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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00502-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00502-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00502-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202200502011
Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE

TESIS: NO SE CONFIGURA LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR
INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS, POR CUANTO LA CONCEJAL
DEL DISTRITO ESPECIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO, INDUSTRIAL Y
TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA NO ACTUÓ CON DOLO O CULPA GRAVE
EN LA EXPEDICIÓN DE LAS RESOLUCIONES NÚMS. 013 DE 31 DE ENERO Y 045
DE 15 DE ABRIL DE 2020.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 16 de mayo de 2023, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se denegó la pérdida de investidura de la concejal del Distrito
Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja2, señora JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
2 Acto Legislativo 01 de 11 de julio de 2019 “[…] Por el cual se otorga la Categoría de Distrito

Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el
departamento de Santander […]”.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2022 00502 01
Solicitante: CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE

RINCÓN, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura de la concejal del distrito de Barrancabermeja, señora
JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2020-2023, al considerar que
incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en los
artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, y 48,
numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 20004, esto es, por indebida
destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Señaló que la señora JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN
fue elegida concejal del distrito de Barrancabermeja para el período
2020-2023; y que integró la mesa directiva de esa corporación, en
calidad de segunda vicepresidente, para el período comprendido
entre el 2 de enero y 31 de diciembre de 2020.

3 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.
4 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.

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Solicitante: CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE

Indicó que la accionada tenía la función de suscribir las resoluciones
que reconocen honorarios a los concejales por su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias ordinarias o extraordinarias,
toda vez que los concejales que componen la mesa directiva del
concejo del distrito de Barrancabermeja actúan como ordenadores
del gasto y tienen el deber de vigilancia y control en la ejecución del
presupuesto.

Adujo que la concejal hizo parte de la expedición de las resoluciones
núm. 013 de 31 de enero y 045 de 15 de abril de 2020, a través de
las cuales se reconoció a sí misma honorarios por las sesiones
llevadas a cabo el 29 de enero y 2 de abril de 2020, respectivamente,
reuniones a las que no asistió tal y como consta en las actas núms.
024 de 29 de enero de 2020, -sesión ordinaria-, y 054 de 2 de abril
de 2020, -sesión extraordinaria-, así como en video de sesión virtual
de 2 de abril de 2020.

Manifestó que el pago por concepto de honorarios por la sesión
ordinaria de 29 de enero de 2020, así como por la sesión
extraordinaria de 2 de abril de 2020, ascendió a la suma de $437.723
cada una, correspondiente a dineros públicos apropiados dentro del
presupuesto de la entidad para el año 2020, bajo el numeral
03010201 (Honorarios).

Anotó que al reconocerse honorarios sin su asistencia comprobada a
las sesiones de 29 de enero y 2 abril de 2020, la concejal vulneró los
artículos 65 y 66 de la Ley 136; y que aunque mediante la Resolución
núm. 062 de 2 de julio de 2020 se modificaron las resoluciones núm.
013 de 31 de enero y 045 de 15 de abril de 2020, en la que quedó

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efectuada la devolución por parte de la accionada de los dineros
pagados por concepto de los citados honorarios de 29 de enero y 2
de abril de 2020, este simple hecho no la exonera de responsabilidad.

Sostuvo que la concejal verificó la inasistencia de los concejales
HENRY YAIR CORREA CARABALLO y LUIS MANUEL TORO
HERNÁNDEZ a la sesión plenaria de 29 de enero de 2020 para no
reconocerles honorarios, pero, en cambio, decidió reconocer sus
propios honorarios conociendo su inasistencia a dicha sesión, lo que
también se extrae de la resolución núm. 013 de 31 de enero de 2020
y del acta núm. 024 de 29 de enero de 2020.

Mencionó que la conducta de la concejal fue a título de dolo porque
tenía conocimiento que no asistió a las sesiones y aun así se pagó
honorarios, por lo que en caso de no encontrarse probado el aspecto
subjetivo de la causal de pérdida de investidura a título de dolo, el
comportamiento sería a título de culpa grave; y que ella sabía que
su conducta resultaba contraria a derecho por constituir causal de
pérdida de investidura, actitud reprochable que denota falta de
cuidado y diligencia al momento de expedir las citadas resoluciones,
cuando era su obligación supervisar, controlar y vigilar que los
concejales cumplieran con su función de asistir a las sesiones
plenarias.

Señaló que lo anterior impide observar la buena fe exenta de culpa
de la accionada, por lo que esta actuó con negligencia y poca
prudencia en la expedición de las resoluciones núms. 013 de 31 de
enero y 045 de 15 de abril de 2020.

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Solicitante: CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE

I.3.- La concejal guardó silencio durante el traslado de la solicitud
de pérdida de investidura.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de la sentencia de 16 de mayo de 2023, denegó
la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual sostuvo que
con el formulario E-26 CON de 12 de noviembre de 2019, se acreditó
la elección de la accionada como concejal del distrito de
Barrancabermeja, por el Partido Alianza Social Independiente-ASI, al
igual que con el Acta núm. 001 de 02 de enero de 2020, de sesión
ordinaria del Concejo Distrital de Barrancabermeja, en cuanto
desarrolla el numeral 8 del orden del día, -elección mesa directiva
para el período de 2 de enero a 31 de diciembre de 2020-, y se elige
como como segunda vicepresidente.

Indicó que en las actas núms. 024 de 29 de enero y 054 de 2 de abril
de 2020, contentivas de las sesiones plenarias de 29 de enero y 2 de
abril de 2020, respectivamente, se encuentra acreditada la
inasistencia de la concejal, quien para ese momento hacía parte de
la Mesa Directiva como segunda vicepresidente.

Manifestó que mediante las resoluciones núms. 013 de 31 de enero
y 045 de 15 de abril de 2020, la Mesa Directiva del Concejo Distrital
de Barrancabermeja, -entre quienes se encontraba la accionada, en
calidad de segunda vicepresidenta-, reconoció los honorarios por
sesiones plenarias de 29 de enero y 2 de abril de 2020, atendiendo
a la certificación expedida por el secretario de esa corporación
pública.

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Adujo que, en virtud de lo anterior, no existe duda de que para los
días 29 de enero y 2 de abril de 2020 la concejal JULIETT MARCELA
RODRÍGUEZ RINCÓN no asistió a las sesiones plenarias ordinaria
y extraordinaria, respectivamente, realizadas esos días; y que a
pesar de no haberse causado el derecho al pago de tales honorarios,
le fue reconocido el dinero correspondiente a esas reuniones,
quedando acreditado así el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos.

No obstante, descartó la presencia del elemento subjetivo en el
presente asunto para lo cual mencionó que, conforme al Manual de
Funciones del Concejo Distrital de Barrancabermeja, la función de
registrar y certificar la asistencia de los concejales a las plenarias le
corresponde al secretario general de esa corporación pública: “[…] 5.
Registrar y certificar obligatoriamente la asistencia de los Concejales
a las Sesiones Plenarias […]”.

Señaló que revisadas las resoluciones núms. 013 de 31 de enero y
045 de 15 de abril de 2020, se observa que la mesa directiva dejó
constancia que dicho pago se ordenaba previa expedición de la
certificación emitida por el secretario general del Concejo del distrito
de Barrancabermeja.

Agregó que, una vez advertido el pago en exceso de los honorarios
correspondiente al mes de enero, la concejal radicó oficio de 24 de
marzo de 2020 con el que adjuntó una consignación realizada el 18
de febrero de 2020, por valor de $437.723, por concepto del
reintegro de los honorarios correspondientes a la sesión de 29 de

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enero de 2020, reconocida irregularmente mediante la Resolución
núm. 013 de 31 de enero de 2020.

Mencionó que, de igual forma, mediante oficio de 30 de junio de
2020, la concejal informó que el 19 de junio de 2020 realizó una
consignación por valor de $393.951 por concepto de reintegro de
honorarios correspondiente a la sesión de 2 de abril de 2020,
reconocidos irregularmente con la Resolución núm. 045 de 15 de abril
de 2020.

Sostuvo que con fundamento en ello la mesa directiva del Concejo
Distrital de Barrancabermeja expidió la Resolución núm. 062 de 2 de
julio de 2020, mediante la cual se modificaron las resoluciones núms.
013 de 31 de enero y 045 de 15 de abril de 2020, ajustando el
reconocimiento de honorarios pagados a la concejal JULIETT
MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN por las sesiones plenarias de 29
de enero de 2020 y 2 de abril de 2020, y se ordenó a la Pagaduría
del Concejo Distrital de Barrancabermeja realizar los respectivos
ajustes en la contabilidad y reintegrar tales dineros en el presupuesto
del año 2020.

Concluyó que de acuerdo con lo anterior y analizadas las pruebas
obrantes en el proceso, era evidente que la accionada no actuó con
dolo o culpa grave en su comportamiento, pues se observa que el
pago de los honorarios por los días 29 de enero y 2 de abril de 2020,
correspondió a un error de digitación inducido por un empleado
diferente, -secretario general del Concejo-, a quien la ley y el
reglamento le dio la función de registrar y certificar la asistencia
comprobada de las sesiones con el fin de hacer efectivo el

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reconocimiento y pago de los honorarios devengados por los
concejales.

Aclaró que dicho error de digitación fue oportunamente advertido por
la concejal, quien manifestó por escrito dicha situación y procedió al
reintegro de los dineros consignados en exceso; que, asimismo,
mediante la Resolución núm. 062 de 2 de julio de 2020, expedida por
la mesa directiva, -de los cuales hizo parte la accionada en calidad
de segunda vicepresidente-, se efectuaron las respectivas
correcciones, ordenando realizarse los ajustes en la contabilidad y
presupuesto del Concejo Distrital para el año 2020, lo cual ocurrió
sin que mediara denuncia ni solicitud alguna.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su
lugar, decretar la pérdida de investidura de la concejal, con
fundamento en que sí está probado el elemento subjetivo de la causal
de indebida destinación de dineros públicos.

Agrega que no existe dentro del proceso certificación del secretario
del Concejo Distrital de Barrancabermeja que indique los días de
asistencia o inasistencia a sesiones de los concejales de
Barrancabermeja, para demostrar la tesis del a quo, en cuanto a que
el pago obedeció a un error provocado por el secretario de la
corporación, no siendo oportuno en este caso imputarse el pago
como un error de digitación o descartar lo subjetivo en el actuar de
la accionada quien tenía la obligación de expedir las resoluciones que

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reconocen honorarios a los concejales por asistencia comprobada a
las sesiones plenarias.

Menciona que si en gracia de discusión existiera la certificación del
secretario general de la corporación que provocara el presunto error
en la expedición de las resoluciones núms. 013 de 31 de enero y 045
de 15 de abril de 2020 y su correspondiente auto reconocimiento de
los honorarios por la concejal, tampoco es dable derrumbar el
aspecto subjetivo de la conducta en el entendido de que ella sabía de
su inasistencia los días 29 de enero y 2 de abril de 2020, o por lo
menos tenía la obligación de verificar el contenido de las resoluciones
de reconocimiento de honorarios previo a su expedición para advertir
el pago irregular y no de manera muy posterior como ocurrió en el
presente evento, cuando con la devolución de los dineros pagados en
exceso trató de desaparecer las consecuencias jurídicas de su
conducta negligente.

Estima que la conducta de la concejal no obedeció a un error de
digitación en las resoluciones núms. 013 de 31 de enero y 045 de 15
de abril de 2020, sino a su querer de pagarse honorarios a sabiendas
que había asistido a las referidas sesiones plenarias y que, contrario
a lo señalado por el Tribunal, no está probado dentro del plenario que
el pago de honorarios obedezca a un error provocado por el
secretario general de la corporación.

Anota que en la conducta de la concejal concurre culpa grave porque
era su deber actuar de manera diligente, verificando la veracidad de
lo contenido en las resoluciones de reconocimiento de honorarios,

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máxime que quien la elaboró era una persona distinta a ella y al
secretario general de la corporación.

Agrega que le era posible a la concejal advertir su inasistencia en los
días señalados mediante un proceso de rememoración corto, que
permitiera concluir que no había asistido a las sesiones plenarias de
29 de enero y 2 de abril de 2020, ya que solo había trascurrido
escasos días desde su ausencia y el respectivo reconocimiento de
honorarios, o verificar dicha situación teniendo como referencia los
videos de las sesiones y las respectivas actas de sesiones plenarias,
lo que permite concluir que por lo menos su conducta se realizó a
título de culpa grave.

Manifiesta que, por demás, la concejal hizo devolución de los dineros
muy posterior a su apropiación; y que si bien es cierto no medió
denuncia o requerimiento como lo expone el Tribunal, lo mismo
obedeció a un pago de honorarios en exceso de manera repetitiva y
no por única vez, que quizás permitiera predicar una diligencia
debida de su parte, la cual carece de prueba en este evento.

Aunado a lo anterior, comentó que pretender desaparecer el aspecto
subjetivo de la conducta con situaciones posteriores a la comisión de
la misma, como lo plantea el a quo, equivale a hacer nugatorio el
medio de control de pérdida de investidura, como si dentro de este
tipo de procesos existiere una exoneración de responsabilidad por
procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o
disminuir sus consecuencias o por reparar voluntariamente el daño,

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como ya en distintas oportunidades lo ha explicado el H. Consejo de
Estado5, lo cual enerva la tesis planteada por el Tribunal de instancia.

Por último, solicita compulsar copia de la sentencia a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de
su competencia, debido a que se observa primigeniamente la
comisión del punible de peculado por apropiación.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:

IV.1.- La concejal, mediante apoderado, manifiesta que no se
configuró indebida destinación de dineros públicos del Concejo
Distrital de Barrancabermeja porque lo que se presentó fue un error
de forma en las resoluciones que ordenaban el pago de honorarios y
que han sido objeto de este juicio; que este error se subsanó a
tiempo con la devolución de estos una vez se percató de lo sucedido;
y que si hubiese querido ocultarlo sencillamente se queda callada,
pero prefirió hacer las correcciones del caso.

Menciona que no hay dolo ni culpa grave en su actuar porque las
resoluciones que autorizaron el pago de honorarios se realizaron de

5 En las sentencias de 28 de marzo de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-

2015-00111-00(PI), consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas; y de 10 de
diciembre de 2021, número único de radicación 47001-23-33-000-2021-00310-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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conformidad con la certificación que otorga el secretario del Concejo,
quién es el que hace constar, en su calidad de notario de la
corporación, cuáles concejales son los que asisten y cuántas sesiones
se deben pagar a cada uno de ellos, de conformidad con el control
de asistencia.

Indica que este tipo de errores en el pago de un día de honorarios en
exceso se presenta con cierto de grado de frecuencia; y que es
precisamente la debida diligencia que se hizo con sus controles
posteriores lo que permitió enmendar a tiempo el error y con eso el
daño a la función pública.

IV.2.- Por su parte el Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos del recurso de apelación interpuesto por el
solicitante, le corresponde a la Sala establecer, únicamente, si la
concejal del Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y
Turístico de Barrancabermeja7, señora JULIETT MARCELA
RODRÍGUEZ RINCÓN, durante el ejercicio de su período
constitucional 2020-2023 y en calidad de segunda vicepresidente de
esa corporación en la vigencia fiscal 2020, actuó con dolo o culpa

7 Acto Legislativo 01 de 11 de julio de 2019 “[…] Por el cual se otorga la Categoría de Distrito

Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el
departamento de Santander […]”.

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grave en la configuración de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos 55,
numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, con ocasión
de la expedición de las resoluciones núms. 013 de 31 de enero y 045
de 15 de abril de 2020 por la mesa directiva del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, que le reconocieron a la accionada honorarios por
concepto de la sesión plenaria ordinaria de 29 de enero de 2020 y de
la sesión plenaria extraordinaria de 2 de abril de 2020, a las que no
asistió.

V.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

En cuanto al análisis de la culpabilidad de la concejal JULIETT
MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN, se prohíjan los criterios
elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de 20178, que al
tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública9, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
9 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura10: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades11; la indebida destinación de
dineros públicos12; el conflicto de intereses13 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado14.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

10 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el

artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
11 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);

180, 181 y 183 de la Constitución Política.
12 Art. 183 de la Constitución Política.
13 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
14 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo

Escobar Gil.

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En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de

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investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de

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investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”15 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.16

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado

15 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
16 Ídem.

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varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201217 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.18 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”19, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

17 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
18 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
19 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

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“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la

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correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”20
[…]21” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

20 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
21 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar22.

Lo anterior, sin dejar de lado que la ignorancia de las leyes no sirve
para excusar su transgresión, al tenor de los artículos 4º de la
Constitución Política y 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201923, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201824, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

V.2.1.- De conformidad con el acervo probatorio que guarda
estrecha relación con el asunto bajo examen25, la Sala evidencia que,
conforme lo sostuvo el Tribunal, la conducta de la concejal JULIETT
MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN fue adelantada desprovista de
una intención voluntaria de obtener provecho indebido para sí
mediante el reconocimiento y pago de dos sesiones plenarias a las
cuales inasistió y no tenía derecho de remuneración alguna, así como
tampoco se evidencia un descuido grave traducido en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

23 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.
24 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
25 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 00002, con descripción del documento: “PROCESO DESCARGADO DE SAMAI(.zip) Nro
Actua 2”.

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Ello, por cuanto, en principio, es cierto que el Acuerdo núm. 059 de
26 de octubre de 2006 “[…] Por el cual se modifican los Acuerdos 021
de 2001 y 009 de 2002 (REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA) […]”, estableció como función
específica de su secretario general, en el artículo 21, numeral 5, la
de “[…] Registrar y certificar obligatoriamente la asistencia de
los Concejales a las Sesiones Plenarias […]”.

En ambos actos administrativos, expedidos con la participación de la
accionada, en su calidad de segunda vicepresidente de la
corporación, aparece una clara alusión desde sus consideraciones a
esta certificación secretarial, circunstancia que se presume cierta y
carece de prueba en contrario que la desvirtúe en el expediente, pero
además contiene la firma de visto bueno del secretario del Concejo
Distrital de Barrancabermeja, un técnico administrativo, la pagadora,
el contador y un asesor de dicha corporación edilicia, lo que permite
evidenciar que el proceso de registro y certificación de las asistencias
de los concejales fue evacuado en la forma como está prevista en el
reglamento interno.

No resulta desacertado inferir, en este sentido, que es muy posible
que al momento de certificar las asistencias y proyectarlas en las
resoluciones núms. 013 de 31 de enero y 045 de 15 de abril de 2020,
para su cálculo y consecuente reconocimiento y pago, se haya
digitado mal dos de esas sesiones en el cuadro, esto es las
correspondientes al 29 de enero y 2 de abril de 2020 en cabeza de
la concejal quien por el hecho de haberlas suscrito, siendo la
vicepresidente de la mesa directiva, no puede hacérsele más gravosa
una situación que no fue producto de su negligencia grave sino de un

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claro error en el cómputo realizado por el secretario general y sus
colaboradores.

Este criterio es el recientemente expuesto por la Sala al advertir que
la labor de certificación de asistencias evacuada por el secretario
general del concejo municipal, resulta determinante en el examen de
la conducta del accionado por haber reconocido y pagado sesiones
en las que se probó inasistencia, todo ello en el marco de la causal
de indebida destinación de dineros públicos. En dicha oportunidad se
estableció lo siguiente:

“[…] 100. Siguiendo las actuaciones anteriormente mencionadas y
el parámetro normativo expuesto, es posible admitir que el
concejal acusado actuó bajo la convicción de que la
información suministrada por el secretario general del
concejo municipal era acertada, no obstante, este habría
incurrido en error en la verificación de las asistencias, lo que
querría decir que fue inducido a error por aquel servidor
público.

101. Es más, de la comunicación de 19 de diciembre de 2017 citada
anteriormente, resulta evidente que no solo el acusado fue inducido
a error sino que lo fue, igualmente, el concejal Jorge Hernán Loaiza
Murgueitio, puesto que la reclamación de los emolumentos se hace
«[D]e acuerdo con lo indicado por el secretario general de la
corporación, en el sentido de que se me adeuda el pago de cuatro
sesiones extraordinarias»
(…)

103. La Sala, entonces, descarta la existencia del dolo en el
obrar del concejal Álvarez Mejía, en la medida en que, de la
valoración de las pruebas que obran en el expediente, no es
posible deducir una intención positiva del acusado para
desplegar la conducta proscrita por el ordenamiento
jurídico, esto es, la indebida destinación de dineros públicos.
(…)

109. Es importante resaltar el papel de la confianza en el
ejercicio de la función pública en la medida en que hace
posible la distribución de funciones en la administración

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toda vez que no es viable que se escudriñe todos y cada una
de las actuaciones y tareas que realizadas por los servidores
públicos, no obstante, no resulta acertado esgrimir tal
predicamento como excluyente de la culpabilidad en el presente
asunto, en la medida en que, como se advirtió líneas atrás, no se
cumplieron a cabalidad ciertos deberes de vigilancia y control.

110. En este caso, de acuerdo con la Resolución n.° 052 de 1 de
septiembre de 2016, le correspondía al «(…) Secretario General (…)
Código (…) 054 (…) Grado 05 (…) Dependencia (…) Concejo
Municipal (…) Cargo del jefe inmediato (…) Presidente», entre otras
funciones, las de «III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
(…) 9. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue
al Concejo con destino a la Secretaría General de la Corporación (…)
12. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las
sesiones plenarias (…) 22. Ser jefe administrativo de los empleados
al servicio de la Corporación» .

111. El acusado, entonces, confió en que el secretario
general de la corporación -y sus subalternos pues aquel es
jefe administrativo de los empleados al servicio de la
Corporación- desarrolló las funciones que le son asignadas
de manera correcta, estimando, se reitera, de buena fe, que
la información suministrada respondía a las evidencias que
reposaban en los archivos de la entidad, presumiendo por
ello que se estaban cumpliendo las previsiones legales que
impiden el reconocimiento de un número mayor de 20
sesiones extraordinarias al año […]”26 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

En segundo lugar, lejos de lo sostenido por el solicitante en su
apelación, sí está demostrada una innegable determinación de la
accionada para corregir el error cuanto antes y tan pronto como lo
supo, a tan solo días de haber encontrado la inconsistencia en el pago
y de haberse expedido cada uno de los actos materia de examen, sin
que tal conducta hubiese sido consecuencia de la orden
administrativa o judicial de una autoridad, la intervención de una

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

5 de mayo de 2022, número único de radicación 76001-23-33-000-2021-01006-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Solicitante: CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE

veeduría ciudadana o la actuación de un tercero, todo lo cual
permanece demostrado así:

• Copia de un comprobante de transacción contentivo de una
consignación por valor de $437.723 de 18 de febrero de 2020,
luego de haber sido expedida la Resolución núm. 013 de 31 de
enero de 2020, realizada por la concejal JULIETT MARCELA
RODRÍGUEZ RINCÓN como devolución de horarios
correspondiente a la sesión del 29 de enero de 2020 que por error
de forma se le consignó. En este valor se encuentra el total de los
honorarios realmente percibidos por la concejal que era de
$393.351, incluyendo el valor de la retención en la fuente que se
le hizo que fue de $43.772.

• Copia de un comprobante de transacción contentivo de una
consignación por valor de $393.351 de 19 de junio de 2020, luego
de haber sido expedida la Resolución núm. 045 de 15 de abril de
2020, realizada por la concejal JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ
RINCÓN como devolución de honorarios correspondiente a la
sesión del 2 de abril de 2020 que por error de forma se le
consignó. En este valor no se encuentra el valor de retención en
la fuente que se le hizo porque aquella mencionó que, por
instrucciones del responsable de contabilidad, solo debía devolver
el valor neto recibido por la concejal que fue la suma antes
señalada.

• Copia del libro auxiliar de la cuenta núm. 168049427 del Banco
de Bogotá perteneciente al Concejo Distrital de Barrancabermeja,
en los que constan que dichas transacciones ingresaron al erario.

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• Copia del comprobante de reintegro de recursos No. CG 20-00044
de fecha 29 de febrero de 2020 para saldar egreso No. SE 20-
00002, por valor de $437.723, correspondiente a la devolución de
18 de febrero de 2020 realizada por la concejal JULIETT
MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN.

• Copia del comprobante de reintegro de recursos No. CG 20-00221
de 18 de junio de 2020 para saldar egreso No. SE 20-00001, por
valor de $393.351, correspondiente a la devolución de fecha 19
de junio de 2020 realizada por la concejal JULIETT MARCELA
RODRÍGUEZ RINCÓN como devolución de horarios
correspondiente a la sesión de 2 de abril de 2020.

• Resolución núm. 062 de 2 de julio de 2020, expedida por la mesa
directiva del Concejo Distrital de Barrancabermeja, -de la que hizo
parte la accionada en calidad de segunda vicepresidente-, por
medio de la cual se realizaron las respectivas correcciones,
ordenando efectuarse los ajustes en la contabilidad y presupuesto
del Concejo Distrital para el año 2020, lo cual ocurrió sin que
mediara denuncia ni solicitud alguna y mucho antes de
presentarse esta solicitud de desinvestidura.

• Cabe señalar que en esta Resolución núm. 062 de 2 de julio de
2020, también fueron corregidos errores en el pago de honorarios
de sesiones a otro de los concejales, señor EDGARDO MOSCOTE
PABA, -a quien debía habérsele reconocido siete sesiones y no
ocho-, lo que permite corroborar que los errores de digitación y
verificación secretarial no recayeron, exclusivamente, en la

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accionada, y sí eran recurrentes como ésta lo mencionó en el
traslado del recurso de apelación.

Estas pruebas permiten constatar que, pese a las dos inconsistencias,
la concejal actuó por iniciativa propia con la convicción de no querer
apropiarse de lo ajeno ni sacar provecho personal e ilegal del error
administrativo del Concejo Municipal de Barrancabermeja, habida
cuenta que las consignaciones las hizo el 18 de febrero de 2020 para
reintegrar los honorarios reconocidos en exceso con la Resolución
núm. 013 de 31 de enero de 2020, -sesión de 29 de enero de
2020-, y el 19 de junio de 2020 para devolver los honorarios mal
reconocidos con la Resolución núm. 045 de 15 de abril de 2020,
-sesión de 2 de abril de 2020-, esto es con la inmediatez propia de
quien rechaza la indebida destinación de los recursos de la
corporación para la cual labora.

Lo anterior, sin lugar a duda, deja ver un comportamiento carente
de la intención dolosa o del descuido grave de la accionada y, por
ende, ausente de responsabilidad alguna hasta el punto de que, si
bien la jurisprudencia de la Sección ha sido enfática en determinar
que la devolución de los dineros no exonera la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos, lo cierto es que
en este caso concreto dicho acto resarcitorio: (i) no fue producto de
una orden administrativa o judicial de una autoridad, la intervención
de una veeduría ciudadana o la actuación exclusiva de un tercero;
(ii) se ejecutó por la concejal a motu proprio, con inmediatez y dentro
de un plazo razonable luego de la expedición de cada uno de los dos
actos administrativos; (iii) tuvo como único objetivo enmendar la
imprecisión del secretario general al momento de certificar las

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asistencias en las resoluciones núms. 013 de 31 de enero y 045 de
15 de abril de 2020, para recomponer así la disminución irregular del
erario; y (iv) no representa una intención deliberada de la accionada
para ocultar la apropiación, ni siquiera temporal, de los honorarios
mal percibidos por las sesiones de 29 de enero y 2 de abril de 2020,
prueba de lo cual fue la expedición de la Resolución núm. 062 de 2
de julio de 2020, por la mesa directiva del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, -de la que hizo parte la accionada en calidad de
segunda vicepresidente-, por medio de la cual se realizaron las
respectivas correcciones, ordenando efectuarse los ajustes en la
contabilidad y presupuesto del Concejo Distrital para el año 2020.

En tercer lugar, y sin perjuicio de lo anterior, las providencias
invocadas en el recurso de apelación, -sentencias de 28 de marzo de
2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2015-00111-
00(PI), consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas; y de 10 de
diciembre de 2021, número único de radicación 47001-23-33-000-2021-
00310-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés-, respecto
del factor subjetivo y tal como lo pretende el solicitante, no
constituyen un precedente de acatamiento similar en el presente
asunto, habida cuenta que: (i) las circunstancias fácticas y
probatorias son disímiles en los tres casos e impiden la uniformidad
del análisis comportamental de los accionados27 y (ii) en el caso bajo

27 En la sentencia de 28 de marzo de 2017, -número único de radicación 11001-03-15-000-

2015-00111-00(PI)-, se juzgaron las circunstancias en las que un trabajador de la Unidad
de Trabajo Legislativo de un senador de la República, viajó al exterior en dos ocasiones sin
habérsele concedido licencias, permisos, comisiones de estudio o de servicios, así como
aquellas en las que otro trabajador de esta UTL laboró por fuera de la ciudad de Bogotá,
D.C. en asuntos de orden político. Por su parte en la sentencia de 10 de diciembre de 2021,
-número único de radicación 47001-23-33-000-2021-00310-01-, se analizaron hechos
relacionados con el pago de honorarios, por parte del presidente de un concejo municipal,
a favor de otros concejales distintos a él, a pesar de que no asistieron a dos sesiones
plenarias, todo ello en el marco de conductas y pruebas propias de dicho asunto.

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examen quedó desvirtuado el elemento subjetivo bajo las precisas
particularidades con las que obró la concejal y de conformidad con
las pruebas recaudadas en este expediente que, como es apenas
natural, resultan disímiles a las del senador y concejal juzgados en
dichas providencias.

La Sala encuentra que aunque la conducta desplegada por la
accionada configuró objetivamente la causal de pérdida de
investidura que se le atribuye, esto es, la indebida destinación de
dineros públicos, -lo cual evidenció la primera instancia y no fue
objeto de debate-, aquella no se adecua, de conformidad con lo
previsto en el artículo 63 del Código Civil, al grado de culpabilidad
exigido por artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4°
de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201928, esto es dolo o culpa
grave.

Comoquiera que no fue demostrada la presencia del elemento
subjetivo en la comisión objetiva de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos en cabeza
de la accionada, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 16 de
mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se denegó la pérdida de investidura de la señora
JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN, concejal del del Distrito
Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja.

28 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 23 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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