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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03105-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03105-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Humberto Salim Raad Pérez contra el Consejo de Estado-Sección Primera, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 18 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ficha-sentencia/53735/0/texto/0 19 https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10622251&lista=datosExpedi entes_1779922154308 20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 21 Ibidem. 23 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00 Accionante: Humberto Salim Raad Pérez TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03105-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

29 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia-
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Humberto Salim Raad Pérez contra el
Consejo de Estado-Sección Primera.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Humberto Salim Raad Pérez, en nombre propio, interpuso acción de tutela en procura del
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a ser elegido,
los cuales estima vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Primera, con ocasión de
la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025, que confirmó la decisión del 2 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Atlántico, que decretó su pérdida de
investidura del cargo de concejal del municipio de Palmar de Varela, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 08001-23-33-000-2024-00050-00/01.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:

2.1. El actor fue candidato a la alcaldía municipal de Palmar de Varela-Atlántico, en las
elecciones de octubre de 2019 para el periodo constitucional 2020-2023, donde obtuvo
la segunda votación más alta.

2.2. Señaló que dentro del término de traslado de 24 horas para aceptar o rechazar la
curul de concejal en virtud del Estatuto de la Oposición, guardó silencio. No obstante, la
comisión escrutadora dejó constancia en el acta general de escrutinios de que había

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 5430CF6DA5D252C5 1648F3FDABCADE0D A2AE3C0BEF8B767B

97369D3F4F98422E.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

aceptado por escrito la curul, circunstancia que, además, habría sido confirmada por
conducto de apoderado.

2.3. Posteriormente, le fue entregada la credencial como concejal del municipio de Palmar
de Varela para el período constitucional 2020-2023.

2.4. El accionante afirmó que, con ocasión de las elecciones territoriales del 27 de octubre
de 2019, fue objeto de una campaña de desprestigio que afectó su honra y buen nombre,
situación que derivó en un cuadro depresivo. Agregó que, en el contexto de tales
circunstancias personales, conoció que su padre biológico no era Humberto Fontalvo,
sino Jorge Raad Manzur, quien ya había fallecido. Asimismo, manifestó que padecía una
enfermedad oncológica y que recibió concepto psicológico en el que se le recomendó no
posesionarse como concejal.

2.5. Indicó que, debido a su profesión de odontólogo, desconocía el alcance jurídico del
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018. Por ello, solicitó concepto verbal al abogado Wilson
Rafael Mejía Amador, hoy fallecido, quien, según afirma, le indicó que no advertía
consecuencias jurídicas adversas en caso de renunciar a la curul y que resultaba antiético
posesionarse para luego dimitir del cargo

2.6. El 2 de enero de 2020, fecha de instalación del concejo municipal, el actor presentó
renuncia a la curul.

2.7. Mediante Resolución del 3 de enero de 2020, la presidente del Concejo Municipal de
Palmar de Varela aceptó la renuncia presentada por el actor respecto de su curul
correspondiente al periodo 2020-2023.

2.8. El accionante participó nuevamente como candidato a la alcaldía en las elecciones
de 2023, en las que obtuvo la segunda votación más alta. En esa oportunidad aceptó la
curul de concejal para el período 2024-2027 y manifestó declararse en oposición al
alcalde municipal José Junior Rua Fontalvo.

2.9. El 30 de enero de 2024, Praimer Rua Fontalvo, hermano del actual alcalde municipal,
promovió demanda de pérdida de investidura contra el actor, por no haberse posesionado
como concejal luego de aceptada su renuncia en enero de 2020.

2.10. El actor afirmó que, al contestar la demanda, su entonces apoderada aceptó como
cierto el hecho relacionado con la aceptación de la curul, circunstancia que motivó la
sustitución del poder inicialmente conferido.

2.11. El 27 de agosto de 2024, el accionante solicitó al registrador municipal de Palmar
de Varela copia de la supuesta carta de aceptación de la curul, del poder otorgado y del
memorial mediante el cual se habría confirmado dicha aceptación. Mediante respuesta
de 29 de agosto de 2024, la Registraduría informó que no encontró tales documentos en
sus archivos.

2.12. El 2 de septiembre de 2024, el actor rindió declaración extraproceso ante notaría,
en la cual manifestó que no acudió personalmente a los escrutinios celebrados con

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

ocasión de las elecciones del 27 de octubre de 2019, ni otorgó poder o autorización para
aceptar la curul de concejal.

2.13. Mediante sentencia de 2 de septiembre de 20242, la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Atlántico decretó la pérdida de investidura del accionante como
concejal del municipio de Palmar de Varela para el período 2020-2023, al considerar
configurada la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por
no haberse posesionado en el cargo pese a tener asignada la respectiva curul.

2.14. Contra dicha providencia se interpuso recurso de apelación, en el que se
formularon, en síntesis, los siguientes reparos 3:

(i) Se alegó la configuración de un falso juicio de existencia, bajo el argumento de que no
se había dado la aceptación de la curul por parte del actor. En tal sentido, se cuestionó
la defensa técnica desplegada por el anterior apoderado y se sostuvo que la aceptación
de hechos en un proceso sancionatorio no releva al juez de su deber de búsqueda de la
verdad material. Asimismo, se denunciaron presuntas irregularidades en el acta general
de escrutinios, en la supuesta aceptación de la curul, en el presunto poder otorgado y en
el memorial suscrito por un abogado.

También se indicó que la Registraduría Municipal informó no tener copia de la aceptación
de la curul ni del poder referido y que el actor había declarado bajo juramento no haber
intervenido personalmente ni mediante apoderado en los escrutinios. Adicionalmente, se
afirmó que se presentó denuncia por presuntas irregularidades ocurridas durante el
proceso electoral y se cuestionó la fecha de expedición y notificación de la sentencia de
primera instancia. Finalmente, se sostuvo que el tribunal debió decretar pruebas de oficio.

ii) Se adujo que el tribunal adelantó un análisis exclusivamente objetivo de la conducta,
sin acreditar la existencia de dolo o culpa grave. En desarrollo de este cargo, se alegó
que el concepto jurídico brindado por el abogado Wilson Rafael Mejía Amador coincidía
con criterios adoptados por diversos tribunales administrativos del país, aun cuando
posteriormente hubiesen sido revocados por el Consejo de Estado. De igual manera, se
invocaron salvamentos de voto y pronunciamientos judiciales que, a juicio del recurrente,
evidenciaban ausencia de certeza sobre la ilicitud sustancial de la conducta atribuida.

iii) Se afirmó que el proceso de pérdida de investidura fue utilizado con propósitos de
retaliación política y no para la satisfacción de los fines constitucionales de dicha
institución. En particular, se indicó que la demanda fue promovida por el hermano del
alcalde municipal y que su verdadera finalidad consistía en neutralizar el ejerci cio de
oposición política desplegado por el actor.

iv) Se alegó la existencia de fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad,
derivada de las afectaciones psicológicas y personales sufridas por el actor con ocasión
de la denominada “campaña negra” de desprestigio de la que afirmó haber sido víctima.

2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 35F37B5E49C081F2 28FB03BE050CD20B A8C5F8DC78AE12F0
A0E1634EA026E19A, p. 1-31.
3 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 523B71AEAEA0FD91 ADC1858888E35B16 68BAC4E2B2C11F97

A20394727991B553, archivo “055Memorialrecibi_RecursoApelacion2024.pdf ”.
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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

v) Finalmente, se sostuvo que el tribunal invirtió indebidamente la carga de la prueba,
pues, ante la inexistencia del escrito de aceptación de la curul, no era posible imponer la
sanción de pérdida de investidura. Además, se solicitó la práctica de pruebas
documentales y testimoniales orientadas a esclarecer los hechos materia de controversia.

2.15. Mediante auto de 10 de abril de 2025 4, el Consejo de Estado-Sección Primera
admitió el recurso de apelación contra la sentencia del 2 de septiembre de 2026 de la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico y negó el decreto de pruebas
solicitado en segunda instancia, por cuanto: “i) no fueron solicitadas de común acuerdo
por las partes; ii) su decreto no fue negado en primera instancia y tampoco se advierte
que hayan dejado de practicarse, sin culpa de la parte que las pidió; iii) no se indicó que
su propósito sea demostrar o desvirtuar hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; iv) no se alegaron circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, que impidieran su solicitud
en primera instancia; y v) su finalidad no es desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3. y 4. del artículo 212 de la Ley 1437.”

2.16. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de súplica. En este, el actor sostuvo
que no era posible decretar la pérdida de investidura con fundamento en una deficiente
defensa técnica y material atribuible al abogado que contestó la demanda, quien aceptó
como ciertos determinados hechos sin verificar su veracidad. Asimismo, señaló que, una
vez advertida dicha circunstancia al Tribunal Administrativo del Atlántico, esa corporación
debió decretar pruebas orientadas a esclarecer los hechos y adoptar una decisión
distinta. En igual sentido, afirmó que el Consejo de Estado debía ejercer sus facultades
oficiosas en materia probatoria, con el propósito de garantizar la prevalencia de la verdad
material.

Agregó que las pruebas solicitadas cumplían los requisitos previstos en el artículo 212
del CPACA y que, en todo caso, su relevancia imponía su decreto oficioso conforme al
artículo 213 ibidem.

Manifestó, además, que tales medios de convicción resultaban indispensables si se tenía
en cuenta que al proceso se había allegado una supuesta carta de aceptación de la curul
fechada el 28 de octubre de 2019, pese a que la Registraduría previamente había
informado no contar con dicho documento y a que la declaratoria de elección ocurrió
después de las 4:00 p.m. del 30 de octubre de ese mismo año. Añadió que, a simple
vista, la firma consignada en ese documento no correspondía a la suya, por lo que afirmó
haber sido objeto de suplantación.

Finalmente, reiteró que la aceptación de hechos no constituye plena prueba en procesos
de naturaleza sancionatoria, en los cuales rige la presunción de inocencia. Precisó que,
aunque dicha circunstancia apareciera consignada en el acta general de escrutini os o
pudiera inferirse del formulario E-26 CON, ello no impedía controvertir su veracidad o
demostrar la inexistencia del hecho. En consecuencia, insistió en que el acta general de
escrutinio contenía afirmaciones contrarias a la realidad y que, por tal razón, las pruebas
solicitadas debían decretarse de oficio conforme al precedente constitucional aplicable.

4 Índice 00006 del aplicativo SAMAI del expediente 08001233300020240005001, certificado: 63C911EB1E9C854C

52C18C73ABA736E1 2C58E9EB858F09C4 0DF7180700481D79.
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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

2.17. Mediante auto de 29 de mayo de 20255, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la providencia de 10 de abril del mismo año. Para tal efecto, consideró que las
pruebas solicitadas podían haber sido gestionadas y aportadas con la contestación de la
demanda, dado que se trataba de documentos “gestionadas, elaboradas y/o tramitadas
por la propia parte demandada y NO versan sobre hechos ocurridos con posterioridad a
dicha oportunidad procesal, razón por la cual no hay justificación jurídica alguna para que
su aporte sea extemporáneo.”.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se configuraban los supuestos previstos
en el artículo 212 del CPACA para decretar o valorar dichas pruebas en segunda
instancia. En relación con otros documentos allegados, precisó que habían sido
expedidos o elaborados con anterioridad a la contestación de la demanda, razón por la
cual debieron aportarse oportunamente. Igual consideración efectuó respecto de las
pruebas testimoniales solicitadas.

Por último, la Sala indicó: “que los defectos o errores en la defensa técnica del
demandado al momento de contestar la demanda no constituyen argumento jurídico
válido para que el juez de segunda instancia proceda a tener como prueba documentos
aportados extemporáneamente o decretar testimonios solicitados luego del vencimiento
de la oportunidad procesal correspondiente, pues ello implicaría el desconocimiento del
derecho al debido proceso.”.

2.18. Antes de que se profiriera la decisión de fondo, el apoderado del actor solicitó a la
Sección Primera del Consejo de Estado tener en consideración la Sentencia SU -292 de
2 de julio de 2025 proferida por la Corte Constitucional, para lo cual allegó el respectivo
comunicado oficial.

2.19. Mediante sentencia de 9 de octubre 20256, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó la decisión adoptada el 2 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

2.20. Finalmente, mediante auto de 7 de noviembre de 20257, el Tribunal Administrativo
del Atlántico profirió providencia de obedézcase y cúmplase.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:

La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido y, en consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

“Por lo expuesto y de conformidad con el Artículo 86 de la Constitución Política,
presento esta demanda para que se tutele el derecho fundamental al debido proceso,
igualdad y el de elegir y ser elegido, el cual visto está, ha sido vulnerado por la acción
de la sección Primera del honorable Consejo de Estado, en la sentencia con radicado
08001-23-33-000-2024-0005-01, al incurrir en vías de hecho por defectos

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Índice 00020 del aplicativo SAMAI del expediente 08001233300020240005001, certificado 2C6F96DEEBD32B78
B4F061EA63D410A4 316ED8FE6A2C11E2 1F7FBEFD6D74ADF2.
6
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 35F37B5E49C081F2 28FB03BE050CD20B A8C5F8DC78AE12F0
A0E1634EA026E19A, p. 72-127.
7 Ibidem, p. 128.

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

sustantivos, fácticos y del precedente jurisprudencial esbozado en la sentencia SU
292-2025 de la Corte Constitucional, en un caso idéntico. En consecuencia solicito:

1. Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
el de elegir y ser elegido. Téngase en cuenta para tal fin, entre otras consideraciones,
la sentencia SU-292-2025 de la Corte Constitucional.

2. Dejar sin efecto la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado,
radicado 08001-23-33-000-2024-0005-01, dentro del proceso de Pérdida de
Investidura, y en consecuencia ordenarle emitir la decisión de reemplazo a través de
una nueva sentencia ajustada a derecho, en donde no debe declararse la pérdida de
investidura.”

Para sustentar la solicitud de amparo, alegó la configuración de los siguientes defectos:

3.1. Defecto fáctico.

El accionante atribuyó la configuración de este defecto tanto al Tribunal Administrativo
del Atlántico como a la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en las
siguientes razones:

3.1.1. Falta de valoración de la renuncia y de su aceptación. El actor sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas no otorgaron el debido valor probatorio a la renuncia
presentada y a su aceptación mediante Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020
expedida por el Concejo Municipal de Palmar de Varela.

En particular, afirmó que no se tuvo en consideración que la aceptación de la renuncia
generó en él una convicción invencible respecto de la inexistencia de vínculo jurídico con
la corporación pública, razón por la cual estimó que no estaba obligado a posesionarse
en el cargo. Indicó que dicha convicción se encontraba amparada por la presunción de
legalidad del acto administrativo que aceptó su dimisión.

Agregó que esta tesis había sido acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
292 de 2025, así como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
radicado núm. 2011-00213-00.

Precisó, además, que la aceptación de la renuncia, a la luz de los principios de buena fe
y confianza legítima, le generó la certeza de no estar infringiendo disposición alguna ni
incurriendo en conductas constitutivas de violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades susceptibles de dar lugar a pérdida de investidura o responsabilidad
disciplinaria.

3.1.2. Negativa de decretar pruebas orientadas al esclarecimiento de la verdad
material. El actor señaló que, al negar el decreto de las pruebas solicitadas, las
autoridades judiciales privilegiaron el rigor formal de las reglas procesales sobre la
búsqueda de la verdad material.

Manifestó que las pruebas solicitadas en el trámite de apelación cumplían las exigencias
previstas en el artículo 212 del CPACA. No obstante, sostuvo que, aun en el evento de
no satisfacerse tales requisitos, el juez estaba facultado para decretarlas ofici osamente
conforme a lo dispuesto en el artículo 213 ibidem y en el artículo 167 del Código General
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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

del Proceso, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y el
esclarecimiento de la verdad material.

En esa línea, destacó el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, en
el cual se ejerce el ius puniendi del Estado, razón por la cual, a su juicio, el juez conserva
amplias facultades probatorias antes de proferir decisión de fondo, conforme a los
artículos 167 y 169 del Código General del Proceso y 213 del CPACA.

3.1.3. Imposibilidad de demostrar la inexistencia de aceptación de la curul.

En desarrollo del cargo anterior, el accionante afirmó que la negativa de decretar las
pruebas solicitadas impidió demostrar la inexistencia de la aceptación de la curul, del
supuesto poder otorgado a un abogado durante los escrutinios y del presunto memorial
mediante el cual dicho profesional habría aceptado la curul en su nombre.

Sobre este punto, resaltó la respuesta emitida el 29 de agosto de 2024 por el registrador
municipal de Palmar de Varela, quien informó no encontrar en sus archivos la supuesta
carta de aceptación ni el poder mencionado.

Asimismo, indicó que durante el trámite judicial la contraparte aportó una presunta carta
de aceptación de la curul, pese a que la Registraduría había manifestado previamente no
contar con dicho documento. Al respecto, sostuvo:

“(…) pero resulta que el superior funcional del Registrador Municipal, cuya elección
fue declarada en los escrutinios municipales y no generales del departamento, ahora
responde otra cosa, aportando la tal carta de aceptación, con fecha del 28 de octubre
de 2019, cuando la declaración de elección fue pasadas las 4 de la tarde del 30 de
octubre, pero con una firma que claramente no es la mía, y que inserto aquí (…)”.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que la firma contenida en dicho documento
correspondía a una imitación burda y que, en consecuencia, había sido objeto de
suplantación.

De igual manera, sostuvo que el acta general de escrutinios contenía múltiples
inconsistencias que las autoridades judiciales omitieron esclarecer. En primer lugar,
explicó que, conforme al artículo 2 de la Resolución 2276 de 2019 expedida por el
Consejo Nacional Electoral, el término para aceptar la curul transcurrió entre las 4:31 p.m.
del 30 de octubre de 2019 y las 4:31 p.m. del 31 de octubre del mismo año. Sin embargo,
señaló que del acta general de escrutinios se desprendía que la supuesta aceptación de
la curul habría ocurrido antes de la intervención del presunto apoderado, lo cual , a su
juicio, evidenciaba la extemporaneidad y falsedad de dicha actuación.

En segundo lugar, reiteró que nunca aceptó la curul ni otorgó poder a abogado alguno y
afirmó que el profesional mencionado, Ismael de los Reyes Barrios Marín, era
simpatizante del grupo político de su contendor electoral, cuyo hermano fue designado
secretario de despacho el 2 de enero de 2020.

En tercer lugar, cuestionó que los formularios E-26 CON hubiesen sido impresos sin
respetar el término de espera de 24 horas previsto para la aceptación de la curul.

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no era posible decretar la pérdida de
investidura con base en una deficiente defensa técnica desplegada por el abogado que
contestó la demanda, quien aceptó como ciertos determinados hechos sin verificar
previamente su veracidad. En criterio del actor, tales circunstancias debieron ser
esclarecidas tanto por el Tribunal Administrativo del Atlántico como por el Consejo de
Estado, en garantía de la prevalencia de la verdad material.

3.1.4. Desconocimiento de circunstancias constitutivas de fuerza mayor. El
accionante sostuvo que las autoridades judiciales omitieron valorar circunstancias
constitutivas de fuerza mayor como causales eximentes de responsabilidad.

Sobre el particular, reiteró que presentó renuncia a la curul luego de recibir asesoría
jurídica y recomendaciones de profesionales de la salud mental, en atención al estado
depresivo que afirmó padecer.

Respecto del concepto brindado por el abogado Wilson Mejía Amador (Q.E.P.D.),
manifestó que dicha orientación jurídica coincidía con posiciones asumidas previamente
por diversos tribunales administrativos del país. Agregó que, aunque tales criterios
posteriormente fueron revocados por el Consejo de Estado, su existencia evidenciaba la
ausencia de conciencia sobre la ilicitud sustancial de la conducta atribuida a título de dolo
o culpa grave.

En apoyo de esta tesis, citó el salvamento de voto de la magistrada Lucy Jeanette
Bermúdez dentro del radicado núm. 11001-03-28-000-2018-00074-00 y el salvamento de
voto del magistrado Jorge Iván Palacio en la Sentencia SU-501 de 2015.

Adicionalmente, afirmó que durante la audiencia y en los alegatos de conclusión su
apoderado dejó constancia de las campañas de desprestigio de las que habría sido objeto
y del estado depresivo que enfrentó, circunstancias que, en su criterio, podían confi gurar
fuerza mayor.

Finalmente, el actor indicó en el acápite de hechos que el abogado Wilson Rafael Mejía
Amador falleció el 15 de abril de 2021, razón por la cual no era posible solicitar su
declaración. No obstante, señaló que los fundamentos fácticos expuestos podían
corroborarse mediante el testimonio del señor Henry Geovanni Africano de la Cruz, cuya
declaración, afirmó, podía ser decretada incluso dentro del trámite de tutela.

3.2. Defecto sustantivo.

El actor alegó la configuración de un defecto sustantivo por errónea interpretación de las
normas relativas al derecho fundamental a la participación política.

Para sustentar este cargo, invocó la sentencia SU-292 de 2025 de la Corte Constitucional
y sostuvo que el derecho a la participación política y al control del poder político es de
aplicación inmediata y susceptible de protección mediante acción de tutela, conforme a
lo señalado en la sentencia T-003 de 1992.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

Asimismo, afirmó que la acción de pérdida de investidura fue utilizada con fines distintos
a los previstos constitucionalmente, configurándose un abuso del derecho, toda vez que,
a su juicio, la demanda buscaba neutralizar su ejercicio de oposición y control político
dentro del Concejo Municipal de Palmar de Varela.

Añadió que la presunción de defraudación de la confianza del electorado se encontraba
desvirtuada, dado que en las elecciones de 2019 obtuvo 7.214 votos y en las de 2023
alcanzó 7.580 sufragios.

También señaló que la demanda de pérdida de investidura fue promovida por el hermano
del actual alcalde municipal, Junior José Rua Fontalvo. Indicó, además, que desde el
despacho de este último se habría intervenido en la audiencia virtual celebrada el 27 de
agosto de 2024, situación que, en su criterio, debía ser investigada por la Procuraduría
General de la Nación por un eventual uso indebido de bienes públicos y posible
configuración de peculado por uso.

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada omitió advertir el presunto abuso
del derecho en el ejercicio de la acción de pérdida de investidura, en contravía de lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-631 de 2017.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 24 de abril de 20268, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela contra el Consejo de Estado-Sección Primera; vinculó como
terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico, a Praimer José Rúa Fontalvo
y al Consejo Nacional Electoral, y requirió a las autoridades judiciales mencionadas para
que quien lo tuviera a su cargo, remitiera copia digital del expediente identificado con el
radicado número 08001-23-33-000-2024-00050-00/01

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2 La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico 9 remitió copia del
expediente tramitado ante esa Corporación y advirtió que éste se encontraba archivado
electrónicamente. No obstante, no se observa manifestación en cuanto al fondo del
asunto.

4.3. El Consejo de Estado-Sección Primera, por conducto del Magistrado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes10, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Al respecto, sostuvo
que la controversia planteada no versaba sobre la vulneración de derechos
fundamentales, sino sobre la inconformidad del accionante con la decisión adoptada por
su juez natural.

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9 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 6BD8D6106F997469 40386F1FF851E316 F9FA2A72C90BDEFA

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9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

Explicó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo fueron objeto de análisis
tanto en la sentencia de 2 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico como en la sentencia de 9 de octubre de 2025 dictada por la Sección Primera
del Consejo de Estado. En consecuencia, afirmó que el actor pretendía utilizar la acción
de tutela como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto por la
jurisdicción competente.

Añadió que, aun en el evento de que se superara el examen de procedibilidad y se
abordara el estudio de fondo del asunto, no habría lugar a conceder el amparo solicitado.
Lo anterior, por cuanto los planteamientos dirigidos a sustentar el supuesto defecto
sustantivo fueron examinados y resueltos en la providencia cuestionada. Asimismo,
destacó que varias de las afirmaciones contenidas en la acción de tutela carecían de
respaldo en los elementos probatorios que integraban el expediente.

En relación con el defecto fáctico derivado de una presunta indebida valoración
probatoria, indicó que la posición jurisprudencial reiterada de la Sección Primera consiste
en que, una vez el miembro de una corporación pública de elección popular manifiesta
de manera voluntaria su decisión de ocupar la curul que le corresponde en virtud del
derecho personal consagrado principalmente en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018,
surge para él el deber jurídico de posesionarse en el cargo. Por consiguiente, no resulta
jurídicamente admisible considerar que la posterior renuncia constituya un evento de
fuerza mayor capaz de excluir la configuración de la causal prevista en el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Para respaldar dicha afirmación, citó diversos
precedentes de la corporación en los que se adoptó la misma interpretación.

Precisó, además, que en la sentencia objeto de cuestionamiento se descartó
expresamente que la Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020, mediante la cual se
aceptó la renuncia presentada por el actor, pudiera configurar un error invencible con
incidencia en el juicio de responsabilidad.

Por otra parte, frente al argumento relacionado con la Sentencia SU-292 de 2025 de la
Corte Constitucional, manifestó que para la fecha en que se adoptó la decisión
cuestionada únicamente se había allegado el comunicado de prensa correspondiente,
documento que tiene un alcance meramente informativo y no constituye el texto íntegro
de la providencia. En todo caso, resaltó que en la sentencia acusada se indicó que, aun
a partir del contenido del referido comunicado, era posible advertir diferencias
sustanciales entre las circunstancias fácticas examinadas por la Corte Constitucional y
las acreditadas en el caso del actor.

Respecto de la negativa de decretar pruebas en segunda instancia, señaló que dicha
cuestión fue ampliamente analizada tanto en el trámite ordinario como en la providencia
objeto de censura constitucional. En particular, destacó que en la sentencia se concluyó
que ninguno de los elementos probatorios oportunamente allegados al proceso permitía
acreditar el estado de salud mental invocado por el accionante. Del mismo modo, se
determinó que no existían pruebas idóneas para demostrar la existencia del concepto
jurídico que presuntamente le habría sido suministrado por el abogado Wilson Rafael
Mejía Amador, ni las circunstancias concretas en las que dicho concepto habría sido
emitido.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

Agregó que, precisamente con el propósito de acreditar tales circunstancias, la parte
demandada solicitó en segunda instancia la práctica del testimonio del señor Henry
Geovanni Africano de la Cruz. No obstante, el decreto de dicha prueba fue negado por
no cumplirse los presupuestos legales previstos para su incorporación en esa etapa
procesal.

Finalmente, concluyó que la providencia cuestionada no vulneró derecho fundamental
alguno, puesto que constituyó el resultado de un análisis razonado e integral de las
actuaciones procesales, del acervo probatorio recaudado, de la normativa aplicable y del
precedente jurisprudencial consolidado por la Sección Primera en materia de pérdida de
investidura.

4.4. El señor Praimer José Rua Fontalvo 11, al oponerse al amparo, sostuvo que el
concepto psicológico allegado al proceso fue emitido por una tía del accionante,
circunstancia que, a su juicio, le restaba credibilidad y lo convertía en un testimonio
sospechoso en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso. Por tal
razón, solicitó que dicho elemento de convicción no fuera valorado.

Afirmó que, contrario a lo manifestado por el actor, en publicaciones efectuadas en sus
redes sociales éste había expresado públicamente que velaría por los intereses de la
comunidad desde la curul que le correspondía como integrante de la oposición, una vez
conocidos los resultados electorales. En su criterio, tal circunstancia desvirtuaba los
argumentos expuestos por el accionante respecto de su supuesta falta de aceptación de
la curul.

Asimismo, señaló que, si efectivamente el actor hubiera sido víctima de suplantación en
el documento de aceptación de la curul, habría debido poner tales hechos en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y aportar la respectiva denuncia penal.
Además, precisó que la documentación relacionada con la aceptación de la curul no
reposaba en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Palmar de Varela, sino en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Barranquilla, entidad que certificó la
existencia de los documentos correspondientes.

Con fundamento en lo anterior, adujo que las acusaciones formuladas por el accionante
resultaban infundadas y desconocían las actuaciones adelantadas por la Comisión
Escrutadora Municipal y por la Delegación Departamental de Escrutinios durante el
proceso electoral de 2019. Manifestó que el accionante tenía la costumbre de no culminar
los períodos constitucionales para los cuales resultaba elegido como concejal.

Destacó que el actor ha contado con asistencia profesional durante todo el trámite judicial,
inicialmente por conducto de un abogado y posteriormente de otro, y que, además, ejerció
plenamente sus derechos de contradicción y defensa, agotó las etapas procesales
correspondientes y contó con todas las garantías propias del debido proceso.

Frente al argumento relacionado con la Sentencia SU-292 de 2025 de la Corte
Constitucional, indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado ya había explicado

11 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 305ECD10615350CC ACA6188A5F0D4451 6A82BC24181FCAF8

A3A042F9AA643191.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

que los supuestos fácticos examinados en dicha providencia diferían sustancialmente de
aquellos acreditados en el proceso de pérdida de investidura promovido contra el actor.

Asimismo, sostuvo que la acción de tutela pretendía reabrir etapas procesales ya
precluidas y eludir las reglas previstas en el artículo 212 del CPACA respecto de la
oportunidad para solicitar y aportar pruebas. Añadió que la defensa del accionante
incurrió en contradicciones, pues inicialmente aceptó determinados hechos en la
contestación de la demanda y posteriormente cuestionó su veracidad, para lo que
argumentó en la existencia de falsedades en el acta de declaratoria de elección.

Finalmente, el tercero interviniente allegó con su escrito los siguientes documentos: (i)
copia de la carta de aceptación de la curul; (ii) copia del acta de notificación expedida por
la Registraduría Municipal de Palmar de Varela; (iii) certificación emitida por los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento
del Atlántico; (iv) copia de la respuesta emitida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, junto con los documentos que el actor tilda de falsos; y (v) copia de una publicación
de la red social Facebook atribuida al accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
Humberto Salim Raad Pérez es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de accionado dentro del proceso de pérdida de investidura
promovido en su contra, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 08001-
23-33-000-2024-00050-00/01.

2.2. De igual manera, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva, en tanto
el Consejo de Estado-Sección Primera fue la autoridad judicial que, en segunda instancia,
profirió la decisión que según el accionante vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora hizo
alusión a la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Atlántico, el análisis se circunscribirá a la sentencia proferi da por el
Consejo de Estado-Sección Primera, en tanto constituyó la providencia que puso fin a la
actuación judicial, sin perjuicio de las referencias que resulten necesarias respecto de las
decisiones precedentes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 13 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 14.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 16.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más

16 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

14

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 17.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.

5.1. La parte actora cuestiona la sentencia de 9 de octubre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, al considerar que dicha providencia incurrió en
diversos defectos que vulneraron sus derechos fundamentales.

En primer lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico. Para sustentar este cargo
sostuvo: (i) que las autoridades judiciales no valoraron adecuadamente la Resolución
núm. 001 de 3 de enero de 2020, expedida por el Concejo Municipal de Palmar de Varela,
mediante la cual se aceptó su renuncia a la curul de concejal; (ii) que la negativa de
decretar las pruebas solicitadas en segunda instancia evidenció una indebida prevalencia
de las formas procesales sobre la búsqueda de la verdad material, circunstancia que, en
su criterio, imponía incluso el ejercicio de las facultades probatorias oficiosas del juez; (iii)
que, como consecuencia de dicha decisión, no fue posible acreditar la inexistencia o falta
de autenticidad de la aceptación de la curul, del supuesto poder otorgado a un profesional
del derecho durante los escrutinios ni del memorial mediante el cual dicho abogado habría
aceptado la curul en su nombre, así como otras circunstancias que, según afirmó, no
pudo demostrar dentro del proceso ordinario; y (iv) que las autoridades judiciales
omitieron valorar circunstancias constitutivas de fuerza mayor que, a su juicio, tenían la
potencialidad de excluir su responsabilidad, particularmente la asesoría jurídica que dice
haber recibido y las recomendaciones de profesionales de la salud derivadas del cuadro
depresivo que afirma haber padecido.

De otra parte, adujo la configuración de un defecto sustantivo por errónea interpretación
de las normas que regulan el derecho fundamental a la participación política. Sobre este
aspecto, sostuvo que la acción de pérdida de investidura fue utilizada con fi nes distintos
a los constitucionalmente previstos, en tanto obedeció a una supuesta retaliación política
derivada de su condición de opositor a la administración municipal. Asimismo, afirmó que
la providencia cuestionada desconoció las consideraciones expu estas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-292 de 2025 y omitió valorar que la confianza
depositada por el electorado en su candidatura se mantenía vigente, circunstancia que,
en su criterio, desvirtuaba cualquier afectación a la representación política de sus
electores.

17 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

5.2. En este contexto, resulta pertinente examinar las consideraciones desarrolladas por
la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 9 de octubre de 2025, a fin
de establecer la verdadera naturaleza de los reparos formulados por la parte actora y
determinar si estos trascienden el ámbito de la mera discrepancia con la interpretación
efectuada por el juez natural.

En dicha providencia, la corporación explicó, en primer lugar, los elementos estructurales
de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000. Asimismo, precisó que el proceso de pérdida de investidura posee
naturaleza sancionatoria, circunstancia que impone la realización de un juicio de
responsabilidad subjetiva. En consecuencia, indicó que el análisis judicial no se agota en
la verificación objetiva de la conducta atribuida ni en la constatación de su adecuación
típica a la causal invocada, sino que exige determinar si el comportamiento del servidor
elegido popularmente fue desplegado con dolo o culpa grave.

A partir de tales premisas, la Sección Primera abordó de manera individualizada los
argumentos planteados en el recurso de apelación, particularmente aquellos
relacionados con la presunta inexistencia de la aceptación de la curul de concejal por
parte del accionante, en los siguientes términos:

“91. La parte apelante estimó que no estaría probado que aceptó ocupar la curul de
concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023, en virtud de lo
previsto en el artículo 25 de la Ley 1909, pese a que en la contestación a la solicitud
dio por cierto esa aceptación y al contenido del formulario E-26 CON.

92. Manifestó que lo expresado en el formulario E-26 CON no corresponde a la
realidad, aludiendo al contenido del acta general de escrutinios de la Comisión
Municipal de Palmar de Varela y afirmando que era falso que haya aceptado la curul
de concejal de ese municipio; que haya otorgado al abogado Ismael de los Reyes
Barrios Marín, por ser simpatizante del grupo político de su rival a la alcaldía de ese
municipio; y que este apoderado haya confirmado tal aceptación.

93. Mencionó que recibió respuesta, el 29 de agosto de 2024, a un derecho de
petición presentado ante el registrador municipal de Palmar de Varela, en el cual se
informó que no se encontró la carta de aceptación ni poder alguno y, además, que
manifestó ante notario, bajo la gravedad del juramento, que en los escrutinios
celebrados el 27 de octubre de 2019, no acudió personalmente ni por interpuesta
persona a estos, ni otorgó poder para ser representado ni dio consentimiento verbal
o escrito para la aceptación de la curul de concejal de ese municipio, pruebas que
fueron allegadas con posterioridad a la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12
de la Ley 1881, pero que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia de primera
instancia, no obstante se aportaron con el recurso de apelación para que fueran
valoradas en segunda instancia.

94. Estimó que la primera instancia supuso que existió carta de aceptación de la
curul, que existió poder al citado abogado y que el profesional del derecho allegó
memorial confirmando la aceptación.

95. La Sala advierte que mediante auto de 23 de julio de 2024, el magistrado
sustanciador del proceso se pronunció frente a las pruebas cuya práctica fue
solicitada.

96. En el citado auto se tuvieron como pruebas los documentos allegados en la
solicitud de pérdida de investidura, entre ellos, el “[…] Acta parcial de escrutinio
municipal concejo municipal de fecha E-26 de fecha (sic) 27 de octubre de 2019 […]”

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

y se indicó que “[…] La parte demandada, si bien contestó la demanda, no aportó
elementos de convicción ni solicitó la práctica de pruebas […]”.

97. Es así como fue allegada al proceso, de manera regular y oportuna, únicamente,
el “[…] Acta parcial de escrutinio municipal concejo municipal de fecha E-26 de fecha
(sic) 27 de octubre de 201943 […]”, en la cual consta que:

(…)

98. Se precisa que el apelante, con su impugnación, solicitó la práctica de pruebas
en segunda instancia, en la siguiente forma: (…)

99. En auto de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de estas pruebas en segunda
instancia, decisión confirmada en auto de 29 de mayo de 2025.

100. La prueba que reposa en el expediente, en relación con la aceptación de la curul,
es el formulario E-26 CON, acta parcial del escrutinio para el concejo municipal de
Palmar de Varela, correspondiente a las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019.

101. Por ello, no es posible, como lo hace el apelante, referirse a las pruebas
allegadas con el recurso de apelación, entre ellas, al acta general de los escrutinios
municipales del municipio de Palmar de Varela, a la petición de 27 de agosto de 2024
formulada por el accionado a la Registraduría Municipal del Estado Civil de Palmar
de Varela, a la respuesta a esa petición de fecha 29 de agosto de 2024, a los
formularios E-26 de las elecciones de 2019 y 2023 o a la declaración juramentada
realizada por el accionado.

102. El formulario E–26 CON, en términos del artículo 257 de la Ley 1564, es un
documento público, los cuales “[…] hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de
las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]”, por lo que
los miembros de la comisión escrutadora dieron fe de que: [lo ya transcrito]

103. Se precisa que el medio de control de pérdida de investidura, conforme el
artículo 1. ° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. ° de la Ley 2003, es un
proceso sancionatorio en el cual se realiza un juicio de responsabilidad subjetiva en
contra de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular que, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan incurrido en las causales previstas
en la Carta Política y en la ley, por lo que no tiene por objeto discutir si los documentos
electorales contienen datos contrarios a la verdad, como lo pretende el apelante.

104. Se estima que la condición del accionado como concejal elegido del municipio
de Palmar de Varela, período 2020-2023, en virtud de la aplicación de lo previsto en
el artículo 25 de la Ley 1909, se encuentra debidamente acreditada, en
consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperidad. (…)”.

Luego de lo cual, el Consejo de Estado-Sección Primera se pronunció respecto de la
configuración de un evento de fuerza mayor, en particular el estado de salud mental del
señor Raad Pérez, conforme a la siguiente argumentación:

“106. Para el análisis del cargo formulado por la parte accionada, se advierte que en
el expediente está acreditado, lo siguiente:

17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

106.1. El accionado, conforme el formulario E-26 CON, fue declarado concejal del
municipio de Palmar de Varela (Atlántico), en virtud de lo previsto en el artículo 25 de
la Ley 1909, que al tenor señala: (…)

106.2. Se encuentra comunicación de 30 de diciembre de 2019, con fecha de recibido
2 de enero de 2020, en la cual el accionado presentó renuncia irrevocable a la curul
de concejal del municipio de Palmar de Varela, así: (…)

106.3. El Concejo Municipal de Palmar de Varela, conforme el acta respectiva, realizó
sesión inaugural el día 2 de enero de 2020, en la cual tomaron posesión los
concejales de ese municipio para el período 2020-2023. En desarrollo de dicha
sesión se procedió a la lectura de la carta de renuncia remitida por el accionado
[punto núm. 4 del orden del día].

106.4. Mediante Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020, la presidente del
Concejo Municipal de Palmar de Varela aceptó la renuncia presentada por el
accionado a su curul de concejal, período 2020 – 2023, así: (…)

106.5. Se encuentran comunicaciones de 3 y 15 de enero de 2020, respectivamente,
dirigidas al registrador municipal de Palmar de Varela y al Consejo Nacional Electoral,
por parte de la presidente del Concejo Municipal de Palmar de Varela, en las cuales
se solicita resolver el trámite para llenar la vacancia absoluta en esa corporación por
la renuncia del accionado.

106.6. Reposa comunicación de 28 de febrero de 202049, dirigida a los magistrados
del Consejo Nacional Electoral, por parte de la presidente del Concejo Municipal de
Palmar de Varela, en la cual informa de la expedición de la Resolución núm. 004 de
7 de enero de 2020, por la cual declaró la vacancia absoluta de una curul en ese
concejo municipal y dispuso el procedimiento para su remplazo.

106.7. Se allegó petición, de fecha 11 de julio de 202250, formulada al presidente del
Concejo Municipal de Palmar de Varela, con fecha de radicado 13 de julio de 2022,
en la cual se solicita informar si el accionado tomó posesión del cargo de concejal de
ese municipio, período 2020-2023, y si renunció a esa curul.

106.8. Reposa respuesta a la petición suscrita por el presidente del Concejo
Municipal de Palmar de Varela, de fecha 18 de julio de 2022, en la cual indica que:
(…)

107. La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de
la Ley 617, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de, en este caso, el concejo municipal, o a la
fecha en que fueren llamados a posesionarse, no tiene aplicación cuando medie
fuerza mayor.
(…)

109. De las pruebas regular y oportunamente allegadas al medio de control, se
advierte que ninguna de ellas está relacionada con el estado de salud mental del
accionado.

110. El accionado, en su recurso de apelación, hace referencia a una declaración
juramentada rendida por una sicóloga, la cual aportó con la impugnación, así: (…)

111. Se reitera que tal medio de prueba no puede ser valorado en tanto que, en auto
de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de pruebas en segunda instancia, decisión
confirmada en auto de 29 de mayo de 2025.

112. Así, el accionado no cumplió con la carga de acreditar la situación de fuerza
mayor alegada, de tal forma que la renuncia presentada a ocupar la curul de concejal
del municipio de Palmar de Varela, en virtud de la aplicación del artículo 25 de la Ley
1909, fundada en motivos personales que no se revelaron, constituyó una conducta
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

voluntaria de este y, por ello, no provino de un hecho externo imprevisible e
irresistible, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad. (…)”

El Consejo de Estado-Sección Primera también abordó el cuestionamiento relativo a que
existía un abuso del derecho con el ejercicio de la pérdida de investidura que se alejaba
de su fin, así:

“113. La parte accionada manifestó que la presentación de la solicitud de pérdida de
investidura en su contra fue un mecanismo para acallar al demandado en el ejercicio
de la oposición política y como retaliación por haber formulado demanda de nulidad
electoral en contra del actual alcalde del municipio de Palmar de Varela, quien es
hermano del accionante.

114. La Sala destaca que de las pruebas que fueron allegadas regular y
oportunamente al proceso, no es posible acreditar las afirmaciones expuestas por el
apelante y, en todo caso, conforme al artículo 5. ° de la Ley 1881, aplicable a los
proceso de pérdida de investidura de concejales y diputados, es claro que el medio
de control puede ser presentado por cualquier ciudadano, esto es, es de carácter
público56, de tal forma que el cuestionamiento no tiene vocación de prosperidad.”

Por otra parte, la Sección Primera examinó si se encontraba acreditado el elemento
subjetivo de la conducta, esto es, el dolo o la culpa grave, en consideración a que el hoy
accionante sostuvo que acudió a la asesoría de un profesional del derecho y que no tomó
posesión del cargo debido a la confianza legítima que le generó la aceptación de su
renuncia. Sobre este aspecto, la corporación expuso lo siguiente:

“119. Para cuestionar la configuración del elemento subjetivo de culpabilidad, el
accionado alega que solicitó concepto jurídico al abogado Wilson Rafael Mejía
Amador, el cual contaba con más de 45 años de experiencia profesional y que, para
aquella época, fungía como presidente del Directorio Departamental Liberal del
Atlántico, no obstante, en atención a que había fallecido, solicitaría: [la declaración
del señor Africano de la Cruz]

120. Resaltó que el mencionado profesional del derecho le indicó que, como había
sido elegido de manera indirecta, tenía un derecho personal e intransferible en virtud
del Estatuto de la Oposición y que no tendría problema en renunciar a la curul,
advirtiéndole que debía presentar la correspondiente comunicación al presidente del
Concejo Municipal de Palma de Varela.

121. De las pruebas regular y oportunamente allegadas al medio de control, se
advierte que ninguna de ellas tiene por objeto acreditar que el accionado solicitó el
mencionado concepto jurídico y en qué condiciones fue rendido por el citado
profesional del derecho.

122. Se agrega que el accionado, en su recurso de apelación, solicitó que en esta
instancia se decretara la práctica del testimonio de: [el señor Africano de la Cruz].

123. Se reitera que en auto de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de pruebas en
segunda instancia, decisión confirmada en auto de 29 de mayo de 2025, de tal forma
que no se encuentra acreditado que el accionado haya tenido la diligencia y cuidado
de acudir a la asesoría de profesionales para conocer la situación en la que se
encontraba y las consecuencia que le acarrearía no tomar posesión de la curul a la
cual accedió en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1909.

124. El accionado, asimismo, puso de presente que presentó renuncia a su curul
antes de la posesión y que la misma fue aceptada, de tal forma que no tomó posesión
del cargo por la confianza legítima que le generó esa aceptación.

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

(…)

128. Se precisa que esta Sección ha señalado que, una vez que el miembro de una
corporación de elección popular manifiesta de forma voluntaria que ocupará la curul
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1909, le asiste el deber legal de tomar
posesión del cargo, sin que sea dable considerar que la renuncia pueda constituir un
evento de fuerza mayor que impida la configuración de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617.

(…)

132. Se advierte que la aceptación de la renuncia presentada por el accionado,
mediante la Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020 no podía generar la
confianza legítima alegada por este, puesto que lo decidido en tal acto administrativo
implica aceptar la posibilidad de retractarse de asumir la curul, en este caso, del
concejo municipal, que inicialmente se había aceptado, en contraposición a las
disposiciones de orden constitucional y legal, entre ellas, el artículo 25 de la Ley 1909
y, en particular, el artículo 2. ° de la Resolución núm. 2276 de 2019 que prohíbe tal
retractación. (…)”

Asimismo, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Primera, hizo referencia a la
sentencia SU-292 de 2025 de la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“135. En relación con la aplicación de lo señalado en la sentencia SU-292 de 2025
proferida por la Corte Constitucional, conforme lo sugiere el apoderado judicial del
apelante y de la cual solo se allegó el Comunicado núm. 32 de 2 y 3 de julio de 2025,
se precisa que, como lo ha indicado la Corte Constitucional: [los comunicados no son
sentencias, teniendo un propósito informativo y carecen de fuerza vinculante]. (…)

136. No obstante, del contenido del comunicado prensa núm. 32 se puede advertir
que la situación de hecho estudiada en la sentencia SU-292 de 2025, a la cual alude
el comunicado, difiere de la analizada en este proceso.

(…)

141. El comunicado 32, da cuenta, en relación con la sentencia SU 292 de 2025, que
la renuncia presentada por el concejal y su aceptación expedida por el concejo
municipal -en el proceso que dio lugar a que se profiriera esa decisión-, se dio con
anterioridad al acto inaugural de instalación de la respectiva corporación pública -al
cual no se presentó-, situación que, se reitera, es diferente de la acreditada en este
proceso.

142. Se precisa que el derecho personal a ocupar una curul, el cual tiene como
fundamento lo dispuesto en el artículo 112 de la Carta Política, incisos 4, 5 y 6
adicionados por el Acto Legislativo núm. 2 de 1. ° de julio de 2015 88, tiene por
finalidad: (…)

147. La reglamentación del derecho personal a acceder a ocupar una curul, en este
caso, en el concejo municipal, por ser el candidato que le siguió en votos a quien la
autoridad electoral declaró elegido para el cargo de alcalde municipal, previsto en los
artículos 112 de la Carta Política, 25 de la Ley 1909 y en la Resolución núm. 2276 de
2019, así como las decisiones judiciales proferidas por esta Corporación, permiten
afirmar que ese candidato tiene la facultad de elegir si acepta o rehúsa ocupar esa
curul y no se le puede obligar a que asuma ese cargo.

148. Sin embargo, una vez manifestada la voluntad de aceptar ocupar esa curul, el
candidato se somete a los deberes y obligaciones democráticas y partidistas
inherentes al cargo que aceptó ocupar y, en particular, accede a representar a ese
grupo significativo de ciudadanos que apoyó un determinado programa de gobierno,

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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

pero que no obtuvo la mayoría necesaria para ser el que rija el período institucional
del cargo correspondiente, que puede erigirse, incluso, como una voz de oposición.

149. Abstenerse de tomar posesión del cargo de concejal del municipio de Palmar de
Varela, período 2020-2023, sin la existencia de razones de fuerza mayor y una vez
se accedió a ocupar dicha curul, produjo la defraudación de la confianza depositada
por ese grupo significativo de ciudadanos con una voz divergente a la que llegó a la
administración y que, incluso, podía erigirse como oposición, pues dejó de estar
representada en esa corporación pública de elección popular, con lo que el accionado
privilegió su proyecto personal.

150. Se precisa que la manifestación de renuncia presentada por el accionado a
ocupar la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023,
aludiendo a motivaciones personales y su aceptación mediante la Resolución núm.
001 de 3 de enero de 2020, desconoció la imposibilidad de retracto para quien acepta
la curul conforme lo previsto en el artículo 2.° de la Resolución núm. 2276 de 2019.

(…)

152. Conforme a lo expuesto y las circunstancias en que se produjo la renuncia del
accionado a la curul y su aceptación, no es posible evidenciar la existencia de un
error o convicción invencible; por el contrario, el accionado, en contravía de su deber
de tomar posesión del cargo, el día de la instalación del concejo municipal, presentó
la renuncia y al día siguiente esta le fue aceptada dentro del plazo para cumplir con
la citada obligación legal.

153. En efecto, la manifestación del accionado se radicó en el concejo municipal de
Palmar de Varela el día 2 de enero de 2020, día en el cual produjo la instalación del
concejo municipal de tal suerte que la conciencia de que se estaba actuando
conforme al ordenamiento jurídico era humanamente superable con la diligencia
debida de consultar las normas que regularon la forma en que accedió a la curul y de
recibir la asesoría de expertos en la materia frente a su situación, con lo cual habría
llegado a la conclusión que no era posible la renuncia a ocupar tal cargo, pues esto
implicaba actuar, se reitera, contra la prohibición de retracto del artículo 2.° de la
Resolución 2276 de 2019.

154. De esta manera, el accionado ha debido conocer, para la fecha de instalación
del concejo municipal dicha prohibición, con lo cual, igualmente, ha debido entender
que no era posible que le fuera aceptada una renuncia fundada en una actuación
contraria al ordenamiento jurídico, situación, se insiste, que podía ser superada con
la revisión de las normas que regularon la forma en que accedió a la curul y recibiendo
la asesoría de expertos en la materia frente a su situación, lo cual no ocurrió.

155. A partir de lo expuesto, se considera que el accionado incurrió en la causal de
pérdida de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley
617, en la medida en que manifestó voluntariamente que no tomaría posesión del
cargo de concejal del municipio de Palmar de Varela, sin que se haya acreditado una
situación de fuerza mayor.

(…)

157. Igualmente, no se encuentra acreditado que el accionado haya desplegado
acciones tendientes a conocer el marco normativo que regía su aspiración a la
alcaldía municipal de Palmar de Varela, el cual establecía la posibilidad de acceder
a una curul en el concejo municipal producto de obtener la votación que le siguiera a
quien resultara elegido como alcalde municipal, ni las disposiciones que
establecieron ese derecho personal y las condiciones para su ejercicio -entre ellas,
la imposibilidad de retracto-, ni las normas que constituyen el régimen aplicable a los
concejales municipales que prevén como causal de pérdida de investidura, no tomar
posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del
concejo municipal, lo cual ocurrió el 2 de enero de 2020.
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Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

158. No es posible considerar que, el hecho de que se le haya aceptado la renuncia
a la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, pueda constituirse en una
circunstancia constitutiva de error invencible, en la medida en que dicha aceptación
se muestra contraria a las disposiciones que regulan la manera en que el accionado
accedió a la curul en el citado concejo municipal y que expresamente excluyen la
posibilidad de retracto, sumado a que el propósito que inspira ese marco normativo
se encuentra en la posibilidad que se le da a quien accede de esa manera a una curul
en una corporación pública de elección popular de representar a un grupo
significativo de ciudadanos con una voz de divergente a la que llegó a la
administración y que, incluso, podía erigirse como oposición.

159. En la medida en que el comportamiento del accionado, conforme lo señaló la
primera instancia y por lo expuesto anteriormente, fue gravemente culposo, el cargo
no tiene vocación de prosperidad. (…)

160. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, encuentra que los
argumentos del apelante no permitieron desvirtuar la configuración de los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3.
del artículo 48 de la Ley 617, razón por la que se confirmará la sentencia de 2 de
septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor “[…]
Humberto Salim Raad Pérez (antes Humberto Salím Fontalvo Pérez) […]”, como
concejal elegido del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023.”.

5.3. Con fundamento en lo expuesto, la Subsección considera que la presente acción de
tutela se dirige, en esencia, a prolongar el debate surtido en la segunda instancia del
proceso ordinario. En otros términos, su propósito consiste en reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron formulados y resueltos dentro de dicho trámite.

En efecto, la parte actora pretende reabrir la discusión sobre las pruebas y las
consideraciones jurídicas examinadas por el juez natural, con el fin de que esta Sala les
otorgue el alcance interpretativo que estima procedente, sin que, prima facie, se advierta
una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

Particularmente, en relación con el presunto defecto fáctico derivado de la negativa a
decretar pruebas en segunda instancia, la Sala observa que dicha cuestión fue analizada
por el juez ordinario en dos oportunidades. El juez de la investidura sostuvo que acceder
a la solicitud probatoria comportaría el desconocimiento del debido proceso y, además,
que la alegada falta de defensa técnica no constituía una causal que justificara el decreto
de pruebas. Dada la razonabilidad de esa postura, esta Sala se abstiene de efectuar un
análisis de fondo sobre dicho reproche. Asimismo, se advierte que la decisión
cuestionada no se sustentó exclusivamente en la aceptación de los hechos efectuada en
la contestación de la demanda, como parece sugerir el accionante.

Respecto del presunto defecto sustantivo, la Sala encuentra que el argumento según el
cual la acción de pérdida de investidura fue empleada con una finalidad distinta de aquella
para la cual fue concebida también fue objeto de estudio por parte del juez natural. De
igual forma, no se advierte, en principio, que las consideraciones expuestas por dicha
autoridad resulten arbitrarias o irrazonables al punto de justificar un examen
constitucional orientado a establecer una eventual vulneración del derecho a la
participación política.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

Ahora bien, frente al cargo relacionado con el presunto desconocimiento del precedente
fijado en la Sentencia SU-292 del 2 de julio de 2025, la Sala destaca que el juez de
instancia realizó un esfuerzo argumentativo encaminado a considerar el contenido del
comunicado de dicha decisión. Sin embargo, aun cuando se trate de un pronunciamiento
que aborda circunstancias similares y contiene reflexiones relevantes sobre la materia,
esta Corporación no abordará el estudio de fondo de este reproche ni sustentará su
análisis en las consideraciones contenidas en dicha providencia.

Lo anterior, por cuanto la referida sentencia fue publicada únicamente el 16 de octubre
de 202518, circunstancia que coincide con el registro según el cual fue recibida por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 14 de octubre de ese año y remitida a la
Relatoría el 16 siguiente19.

En consecuencia, resulta evidente que la publicación de la Sentencia SU -292 de 2025
ocurrió con posterioridad a la expedición de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025
por el Consejo de Estado, Sección Primera. Por ello, no sería razonable adelantar un
juicio de validez de la providencia cuestionada a partir de un parámetro jurisprudencial
cuyo contenido no se encontraba disponible al momento en que aquella fue adoptada.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 20, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 21.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Humberto Salim Raad Pérez contra el Consejo de Estado-Sección Primera, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

18
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ficha-sentencia/53735/0/texto/0
19

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10622251&lista=datosExpedi
entes_1779922154308
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03105-00
Accionante: Humberto Salim Raad Pérez

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

LMSG

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