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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2024-00094-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2024-00094-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2024-00094-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar que decretó la pérdida de investidura del señor Sergio Luis Martínez Rangel, elegido concejal del Municipio de Chimichagua, Cesar, período constitucional 2024 – 2027, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01 Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 20001-23-33-000-2024-00094-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

30 de enero de 2025

Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00094-01
Solicitante: JORGE LUIS SLEGHEN MEJÍA
Concejal acusado: SERGIO LUIS MARTÍNEZ RANGEL

Tesis: Incurre en causal de pérdida de
investidura el concejal que dentro del año
anterior a la elección suscribió un contrato
con una entidad pública que se ejecutó en
el municipio en el que fue elegido.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el concejal acusado
en contra de la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que decretó la desinvestidura del señor Sergio
Luis Martínez Rangel como concejal del Municipio de Chimichagua, Cesar,
período constitucional 2024 – 2027.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1

Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Jorge Luis Sleghen Mejía, actuando por conducto de apoderado,
solicitó se decretara la pérdida de investidura del señor Sergio Luis
Martínez Rangel, elegido concejal del Municipio de Chimichagua – Cesar,
período constitucional 2024 – 2027, por considerar que incurrió en la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El solicitante informó que el 5 de enero de 2023 el señor Sergio Luis
Martínez Rangel suscribió el contrato de prestación de servicios de apoyo a
la gestión nro. 47 con la E.S.E. Hospital Inmaculada Concepción del
Municipio de Chimichagua – Cesar, cuyo objeto fue “la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de vacunación de la ESE
Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, Cesar”, por valor de
$1.800.000 y término de ejecución de 28 días.

Aseguró que la cláusula segunda del precitado contrato estableció como
lugar de ejecución “el Municipio de Chimichagua Hospital Inmaculada
Concepción E.S.E.”

Sostuvo que “el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de
autoridades territoriales, en las que resultó electo el señor Sergio Luis

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

Martínez Rangel en el cargo de Concejal del Municipio de Chimichagua-
Cesar, con 493 votos; como se evidencia en el formulario E26 CO de la
Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Alegó que el señor Sergio Luis Martínez Rangel estaba inhabilitado para ser
inscrito y elegido concejal del Municipio de Chimichagua – Cesar en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 por estar incurso en la inhabilidad
prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, esto es, por
haber intervenido en la gestión de negocios o celebración de contratos con
entidad pública del nivel municipal dentro del año anterior a su elección.

En cuanto al elemento subjetivo, señaló que “el señor Sergio Luis Martínez
Rangel actuó con falta de la diligencia debida, como quiera que está
establecido que, no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades
con los que tiene que contar un candidato para ser elegido concejal
municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que
se encuentra la que ahora se le endilga; el demandado procedió a inscribirse
para tales comicios habiendo intervenido en la celebración de contrato con
la E.S.E HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHIMICHAGUA- CESAR
como persona natural, dentro del año anterior a las elecciones territoriales
para el período constitucional 2024-2027”.

1.3.- Contestación del concejal Sergio Luis Martínez Rangel3

El concejal, actuando por conducto de apoderado, manifestó que “se acepta
por parte de mi representado que suscribió el contrato de prestación de
servicios referido, pero el mismo no se ejecutó, toda vez que inicialmente
se había propuesto por un término de duración de un (1) año y finalmente

3 Vistoen el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.

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Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

se redactó por un lacónico término de duración de escasos 28 días, lo que
no satisfacía las expectativas del contratista, razón por la cual, después de
suscribir el acta de inicio las partes resolvieron no ejecutar ese contrato”.

Alegó que no estaban cumplidos dos de los elementos para que se configure
la inhabilidad invocada. En ese escenario, anotó que “no se encuentra
demostrado en el proceso que mi representado haya devengado o recibido
un beneficio u honorarios con ocasión a dicho contrato para colmar el
presupuesto de cumplirse un interés propio o de terceros; así mismo, no
existe constancia en el presente medio de control que dé cuenta que dicho
contrato fue ejecutado en el mismo municipio”.

2.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia proferida el 16 de mayo
de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de la investidura de concejal
del Municipio de Chimichagua Cesar, del señor Sergio Luis Martínez
Rangel, en atención a las consideraciones expuestas en la presente
decisión.

SEGUNDO: En firme esta providencia, comuníquese la misma al
Concejo Municipal de Chimichagua - Cesar, para lo de su competencia,
y archívese el expediente.

TERCERO: Compulsar copias a La Procuraduría General de la Nación,
a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la
Republica para que investiguen las posibles irregularidades con
eventuales repercusiones penales, disciplinarias o fiscales en que
pudieron haber incurrido los funcionarios de la E.S.E Hospital
Inmaculada Concepción de Chimichagua - Cesar, por, al parecer,
haber suscrito contratos de prestación de servicios con la finalidad de
legalizar sumas de dinero adeudadas, tal como se indicó sucedió en el

4 Vistoen el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.

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caso del señor Sergio Luis Martínez Rangel (la suscripción del contrato
043 del 05 de enero de 2023) […]”.

Como razones de la decisión, indicó que está probado que el acusado
suscribió el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión nro.
47 del 5 de enero de 2023 con la Empresa Social del Estado – Hospital
Inmaculada Concepción del Municipio de Chimichagua – Cesar por valor
de 1.850.000 con una duración de 28 días, cuyo objeto fue la “prestación
de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de vacunación de la ESE
Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua Cesar”.

Acotó que el contrato inició el 5 de enero de 2023, “de conformidad con
lo plasmado en el acta de inicio de actividades de dicho contrato 047 y;
además, quedó establecido que el señor Sergio Luis Martínez Rangel,
contrario a lo afirmado en la contestación de la demanda, ejecutó de
manera satisfactoria el mencionado contrato; de eso da cuenta el informe
de supervisión del contrato suscrito por el señor Carlos Arturo Mendoza
Arana en calidad de supervisor del Contrato 047 del 05 de enero de 2023”.

Sostuvo que en el expediente estaba “el comprobante de egreso E2023-
0011 y la orden de pago nro. O2023-00111 (2023-03-10) de fecha 10 de
marzo de 2023, expedidos por el Hospital Inmaculada Concepción de
Chimichagua - Cesar, donde se relaciona un pago realizado por parte de
dicha institución de salud a Sergio Luis Martínez Rangel por el valor de
$1.778.333”.

Con fundamento en lo anterior, consideró que “están dados los elementos
para la configuración de la inhabilidad endilgada pues, como se dijo, está
suficientemente demostrado que el señor Martínez Rangel i). intervino en
la celebración de un contrato con una entidad pública del orden territorial,
ii). que dicho contrato fue celebrado durante el año anterior a su elección

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como concejal (29 de octubre de 2023), esto es, el 05 de enero de 2023,
iii). que el contrato se suscribió en beneficio propio y, iv). que en el
referido contrato se estableció como lugar de ejecución el Hospital
Inmaculada Concepción de Chimichagua - Cesar, es decir, en el municipio
en el que el demandado resultó elegido concejal”.

Explicó que en el curso del proceso se recibió el testimonio de la señora
Nitza Lineth Rodríguez Palomino “quien refirió que el contrato que
suscribió el demandado Sergio Luis Martínez Rangel no fue ejecutado;
debido a que, el mismo fue celebrado con la finalidad de que la E.S.E
Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, le pagara al señor
Rangel unas mensualidades que le adeudaba por unos servicios que este
había prestado al referido hospital tiempo atrás, dinero que -según
expuso la testigo- a enero del año 2023, no había sido pagado”.

Sin embargo, expuso que “lo dicho por la señora Nitza Lineth Rodríguez
Palomino, resulta insuficiente para demostrar que en efecto el susodicho
contrato no se ejecutó; esto, comoquiera que, al plenario se aportó copia
del informe de supervisión, suscrito por el señor Carlos Arturo Mendoza
Arana en calidad de supervisor del contrato que (…) certifica la ejecución
satisfactoria o el cumplimiento del objeto contractual por parte del
concejal demandado”.

Agregó que “al margen de lo anterior, llama la atención de la Sala que, el
extremo demandado pretenda demostrar la no ejecución del contrato nro.
047 con el argumento de que el mismo (contrato) fue suscrito con la
finalidad de legalizar unos pagos que la E.S.E demandada le adeudaba al
señor Martínez Rangel, pues de ser así, el demandado contaba y podía
hacer uso de los mecanismos legales dispuestos para tal fin, y no avalar
o respaldar la suscripción de un nuevo contrato con pleno conocimiento

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de que el mismo no iba a ser ejecutado, queriendo soportar la aparente
no ejecución del contrato en un acto fraudulento”.

Una vez verificó la configuración del elemento objetivo, siguió con el
estudio del elemento subjetivo, en el que analizó que “los hechos descritos
anteriormente en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó
con la diligencia debida, pues en el sub judice quedó establecido que no
obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe
contar un candidato para ser elegido concejal de un municipio, así como
las inhabilidades que le impiden serlo, el señor Sergio Luis Martínez
Rangel procedió a inscribirse para tales comicios y a posesionarse como
concejal sin la verificación de tales requisitos y con plena conciencia de
que había suscrito un contrato con la E.S.E Hospital Inmaculada
Concepción de Chimichagua Cesar, dentro del año anterior a las
elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023”.

Agregó que “el desconocimiento de las normas o del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades no exonera al demandado de su
responsabilidad, máxime si se tiene en cuenta que el señor Martínez
Rangel ostenta la calidad de auxiliar de enfermería; es decir, tiene un
grado de instrucción suficiente para comprender que existen unos
requisitos mínimos que deben satisfacerse para aspirar a una candidatura
electoral”.

3.- El recurso de apelación presentado por el acusado5

5 Vistoen el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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El apoderado del concejal acusado alegó que, “tal y como se dijo en la
contestación de la demanda, que se acepta y se demostró en la actuación
de instancia que el procesado Sergio Luis Martínez Rangel sí intervino
dentro del año inmediatamente anterior a su elección como concejal del
Municipio de Chimichagua, Cesar, en la suscripción del contrato de
prestación de servicios número 47 de fecha enero 05 de 2023, para una
duración de escasos 28 días, pero sin tener en cuenta que ese contrato
fue celebrado bajo unas circunstancias especiales y muy específicas por
cuanto se hizo como una fórmula propuesta para obtener el pago
actualizado de uno de los salarios atrasados, causados en el mes de mayo
de 2022, el cual se le debía a él y a otros empleados de esa ESE Hospital
Inmaculada Concepción de Chimichagua Cesar, circunstancia modal la
cual quedó demostrada con el testimonio bajo la gravedad de juramento
rendido por la señora Nitza Lineth Ramírez Palomino, quien en dicha
diligencia manifestó que ese nuevo contrato celebrado no fue objeto de
ejecución ya que el procesado durante el año 2023 no prestó sus servicios
a esa ESE”.

En relación con el elemento objetivo argumentó que “no se ha acreditado
más allá de toda duda que dicho contrato haya sido ejecutado y más aún
no se ha acreditado que dicha ejecución se haya realizado en el mismo
municipio, lo anterior, por cuanto una testigo idónea, trabajadora de ese
mismo centro hospitalario, en la misma actividad de vacunación bajo la
gravedad de juramento manifestó que el demando no desarrolló las
labores mencionadas en el contrato durante el año 2023, es más, si dijo
que el pago relacionado con ese contrato se había causado por una labor
anterior, con lo cual se prueba su no ejecución o por lo menos genera la
duda de su ejecución, duda que debe resolverse a favor del demandado”.

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En cuanto al elemento subjetivo indicó que “en la sentencia recurrida no
se hizo un correcto y adecuado análisis de la culpabilidad lo cual es de
inevitable observancia para el fallador de instancia, como tampoco se
analizaron las condiciones personales de ese ciudadano al momento de
inscribirse para ese cargo de elección popular, ciudadano quien reside en
el Corregimiento de Candelaria, jurisdicción del Municipio de
Chimichagua, Cesar, en la Colombia profunda, quien al no contar con los
conocimientos suficientes que le permitiesen comprender la causal
inhabilitante, así mismo, por no contar en su retirado y marginado entorno
(un corregimiento) con profesionales idóneos que le hubiesen permitido
tener a su alcance un adecuado asesoramiento, nunca comprendió que al
momento de inscribirse como candidato al Concejo Municipal de
Chimichagua, Cesar, pudiese estar incurso en una causal de inhabilidad,
por tal razón al momento de su inscripción siempre actúo de buena fe
exente de culpa, desconociendo que por cobrar un salario que le debían
en esa Empresa Social del Estado iba a enfrentar un proceso sancionatorio
de pérdida de investidura, con una SANCIÓN VITALICIA, ya que él
siempre pensó que la documentación que firmó fue el pago de un salario
que se le adeudaba, con lo que se infiere una ausencia de responsabilidad
y esto es así por cuanto no se entendería cómo un ciudadano con un
mediano juicio de razonabilidad y de proporcionalidad se someta a
suscribir un contrato de prestación de servicios con una lacónica duración
de 28 días para luego inscribirse como candidato”.

4. El recurso de apelación fue concedido el 14 de junio de 20246.

5. - Trámite de segunda

6
Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 26
de junio de 20247.

5.2. Por auto del 9 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el acusado8.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 29 de julio de 20249.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200010 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201911
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones12.

7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.
10 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se

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Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Sergio Luis Martínez Rangel fue elegido
concejal del Municipio de Chimichagua, Cesar, para el período
constitucional 2024 – 2027, la parte actora aportó copia del formulario E-
26 CON13 en el que consta que se declararon electos como concejales de
dicho municipio, entre otros, al señor Sergio Luis Martínez Rangel.

3.- Análisis de la Sala

En sentencia proferida en primera instancia el 16 de mayo de 2024, el
Tribunal Administrativo del Cesar decretó la pérdida de investidura del
concejal Sergio Luis Martínez Rangel por considerar que el elemento
objetivo de la inhabilidad estaba acreditado, comoquiera que suscribió el
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión nro. 47 el 5 de
enero de 2023 con la ESE Hospital Inmaculada Concepción de
Chimichagua, Cesar. En relación con el elemento subjetivo, indicó que
también se cumplía, dado que el acusado tenía el deber de conocer los
requisitos para ser elegido concejal, y que el desconocimiento del régimen
de inhabilidades no lo exoneraba de responsabilidad.

El concejal presentó recurso de apelación en el que controvirtió la
configuración de los elementos objetivo y subjetivo. En relación con el
primero mencionó que el referido contrato no se ejecutó, dado que se
suscribió “como una fórmula propuesta para obtener el pago actualizado

distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
13 Vistoen el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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de unos salarios atrasados causados en el mes de mayo de 2022”14, lo
que aseguró estaba acreditado con el testimonio recibido en este proceso.
En cuanto al elemento subjetivo argumentó que actuó de “buena fe
exenta de culpa” porque el concejal no cuenta “con los conocimientos
suficientes que le permitiesen comprender la causal inhabilitante, así
mismo, por no contra en su retirado y marginado entorno (un
corregimiento) con profesionales idóneos que le hubiesen permitido tener
a su alcance un adecuado asesoramiento”15, a lo que agregó, “que
siempre pensó que la documentación que firmó fue el pago de un salario
que se le adeudaba”16.

Por consiguiente, la Sala examinara la configuración del elemento objetivo
de la inhabilidad invocada y, de estar acreditado, abordara el examen del
elemento subjetivo.

3.1. Sobre la configuración del elemento objetivo

En el asunto bajo examen, se recuerda que la parte actora pretende que
se declare la pérdida de investidura del concejal acusado por haber
incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994.

La precitada disposición establece que no podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal “quien dentro del año anterior a
la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con

14 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.
15 Ibidem.
16 Ibidem.

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Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito”.

Entre las prohibiciones que regula el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994 para ser elegido concejal se encuentra la celebración de contratos
con entidades públicas. La jurisprudencia de la Sección Primera ha
explicado que para la estructuración de la mencionada inhabilidad, es decir,
la celebración de contratos, deben estar reunidos los siguientes
elementos17: (i) la celebración del contrato con entidad pública de cualquier
nivel; (ii) que la celebración del contrato lo haga en interés propio o de
terceros; (iii) que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección
del concejal, y (iv) que el contrato se ejecute en el mismo municipio para
el cual resultó elegido como concejal.

Teniendo en cuenta lo que es objeto de impugnación, la Sala advierte que
las partes no discuten la configuración de los elementos enlistados en los
numerales primero, segundo y tercero, sino que la discrepancia radica en
que el concejal alega que el contrato de prestación de servicios nro. 47 del
5 de enero de 2023 no se ejecutó, por cuanto se celebró “como una fórmula
propuesta para obtener el pago actualizado de uno de los salarios
atrasados, causados en el mes de mayo de 2022, el cual se le debía”18 al

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 27 de mayo de 2021. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicado
nro. 17001 2333 000 2019 00573 01.
18 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

concejal como empleado de la ESE Hospital Inmaculada Concepción de
Chimichagua, Cesar, lo que afirmó está acreditado con el testimonio de la
señor Nitza Lineth Ramírez Palomino, quien “manifestó que ese nuevo
contrato celebrado no fue objeto de ejecución, ya que el procesado durante
el año 2023 no prestó sus servicios”19.

La Sala para resolver si en este caso están acreditados todos los
elementos para la configuración de la inhabilidad invocada,
específicamente el relacionado con la ejecución del contrato, observa que
en el proceso reposan las siguientes pruebas:

(i) El señor Sergio Luis Martínez Rangel suscribió con la ESE Hospital
Inmaculada Concepción del Municipio de Chimichagua, Cesar, el contrato
de prestación de servicios de apoyo a la gestión nro. 47 del 5 de enero de
2023. El objeto contractual allí pactado consistió en la “prestación de
servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de vacunación de la ESE
Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, Cesar”; en la cláusula
segunda se indicó que el lugar de ejecución era el Municipio de
Chimichagua Hospital Inmaculada Concepción; seguidamente en la
cláusula tercera se estableció que el valor del contrato era de $1.800.000
y se señaló que el término de ejecución era de 28 días; por último, en la
cláusula séptima se dispuso que “la ESE se obliga a reservar el valor del
contrato del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal de
2023, como consta en el certificado de disponibilidad D2023-0047 del 1
de enero de 2023, el cual hace parte integral de este contrato”20.

19 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

20 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

(ii) En el expediente reposa el acta de inicio de actividades del contrato
nro. 47, la cual fue suscrita el 5 de enero de 2023 por el supervisor del
contrato y el señor Sergio Luis Martínez Rangel. Allí se indicó que “en el
Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar, a los cinco días de
enero de 2023, se reunieron en la oficina del técnico operativo de la ESE
Hospital Inmaculada Concepción Carlos Arturo Mendoza Arana, en su
condición de técnico operativo de la ESE y supervisor designado para la
ejecución del contrato de la referencia y Sergio Luis Martínez Rangel (…),
con el fin de suscribir el presente documento (…)” 21.

(iii) También se encuentra el informe de supervisión del contrato nro. 47,
en el que consta lo siguiente22:

“[…] Que de acuerdo al Contrato 47 del 05 de enero de 2023, el pago
se establece por mensualidades vencidas, previa presentación de
informes de gestión.

El contratista presentó el informe correspondiente al período
comprendido del 05 al 30 de enero de 2023. Anexando cuenta de
cobro, informe de actividades realizadas durante el período indicado,
soporte de pago a la seguridad social (salud, pensión, riesgos
profesionales), todas las actividades adelantadas bajo la dirección de
la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito interventor y/o supervisor certifica el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, por todo lo anterior.

Se da visto bueno para realizar pago total al contrato 47 del 05 de
enero de 2022. Por valor de un millón setecientos ochenta y ocho mil
trescientos treinta y tres pesos ($1.788.333) M/L por concepto de
prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de
vacunación de la ESE Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua
Cesar. Período comprendido del 05 al 30 de enero de 2023.

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor,
recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el

21 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.
22 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

contratista, así como las actividades ejecutadas en cumplimiento del
objeto contractual y que fueron la base de los datos que suministro en
este informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor
antes expresado, así mismo dejo constancia que he verificado que el
contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social
y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las
que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado
corresponde al porcentaje y sobre la base señalada por la normas
vigentes sobre la materia […]”.

(iv) Está acreditado que, mediante la orden de pago nro. 02023-00111,
se pagó a favor del señor Sergio Luis Martínez Rangel la suma de
$1.788.333 por concepto de “pago total al contrato nro. 47 de enero 5 de
2023, cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión como
auxiliar de vacunación de la ESE, por el período entre el 5 de enero al 1
de febrero de 2023”23.

(v) Ahora, la parte acusada pretende desvirtuar la ejecución del contrato
con el testimonio recibido a la señora Nitza Lineth Ramírez Palomino quien
en la audiencia de pruebas, celebrada el 9 de mayo de 2024, indicó lo
siguiente24:

“[…] Preguntada por el magistrado sobre lo que consta en relación con
la situación que se presenta con ocasión de la demanda de pérdida de
investidura, contestó que Sergio Luis fue compañero mío en
vacunación en el año 2021, 2022, tengo entendido que en el mes de
enero del año 2023 obtuvo un contrato que no fue ejecutado, sino era
para cancelarle unos meses adeudados de años anteriores.

Preguntada por el apoderado del concejal desde cuando se desempeña
como vacunadora del Hospital Inmaculada Concepción, contestó
desde el año 2018 hasta la presente. Preguntada sobre si la entidad
prestadora de salud le debe o no le debe mensualidades a los
vacunadores, indicó que nos debe diciembre de 2021, diciembre de

23 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.
24 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 00.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

2022 y mayo de 2023. Preguntada si en el mes de enero de 2023 el
señor Sergio Luis laboró, prestó los servicios con ustedes en calidad
de vacunador, sostuvo que no, en enero de 2023 ya él no estaba con
nosotros. Preguntada si tiene conocimiento o ha escuchado decir que
que se celebró un contrato entre la ESE y el señor Sergio Luis para
realizar labores de vacunador en el mes de enero de 2023, sí he
escuchado decir, pero para legalizar un pago de los meses anteriores
adeudados, pero no trabajó con nosotros ese mes. Preguntada por qué
razón hubo que hacerse de esa manera, contestó que el hospital viene
con irregularidades de pago de unos empleados y vieron como lo más
viable hacernos un contrato en el mes de enero que no trabajó para
poder legalizar el pago de meses anteriores. Preguntada sobre si el
señor Sergio Luis prestó los servicios al hospital hasta qué fecha,
indicó que hasta el 30 de diciembre de 2022.

Preguntado por el apoderado de la parte actora sobre si es cierto o no
si entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2023 trabajó en el área de
contratación del hospital, indicó que como vacunadora. Preguntado
sobre si es cierto o no si entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2023
trabajó en el área contable del hospital, contestó que en el área
contable no […]”.

A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala considera que
está probado que el 5 de enero de 2023 el concejal y el supervisor del
contrato suscribieron el acta de inicio del contrato nro. 47;
adicionalmente, del informe de supervisión del referido contrato se
desprende que el concejal acusado, en su condición de contratista,
presentó el informe de actividades desarrolladas durante el período del 5
al 30 de enero de 2023; que el interventor certificó el cumplimiento de
las obligaciones pactadas y que, por tal motivo, dio el visto bueno para
efectuar el pago del contrato nro. 47. Lo anterior, quiere significar que, si
el contrato no hubiese sido ejecutado, el interventor tampoco podía
certificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y ordenar el pago
por concepto del contrato nro. 47.

En contraste con lo acreditado por las pruebas documentales, la defensa
alegó que el contrato nro. 47 no fue ejecutado, afirmación que respalda
exclusivamente en el testimonio recibido en este proceso, de conformidad

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
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con el cual dicho contrato no se ejecutó porque se celebró para legalizar
el pago de meses que no fueron pagados en años anteriores. Sin
embargo, tal como lo explicó el juez de primera instancia, el solo
testimonio resulta insuficiente para verificar lo alegado por el concejal
acusado, dado que lo dicho no está en consonancia con lo acreditado en
las pruebas documentales que reposan en el expediente, ni tampoco la
parte interesada aportó prueba alguna que respalde o corrobore lo
manifestado por la declarante.

Tampoco puede pasarse por alto que la testigo no explicó las
circunstancias de modo, tiempo y lugar por las que conoció que el contrato
nro. 47 se suscribió con el fin de legalizar pagos anteriores. Igual situación
ocurre con la afirmación relativa a que el concejal no prestó sus servicios
en enero de 2023, dado que se trata de un relato carente de contexto,
ello; en la medida en que la declarante se limitó a reiterar la afirmación
que el contrato se suscribió para legalizar pagos anteriores y que en enero
de 2023 el acusado no prestó sus servicios, sin ofrecer mayores
elementos de contexto que permitan evaluar la verosimilitud de lo dicho.

Sumado a lo señalado, para la valoración del testimonio, no sobra advertir
que en el recurso de apelación el apoderado del concejal aseguro que el
contrato nro. 47 fue celebrado “como una fórmula propuesta para obtener
el pago actualizado de uno de los salarios atrasados, causados en el mes
de mayo de 2022, el cual se le debía a él y a otros empleados de esa ESE
(…) circunstancia modal la cual quedó demostrada con el testimonio bajo
la gravedad del juramento rendido por la señora Nitza Lineth Ramírez
Palomino”; no obstante, en el testimonio, la declarante frente a la
pregunta “si la entidad prestadora de salud le debe o no le debe
mensualidades a los vacunadores”, contestó que “nos debe diciembre de
2021, diciembre de 2022 y mayo de 2023”, de manera que, con el

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
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testimonio tampoco se acredita cuál era el mes del salario adeudado al
concejal y qué se pretendía legalizar” con el contrato suscrito en enero de
2023, premisa bajo la cual la defensa busca fundamentar que el contrato
no se ejecutó.

Por último, llama la atención que la defensa del acusado se sustentó en
una circunstancia irregular, dado que, para desvirtuar la configuración de
la inhabilidad, aseguró que el contrato se suscribió y pago, pero no se
ejecutó porque se celebró con la finalidad de “legalizar” el pago de meses
que no fueron pagados en años anteriores. En este escenario, se advierte
que la parte acusada pretende derivar efectos jurídicos de una situación
que es contraria a derecho, afirmando que todos los documentos que
respaldan el contrato celebrado y ejecutado son falsos; y si bien, como lo
señala el tribunal de instancia, ello debe ser objeto de investigación por
las autoridades competentes, esta jurisdicción no puede avalar una
defensa sustentada en hechos de tal naturaleza, y menos aun cuando, de
comprobarse, darían lugar a aplicar las sanciones que derivan de
conductas que reprocha el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la Sala concluye que están reunidos los elementos para
la configuración del elemento objetivo de la inhabilidad invocada y, por
consiguiente, es procedente pasar al examen del elemento subjetivo.

3.2. Sobre la configuración del elemento subjetivo

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
“(…) debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta
figura “está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. En ese

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables
en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan (…)”25.

En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que “los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace
referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en
la comisión de un delito”26. (destacado en la providencia)

En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva
de la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29
de la Constitución Política; entonces, la culpabilidad implica que deba
estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado para la
estructuración de la causal y, por ello, la culpabilidad consiste en efectuar
un juicio de reproche sobre la conducta del implicado 27.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El
primer concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que
lesiona el interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

25 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortíz Delgado.
26
Ibidem.
27
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En este caso, la solicitud de pérdida de investidura fue radicada el 18 de
marzo de 202428; por ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19
de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de
201829, la cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, y que la acción se
ejercerá contra los congresistas [léase para el caso concejal] que con su
conducta dolosa o gravemente culposa hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. A su vez,
el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

De contera, el caso debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado30.

28 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 2333 000 2024 00094 01.
29
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
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En el asunto bajo examen, el concejal acusado alegó en el recurso de
apelación que el elemento subjetivo no está configurado por cuanto
“actuó de buena fe exenta de culpa” lo que sustentó en que: el concejal
no cuenta “con los conocimientos suficientes que le permitiesen
comprender la causal inhabilitante”; agregó que “por no contar en su
retirado y marginado entorno (un corregimiento) con profesionales
idóneos que le hubiesen permitido tener a su alcance un adecuado
asesoramiento, nunca comprendió que al momento de inscribirse como
candidato al Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar, pudiese estar
incurso en una causal de inhabilidad”; y adujo que “él siempre pensó que
la documentación que firmó fue el pago de un salario que se le adeudaba,
con lo que se infiere una ausencia de responsabilidad”.

La Sala considera que no es de recibo que la defensa alegue que existe
ausencia de responsabilidad porque el concejal “pensó que la
documentación que firmó fue el pago de un salario que se le adeudaba”,
cuando en el proceso está probado que el concejal suscribió el contrato
nro. 47 del 5 de enero de 2023, junto con el acta de inicio de actividades,
y, para que se hiciera efectivo el pago, presentó un informe de las
actividades ejecutadas, tal y como se desprende del informe de
supervisión del contrato. De lo señalado, la Sala advierte que el concejal
incurrió en la conducta reprochada [suscripción del contrato] de manera
intencional.

En esta misma línea, el apoderado del concejal argumentó que aquel no
cuenta “con los conocimientos suficientes que le permitiesen comprender
la causal inhabilitante”; sin embargo, frente a esta inconformidad se
recuerda que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la
ignorancia de la ley no sirve de excusa para su transgresión, conforme lo
establecen los artículos 6 y 95 de la Constitución Política, y 9 y 18 del

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Código Civil. Además, siguiendo la lógica del reproche formulado, se
llegaría al absurdo de considerar que “sólo los letrados pueden incurrir en
culpa, pues el iletrado queda exonerado, en la medida en que no actúa
con conocimiento de lo que ordenamiento jurídico dice”31.

En el contexto descrito, la Sala precisa que lo que debe tenerse en cuenta
frente al hecho de que el acusado conocía o no que la celebración del
contrato lo inhabilitaba para ser elegido concejal, es que la ignorancia de
la ley no sirve de excusa para su transgresión; y, por lo tanto, si suscribió
el contrato, le correspondía acreditar que incurrió en esa transgresión por
un error invencible, que es común a muchos.

Lo anterior, por cuanto, aunque, al tenor del artículo noveno del Código
Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, hay
por lo menos dos eventos en los cuales sí se configura una razón que
puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el accionado
actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal;
ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se
discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que, si esta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto.

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 20 de junio de 2024. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente nro. 54001 2333 000
2024 00050 01.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la
cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de conocimiento, el
acusado no alegue simplemente que obró de buena fe, sino que debe
acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error
invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró́
adecuadamente de abogados idóneos, no obstante, lo cual incurrió en la
conducta reprochable.

En este caso, el acusado no expuso ningún argumento para demostrar
que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación o que hubiese solicitado conceptos y asesorías y estas fueran
idóneas, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la buena fe
calificada proveniente de un error invencible.

Ahora, el concejal acusado alegó en el escrito de apelación que obró de
“buena fe exenta de culpa” “por no contar en su retirado y marginado
entorno (un corregimiento) con profesionales idóneos que le hubiesen
permitido tener a su alcance un adecuado asesoramiento”. Lo anterior
quiere significar que el concejal busca justificar que incurrió en la causal
de pérdida porque, según lo afirma, en su lugar de residencia no hay
profesionales idóneos para consultarlos, pasando por alto que en un juicio
de pérdida de investidura el reproche recae exclusivamente sobre la
conducta del acusado; en ese sentido, lo que le corresponde para excusar

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
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la transgresión es demostrar que su conducta fue diligente para superar
el desconocimiento de la consecuencia que implicaba suscribir el contrato
de prestación de servicios, lo que aquí no ocurre.

Por consiguiente, la Sala considera que está configurado el elemento
subjetivo, comoquiera que el señor Sergio Luis Martínez Rangel suscribió
el contrato de prestación de servicios nro. 47 del 5 de enero de 2023 y
no está acreditado que su comportamiento estuviese justificado en la
buena fe calificada producto de un error invencible; por lo tanto, será
confirmada la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que decretó la pérdida de investidura del
concejal del Municipio de Chimichagua, Cesar, período constitucional 2024
– 2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Cesar que decretó la pérdida de
investidura del señor Sergio Luis Martínez Rangel, elegido concejal del
Municipio de Chimichagua, Cesar, período constitucional 2024 – 2027, por
las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Radicación: 20001 23 33 000 2024 00094 01
Solicitante: Jorge Luis Sleghen Mejía

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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