Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04427-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04427-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04427-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04427-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
30 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Tema: tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: proceso electoral/inhabilidad/numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994
Subtema 2: requisitos de relevancia constitucional/subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Jhon Haider
Táquez Chávez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Jhon Haider Táquez Chávez presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales a la participación política y a la igualdad, que consideró vulnerados
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 18 de
julio de 2024 que emitió dentro del proceso con radicado núm. 52001-23-33-000-
2023-00375-01, por la configuración, según afirmó, de los defectos por
desconocimiento del precedente constitucional y fáctico.
1.2. Hechos probados
1.2.1. José Francisco Oviedo Mora demandó, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, la elección de Jhon Haider Táquez Chávez como alcalde del
municipio de Iles (Nariño) para el periodo 2024-2027, con fundamento en la causal
contenida en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 1, puesto que
estaba incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley
136 de 19942.
1 Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos
en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
[…]”
2 “Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni
designado alcalde municipal o distrital:
[…]
Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
Argumentó que la madre del primer mandatario, la señora Sandra Elisabeth Chávez
Muñoz, dentro de los 12 meses anteriores al día de la votación, fungió como
autoridad administrativa en su condición de rectora de la Institución Educativa (IE)
San Francisco de Asís del mismo municipio.
1.2.2. El asunto correspondió por reparto bajo el radicado núm. 52001-23-33-000-
2023-00375-01, a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
autoridad que, en sentencia del 10 de abril de 20243, negó las pretensiones de la
demanda. Luego del análisis normativo, jurisprudencial y probatorio sobre la
materia, el a quo afirmó que en ese caso estaba acreditado “el parentesco; el
elemento temporal, pues la señora Chávez Muñoz es rectora de la I.E., de Iles
desde el 2021 y hasta diciembre de 2023; y, el elemento espacial, por cuanto dicho
claustro educativo está ubicado en el mismo municipio donde resultó electo alcalde
su hijo”. Además, denotó que:
“[…] no está en discusión el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la
exrectora de la I.E. San Francisco de Iles, habida cuenta que, ello se desprende de
la revisión de sus funciones legales y constitucionales, sin que sea relevante
determinar si tales competencias se ejercieron o no; […]”.
Sin embargo, el Tribunal explicó que, de cara a la regla jurisprudencial contenida en
la sentencia de la Corte Constitucional SU-207-2022, las pruebas aportadas no
permitían establecer que la señora Chávez Muñoz, como autoridad administrativa
en su condición de rectora de la IE, pudo incidir de manera indirecta o directa en el
electorado del municipio, a favor de su hijo y con la capacidad de “endosarle” el
éxito desde su posición, de manera que los resultados de los comicios hubieran
atentado en contra del equilibrio de la contienda y la igualdad de los candidatos.
1.2.3. La anterior decisión fue recurrida en apelación por la parte vencida, con el
argumento de que la señora Chávez Muñoz dio cumplimiento a sus funciones en el
municipio de Iles, Nariño, entidad territorial en la que ejerció autoridad administrativa
material y donde su hijo fue electo. También adujo que quedó probada la incidencia
real en la intención de voto y agregó otros cargos con sustento en hechos que no
fueron expuestos en la demanda.
1.2.4. Por su parte, el demandado resaltó en relación con el recurso de apelación,
que el Tribunal de primera instancia: i) concluyó desde el criterio funcional que los
rectores ejercen autoridad administrativa en atención a las funciones previstas en el
artículo 10 de la Ley 715 de 2001; ii) estableció que aplicaba al caso concreto la
regla de unificación delimitada en la sentencia SU-207 de 2022; y, iii) determinó que
las pruebas no acreditaron que la señora Elisabeth Chávez incidió en los resultados
electorales en favor de su hijo.
Por otro lado, indicó que el fallo apelado abordó lo concerniente al ejercicio de las
funciones administrativas enlistadas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, “sin
tener en cuenta el deber de interpretación armónica que debe realizarse de la
precitada norma, en tanto al ser el municipio de Iles una entidad territorial NO
CERTIFICADA en educación, el ejercicio de tales funciones por parte de los
Rectores no es pleno como quiera que el Departamento, como administrador del
servicio de educación, se reserva para si todas las facultades relacionadas con
situaciones administrativas del personal, y se generan importantes diferencias en el
3 Documento denominado “5. SENTENCIA 1RA INSTSANCIA TRIBUNAL NARIN╠âO”, contenido
en la carpeta zip visible en el índice 2 del expediente digital de tutela, con certificado núm.
2D60FAA6C3FEA72A F797E489878F1740 AF11A510313EFB37 A8698CEACC50CC23.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
marco de la administración de recursos, verbigracia, los de gratuidad educativa que
son administrados y ejecutados por los municipios”.
1.2.5. En sentencia de segunda instancia del 18 de julio de 20244, la Sección Quinta
del Consejo de Estado revocó el fallo del 10 de abril de 2024 y declaró la nulidad de
la elección de Jhon Haider Táquez Chávez como alcalde del municipio de Iles
(Nariño) para el periodo 2024-2027. Además, declaró no probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Nacional Electoral y
probada la misma excepción frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Como sustento de su decisión, abordó el alcance de la sentencia SU-207 de 2022
de la Corte Constitucional, y citó la regla jurisprudencial allí decantada por el Alto
Tribunal:
“120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la
probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el
nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza
de la entidad”
La Sección Quinta afirmó que la regla jurisprudencial solo es aplicable en eventos
en los que se cumpla con dos factores: i) que se trate del régimen de inhabilidades
de un funcionario municipal elegido (alcaldes, concejales o ediles); y ii) con ocasión
del parentesco con un funcionario departamental. Además, que, satisfechos estos
criterios, al juez le corresponde realizar una valoración probatoria concreta y
ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y un examen
específico de “probabilidad real -más allá de potencial”, de ejercer el familiar
autoridad política, civil o administrativa en el nivel municipal y, de tal forma, incidir
en los electores.
Indicó que se abstendría de emitir un pronunciamiento sobre los elementos
parentesco, temporal y espacial de la inhabilidad, en razón a que su análisis de
primera instancia no fue objeto del recurso de apelación, situación que evidenció
que ambas partes estuvieron de acuerdo con lo que determinó el tribunal a partir de
las pruebas aportadas al expediente.
En cuanto al elemento objetivo de la inhabilidad contenida en el numeral 4 del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, la Sección Quinta, en lo atinente al ejercicio de
autoridad administrativa, citó el artículo 190 ibidem5 y explicó que, de acuerdo con
su jurisprudencia, establecer si se configuró autoridad administrativa exige acudir a
los criterios orgánico o funcional, este último definido en los siguientes términos:
4 Documento denominado “6. SENTENCIA 2DA INSTANCIA CONSEJO DE ESTADO S.5.”,
contenido en la carpeta zip visible en el índice 2 del expediente digital de tutela, con certificado núm.
2D60FAA6C3FEA72A F797E489878F1740 AF11A510313EFB37 A8698CEACC50CC23.
5 “Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de
departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de
las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios;
ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas,
decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al
personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes
legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
“Funcional: la valoración de este criterio permite concluir que las funciones propias
de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al
análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.
De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que, con este
segundo criterio, coinciden los empleados oficiales autorizados para celebrar
contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias, vacaciones,
trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijar nueva sede de trabajo”.
En el asunto bajo estudio, la Sección Quinta manifestó que era factible estudiar la
alzada a la luz de la sentencia SU-207 de 2022, dado que fue abordada en la
demanda, sirvió de sustento del Tribunal de primera instancia y fue un aspecto
transversal al recurso de apelación. Asimismo, puesto que la elección censurada es
del ámbito municipal (alcalde).
Ahora bien, en cuanto al ejercicio de autoridad administrativa de la madre del señor
Táquez Chávez, encontró probado que la Institución Educativa San Francisco de
Asís es del orden departamental, está ubicada en el municipio de Iles (Nariño), y
que Sandra Chávez Muñoz fue encargada como rectora desde el 2 de junio de 2021
al 29 de diciembre de 2023. En ese orden, consideró que:
“[…] el ejercicio del cargo de rectora, por parte de la señora Chávez Muñoz, fue en
el mismo nivel territorial donde resultó electo como concejal [sic] su hijo. Por ello, el
análisis del efecto irradiador desde el nivel departamental – elemento formal - al
municipal – elemento material - se encuentra superado.
[…]
Sin embargo, como el desempeño de su cargo se ejerció en la municipalidad donde
resultó electo como alcalde su hijo demandado, entonces, el análisis de incidencia,
como lo exige la sentencia SU – 207 de 202239, en el territorio se encuentra
probado”.
Posteriormente, la autoridad judicial expresó que, como la señora Chávez Muñoz
fue rectora por más de 2 años, esta circunstancia por sí sola denota la posibilidad
real, más allá de potencial, de ejercer autoridad administrativa, por cuanto los
rectores de instituciones educativas de naturaleza pública tienen a su cargo la
función de ordenación del gasto –criterio funcional en los términos del artículo 190
de la Ley 136 de 1994–, de conformidad con los artículos 10, numeral 10.16, de la
Ley 715 de 20016, y 2.3.1.6.3.3.7 y 2.3.1.6.3.4.8 del Decreto 1075 de 2015, postura
6 Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas
públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas,
tendrá las siguientes:
[…]
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen,
en los términos de la presente ley.
[…]”
7 “ARTÍCULO 2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El rector o director rural
en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo
de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la presente
Sección.
PARÁGRAFO. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de
presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y
rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el
consejo directivo”.
8 “ARTÍCULO 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos carecen de
personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios
Educativos y su ejercicio no implica representación legal”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
pacífica y reiterada en la Sección, incluso en sede de pérdida de investidura 9. Por
lo expuesto, concluyó:
“[…] se encontró demostrado que el demandado estaba inhabilitado para ser inscrito
y elegido Alcalde de Iles Nariño periodo 2024-2027, por cuenta de la configuración
del supuesto previsto ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000). Por lo anterior, se revocará la sentencia
de primera instancia y, en su defecto, se declarará la nulidad de la elección”.
De otra parte, respecto del cargo de apelación atinente a que el demandado fue el
“ganador indiscutible” en el corregimiento de San Francisco, la Sección Quinta adujo
que no era posible hacer ese análisis de incidencia porque no era propio de la
naturaleza subjetiva del vicio alegado. Por último, no estudió los demás reparos del
recurso debido a que no fueron discutidos en el concepto de violación de la
demanda y consistieron en hechos nuevos.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
Jhon Haider Táquez Chávez presentó escrito de tutela en el que solicitó al juez
constitucional que: i) ampare sus derechos fundamentales a la participación política,
en la modalidad de ser elegido, y a la igualdad, en la aplicación del precedente; ii)
revoque el fallo del 18 de julio de 2024 emitido por la Sección Quinta del Consejo
de Estado; y, iii) deje en firme la sentencia de primera instancia del 10 de abril de
2024 que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso con radicado
núm. 52001-23-33-000-2023-00375-01.
Como medida cautelar, pidió la suspensión de la ejecución de la sentencia del 18
de julio de 2024, con el fin de interrumpir el proceso de convocatoria a elecciones
atípicas y evitar que se configure un perjuicio irremediable con “efectos
catastróficos”. Lo anterior, indicó, por un lado, por cuanto la posesión de un nuevo
alcalde impediría el restablecimiento de su derecho a continuar en el cargo; y, por
otro lado, toda vez que la realización de las elecciones atípicas antes de que sea
emitida una decisión de amparo, generaría un detrimento patrimonial injustificado.
El señor Táquez Chávez argumentó para fundamentar su inconformidad, que la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales, toda
vez que incurrió, en la sentencia del 18 de julio de 2024, en los defectos de
desconocimiento del precedente constitucional y fáctico.
En relación con el primer cargo, abordó de la sentencia SU-207 de 202210, los
hechos, el problema jurídico, la ratio decidendi y la regla de unificación11 delimitada
por la Corte Constitucional, en específico, respecto de las particularidades del
expediente T-8.425.40812, que, según afirmó, era idéntico al caso concreto.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de
diciembre de 2023, expediente 76001-23-33-000-2023-00550-01 (Pérdida de Investidura).
10 La sentencia SU-207 de 2022 resolvió los expedientes T-8.361.046 y T-8.425.408 acumulados.
11 “120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal
elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad judicial debe realizar una
valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello
impone un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad”
12 Sentencia SU-207 de 2022:
“99. En el caso del señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez los jueces accionados encontraron
configurada la inhabilidad dispuesta en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Ello en tanto (i) la hermana del accionante (elemento
personal); (ii) para la época de las elecciones (elemento temporal); (iii) ejerció autoridad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
Así, sostuvo que la Sección Quinta no tuvo en cuenta que el Alto Tribunal
Constitucional descartó la valoración genérica de que la existencia de una
probabilidad real de influir en las elecciones, tiene sustento por el simple hecho de
que el pariente desempeña un cargo departamental y lo ejerce materialmente en el
municipio donde se realizaron los comicios. Puntualmente, indicó que la decisión de
la Corte exige de los jueces:
“1) Un análisis de tipo probatorio y específico de la probabilidad real del caso
concreto —más allá de potencial— de ejercer la autoridad administrativa en el nivel
municipal.
2) Ello impone un examen específico de la probabilidad real —más allá de
potencial— de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta
forma, incidir a los electores.
3) De esta manera, rechaza las consideraciones genéricas o abstractas, fundadas
en la naturaleza de la entidad.
[…]
4) Se exige que la valoración probatoria sea detallada y evite consideraciones que
obvien el proceso de análisis probatorio específico; y
5) Se rechaza expresamente que la consideración de la injerencia en el territorio se
considere cumplida porque se trabaje en el municipio donde se realizan las
elecciones”.
El accionante citó apartes de la sentencia SU-207 de 2022 y manifestó que, para la
Corte, no es suficiente detentar un cargo departamental para establecer que este
tiene injerencia en las elecciones territoriales. Por este motivo, en el caso concreto,
la Sección Quinta incumplió el precedente, ya que le bastó que la señora Sandra
Chávez ejerciera su trabajo en el municipio de las elecciones para encontrar
configurada la inhabilidad y fundamentó su decisión en normas genéricas sin
analizar si las funciones del cargo le fueron asignadas o ejercidas.
En cuanto al defecto fáctico, explicó que en las diferentes etapas procesales fue
alegado, de manera permanente, que las funciones que desarrolló en encargo la
madre del alcalde no configuraron autoridad administrativa, en la medida en que
todas las decisiones en el plantel eran tomadas por la Secretaría de Educación
Departamental. Expuso que:
“[…] la defensa fue clara en mostrar al proceso que el encargo que le fue realizado
como rectora no le permitía administrar el personal docente, ni le permitía determinar
la administración de recursos de la institución educativa. Por el contrario, las
funciones encargadas no constituían una posibilidad real de incidir en el electorado,
pues era la Secretaría de Educación de Nariño la que determinaba dichas
decisiones durante el encargo”.
Además, adujo que, a diferencia del Consejo de Estado, el Tribunal sí constató con
la valoración probatoria que realizó, que no quedó acreditado que las funciones que
ostentó la madre del demandado hubieran podido tener incidencia real en las
elecciones. En conclusión, estimó:
“[…] ya que en diferentes etapas del proceso fue puesto de presente al juez de
nulidad que las funciones que le fueron encargadas a la señora Chávez Muñoz,
madre de alcalde electo, no tenían la potencialidad de incidir en el electorado, por
cuanto las decisiones respecto de la institución educativa eran tomadas desde la
Secretaría de Educación Departamental. Además, el Tribunal Administrativo de
administrativa con ocasión de la delegación que el contralor departamental le otorgó para ordenar
gasto y conferir comisiones (elemento objetivo); y (iv) las funciones se desarrollaron en el municipio
para el cual su hermano fue electo concejal (elemento territorial). En consecuencia, declararon la
nulidad de la elección del accionante como concejal del Distrito de Cali”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
Nariño realizó una valoración probatoria exhaustiva y concluyó que no se había
demostrado una posible incidencia en las elecciones derivada de las funciones
desempeñadas por la madre del alcalde electo. Incluso si se quisiera realizar un
ejercicio probatorio distinto, el material aportado no permitiría, bajo ningún criterio
razonable y proporcional, concluir la existencia de una inhabilidad”.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección “C”, por auto del
28 de agosto de 202413, admitió la acción, vinculó como terceros con interés en el
trámite, a José Francisco Oviedo Mora, al municipio de Iles, al departamento de
Nariño, a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, al
Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil; negó la
solicitud de medida provisional14 y, ordenó las notificaciones de rigor. Esta
providencia fue notificada a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como
autoridad demandada, en mensaje de datos enviado el 30 de agosto de 2024 15.
1.4.2. El Consejo Nacional Electoral se opuso a la solicitud de amparo, toda vez
que no vulneró derechos fundamentales y que no es la autoridad que debe
satisfacer las pretensiones de la tutela. Expuso que no tiene participación directa o
indirecta en los hechos que sustentaron la inconformidad y que no tiene legitimación
en la causa por pasiva. Pidió su desvinculación del trámite constitucional16.
1.4.3. Camila Stephania Escobar, Silvia Rosario Inga, Miriam Garreta Vitery,
Ángel Leonardo Pantoja Rosero e Hilda Del Transito Guzmán, por conducto de
apoderado judicial, presentaron memorial de coadyuvancia de la parte accionante,
con fundamento en que son residentes en el municipio de Iles (Nariño), que votaron
por Jhon Haider Táquez Chávez y que la sentencia objeto de tutela vulnera los
13 Documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado núm.
BF7CB9186E872190 433318BEC8424469 E76BB03E43BD3EDB 9A92FD0EC01C0528 del
expediente digital.
14 Auto del 28 de agosto de 2024:
“Pues bien, analizados los argumentos que sustentaron la petición de la medida cautelar, el
Despacho advierte que el accionante no probó la urgencia de suspender los efectos de la sentencia
de la Sección Quinta del Consejo de Estado objeto de tutela, ya que no acreditó que en la actualidad
las autoridades competentes están adelantando el proceso de elecciones atípicas para designar un
nuevo mandatario municipal.
En este sentido, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con las Leyes 1475 de 20119 y 78 de
198610, el Departamento de Nariño debe llevar a cabo el proceso de elecciones atípicas en el
municipio de Iles, que exige que sea agotada de manera preliminar la etapa de inscripción de
candidatos, la cual tiene un término de 15 días calendario11 contados a partir de la convocatoria.
En ese orden, dado que la urgencia de la solicitud de medida cautelar está justificada en que la
jornada electoral atípica y la posesión de un nuevo alcalde podría ocurrir antes de que sea proferida
la sentencia que resuelva las pretensiones de amparo, era necesario que el accionante acreditara,
cuando menos, que dicho proceso de votación inició y las fechas establecidas para tal fin, no
obstante, no lo hizo.
Además, este Despacho consultó las páginas web del departamento de Nariño, del municipio de Iles,
del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y no encontró que el
respectivo gobernador, en ejercicio de sus competencias, convocara a nuevas elecciones.
Lo anterior, cobra mayor importancia para definir la petición provisional, en la medida en que el
trámite constitucional de tutela es célere y preferente frente a otros asuntos judiciales y, de acuerdo
con las normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991 y los procedimientos propios de esta
Corporación judicial, una vez sea notificado el presente auto admisorio, el expediente deberá
ingresar de inmediato al Despacho del magistrado ponente, quien podrá emitir las decisiones que
considere pertinentes ante la posible configuración de un perjuicio irremediable, antes de que la
Subsección emita fallo de primera instancia”.
15 Documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado núm.
DB9E1976EA3B9109 4CB8B642A5256412 CC713C84A44720CE F055F57D78C181EA.
16 Documento contenido en el índice 11 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. DB5AE71228A7E1DD 58D7FC49FD9DC3E9 2FFFD19C197E9ED8 9F4C6C988ABAFAB9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
derechos fundamentales al debido proceso y compromete el derecho a elegir y ser
elegido y ocupar cargos públicos, dado que incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, de desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución17.
1.4.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado contestó que la tutela carece de
relevancia constitucional, en la medida en que el accionante pretende controvertir
asuntos de mera legalidad que ya fueron decididos por el juez natural con
fundamento en la ley y la jurisprudencia que rigen la materia, para lo cual sintetizó
los argumentos de la sentencia del 18 de julio de 2024. Indicó que, en caso de que
el juez constitucional encuentre satisfecho los requisitos generales, se despachen
desfavorablemente las pretensiones toda vez que no se configuraron los defectos
propuestos y no fueron vulnerados derechos fundamentales18.
1.4.5. El Departamento de Nariño expresó que se atiene a lo probado dentro del
trámite constitucional y que se abstenía de pronunciarse sobre las pretensiones de
amparo. Indicó sus competencias ante la anulación de la elección de un alcalde,
que mediante Decreto 257 del 15 de agosto de 2024 encargó de las funciones del
primer mandatario del municipio de Iles a Alex Javier González Osejo, y que está
adelantando las acciones correspondientes para emitir el acto de convocatoria de
elecciones atípicas19.
1.4.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil adujo que no tiene injerencia en
los hechos y pretensiones de la acción de tutela, dado que esta se dirige en contra
de providencias judiciales, lo que escapa de sus competencias. Por lo anterior,
afirmó que no tiene legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación
del trámite constitucional20.
1.4.7. El apoderado de la parte tutelante solicitó al juez constitucional, el 6 de
septiembre de 2024, que ordene como medida provisional la suspensión de los
efectos del Decreto 287 del 5 de septiembre del mismo año proferido por el
departamento de Nariño, que convocó a elecciones atípicas pare proveer el cargo
de alcalde del municipio de Iles, y la Resolución 9673 de la misma fecha, emitida
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fijó el respectivo calendario
electoral21.
1.4.8. Jhon Haider Táquez Chávez presentó el 9 de septiembre de 2024, sin
mediación de su apoderado, escrito en el que formuló argumentos adicionales para
profundizar aspectos planteados en la tutela. Reiteró la solicitud de medida
provisional y justificó su urgencia y necesidad con ocasión de los efectos del Decreto
287 del 5 de septiembre de 2024 que convocó a elecciones atípicas y la Resolución
9673 de la misma fecha que fijó el calendario electoral. Argumentó que su caso
contiene relevancia constitucional por la transgresión de sus derechos y del derecho
al voto de los ciudadanos22.
17 Documento contenido en el índice 12 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. D591BE1607E95930 08E539ECD7ED5A50 B8924CFE16B7AAEF DDDFE161466FBF50.
18 Documento contenido en el índice 15 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 2FEA32CDE64D5EA6 BE972E8E2C3CE5D0 61D720FBCAA39AEB DECE1299693FAB90.
19 Documento contenido en el índice 17 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 54F182A1E34D680B 2DAE951B122107DD 8C43589D8AFEBA64 099F73652A463EF9.
20 Documento contenido en el índice 18 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. C3463E481C139A3A F0049EBD0985CCFB F243E354A8A0C4C0 4216C5DD6AE040CB.
21 Documento contenido en el índice 19 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 85FB9C039D04B70F E591A89584C92AD2 62CDD69AACEB95D6 92F6C22A9FC4329A.
22 Documento contenido en el índice 21 del expediente digital de tutela en Sama.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
De otra parte, reiteró que la Sección Quinta incurrió en un desconocimiento del
precedente, porque no realizó un estudio probatorio concreto y detallado que diera
cuenta del ejercicio real de autoridad administrativa, sino que adelantó un examen
general y abstracto que le permitió tener por configurado el elemento objetivo de la
inhabilidad. Adujo que los rectores no disponen de autonomía decisoria para
manejar los fondos de servicios educativos, que no fue analizado cómo esa función
podía incidir en el electorado y que las pruebas aportadas no daban cuenta del
ejercicio de la autoridad administrativa.
1.4.9. José Francisco Oviedo Mora se opuso a las pretensiones del accionante
para lo cual presentó cargos por los cuales consideró que el señor Jhon Haider
Táquez Chávez incurrió en la inhabilidad acusada. Solicitó se niegue el amparo23.
1.4.10. Finalmente, más de 2000 personas24 radicaron un solo memorial para ser
vinculados en el presente trámite constitucional como coadyuvantes de la parte
accionante, bajo el argumento de que “con la decisión [objeto de tutela] se nos
afectó el derecho a elegir y eficacia del voto”. Arguyeron que la Sección Quinta no
pudo demostrar el ejercicio de autoridad administrativa y la incidencia en el
electorado, de acuerdo con la regla de unificación contenida en la sentencia SU-207
de 2022. Además, pidieron que se accediera a la medida cautelar deprecada 25.
II CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Jhon Haider Táquez Chávez se
encuentra acreditada, dado que fue el demandado dentro del proceso de nulidad
electoral con radicado núm. 52001-23-33-000-2023-00375-01, en el que fue emitida
la sentencia del 18 de julio de 2024 que declaró la nulidad de su elección como
alcalde del municipio de Iles, Nariño, y, por lo tanto, es titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad judicial que,
dentro del proceso de nulidad electoral con radicado núm. 52001-23-33-000-2023-
00375-01, profirió la sentencia del 18 de julio de 2024 y que, según el tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
2.3. De los coadyuvantes
De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la persona que tuviere un
interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá intervenir como
23 Documento contenido en el índice 22 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 1B0B6C8318D6620D E9C76E3F6D52E503 60EA1D83F0CD6B63 9A8DF541CB61A8F3.
24 Documento contenido en el índice 24 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. EE4F4CF88265D992 C609B42D4DE9C92C 381B8971525268D6 30BAE93F2677015B.
25 Documento contenido en el índice 24 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 64A9CBE0CF9D90FD 26FFA06E2F1D8EDB 5CAD75D32A8C9F8B 7C44455FF55D10E4.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
coadyuvante del actor26, sujetos que, de acuerdo con la Corte Constitucional, se
denominan terceros o intervinientes27. En tal sentido, los coadyuvantes son aquellos
sujetos que no reclaman un derecho propio para que sea definido con la sentencia,
sino un interés personal en la suerte de la pretensión de alguna de las partes por
tener con esta una relación sustancial.
En cuanto a las tutelas interpuestas contra providencias judiciales, la condición de
coadyuvantes resulta ser más exigente, “pues se ha fijado como regla que los
coadyuvantes no pueden aprovechar su intervención en el proceso para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales, ya que si consideran que una
providencia judicial es contraria a sus intereses, lo pertinente es que promuevan
una acción de tutela individual y no que ventilen, en el proceso de amparo de
derechos fundamentales ajenos, las razones de su inconformidad”.
Pues bien, en el presente asunto, al igual que en el caso citado de la Corte
Constitucional, Camila Stephania Escobar, Silvia Rosario Inga, Miriam Garreta
Vitery, Ángel Leonardo Pantoja Rosero e Hilda Del Transito Guzmán y las más de
2000 personas que solicitaron ser tenidas en cuenta en el presente trámite como
coadyuvantes, sustentaron su interés legítimo con las resultas del trámite de tutela
en su condición de electores y en que se ve afectado su derecho al voto. Sin
embargo, no pidieron el amparo y protección de sus propios derechos
fundamentales, sino que se accediera a las pretensiones formuladas por Jhon
Haider Táquez Chávez y a la petición de medida cautelar.
De otra parte, es preciso aclarar que, por economía procesal y celeridad, la Sala no
relacionara en esta sentencia los nombres de las más de 2000 personas que
presentaron el escrito de coadyuvancia contenido en el índice 24 del expediente
digital de tutela. Además, en virtud del principio de buena fe previsto en el artículo
83 Superior, se tendrá por ciertas la identidad de cada uno de los firmantes.
En consecuencia, la Sala reconocerá como coadyuvantes de la parte accionante, a
Camila Stephania Escobar, Silvia Rosario Inga, Miriam Garreta Vitery, Ángel
Leonardo Pantoja Rosero e Hilda Del Transito Guzmán y las más de 2000 personas,
por las razones expuestas.
2.4. La solicitud de medida cautelar y otros asuntos procesales
2.4.1. La Sala observa que, luego del auto admisorio del 28 de agosto de 2024 que
negó la solicitud de medida cautelar deprecada en el escrito de amparo, la parte
tutelante radicó memorial en el que pidió la suspensión de los efectos del Decreto
287 y la Resolución 9673 del 5 de septiembre del mismo año.
Al respecto, es preciso indicar que, hubiera sido del caso para el magistrado
ponente proferir auto en el que se pronunciara sobre la nueva petición de decreto
de medida provisional, si no fuera porque resulta más garantista para las partes
expedir el presente fallo que resuelva sobre las pretensiones de amparo y, así, evitar
26 “ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior”.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
27 Sentencia T-269 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
la prolongación del trámite constitucional. Por lo tanto, la Sala continuará con el
estudio de los cargos de tutela.
2.4.2. Por otro lado, la Subsección advierte que no es posible atender los
argumentos contenidos en el memorial radicado el 9 de septiembre de 2024 por
Jhon Haider Táquez Chávez, por extemporáneos, dado que el escrito fue
presentado luego de vencido el término concedido a la Sección Quinta del Consejo
de Estado para rendir informe sobre los cargos de amparo.
Lo anterior, en la medida en que el auto admisorio fue notificado el 3 de septiembre
de 2024, y los 3 días otorgados a la autoridad accionada para contestar la demanda
de tutela vencieron el 6 del mismo mes y año. En consecuencia, emitir un
pronunciamiento sobre el memorial del 9 de septiembre siguiente, vulneraría los
derechos a la defensa y contradicción de la contraparte.
2.3. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de legitimación en la causa de las partes, y luego de procedibilidad
general de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos
que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática
jurídica que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación
acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales28.
2.3.1. Relevancia constitucional.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”29.
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
28 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
29 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
11
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 30.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una
Alta Corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica
verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
2.3.2. Otro de los requisitos de procedibilidad es la subsidiariedad, que impide que
la acción de tutela se use como un mecanismo principal, alternativo o supletorio de
los mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las
decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial31.
En la sentencia T-396 del 2014, la Corte Constitucional delimitó los siguientes tres
eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por no superar
el requisito de subsidiariedad:
“(i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”.
Así, un riguroso estudio de este requisito evita que la tutela sea utilizada para
controvertir situaciones jurídicas consolidadas que tuvieron su oportunidad de ser
discutidas ante el juez natural.
2.4. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo del 18
de julio de 2024, revocó la decisión del 10 de abril del mismo año proferido por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, y, en su lugar,
declaró la nulidad de la elección de Jhon Haider Taquez Chávez como alcalde del
municipio de Iles (Nariño) para el periodo 2024-2027. Fundamentó su decisión, en
que, en los términos de la regla jurisprudencial fijada en sentencia SU-207 de 2022,
encontró configurada la causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo
95 de la Ley 136 de 1994.
Lo anterior, dado que la señora Sandra Elisabeth Chávez Muñoz, madre del
demandado, si bien pertenece a la planta de personal del departamento, ejerció
autoridad administrativa en su condición de rectora de la IE San Francisco de Asís,
que está ubicada en el municipio de Iles, Nariño, donde quedó electo su hijo como
alcalde; en particular, por su función de ordenadora del gasto en los términos del
30 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
31 Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
12
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
artículo 190 de la Ley 136 de 1994, de conformidad con los artículos 10, numeral
10.16, de la Ley 715 de 2001, y 2.3.1.6.3.3. y 2.3.1.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015.
Ahora bien, Jhon Haider Taquez Chávez presentó escrito de tutela en contra de la
Sección Quinta, pues consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
participación política y a la igualdad con la sentencia del 18 de julio de 2024 que,
según afirmó, incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico.
En concreto, los argumentos de inconformidad se sintetizan en que la autoridad
accionada, por un lado, desconoció que el caso resuelto en la sentencia SU-207 de
2022 atinente al expediente T-8.425.408, es idéntico al asunto resuelto en el fallo
objeto de tutela; por otro lado, desatendió la regla jurisprudencial contenida en la
mencionada decisión de la Corte Constitucional, pues no realizó un análisis
probatorio que permitiera establecer el ejercicio de autoridad administrativa y la
incidencia en los votantes en el municipio de Iles; y, finalmente, no tuvo en cuenta
que las funciones que desarrolló en encargo la madre del alcalde no configuraron
autoridad administrativa, en la medida en que todas las decisiones en el plantel eran
tomadas por la Secretaría de Educación Departamental, no obstante que en las
diferentes etapas procesales fue alegado este reparo.
2.4.1. Frente al primer cargo, revisada la sentencia SU-207 de 2022, la Sala advierte
que el caso bajo radicado T-8.425.408 consistió en que los jueces accionados
encontraron, en el proceso ordinario, configurada la inhabilidad del mismo supuesto
de hecho estudiado en esta oportunidad, en tanto la hermana del accionante, para
la época de las elecciones, ejerció autoridad administrativa con ocasión de la
delegación que el contralor departamental le otorgó como secretaria general para
ordenar el gasto y conferir comisiones (elemento objetivo), y las funciones fueron
desarrolladas en el municipio para el cual fue electo el concejal.
Puntualmente, el a quo ordinario consideró que estaba demostrado que la pariente
del demandado se desempeñó en la contraloría departamental en un cargo en el
que, por delegación, ejerció autoridad administrativa, y, “por obvias razones”,
también lo hizo dentro de la jurisdicción del respectivo municipio. Por su parte, el ad
quem estimó que quien ejerce la autoridad administrativa en el departamento lo
hace también en el municipio, por la superposición que existe entre ambos, pues
aquel no cuenta con territorio propio, sino el de las municipalidades que lo integran.
Bajo ese contexto, la Corte Constitucional indicó que resultaba insuficiente: i)
concluir que el presupuesto objetivo de la inhabilidad se cumple simplemente al
corroborar que el familiar ocupa un cargo de orden territorial o nacional, sin analizar
la probabilidad real de que ejerza la autoridad administrativa en el respectivo
municipio; y, ii) establecer que, si la entidad tiene carácter departamental, por
consiguiente, irradia sus funciones en los municipios.
Lo anterior, con mayor razón, al tener en cuenta que el argumento principal del
demandado fue la imposibilidad de que su pariente desarrollara cualquier tipo de
función directamente en el municipio, ya que su jurisdicción se limitaba al nivel
departamental, circunstancia por la que la Corte planteó como interrogante si
“¿puede la secretaria general de una entidad de control con jurisdicción
departamental ejercer autoridad administrativa en un municipio o distrito?”.
De lo expuesto, la Sala denota que el caso del expediente con radicado núm. T-
8.425.408, si bien tiene identidad en el supuesto de hecho de la inhabilidad
analizado –esto es, tener el funcionario electo hasta segundo grado de
consanguinidad con otro funcionario del orden departamental que haya ejercido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
13
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
autoridad administrativa a nivel municipal–, lo cierto es que difiere sustancialmente
del caso resuelto por la Sección Quinta en la sentencia del 18 de julio de 2024.
Ello es así, porque en otrora oportunidad no quedó claro en la sentencia objeto de
tutela si las competencias de la hermana del concejal que adquirió por delegación,
podían ser ejercidas en el municipio en que el demandado fue elegido, dadas las
limitaciones que, en ese evento, impone la jurisdicción sobre la cual tiene efectos el
cargo desempeñado. A los jueces ordinarios les bastó considerar que, como la
entidad a la que estaba vinculada la parienta del interesado era del orden
departamental, por ende, irradiaba las funciones sobre los municipios.
Cuestión muy distinta ocurrió en el presente asunto, ya que el argumento de la
Sección Quinta para encontrar acreditado el elemento territorial de la inhabilidad, no
radicó en que la señora Sandra Elisabeth Chávez Muñoz pertenece a la planta
docente del departamento y que, por lo tanto, su autoridad administrativa la ejerció
sobre el municipio de Iles donde quedó electo su hijo como alcalde.
El ad quem, luego de analizar las pruebas aportadas al expediente –certificaciones
emitidas por la Secretaría de Educación Departamental– determinó que la madre
de Jhon Haider Táquez Chávez, efectivamente, desempeñó el cargo de rectora de
la IE San Francisco de Asís, que está ubicada en el municipio de Iles, Nariño, y, por
tanto, todas sus funciones las desarrolló y ejecutó en tal territorio. Sobre este punto,
cabe precisar que, no es posible comprender de qué forma el rector de una
institución educativa que presta sus servicios de manera física en un plantel, no
ejerce sus funciones en dicho espacio.
En los términos expuestos, la Sala observa que los reparos del tutelante no permiten
inferir, por lo menos sumariamente, que el caso decidido en la sentencia SU-207 de
2022 concerniente al expediente núm. T-8.425.408, era idéntico al resuelto por la
Sección Quinta en el fallo del 18 de julio de 2024, de manera tal que la autoridad
accionada debía realizar el mismo análisis probatorio y jurídico para llegar a la
misma conclusión que la Corte Constitucional.
Esta falencia argumentativa, lejos de justificar debidamente la configuración de un
defecto, limita las quejas de tutela a simples inconformidades para continuar con un
debate legal sobre el elemento territorial que fue resuelto por el juez administrativo
dentro del proceso con radicado núm. 52001-23-33-000-2023-00375-01, de manera
que no supera el requisito de relevancia constitucional.
2.4.2. En cuanto al segundo reproche, el tutelante adujo que la Sección Quinta
desatendió la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de la Corte
Constitucional, pues no realizó un análisis probatorio que permitiera establecer con
certeza el ejercicio de autoridad administrativa y la incidencia en el electorado en el
municipio de Iles. Al respecto, la Corte Constitucional indicó en la mencionada
providencia, lo siguiente:
“66. De lo expuesto es posible identificar casos en los cuales se impugna la elección
de un funcionario del nivel municipal alegando las relaciones de parentesco con
funcionarios de niveles territoriales superiores. En esos eventos, la jurisprudencia
muestra algunas discrepancias acerca del tipo de examen que debe realizar el juez
electoral. De una parte, es posible encontrar aquellos pronunciamientos que a
partir de un criterio exclusivamente formal indican que la vinculación a una
entidad adscrita a un nivel territorial superior es suficiente para dar por
cumplido el factor territorial y la probabilidad de ejercer la autoridad también
el factor objetivo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
14
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
Sin embargo, otros pronunciamientos realizan un escrutinio más detallado de las
probabilidades materiales de influencia de la entidad del nivel superior (sentencias
del 28 de enero de 2003, 2 de septiembre de 2005, 7 de diciembre de 2016 y 29 de
junio de 2021). En esa dirección el análisis se orienta a establecer la probabilidad
de incidencia efectiva en el nivel territorial correspondiente examinando, por
ejemplo, si de acuerdo con sus actividades, existía una probabilidad real de ejercer
la autoridad administrativa. Si se examinan con detalle esas providencias parece
requerirse un escrutinio que evidencie una probabilidad material de que las
gestiones departamentales tengan réplicas en el nivel municipal. 67. La distinción metodológica referida al analizar los casos permite evidenciar
entonces la existencia de dos posibilidades de análisis respecto del ejercicio de la
autoridad administrativa cuando ella tiene lugar desde el departamento hacia el
municipio. Ello impone a la Corte la necesidad de establecer, desde el punto de vista
constitucional, cuál es el estándar constitucionalmente admisible en esta materia. Y,
a juicio de la Sala, la segunda orientación metodológica es la correcta al menos por
las siguientes cuatro razones. 67.1. El examen sobre la aptitud de incidencia desde el departamento hacia el
municipio no puede ser automático. Ello obedece a que el ejercicio del cargo, desde
el nivel superior, no incide necesariamente, en cada uno de los niveles inferiores. 67.2. Teniendo en cuenta la distinción referida, el juez electoral debe ser
especialmente cuidadoso a efectos de evidenciar la probabilidad real de incidencia,
de modo tal que no se restrinja injustificadamente el derecho de acceder a cargos
públicos ni la eficacia del voto. Para la Sala Plena este principio unido al pro homine
exigen interpretar la inhabilidad no solamente a partir del ejercicio del cargo (visión
estricta). Es necesario que el ejercicio de funciones tenga la capacidad de afectar la
voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización
de la cosa pública para desequilibrar el debate electoral (visión pro homine). Una
interpretación amplia vulnera los derechos fundamentales a elegir (cuyos titulares
son los electores) y a ser elegido y el de ejercicio de la función pública (cuyo titular
es el elegido). 67.3. La interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad debe incidir no
solo en la definición de los términos que la configuran, sino en el estándar probatorio
para darla por acreditada. En efecto, en el supuesto al que ahora se refiere la Corte
se requiere del juez una actividad detallada con el fin de establecer la
probabilidad de ejercicio de la autoridad administrativa en el municipio. Bajo
esa perspectiva la regla según la cual la autoridad se ejerce por el solo hecho de
detentarla no puede ser aplicada estrictamente dado que es necesario que el
ejercicio sea por lo menos probable. 67.4. La prevalencia del derecho sustancial sobre el formal exige que el juez
electoral, en casos como el ahora examinado, no se limite a tomar en cuenta el factor
orgánico o funcional. Debe valorar la probabilidad real de ejercer la autoridad
administrativa en el municipio en el cual su familiar fue electo. 68. Conforme con lo anterior, la Corte encuentra necesario establecer una regla en
virtud de la cual (i) cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de
un funcionario municipal electo y (ii) se alegue para ello su parentesco con un
funcionario que ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii) corresponde a la
autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio
de razonabilidad y proporcionalidad.
Por lo tanto, (iv) es exigible un examen
específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la
autoridad administrativa en el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no
es posible la valoración genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la
autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas.
[…]
107. La Sala Plena considera que se configuró un defecto sustantivo en tanto las
disposiciones que regulan la inhabilidad por parentesco exigen que los parientes del
candidato a un cargo de elección popular “hayan ejercido autoridad […]
administrativa”. Por tanto, acorde con el carácter restrictivo del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, es insuficiente concluir que este presupuesto se
cumpla simplemente corroborando que el familiar ocupa un cargo de orden territorial
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
15
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
o nacional. A juicio de la Sala, es imperioso acreditar en cada caso concreto la
posibilidad real de ejercer la autoridad en el municipio.
[…]
120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la
probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el
nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza
de la entidad” (La Sala subraya y resalta).
Pues bien, de lo expuesto, la Sala observa que resulta irrelevante si la Sección
Quinta estableció si la señora Sandra Elisabeth Chávez Muñoz hizo uso efectivo de
sus funciones de autoridad administrativa, o si realmente existió una incidencia
identificable en los resultados electorales. Lo anterior, ya que la parte accionante
justificó sus argumentos de la tutela en una interpretación que no corresponde con
la regla establecida por la Corte Constitucional.
En efecto, revisada la sentencia SU-207 de 2023, no es posible afirmar que la
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 exige que
quede probado el efectivo ejercicio de la autoridad administrativa en el respectivo
territorio o la incidencia representada en votos en los resultados de los comicios, en
la medida en que la regla establecida por la Corte Constitucional, en verdad,
consiste en que el juez debe realizar un “examen específico de la probabilidad real
y materialmente posible de ejercer la autoridad administrativa en el mismo
municipio del candidato” (la Sala resalta).
Es decir, los términos utilizados por el Alto Tribunal, lejos de requerir la
demostración de que se ejecutó el poder de autoridad administrativa o que
efectivamente se incidió en la contienda electoral, buscan asegurar que la
probabilidad y posibilidad del ejercicio de esa autoridad por parte del familiar del
candidato o elegido en ese mismo municipio, sea existente y cierta, y no una mera
suposición o conjetura derivada de un análisis formal de su vinculación con una
determinada entidad o de las funciones. En concepto de esta Subsección, la regla
definida por la Corte Constitucional está dirigida a prevenir dos situaciones:
i) tener acreditado el elemento objetivo de la inhabilidad, por el solo hecho
de que el cargo tenga funciones que detenten autoridad administrativa. Al
respecto, el juez electoral tiene la obligación de realizar examen
específico en cada caso sobre la probabilidad real y materialmente
posible de ejercer la autoridad administrativa; y,
ii) que el desempeño de un cargo del orden departamental que ejerce
autoridad administrativa implique, de manera automática, que a su vez se
ejerce dicha autoridad en todo el territorio que comprende ese
departamento. Por esta razón, la autoridad judicial debe, en ese examen
específico, advertir que esa probabilidad real -más allá de potencial- de
ejercer la autoridad administrativa, está en el nivel municipal.
En ese orden, dado que todos los cargos de amparo analizados en esta oportunidad
parten de una indebida interpretación de la regla jurisprudencial contenida en la
sentencia SU-207 de 2022, los argumentos que pretenden justificar la configuración
del defecto por desconocimiento del precedente se reducen a simples
inconformidades particulares en la interpretación de los mismos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
16
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
En todo caso, la Sala precisa que la regla jurisprudencial prevista en la sentencia
SU-207 de 2022 debe ser acompasada, dado que no se contrapone, con la postura
de la Sección Quinta32 consistente en que no es necesario el ejercicio de la
autoridad administrativa, porque la inhabilidad debe ser interpretada en atención al
alcance gramatical del verbo “ejercer” y a su finalidad misma.
Además, es pertinente recordar que la Sección Quinta, en la sentencia del 18 de
julio de 2024, en respuesta al argumento del apelante de que el señor Táquez
Chávez fue el ganador indiscutible en el corregimiento de San Francisco en el
municipio de Iles, explicó que el examen de incidencia no tenía cabida por la
naturaleza subjetiva y preventiva del vicio alegado, ya que solo es procedente
cuando se cuestionan irregularidades en los escrutinios.
En consecuencia, dado que la tutela no es un mecanismo judicial que posibilite
agotar una instancia adicional dentro de un proceso judicial o que permita debatir
inconformidades con las decisiones judiciales o divergencias interpretativas de la
Ley, so pena de que el juez constitucional invada la competencia propia del juez
natural de pérdida de investidura, el presente asunto carece de relevancia
constitucional.
2.4.3. Finalmente, el tutelante arguyó que la Sección Quinta no tuvo en cuenta el
argumento formulado en el proceso ordinario, relativo a que las funciones que
desarrolló en encargo la madre del alcalde no configuraron autoridad administrativa,
en la medida en que todas las decisiones en el plantel eran tomadas por la
Secretaría de Educación Departamental porque el municipio de Iles no estaba
certificado.
Revisadas las pruebas aportadas al expediente constitucional, la Sala observa que,
en efecto, la parte convocada en el proceso de nulidad electoral, argumentó en los
escritos de contestación de la demanda y de alegatos de conclusión en primera y
segunda instancia, que la señora Sandra Elisabeth Chávez Muñoz no pudo ejercer
de manera plena sus funciones como rectora, porque el municipio de Iles no está
certificado en educación y, por lo tanto, el departamento de Nariño se reservó, como
administrador del servicio, todas las facultades relacionadas con situaciones
administrativas del personal.
En ese orden, la Sala considera que, si la Sección Quinta del Consejo de Estado no
se pronunció sobre la ausencia de autoridad administrativa en las funciones de
rector con ocasión de la reserva de facultades por parte del departamento, la parte
demandante debió solicitar la adición del fallo, en los términos del artículo 287 del
Código General del Proceso33, dado que, al ser un argumento de defensa frente a
las pretensiones de la demanda y los cargos del recurso de apelación, era objeto
de la litis.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 29 de enero de 2019. Radicado
número: 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
33
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse
por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada
en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
17
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04427-00
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
En consecuencia, el cargo del escrito de amparo no supera el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que la naturaleza del medio de control de tutela no
permite suplir los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos por el
legislador.
2.4.5. En conclusión, como la acción de tutela interpuesta por Jhon Haider Táquez
Chávez en contra de la sentencia del 18 de julio de 2024 emitida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado no superó los requisitos de relevancia constitucional
y de subsidiariedad, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Jhon Haider Táquez Chávez en contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por las razones consignadas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión, caso de no ser impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DACJ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
18
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.