Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06387-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06387-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06387-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06387-00
Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Temas: Tutela contra providencia judicial. Pérdida de investidura.
Sentencia SU-292 de 2025. Inmediatez.
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Jessika Viviana Camargo Ardila en
contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 11 de agosto de 2026, Jessika Viviana Camargo Ardila, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
su derecho fundamental al debido proceso. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura con
radicado 68001-23-33-000-2024-00208-01; para, en su lugar, ordenarle a la
autoridad judicial mencionada dictar, dentro de los 30 siguientes a la notificación del
fallo de tutela, una nueva providencia en la que se realice un juicio de culpabilidad
en concreto, se valoren las particularidades del caso (el concurso de méritos, las
actuaciones del Concejo de Simacota y de la Registraduría, el «silencio del Consejo
Nacional Electoral y su elección como personera) y se observe integralmente la ratio
decidendi de la Sentencia SU-292 de 2025.
2. Adicionalmente, peticionó que, mientras se emite la respectiva sentencia, se
comunique la decisión de amparo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Concejo Municipal de Simacota y a la Procuraduría General de la Nación, para los
efectos de los registros y certificaciones sobre sus inhabilidades.
3. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
el señor Nisson Alfredo Vahos Pérez solicitó la declaratoria de pérdida de
investidura de la señora Jessika Viviana Camargo Ardila, quien fue designada
concejal del municipio de Simacota para el período constitucional 2024-2027, al
considerar que aquella incurrió en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, esto es, no tomar posesión del cargo dentro de los 3 días
siguientes a la fecha de instalación del concejo.
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Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
4. La anterior demanda se fundamentó en que la señora Jessika Viviana
Camargo Ardila, tras obtener la segunda mayor votación en las elecciones a la
Alcaldía de Simacota para el período constitucional mencionado, aceptó el 31 de
octubre de 2023 una curul en el Concejo Municipal. Sin embargo, también participó
en el concurso público para la elección de personero de ese municipio, convocado
mediante la Resolución 039 del 10 de noviembre de 2023, dentro del cual obtuvo la
calificación más alta en la prueba de conocimientos y competencias laborales.
5. Por ello, se indicó que el 21 de diciembre de 2023, la señora Camargo Ardila
renunció a dicha curul, por lo cual «no tomó posesión como concejal pues, inscrita
en el proceso para la provisión del empleo de personero municipal de Simacota (a
sabiendas que ya había aceptado la curul en el concejo) y con altas posibilidades
de consolidar su elección, continuó su participación en la convocatoria, la que
finalmente terminó con su elección como Personera Municipal de Simacota para el
período 2024 – 2027». Igualmente, se expuso que el 10 de enero de 2024 se eligió
a la señora Camargo como personera municipal de Simacota.
6. El 10 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander decretó la
pérdida de investidura, al encontrar configurado el elemento objetivo, puesto que se
acreditó que Jessika Viviana Camargo Ardila fue elegida concejal para el período
2024-2027; que aquella no se posesionó dentro de los 3 días siguientes a la
instalación del concejo y que no existió una circunstancia de fuerza mayor que
justificara su conducta. Además, estimó acreditado el elemento subjetivo, pues
actuó de manera negligente al aceptar la curul y posteriormente decidir no
posesionarse.
7. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, frente al elemento objetivo, indicó que existieron circunstancias que
imposibilitaron la toma de posesión del cargo, entre ellas el trámite de la renuncia y
la actuación del Concejo Municipal, que el 2 de enero de 2024 requirió a la autoridad
electoral para llamar a quien seguía en lista. Alegó que el tribunal no analizó ni tuvo
en cuenta este procedimiento ni la confianza legítima generada por las actuaciones
del Concejo.
8. Adicionalmente, en relación con el elemento subjetivo, afirmó que actuó de
buena fe y sin conocimiento de las consecuencias sancionatorias de no tomar
posesión. Expuso que su convencimiento estuvo influenciado por la falta de
respuesta a su renuncia, la actuación del Concejo Municipal, el silencio del CNE y
la orientación de su grupo político, abogados de campaña y copartidarios. Por ello,
consideró acreditada la buena fe exenta de culpa. Además, cuestionó que el juez
de primera instancia no hubiese explicado la ilicitud sustancial ni demostrado el
grado de afectación de los principios involucrados.
9. Finalmente, sostuvo que la expresión «sin posibilidad de retracto» no podía
ser regulada por el CNE, por cuanto el artículo 23 de la Convención Americana
establece que los derechos políticos solo pueden reglamentarse mediante ley.
Asimismo, alegó que la pérdida de investidura debía ser impuesta por un juez penal
y que, al no adecuarse el régimen interno a la Convención Americana, la sanción
resultaba inconvencional.
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10. El 19 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la sentencia de primera instancia. Para soportar su decisión, explicó que
se configuró el elemento subjetivo, dado que la señora Camargo Ardila, a pesar de
que aceptó ocupar la curul en el concejo municipal, el 21 de diciembre de 2023
presentó renuncia y manifestó que no tomaría posesión del cargo, y no está
acreditado que su comportamiento estuviese justificado en la buena fe calificada
producto de un error invencible.
11. Adicionalmente, indicó que no se configuró una fuerza mayor, pues el
trámite de posesión se inició con ocasión del escrito que la demandada radicó el 21
de diciembre de 2023, por lo que no se cumple el requisito de exterioridad o
extrañeza, dado que quien contribuye con su conducta a la realización del hecho no
puede alegar fuerza mayor.
12. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que la
providencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 19 de
septiembre de 2024 incurrió en violación directa de la Constitución Política, puesto
que dicha providencia dedujo la culpa grave de los mismos hechos del elemento
objetivo de la causa: la renuncia voluntaria y la irretractabilidad de la aceptación, sin
realizarse un juicio en concreto sobre su conocimiento y su voluntad.
13. Al respecto, sostuvo que el anterior razonamiento reproduce la estructura
que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-292 de 2025, encontró
inconstitucional, ya que la aceptación de la curul, la renuncia posterior y la falta de
posesión son los hechos que configuran el elemento objetivo de la causal del
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, de manera que derivar de esos
mismos hechos la culpa grave equivale a presumirla, es decir, a sancionar bajo un
régimen de responsabilidad objetiva. Añadió que la culpa grave, como presupuesto
de culpabilidad, exige analizar en concreto la conducta y comprobar una negligencia
de tal magnitud que permita inferir que la acusada, consciente del resultado, decidió
actuar.
14. Adicionalmente, manifestó que se configuró la causal de defecto fáctico, en
su dimensión negativa, puesto que no se valoró el motivo real de la renuncia, esto
es, haber superado el concurso de méritos para la Personería de Simacota.
Además, aseveró que la providencia cuestionada restó toda entidad a las
actuaciones oficiales que crearon en la accionante un estado de confianza: el
trámite de la renuncia por el propio Concejo en la sesión de instalación, el llamado
a quien seguía en lista dentro del término de posesión, el oficio de la Registraduría
del 3 de enero de 2024, el silencio del Consejo Nacional Electoral y la Resolución
08 de 2024 que la eligió personera.
15. En ese sentido, adujo que esas actuaciones fueron precisamente el motivo
por el cual se convenció de que su renuncia había sido bien tramitada y de que no
debía tomar posesión del cargo, toda vez que, según la sentencia de unificación
mencionada «sería irrazonable exigirle al actor […] que se posesionara en la curul
cuando existía un acto administrativo que aceptaba su renuncia» con mayor razón
es irrazonable exigírselo a quien, dentro del término mismo de posesión, vio cómo
la corporación disponía de su curul, llamaba a su reemplazo y días después la elegía
personera, de ahí que el estado de confianza que la unificación protege no depende
del nombre del acto (resolución o acta de plenaria), sino de que provenga de la
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administración, goce de presunción de legalidad y genere un convencimiento
razonable, todo lo que concurre en su caso.
16. Finalmente, afirmó que se incurrió en defecto sustantivo, dado que el
proveído censurado solo admitió como exoneración la jurisprudencia favorable
vigente o la asesoría profesional idónea. Sin embargo, la SU-292 de 2025 descartó
ese esquema cerrado, por cuanto la buena fe calificada «debe ser ampliada» y el
juez debe valorar las particularidades de cada caso concreto.
17. De otra parte, frente al requisito de inmediatez, aseguró que la acción de
tutela no tiene término de caducidad, lo que no quiere decir que esta pueda
interponerse en cualquier tiempo, toda vez que el juicio de razonabilidad sobre su
radicación atiende a la finalidad del amparo, la situación del afectado y la naturaleza
de la vulneración.
18. En esa medida, estimó que en el caso de la pérdida de investidura la
sanción no se agotó con la ejecutoria del fallo, sino que allí comenzó. Al respecto,
indicó que la Sentencia SU-292 de 2025, dictada en un caso similar, señaló que esa
decisión «conlleva la consecuencia de una inhabilidad permanente para ser elegido
en cargos de elección popular».
19. Por tanto, sostuvo que la inmediatez debe medirse entre la vulneración
actual y el remedio solicitado, no entre la ejecutoria de la decisión y la presentación
de la tutela, dado que la afectación persiste, pues la inhabilidad que pesa sobre ella
tiene efectos permanentes sobre sus derechos políticos. Por ello, estimó que existe
una relación de inmediatez entre la lesión actual y el amparo solicitado para hacerla
cesar hacia el futuro.
20. Aunado a lo anterior, expuso que antes del 2 de julio de 2025, la
jurisprudencia de la Sección Primera era uniforme, por lo que la providencia de
unificación mencionada constituyó un hecho nuevo que modificó el parámetro de
control y permitió ejercer una defensa efectiva. En consecuencia, el término
transcurrido desde esa decisión resulta razonable y proporcionado.
Intervenciones1
21. La Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que la presente acción
no cumple con el requisito general de inmediatez, toda vez que la sentencia
cuestionada fue notificada en octubre de 2024 y la tutela se radicó el 12 de agosto
de 2026, sin que se acreditara una situación especial que justificara flexibilizar dicho
requisito. Señaló que la afectación alegada se produjo con la expedición de la
sentencia y que la pérdida de investidura, aunque tenga efectos permanentes, no
implica una vulneración actual y continua. Asimismo, indicó que la sentencia SU-
292 de 2025 no puede modificar el cómputo de la inmediatez, pues la tutela fue
presentada más de un año después de su expedición.
1 El 19 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado;
se vinculó al Tribunal Administrativo de Santander, al señor Nisson Alfredo Vahos Pérez, a la Procuraduría 158
Judicial II para Asuntos Administrativos y al Concejo Municipal de Simacota; y se negó la medida provisional
solicitada, al considerarse que los elementos de juicio aportados no acreditan la existencia de un perjuicio
irremediable que deba ser evitado de forma inmediata, toda vez que no se acreditó una amenaza actual, grave
y cierta que comprometa de manera irreversible los derechos fundamentales invocados.
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22. En caso de encontrarse superados los requisitos generales de procedencia,
indicó que los defectos alegados no pueden fundamentarse en la sentencia SU-292
de 2025, por ser posterior a la providencia cuestionada, por lo que no constituía un
precedente aplicable al momento de su expedición. Además, aseguró que no existe
identidad fáctica y jurídica entre ambos asuntos, debido a que en el escrito de tutela
no se identificó cuál era el acto administrativo mediante el cual, previo a la sesión
de instalación del concejo en el que tomaría posesión, se aceptó la renuncia al cargo
y que no fue valorado en la sentencia censurada.
23. Agregó que el mismo proveído de unificación resaltó que la expedición del
acto administrativo mediante el cual se aceptó la renuncia era un elemento
diferencial frente a otros asuntos que conoció la Sección Primera, dentro de los
cuales, seguidamente, enlistó el proceso objeto de esta acción de tutela. En esos
términos, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto,
negar el amparo deprecado.
24. El Tribunal Administrativo de Santander, luego de hacer un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso de pérdida de investidura, aclaró que el
precedente invocado no presenta identidad fáctica, pues si bien ambos asuntos se
relacionan con curules de oposición, renuncias presentadas antes de la posesión y
procesos de pérdida de investidura, la circunstancia determinante de la SU-292 de
2025 no aparece acreditada en este expediente.
25. De igual forma, manifestó que no se estructuraron los defectos invocados,
comoquiera que, de un lado, identificó y valoró los documentos relativos a la
aceptación de la curul, la renuncia, el traslado efectuado por la Registraduría, las
actas del Concejo, el llamamiento y posesión del reemplazo, el concurso de
personero y la comunicación remitida al CNE; y, del otro, se reconoció el carácter
sancionatorio de la pérdida de investidura, la exigencia de responsabilidad subjetiva
y la necesidad de proteger el debido proceso ya que la sanción se fundó en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en la Ley 1881 de 2018, modificada
por la Ley 2003 de 2019, y en la regulación del Estatuto de la Oposición.
26. Además, precisó que la Sentencia SU-292 de 2025 no modificó esa
conclusión ni efectuó control directo de convencionalidad; concentró el amparo en
el defecto fáctico relacionado con la valoración de un acto administrativo de
aceptación de la renuncia. En ese orden de ideas, solicitó negar el amparo
deprecado en relación con esa corporación judicial y, de forma subsidiaria, adoptar
la decisión que en derecho corresponda con estricta sujeción a las pruebas del
expediente y al alcance específico de la Sentencia SU-292 de 2025, sin extender
su regla a supuestos que no presenten la existencia de un acto administrativo
expreso de aceptación de la renuncia con incidencia demostrada en la buena fe
calificada y la confianza legítima.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
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80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial la exigencia de inmediatez, si la
providencia dictada el 19 de septiembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo
de Estado vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al
incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución
Política.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplirse con el
requisito general de inmediatez, de acuerdo con las razones que pasan a
exponerse:
30. Revisadas cada una de las actuaciones judiciales adelantadas en el
proceso de pérdida de investidura, la Sala observa que el 19 de septiembre de 2024
la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se declaró la pérdida de
investidura de la señora Jessika Viviana Camargo Ardila. En esa medida, se repara
que la providencia mencionada fue notificada por mensaje de datos el 4 de octubre
de 2024, por lo que el término de ejecutoria empezó a correr el 9 de octubre de 2024
y finalizó el 11 de igual mes y anualidad2.
31. Ahora, si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad3.
32. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20144, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
2 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. «Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos» y la Ley 2213 de 2022, artículo 8, inciso 3.°«la notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje».
3 Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
4 Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
33. En ese orden de ideas, el término para presentar la acción de tutela
finalizaba el 21 de abril de 2025; sin embargo, la solicitud de amparo, según la
información que reposa en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, fue instaurada
hasta el 11 de agosto de 2026, por lo que la accionante superó el término de 6
meses establecidos jurisprudencialmente para cuestionar a través de este
mecanismo una providencia judicial.
34. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si
la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por tanto,
le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen razones
válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de debilidad
manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión5.
35. Sobre el particular, al revisar el escrito de tutela, la Sala advierte que la parte
accionante no demostró alguna circunstancia especial o un estado de vulnerabilidad
que le hubiese impedido acudir oportunamente ante el juez constitucional.
Adicionalmente, frente a la afirmación según la cual la pérdida de investidura genera
una vulneración actual y permanente de los derechos fundamentales por cuanto
comporta una inhabilidad de carácter permanente, debe precisarse que la causa
que presuntamente dio origen a la vulneración de los derechos fundamentales que
reclama la accionante se concretó con la expedición de la providencia judicial
cuestionada, actuación que se agotó en un solo momento y cuya eventual
prolongación de efectos no convierte la afectación alegada en un hecho nuevo,
continuo o autónomo que permita reabrir indefinidamente el término para acudir a
la acción de tutela.
36. Lo anterior se refuerza con el hecho de que la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-292 de 2025, no contabilizó el término de inmediatez a partir de la
permanencia de la inhabilidad derivada de la sanción, sino que tomó como punto de
referencia la fecha de expedición de la providencia cuestionada y concluyó que la
solicitud de amparo se había interpuesto oportunamente, de manera que dicha
providencia no estableció que, por tratarse de una sanción con efectos
permanentes, dicho plazo pudiera computarse mientras subsistiera la inhabilidad
37. Finalmente, en relación con el cargo consistente en que la Sentencia SU-
292 de 2025 constituyó un hecho nuevo que habilitó a la parte actora para acudir a
la tutela y, por tanto, el término debía contabilizarse desde esa decisión, se repara
en que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-461 de 2019, precisó que «no en
todos los casos una sentencia de unificación puede constituirse en un hecho nuevo,
susceptible de ser valorado por el juez de tutela como un elemento adicional que
implica la contabilización del término razonable de interposición (presupuesto de
inmediatez) desde otro momento en las acciones de tutela contra providencia
judicial. En particular, únicamente las sentencias de unificación que hubieren
5 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.
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modificado drásticamente la jurisprudencia pueden ser consideradas como un
hecho nuevo que permita, a partir de ellas, reexaminar asuntos fundados en hechos
acaecidos tiempo atrás, de manera que exista una nueva posición sobre el asunto
objeto de debate, es decir, “que cambie de manera drástica las circunstancias del
caso concreto”».
38. En ese sentido, al analizar la sentencia de unificación mencionada, la Sala
concluye que este no constituye un hecho nuevo que permita flexibilizar el examen
de inmediatez, pues, contrario a lo manifestado por la parte actora, existe una
diferencia fáctica relevante consistente en que, en el caso allí analizado existía una
resolución expresa, previa y amparada por presunción de legalidad que aceptaba la
renuncia; mientras que en el proceso que aquí se estudia existieron la presentación
y traslado de la renuncia, su lectura en sesión y las actuaciones posteriores para
proveer la curul, pero no una resolución equivalente que hubiera aceptado
formalmente la dimisión antes de la fecha de posesión.
39. Así las cosas, la invocación de este pronunciamiento jurisprudencial no
modifica la contabilización del término de inmediatez, de manera que, como se
explicó en precedencia, dicho plazo debe contabilizarse a partir del día siguiente a
la ejecutoria de la providencia aquí cuestionada, pues admitir lo contrario
desconocería por completo la institución de la cosa juzgada, alteraría la seguridad
jurídica que con ella se ampara y generaría un riesgo para la independencia y la
autonomía de los jueces, quienes estarían sujetos a decisiones con efectos inter
partes, que en principio, no tienen vocación de modificar la fuerza normativa de las
decisiones que han sido proferidas para otros casos en concreto.
40. Por tanto, al no haberse satisfecho el requisito general de procedencia aquí
estudiado ni acreditado siquiera sumariamente alguna circunstancia que justificara
su inactividad, la Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada por
Jessika Viviana Camargo Ardila.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Jessika Viviana Camargo Ardila en contra de la Sección Primera del Consejo de
Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: Jessika Viviana Camargo Ardila
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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