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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00050-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00050-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que decretó la pérdida de investidura del señor Diomar Contreras Pallares, concejal del Municipio de El Carmen, período constitucional 2024- 2027. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01 Solicitante: Emilio Bonett Lozano Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2024-00050-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de junio de 2024

Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00050-01
Solicitante: EMILIO BONETT LOZANO
Concejal acusado: DIOMAR CONTRERAS PALLARES

Tesis: Incurre en causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades el concejal
que suscribió un contrato, durante el año anterior
a la elección, con el municipio en el que resultó
elegido.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el concejal
acusado y el Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos en
contra de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que decretó la pérdida de
investidura del señor Diomar Contreras Pallares, elegido concejal del
Municipio de El Carmen, período constitucional 2024 – 2027.

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Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Emilio Bonett Lozano, actuando en nombre propio, solicitó se
decrete la pérdida de investidura del señor Diomar Contreras Pallares por
considerar que incurrió en la causal prevista en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 3 del artículo
43 ibidem.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El solicitante informó que el señor Diomar Contreras Pallares fue elegido
concejal del Municipio de El Carmen, Norte de Santander, para el período
constitucional 2024-2027, y que tomó posesión del cargo el 2 de enero de
2024.

Aseguró que el concejal acusado, en calidad de representante legal de la
Asociación de Aguacates y Frutales del Municipio de El Carmen - AFRUCAR,
suscribió el 14 de agosto de 2023 un contrato de comodato de un bien
inmueble con el Municipio de El Carmen, con el “objetivo de construir una
bodega para comercializar sus productos para el beneficio de los asociados
de AFRUCAR”.

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Alegó que el concejal acusado infringió el régimen de inhabilidades por
cuanto “suscribió el negocio jurídico o el contrato un año antes de la fecha
de elección”.

1.3.- El concejal Diomar Contreras Pallares no contestó la solicitud de
pérdida de investidura.

2.- La sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Norte Santander, en sentencia proferida el
6 de marzo de 2024, decretó la pérdida de investidura del señor Diomar
Contreras Pallares, elegido concejal del Municipio de El Carmen, período
constitucional 2024-2027.

Explicó que la inhabilidad que la parte actora endilgó al acusado fue la
prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
específicamente, la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel, en interés propio o de terceros, un año antes de la
elección.

Indicó que los requisitos que debían estar reunidos para la configuración
del elemento objetivo de la causal eran celebrar un contrato: i) con una
entidad pública de cualquier nivel; ii) en interés propio o de terceros; iii)
durante el año anterior a la elección como concejal, y iv) ejecutarlo en el
mismo municipio en el que resultó electo.

En cuanto al primer elemento, sostuvo que estaba cumplido, porque en
el expediente obra copia del contrato de comodato nro. 001, suscrito el

3 Vistoen el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

14 de agosto de 2023 por el alcalde del Municipio de El Carmen, Norte de
Santander y por el señor Diomar Contreras Pallares en calidad de
representante legal de la Asociación de Aguacates y Frutales del Municipio
de El Carmen - “AFRUCAR”.

Frente al segundo elemento, consideró que también se cumplía, dado que
“se evidencia la existencia de un interés por parte del concejal
demandado, quien en su calidad de representante legal de la Asociación
de Aguacates y Frutales del Municipio de El Carmen, celebró el contrato
de comodato, cuyo objeto fue la entrega de un bien inmueble ubicado en
dicho ente territorial, destinado a construir una bodega para comercializar
sus productos, para el beneficio de los asociados, lo que impone concluir
que el referido contrato le reportaba un beneficio tanto a él como a
terceros, al recibir un inmueble a través del cual podría comercializar los
productos de la asociación de la cual fungía como representante legal y
en beneficio de los asociados”.

En lo relativo al tercer elemento, señaló que estaba acreditado, porque el
contrato de comodato se suscribió el 14 de agosto de 2023 y la elección
del concejal acusado fue el 1 de noviembre de 2023, por lo que el
“contrato de comodato suscrito entre el demandado y el Municipio de El
Carmen – Norte de Santander se celebró dentro del período inhabilitante”.

En relación con el cuarto requisito, indicó que estaba igualmente
superado, porque en el objeto del contrato se pactó que “EL COMODANTE
entrega al COMODATARIO y este recibe, a título de comodato o préstamo
de uso el inmueble ubicado en el Municipio de El Carmen, Norte de
Santander, en la Granja la Unión Montecristo”.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Concluyó que el elemento objetivo de la causal estaba acreditado y agregó
que dicha circunstancia “no fue desconocida por el apoderado del
demandado en su intervención realizada en la audiencia pública”.

Superado lo anterior, examinó la configuración del elemento subjetivo. En
este aspecto, estimó que el acusado “tenía la obligación de conocer y
comprender tanto los requisitos y calidades con los que tiene que contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, como la existencia de
las inhabilidades que le imposibilitaban serlo y no obstante optó por
celebrar el contrato de comodato con el municipio de El Carmen faltando
tan solo 2 meses y 15 días calendarios para que se llevaran a cabo las
elecciones, proceder que se deriva en negligente y descuidado, al no
verificar el régimen de inhabilidades, sin que sea dable afirmar que el
desconocimiento del mismo lo exoneraba de la correspondiente
responsabilidad”.

Agregó que “la carga de la prueba sobre el conocimiento de la inhabilidad
correspondía a la parte demandada quien en la audiencia pública adujo
que no existe actuación con dolo o culpa por parte del demandado, pues
éste es quien conoce de primera mano su grado de formación, profesión,
así como los actos que hubiese podido realizar para conocer el régimen
de inhabilidades, como por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse
frente a la configuración o no del régimen de inhabilidades, ello en
atención a su aspiración al citado cargo de elección popular; sin embargo,
no allegó al proceso prueba alguna que permita determinar o concluir que
el señor Diomar Contreras Pallares obró con el cuidado requerido o que
adelantó gestiones en tal sentido, lo que constituye una conducta
culposa”.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Expuso que, “conforme con la presunción establecida en los artículos 9 y
18 del Código Civil, según los cuales, la ignorancia de las leyes no sirve
de excusa y que la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los
extranjeros residentes en Colombia, respectivamente, y teniendo en
cuenta la aspiración del demandado a ser concejal, este tenía la obligación
de conocer no solamente las calidades para ser elegido como tal, sino
también sobre la prohibición que configura la inhabilidad, establecida en
el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 modificada por el artículo 40 de
la Ley 617, razón por la cual, la Sala tiene por acreditado el elemento
subjetivo”.

3.- El recurso de apelación presentado por el concejal acusado4

Adujo que, “para definir el elemento subjetivo en el caso concreto, el
análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor Diomar
Contreras Pallares conocía o debía conocer que la conducta
correspondiente a la violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de interés es contraria a las normas y
principios establecidos en la Constitución Política y en la ley y si conocía
o debía conocer que su conducta, consistente en celebrar contrato de
comodato con una entidad pública, mientras ostentaba la condición de
candidato a la corporación concejo municipal, se encontraba prohibida en
la Ley 136 de 1994; ello con miras a determinar si su conducta fue dolosa
o gravemente culposa. No obstante, el fallo apelado solo se limita a
reprochar que el señor Diomar Contreras Pallares tenía la obligación de
conocer y comprender tanto los requisitos y calidades con los que tiene
que contar un candidato para ser elegido concejal municipal, sin

4 Vistoen el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

determinar la configuración del elemento subjetivo de la causal expresada
por el accionante en la demanda”.

4.- El recurso de apelación presentado por el Procurador 24
Judicial II para Asuntos Administrativos5

Solicitó revocar la sentencia de primera instancia porque, si bien estaban
reunidos los requisitos para la configuración del elemento objetivo, la
parte actora no cumplió con la carga de probar la estructuración del
elemento subjetivo, en el sentido de que la conducta se hubiera hecho de
manera dolosa o gravemente culposa.

Aludió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
para explicar la manera en cómo estimaba se debía examinar el elemento
subjetivo, y concluyó que “las pruebas obrantes no permiten deducir que
el concejal demandado incurrió en la causal de inhabilidad reprochada con
culpabilidad -dolo o culpa grave-, es decir, que “conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y que su voluntad se enderezó a esa
acción”.

Agregó que para sancionar en el juicio de pérdida de investidura es
necesario “acreditar la conciencia y voluntad para desarrollar la conducta
constitutiva de pérdida de investidura” y que, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, “para determinar la existencia de la culpa grave o
del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el
Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares
del caso”.

5 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Señaló que “el estudio del elemento subjetivo requiere el análisis del dolo
y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un concepto que está
ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad”.

En ese sentido, alegó que, para determinar la configuración del elemento
subjetivo, “el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor
Diomar Contreras Pallares conocía o debía conocer que no podía ser
inscrito como candidato ni elegido concejal, “quien dentro del año anterior
a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito”, por constituir causal de inhabilidad; ello con miras a
determinar si su conducta fue dolosa o gravemente culposa (…)”.

Explicó que, para determinar si la conducta fue dolosa o gravemente
culposa, se debían tener en cuenta las condiciones personales y las
circunstancias externas que influyeron en la conducta del acusado.

Argumentó que en el expediente no constaban los precitados aspectos,
toda vez que “nada se sabe de las condiciones personales del demandado,
de su origen, de su nivel de estudios, tampoco de las circunstancias
externas que influyeron en la conducta del demandado pues el
demandante solo allegó pruebas de la demostración objetiva de la causal
de inhabilidad (…), ante tal panorama, atendiendo la naturaleza
sancionatoria de la pérdida de investidura se impone la aplicación estricta
de ciertas garantías procesales, entre ellas, los principios pro homine, in
dubio pro reo y de favorabilidad, aplicables en el caso sub examine, las

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

cuales implican que el juez está obligado a resolver la duda razonable en
favor del demandado y a aplicar una normativa más favorable”.

Por último, reiteró que “la parte demandante no cumplió con la carga de
probar la configuración del elemento subjetivo, con el objeto de que se
declarara la desinvestidura del demandado”, y que “no es de recibo
invertir la carga de la prueba para imponer al demandado la obligación de
probar su ausencia de responsabilidad”.

5.- El recurso de apelación fue concedido el 9 de abril de 20246.

6.- Trámite de segunda

6.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 11
de abril de 20247.

6.2. Por auto del 26 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación8.

6.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 20 de mayo de 20249.

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Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.
7
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 01.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 01.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 01.

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Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200010 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201911 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones12.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Diomar Contreras Pallares fue elegido concejal
del Municipio de El Carmen, Norte de Santander, para el período
constitucional 2024 -2027, la parte actora aportó copia del formulario E –
2613, en el que consta que se declararon electos como concejales de dicho
municipio, entre otros, al señor Diomar Contreras Pallares.

10 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
13 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Adicionalmente, la parte actora aportó el acta de sesión de instalación y
posesión del Concejo Municipal de El Carmen del 2 de enero de 2024 en
la que consta que el señor Diomar Contreras Pallares tomó posesión del
cargo14.

4.- Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, la sentencia de primera instancia declaró la
pérdida de investidura por cuanto estaba acreditado el elemento objetivo,
dado que el concejal, en calidad de representante legal de la asociación
AFRUCAR, suscribió un contrato de comodato con la Alcaldía del Municipio
de El Carmen dentro del año anterior a su elección. Frente al elemento
subjetivo, indicó que el acusado debía conocer el régimen de inhabilidades
para aspirar al cargo de concejal y no allegó ninguna prueba que
demostrara que adelantó alguna gestión para determinar si siendo
candidato al concejo podía suscribir el contrato.

El apoderado del concejal apeló la decisión y alegó que, para examinar el
elemento subjetivo, se debía establecer si el concejal conocía o debía
conocer que la suscripción del contrato constituía una causal de
inhabilidad; no obstante, la sentencia de primera instancia reprochó que
el concejal tenía la obligación de conocer tal circunstancia “sin determinar
la configuración del elemento subjetivo”.

Igualmente, el Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos
apeló la decisión con fundamento en que el elemento subjetivo no está
cumplido. En esa medida, indicó que, para determinar si el concejal actuó

14 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 2333 000 2024 00050 00.

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Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

con dolo o culpa grave, se debía tener en cuenta si conocía o debía
conocer que la suscripción del contrato comportaba una inhabilidad,
además de examinar las condiciones personales y las circunstancias
externas que influyeron la conducta, pero en el expediente no obra prueba
sobre ninguno de los dos aspectos, por lo que eran aplicables los principios
pro homine, in dubio pro reo y favorabilidad. Por último, acotó que la
carga de probar la configuración del elemento subjetivo era de la parte
actora y que no era admisible que se obligara al acusado a acreditar la
falta de responsabilidad.

Entonces, como quiera que todas las partes reconocen que se ha
configurado la existencia del elemento objetivo, la sala enfocará la
argumentación sobre el elemento subjetivo, respecto del cual gira la
controversia en el recurso de apelación.

4.1. Elemento subjetivo

Así como el elemento objetivo de la pérdida de investidura corresponde
al principio de tipicidad del derecho sancionador del Estado, el elemento
subjetivo de esta acción pública tiene que ver con la culpabilidad.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese
orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables

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Solicitante: Emilio Bonett Lozano

en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”15.

En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”16. (destacado en la providencia)

La Corte Constitucional en la precitada sentencia SU – 424 de 2016 indicó
que “el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva,
y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta típica, antijurídica y culpable”. (Se
destaca)

A estos efectos, y como lo indicó la Corte, es indispensable recordar que
la responsabilidad subjetiva, en materia sancionatoria, exige la
concurrencia de tres elementos, a saber: la tipicidad, la antijuridicidad y
la culpabilidad. Así, es típica la conducta que se enmarca en la regulación
que la prohíbe; antijurídica, cuando no hay en el ordenamiento jurídico
razón que la justifique, no obstante, su tipicidad, y culpable, cuando la
conducta, en sí misma considerada, ha sido realizada por el acusado a

15 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortíz Delgado.
16
Ibidem.

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Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

título de dolo o culpa, para el caso que nos ocupa, grave, de acuerdo con
la definición que trae nuestro código civil, en su artículo 63.

Ahora, para entender a cabalidad el alcance de la figura y abordar los
reproches que hacen a la sentencia de primera instancia el apelante y el
agente del ministerio público, es necesario distinguir entre el fenómeno
de la culpabilidad y el fenómeno de la antijuridicidad de la conducta, pues
es evidente que ambos conceptos han llevado a equívocos, cuando se
trata del examen de la responsabilidad subjetiva.

Al efecto, lo primero que debe ser tenido en cuenta es que la culpabilidad
implica un juicio de reproche sobre la conducta del acusado y se puede
incurrir en ella a través de dos modalidades, dolo o culpa grave17,
independientemente de lo que el ordenamiento jurídico diga al respecto.
Entonces, para el caso que se analiza, lo que debe observar el juez es si
el concejal celebró el contrato respectivo intencionalmente, no si lo
celebró a sabiendas que estaba incurriendo en causal de inhabilidad, pues
este último reproche no recae sobre la conducta del implicado, sino sobre
la configuración de la causal, que es un asunto de carácter normativo.

Por su parte, el concepto de la antijuridicidad exige, además, que la
conducta intencional no esté justificada; entonces, si el acusado incurre,
con intención o con culpa grave, en la conducta que se le reprocha, éste
puede exonerarse de responsabilidad aduciendo la justificación
correspondiente, ya sea porque el ordenamiento jurídico establezca la
respectiva causal de justificación o porque se acredite dentro del proceso
que le era imposible actuar de otra manera.

17 Al respecto, puede verse la sentencia proferida por la Sección Primera el 2 de diciembre

de 2021 en el expediente con radicado nro. 05001 2333 000 2020 00302 01. C.P.:
Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 54001 23 33 000 2024 00050 01
Solicitante: Emilio Bonett Lozano

Frente al concepto de antijuridicidad en materia de pérdida de investidura,
la Sección Primera señaló en la sentencia proferida el 25 de noviembre de
202118 que “resulta ser antijuridica, de manera objetiva y general, la
conducta que resulta ser contraria al ordenamiento jurídico por trasgredir
los preceptos de orden constitucional y legal que establecen los
comportamientos susceptibles de ser sancionados, precisamente, con el
retiro de esa dignidad – de congresista, diputado, concejal o edil- y la
consecuente inhabilidad para ejercer en el futuro, cargos de elección
popular, y siempre que no medie justificación”. ( Se destaca)

Vale la pena anotar que en dicha sentencia se aclaró que el concepto de
antijuridicidad “no podría analizarse desde la dogmática del derecho penal
o del derecho disciplinario en la medida en que la figura de la pérdida de
investidura no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado – lo cual da
lugar a la antijuridicidad material en el derecho penal – ni en el
incumplimiento de deberes funcionales del servidor público- en el
contexto del derecho disciplinario”19.

El concepto de antijuridicidad señalado en precedencia, relativo a que la
conducta antijuridica es aquella contraria al ordenamiento jurídico y que
no está justificada, fue reiterado por la Sección Primera en las sentencias
proferidas el 2 de diciembre de 2021 y el 16 de junio de 2023, así: “[la
antijuridicidad] conlleva a que el acusado haya incurrido en una causal de
desinvestidura contrariando la finalidad para la cual fue prevista, sin que
medie ninguna justificación; de modo que se trata de un comportamiento
que es objetivamente contrario a una norma jurídica y que afecta el fin

18 Expediente con radicación nro. 05001 2333 000 2021 00618 01. C.P.: Roberto Augusto

Serrato Valdés.

19 Ibidem.

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para la cual fue concebida la causal. En ese sentido, pueden existir casos
en que, si bien está acreditado el elemento objetivo, no hay lugar a
decretar la pérdida de investidura porque la conducta no es antijuridica al
estar justificada”20.(Se destaca)

Bajo la perspectiva que se señala, se observa entonces el equívoco en
que incurren el apelante y el ministerio público, pues están exigiendo, a
título de culpa, lo que es propio de la antijuridicidad de la conducta; en
efecto, no argumentan que el acusado no celebró el contrato
intencionalmente, sino que, no obstante haberlo celebrado
intencionalmente, no está acreditado que con su conducta supiere que
estaba incurriendo en causal de inhabilidad.

A este reproche contra la sentencia de primera instancia caben dos
observaciones; por un lado, desconoce que, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, en los
términos de los artículos 6 y 95 de la Constitución Política, y 9 y 18 del
Código Civil; y por el otro, llegan entonces al absurdo de considerar,
atendiendo a esa lógica, que sólo los letrados pueden incurrir en culpa,
pues el iletrado queda exonerado, en la medida en que no actúa con
conocimiento de lo que el ordenamiento jurídico dice. Y para completar el
escenario, exigen entonces que el demandante demuestre que, quien
incurre en la conducta reprochable, era un letrado, pues de lo contrario el
acusado quedaría exonerado de cualquier responsabilidad.

20 Alrespecto, puede verse la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por la
Sección Primera de la Corporación, en el expediente con radicado nro. 05001 2333 000
2020 00302 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Criterio que fue reiterado en la sentencia
proferida el 16 de junio de 2023 por la Sección Primera, en el expediente con radicado
nro. 15001 2333 000 2021 00307 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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En un contexto de tal naturaleza quedarían impunes la mayoría de las
conductas que pertenecen al derecho sancionatorio, pues no resulta fácil
acreditar que el acusado que incurre en la conducta reprochable lo hizo a
sabiendas del reproche21 y, además, lo hizo con dolo o con culpa. Bastaría
entonces en tales casos alegar simple y llanamente la ignorancia de la ley
para exonerarse de responsabilidad, lo que es a todas luces inconducente
en un estado de derecho, que se soporta en el estricto cumplimiento de
ella para garantizar el orden y la convivencia entre los ciudadanos, como
fue advertido en las disposiciones que se han citado con anterioridad22.

La Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del artículo 9 del Código
Civil, consideró que “(…) la necesidad fáctica de ese presupuesto se
confunde con el carácter fatalmente heterónomo que ostentan las normas
jurídicas, puesto que la convivencia ordenada (propósito justificativo del
Estado), no es dable si los deberes jurídicos no son exigibles con
independencia de las representaciones cognitivas y de los deseos de
quienes conforman la comunidad política. En otros términos: la obediencia
al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues
si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia
comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita. (…)
Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como

21 Aunque el análisis del elemento subjetivo de la pérdida de investidura no se aborda de

manera idéntica en materia penal o disciplinaria, esta consideración, la relativa a la
prueba sobre la conciencia de que la conducta es contraria a derecho ha sido expuesta
en un sentido similar en el derecho penal. En efecto, con el fin de ilustrar lo anterior,
vale pena traer a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que ha
señalado lo siguiente cuando examina el error de prohibición: “en cuanto a exigir al autor
al momento de realizar el comportamiento la representación de estar actuando contra
derecho, supone una acreditación probatoria difícil o imposible por tratarse de un estado
subjetivo en el proceso de formación de la voluntad del individuo y por ello, no es exigible
demostrar el conocimiento sobre la antijuridicidad de su conducta, sino que tuvo la
oportunidad de actualizar de manera razonable, esto es, conforme a la situación fáctica
concreta y a sus condiciones personales, lo injusto de su actuar”. Sentencia del 4 de
diciembre de 2019. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicación
50525.

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contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que
implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo,
dijo la Corte Suprema: “Si no se acepta este principio, se rompe la unidad
y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos
particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)
Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer
un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador
del caos jurídico” (…)”23.

En este contexto, se observa entonces que resultan improcedentes los
reproches que hacen el apelante y el ministerio público a la sentencia de
la primera instancia, pues no advierten que en el plenario está
suficientemente acreditado que el acusado celebró el contrato
intencionalmente, lo que indica que su conducta es reprochable a título
de dolo.

Ahora, asunto distinto es el que corresponde a la antijuridicidad de la
conducta, pues resulta del caso indagar si, no obstante que la ignorancia
de la ley no sirve de excusa, hay alguna justificación a ella. A este
respecto, la Sala considera que le asiste razón al a quo, dado que el
concejal suscribió un contrato de comodato con el Municipio de El Carmen,
aunque faltaba un poco más de dos meses para las elecciones en las que
participó como candidato al concejo del mismo municipio, sin que esté
acreditado que tal conducta está justificada.

Lo anterior, por cuanto la Sección Primera de esta Corporación ha
explicado que, aunque si bien, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay

23 Sentencia C – 651 de 1997. M.P.: Carlos Gaviria Diaz.

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por lo menos dos eventos en los cuales se configuraría una razón que
puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado
actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal;
ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que, si ésta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto.

En esta oportunidad, el concejal no allegó ningún medio probatorio para
demostrar que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y éstas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, y de enterarse de cuáles son las causales
de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que no les asiste razón a los
apelantes, por cuanto, como quedó visto, lo que debe tenerse en cuenta
frente al hecho de que el concejal conocía o no la inhabilidad prevista en
el ordenamiento jurídico, es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa
para su transgresión; y, por lo tanto, si su actuar fue intencional, debe
acreditar que incurrió en esa transgresión por un error que es común a

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muchos y que no puede ser evitado, principio general del derecho bien
conocido como el error communis facit jus.

Por lo expuesto, la Sala considera que está configurado el elemento
subjetivo, comoquiera que el señor Diomar Contreras Pallares suscribió
un contrato con la Alcaldía del Municipio de El Carmen, no obstante que
era candidato al concejo del mismo municipio, y no está acreditado que
su comportamiento estuviera justificado en la buena fe calificada,
producto de un error invencible.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 6 de marzo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que decretó
la pérdida de investidura del señor Diomar Contreras Pallares, concejal
del Municipio de El Carmen, Norte de Santander, período constitucional
2024- 2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que decretó la
pérdida de investidura del señor Diomar Contreras Pallares, concejal del
Municipio de El Carmen, período constitucional 2024- 2027.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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21

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