipal adelantó frente al trámite de la renuncia y el
procedimiento para llamar a quien seguía en orden de lista.
“B. Ocurrencia de un defecto fáctico y sustancial en la valoración y
acreditación del elemento subjetivo”
En este acápite, argumentó que “la Autoridad Judicial señala que existió
negligencia -culpa grave- señalando que mi mandante debía tener
conocimiento de sus deberes y de las causales que pueden llevarlo a
pérdida de investidura”.
Afirmó que el tribunal “da por imperativo e indiscutible la premisa de que
todas las personas deben conocer con total certeza los detalles jurídicos
de las sanciones que se derivan del ejercicio de un cargo público. Es decir,
una cualidad de omnisciencia jurídica acerca del régimen sancionatorio de
los servidores públicos. Esto permite abordar otro reproche a la
argumentación de la sentencia, pues el Tribunal no se refiere al elemento
volitivo y cognitivo de la conducta”. Bajo dicho contexto, expuso que el
convencimiento de la acusada “se vio contaminado por múltiples
interferencias”, tales como:
(i) La carta de renuncia que fue radicada ante la mesa directiva del
concejo que terminó el período el 31 de diciembre de 2023, frente a la
cual nunca recibió una respuesta formal, “es decir, las mismas
autoridades encargados de dar posesión, no advirtieron ni señalaron el
deber inequívoco que existía sobre este”.
(ii) “Luego, el mismo concejo municipal, encargado de dar posesión,
decide tramitar la renuncia de mi mandante en acta de sesión plenaria 01
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
del 01 de enero de 2024, procediendo inmediatamente a llamar al que
seguía en orden de elegibilidad de acuerdo a la cifra repartidora. Con esto,
se reafirmaba el convencimiento de mi mandante que no había obrado de
manera indebida o inadecuada”. Agregó que “si el Concejo hubiera
advertido que la renuncia no era posible (…) mi mandante simplemente
hubiera tomado posesión del cargo para evitar incurrir en la más grave
de las sanciones a sus derechos políticos”.
(iii) “Tal como se acreditó en el expediente, mi mandante también remitió
su renuncia ante el CNE, el 21 de diciembre de 2023, quién debió haberla
recibido e incluso haberle realizado una revisión de competencia en los
términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, los cinco primeros días
luego de su radicación, para haber advertido que no era posible renunciar,
pues en su criterio de acuerdo al reglamento técnico expedido, no se podía
renunciar a un cargo del cual se tenía el deber de tomar posesión del
cargo. A la fecha dicha autoridad continúa guardando silencio”.
Señaló que la confianza legitima no puede analizarse de manera exclusiva
a la luz de la jurisprudencia, “sino también de las autoridades que incluso
tienen la potestad reglamentaria sobre este asunto (…). Por ello, el CNE
desatendió sus deberes como entidad estatal, no valoró la solicitud -
renuncia- que presentó mi mandante, y con ello, provocó que mi
mandante obrara bajo una buena fe calificada”.
(iv) “También contribuyeron a viciar el convencimiento de mi mandante,
el hecho que su grupo político, abogados de campaña y copartidarios no
advirtieran la sanción en que incurriría si no tomaba posesión del cargo,
avalando la carta de renuncia que presentó de manera previa”.
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Radicación: 68001 23 33 000 2024 00208 01
Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
Arguyó que con todos estos elementos estaba acreditado que la acusada
sí obró con buena fe exenta de culpa, “quién no tenía consciencia de las
consecuencias sancionatorias de su actuar al no tomar posesión del
cargo”.
Acotó que el tribunal tampoco explicó “la existencia de la ilicitud sustancial
de la conducta, pues solo se avisa en abstracto que se ven defraudados
algunos principios, sin demostrarse evidencias del grado de afectación o
los daños generados”.
“C. Del deber declarar la excepción de inconvencionalidad o inaplicar la
presente sanción por violación al Pacto de San José”.
Alegó que “la expresión “sin posibilidad de retracto” no es un mero
aspecto de regulación en competencia del CNE, pues el artículo 23 del
Pacto de San José señala que sólo la ley puede reglamentar el ejercicio
de derechos políticos y no una autoridad administrativa como lo es el
CNE”.
Por último, sostuvo que, “si bien el artículo 2 del Pacto de San José
establece que existe un deber de adecuar las normas de derecho interno
a los compromisos adquiridos en clave de la Convención Americana de
Derechos Humanos, tal situación no se ha materializado frente a la
perdida de investidura, pues las sanciones derivadas del mencionado
proceso, debería proferirlas el juez penal a la luz del artículo 23 ya citado.
Así las cosas, se considera esta sanción es inconvencional, y por tanto la
sentencia debe ser revocada, procediendo a la negación de la declaratoria
de perdida de investidura”.
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
4. El recurso de apelación fue concedido el 3 de mayo de 20247.
5. - Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 17
de mayo de 20248.
5.2. Por auto del 28 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la señora Jessika Viviana Camargo Ardila y se negaron las
pruebas pedidas con la alzada9.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 17 de junio de 202410.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con base en lo
7
Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
8
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 01.
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 01.
10
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 01.
11 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
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Radicación: 68001 23 33 000 2024 00208 01
Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201912 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones13.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que la señora Jessika Viviana Camargo Ardila fue designada
concejal del Municipio de Simacota para el período constitucional 2024 -
2027, la parte actora aportó copia del formulario E- 26 CON14, en el que
consta que se declararon electos como concejales de dicho municipio,
entre otros, a la señora Jessika Viviana Camargo Ardila; en su caso, por
aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
3.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el tribunal declaró la pérdida de investidura de
la señora Jessika Viviana Camargo Ardila por cuanto, pese a que aceptó
ocupar una curul en el concejo por aplicación del estatuto de la oposición,
presentó renuncia y no tomó posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la instalación, sin que mediara un motivo de fuerza mayor.
Contra la precitada decisión, la acusada presentó recurso de apelación y
alegó lo siguiente:
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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(i) Está configurada la fuerza mayor para no tomar posesión del cargo
porque el concejo municipal inició “todos los trámites relativos a la
posesión del aspirante a concejal que seguía en lista”15.
(ii) No está configurado el elemento subjetivo porque obró de buena fe
exenta de culpa, por cuanto no tenía conocimiento de las consecuencias
sancionatorias de su actuar y expuso cuatro circunstancias que estima
“contaminaron” su “convencimiento”.
(iii) El tribunal omitió analizar la ilicitud sustancial de la conducta, dado
que “sólo se avisa en abstracto que se ven defraudados algunos
principios, sin demostrarse evidencias del grado de afectación o los daños
generados”16.
(iv) La expresión “sin posibilidad de retracto” establecida en el artículo 2
de la Resolución nro. 2276 de 2019 expedida por el Consejo Nacional
Electoral es contraria al artículo 23 del Pacto de San José que “señala que
sólo la ley puede reglamentar el ejercicio de derechos políticos y no una
autoridad administrativa como lo es el CNE”17.
(v) Finalmente, expuso que la sanción de pérdida de investidura debe ser
proferida por un juez penal como lo señala el artículo 23 del Pacto de San
José.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala (i) examinara si la acusada no
tomó posesión del cargo por una circunstancia de fuerza mayor, de no
15 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
16 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
17 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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estar acreditado, (ii) analizara el elemento subjetivo, acápite en el que se
pronunciará sobre si al expresión “sin posibilidad de retracto” es contraria
al artículo 23 del Pacto de San José, y, (iii) por último, estudiara el
reproche sobre la falta de pronunciamiento sobre la ilicitud sustancial de
la conducta y si la sanción de perdida de investidura es contraria al Pacto
de San José al no ser proferida por un juez penal.
3.1. Sobre si la acusada no tomó posesión del cargo por una
circunstancia de fuerza mayor
En este caso, se recuerda que la parte actora endilgó a la acusada la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000 que establece que los concejales perderán su
investidura por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de los concejos, o la fecha en que
fueron llamados a posesionarse. A su turno, el parágrafo primero ibidem
prevé que dicha causal no tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor.
La inconformidad expuesta por la recurrente radica en que no se configuró
el elemento objetivo debido a que no tomó posesión del cargo porque se
presentó el fenómeno de fuerza mayor, pues era “imprevisible, irresistible
y un hecho extraño que el Concejo Municipal, autoridad encargada de
realizar la posesión, hiciera incurrir en error a mi mandante, e iniciara
todos los trámites relativos a la posesión del aspirante a concejal que
seguía en lista de acuerdo a las nuevas reglas de la cifra repartidora,
circunstancia que se constituía como una condición que imposibilitaba el
cumplimiento del deber legal”18.
18 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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Frente a este motivo de inconformidad, se recuerda que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU – 632 de 201719, explicó que la fuerza
mayor, como eximente de responsabilidad, está señalada en el artículo
6420 del Código Civil, y que “esta causal, por tanto, requiere para obrar
como justificación reunir un conjunto de características, las cuales son
básicamente: (i) que el hecho sea irresistible; (ii) que sea imprevisible y
(iii) que sea externo respecto del obligado”, para concluir que “en este
orden de ideas, es claro para la Corte que para que se constituya la causal
de exoneración descrita en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, es necesario que se presente el fenómeno de fuerza mayor, el cual
para su configuración requiere que quien alega la existencia de la misma
pruebe que la decisión fue externa, es decir, no intervino la voluntad del
interesado en su adopción, ni haya tenido control sobre la situación”.
A su turno, la jurisprudencia de la Corporación21 ha señalado que la fuerza
mayor es una situación imprevisible a la que es imposible resistir, y para
su configuración debe cumplir los siguientes tres requisitos: -)
imprevisibilidad, es decir, “quien aduce el hecho como constitutivo de
fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin de evitar sus
consecuencias porque no podía prever con anterioridad su ocurrencia”; -
) irresistibilidad, implica que “quien alegue la fuerza mayor debe probar
19 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
20 “ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público,
etc”.
21
Al respecto puede verse: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 29 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación nro. 11001- 03-15-000-2018-02616- 01 (PI). (Acumulados
11001-03-15-000-2018-02616-01 y 11001-03-15-000-2018-02672-00).
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que la situación que invoca conllevó la imposibilidad de cumplir o de obrar
de manera diferente a como lo hizo” ,y -) la exterioridad o extrañeza, que
significa que “no puede alegar esa causa quien ha contribuido con su
conducta a la realización del hecho alegado; es decir, el afectado no puede
haber intervenido en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u
obligación, de forma que no haya tenido control sobre la situación ni
injerencia en esta”.
Teniendo en cuenta los requisitos para la configuración de la fuerza
mayor, la Sala considera que en este caso no existe ninguna circunstancia
que sea constitutiva de ella, tal como lo consideró el a quo.
En efecto, la Sala advierte que aunque la acusada, por escrito del 31 de
octubre de 2023, aceptó la curul al concejo municipal en aplicación del
estatuto de oposición, posteriormente, por escrito radicado el 21 de
diciembre de 2023 ante la Registraduría del Estado Civil de Simacota,
manifestó que “renunció por motivos de carácter personal a la credencial
como concejal y en ese orden de ideas no tomaré posesión al cargo como
concejal”22, circunstancia que comprueba que en lugar de tratarse de un
hecho imprevisible, irresistible y externo, la señora Camargo Ardila
decidió no tomar posesión del cargo de concejal, aduciendo para ello
“motivos de carácter personal”, sin explicar cuáles.
Ahora bien, la acusada en el recurso de apelación alegó que era
“imprevisible, irresistible y un hecho extraño que el Concejo Municipal (…)
hiciera incurrir en error a mi mandante, e iniciara todos los trámites
relativos a la posesión del aspirante a concejal que seguía en lista”,
22 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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circunstancia que tampoco configura una fuerza mayor, toda vez que
dicho trámite se adelantó con ocasión del escrito que la acusada radicó el
21 de diciembre de 2023, por lo que evidentemente no cumple con el
requisito de exterioridad o extrañeza; esto es, como se indicó en
precedencia, no puede alegar la fuerza mayor quien ha contribuido con
su conducta a la realización del hecho alegado, tal como lo consideró el a
quo con fundamento en la jurisprudencia de esta Sección. De manera que
este reparo no tiene vocación de prosperidad.
3.2. Sobre el elemento subjetivo y si la expresión “sin posibilidad
de retracto” es contraria al artículo 23 del Pacto de San José
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”23.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
23 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortíz Delgado.
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referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”24. (destacado en la providencia)
En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
constitucional; entonces, la culpabilidad implica que deba estar verificada
la responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la
causal; por ende, la culpabilidad consiste en efectuar un juicio de reproche
sobre la conducta del implicado25.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.
En este caso, la solicitud de pérdida de investidura fue radicada el 28 de
febrero de 2024, por lo tanto, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del
19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
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201826, la cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se
ejercerá contra los congresistas [léase para el caso concejal] que con su
conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. A su vez,
el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.
De contera, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado27.
En ese escenario, la Sala advierte que está acreditado que la señora
Camargo Ardila, en escrito del 21 de diciembre de 2023, manifestó de
manera voluntaria que renunciaba al cargo de concejal que había
aceptado en aplicación del estatuto de la oposición, y en dicho escrito,
afirmó que “no tomaré posesión del cargo como concejal”, por lo que se
advierte que la acusada incurrió en la conducta reprochada [no tomar
posesión del cargo] de manera intencional, aspecto que la acusada no
discutió en el trámite de perdida de investidura.
Por el contrario, lo que sí discute la acusada es que, si bien no tomó
posesión del cargo, actuó con buena fe calificada, por cuanto “no tenía
consciencia de las consecuencias sancionatorias de su actuar al no tomar
26
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
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posesión del cargo” en la medida que su “convencimiento (…) se vio
contaminado por múltiples interferencias”; es decir, la acusada persigue
justificar la conducta de no tomar posesión del cargo en la falta de
conocimiento sobre la sanción que conllevaba su comportamiento y en las
siguientes circunstancias:
(i) La carta de renuncia fue radicada con una anticipación suficiente ante
la mesa directiva del concejo municipal; sin embargo, “nunca recibió una
respuesta formal. Es decir, las mismas autoridades encargadas de dar
posesión, no advirtieron ni señalaron el deber inequívoco que existía
sobre este”28.
(ii) El concejo municipal tramitó “la renuncia (…) en acta de sesión
plenaria 01 del 01 de enero de 2024, procediendo inmediatamente a
llamar al que seguía en orden de elegibilidad (…). Con esto, se reafirmaba
en el convencimiento de mi mandante que no había obrado de manera
indebida o inadecuada”29.
(iii) La acusada también radicó la renuncia al cargo de concejal ante el
Consejo Nacional Electoral, “quien debió haberla recibido e incluso haberle
realizado una revisión de competencia en los términos del artículo 21 de
la Ley 1437 de 2011, los cinco primeros días luego de su radicación, para
haber advertido que no era posible renunciar”30.
(iv) “También contribuyeron a viciar el convencimiento (…) el hecho que
28 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
29 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
30 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
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su grupo político, abogados de campaña y copartidarios no advirtieran la
sanción en que incurriría si no tomaba posesión del cargo, avalando la
carta de renuncia que presentó”31.
En línea con lo expuesto, la acusada reprochó que la sentencia de primera
instancia “da por imperativo e indiscutible la premisa de que todas las
personas deben conocer con total certeza los detalles jurídicos de las
sanciones que se derivan del ejercicio de un cargo público. Es decir, una
cualidad de omnisciencia jurídica acerca del régimen sancionatorio de los
servidores públicos”32.
En cuanto a los precitados motivos de inconformidad, la Sala estima que
no tienen vocación de prosperidad, por cuanto la acusada desconoce que,
de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la ignorancia de la ley no
sirve de excusa para su transgresión, conforme lo establece los artículos
6 y 95 de la Constitución Política, y 9 y 18 del Código Civil.
Adicionalmente, siguiendo la lógica del reproche formulado se llegaría al
absurdo de considerar que “sólo los letrados pueden incurrir en culpa,
pues el iletrado queda exonerado, en la medida en que no actúa con
conocimiento de lo que ordenamiento jurídico dice”33.
En el contexto descrito, la Sala precisa que lo que debe tenerse en cuenta
frente al hecho de que la acusada conocía o no que debía tomar posesión,
luego de aceptar el cargo de concejal, es que la ignorancia de la ley no
sirve de excusa para su transgresión; y, por lo tanto, si no tomó posesión
31 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
32 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de junio de 2024. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente nro. 54001 2333 000
2024 00050 01.
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del cargo, le correspondía acreditar que incurrió en esa transgresión por
un error invencible, que se enmarca en el concepto de buena fe calificada,
pues requiere que el error sea común a la colectividad.
Lo anterior, por cuanto, aunque, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay
por lo menos dos eventos en los cuales sí se configura una razón que
puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado
actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal;
ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que, si ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto.
Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la
cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de conocimiento, la
acusada no alegue simplemente que obró de buena fe, sino que debe
acreditar que obró de buena fe calificada, motivada por un error
invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró́
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adecuadamente de abogados idóneos, no obstante, lo cual incurrió en la
conducta reprochable.
En este caso, la acusada no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y éstas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.
De manera contraria a lo expuesto por la jurisprudencia de esta
Corporación, la acusada pretende sustentar la buena fe calificada
aludiendo a circunstancias que están encaminadas a excusar la conducta
en el hecho de que el concejo municipal, el Consejo Nacional Electoral, así
como su grupo político, abogados de campaña y copartidarios, no le
advirtieron que no era procedente presentar la renuncia al cargo de concejal
y que debía tomar posesión.
Lo anterior significa que la acusada busca justificar que incurrió en la causal
de pérdida de investidura porque las precitadas autoridades no le
advirtieron que no era posible presentar la renuncia, cuando en un juicio de
pérdida de investidura el reproche recae es sobre la conducta de la acusada,
no frente a si las autoridades o el grupo político al que pertenecía tenían el
deber de informarle que no era procedente presentar la renuncia una vez
aceptó la curul al concejo; en ese sentido, lo que le corresponde a la
acusada para excusar la transgresión es demostrar que tomó medidas para
superar el desconocimiento de la consecuencia que implicaba renunciar al
cargo de concejal, luego de aceptarlo, y no tomar posesión, lo que aquí no
ocurre.
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De otro lado, en lo relacionado con el argumento que el concejo municipal
tramitó “la renuncia (…) en acta de sesión plenaria 01 del 01 de enero de
2024, procediendo inmediatamente a llamar al que seguía en orden de
elegibilidad (…). Con esto, se reafirmaba en el convencimiento de mi
mandante que no había obrado de manera indebida o inadecuada”34, la Sala
considera que tampoco tiene la entidad para justificar la conducta, dado
que está acreditado que la acusada desde 21 de diciembre de 2023
manifestó que no tomaría posesión del cargo de concejal, pese a que era
su deber, por haber manifestado que aceptaba la curul.
Aunado a lo dicho, no puede perderse de vista que, acorde con el artículo
25 de la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 2276 de 2019, la acusada tuvo
la libertad de no aceptar la curul de concejal a la que tenía derecho a aspirar
por haber obtenido la segunda votación a la alcaldía del municipio; pero,
una vez hizo uso del mismo, ya no podía declinar, sino solo por causas
constitutivas de fuerza mayor.
En este punto, vale la pena traer a colación el procedimiento que debe
seguirse para hacer efectivo el ejercicio del derecho otorgado por el artículo
25 de la Ley 1909 de 2018, el cual está regulado por la Resolución 2276 del
11 de junio de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que
dispuso:
“[...] Que la Ley 1909 de 2018 adoptó el Estatuto de la oposición
política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes, dentro de los cuales se contempló́ en su artículo 25
que los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral
declare elegidos en los cargos de gobernador de departamento,
alcalde distrital y/o alcalde municipal, tendrán derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en las asambleas departamentales,
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concejos distritales y/o concejos municipales respectivos, durante el
período de estas corporaciones.
Que es necesario establecer el procedimiento y las reglas mediante
las cuales se haga efectivo el ejercido del derecho otorgado, sin que
ello afecte el desarrollo correcto, ininterrumpido, público,
transparente e imparcial de los escrutinios que se realicen con ocasión
de las elecciones de autoridades locales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
DISPONE
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL
EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las 24 horas siguientes
a la declaratoria de elección de los cargos de gobernador, alcalde
distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas departamentales
y concejos distritales y/o municipales respectivamente, los candidatos
que ocuparon el segundo (2) puesto en votación, deberán manifestar
por escrito por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión
de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y
concejos distritales y/o municipales.
En el acta de escrutinio respectiva y E-28 que declare la elección de
alcalde distrital yo municipal y gobernador, deberá́ dejarse constancia
de que candidato ocupó el segundo (2o) lugar en votación, darse
lectura de la misma en la correspondiente audiencia.
La manifestación de que trata el presente artículo, y dentro del
término señalado, podrá́ hacerse ante la comisión escrutadora
encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo uninominal,
o ante la comisión escrutadora competente para declarar las
corporaciones públicas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si vencido el plazo señalado, el candidato
que siga en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en
los cargos de gobernador de departamento alcalde distrital y/o alcalde
municipal, no existe manifestación de aceptación o no de la curul en
la corporación pública en el término establecido se entenderá́ que no
se acepta la respectiva curul, y se dejará la constancia en la
correspondiente acta escrutinio.
(…)
ARTICULO TERCERO: DECLARATORIA DE ELECCIÓN DE LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS. - Vencido el término de que tratan
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los artículos anteriores, la Comisión Escrutadora reanudará la
diligencia de escrutinios y declarará los candidatos electos para las
corporaciones públicas de concejo municipal y/o distrital, o asamblea
departamental, según su competencia, así:
EN CASO DE ACEPTACIÓN: Otorgará la respectiva credencial como
diputados y concejales distritales y/o municipales a quienes ocuparon
los segundos puestos en la votación para gobernador y alcalde,
respectivamente, y a continuación procederá́ a aplicar la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de
las curules restantes de asambleas departamentales y concejos
Distritales y/o Municipales.
EN CASO DE NO ACEPTACIÓN: Aplicará la regla general prevista en
el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de la
totalidad las curules de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y/o Municipales por población.
[...]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas)
La Sala destaca que la expresión “y sin posibilidad de retracto” prevista
en el artículo segundo de la Resolución 2276 del 11 de junio de 2019
expedida por el Consejo Nacional Electoral fue demandada en el medio de
control de nulidad electoral, y la Sección Quinta de esta Corporación, en
sentencia del 16 de diciembre de 2020, consideró que la autoridad
electoral no excedió la potestad reglamentaria, y para ello expuso, entre
otras razones, que “la ley estatutaria al respecto, únicamente se refirió́ a
la obligación de manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul; y, si bien no hizo
manifestación alguna sobre la posibilidad o no de retracto respecto de tal
expresión, lo cierto es que ello incide directamente en el reparto de las
curules, pues en el caso de asambleas y concejos, dicha aceptación
constituye la disminución de un escaño a asignar en la votación obtenida
directamente en los comicios de cada corporación”.
Cabe mencionar que la acusada en el escrito de apelación alegó que la
expresión “sin posibilidad de retracto” no era un aspecto de regulación de
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
competencia del Consejo Nacional Electoral, con fundamento en que el
artículo 23 del Pacto de San José establece que la ley puede reglamentar
el ejercicio de derecho políticos y no una autoridad administrativa.
Frente a este motivo de inconformidad, se reitera que la precitada
sentencia proferida por la Sección Quinta de la Corporación examinó el
cargo de falta de competencia por exceso de la potestad reglamentaria
del Consejo Nacional Electoral y determinó que, “teniendo en cuenta que
la competencia del CNE comporta la expedición de normas de carácter
operativo y administrativo en temas propios de su competencia, se puede
afirmar que tiene la facultad de expedir reglas, con esas características,
relacionadas con la materialización de todo lo referente a la aceptación o
no de la curul en el término indicado”35.
Aunado a lo dicho, el artículo 23 del Pacto de San José no prevé, como lo
manifiesta la acusada, que una autoridad administrativa no pueda expedir
las reglas relacionadas con asuntos de su competencia, sino que señala
que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades” relativos a participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Por lo expuesto, la Sala considera que está configurado el elemento
subjetivo, comoquiera que la señora Jessika Viviana Camargo Ardila, pese
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 16 de diciembre de 2020. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Expediente
radicado nro. 11001 0328 000 2019 00060 001 (acumulado).
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a que aceptó ocupar la curul en el concejo municipal, el 21 de diciembre
de 2023 presentó renuncia y manifestó que no tomaría posesión del
cargo, y no está acreditado que su comportamiento estuviese justificado
en la buena fe calificada producto de un error invencible.
3.3. Sobre la falta de análisis del tribunal de la ilicitud sustancial
de la conducta y si la sanción de pérdida de investidura debe ser
impuesta por un juez penal
La acusada reprochó que el tribunal no explicó “la existencia de la ilicitud
sustancial de la conducta, pues solo se avisa en abstracto que se ven
defraudados algunos principios, sin demostrarse evidencias del grado de
afectación o lo daños generados”36.
En relación con esta inconformidad, la Sección Primera de la Corporación
ha explicado que37 “el ordenamiento jurídico disciplinario tiene establecido
normativamente un concepto propio de antijuridicidad denominado
ilicitud sustancial (…) consistente en que “la conducta del disciplinable
será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin
justificación alguna” (…)” y ha precisado que “la antijuridicidad no podría
analizarse desde la dogmática del derecho penal o del derecho
disciplinario en la medida en que la figura de la pérdida de investidura no
se basa en el daño a un bien jurídico tutelado -lo cual da lugar a la
antijuridicidad material en el derecho penal- ni en el incumplimiento de
deberes funcionales del servidor público- en el contexto del derecho
36 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 25 de noviembre de 2021. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente
radicado nro. 05001 2333 000 2021 00618 01.
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disciplinario”; por consiguiente, este reproche tampoco tiene vocación de
prosperidad.
De otro lado, la acusada alegó que, “si bien el artículo 2 del Pacto de San
José establece que existe un deber de adecuar las normas de derecho
interno a los compromisos adquiridos en clave de la Convención
Americana de Derechos Humanos, tal situación no se ha materializado
frente a la pérdida de investidura, pues las sanciones derivadas del
mencionado proceso, debería proferirlas el juez penal a la luz del artículo
23”38.
Frente a este tipo de reproches, la Sección Primera de la Corporación ya se
ha pronunciado39 en el sentido de indicar, principalmente, que “(vi)
conforme con lo explicado por la Corte Constitucional, lo dispuesto en el
citado artículo 23 debe leerse de manera armónica con las normas que
componen el bloque de constitucionalidad y, por ello, ha entendido que
cualquier autoridad judicial distinta a un juez penal tiene la competencia
para limitar los derechos políticos; (vii) de manera que, lo que cabe
distinguir es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, interpretada
en el contexto de la complementariedad y aclarada por la Corte
Constitucional de Colombia, no ha dicho que la restricción de derechos
políticos no pueda hacerse por parte de los jueces en el marco de sus
competencias atribuidas constitucional y legalmente en el ordenamiento
interno, sino por las autoridades administrativas”.
38 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 2333 000 2024 00208 00.
39 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021. C.P.: Oswaldo Giraldo
López. Expediente radicado nro. 05001 2333 000 2020 00302 01. Igualmente, puede
verse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera,
Sentencia del 9 de junio de 2022. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente radicado nro.
76001 2333 000 2021 00144 01.
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Conforme con lo señalado, la Sala confirmará la sentencia proferida el 10
de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander que decretó
la pérdida de investidura de la señora Jessika Viviana Camargo Ardila,
concejal del Municipio de Simacota, período constitucional 2024 – 2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo de Santander que decretó la pérdida de
investidura de la señora Jessika Viviana Camargo Ardila, concejal del
Municipio de Simacota, período constitucional 2024 – 2027, por las
razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
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Solicitante: Nisson Alfredo Vahos Pérez
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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