Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
Número único de radicación: 540012333000202400176-01
Solicitante: Julio César Pérez Colmenares
Concejal: José Oliverio Castellanos Navarro
Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Agente del
Ministerio Público y el Solicitante contra la sentencia de 8 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Julio César Pérez Colmenares –en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio del
respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del Concejal,
José Oliverio Castellanos Navarro, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista
en el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941 y en el numeral
1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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4.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, por indebida destinación
de dineros públicos.
Pretensión
2. Las pretensiones3 que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] 1.- Que se declare la pérdida de investidura del Concejal JOSÉ OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, identificado con CC […], electo para el periodo
constitucional 2020- 2023, inscrito y avalado por […]., tal como consta en el acto
declaratorio de elección, formulario E-26 con, de fecha 15 de noviembre del año 2019
por indebida destinación de dineros públicos.
2.- Que, como consecuencia de la declaratoria de la pérdida de investidura del
Concejal JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, identificado con C.C […], se
ordenen cumplir los efectos derivadas de la sentencia y los registros
correspondientes.
3.- Compulsar copias a la autoridad competente en caso de encontrar conductas
penales y disciplinarias en el trascurso del presente proceso […]"
Presupuestos fácticos y argumentos que sustentan la solicitud de pérdida de
investidura
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar su pretensión:
3.1. José Oliverio Castellanos Navarro fue elegido Concejal del municipio de San
José de Cúcuta para el periodo 2020-2023 y designado como presidente del
Concejo Municipal para el año 2022.
3.2. De acuerdo con el artículo 25, numeral 19, del Acuerdo Municipal 0188 de 2001,
el presidente de la corporación es el ordenador del gasto, por ende, es el
responsable del manejo del presupuesto, lo que implica el reconocimiento y pago
de los honorarios por sesiones asistidas a los miembros del concejo municipal, sean
estas ordinarias o extraordinarias.
2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
3 Cfr., ver documento denominado “001 ESCRITO DE DEMANDA” del Índice 2 de Samai del Tribunal.
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3.3. El Concejal, en su condición de presidente del Concejo Municipal de Cúcuta
para el año 2022, mediante las resoluciones núm. 35 de 4 de marzo, 42 de 18 de
marzo, 45 de 24 de marzo, 47 de 26 de marzo, 48 de 30 de marzo, 51 de 4 de
abril, 62 de 25 de abril y 64 de 30 de abril, todas del 2022, ordenó el
reconocimiento y pago de honorarios de sesiones ordinarias a las cuales no
asistieron algunos de los Concejales, así:
3.3.1. Sesiones ordinarias del 1.° al 4 de marzo de 2022. El 1.° de marzo no asistió
el Concejal George Salazar y el 3 de marzo no asistió el Concejal Jair Antonio
Diaz.
3.3.2. Sesiones ordinarias del 15 al 17 de marzo de 2022. E 15 de marzo no
asistieron los Concejales Jair Antonio Diaz y José Leonardo Jácome, y el 16 de
marzo no asistió José Leonardo Jacote.
3.3.3. Sesiones ordinarias del 23 y 24 de marzo de 2022. El 24 de marzo no asistió
el Concejal Nelson Ovalles Agudelo.
3.3.4. Sesiones ordinarias del 26 de marzo de 2022. El 26 de marzo no asistió el
Concejal Víctor Guillermo Caicedo.
3.3.5. Sesiones ordinarias del 27 al 29 de marzo de 2022. El 27 de marzo no
asistieron los Concejales Nelson Ovalles, Jair Antonio Diaz y Víctor Guillermo
Caicedo.
3.3.6. Sesiones ordinarias del 1.° al 2 de abril de 2022. El 1.° de abril no asistieron
los Concejales George Salazar, Guillermo León, Jair Antonio Diaz, Carlos Luis
Chacón, Juan Diego Ordoñez y el 2 de abril no asistió el Concejal Juan Diego
Ordoñez.
3.3.7. Sesiones ordinarias del 23 al 25 de abril de 2022. El 25 de abril no asistieron
los Concejales Edward Varón y George Salazar.
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3.3.8. Sesiones ordinarias del 28 y 29 de abril de 2022. El 28 de abril no asistió el
Concejal Nelson Ovalles y el 29 de abril no asistieron los Concejales Nelson
Ovalles y Álvaro Andrés Raad.
3.4. Las inasistencias de los Concejales fueron corroboradas como consta en las
actas de listados de asistencia y desarrollo de las sesiones, y las grabaciones de
audio de las sesiones.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura
4. Citó y transcribió la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4.°
del artículo 48 de la Ley 617, según la cual los Concejales perderán su investidura
por indebida destinación de dineros públicos.
5. Afirmó que se cumplieron los requisitos previstos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado para que se configure la causal de indebida destinación de
dineros públicos, por cuanto: i) José Oliverio Castellanos Navarro ostentó la
condición de Concejal, Presidente de la Corporación para el año 2022, es decir,
ordenador del gasto; ii) los recursos correspondían a honorarios reconocidos y
pagados por asistencias a sesiones ordinarias, ostentando la calidad de dineros
públicos; y iii) dichos recursos fueron indebidamente destinados, porque se trató de
sesiones ordinarias realizadas en el año 2022, que fueron reconocidas y pagadas a
algunos Concejales sin que hubieran asistido, conforme se determinó en las actas
de las sesiones respectivas y en las grabaciones de las mismas.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
6. El Concejal4, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a la
solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se negaran sus pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos:
6.1. Indicó que no se encontraba probado el elemento objetivo de la causal, toda
vez que, las asistencias a las plenarias se determinaban no solo en las actas de las
sesiones donde se llamaba a lista para verificar el quorum y en las correspondientes
grabaciones de audio, sino en las certificaciones expedidas por el Secretario
General del Concejo Municipal, las cuales contenían el registro de los Concejales
4 Cfr. Índice 2 de Samai del Tribunal.
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que concurrían a la respectiva sesión o comisión, así como las excusas válidas
presentadas por los Concejales no asistentes a dichas sesiones o comisiones.
6.2. Señaló que, como ordenador del gasto, actuó en consonancia con el Secretario
General, en la medida que el reconocimiento y pago a los Concejales, por su
asistencia a las diferentes sesiones y/o comisiones, se efectuó con base en la
certificación que emite el secretario general, la cual era revisada de manera
conjunta.
6.3. Asimismo, señaló que no se configuraba el elemento subjetivo de la causal,
toda vez que no estaba probado el elemento dañino o culposo grave que permitiera
concluir que obró con un interés diferente al buen servicio, y con el fin de privilegiar,
dentro de las posibilidades normativas de la ley, a determinados Concejales, por el
contrario, adujo que actuó, amparado en la íntima convicción de estar conforme a
la Constitución y la ley, y su conducta sería excusable por la verificación que
realizaba de la asistencia real a las sesiones por parte de los Concejales.
6.4. Por último, indicó que, al existir más de una interpretación posible, frente a un
caso concreto, se debe preferir la que propenda por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. En esa
medida, argumentó no hay plena certeza de las inasistencias de los Concejales a
las sesiones, en la medida que la verificación no se realizó únicamente con las actas
y las grabaciones de las sesiones sino con las certificaciones expedidas por el
Secretario General.
La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881
7. La audiencia pública5 tuvo lugar el 30 de julio de 2024 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Concejal y su apoderado;
y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 8 de
agosto de 20246, en primera instancia, resolvió: “[…] Denegar las pretensiones de
5 Cfr. Índice 2 de Samai del Tribunal.
6 Cfr. Índice 2 de Samai del Tribunal.
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la demanda de pérdida de investidura interpuesta por JULIO CÉSAR PÉREZ
COLMENARES en contra del señor JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
por las razones expuestas en la parte motiva […]”.
Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal consideró que el asunto a resolver consistía en determinar “[…] si
procede la declaración de pérdida de investidura de Concejal del municipio de San
José de Cúcuta para el periodo 2020-2023 del señor JOSE OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, por la causal de indebida destinación de recursos
públicos, en su actuación como Presidente de esa Corporación, propuesta por el
demandante […]”.
10. Luego de explicar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio
de control de pérdida de investidura, así como de la causal relativa a la indebida
destinación de dineros públicos y el marco normativo de las sesiones de los
concejos municipales, consideró que, una vez realizado el análisis y valoración
probatoria, no se había configurado la referida causal, con base en los siguientes
argumentos.
Sobre el elemento objetivo de la causal
11. Consideró probado: i) la calidad de Concejal del señor José Oliverio Castellanos
Navarro; ii) la calidad de presidente de la Corporación para el año 2022; iii) que el
presidente del concejo municipal de San José de Cúcuta, funge como ordenador del
gasto público de dicha corporación, por mandato legal, conforme lo previsto por el
artículo 25 numeral 19 del Acuerdo 0188 del 27 de diciembre de 2001, mediante el
cual se adoptó el reglamento interno del concejo de San José de Cúcuta; iv)
corresponde al presidente del concejo, como ordenador del gasto de esta
corporación, reconocer los honorarios descritos en la ley a los Concejales por la
asistencia comprobada a las sesiones del concejo.; y v) corresponde al Secretario
General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, entre otras funciones,
controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de
Secretaría y Presidencia y libros de actas.
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12. Al analizar el caso concreto, en especial las actas de las sesiones del Concejo
y sus audios, los certificados expedidos por el Secretario y las resoluciones de
reconocimiento expedidas por el Concejal, consideró:
“[…] 1.- De la inasistencia a la sesión ordinaria celebrada el primero de marzo de
2022.
La parte actora indica que el Concejal GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ
no asistió a esta sesión, señalando que en el acta contentiva de la sesión plenaria
celebrada en esta fecha, aparece como ausente, pese a lo cual se le reconocieron
honorarios por la asistencia a dicha sesión mediante la Resolución No.035 del 4 de
marzo de 2022, expedida por el demandado.
Al respecto se tiene que, una vez revisada la certificación emitida el día 4 de marzo
de 2022 por el Director Administrativo (Secretario) del Concejo de San José de
Cúcuta, se observa que en ella se certifica la asistencia del prenombrado, a la sesión
ordinaria celebrada día primero de marzo de 2022, cuyos honorarios fueron
reconocidos en la precitada resolución signada por el demandado en su calidad de
presidente del concejo municipal de San José de Cúcuta de donde se concluye que,
respecto de este hecho, no se encuentra acreditada la incursión del demandado en
la causal acusada.
[…]
2.- De la inasistencia a la sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2022.
La parte actora indica que el Concejal JAIR ANTONIO DIAZ ARDILA, no asistió a esta
sesión, señalando que en el acta contentiva de la sesión plenaria celebrada en esta
fecha se observa ausente y, sin embargo, se le reconocieron honorarios por la
asistencia a esta sesión, mediante la Resolución No.035 del 4 de marzo de 2022.
Al respecto se tiene que una vez revisada la certificación emitida el día 4 de marzo de
2022, por el Director Administrativo (secretario) del Concejo de San José de Cúcuta,
se observa que en ella se certifica la asistencia del prenombrado a la mencionada
sesión, y así se reconoció en la Resolución No.035 de fecha 4 de marzo de 2022,
signada por el demandado en su calidad de presidente del concejo municipal de San
José de Cúcuta.
[…]
3.- De la inasistencia a las sesiones ordinarias de fechas 15 y 16 de marzo de 2022.
La parte actora indica que a estas sesiones no asistieron los Concejales JAIR
ANTONIO DIAZ ARDILA y JOSE LEONARDO JACOME CARRASCAL, señalando
que en las actas contentivas de las sesiones plenarias celebradas en estas fechas se
observa que los prenombrados estuvieron ausentes, pese a lo cual se les
reconocieron honorarios por su asistencia a estas sesiones, mediante la Resolución
No.042 del 18 de marzo de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación emitida el día 18 de marzo de 2022, por
el Director Administrativo (secretario) del Concejo de San José de Cúcuta, se observa
que en ella se certifica la asistencia de los Concejales JAIR ANTONIO DIAZ ARDILA
y JOSE LEONARDO JACOME CARRASCAL identificados con las cédulas de
ciudadanía […], respectivamente, a las sesiones ordinarias celebradas los días 15,
16 y 17 de marzo de 2022, certificando un total de 3 días para el Concejal DIAZ
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ARDILA y 2 días para el Concejal JACOME CARRASCAL, para el trámite de
cancelación de honorarios, que fueron reconocidos en la Resolución No.042 de fecha
18 de marzo de 2022, signada por el demandado en su calidad de presidente del
Concejo municipal de San José de Cúcuta.
4.- De la sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2022.
La parte actora indica que el Concejal NELSON OVALLES AGUDELO, no asistió a
esta sesión, señalando que en el acta contentiva de la sesión plenaria celebrada en
esta fecha se observa ausente, pese a lo cual se le reconocieron honorarios por la
asistencia a esta sesión en la Resolución No.045 del 24 de marzo de 2022.
Una vez revisada la certificación expedida el día 24 de marzo de 2022, por el Director
Administrativo (secretario) del Concejo de San José de Cúcuta, se observa que en
ella se certifica que el Concejal NELSON OVALLES AGUDELO, cédula de ciudadanía
No. […] , asistió a la sesión del 23 de marzo de 2022, pero NO asistió a la sesión
ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2022, certificando en consecuencia un total
de 1 día certificado para realizar el trámite de cancelación de honorarios.
A su vez, en la Resolución No.045 de fecha 24 de marzo de 2022, signada por el
demandado en su calidad de presidente del Concejo municipal de San José de
Cúcuta, se le reconocieron dos días, esto es 23 y 24 de marzo de 2022,
contraviniendo de esta manera lo certificado por el señor secretario en la precitada
certificación.
[…]
5- De la inasistencia a la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2022.
La parte actora indica que el Concejal VÍCTOR GUILLERMO CAICEDO PINZÓN, no
asistió a esta sesión, señalando que en el acta contentiva de la sesión plenaria
celebrada en esta fecha se observa que, en los llamados a lista, este siempre estuvo
ausente y aun así, se le reconocieron honorarios por la asistencia a esta sesión,
mediante la Resolución No.047 del 28 de marzo de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación expedida el 28 de marzo de 2022, por el
Director Administrativo (secretario) del Concejo de San José de Cúcuta, se observa
que en ella se certifica la asistencia del prenombrado a la sesión ordinaria celebrada
el día 26 de marzo de 2022, por lo tanto se le reconocieron honorarios por asistencia
a esa sesión en la Resolución No.047 del 28 de marzo de 2022, signada por el
demandado en su calidad de presidente del concejo municipal de San José de
Cúcuta.
[…]
6.- De la inasistencia a la sesión ordinaria del 27 de marzo de 2022.
La parte actora indica que en el acta de la sesión plenaria celebrada en esta fecha los
Concejales JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA, NELSON OVALLES AGUDELO y VICTOR
GUILLERMO CAICEDO PINZÓN, estuvieron ausentes en los llamados alista y sin
embargo se les reconocieron honorarios por la asistencia a esta sesión, en la
Resolución No.048 del 30 de marzo de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación emitida el día 30 de marzo de 2022, por
el Director Administrativo (secretario) del Concejo de San José de Cúcuta, se observa
que en ella se certifica la asistencia de los precitados Concejales, a las sesiones
ordinarias celebradas los días 27, 28 y 29 de marzo de 2022, para un total de 3 días
para cada uno de ellos con fines de tramitar la cancelación de honorarios, los cuales
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fueron reconocidos mediante la Resolución No.048 de fecha 30 de marzo de 2022,
signada por el demandado en su calidad de presidente del concejo municipal de San
José de Cúcuta.
[…]
7- De la inasistencia a la sesión ordinaria del 01 de abril de 2022.
La parte actora indica que en el acta de la sesión plenaria celebrada en esta fecha,
los Concejales GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ, JAIR ANTONIO DÍAZ
ARDILA, GUILLERMO LEÓN BÁEZ, CARLOS LUIS CHACÓN CONTRERAS y JUAN
DIEGO ORDOÑEZ CARVAJAL, estuvieron ausentes en los llamados a lista, y aun
así, se les reconocieron honorarios por su asistencia a esta sesión, en la Resolución
No.051 del 4 de abril de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación expedida el 2 de abril de 2022, por el
Director Administrativo (secretario general) del Concejo de San José de Cúcuta, se
observa que en ella se certifica la asistencia de los precitados Concejales, a la sesión
ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2022, con fines de tramitar el pago de los
honorarios correspondientes, los cuales fueron reconocidos mediante la Resolución
No.051 de fecha 2 de abril de 2022, signada por el demandado en su calidad de
presidente del Concejo municipal de San José de Cúcuta.
[…]
8.- De la inasistencia a la sesión ordinaria del 02 de abril de 2022
La parte actora indica que el Concejal JUAN DIEGO ORDOÑEZ CARVAJAL no asistió
a esta sesión, señalando que en el acta contentiva de la sesión plenaria celebrada en
esta fecha se observa que, en los llamados a lista, siempre estuvo ausente, pese a lo
cual, se le reconocieron honorarios por su asistencia a esta sesión, mediante la
Resolución No.051 del 4 de abril de 2022.
Al respecto, al revisar la certificación expedida el 4 de abril de 2022, por el Director
Administrativo (secretario general) del Concejo de San José de Cúcuta, se observa
que, en ella se certifica la asistencia del prenombrado, a la sesión ordinaria celebrada
el día 2 de abril de 2022, y en consecuencia se le reconocieron honorarios por ese
motivo a través de la Resolución Nos 051 del 4 de abril de 2022, signada por el
demandado en su calidad de presidente del Concejo municipal de San José de
Cúcuta.
[…]
9.- De la inasistencia a la sesión ordinaria del 25 de abril de 2022.
La parte actora indica que a esta sesión no asistieron los Concejales GEORGE
ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ y EDWARD ALBERTO VARÓN FLÓREZ,
porque en el acta de la sesión plenaria celebrada en esa fecha se observa que los
prenombrados fueron declarados ausentes en los llamados a lista, pese a lo cual, se
les reconocieron honorarios por su asistencia a esta sesión, mediante la Resolución
No.062 del 25 de abril de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación expedida el día 25 de abril de 2022, por
el Director Administrativo (secretario general) del Concejo de San José de Cúcuta, se
observa que, en ella se certifica la asistencia de los prenombrados a la sesión
ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2022, cuyos honorarios fueron reconocidos
en la Resolución No.062 del 25 de abril de 2022, signada por el demandado en su
calidad de presidente del Concejo municipal de San José de Cúcuta.
[…]
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10.- De la inasistencia a las sesiones ordinarias del 28 y 29 de abril de 2022.
La parte actora indica que a la sesión del día 28 de abril no asistió el Concejal
NELSON OVALLES AGUDELO, mientras que a la sesión del 29 no asistieron el
prenombrado y el Concejal ALVARO ANDRES RAAD FORERO, señalando que en
las actas contentivas de las señaladas sesiones de plenaria se observa que los
prenombrados estuvieron ausentes en dichas sesiones y que, aun así, se les
reconocieron honorarios por su asistencia a las mismas, a través de la Resolución
No.064 del 30 de abril de 2022.
Al respecto, una vez revisada la certificación emitida el día 30 de abril de 2022, por el
Director Administrativo (secretario general) del Concejo de San José de Cúcuta, se
observa que, en ella solamente se certifica la asistencia a la sesión del día 29 de abril
de 2022 tanto del Concejal Nelson Ovalles Agudelo, como la del Concejal Álvaro
Andrés Raad, asistencias cuyos honorarios fueron reconocidos en la Resolución
No.064 del 30 de abril de 2022, signada por el demandado en su calidad de presidente
del Concejo municipal de San José de Cúcuta […].
13. Del anterior análisis concluyó que el Concejal expidió las resoluciones de
reconocimiento en todos los eventos mencionados supra, con sustento en las
certificaciones expedidas por el Secretario General de la Corporación, salvo en el
caso de la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022 en la cual se reconocieron
honorarios al Concejal Nelson Ovalles Agudelo por asistencia a la sesión de 23 y
24 de marzo de 2022, pese a que la certificación del Secretario General del Concejo
de San José de Cúcuta, solo señalaba la asistencia de este Concejal a la sesión de
23 de marzo de 2022 y, en consecuencia encontró probado la configuración del
elemento objetivo de la causal.
Sobre el elemento subjetivo
14. Consideró que, en aplicación del principio pro homine, no se configuraba el
elemento subjetivo de la causal, en la medida que si bien era reprochable que el
demandado hubiese reconocido los honorarios del Concejal Ovalles Agudelo sin
que se haya comprobado su asistencia a la sesión de 24 de marzo de 2022, no se
encontraban probadas las circunstancias que permitieran inferir un actuar doloso o
gravemente culposo, por cuanto, del examen de las pruebas allegadas al proceso
no se colegía que el Concejal José Oliverio Castellanos Navarro, hubiera incurrido
de manera reiterada o periódica en la conducta endilgada y, mucho menos, que lo
hubiera realizado en beneficio del Concejal que recibió los honorarios.
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15. En efecto, consideró que no existía un patrón repetitivo que indicara una
conducta de carácter sistemática que permitiera inferir un actuar malintencionado
por parte del Concejal que llevara a tener suficiente identidad para calificar su actuar
como doloso, en la medida que su conducta se presume tuvo lugar solo en una
oportunidad, cuya ocurrencia pudo atribuirse a la presencia de un error que, si bien
es cierto, implicaba un comportamiento censurable, también lo era que la ocurrencia
de ese único hecho reprochable atribuible en forma exclusiva al Concejal acusado,
no llevaba consigo la entidad y gravedad suficiente para derivar la máxima limitación
a los derechos políticos que prevé el ordenamiento en el caso de la pérdida de
investidura de los miembros de las corporaciones públicas.
Los recursos de apelación
Ministerio público
16. El Agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia, argumentando que la indebida destinación
de recursos públicos es de ejecución instantánea, es decir, que se consuma en el
momento en que se despliega cualquiera de dichas conductas, independientemente
del monto de lo destinado indebidamente, sin que sea de recibo introducir en el
examen del dolo o de la culpa grave, dicho aspecto, como el elemento del “[…]
patrón repetitivo […]”, conducta de carácter sistemática desplegada de manera
reiterada o periódica.
17. Adujo que el Concejal acusado al expedir la Resolución que ordenó el pago de
honorarios al Concejal Nelson Ovalles, por su asistencia a la sesión de 24 de marzo
de 2022, sin soporte, no hubo intención o propósito de destinar dineros públicos sin
respaldo legal alguno que lo justificara; sin embargo, se evidenciaba una negligencia
de tal magnitud que permitía inferir que, aunque el Concejal acusado era consciente
y conocía el resultado de su acción, desarrolló su conducta, razón que permite hacer
un reproche subjetivo como presupuesto para imponer una sanción.
18. Por último, argumentó que no podía predicarse la existencia de un error
invencible que conduciría a la exclusión de la responsabilidad; contrario sensu,
admitiéndose la existencia de error, fue vencible ya que a pesar de la supuesta
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distorsión que presentó el servidor público, esta podía superarse, ya que se debió
a una falta de aplicación de las diligencias que le eran exigibles.
El Solicitante
19. El Solicitante, en su recurso de apelación, solicitó revocar la sentencia proferida,
en primera instancia, argumentando que se debió realizar un análisis riguroso del
elemento subjetivo “[…] concerniente a la diligencia exigible al demandado, pues no
se tuvo en cuenta la naturaleza del cargo del Concejal José Oliverio Castellanos
quien era el presidente de la corporación, las funciones del mismo, las
circunstancias de tiempo modo y lugar en la que sucedieron los hechos y no definió
si hubo o no culpa grave en su comportamiento […]”.
20. Indicó que, a pesar de que se encontró probado el elemento objetivo de la
causal, se le dio validez jurídica a las certificaciones de asistencia que expedía el
Secretario General del Concejo, las cuales, a su juicio, son ilegales al vulnerar el
artículo 63.2 del reglamento interno que indica que la asistencia debe constar en las
actas de desarrollo de la sesión y comisión, las cuales deben llevar una relación
sucinta de los nombres de los Concejales concurrentes a la respectiva sesión o
comisión, las excusas válidas presentadas por los no asistentes y, en esa medida,
indicó que a pesar de que se encontraban probadas las inasistencias señaladas en
la demanda, también se les canceló los honorarios a los demás Concejales sin
sustento.
Traslado de los recursos de apelación
21. Surtido el traslado de los recursos de apelación, el Concejal indicó que: i) el
Agente del Ministerio Público no determinó cuáles son los elementos que llevan a
determinar de manera fehaciente la existencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa, toda vez que al manifestar sobre la ejecución instantánea de
la conducta se quedó en la responsabilidad objetiva del hecho; y ii) no elaboró la
Resolución núm. 045 de 2022, la cual fue una cuestión eminentemente secretarial
y que simplemente la suscribió, constituyéndose en un error que no genera el
elemento subjetivo de la causal7.
7 Cfr. Índice 8 Samai.
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22. El Solicitante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre la competencia de los presidentes de los concejos como
ordenadores del gasto; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
reconocimiento y pago de honorarios de los Concejales; viii) el análisis del caso
concreto; y ix) las conclusiones.
Competencia de la Sala
24. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, Concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de Concejales
y diputados; iii) el artículo 1508 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201910: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.
25. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
26. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará únicamente
en relación con los reparos o argumentos planteados por los apelantes.
8 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
9 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Problema Jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en los recursos de
apelación, si el Concejal José Oliverio Castellanos Navarro, en su condición de
Presidente y ordenador del gasto del Concejo Municipal de San José de Cúcuta,
incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4.° del
artículo 48 de la Ley 617, consistente en indebida destinación de dineros públicos,
por presuntamente disponer el reconocimiento y pago de honorarios a favor de un
Concejal sin la asistencia comprobada a una sesión.
28. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 8 de
agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
primera instancia.
La calificación habilitante
29. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de Concejal para el periodo 2020-2023 del señor José
Oliverio Castellanos Navarro, según consta en los documentos aportados como
prueba al proceso, en especial, el Formulario E-27 suscrito por los miembros de la
Comisión Escrutadora Departamental, por medio del cual se declaró a la candidata
como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta, para el período 2020–2023.
30. En este caso, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la medida en
que el documento indicado supra constituye prueba de dicha calidad y su condición
no fue cuestionada durante el proceso ni en los recursos de apelación, lo cual los
hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
31. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14311 de la Ley 1437 y las
leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
11 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente
o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
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Desarrollos jurisprudenciales
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio12 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
33. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
34. La Sala Plena13 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
12 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
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o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
35. En esa misma orientación, la Corte Constitucional14 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
36. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201015. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
37. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en el se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
38. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes16, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo17.
14 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
16 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
17 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
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39. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”18.
40. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo19.
Principio pro homine
41. El principio pro homine o pro persona, también denominado “Cláusula de
favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos20, ha sido entendido
como el criterio hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más
amplia o a la interpretación más extensiva cuando lo pretendido es el
reconocimiento de derechos21; e inversamente a la norma o a la interpretación más
restrictiva cuando lo pretendido es el establecimiento de restricciones permanentes
al ejercicio de esos derechos o a su suspensión extraordinaria.
42. La Corte Constitucional en la sentencia T-320 de 2009 señaló que el principio
referenciado es aplicable a la interpretación de los derechos fundamentales previsto
en la Constitución Política al señalar que este “[…] se constituye en una valiosa
pauta hermenéutica [que] ordena la adopción de la interpretación que mejor se
18 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
19 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
20 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006; M.P. Clara Inés Vargas Hernández
21 Entiéndase Derechos Humanos y derechos fundamentales.
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compadezca con los derechos fundamentales en juego, [es decir] la que sea “más
favorable a la protección de los derechos del agenciado” […]”.
43. En este orden de ideas, sin desconocer que las autoridades judiciales son
competentes para aplicar e interpretar las normas jurídicas, en virtud del principio
de autonomía e independencia judicial, lo cierto es que esa interpretación debe
propender por una hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos
fundamentales [lo cual implica una interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura] porque, se reitera, el principio pro homine impone al juez
que “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se
prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma
más amplia del derecho fundamental […]”22.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos
44. Vistos el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la investidura
de Concejal; y el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os […] Concejales
municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or indebida
destinación de dineros públicos […]” (Destacado fuera de texto).
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 23,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida de
investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos, aplicable
al caso de los Concejales, consideró lo siguiente:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este
sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina
los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos
o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando
autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre
otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201224, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la
22 Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Rios.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero,
Bogotá D.C., Seis (6) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), Radicación Número: 11001-03-15-000-2013-00865-
00(Pi), Actor: Carlos Mario Isaza Serrano, Demandado: Roy Leonardo Barreras Montealegre.
24 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida
destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas
legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces,
pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La
causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el Concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.”
Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo
de 200325 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia
o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley
o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los
eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de
contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución,
la ley o los reglamentos’ ”.
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición
de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar
el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal
comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre
de 200526 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o
requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los
recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos
25 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
26 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales
dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc […]”.
46. Asimismo, esta Sección27, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha considerado, frente a la
configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia 30
de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal
de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición de
servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales,
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o
cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo28 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente
doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-
00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-00009, Consejera
ponente María Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm.
2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”.
47. En suma, se considera que:
47.1. La indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta porque la
normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni detalla un
catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad
27 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), Radicación
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: JESUS ANTONI OBANDO ROA, Demandado: CESAR
LONDOÑO VILLEGAS Y OTRO, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA.
28 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-
11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
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de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no
previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las
leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto29.
47.2. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e independencia
existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las conductas que
materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la causal de
pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas como delitos
[…]”30.
47.3. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.
47.4. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
sub examine requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté
frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados.
47.5. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:
47.5.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
29 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
30 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-
2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-
2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente
con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación de
dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
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47.5.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
47.5.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
47.5.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
47.5.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
47.5.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la competencia de los
presidentes de los concejos como ordenadores del gasto
48. Visto el artículo 110 del Decreto 111 de 199631, que prevé que los presidentes
de los concejos, como jefes de las corporaciones político-administrativas son
competentes para contratar, comprometer a la persona jurídica de la cual hacen
parte, así como para ordenar el gasto respectivo con fundamento en las
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto.
49. Visto el artículo 3.º de la Ley 617, sobre financiación de gastos de
funcionamiento de las entidades territoriales, que señala que los gastos de
funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos
corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para
atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional;
y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
31 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto
orgánico del presupuesto”.
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50. Visto el parágrafo 1.º del artículo 3.º de la Ley 617, que dispone que se entiende
por ingresos corrientes de libre destinación, los ingresos corrientes excluidas las
rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o
acto administrativo a un fin determinado.
51. Visto el inciso 3.º del parágrafo 1.º del artículo 3.º de la Ley 617, que indica que,
en todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de: i)
la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de forzosa
inversión; ii) los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o
convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar
o ejecutar; iii) los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación
financiados con recursos de destinación específica; iv) los recursos de
cofinanciación; v) las regalías y compensaciones; vi) las operaciones de crédito
público, salvo las excepciones que se establezcan en las leyes especiales sobre la
materia; vii) la sobretasa al ACPM; viii) otros aportes y transferencias con
destinación específica o de carácter transitorio; y ix) los rendimientos financieros
producto de rentas de destinación específica.
52. La Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 15 de marzo de
201832, consideró que “[…] el presidente del concejo municipal, como jefe de la
corporación y ordenador del gasto de la misma, debe atender las apropiaciones
incorporadas en la respectiva sección del presupuesto con los ingresos corrientes
de libre destinación que recibe del presupuesto general de la nación; de manera
que, los gastos de funcionamiento de los concejos municipales no se pueden
financiar, entre otros, con recursos de otros aportes y trasferencias con destinación
específica […]”.
53. Esta Sección33 ha considerado que “[…] [D]e conformidad con los artículos 3° y
10 de la Ley 617 de 2000, los honorarios de los Concejales se encuentran inmersos
dentro de los gastos de funcionamiento y su pago se realiza con los ingresos
corrientes de libre destinación34 […]. Desde tal óptica, el presidente del concejo,
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. sentencia de 15 de marzo
de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, proceso identificado con el número único de radicación
13001233300020160110701.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación 47001
2333 000 2021 00310 01.
34Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 08001-23-33-000-
2013-00435-01(PI), actor: Veeduría Ciudadana Caribe Legal, demandado: Martin Antonio Rodriguez Montero,
MP: María Elizabeth García González.
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como ordenador del gasto, debe velar por el correcto uso de los dineros públicos
procedentes del tesoro. […]”.
54. De conformidad con lo anterior, los presidentes de los concejos, como jefes de
las corporaciones político-administrativas, son competentes para ordenar el gasto
respectivo con fundamento en las apropiaciones incorporadas en la respectiva
sección del presupuesto, cuyos gastos de funcionamiento deben financiarse con los
ingresos corrientes de libre destinación.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del reconocimiento y pago de
honorarios de los Concejales
55. Visto el artículo 312 de la Constitución Política35, según el cual, respecto a los
Concejales dispuso, entre otros asuntos, por un lado, que “[…] [l]a ley determinará
las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los Concejales y la época de
sesiones ordinarias de los concejos […]”; y, por el otro, que “[…] [l]a ley podrá
determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a
sesiones […]”.
56. Vistos el artículo 65 de la Ley 136, sobre reconocimiento de derechos, los
Concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia comprobada a
“sesiones plenarias”, de conformidad con la tabla allí prevista. En efecto, la citada
norma reseña lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los miembros de los
concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios
por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias.
Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un
seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva
localidad para los servidores públicos municipales.
Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas
directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá
impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación
o proceso correspondiente […]”.
57. Visto el artículo 35 de la Ley 136, sobre elección de funcionarios, “[…] [l]os
concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los
35 Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>
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primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos
constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los
casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de
sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde […]”.
58. Visto el artículo 23 de la Ley 136, sobre periodo de sesiones, se establecen los
periodos de sesiones ordinarios de los municipios clasificados, por un lado, en las
categorías especial, primera, segunda; y, por el otro, en las demás categorías, en
el siguiente sentido:
“[…] ARTÍCULO 23. PERIODO DE SESIONES. Los concejos de los municipios
clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente
en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por
derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias
así:
a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a
su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.
El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido
entre el primero de marzo y el treinta de abril;
b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio;
c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el
objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal.
Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán
ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para
tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día
así: febrero, mayo, agosto y noviembre.
Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las
fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período
correspondiente.
PARÁGRAFO 1o. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días
calendario más, a voluntad del respectivo Concejo.
PARÁGRAFO 2o. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en
oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que
se sometan a su consideración […]”.
59. Visto el artículo 66 de la Ley 136, sobre causación de honorarios, establece el
valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los Concejales, según la
categoría del municipio, en el siguiente sentido:
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“[…] ARTÍCULO 66. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1368 de 2009.
El nuevo texto es el siguiente36:> Atendiendo la categorización establecida en la Ley
617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los Concejales
será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862
A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la
tabla anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del IPC
durante el año inmediatamente anterior.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente
ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al
año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente
setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año.
PARÁGRAFO 1o. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación
proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas
originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones
previstas en la Ley 4ª de 1992.
PARÁGRAFO 2o. Se exceptúan del presente artículo los Concejales de la ciudad
de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley 1421 de 1993, regula la materia […]”.
60. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 136, los concejos expedirán un reglamento interno para su
funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las
comisiones, a la actuación de los Concejales y su remuneración y la validez de las
convocatorias y de las sesiones.
61. Para el caso del Municipio de San José de Cúcuta, el Reglamento Interno fue
adoptado mediante Acuerdo núm. 0188 de 27 de diciembre de 2001 que, en su
artículo 25, numeral 19, señaló que el presidente del concejo municipal, funge como
ordenador del gasto público de dicha corporación.
36 La redacción original del texto de la Ley 136 de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones por la Ley
617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009 y, más recientemente, la Ley 2075 de 2021, la cual fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-075 de 3 de marzo de 2022.
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62. A su vez, de conformidad con la Resolución núm. 320 de 30 de diciembre de
202037, en especial, el numeral 23 del artículo 2.° “ll Área Funcional. Director
Administrativo. Descripción de funciones esenciales”, corresponde al Secretario
General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, entre otras funciones,
controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de
Secretaría y Presidencia y libros de actas.
63. Esta Sección, en reiterada jurisprudencia38 ha considerado que el derecho de
los Concejales al reconocimiento de honorarios se deriva de su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven
a cabo en días diferentes a los de aquellas, puesto que: “[…] con sujeción a lo
establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y en los artículos 65 de la Ley 136
de 1994 […] los Concejales tienen derecho al pago de honorarios por su asistencia
comprobada a las sesiones de la respectiva corporación, sin que se establezca otra
condición en dichas normas, de la que se haga depender la causación del respectivo
derecho […]”.
64. Así lo reconoció también la Corte Constitucional39 al considerar:
“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los Concejales municipales, el
artículo 312 de la Constitución Política señala en sus incisos segundo y tercero que
“los Concejales no tendrán la calidad de empleados públicos” y que “la ley podrá
determinarlos casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a las
sesiones”.
“En desarrollo de las anteriores disposiciones superiores, el artículo 65 de la Ley 136
de 1994 prescribe que los miembros de los concejos de las entidades territoriales
tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las
sesiones plenarias […]”.
Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y en los artículos
65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de 2000, los Concejales tienen derecho
al pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva
corporación, sin que se establezca otra condición en dichas normas, de la que se
haga depender la causación del respectivo derecho […]”.
37 "Por medio del cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de personal del Concejo Municipal de San José de Cúcuta"
38 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
22 de febrero de 2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación 25000-23-42-000-
2017-04038-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
12 de julio de 2018, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-04041-01;
iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 50001-23-33-000-2020-00758-01
39 Sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, Referencia: expediente D-4169, Magistrado Ponente: doctor Marco
Gerardo Monroy Cabra
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
65. A su vez, a las mesas directivas les corresponde expedir las resoluciones para
efectos del reconocimiento de los honorarios, previa certificación de los secretarios
de los concejos municipales o distritales, en los eventos en que lo autoricen los
reglamentos internos40, actos administrativos que deben ser publicados en los
medios oficiales existentes en el respectivo municipio o distrito, con el fin de que
cualquier ciudadano pueda impugnarlos, en cuyo caso, la autoridad competente
debe dar trámite a la investigación correspondiente.
66. En suma, de los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial
citados surge la inequívoca consideración que el derecho de los Concejales al
reconocimiento de honorarios se deriva de su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a cabo en días diferentes
a los de aquellas.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura en el caso sub examine
67. Conforme con la normativa aplicable al caso referida supra, el artículo 1.° de la
Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019,
resulta aplicable al caso sub examine, en virtud del principio de favorabilidad en la
medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el otro,
establece una situación más favorable a la persona objeto de solicitud de pérdida
de investidura, relativa a que el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura solamente se configura por conductas dolosas o gravemente culposas.
68. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”41 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 680012333000202200502 01; y
ii)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de 2022,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 76001 23 33 000 2021 01006 01
41 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló
sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale
a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico […]. Es
claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo
del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las
consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […]. No puede desprenderse de lo anterior
que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los
deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón,
entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse
razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
los extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la
Ley 4 de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”,
“[…] [l]as leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros,
sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos
concedidos por los tratados públicos […]”.
69. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo
de Estado y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a
enunciar algunos de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.
Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
70. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 424 de 11 de agosto de
201642, consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura
se debía determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien
ostentaba la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento
objetivo y un elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares
en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.
71. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las
sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley […], contraria al ordenamiento
jurídico […] y culpable […]”.
72. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]”
(Destacado fuera de texto).
42 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
analiza la adecuación de la causal en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era necesario
verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la inhabilitación
para ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
73. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 2017 43, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar
los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01. Las
consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 050012333000201601908-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2017,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de 2017, Número único
de radicación: 680012333000201601393-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único
de radicación: 440012331001201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único
de radicación: 760012333004201601478-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre de 2017,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de
2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
74. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la causal, para con base en ello,
determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta de
culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.
75. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine,
in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
76. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario
al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
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En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado,
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de
culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad
de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente
a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar […]”.
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
77. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201744, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
44 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; MP. José Fernando Reyes Cuartas.
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demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se
está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa […]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
78. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202045, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los
nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades […]” y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual
se indica que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
79. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
80. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa
o gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
81. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo
de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad
doloso; y por el otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto
no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para
el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de
2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02. Las
consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
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derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
82. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202146, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.
83. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser
necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías
deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos
se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar
incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura.
La conducta dolosa o gravemente culposa
84. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley
2003.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
85. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta
en este caso, haber incurrido en indebida destinación de dineros públicos- se
encontraba prohibida por la Constitución Política y la ley.
86. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.
87. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es “gravemente
culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.
Análisis del caso concreto
88. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de la sentencia: la Sala procede a apreciar y a
valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas
de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda para, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Sobre el elemento objetivo
89. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró
probado la configuración de este elemento, toda vez que al revisar las resoluciones
de reconocimiento de honorarios junto con las actas de las sesiones, sus audios, y
los certificados expedidos por el Secretario General de la Corporación se probó que
en el caso de la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022 en la cual se
reconocieron honorarios al Concejal Nelson Ovalles Agudelo por asistencia a la
sesión de los días 23 y 24 de marzo de 2022, no concordaba con la certificación
del secretario general del Concejo de San José de Cúcuta, en la cual determinaba
la asistencia de este Concejal a la sesión del 23 de marzo de 2022.
90. El Solicitante en su recurso de apelación adujo que, entre otros asuntos, se le
dio validez jurídica a las certificaciones de asistencia que expedía el Secretario
General del Concejo, las cuales, a su juicio, son ilegales al vulnerar el artículo 63.2
del reglamento interno que indica que la asistencia debe constar en las actas de
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
desarrollo de la sesión y comisión y, en esa medida, señaló que se encontraban
probadas las inasistencias señaladas en la demanda y también que se les había
cancelado los honorarios a los demás Concejales sin justificación alguna.
91. En este estado del estudio, la Sala advierte que, conforme lo ha considerado
esta Sección47 al ser el proceso de pérdida de investidura de carácter sancionatorio
y no de legalidad, en principio, le está vedado al juez contencioso definir la legalidad
de un acto administrativo y, en esa medida, no conlleva, per se, a una indebida
destinación de los recursos públicos; toda vez que las actas de las sesiones del
Concejo Municipal de San José de Cúcuta y las certificaciones de asistencia
expedidas por el Secretario de la misma Corporación gozan de presunción de
legalidad mientras no hayan sido anulado por el juez competente. Cosa distinta es
que, si al ejercer la función se incurre en violación de la Constitución Política o de la
ley, los actos respectivos sean susceptibles de los medios de control
correspondientes y puedan acarrear responsabilidad disciplinaria o fiscal.
92. No obstante lo anterior, para el caso del Municipio de San José de Cúcuta, se
reitera, el Reglamento Interno fue adoptado mediante Acuerdo núm. 0188 de 27 de
diciembre de 2001 que, en su artículo 25, numeral 19, señaló que el presidente del
concejo municipal funge como ordenador del gasto público de dicha corporación.
Respecto de las actas de las sesiones, el artículo 63 ibidem, indica que deben
contener, entre otras, “[…] 2.- los nombres de los Concejales concurrentes a las
respectivas sesiones o comisión, las excusas válidas para los no asistentes […]”.
93. A su vez, de conformidad con la Resolución núm. 320 de 30 de diciembre de
202048, en especial, el numeral 23 del artículo 2.°, sobre “ll Área Funcional. Director
Administrativo. Descripción de funciones esenciales”, corresponde al Secretario
General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, entre otras funciones,
controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de
Secretaría y Presidencia y libros de actas, con las cuales se procede a realizar los
pagos de los honorarios a los Concejales.
94. Determinado lo anterior y para dar respuesta al recurso de apelación del
Solicitante, la Sala procede, en el caso sub examine, al estudio sucinto de los
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 50001233300020200008001
48 "Por medio del cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de personal del Concejo Municipal de San José de Cúcuta".
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
supuestos necesarios para la configuración de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, consistente en indebida
destinación de dineros públicos, a saber: i) que se ostente la condición de miembro
de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente a dineros públicos;
y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
Que se ostente la calidad de Concejal
95. La Sala encuentra probado que José Oliverio Castellanos Navarro fue elegido
como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta, según se explicó en el acápite
“[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia, el primer
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura se encuentra
probado.
Que se esté frente a dineros públicos
96. Esta Sección49 ha considerado que el artículo 11 del Decreto 111 de 15 de enero
de 199650 señala que el presupuesto se compone de las siguientes partes: i) el
presupuesto de ingresos o rentas; ii) el presupuesto de gastos, a su vez conformado
por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión,
y iii) disposiciones generales.
97. Asimismo, en la citada sentencia se sostuvo que de conformidad con los
artículos 3.° y 10 de la Ley 617, los honorarios de los Concejales se encuentran
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 47002333000202100310-01;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de
2022, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 500012333000202000032-01; y Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de junio de 2023, C.P
Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 680012333000202300008-01.
50 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto
orgánico del presupuesto”.
“[…] ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las
contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los
fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;
b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama
legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional
Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional,
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y
detallados en la forma que indiquen los reglamentos, y (Expresion subrayada, declarada EXEQUIBLE mediante
Sentencia de la Corte Constitucional C-230A de 2008)
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del
presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (L.
38/89, art. 7º; L. 179/94, arts. 3º, 16 y 71; L. 225/95, art. 1º). […]”.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
inmersos dentro de los gastos de funcionamiento y su pago se realiza con los
ingresos corrientes de libre destinación51.
98. En consecuencia, esta Sala considera que los recursos a través de los cuales
se reconoce y paga honorarios a los Concejales municipales, como en este caso,
constituye dinero público que integra el presupuesto de la entidad territorial, y en
esa medida, se encuentra probado el segundo supuesto del elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura objeto de análisis.
Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
99. En el caso sub examine, el Solicitante indicó que se configuró la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, en la medida
en que se dispuso el reconocimiento y pago de honorarios a algunos Concejales del
Municipio de San José de Cúcuta, sin comprobar su asistencia a las mismas.
100. En el expediente del proceso de la referencia se encuentra probado lo
siguiente52:
100.1. Mediante Acta núm. 221 de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta el 10 de diciembre de 2021, se posesionó como
presidente y secretario de esa corporación para el periodo 2022, al Concejal José
Oliverio Castellanos Navarro y al señor Julián David Torres Carrero,
respectivamente.
100.2. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 136 y el artículo
312 de la Constitución Política corresponde al presidente del concejo, como
ordenador del gasto de esta corporación, reconocer los honorarios descritos en la
ley a los Concejales por la asistencia comprobada a las sesiones del Concejo.
51Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 08001-23-33-000-
2013-00435-01(PI), actor: Veeduría Ciudadana Caribe Legal, demandado: Martin Antonio Rodriguez Montero,
MP: María Elizabeth García González.
52 Las Actas se encuentran en el Índice 2 Samai del Tribunal y las Certificaciones en el Índice 23 Samai.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
100.3. De conformidad con la Resolución núm. 320 de 30 de diciembre de 2020 53,
en especial, el numeral 23 del artículo 2.°, sobre “ll Área Funcional. Director
Administrativo. Descripción de funciones esenciales”, corresponde al Secretario
General del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, entre otras funciones,
controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de
Secretaría y Presidencia y libros de actas.
100.4. De la sesión ordinaria celebrada el 1.° de marzo de 2022 se precisa que: i)
en el Acta de la sesión aparece ausente el Concejal George Alexander Salazar
Márquez; ii) no obstante lo anterior su asistencia se probó con la certificación
expedida el 4 de marzo de 2022 por el Director Administrativo (Secretario) del
Concejo de San José de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos mediante la
Resolución núm. 035 de 4 de marzo de 2022 expedida por el Concejal acusado.
100.5. De la sesión ordinaria de 3 de marzo de 2022 se precisa que: i) en el Acta de
la sesión aparece ausente el Concejal Jair Antonio Díaz Ardila; ii) no obstante lo
anterior se probó su asistencia con la certificación expedida el 4 de marzo de 2022
por el Director Administrativo (Secretario) del Concejo de San José de Cúcuta y los
honorarios fueron reconocidos mediante la Resolución núm. 035 de 4 de marzo de
2022 expedida por el Concejal acusado.
100.6. De la sesiones ordinarias de 15, 16 y 17 de marzo de 2022 se precisa que: i)
en las Actas de la sesión aparecen ausentes los Concejales Jair Antonio Díaz Ardila
y José Leonardo Jácome Carrascal; ii) no obstante lo anterior la asistencia de Jair
Antonio Díaz Ardila (3 días) y José Leonardo Jácome Carrascal (2 días) se probó
con la certificación expedida el 4 de marzo de 2022 por el Director Administrativo
(Secretario) del Concejo de San José de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos
mediante la Resolución núm. 042 de 18 de marzo de 2022 expedida por el Concejal
acusado en esas proporciones.
100.7. De la sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022 se precisa que en el Acta de
la sesión aparece ausente el Concejal Nelson Ovalles Agudelo, así:
53 "Por medio del cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de personal del Concejo Municipal de San José de Cúcuta".
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
“[…] En San José de Cúcuta, a los (24) días del mes de marzo del 2022, siendo las
4:10 pm se reunieron en el recinto de la democracia los Honorables Concejales
miembros del
Concejo Municipal de San José de Cúcuta, con el fin de desarrollar la sesión
designada
para la fecha.
Preside la sesión el Honorable Concejal: JOSE OLIVERIO CASTELLANOS
NAVARRO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
Están presentes los Honorables Concejales:
CONCEJALES ASISTENCIA
[…]
OVALLES AGUDELO NELSON A
[…]
Se pudo comprobar que existe quórum deliberatorio mas no decisorio
El honorable presidente dando cumplimiento al reglamento interno declara un receso.
Transcurrido el tiempo, el honorable Presidente levanta el receso y solicita al
Secretario
continuar con el orden del día.
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:
CONCEJALES ASISTENCIA
[…]
OVALLES AGUDELO NELSON A
[…]
Se pudo comprobar que existe quórum de liberatorio y decisorio
El honorable presidente le solicita al señor Secretario leer el orden del día.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
APOBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 17 Y 18 DE
MARZO DE 2022
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
PROPOSICIONES VARIOS
El Secretario informa que ha sido leído el orden del día, sometido a consideración, es
votado de la siguiente manera:
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41
Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
CONCEJALES VOTACIÓN
[…]
OVALLES AGUDELO NELSON A
[…]
El Secretario informa que ha sido aprobado el orden del día.
El Presidente solicita continuar con el orden del día.
APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LOS DIAS 17 Y 18 DE
MARZO DE 2022
El secretario procede a llamar a lista para la aprobación
CONCEJALES VOTACIÓN
[…]
OVALLES AGUDELO NELSON A
[…]
El secretario informa que han sido aprobadas las actas correspondientes a los días
17 y 18 de marzo de 2022.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
El señor secretario informa que no hay correspondencia en el día de hoy para tratar.
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.
PROPOSICIONES
El señor secretario informa al presidente que no hay proposiciones para el día de hoy
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.
VARIOS
Hace entrada al recinto el honorable Concejal Juan Diego Ordoñez Carvajal.
El Presidente manifiesta a los Concejales que se reunió con el subcomandante del
área
metropolitana de Cúcuta, el coronel Gilmar Alfonso Reyes Cruz, quien solicitó un
espacio en la sesión del día 25 de marzo de 2022, para escuchar al coronel Carlos
Alberto Benites, Jefe de la oficina telemática de la Policía Nacional, quien va exponer
a corporación el tema de su competencia, quien solicitó se realizará en las horas de
la mañana por motivos de viaje.
Interviene la Concejal Yanet Carime Rodríguez Rodríguez, quien solicita al presidente
someter a consideración de la plenaria la citación de llevar a cabo sesiones ordinarias
los días sábado, domingos y festivos.
Siendo las 4:34 p.m. el presidente clausura la sesión y convoca para el día viernes 25
de marzo a las 7:00 a.m.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
LA PRESENTE ES UNA RELACIÓN SUCINTA DE LO ACONTECIDO EN LA
PLENARIA Y SE ENCUENTRA COMPLETA Y GRABADA EN AUDIO QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DE LA CORPORACIÓN […]”.
100.7.1. El Secretario mediante certificación54 expedida el 24 de marzo de 2022
indicó que Nelson Ovalles Agudelo asistió a la sesión de 23 de marzo de 2022, pero
no asistió a la de 24 de marzo de 2022, así:
100.7.2. No obstante lo anterior, el Concejal acusado reconoció los honorarios
mediante la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022 55 por las dos sesiones
indicadas anteriormente. En la citada Resolución se indicó que “[…] de conformidad
con lo anterior, se debe reconocer el pago de honorarios a cada uno de los
Concejales por sesión plenaria asistida, el cual corresponde a la suma de $ 469.766,
de acuerdo al incremento porcentual del año respectivo, previa certificación de
asistencia que para el efecto ha expedido la Secretaria General de la Corporación
[…]”.
54 Cfr. Índice 23 Samai del Tribunal.
55 Cfr. Índice 2 Samai del Tribunal.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
100.8. De la sesión ordinaria de 26 de marzo de 2022 se precisa que: i) en el Acta
de la sesión aparece ausente el Concejal Víctor Guillermo Caicedo Pinzón; no
obstante, lo anterior, su asistencia se probó con la certificación expedida el 28 de
marzo de 2022 por el Director Administrativo (Secretario) del Concejo de San José
de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos mediante la Resolución núm. 047 de
28 de marzo de 2022 expedida por el Concejal acusado.
100.9. De la sesiones ordinarias de 27, 28 y 29 de marzo de 2022 se precisa que: i)
en las Actas de las sesiones aparecen ausentes los Concejales Jair Antonio Díaz
Ardila, Nelson Ovalles Agudelo y Víctor Guillermo Caicedo Pinzón; ii) no obstante lo
anterior, la asistencia de Jair Antonio Díaz Ardila (3 días), Nelson Ovalles Agudelo
(3 días) y Víctor Guillermo Caicedo Pinzón (3 días) se probó con la certificación
expedida el 4 de marzo de 2022 por el Director Administrativo (Secretario) del
Concejo de San José de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos mediante la
Resolución núm. 048 de 30 de marzo de 2022 expedida por el Concejal acusado en
esas proporciones.
100.10. De la sesión ordinaria de 1.° de abril de 2022 se precisa que: i) en el Acta
de la sesión aparece ausente George Alexander Salazar Márquez, Jair Antonio Díaz
Ardila, Guillermo León Báez, Carlos Luis Chacón Contreras y Juan Diego Ordoñez
Carvajal; ii) no obstante lo anterior, su asistencia se probó con la certificación
expedida el 1.° de abril de 2022 por el Director Administrativo (Secretario) del
Concejo de San José de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos mediante la
Resolución núm. 051 de 4 de abril de 2022 expedida por el Concejal acusado.
100.11. De la sesión ordinaria de 2 de abril de 2022 se precisa que: i) en el Acta de
la sesión aparece ausente el Concejal Juan Diego Ordoñez Carvajal; ii) no obstante
lo anterior, su asistencia se probó con la certificación expedida el 28 de marzo de
2022 por el Director Administrativo (Secretario) del Concejo de San José de Cúcuta
y los honorarios fueron reconocidos mediante la Resolución núm. 051 de 4 de abril
de 2022 expedida por el Concejal acusado.
100.12. De la sesión ordinaria de 25 de abril de 2022 se precisa que: i) en el Acta
de la sesión aparecen ausentes los Concejales George Alexander Salazar Márquez
y Edward Alberto Varón Flórez; ii) no obstante lo anterior, su asistencia se probó
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
con la certificación expedida el 25 de abril de 2022 por el Director Administrativo
(Secretario) del Concejo de San José de Cúcuta y los honorarios fueron reconocidos
mediante la Resolución núm. 062 de 25 de abril de 2022 expedida por el Concejal
acusado.
100.13. De las sesiones ordinarias de 28 y 29 de abril de 2022 se precisa que: i) en
el Acta de 28 de abril de 2022 aparece ausente el Concejal Nelson Ovalles Agudelo,
mientras que en el Acta de 29 de abril de 2022 aparece ausente el Concejal Álvaro
Andrés Raad Forero; no obstante lo anterior, su asistencia se probó con la
certificación expedida el 30 de abril de 2022 por el Director Administrativo
(Secretario) del Concejo de San José de Cúcuta, en la cual se indicó expresamente
que asistieron únicamente a la sesión del 29 de abril de 2022, por este motivo se le
reconocieron honorarios mediante la Resolución núm. 064 de 30 de abril de 2022
expedida por el Concejal.
101. A su vez, el Secretario del Concejo Municipal de San José de Cúcuta para el
año 2022, Julián David Torres Carrero 56, así como los Concejales Nelson Ovalles
Agudelo y José Leonardo Jácome Carrascal, en sus testimonios, indicaron que:
101.1. Las sesiones del año 2022 eran presenciales y de conformidad con el
Reglamento Interno del Concejo Municipal le corresponde al Secretario de la
Corporación certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones.
101.2. El Secretario del Concejo Municipal realizaba la verificación manualmente
con el llamado a lista para determinar el quorum deliberatorio y decisorio (con la
sola presencia en el recinto), lo cual quedaba registrado en las Actas de las sesiones
que eran públicas y corroboradas con los Concejales. A su vez, registraba la entrada
de los Concejales a las sesiones después del llamado a lista y con las grabaciones
de audio y video.
101.3. Con las certificaciones daba fe de la asistencia y con ellas se elaboraban las
resoluciones de pago de honorarios que eran expedidas por el Presidente del
Concejo Municipal.
56 Cfr. Índice 29 Samai, Minuto 14:37 a 54:02
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101.4. Las certificaciones no eran expedidas en conjunto con el presidente quien
antes de expedir las resoluciones de pago le asistía un deber de verificación.
102. Por tanto, la Sala, al realizar el análisis conjunto las pruebas, de conformidad
con las reglas de la sana crítica, concluye que, en el caso sub examine, José Oliverio
Castellanos Navarro, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de San
José de Cúcuta para el año 2022 y ordenador del gasto, al disponer mediante la
Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022 el pago de los honorarios al Concejal
Nelson Ovalles Agudelo por asistencia a la sesión de los días 23 y 24 de marzo de
2022, pese a que la certificación del secretario general del Concejo de San José de
Cúcuta, solo señala la asistencia de este Concejal a la sesión del día 23 de marzo
de 2022 incurrió desde el punto de vista objetivo, en la conducta descrita en el
artículo 48.4 de la Ley 617 de 2000, al haber desviado la finalidad de los recursos
públicos a unos propósitos no autorizados por la Constitución y la ley.
103. Por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, esta Sala procederá a
realizar el estudio del elemento subjetivo.
Sobre el elemento subjetivo
104. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
en el caso sub examine, entre otros, con fundamento en los parámetros previstos
por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201757, referida en el correspondiente
marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.
105. El Concejal afirmó que no se configura el elemento subjetivo de la causal, toda
vez que: i) no está probado el elemento interior dañino o culposo grave; ii) que
realizó las conductas amparado en la íntima convicción de estar actuando conforme
la Constitución y la ley; iii) su conducta sería excusable por la verificación que
realizaba de la asistencia real a las sesiones por parte de los Concejales y porque
solo se limitaba la suscribir las resoluciones de pago; y iv) al existir más de una
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
interpretación posible, frente a un caso concreto, se debía preferir la que propenda
por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales, toda vez que la asistencia a las sesiones no solo se corroboraba
con las Actas y sus grabaciones sino con la certificación expedida por el Secretario
General de la Corporación.
106. El Tribunal consideró no probado el elemento subjetivo en la medida que no
se demostraban las circunstancias que permitieran un actuar doloso o gravemente
culposo del Concejal acusado, toda vez que no había incurrido de manera reiterada
o periódica en la conducta endilgada y, mucho menos, que lo haya hecho en
beneficio del Concejal que recibió los honorarios y, en esa medida, no llevaba
consigo la entidad y gravedad suficiente para declarar la pérdida de investidura.
107. El Agente del Ministerio Público en el recurso de apelación indicó que la causal
de pérdida de investidura es de ejecución instantánea sin que el elemento de dolo
o culpa grave pueda derivarse de un patrón repetitivo. A su vez, el Solicitante
sostuvo que se debió realizar un análisis riguroso del elemento subjetivo de la
causal concerniente a la diligencia exigible al Concejal acusado, las circunstancias
de tiempo modo y lugar en la que sucedieron los hechos.
108. En primer lugar, la Sala considera que para el estudio del elemento subjetivo
se requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico y la segunda, atinente al concepto de la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
109. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, ello, entre otras, de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon y, en esa medida, se considera que
no pueden ser determinados a través de la realización de una conducta reiterada o
patrón reiterativo como lo afirmó el Tribunal.
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
110. En el presente asunto, se advierte que de los testimonios del Secretario del
Concejo Municipal de San José de Cúcuta para el año 2022, Julián David Torres
Carrero 58, así como los Concejales Nelson Ovalles Agudelo y José Leonardo
Jácome Carrascal y de los documentos obrantes en el expediente del proceso de la
referencia, se determinó que el Concejal acusado es Administrador Público y ejerce
como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta desde el año 2011, por lo tanto,
las calidades personales y profesionales dan cuenta de que tenía la capacidad de
discernir y entender la circunstancia fáctica y jurídica en la que se encontraba
respecto del reconocimiento de los honorarios al Concejal sin la asistencia
comprobada.
111. Asimismo, que las sesiones del Concejo Municipal de San José de Cúcuta en
el año 2022, entre ellas la de 24 de marzo de dicha anualidad, fueron presenciales
y que la asistencia a las mismas se determinaba con la verificación manual que
realizaba el Secretario General de la Corporación con el llamado a lista para
determinar el quorum deliberatorio y decisorio (con la sola presencia en el recinto),
lo cual quedaba registrado en las actas de las sesiones que eran públicas y
corroboradas con los Concejales.
112. A su vez, que el Secretario General registraba la entrada de los Concejales a
las sesiones después del llamado a lista, con las grabaciones de audio y video y
que posteriormente, las actas de las sesiones y los registros de asistencia eran
remitidos para que se expidieran las resoluciones de reconocimiento y pago de
honorarios por parte del Presidente del Concejo Municipal, a quien le asistía un
deber de verificación.
113. De igual manera, conforme se indicó supra, se pudo determinar que el Concejal
acusado, mediante la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022, ordenó el pago
de los honorarios al Concejal Nelson Ovalles Agudelo en la sesión de 24 de marzo
de 2022, pese a que el Secretario General del Concejo Municipal de San José de
Cúcuta hubiera certificado su inasistencia.
114. De esta manera, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se
encuentra probado el dolo en el actuar del Concejal acusado, en la medida que no
58 Cfr. Índice 29 Samai, Minuto 14:37 a 54:02
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
es posible deducir una intención positiva para desplegar la conducta proscrita en el
ordenamiento jurídico, esto es, la indebida destinación de dineros públicos.
115. No obstante lo anterior, el grado de culpabilidad evidenciado en este proceso
es la culpa grave, previsto en el artículo 1,° de la Ley 1881, modificado por el artículo
4° de la Ley 2003 que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios (artículo 63 del Código Civil), en la medida que el Concejal
acusado no actuó con la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones, en
tanto, permitió el reconocimiento de honorarios injustificados, dando lugar así a la
configuración de la causal de pérdida de investidura alegada, como pasa a
explicarse.
116. Al respecto, la Sala considera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.° del
Código Civil, que la ignorancia de la ley no excusa su transgresión; de manera que,
más allá de las condiciones personales y de las circunstancias que puedan rodear
las conductas, es deber de quienes aspiran, acceden y se posesionan en los cargos
públicos, incluidos los de elección popular, tomar conocimiento del régimen que los
regula, para todos los efectos.
117. Dicha obligación de conocimiento corresponde al deber de diligencia mínimo,
que la sociedad y los votantes esperan de quien es elegido y se posesiona como
Concejal; pues con ello se asegura que al ejercer las funciones del cargo y
representar la dignidad que se le concede por voto popular, no defraudará la
confianza que se le ha depositado.
118. En suma, es el conocimiento diligente y cuidadoso del ordenamiento que
conforma el régimen aplicable a los Concejales y al ejercicio de sus funciones
públicas, el que permite garantizar que sus desempeños funcionales son acordes
con la Constitución, la ley y los reglamentos, sometidos irrestrictamente a los
principios de transparencia, imparcialidad y prevalencia del interés general.
119. Debe resaltarse que no reposa elemento de prueba alguno encaminado a
demostrar que el Concejal acusado haya desplegado una conducta diligente, con el
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
propósito de establecer si actuó de buena fe calificada, y, por ende, sus conductas
pueden exculparse.
120. Para el efecto, el Concejal acusado, en las oportunidades procesales,
únicamente indicó que: i) conocía el procedimiento establecido en el Reglamento
interno del Concejo Municipal del Municipio de San José de Cúcuta para el
reconocimiento de honorarios a los Concejales; y ii) tuvo el debido cuidado para el
reconocimiento al verificar las certificaciones y asistencias, reuniéndose con el
Secretario General, con quien analizaban los elementos que daban cuenta de la
asistencia de los Concejales: la grabación, el acta y la certificación del Secretario,
para verificar que lo que se reconocía en la resolución realmente coincidiera con la
asistencia que tomaba el Secretario, es decir, no manifestó que hubiera ocurrido un
error en el procedimiento y que actuó conforme la ley y el reglamento sin que, se
repite, existiera alguna prueba que demostraran las presuntas actuaciones
diligentes del Concejal.
121. En esa medida, era su deber actuar de manera diligente en orden a verificar la
veracidad de lo consignado en la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022 con
la información aportada por el Secretario General de la Corporación en la
certificación, lo cual coincidía con lo consignado en la respectiva acta de la sesión
ordinaria, toda vez que en su condición de jefe de la corporación política-
administrativa y ordenador del gasto debe velar por el correcto uso de los dineros
públicos; cumplir y hacer cumplir el reglamento; lo que implica que su actuar no
estuvo amparado por la buena fe calificada. Por tal motivo, el Concejal acusado
estaba en el deber de realizar la verificación y no efectuar el pago al Concejal que
no asistió a la sesión de 24 de marzo de 2022.
122. La Sala no pasa por alto el hecho de que el Concejal acusado en el escrito de
oposición a los recursos de apelación adujo que no elaboró la Resolución núm. 045
de 2022, la cual fue una cuestión eminentemente secretarial y que simplemente la
suscribió, constituyéndose en un error que no genera el elemento subjetivo de la
causal.
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123. En esa medida, no le asiste razón en su argumento, toda vez que conforme lo
ha considerado esta Sección59: i) la función de ordenador del gasto no se limita a
suscribir las resoluciones que le son proyectados; y ii) que “[…] es importante
resaltar el papel de la confianza en el ejercicio de la función pública en la medida en
que hace posible la distribución de funciones en la administración toda vez que no
es viable que se escudriñe todos y cada una de las actuaciones y tareas realizadas
por los servidores públicos, no obstante, no resulta acertado esgrimir tal
predicamento como excluyente de la culpabilidad en el presente asunto, en la
medida en que, como se advirtió líneas atrás, no se cumplieron a cabalidad ciertos
deberes de vigilancia y control […]”, sin que sea procedente, por este motivo, la
aplicación del principio pro homine.
124. Por último, se advierte que si bien la Sala, en algunas ocasiones ha
considerado la no configuración del elemento subjetivo, en asuntos en los cuales se
ha probado que el ordenador del gasto fue inducido en error por otro funcionario 60,
lo que se debate en este proceso resulta ser distinto, en la medida que la conducta
del Concejal acusado resulta cuestionada, no por el actuar del Secretario General,
sino directamente por su conducta.
Conclusiones de la Sala
125. La Sala considera que se probaron los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos del
Concejal José Oliverio Castellanos Navarro por disponer el reconocimiento y pago
de honorarios a un Concejal sin estar acreditada su asistencia a la sesión. En esa
medida, se revocará la sentencia proferida, en primera instancia y se decretará la
pérdida de investidura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de
2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 76001 23 33 000 2021 01006 01
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 680012333000202200502 01; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de 2022,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 76001 23 33 000 2021 01006 01
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Núm. Único de radicación: 540012333000202400176-01
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la solicitud
pérdida de investidura del Concejal del Municipio de San José de Cúcuta José
Oliverio Castellanos Navarro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de
San José de Cúcuta José Oliverio Castellanos Navarro, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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