Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2023-00120-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2023-00120-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2023-00120-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 85001233300020230012001
Solicitante: Andersson Alonso Carrillo Pinzón
Concejal: Michael Jonathan Castro Niño
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Michael Jonathan
Castro Niño contra la sentencia de 29 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Andersson Alonso Carrillo Pinzón –en adelante el Solicitante– pidió, en ejercicio
del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de Michael
Jonathan Castro Niño –en adelante el Concejal–, porque, a su juicio, incurrió en la
causal prevista en el numeral 3.° del artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941
modificado por el numeral 3.° del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2,
por violación del régimen de inhabilidades.
Pretensión
2. El Solicitante fundamentó la solicitud de pérdida de investidura en la siguiente
pretensión3:
1 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios. […]”.
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
3 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “002 Escrito Demanda”.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
“[…] solicito disponer y ordenar lo siguiente:
1. La Pérdida de Investidura del señor MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, como
concejal del Municipio de Yopal. […]”.
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar su pretensión:
3.1. Afirmó que Michael Jonathan Castro Niño suscribió un contrato de prestación
de servicios profesionales núm. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0330-2023 y núm.
interno 0486 de 2023-02-08, el cual tiene por objeto:
“[…] Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil, en la programación de
los mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y terciaria del
Departamento, emitir concepto técnico a través de la verificación y revisión técnica
de los proyectos de inversión departamental pertenecientes a los sectores de
servicios de agua potable, y saneamiento básico, infraestructura de vías
secundarias, vías terciarias, vías urbanas e infraestructura de equipamiento del
Departamento de Casanare […]”.
3.2. La Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia,
mediante un comunicado, expresó que el Concejal acusado estaba registrado como
candidato inhabilitado para las elecciones del 29 de octubre de 2023, al corroborar
las bases de datos de contratos celebrados con entidades del sector público desde
el 29 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.
3.3. Expresó que: i) el señor Michael Jonathan Castro Niño fue elegido concejal de
Yopal, allegando el formato de declaración juramentada en el que manifestaba no
estaba incurso en ninguna inhabilidad; y ii) dentro del marco de la acción de tutela
con número único de radicación 85001-23-33-000-2023-00119-00 tramitada ante el
Tribunal Administrativo de Casanare, el señor Michael Jonathan Castro Niño aceptó
haber celebrado un contrato de prestación de servicios con el Departamento de
Casanare doce meses previos a las elecciones; no obstante, afirmó que no se
demostró el elemento territorial de la inhabilidad contenida en el numeral 3.° del
artículo 40 de la Ley 617.
3.4. La Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 424 de 2016, ha
considerado que la pérdida de investidura es una sanción para aquellos miembros
de corporaciones públicas que actúen de manera incompatible con la dignidad de
sus cargos, señalando que “[…] se trata de un juicio sancionatorio, que se efectúa
en ejercicio del ius puniendi del Estado […]”.
3.5. Adujo que el actuar de Michael Jonathan Castro Niño fue con pleno
conocimiento y con la intención de evadir las normas de inhabilidad, como lo
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demuestra su propia participación y declaraciones en la acción de tutela lo cual
configura una conducta dolosa y temeraria, configurando así la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de inhabilidades.
3.6. Manifestó que “[…] el señor Castro Utilizando (sic) los recursos públicos, realizo
(sic) actividades directas en el municipio de Yopal, en proyectos de gran impacto y
sensibilidad para la comunidad del municipio de Yopal, hechos que claramente
repercuten en la comunidades (sic) a la hora de realizar el proselitismo político, lo
que deja al señor Castro inmenso sin ninguna duda en una inhabilidad, al
favorecerse con la ejecución del contrato en el municipio de Yopal […]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
4. El Concejal Michael Jonathan Castro Niño, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se
negaran sus pretensiones, así:
4.1. Aseguró que las pretensiones de la demanda son infundadas y contrarias a
derecho, pues no se configura ninguna causal de inhabilidad según los artículos 48
de la Ley 617 y 55 de la Ley 136.
4.2. Señaló que el objeto del contrato suscrito con el Departamento de Casanare
consistía en “[…] prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil para
realizar diversas actividades relacionadas con apoyo y verificación técnica a los
sectores de transporte, vivienda, ciudad y territorio; servicios de agua potable y
saneamiento básico, infraestructura de vías secundarias, vías terciarias, vías
urbanas e infraestructura de equipamiento en los Municipios de Sabanalarga,
Villanueva, Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía,
Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sacama, San Luis De Palenque, Tamara,
Tauramena y Trinidad del Departamento de Casanare […]”.
4.3. Indicó que el contrato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura de la
Gobernación del Departamento de Casanare y el Concejal Michael Jonathan Castro
Niño debía ejecutarse en los municipios que se señalaron supra, como se
corroboraba en el contrato y su estudio previo 2023-00551, que hacía parte integral
del mismo, entre los que no se encontraba el Municipio de Yopal.
4.4. Apoyándose en jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
efectuó el respectivo análisis de los elementos para que se configure la inhabilidad
alegada, afirmando que, en el caso sub examine, se configuraba el elemento
temporal, toda vez que el contrato fue suscrito el 8 de febrero de 2023, por lo que
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era posible asegurar que se celebró dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de la elección, siendo esta el 29 de octubre de 2023.
4.5. Ahora bien, respecto a la configuración del elemento territorial, señaló que no
se configuraba, toda vez que “[…] Aunque el contrato ciertamente se celebró con
entidad pública del orden departamental, suficientemente se ha probado que el
mismo no tenía como lugar de ejecución o cumplimiento el municipio de Yopal,
Casanare, pues lo cierto es que se había de ejecutar en 18 municipios de dicho
departamento entre los que, se itera, no se hallaba el de Yopal, como se observa a
continuación: Sabanalarga, Villanueva, Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La
Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sacama,
San Luis De Palenque, Tamara, Tauramena y Trinidad […]”.
4.6. Por último, adujo que el Concejal Michael Jonathan Castro Niño no obró con
dolo o culpa, por lo que tampoco se configuró el elemento subjetivo.
La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881
5. La audiencia pública tuvo lugar el 27 de febrero de 2024 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el apoderado del Concejal;
y el Ministerio Público.
6. El Solicitante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
7. El Concejal reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la solicitud
de pérdida de investidura.
8. El Ministerio Público señaló que estaba configurada la inhabilidad prevista en el
artículo 43 de la Ley 136, toda vez que, el Concejal ejecutó el contrato en el
Municipio de Yopal, en donde además, se acreditó el elemento subjetivo al no haber
obrado con cuidado previo a la inscripción como candidato.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 29 de febrero
de 2024, en primera instancia, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Michael Jonathan
Castro Niño, elegido concejal del municipio de Yopal por el del Partido […] para el
periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente providencia a las partes y al Ministerio
Público.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, COMUNÍQUESE al Concejo Municipal de
Yopal, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando las
constancias de rigor […]”.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal Administrativo de Casanare explicó que el problema jurídico
consistía en determinar lo siguiente:
“[…] ¿Se configuran los elementos objetivo y subjetivo para decretar la pérdida de
investidura del demandado, elegido concejal del municipio de Yopal por haber
suscrito previo a su elección contrato de prestación de servicios profesionales No
SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No interno 0486 de 2023-02-08 con el
Departamento de Casanare? […]”.
Sobre el elemento objetivo de la causal
11. Consideró que, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
elemento territorial se configura siempre que pudiera deducirse del acuerdo de
voluntades que el lugar de su ejecución o cumplimiento es el municipio o distrito en
el cual el acusado funge concejal.
12. En el caso concreto, señaló que: i) en el lugar de ejecución acordado por las
partes no se indicó el Municipio de Yopal, no obstante lo anterior, en las actividades
a cargo del contratista se consignó en el numeral 8.° de la cláusula tercera “[…] las
demás actividades que disponga el supervisor y que sean atinentes al objeto del
contrato […]”; y ii) para determinar el lugar de ejecución del contrato en los términos
del numeral octavo de la cláusula tercera del contrato, era relevante determinar las
actividades desplegadas por el Concejal a partir de los informes que presentó,
concluyendo lo siguiente:
“[…] En lo que atañe a los informes se destaca que, si bien se hace referencia al
municipio de Yopal, se debe revisar el alcance de estos frente a las obligaciones
contractuales.
En los informes de actividades No. 1, del 10 de marzo de 2023 y No. 3 en el del 17 de
mayo de 2023, el señor Michael Jonathan Castro Niño señaló las actividades
desarrolladas:
“se proyectó repuesto (sic) referente al proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS
EN EL TRAMO VIAL DE ORDEN SECUNDARIO COD. 65CA04 YOPAL - TILODIRAN
• ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE Y DEL TRAMO VIAL DE ORDEN
TERCIARIO TAURAMENA SECTOR VEREDA VISINACA - LAGUNITAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE”
“A solicitud del Ingeniero Óscar Eduardo García Secretario de Infraestructura y la
Ingeniera Sulma Oriana López Directora Técnica de Programación se estructuro (sic)
el componente económico del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN
EL TRAMO VIAL DE ORDEN SECUNDARIO CODIGO 65CA1 1 PAZ DE ARIPORO -
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
RUTA DE LOS LIBERTADORES SECTOR EL DEGREDO, MUNICIPIO DE SACAMA,
TRAMO VIAL DE ORDEN TERCIARIO TAURAMENA SECTOR VEREDA VISINACA -
LAGUNITAS Y TRAMO V DE ORDEN TERCIARIO YOPAL SECTOR VEREDA LOS
ACEITES A LA ESCUELA VEREDA ANTA BÁRBARA CORREGIMIENTO LA
CHAPARRERA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE” (SIC) (Negrillas fuera de
texto)
En los informes de actividades No. 1, del 10 de marzo de 2023; No. 2, del 17 de abril
de 2023 y, No. 3 del 17 de mayo de 2023, el señor Michael Jonathan Castro Niño indicó
como actividades desarrolladas las que guardan relación con la acción popular Acción
Popular No 2019-00164-00, que se tramita en el Tribunal Administrativo de Casanare:
“Se Participó en Tres (3) mesas técnicas que se desarrollaron en la Oficina de
Programación para dar respuesta a la acción popular "Prefactibilidad
Macroacueducto corregimientos municipio de Yopal” con participación de
profesionales del municipio de Yopal y Gobernación de Casanare, las cuales se
realizaron en las siguientes fechas: 15-02-2023; 20-02-2023; 22-02-2023. Se
realizaron dos jornadas de capacitación en el centro poblado el Morro, para elaborar
las encuestas correspondientes al corregimiento de referencia, específicamente para
las veredas que aún no las han realizado, para dar respuesta a la acción popular
"prefactibilidad macroacueducto corregimientos municipio de Yopal los días: 13-02-
2023 y 23-02-2023 Se prestó apoyo técnico para la elaboración de informe ejecutivo
en cumplimiento de la acción popular "prefactibilidad macroacueducto
corregimientos municipio de Yopal', a solicitud de la Procuraduría delegada. Se
participo (sic) en la socialización de la actualización de los formatos de referencia del
componente de interventoría donde nos dan a conocer los cambios que se efectúan
teniendo en cuenta el IPC y SMMLV, Esto con el fin de revisar y verificar el componente
en los proyectos que presenten a la Dirección Técnica de Programación: 1.
FORMULARIO DETALLADO, 2. FORMULARIO GLOBAL, 3. PLAN DE CARGAS
EXRENDIDO, 4. CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS, 5. PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES, 6. FACTOR MULTIPLICADOR, 7. PRESUPUESTO LABORATORIOS
Y 8. PRESUPUESTO APOYO A LA SUPERVISIÓN”. (SIC) (Negrillas fuera de texto)
-“Con relación a la actividad 3; Se apoyó en proyectar la respuesta mediante
Memorando No. 285 del 30 de marzo de 2023, al requerimiento del tribunal sobre
el cumplimiento de las actividades de la Acción Popular No 2019-00164-00, cuyo
objeto es Macro Acueducto Veredal del Municipio de Yopal. A solicitud de la
Doctora Tatiana Margarita Oñate Acosta, Procuradora delegada General de la Nación,
al compromiso pactado en la mesa de trabajo de fecha tres (3) de marzo de 2023,
celebrada en las instalaciones de la Gobernación de Casanare, se apoyó en la
respuesta con fecha 8 de marzo de 2023 mediante correo electrónico con el fin de
adjuntar cronograma de actividades ajustado; junto con el acta reunión realizada el día
siete (7) de marzo de 2022 con el municipio de Yopal y el departamento de
Casanare, en marco de la acción popular 'Prefactibilidad Macro acueducto
corregimientos municipio de Yopal”. (Negrillas fuera de texto)
-Con relación a la actividad 6; Se realizo (sic) acompañamiento y apoyo en la mesa de
trabajo del día 31 de marzo de 2023 realizada en el despacho de la secretaria privada
del departamento, donde participaron, Profesionales de la Gobernación, Profesionales
de Gestión del Riesgo del departamento y se trataron temas relacionados con el
avance de las actividades de la acción popular número 2019-00164 cuyo objeto
es macro acueducto veredal del municipio de Yopal. Del mismo modo se realizó
acompañamiento a la reunión realizada el día siete (7) de marzo de 2022 con el
municipio de Yopal y el departamento de Casanare, con relación al ajuste del
cronograma de actividades a realizar a solicitud de la procuradora delegada, en marco
de la acción popular "Prefactibilidad Macro acueducto corregimientos municipio de
Yopal”. (Negrillas fuera de texto)
-Con relación a la actividad 6; Se realizo (sic) acompañamiento y apoyo en la mesa de
trabajo del día 26 de abril de 2023 realizada en la Dirección Técnica de Programación,
donde participaron, los lideres Roselino Bohórquez presidente de ASOJUNTAS
del Corregimiento el Morro y Yovani García Accionante de la acción popular
"Prefactibilidad Macro acueducto corregimientos municipio de Yopal", con el fin de
cerrar el Censo del corregimiento el Morro y dar continuidad al proceso”. (SIC)
(Negrillas fuera de texto) […]”.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
13. Consideró que, en cumplimiento de las actividades adicionales a las descritas
en los numerales 1.° a 7.° de la cláusula tercera del contrato de prestación de
servicios profesionales “[…]” No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No
interno 0486 de 2023-02-08 […]”, el Concejal acusado ejecutó y cumplió el objeto
contractual en el Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que en los informes
presentados al Departamento de Casanare fue claro en indicar que “[…] asistió a
reuniones dentro de la jurisdicción de la entidad territorial, adelantó mesas de
trabajo como la preparación de documentos relacionados directamente con la
capital de Casanare dentro de la acción popular 2019-00164-00 que se tramita en
este Tribunal. Actividades relacionadas con el objeto contractual, esto es, en la
programación de mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y
terciaria, emisión de conceptos en los sectores de servicios de agua potable y
saneamiento básico en el Departamento de Casanare, que incluye su capital
conforme a la organización territorial [...]”.
14. Afirmó que, el contrato de prestación de servicios profesionales “[…] No SECOP
II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 del 2023-02-08 […]” lo suscribió
Michael Jonathan Castro Niño dentro del año inmediatamente anterior, toda vez que
los comicios se realizaron el 29 de octubre de 2023, esto es, 8 meses y 21 días con
posterioridad al acuerdo contractual.
15. Consideró que, con fundamento en el acervo probatorio obrante en el
expediente, se probó que el término del contrato se pactó a cuatro meses y la
contraprestación por los servicios ascendía de $ 20.106.240, según lo estipulado en
la cláusula 52, por lo que se configuraron los dos elementos que prevé el numeral
3.º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 4, es decir, “[…] que el
contrato se suscribió dentro del año de la elección y que, por el mismo el hoy
demandado recibió contraprestación tal y como está demostrado con las cuentas
de cobro […]”.
16. El Tribunal concluyó manifestando que “[…] de manera adicional a lo acreditado
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones realizadas por el señor Michael
Jonathan Castro Niño conforme a su propia manifestación de voluntad, los informes
de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el Yopal Casanare se le grabó
con el impuesto de industria y comercio, impuesto que tiene por objeto y conforme
a lo expuesto por el Consejo de Estado el mismo atiende el principio de
territorialidad por las actividades realizadas, de tal modo que al haberse causado
4 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional".
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
respecto de los honorarios pactados entre el demandado y el Departamento de
Casanare para recibir la contraprestación pactada en el contrato No SECOP II CAS-
OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 del 2023-02-08, se configura la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificada
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]”.
Sobre el elemento subjetivo de la causal
17. Por último, consideró que también se acreditó el elemento subjetivo, toda vez
que Michael Jonathan Castro Niño es un ingeniero civil, por lo que su estatus de
profesional le implicaba un conocimiento para obrar con previsión y cuidado
respecto al análisis de las causales de inhabilidad, teniendo en cuenta además, que
respecto a la asignación de tareas y reuniones tanto en la sede de la Gobernación
como en el territorio del Municipio de Yopal, “[…] ha debido realizar las gestiones
necesarias para indagar las consecuencias de su realización por ser previas a las
elecciones para concejal en esa jurisdicción […]”.
18. En ese orden de ideas, consideró que “[…] Michael Jonathan Castro podía
comprender las circunstancias configurativas de la causal de inhabilidad como de la
desinvestidura, dada su condición de profesional, por lo que se le exigía un
comportamiento diligente y al no hacerlo obro con culpa, luego prueban los
elementos objetivo y subjetivo accederán a las pretensiones de la demanda […]”.
Recurso de apelación presentado por el Concejal
19. El Concejal interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:
20. Adujo que “[…] El Ad-Quo, no realizó un estudio adecuado conforme con la
severidad y gravedad de la sanción que representa este tipo de acciones,
pormenorizando y dando por probado sin estarlo el elemento volitivo, como bien lo
ha establecido la Corte Constitucional y del Honorable Consejo de Estado, en la
pérdida de investidura por ser de carácter sancionatorio, no basta con demostrar el
elemento objetivo (la causal de inhabilidad) sino que también se debe demostrar el
elemento subjetivo (el dolo o la culpa) […]”.
21. Señaló que iniciar un juicio subjetivo con el elemento de que el desconocimiento
de la Ley no lo exime de su responsabilidad, implica un prejuzgamiento o desventaja
para todo sujeto procesal, “[…] pues como se ha reiterado por las Altas Cortes está
proscrito por la Constitución y la Ley los elementos objetivos en materia
sancionatoria […]”.
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22. Manifestó que, “[…] en cuanto a que “en el objeto del contrato no se excluyó a
Yopal […]” el Tribunal Administrativo de Casanare se equivocó no solo por
determinarlo como un elemento subjetivo al Concejal, quien no elaboró el contrato
pues esta actuación se encuentra en cabeza de la entidad contratante, teniendo en
cuenta que, este juicio de reproche es respecto a la conducta del demandado, no
frente situaciones de terceros o circunstancia fuera de la voluntad de a quien se le
realice el juicio de reproche y segundo, “[…] porque no es en el objeto de un contrato
estatal donde se establece el lugar de ejecución, sino en la cláusula que así lo
establezca, como en este caso, donde tanto en los estudios previos como en la
minuta del contrato se dejó claro cuáles eran los lugares de ejecución, cuál era el
alcance del objeto a contratar y la población beneficiaria, y es que en el proceso se
tuvieron en cuenta los estudios previos del contrato, únicos documentos que para
el momento de suscribir el contrato de prestación de servicios podía conocer el
demandado por lo que no se puede hablar de un actuar culposo y mucho menos
doloso de mi prohijado al momento de suscribir el contrato, pues claramente los
estudios previos señalan que la ejecución se llevaría a cabo en municipios del
departamento de Casanare sin tener en cuenta la ciudad de Yopal […]”.
23. Expresó que, el Tribunal para justificar la configuración del dolo o culpa grave,
hizo referencia que al momento de suscribir el contrato núm. 0486 del 28 de febrero
de 2023, debía saber que “[…] la administración departamental podía exigirle a
futuro en la ejecución del contrato que debía desplegar alguna actuación en el
municipio de Yopal -Casanare-, y aun así decidió suscribir el contrato […]”, sin
embargo, esta conclusión del Tribunal no tiene fundamento alguno ni en la norma
ni en la jurisprudencia, e impone “[…] al demandado una carga que no le es
imposible soportar en cuanto a la existencia de un comportamiento culposo o doloso
al momento de suscribir el contrato antes reseñado […]”.
24. Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que lo que
se debe tener en cuenta para la pérdida de investidura, es la celebración del
contrato, teniendo en cuenta que su ejecución y liquidación están por fuera del
alcance que “[…] estipuló el Constituyente […]”. Agregó que:
“[…] El Tribunal Administrativo de Casanare, afirma que mi poderdante no realizó
acciones para verificar si se encontraba inhabilitado para ser elegido Concejal de
Yopal, sin embargo, dicho análisis o interpretación es errado, toda vez que mi defendido
si desplegó y realizó varias actuaciones con este propósito, primero el comunicado
emitido por el Presidente Departamental de Casanare del Partido […], quien manifiesta
que el señor MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, no se encontraba inhabilitado
para ser elegido Concejal de Yopal en el cual se justifican las razones, adicionalmente
mi poderdante recurre a asesoría del abogado especialista en derecho administrativo,
el Dr. ERICSON HUMBERTO MARTINEZ VARGAS, quien le manifiesta que no se
encontraba inhabilitado debido a que en la celebración del contrato con la Gobernación
de Casanare, no se incluyó a Yopal, y adicionalmente al revisar la jurisprudencia del
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
Consejo de Estado, se ha señalado que es la celebración del contrato lo que cobra
relevancia, ya que su ejecución y liquidación no hicieron parte de la restricción del
Constituyente o Legislador.
Por lo anterior, se denota que el ad-quo, no realizó el debido análisis subjetivo, por las
siguientes razones:
Al momento de la celebración del contrato con la Gobernación de Casanare, solo se
conocían y existían los estudios previos del contrato y los mismos no contemplaban ni
en el objeto contractual, ni en el lugar de ejecución la ciudad de Yopal.
El Presidente Departamental de Casanare del Partido […], emitió el 18 de octubre de
2023, antes de las elecciones regionales, una certificación manifestando que el señor
MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, no se encontraba inhabilitado para ser elegido
Concejal de Yopal.
Mi prohijado acudió a buscar asesoría a un abogado especialista en derecho
administrativo, quien le manifestó que no estaba inhabilitado porque el contrato se
suscribió con la Gobernación de Casanare, y se excluía la ciudad de Yopal.
La situación no era tan clara u obvia como la manifestó el Tribunal Administrativo de
Casanare, pues el mismo Tribunal, cuando resolvió negativamente la solicitud de
medida cautelar las razones que motivaron su decisión eran que ni en el objeto, ni en
las obligaciones ni en los informes se había incluido a Yopal; así las cosas, el elemento
subjetivo no fue bien valorado por el juez de instancia […]”.
25. Adujo que la restricción prevista en la Ley 617, en concordancia con la Ley 136,
no puede ser extensiva a su ejecución o liquidación, “[…] pues como lo ha reiterado
la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se trata de celebración de contratos
estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no
configuran causal de inhabilidad, pues el contrato ya se obtuvo y/o celebró y para el
caso que nos ocupa, el contrato celebrado entre mi poderdante y la Gobernación de
Casanare, al momento de celebrarse no incluyó al Municipio de Yopal […]”.
26. Agregó que “[…] al momento de la celebración del contrato de prestación de
servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No. interno
0486 del 2023-02-08, entre el señor MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO y la
Gobernación de Casanare, no se encontraba el Municipio de Yopal, por lo que se
equivoca gravemente el Tribunal Administrativo de Casanare, a extender una causa
que por mandato de Ley es taxativa, y se limita a la celebración de contratos mas
no a la de ejecución de estos […]”.
27. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló que el Concejal incurrió en
causal de inhabilidad porque en los pagos que le realizaba la Gobernación de
Casanare, le descontaron industria y comercio con destino al Municipio de Yopal,
sin embargo, aclaró que, los descuentos de industria y comercio (ICA), no hacen
parte de las causales de inhabilidades y tampoco se puede interpretar o concluir
esto, debido a la medida restrictiva de la norma sancionatoria y dichas certificaciones
generalmente son formatos que las entidades le entregan a los contratistas para que
estos simplemente los firmen y puedan agilizar su pago.
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28. En ese orden de ideas, “[…] el ad-quo concluye diciendo que se configura la
inhabilidad por los descuentos de industria y comercio, grave error de interpretación
y extensión de causales sancionarías y/o de inhabilidad, porque la naturaleza del
impuesto de industria y comercio es posterior al contrato, posterior a la celebración
e incluso posterior a la ejecución del mismo […]”.
29. Por último, solicitó que se decretara “[…] la nulidad de todo lo actuado
incluyendo la audiencia pública […]”.
Traslado del recurso de apelación
30. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Solicitante y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
31. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2024, resolvió sobre
la solicitud de nulidad presentada por Michael Jonathan Castro Niño, negando las
pretensiones, al considerar que “[…] que no se configuró la causal de nulidad
prevista en el artículo 36 de la Ley 1564 y en el numeral 1. ° del artículo 107 ibidem
[…]”.
32. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de octubre de 2024, resolvió
sobre la solicitud probatoria, en segunda instancia y un “memorial de alcance” al
recurso de apelación presentados por el Concejal acusado, rechazándolos por
extemporáneos5.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
33. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de la inhabilidad prevista en el numeral 3. ° del artículo 436 de la Ley
136; vii) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la excepción de cosa
juzgada en los procesos de pérdida de investidura; viii) el análisis del caso concreto;
y ix) las conclusiones.
5
Cfr. Índice 32 de Samai.
6 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
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Competencia de la Sala
34. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
y diputados; iii) el artículo 1507 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 20199: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.
35. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
36. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará únicamente
en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.
Problema Jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si el Concejal incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 3. ° del artículo 43 de la Ley 136 modificado por el numeral 3. ° del artículo
40 de la Ley 617, por violación al régimen de inhabilidades, al haber celebrado
contrato con el Departamento de Casanare dentro del año anterior a la elección,
cuya ejecución se efectuó en el Municipio de Yopal en el cual fue elegido.
38. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 29 de
febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia.
La calificación habilitante
39. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probado que el señor Michael Jonathan Castro Niño fue elegido como
Concejal del Municipio de Yopal para el periodo constitucional 2024-2027, de
conformidad con la copia del formulario E-26 CON10.
7 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
8 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
10
Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “DEMANDA Y ANEXOS Índice: 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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40. En este caso, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la medida en
que el documento indicado supra constituye prueba de dicha calidad y su condición
no fue cuestionada durante el proceso ni en el recurso de apelación, lo cual lo hace
sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
41. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14311 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio12 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
43. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
44. La Sala Plena13 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
11 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente
o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
12 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
45. En esa misma orientación, la Corte Constitucional14 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
46. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201015. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
47. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, se debe dar plena
aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular, en
cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in dubio
pro reo, y de legalidad.
48. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
14 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
15 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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jurisprudencia de las altas cortes16, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo17.
49. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”18.
50. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo19.
Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de
investidura
51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de
la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro
de las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las
causales son de aplicación restrictiva20; lo anterior en atención a que las
prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de
origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas,
vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de
manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
17 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
18 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
19
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
20 Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
52. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de
21 de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura
son aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar
la atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban
ser concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación
restrictiva, pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una
sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el
futuro y a perpetuidad […]”. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han puesto de presente que las
normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse
de manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los
limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades
para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en
la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino
siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva […]”.
53. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado el
carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad
y favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público,
de interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a
perpetuidad […]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la
conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara
y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la
omisión o la prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).
54. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3
de noviembre de 2016, consideró que “[…] la interpretación y aplicación restrictiva
de las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también obedece al
principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella interpretación más
favorable al hombre y a sus derechos […]”.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades
55. Visto el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de investidura
de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.
56. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del
Consejo de Estado21 como la Sección Primera22 de esta Corporación han sostenido
que el mandato previsto en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre
pérdida de investidura de concejal, “[…] por violación del régimen de inhabilidades
[…]”, se encuentra vigente, en los términos del numeral 6.° del artículo 48 de la Ley
617, según el cual los concejales municipales y distritales perderán su investidura
“[…] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la inhabilidad prevista en el
numeral 3. ° del artículo 4323 de la Ley 136
57. Visto el numeral 3. ° del artículo 4324 de la Ley 136, sobre inhabilidades de los
concejales, que prevé que “[…] [n]o podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: […] 3. Quien dentro del año anterior a la elección
haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo,
quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito […]” (Destacado fuera de texto).
58. Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres supuestos
fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 3.° del
artículo 43 ibidem, a saber:
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2002, C.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 7177.
22 Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
proferida el 4 de septiembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación
080012333000201300249-01 Consejero Ponente, doctor Guillermo Vargas Ayala; y ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2017, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, núm. único de radicación: 250002336000201600731-01
23 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
24 Ibidem.
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18
Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
58.1. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital, en interés propio o de terceros.
58.2. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
58.3. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
59. Atendiendo a que, en el caso sub examine, la solicitud de pérdida de investidura
se fundamentó en el segundo supuesto contenido en la normativa indicada supra y
a que estos fueron aspectos controvertidos en el recurso de apelación: la Sala
procederá al estudio de los elementos para la configuración de las inhabilidades
relativas a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro
del año anterior a la elección haya celebrado contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
Sobre la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
ejecutados en el respectivo municipio
60. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018, consideró que la inhabilidad prevista en el numeral 3.º del artículo
43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, se configura siempre
que se acrediten los siguientes elementos acumulativos: “[…] i) la celebración del
contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que la celebración del contrato lo
haga en interés propio o de terceros, iii) que el contrato se celebre dentro del año
anterior a la elección del concejal; y iv) que el contrato se ejecute en el mismo
municipio para el cual resultó elegido como concejal […]”25.
61. En relación con el elemento relativo a “[…] la celebración de contrato con
entidad pública de cualquier nivel […]”, la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que “[…] se encuentra dirigido a que el sujeto haya acordado libre
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018 dentro del proceso identificado con número único de radicación 810012339000201700118-01;
Consejero Ponente, Hernando Sánchez Sánchez.
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y voluntariamente con una entidad de naturaleza pública [de cualquier nivel], la
estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas sean o no de carácter
pecuniario, de modo que a partir de dicho acuerdo ambas partes adquieren
obligaciones […]”26.
62. En relación con los demás elementos, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha considerado que “[…] el relativo al periodo inhabilitante, […] hace
referencia a que el contrato se haya suscrito dentro de los doce meses anteriores a
la elección del concejal. Respecto el interés, se entiende que el negocio jurídico
celebrado reporte beneficios para los contratantes o para terceros, y que la
ejecución del mismo se haya dado en la entidad territorial (municipio o distrito) en la
que se realizó la correspondiente elección […]”27. Se aclara, además, que según lo
ha explicado la Sección, “[…] el interés al que se refiere la norma no necesariamente
debe tener un contenido económico o pecuniario, de suerte que, para que este se
configure, no es forzoso que el contrato reporte una utilidad económica […]”.
63. En suma, para efectos de determinar si se configura la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades indicada supra, se deberá
realizar el estudio de los cuatro elementos acumulativos, previamente mencionados,
a saber: i) la celebración de contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que
la celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros; iii) que el contrato
se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal y iv) que el contrato se
ejecute en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal respecto del
cual se solicita la declaratoria de pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura
64. Conforme con la normativa aplicable al caso referida supra, el artículo 1.° de la
Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019,
resulta aplicable al caso sub examine, en virtud del principio de favorabilidad en la
medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el otro,
establece una situación más favorable a la persona objeto de solicitud de pérdida
de investidura, relativa a que el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura solamente se configura por conductas dolosas o gravemente culposas.
26 Ibidem cita 44.
27 Ibídem cita 44.
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20
Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
65. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”28 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los
extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la Ley 4
de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”, “[…] [l]as
leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros, sean
domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos concedidos por
los tratados públicos […]”.
66. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo de Estado
y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a enunciar algunos
de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.
Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
67. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201629,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien ostentaba
la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento objetivo y un
elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.
68. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se
adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta
regulada en la ley […], contraria al ordenamiento jurídico […] y culpable […]”.
69. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
28 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló
sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale
a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico […].
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a
cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las
consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del
derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en
la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para
conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser
relevados de cumplirlos […]” (Destacado fuera de texto).
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con
culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era
necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
70. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 2017 30, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar los
elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
71. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01. Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 050012333000201601908-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017,
C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de
2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 760012333004201601478-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de 2018,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de 2019,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.
72. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos con
los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran de
obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la
certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante. […]”.
73. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine, in
dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad
y culpabilidad.
74. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos
ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el
sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al
menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados
en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado
para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con
base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena
fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
75. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201731, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben valorar
en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se está ante una situación
31 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José
Fernando Reyes Cuartas.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que
permita descartar la culpa […]”.
Sentencia de 10 de mayo de 2018
76. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201832, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le
impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”33.
77. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó de
forma diligente […]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
78. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202034, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los nacionales
[…] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]”
y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual se indica que “[…]
la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
79. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
33 Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual
se consideró que “[…] El proceder del demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen
de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona
se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García
González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01; providencia en la cual se consideró que
“[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer estas normas y que el
desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se
consideró que “[…] No hay prueba en el expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró
con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación
de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar que el
artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de
2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.
80. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa o
gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto conocía
o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento
jurídico.
81. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de
una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad
doloso; y por el otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto no
conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho
y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento
culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
82. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202135, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la culpabilidad
del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las
singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por
el demandado […]”.
83. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas
requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la formulación
correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de
la documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que
debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
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duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la
respuesta del asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o
recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías deben ser
conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y
sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos se desprenda
un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una
conducta constitutiva de pérdida de investidura.
84. De conformidad con lo anterior, el estudio de cada caso se debe realizar
teniendo en cuenta que la pérdida de investidura es un juicio de carácter
sancionatorio, lo cual implica que el juez debe realizar un análisis integral de la
responsabilidad bajo una estricta aplicación de los principios que gobiernan el
debido proceso, entre ellos, los principios pro homine e in dubio pro reo; y, con
fundamento en ello, determinar si la conducta se subsume en el presupuesto fáctico
de la norma que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura
y si se configura o no el elemento subjetivo, relativo a la culpabilidad.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la excepción de cosa
juzgada en los procesos de pérdida de investidura
85. Vista la Ley 188136, en especial, el artículo 1° que establece, que: i) el proceso
de pérdida de investidura garantizará el non bis in idem; ii) “[…] [c]uando una misma
conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de
forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso
en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del
Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura […]”; y,
“[…] [e]n todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa
juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración
objetiva de la causal […]”.
86. Vistos los artículos 302 y 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 37, sobre
ejecutoria y cosa juzgada.
87. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de diciembre de
202138, precisó en relación con la cosa juzgada lo siguiente: “[…] Cabe señalar que,
si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley 1881 le otorga el carácter de cosa
juzgada únicamente a las sentencias de pérdida de investidura de congresistas,
36 Aplicables al proceso de pérdida de investidura de concejales y diputados de conformidad con el artículo 22
de la Ley 1881.
37 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; proceso identificado con el
número único de radicación 500012333000202000709-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
[…] también lo es que es un proceso que se surte, enteramente, en esta
Corporación, tanto la primera como la segunda instancia. De ahí que dicha norma
resulte aplicable a los procesos de pérdida de investidura surtidos contra miembros
de corporaciones públicas territoriales, de ser entendida e interpretada, de forma
integral, y en consonancia, con lo determinado en los artículos 302 y 303, del CGP,
-normas procesales de orden público y de obligatorio acatamiento por las
autoridades judiciales- […]”, y agregó que “[…] Desde esta perspectiva, en los
procesos de pérdida de investidura territoriales, la cosa juzgada es un efecto que
se produce por la firmeza que adquiere una decisión judicial que le pone fin y
resuelve el fondo del asunto planteado, al constatarse la ocurrencia de cualquiera
de los eventos previstos por la codificación procesal, […] sin que haya lugar a exigir,
como en el caso de los congresistas, que necesariamente exista un
pronunciamiento de esta Corporación para declarar dicho fenómeno, precisamente,
por el singular procedimiento previsto en la ley para este tipo de procesos en los
que median censuras contra miembros de corporaciones públicas territoriales39
[…]”.
88. En ese orden de ideas, el parágrafo del artículo 1.° de la Ley 1881 recoge la
garantía del principio de non bis in idem como parte integrante del derecho
fundamental al debido proceso. Dicha garantía se configura bajo la premisa
consistente en que cuando una misma conducta da lugar a un proceso de
desinvestidura y a uno electoral, la primera decisión judicial hace tránsito a cosa
juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos objetivos juzgados, en aquello
que resulte compatible, lo que no ocurre en relación con el análisis del aspecto
subjetivo o la culpabilidad por ser un asunto propio de la institución de la pérdida de
investidura.
89. En dicho contexto, tanto el proceso de pérdida de investidura como el de nulidad
electoral comparten la causal que versa sobre la violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, por lo que el legislador consideró pertinente
positivizar la garantía de la cosa juzgada entre dichos procesos, bajo el entendido
que no resulta válido desde el punto de vista constitucional la existencia de dos
decisiones opuestas al interior de la misma Corporación que juzgue los mismos
hechos.
39
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales (…) Parágrafo 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley,
con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea
departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la
sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
Análisis del caso concreto
90. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar y
a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades, en el caso concreto
91. Previo a analizar si se configura o no el elemento objetivo en el caso sub
examine, la Sala deberá determinar si lo decidido por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 24 de julio de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único
de radicación 85001-23-33-000-2023-00124-01, que corresponde a la demanda de
nulidad electoral que presentó Harold Alberto Castillo Pérez contra el concejal
Michael Jonathan Castro Niño hace tránsito a cosa juzgada en este proceso en
relación con el análisis del elemento objetivo de la causal de inhabilidad analizada.
92. Los hechos que dan lugar a la interposición de la demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
85001-23-33-000-2023-00124-01 son iguales a los que originan el presente proceso
de pérdida de investidura en el presente caso, teniendo en cuenta que en ambos
procesos se abordan las mismas situaciones fácticas jurídicamente relevantes
respecto a la configuración del elemento objetivo, esto es, la celebración del
contrato de prestación de servicios núm. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0330-2023 y
núm. interno 0486 de 2023-02-08 con la Gobernación del Casanare y la ejecución
del mismo, entre otros, en el Municipio de Yopal.
93. De igual manera, respecto a las pretensiones de la demanda, en el proceso de
nulidad electoral se persigue decretar la nulidad de la elección del Concejal Michael
Jonathan Castro Niño, se reitera, por la violación del régimen de inhabilidades, lo
cual, guarda similitud con el proceso de la referencia, en la medida que en este
proceso se persigue la pérdida de investidura por la misma causal de inhabilidad,
por los mismos hechos.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
94. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de julio de
2024, planteó como problema jurídico a resolver, si “[…] el demandado incurrió en
la causal de inhabilidad del artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el
40 la Ley 617 de 2000), por haber celebrado y ejecutado en el municipio de Yopal
el contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJ-
CDPSP0330-2023 con No. interno 0486 del 8 de febrero de 2023, durante el año
anterior su elección como concejal […]”.
95. La Sección Quinta del Consejo de Estado al resolver el caso concreto consideró:
“[…] En primera medida se tiene que, en los informes presentados por el
demandado, en relación con la ejecución del contrato No. SECOP II CAS-
OAJCDPSP-0330- 2023, se reportaron actividades que muestran que al menos
algunas obligaciones se ejecutaron en el corregimiento del Morro del municipio de
Yopal y en el despacho de la secretaría privada del departamento […]”.
[…]
“[…] De lo anterior, se evidencia que el demandado ejecutó parte de sus
obligaciones en el municipio de Yopal, en especial, diferentes acciones relacionadas
con el macro acueducto del corregimiento del Morro (de dicha municipalidad), como
fueron el acompañamiento y apoyo en la mesa de trabajo realizada en el despacho
de la secretaria privada del departamento, donde se discutieron temas relacionados
con el avance de las actividades de la acción popular sobre dicho proyecto y la
realización del censo poblacional de beneficiarios de esa obra, como pasa a
explicarse […]”.
[…]
“[…] 56. Al respecto se encuentra que, entre otras pruebas, se aportó la certificación
y verificación sobre la población censada en las veredas del corregimiento de El
Morro (Yopal), que suscribió el demandado en calidad de profesional de apoyo
designado por la Secretaría de Infraestructura de Casanare, el 26 de abril de 2023
[…]”.
96. En ese orden de ideas, para la Sala, ambos procesos: la nulidad electoral y la
presente pérdida de investidura se adelantaron contra el Concejal Michael Jonathan
Castro Niño; además, los presupuestos fácticos, la causal invocada y el fundamento
jurídico de los dos expedientes son los mismos, en la medida que ambos procesos
se contraen a determinar si el Concejal acusado incurrió en la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136 modificado por el numeral 3.
° del artículo 40 de la Ley 617, por violación al régimen de inhabilidades, al haber
celebrado contrato con el Departamento de Casanare dentro del año anterior a la
elección, cuya ejecución se efectuó en el Municipio de Yopal en el cual fue elegido.
97. En consecuencia, la causa de pedir o causa petendi en ambos procesos es la
misma, entendida como “[…] el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y
fundamento de la pretensión (el por qué del litigio); es decir, la identidad de causa
consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso,
de manera que si varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa
juzgada40[…]”.
98. La Sala considera que, en relación con el elemento objetivo de la violación de
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3. del artículo 43 de la Ley 136
modificado por el numeral 3. ° del artículo 40 de la Ley 617 por parte del Concejal
Michael Jonathan Castro Niño, la primera sentencia de 25 de julio de 2024 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 85001-23-33-000-2023-00124-01
hace tránsito a cosa juzgada en este proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018; decisión judicial que, además,
se encuentra debidamente ejecutoriada41.
99. En ese orden de ideas, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa
juzgada, en lo concerniente al análisis del elemento objetivo de la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por
el artículo 40 de la Ley 617, por lo que efectuará el respectivo análisis del elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura en el caso sub examine.
Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura en el
caso sub examine
100. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
en el caso sub examine, entre otros, con fundamento en los parámetros
establecidos por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201742, referida supra.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 21 de abril de 2009, radicado:
11001-03-15-000-2007-00581-00(PI), actor: Fabio Ernesto Pacheco Morales, demandado: Luis
Alejandro Perea Albarracín, MP: Ruth Stella Correa Palacio.
41 La Secretaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó constancia que la respectiva sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado quedó debidamente ejecutoriada el 3 de septiembre de
2024.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2017, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 050012333000201601908-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017,
C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017.
C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de
2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 760012333004201601478-01.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
101.En ese sentido, la Sala considera que para el estudio del elemento subjetivo se
requiere el análisis del dolo y la culpa grave, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un concepto
que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
102. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, ello, entre otras, de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión y las circunstancias que lo rodearon.
103. En el presente asunto, se advierte que el señor Michael Jonathan Castro Niño
en el recurso de apelación señaló lo siguiente:
“[…] Ahora, frente a las acciones realizadas por el demandado, para establecer si se
encontraba inhabilitado para ser elegido Concejal de Yopal, manifiesta mi poderdante
que este si le consultó a un abogado especialista en derecho administrativo, sobre si
él se encontraba inhabilitado para ser elegido Concejal de Yopal, por haber celebrado
el contrato con la Gobernación de Casanare, que el abogado le solicitó los documentos
(contrato, estudios previos, acta de inicio), que este entregó copia de los documentos
y el abogado en la asesoría los revisó y le manifestó que por ser una entidad del orden
departamental y que este aspiraba a un cargo del nivel Municipal, no se encontraba
inhabilitado.
Por lo anterior, este apoderado judicial, indagó al demandado de porque no manifestó
esta situación en la primera instancia, y este me contestó que el abogado que lo asistió
en la contestación le señaló que ello no era relevante y no lo tuvo en cuenta, por ende
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de 2018,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de 2019,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
se procedió a comunicarnos con el abogado ERICSON HUMBERTO MARTINEZ
VARGAS, quien le brindó la asesoría inicial y este corroboró lo esbozado por mi
prohijado, que si le había consultado y que estaba dispuesto a rendir testimonio bajo la
gravedad de juramento.
Nótese, que mi prohijado si realizó acciones tendientes a indagar si estaba inhabilitado
o no, pues se tuvo en cuenta el oficio expedido por el presidente del Partido […], donde
manifestaba que Castro Niño no se encontraba inhabilitado, certificación que hace
parte del acervo probatorio de esta acción, con este documento se prueba de manera
clara y precisa que el propio Partido […], había estudiado la situación del enjuiciado y
había determinado que el mismo no estaba inmerso en inhabilidad e incompatibilidad
alguna en razón al contrato de prestación suscrito con la Gobernación departamental
[…]”.
104. La Sala considera, conforme con la presunción prevista en los artículos 9.° y
18 del Código Civil y 57 de la Ley 4 de 1913, y teniendo en cuenta la aspiración del
acusado a ser concejal: este tenía la obligación de conocer no solamente las
calidades para ser elegido como tal -artículo 42 de la Ley 136-, sino también sus
deberes constitucionales, legales y reglamentarios como ciudadano y, en especial,
sobre la situación que configura inhabilidad, prevista en el numeral 3.º del artículo
43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617.
105. La Sala advierte que Michael Jonathan Castro Niño es ingeniero civil y con
base en los estudios previos que dieron origen al contrato de prestación de servicios
profesionales núm. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y núm. interno 0486
de 2023-02-08, se requería de un profesional en ingeniería civil con especialización
en Gestión Ambiental con 6 años de experiencia profesional, requisitos que fueron
cumplidos por el Concejal acusado, por lo que las calidades profesionales
señaladas, así como la experiencia de 6 años, lo dotan de la capacidad de discernir
y entender que para ser elegido Concejal del municipio requería cumplir los
requisitos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico, y que, en esa medida,
como cualquier otra persona con las mismas condiciones, tenía la obligación mínima
de consultar la normativa y de verificar si cumplía los requisitos del cargo, y
establecer si se encontraba habilitado o inhabilitado para inscribirse como candidato
y hacerse elegir.
106. Además, se advierte que Michael Jonathan Castro Niño no allegó prueba
alguna que acreditara que hubiere obrado con cuidado y diligencia previa a la
inscripción y elección, por lo que el Concejal acusado no llevó a cabo conducta
alguna para determinar si se encontraba inmerso en la inhabilidad indicada supra.
107. Para la Sala, los conocimientos especiales que goza el señor Michael Jonathan
Castro Niño como ingeniero civil, implica que debía actuar con cuidado frente al
análisis de las causales de inhabilidad, teniendo en cuenta que desde el momento
de la celebración del contrato se establecieron los municipios donde se iba a
ejecutar el contrato y en los términos del numeral octavo de la cláusula tercera del
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
mismo, existía la probabilidad de que se ejecutara en otros municipios como lo fue
Yopal, por lo que debía indagar sobre las consecuencias jurídicas del contrato,
evidenciándose una conducta negligente y culposa.
108. El señor Michael Jonathan Castro Niño señaló que si desplegó actuaciones
para indagar si se encontraba inhabilitado, para dicho fin, tuvo en cuenta el
comunicado expedido por el Presidente Departamental de Casanare del Partido por
el cual resultó elegido, quien manifestó que no se encontraba inhabilitado para ser
elegido Concejal de Yopal y que acudió al “[…] abogado especialista en derecho
administrativo, el Dr. ERICSON HUMBERTO MARTINEZ VARGAS, quien le
manifiesta que no se encontraba inhabilitado debido a que en la celebración del
contrato con la Gobernación de Casanare, no se incluyó a Yopal, y adicionalmente
al revisar la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha señalado que es la
celebración del contrato lo que cobra relevancia, ya que su ejecución y liquidación
no hicieron parte de la restricción del Constituyente o Legislador […]”, sin que este
último aspecto se encuentre probado, en la medida que el concepto no fue aportado
al expediente del proceso de la referencia.
109. Para la Sala, dichos reparos no están llamados a prosperar, toda vez que el
señor Michael Jonathan Castro Niño, tenía el deber de adoptar todas las medidas
necesarias para verificar si se encontraba en la causal de inhabilidad indicada supra,
por lo que el solo hecho de un comunicado expedido por el Presidente
Departamental de Casanare del Partido por el cual fue elegido que afirmaba que no
se encontraba inhabilitado para aspirar al cargo de Concejal y de haber solicitado
asesoría jurídica con un abogado, no son circunstancias suficientes para demostrar
que obró con el cuidado requerido o que adelantó gestiones tendientes a informarse
sobre el régimen de inhabilidades de los concejales municipales, teniendo en cuenta
su aspiración a un cargo de elección popular, lo cual constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.
110. La Sala considera que el señor Michael Jonathan Castro Niño estaba en
condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causal de
desinvestidura por lo que le era exigible una conducta o comportamiento diferente.
111. En efecto, la Sala, en el marco de la presunción prevista en los artículos 4 de
la Constitución Política y 9.° del Código Civil, sobre el conocimiento de las normas
constitucionales y legales, considera en primer orden, que al Concejal le era exigible
el conocimiento de las normas que regulan el acceso al cargo de elección popular;
en segundo orden, que al demandado le era exigible realizar una verdadera
verificación sobre las inhabilidades del cargo al que aspiraba; y en tercer orden, que
no se requieren conocimientos técnicos o profundos para evidenciar que se
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
encontraba incurso en inhabilidad en relación con el presupuesto fáctico sub
examine porque la normativa que establece la inhabilidad es lo suficientemente
clara al señalar que “[…] Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido
en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en
la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]” (Resaltado por la Sala).
112. La Sala reitera que, en el caso sub examine, no se allegó al proceso prueba
alguna que permita determinar o concluir que el demandado obró con el cuidado
requerido y, por el contrario, se evidencia que el Concejal no hizo una verificación
de las normas que establecían la inhabilidad de los concejales y de la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado43, según la cual, el elemento territorial de la causal
se configura “[…] siempre que pueda deducirse del acuerdo de voluntades que el lugar
de su ejecución o cumplimiento es el municipio o distrito en el cual el acusado funge
concejal […]”, como por el ejemplo en los informes presentados por el contratista, lo
cual, constituye una conducta inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa,
que, según explicó esta Sala, “[…] es la propia de las personas negligentes o de
poca prudencia en el manejo de sus negocios, es una culpa grave, que desconoce
normas constitucionales y legales […] que los concejales deben conocer, de un
lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del
Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan […]”, en este caso,
el ingreso al cargo de elección popular.
113. En ese orden de ideas, para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos
por el Concejal en su recurso de apelación.
Conclusiones de la Sala
114. La Sala considera que, en el caso, sub examine, se configuró la cosa juzgada
respecto del elemento objetivo y se probó que el Concejal incurrió en el elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
inhabilidades.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 63-001-23-33-000-2020-00417-01.
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Núm. Único de radicación: 85001233300020230012001
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
29 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probada de oficio la excepción de COSA JUZGADA en lo
concerniente al análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, por la conducta señalada en
el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley
617. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de 25 de julio
de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
850012333000202300124-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECRETAR la pérdida de investidura de Michael Jonathan Castro Niño
como Concejal del Municipio Yopal, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 29 de febrero de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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