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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADMITIR la revocatoria del poder conferido por el demandado al abogado Armando Quintero Guevara, y RECONOCER personería al abogado Julio Adrián Ortiz para actuar en calidad de apoderado del demandado, en los términos y para los efectos del poder conferido que obra en el expediente. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2024-00176-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2024-00176-011
Solicitante: Julio César Pérez Colmenares
Concejal: José Oliverio Castellanos Navarro

Asunto: No se encontró acreditado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de la investidura, consistente en la indebida destinación de dineros
públicos. Se verificó que las resoluciones suscritas por el concejal demandado,
en calidad de presidente del Concejo de Cúcuta -Norte de Santander, no
ordenaron el pago de honorarios correspondientes a sesiones no asistidas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela de 5 de junio de
2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado2, confirmada en
segunda instancia mediante sentencia de 26 de septiembre de 2025, proferida
por la Sección Tercera, Subsección A. del Consejo de Estado3, en cuanto

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A:

sentencia de 26.09.2025, número único de radicación 11001031500020250017901. MP. José
Roberto Sáchica Méndez.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta: sentencia de

5.06.2025, número único de radicación 11001031500020250017900. MP. Gloria María Gómez
Montoya.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

dispuso dictar una sentencia de reemplazo del fallo proferido en este proceso
el 31 de octubre de 2024, en la que se valore la Resolución núm. 045 de 24
de marzo de 2022 observando las inconsistencias que presenta, y se resuelva
el caso concreto en aplicación de los principios superiores, en especial, la
presunción de inocencia y el in dubio pro reo, la Sala procederá a decidir los
recursos de apelación interpuestos por el solicitante y el procurador 24 Judicial
II Administrativo de Cúcuta contra la sentencia de 31 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la
cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de San José
de Cúcuta (Norte de Santander), señor JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS
NAVARRO, por hechos relacionados con el período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor JOSÉ
OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, concejal elegido del municipio de
San José de Cúcuta (Norte de Santander), por hechos relacionados con el
período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la ley 136 de 2 de junio de 19944, y
en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005, esto es,
por indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho de la causal de pérdida de investidura
invocada:

4 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
5 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

Indicó que el concejal, señor JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
fue designado presidente del Concejo de San José de Cúcuta para el año
2022, razón por la cual, según lo previsto en el artículo 25, numeral 19, del
Acuerdo municipal núm. 0188 de 27 de diciembre de 20016, fue el ordenador
del gasto, responsable del manejo presupuestal de la corporación pública y,
por ende, del reconocimiento y pago de los honorarios a los miembros del
Concejo, por la sesiones ordinarias y extraordinarias a las que asisten.

Afirmó que, en su calidad de presidente del Concejo expidió las resoluciones
núms. 35 de 4 de marzo, 42 de 18 de marzo, 45 de 24 de marzo, 47 de 26 de
marzo, 48 de 30 de marzo, 51 de 4 de abril, 62 de 25 de abril y 64 de 30 de
abril, todas de 2022, mediante las cuales ordenó el reconocimiento y pago de
honorarios de sesiones ordinarias a las cuales no asistieron algunos de los
concejales, así:

• Sesiones ordinarias del 1° al 4 de marzo de 2022. El 1° de marzo no
asistió el concejal GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ y el 3
de marzo no asistió el concejal JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA.
• Sesiones ordinarias del 15 al 17 de marzo de 2022. El 15 de marzo no
asistieron los concejales JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA y JOSÉ
LEONARDO JÁCOME CARRASCAL; el 16 de marzo no asistió el
concejal JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL.
• Sesiones ordinarias de 23 y 24 de marzo de 2022. El 24 de marzo no
asistió el concejal NELSON OVALLES AGUDELO.
• Sesión ordinaria de 26 de marzo de 2022. No asistió el concejal
VÍCTOR GUILLERMO CAICEDO PINZÓN.
• Sesiones ordinarias del 27 al 29 de marzo de 2022. El 27 de marzo no
asistieron los concejales NELSON OVALLES AGUDELO, JAIR
ANTONIO DÍAZ ARDILA y VÍCTOR GUILLERMO CAICEDO PINZÓN.

6 Reglamento interno del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander).

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

• Sesiones ordinarias de 1o. y 2 de abril de 2022. El 1° de abril no
asistieron los concejales GEORGE ALEXANDER SALAZAR
MÁRQUEZ, GUILLERMO LEÓN BÁEZ, JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA,
CARLOS LUIS CHACÓN CONTRERAS, JUAN DIEGO ORDÓÑEZ
CARVAJAL y el 2 de abril no asistió el concejal JUAN DIEGO
ORDÓÑEZ CARVAJAL.
• Sesiones ordinarias del 23 al 25 de abril de 2022. El 25 de abril no
asistieron los concejales EDWARD ALBERTO VARÓN FLÓREZ y
GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ.
• Sesiones ordinarias del 28 y 29 de abril de 2022. El 28 de abril no
asistió el concejal NELSON OVALLES AGUDELO y el 29 de abril no
asistieron los concejales NELSON OVALLES AGUDELO y ÁLVARO
ANDRÉS RAAD FORERO.

Mencionó que las inasistencias de los concejales están corroboradas en las
correspondientes actas de las sesiones, con los listados de asistencia y
desarrollo de las sesiones, así como con las grabaciones de audio
respectivas.

Sostuvo que se configuró la causal de pérdida de la investidura por indebida
destinación de dineros públicos, por cuanto: (i) José Oliverio Castellanos
Navarro ostentó la condición de concejal del municipio de San José de
Cúcuta (Norte de Santander) y fue ordenador del gasto para el año 2022,
como presidente del cabildo municipal; (ii) los recursos públicos
correspondieron a los honorarios reconocidos y pagados por asistencias a
sesiones ordinarias, ostentando la calidad de dineros públicos; y (iii) dichos
recursos fueron indebidamente destinados, porque se trató de sesiones
ordinarias realizadas en el año 2022, que fueron reconocidas y pagadas a
algunos concejales sin que hubieran asistido, conforme se determinó en las
actas de las sesiones respectivas y en las grabaciones de las mismas.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

Adujo que la conducta del concejal es censurable a título de dolo, porque el
reconocimiento de los honorarios a favor de los concejales exige que se
compruebe la asistencia a las sesiones, según lo previsto en el artículo 65
de la Ley 136; de manera que, no obstante haber suscrito las actas de las
sesiones de las fechas relacionadas, con pleno conocimiento de las
inasistencias, expidió las resoluciones de reconocimiento y pago de
honorarios a concejales que no asistieron a ellas.

I.3.- El accionado, a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad
de la pretensión de desinvestidura para lo cual arguyó que no encontraba
probado el elemento objetivo de la causal, debido a que las asistencias a las
plenarias no se determinan con las actas de las sesiones, donde consta el
llamado a lista para verificación del quorum, y con las grabaciones de audio
de las sesiones, sino con las certificaciones expedidas por el secretario
general del Concejo.

Dijo que las actas con el listado de asistencia y las grabaciones de audio de
las sesiones no reflejan la totalidad de lo acontecido en cada sesión, pues la
dinámica del desarrollo de las sesiones genera la entrada posterior al inicio de
sesiones de algunos concejales, o el retiro de la sesión antes de terminar la
misma, sin que la llegada tarde o el retiro prematuro se pueda tener como
inasistencia.

Señaló que, como ordenador del gasto, actuó en consonancia con el secretario
general, en la medida en que el reconocimiento y pago de los honorarios de
los concejales, por su asistencia a las diferentes sesiones y/o comisiones, se
efectuó con base en la certificación que emite el secretario general, la cual era
revisada de manera conjunta.

Adujo la ausencia de configuración del elemento subjetivo de la causal, toda
vez que su conducta carece de dolo o culpa grave, y, por el contrario, se ajustó

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Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

a la Constitución y a la ley, toda vez que el pago de los honorarios de los
concejales se realizó mediante la verificación real de la asistencia llevada por
el secretario general de la corporación, el control efectivo de entrada y salida
del recinto de los concejales, y la certificación ulterior expedida dicho
secretario.

Conforme con lo anterior, dijo que no hay elementos probatorios indicativos de
que actuó con un interés diferente al buen servicio y con el fin de privilegiar a
determinados cabildantes, e insistió en que su conducta respondió a la íntima
convicción de que se encontraba ajustada al ordenamiento, excusada por las
verificaciones que realizaba.

Aseveró que, al existir más de una interpretación posible frente a un caso
concreto, se debe preferir la que propenda por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales; y que
no hay plena certeza de las inasistencias de los concejales a las sesiones,
debido a que la verificación no se realizó únicamente con las actas y las
grabaciones de las sesiones sino con las certificaciones expedidas por el
secretario general del Concejo.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 8 de
agosto de 2024, denegó la solicitud de pérdida de investidura del señor JOSÉ
OLIVERIO CASTALLEANOS NAVARRO, concejal del municipio de San José
de Cúcuta (Norte de Santander), período constitucional 2020-2023, para lo
cual adujo que la conducta de indebida destinación de dineros públicos en la
que incurrió dicho concejal no comportó la entidad suficiente para atribuírsela
a título de culpabilidad, tomando en cuenta el exiguo valor del detrimento
patrimonial y la gravedad que comporta la sanción de pérdida de la investidura
al ejercicio de los derechos políticos.

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Solicitante: JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES

Indicó que, conforme a las pruebas del proceso, estaban acreditados los
siguientes supuestos: (i) la calidad de concejal del señor José Oliverio
Castellanos Navarro; (ii) la calidad de presidente del Concejo de San José de
Cúcuta (Norte de Santander) para el año 2022; (iii) que la función de
ordenación del gasto público está asignada al presidente de esa corporación,
según lo previsto en el artículo 25, numeral 19, del Acuerdo 0188 del 27 de
diciembre de 2001, mediante el cual se adoptó el reglamento interno del
Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander); (iv) que al presidente
del Concejo, como ordenador del gasto, le corresponde reconocer los
honorarios a los concejales, por la asistencia comprobada a las sesiones del
Concejo, conforme lo prevé el artículo 65 de la Ley 136; y, (v) que le
corresponde al secretario general del Concejo de ese municipio, entre otras
funciones, controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones,
correspondencia de secretaría y presidencia y libros de actas, de acuerdo con
el artículo 23 de la Resolución núm. 320 de 30 de diciembre de 2020.

Mencionó, en cuanto a las sesiones ordinarias de los meses de marzo y abril
de 2022 que se reputan indebidamente pagadas y a las pruebas documentales
referidas a las actas de las sesiones plenarias, las certificaciones elaboradas
por el secretario general del Concejo y las resoluciones mediante las cuales
se reconoce el pago de honorarios a los concejales, que el concejal JOSÉ
OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO expidió las resoluciones de
reconocimiento núm. 035 de 4 de marzo, 042 de 18 de marzo, 047 de 26 de
marzo, 048 de 30 de marzo, 051 de 4 de abril, 062 de 25 de abril y 064 de 30
de abril, todas de 2022, con sustento en las certificaciones expedidas por el
secretario general de la Corporación, salvo en el caso de la Resolución núm.
045 de 24 de marzo de 2022, en la cual se reconocieron honorarios al concejal
NELSON OVALLES AGUDELO por la asistencia a las sesiones del 23 y 24
de marzo de 2022, pese a que la certificación del secretario general del cabildo

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de San José de Cúcuta (Norte de Santander), señalaba que asistió a la sesión
de 23 de marzo de 2022, y que no asistió a la del 24 de marzo de 2022.

Manifestó que encontró probada la configuración del elemento objetivo de la
causal de pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros
públicos, debido a que el concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS
NAVARRO, mediante la Resolución núm. 045 de 2022, reconoció que se
pagaran honorarios al concejal NELSON OVALLES AGUDELO por la
asistencia a la sesión ordinaria realizada el 24 de marzo de 2022, a pesar de
que se encontraba certificada su inasistencia a la misma.

Sostuvo, en cuanto al elemento subjetivo de la casual de pérdida de la
investidura, que del análisis de las pruebas documentales y testimoniales no
se desprendía que la conducta del concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS
NAVARRO hubiera sido dolosa o gravemente culposa, debido a que no fue
reiterada o periódica, ni de ella se podía deducir su realización con el fin de
beneficiar al concejal que recibió los honorarios.

Anotó que, el eje fundamental de la argumentación del actor consistió en que
el concejal, señor JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
aparentemente incurrió en la causal de indebida destinación de recursos
públicos con dolo, en tanto y en cuanto venía reconociendo de manera
sistemática y continuada los honorarios previstos en la Ley 136 y en el artículo
312 de la Constitución Política, a los concejales GEORGE ALEXANDER
SALAZAR MÁRQUEZ, JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA, JOSÉ LEONARDO
JÁCOME CARRASCAL, NELSON OVALLES AGUDELO, VÍCTOR
GUILLERMO CAICEDO PINZÓN, GUILLERMO LEÓN BÁEZ, CARLOS LUIS
CHACÓN CONTRERAS, JUAN DIEGO ORDÓÑEZ CARVAJAL, EDWARD
ALBERTO VARÓN FLÓREZ y ÁLVARO ANDRÉS RAAD FORERO, a pesar
de encontrarse probadas sus inasistencias en las actas de las sesiones
ordinarias, por estar consignada sus ausencias en el llamado a lista.

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Resaltó que no existía un patrón repetitivo que indicara una conducta de
carácter sistemático de la que se deduzca un actuar malintencionado con la
suficiente identidad para calificarlo como doloso, en tanto la indebida
destinación de dineros públicos tuvo lugar en una única oportunidad, se
presentó como un hecho aislado, y pudo acaecer por error; el cual, si bien
implicaba un comportamiento censurable, no alcanzaba la entidad y gravedad
suficientes para sancionarlo con la máxima limitación a los derechos políticos
que conlleva la pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones
públicas, pero si para compulsar copias a las autoridades disciplinaria, fiscal y
penal, para lo de su competencia.

Arguyó que no hay prueba de que el concejal hubiera incurrido en la indebida
destinación de dineros públicos porque su conducta hubiera sido dolosa o
gravemente culposa, y, en aplicación del debido proceso constitucional, en
especial, de la presunción de inocencia y del principio pro homine, concluyó
que el elemento subjetivo de la causal de pérdida de la investidura no se
encontraba acreditado, por lo que, en consecuencia, denegó la pretensión de
la solicitud de desinvestidura.

Por último, accedió a la solicitud de compulsar copias con destino a la Fiscalía
General de la Nación, realizada por el actor para que se investigara a los
testigos escuchados en el proceso, por la presunta comisión del delito de falso
testimonio; y, no condenó en costas.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

III.1.- El procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cúcuta
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera
instancia el 8 de agosto de 2024, para lo cual censura la aparente ausencia de

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prueba de los presupuestos necesarios para que se configure el elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura.

Menciona que no coincide con que se hubiera concluido que la conducta no
fue gravemente culposa, atendiendo a parámetros como “el exiguo valor”,
“patrón repetitivo”, “conducta de carácter sistemática” desplegada de “manera
reiterada o periódica”, y expuso las razones que se señalan a continuación:

1. La indebida destinación de recursos públicos es una conducta de
ejecución instantánea, es decir, se consuma en el momento en que se
despliega cualquiera de los comportamientos que da lugar a ella, con
independencia monto del dinero público que se destinó indebidamente.

2. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos se configura cuando el concejal, en ejercicio de sus funciones propias
de la investidura: (i) traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los
dineros públicos; (ii) destina o aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, innecesarias o injustificadas; (iii) busca un incremento patrimonial
o un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas, independientemente de que dicha actuación configure o no un
delito.

3. En la culpa o negligencia, en cualquiera de sus graduaciones, no existe
la voluntad de causar el resultado lesivo; es decir, la culpa grave carece del
elemento volitivo, de manera tal que lo que permite cualificar el grado de culpa
es la intensidad de la violación al deber de diligencia que estaba obligado a
observar quien realiza la conducta.

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4. El ejercicio de la función pública implica, en cuanto a la obediencia de
la norma, la asunción de cargas especiales de diligencia, que ameritan una
mayor exigibilidad respecto de la que se le exige al ciudadano del común.

5. En el caso particular, las pruebas demuestran que el concejal seguía
las certificaciones del secretario general para reconocer el pago de los
honorarios mediante las resoluciones que suscribía; de su defensa y las
pruebas recaudadas aparece claro que el concejal es administrador público,
con conocimiento de la prohibición de pagar honorarios por sesiones no
asistidas, y que su conducta no fue intencional; sin embargo, en el proceso no
fue alegado por el concejal, ni tampoco aparece probado, que su conducta
provino de un error invencible, que es el que conduciría a la exclusión de la
responsabilidad; con lo cual, la existencia del error fue presumida por el
Tribunal, respecto del cual, incluso de admitirse su existencia, correspondería
a un error vencible, superable en los términos de la diligencia y cuidado
exigibles a los servidores públicos.

Concluyó que, el concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO
incurrió en una conducta gravemente culposa, porque al no actuar con la
diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones de ordenación del gasto,
permitió el reconocimiento de honorarios injustificados al concejal NELSON
OVALLES AGUDELO; con lo cual, están dados los presupuestos objetivo y
subjetivo para declarar la pérdida de investidura del accionado.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander el 8 de agosto de 2024, en primera
instancia, y, en su lugar, decretar la pérdida de la investidura del concejal.

III.2.- El actor, por intermedio de su apoderada, solicitó revocar los ordinales
primero y tercero de la sentencia proferida en primera instancia; para el efecto,
afirmó que la cuantía de la indebida destinación de dineros públicos o la

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ausencia de reiteración de la conducta no son criterios admisibles para
descartar o imputar la culpabilidad, puesto que la pérdida de la investidura es
una sanción única que no admite graduación.

Sostuvo que el Tribunal no realizó un análisis riguroso del elemento subjetivo
y de la culpabilidad de la conducta, que considerara (i) la naturaleza del cargo
del concejal, quien era el presidente de la corporación; (ii) las funciones que
tenía asignadas como presidente del cabildo; (iii) las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en la que sucedieron los hechos; sumado a que en la sentencia
no se definió si hubo culpa grave en la conducta del concejal, o no la hubo.

Insistió en el argumento de las alegaciones que presentó, referido a que, a su
juicio, las certificaciones de asistencia expedidas por el secretario general del
cabildo son ilegales por contrariar lo dispuesto en el artículo 63, numeral 2, del
Reglamento Interno del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander),
y no debieron ser tenidas en cuenta al estudiarse el elemento objetivo de la
causal; para el apelante, las inasistencias que dieron lugar al reconocimiento
de los honorarios se prueban, exclusivamente, mediante las actas de las
sesiones que contienen la relación de los nombres de los cabildantes
asistentes y ausentes.

De acuerdo con todo lo anterior, solicitó revocar los ordinales primero y tercero
de la sentencia de 8 de agosto de 2024, y en su lugar acceder a las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo 14, numeral 3,
de la Ley 1881, fue descorrido por el accionado el 23 de septiembre de 2024,
mediante escrito presentado por intermedio de apoderado, en el cual señaló
que: (i) el agente del Ministerio Público no determinó cuáles son los elementos

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que llevan a determinar fehacientemente la existencia de una conducta dolosa
o gravemente culposa, toda vez que su manifestación sobre la ejecución
instantánea de la conducta se relaciona con la responsabilidad objetiva del
hecho; (ii) no hay dolo ni culpa grave en su conducta, porque no elaboró la
Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022, cuestión que fue
eminentemente secretarial; su conducta se limitó a suscribir el mencionado
acto administrativo, constituyéndose en un error que no genera el elemento
subjetivo de la causal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fueron presentados los recursos de
apelación, le corresponde a la Sala establecer si el concejal del municipio de
San José de Cúcuta (Norte de Santander), señor JOSÉ OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, en su condición de presidente y ordenador del
gasto de esa corporación territorial, incurrió, o no, en la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 55, numeral 3, de la Ley 136 y en el artículo
48, numeral 3, de la Ley 617, esto es por la indebida destinación de dineros
públicos, al disponer el reconocimiento y pago de honorarios a favor de los
concejales que no asistieron a las sesiones ordinarias realizadas el 1º , 15, 16,
24, 26 y 27 de marzo de 2022, y el 1°, 2, 25, 28 y 29 de abril de 2022; y, de
ser afirmativa la respuesta, la Sala deberá establecer si la conducta del
concejal fue dolosa o gravemente culposa, o si existen circunstancias que la
exculpen.

V.2.- La pérdida de la investidura de los concejales

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter jurisdiccional, de
naturaleza sancionatoria y propósito ético, y constituye mecanismo de control

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político, para que todo ciudadano tenga la posibilidad de controlar a los
miembros de las corporaciones de elección popular, en especial frente a
aquellos comportamientos que resultan contrarios a la dignidad del cargo, a la
ética pública, al buen servicio y al interés general; su finalidad última es
salvaguardar la moralidad de la actividad política, la dignidad y probidad del
cargo y la confianza que el electorado depositó en los dignatarios que
representan la voluntad popular.

De ahí que la pérdida de investidura castigue con la mayor drasticidad y sin
lugar a graduación de la sanción, aquellas conductas que el legislador o el
constituyente consideraron gravísimas porque defraudan el pacto político
democrático; originando un impacto directo sobre los derechos políticos de
quien resulta sancionado, pues si se remueve la investidura del concejal se
produce su inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular7.

Como se trata de un proceso sancionatorio jurisdiccional le son aplicables los
principios, reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
correspondiéndole al juez de la pérdida de investidura efectuar el juicio objetivo
sobre la configuración de la causal, y el subjetivo, sobre la responsabilidad que
le es atribuible a quien ha sido elegido concejal.

En ese orden, la configuración objetiva de la causal conlleva la garantía del
principio de legalidad, de manera que el juez determina, con un criterio
restrictivo de interpretación8, si la conducta endilgada al concejal está probada
y si se ajusta a las causales taxativas que prevén la ley o la Constitución, según

7 La pérdida de la investidura es una sanción que restringe a perpetuidad el ejercicio del derecho

político a ser elegido, consagrado en el artículo 40 constitucional, pues impide que, quien se hace
acreedor de ella, no pueda volver a ser elegido para desempeñar cargos de elección popular.
8 No admiten interpretación extensiva o analógica, motivo por el cual deben configurarse todos los

supuestos fácticos y jurídicos previstos en la norma para aplicar la consecuencia que ella determina;
con lo cual, a declaración de pérdida de investidura solo procede frente a las conductas del concejal
que se adecuen a la descripción realizada por la ley, o por lo Constitución, de ser el caso.

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el caso; y, la configuración subjetiva debe establecer si la conducta del
concejal fue dolosa o gravemente culposa9, o si, por el contrario, el
comportamiento no resulta sancionable porque fue realizado con amparo en
alguna causal eximente de responsabilidad.

En suma, por las particularidades del proceso de pérdida de investidura y, en
especial, por su carácter sancionador, en él se debe dar plena aplicación de
las garantías constitucionales del debido proceso, en particular, deben
observarse, entre otros, los principios pro homine, in dubio pro reo, y
favorabilidad; de manera que, el juez debe realizar un análisis integral de los
supuestos fácticos, jurídicos y de la responsabilidad, bajo la estricta aplicación
de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en ello
determinar si, la conducta que se encuentra probada en el proceso se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura, y si se configura, o no, el elemento
subjetivo.

V.3.- La causal de pérdida de investidura invocada por el accionante

La causal de pérdida de investidura que se le endilga a José Oliverio
Castellanos Navarro concejal del municipio de San José de Cúcuta (Norte de
Santander), para el período constitucional 2020-2023, es la prevista en el
artículo 55, numeral 3, de la Ley 136, y en el artículo 48, numeral 4, de la Ley
617, así:

9 Como lo establece el artículo 1 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, “[…] Por la cual se establece

el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el
término de caducidad, entre otras disposiciones […]”, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de
19 de noviembre de 2019, […]”; norma aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los
concejales, por expresa disposición del artículo 22 de La Ley 1881, en concordancia con lo previsto
en el artículo 55, inciso final, de la Ley 136, y en el artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617.

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“[…] Artículo 55. Pérdida de investidura de los concejales: Los
concejales perderán su investidura: […] 3. Por indebida destinación de
dineros públicos […]” (Negrilla y subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales.
Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura: […] 4. Por indebida
destinación de dineros públicos […]” (Negrilla y subrayas fuera de texto).

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 10, sobre
la causal de pérdida de investidura de congresistas por indebida destinación
de dineros públicos, aplicable al caso de los concejales, consideró lo siguiente:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de
investidura, tampoco describen la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los
presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina los
dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien
puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a
aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o
a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201211, señaló
que, aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se
configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde
a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley o el
reglamento: “La causal de indebida destinación de dineros públicos no está

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil

Botero, Bogotá D.C., Seis (6) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), Radicación Número: 11001-03-
15-000-2013-00865-00(PI).
11 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la
acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido
y alcance con que esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina
los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos
a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.”

Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6
de marzo de 200312 también señaló: “Por consiguiente, el elemento tipificador
de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las
que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas, etc. En los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento
legal de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy
distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos”.

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista,
en su condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal
consagrado en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que
estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente

12 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

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prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena
ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin.
La Sentencia del 1 de noviembre de 200513 señaló: “Para la configuración
de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el
núm. 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el
numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin.”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la
agota ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa
condición ejerza competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al
ejercer las competencias propias de su investidura: i) cambie o
distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a
materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii)
aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o
injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de
terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas […]” (Negrilla y
subrayas fuera de texto).

13 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

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En el mismo sentido, la Sección Primera14 ha señalado lo siguiente:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra
definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de
la acción de pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta
Corporación se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que
esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en
sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero
ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los
alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando
que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “está en
el hecho de que el Congresista, en su condición de servidor público, con
su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para
destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas” […]”.

14 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 4 de

septiembre de 2014. MP. Guillermo Vargas Ayala, expediente 63001-23-33-000-2013-00148-
01(PI).

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Esta postura jurisprudencial es pacífica en el Consejo de Estado,
encontrándose reiterada en las decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo15 y de la Sección Primera16.

En suma, la causal de pérdida de la investidura por indebida destinación de
dineros públicos de concejales es una norma abierta, cuyo propósito es
censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no previstos,
distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las leyes o
el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto17.

Se trata de una norma completa en tanto indica un sujeto activo, el concejal;
el verbo rector, destinar; la circunstancia de modo que lo cualifica, esto es, que
la destinación sea indebida; el objeto sobre el cual recae la acción: los dineros
públicos, y la consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de
concejal.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Ver, entre otras: sentencia del

28.03.2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente 11001-03-15-000-2015-00111-
00(PI); sentencia del 22.11.2016. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 11001-03-15-000-
2015-02938-00. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Sala 19 Especial
de Decisión, sentencia del 03.02.2021. M.P. William Hernández Gómez. Rad. 11001-03-15-000-
2020-04001-00(PI), confirmada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo mediante
sentencia de 10.08.2021. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; ver, entre otras:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; ver, entre otras:
sentencia de 1.07.2002. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente 2003-00194-01;
sentencia de 9.11.2006. MP. Camilo Arciniegas Andrade, expediente 2005-01133-01; sentencia de
16.07.2009: MP. Martha Sofía Sanz Tobón, expediente 2008-00700-01; sentencia de 14.12.2009.
MP. Rafael e. Ostau de Lafont Pianeta, expediente 2009-00012-01; sentencia de 3.11.2011. MP.
María Elizabeth García González, expediente 2011-00009-01; sentencia de 1.08.2013. MP. María
Elizabeth García González, expediente núm. 2012-00151-01; sentencia de 31.10.2024. MP.
Hernando Sánchez Sánchez, expediente 2024-00031-01; sentencia de 21.11.2024. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 2024-00518-01.
17 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia

de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014,
consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia
del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-
00111-00 (PI).

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Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal,
las conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos
configuran la causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban
estar tipificadas como delitos […]”18.

Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “[…] dinero
público […]” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra
el Estado.

La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos requiere la prueba de los siguientes tres
elementos, a saber: (i) la condición de miembro de corporación pública de
elección popular; (ii) que se esté frente a dineros públicos; y (iii) que los
dineros públicos sean indebidamente destinados.

La indebida destinación de dineros públicos se configura en cualquiera de los
siguientes casos: (i) cuando el miembro de la corporación pública de elección
popular destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados; o (ii) cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; o (iii) cuando aplica los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento;

18 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia

de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las
sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de
octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002.
MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-024801 y concluye que la
autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente con lo señalado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se declaró la
inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida
destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal
condenatoria.

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o (iv) cuando los aplica a materias innecesarias o injustificadas; o (v) cuando
la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o tiene la finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la corporación
pública de elección popular sea ordenador del gasto, o no serlo, pues lo
relevante a la causal es que destine indebidamente dineros públicos, es decir,
que en el ejercicio de sus funciones adelante actuaciones o utilice
instrumentos idóneos para traicionar, cambiar o distorsionar la destinación de
los dineros públicos.

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- En la sentencia de 8 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander encontró probada la configuración del elemento objetivo
de la causal de pérdida de la investidura por indebida destinación de dineros
públicos, toda vez que, al revisar las resoluciones de reconocimiento de
honorarios junto con las actas de las sesiones, sus grabaciones de audio, y
los certificados expedidos por el secretario general del cabildo municipal,
encontró que la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022, expedida por
el concejal JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, reconoció
honorarios al concejal NELSON OVALLES AGUDELO por su asistencia a la
sesiones ordinarias realizadas el 23 y 24 de marzo de 2022, mientras que la
certificación del secretario general del Concejo de San José de Cúcuta (Norte
de Santander) determinaba que asistió a la plenaria del 24 de marzo de 2022,
pero no a la efectuada el 23 de marzo de 2022.

El actor, en su recurso de apelación, adujo que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander otorgó validez jurídica a las certificaciones de asistencia
que expedía el secretario general del Concejo, las cuales, a su juicio, son

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ilegales por contrariar lo previsto en el artículo 63, numeral 2, del reglamento
interno del cabildo, en el que se indica que la asistencia debe constar en las
actas de sesión y comisión; en esa medida, aseveró que se encontraban
probadas las inasistencias señaladas en la solicitud, y que el pago de los
honorarios a los correspondientes concejales, no tiene justificación.

Al respecto, conforme lo ha considerado esta Sección19, al ser el proceso de
pérdida de investidura de carácter sancionatorio y no de legalidad, en principio,
al juez de lo contencioso administrativo le está vedado pronunciarse sobre la
legalidad de un acto administrativo y, en esa medida, la afirmación que realiza
el apelante, en cuanto a la ilegalidad de las certificaciones expidas por el
secretario general, per se, no es prueba de la ocurrencia de una indebida
destinación de los recursos públicos, ni tampoco de su ausencia.

Lo anterior, atendiendo a que las actas de las sesiones del Concejo de San
José de Cúcuta (Norte de Santander) y las certificaciones de asistencia
expedidas por el secretario de esa corporación pública, gozan de presunción
de legalidad mientras no hayan sido anulados por el juez competente. Cosa
distinta es que, si al ejercer la función se incurre en violación de la Constitución
Política o de la ley, los actos respectivos sean susceptibles de los medios de
control correspondientes y puedan acarrear responsabilidad penal,
disciplinaria o fiscal.

Además, el sistema probatorio que enmarca los procesos de pérdida de
investidura, por regla general, corresponde al de la libertad probatoria y libre
apreciación, previsto en el artículo 165 del Código General del Proceso, como
lo tiene considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado20.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de
10.12.2021, MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente 50001233300020200008001.
20

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En aplicación de dicho principio, cualquier medio de prueba puede ser utilizado
para acreditar los hechos y circunstancias que son objeto de debate, siempre
que se respeten las garantías constitucionales y los requisitos de pertinencia,
conducencia y utilidad de la prueba; con lo cual, el juzgador debe valorar los
medios de prueba que integran el material probatorio a partir de la sana crítica,
“[…] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia y validez de ciertos actos […]”, según lo previsto en el artículo 176
del Código General del Proceso.

Para el caso del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander), el
reglamento interno fue adoptado mediante Acuerdo núm. 0188 de 27 de
diciembre de 2001 que, en su artículo 25, numeral 19, que obra como prueba
en el expediente, determinó que el presidente del Concejo funge como
ordenador del gasto público de dicha corporación, y en su artículo 63, numeral
2, indicó que las actas de las sesiones, o de las comisiones, deben contener
“[…] los nombres de los Concejales concurrentes a las respectivas sesiones o
comisión, las excusas válidas para los no asistentes […]”, entre otros.

A su vez, de conformidad con la Resolución núm. 320 de 30 de diciembre de
202021, en especial, el artículo 2, numeral 2322, se le asignó al secretario
general del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), entre otras
funciones, la de controlar los registros de direcciones, asistencia a sesiones,
correspondencia de Secretaría y Presidencia y libros de actas, con las cuales
se procede a realizar los pagos de los honorarios a los concejales.

De acuerdo con las actuaciones surtidas en el proceso, las certificaciones
expedidas por el secretario general del Concejo que obran en el proceso
fueron decretadas mediante auto de 18 de julio de 2024 a solicitud del

21 " […] Por medio del cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales

para los empleos de la Planta de personal del Concejo Municipal de San José de Cúcuta […]".
22 Sobre “[…] “[…] ll Área Funcional. Director Administrativo. Descripción de funciones esenciales

[…]”.

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accionado, quedaron incorporadas al proceso el 19 de julio de 2024 mediante
oficio núm. 779509, cuando el Concejo dio cumplimiento a lo ordenado en
dicho auto, y surtieron su contradicción sin que las partes hubieran efectuado
pronunciamiento alguno sobre ellas.

En ese orden, observado que: (i) el objeto de la pérdida de la investidura no
es determinar la validez o invalidez de un determinado documento o acto; (ii)
las disposiciones indicadas supra, no imponen restricción o determinan un
medio probatorio especial a través del cual se deba comprobar la indebida
destinación de dineros públicos, así como tampoco lo hace alguna otra norma
del ordenamiento; (iii) las partes guardaron silencio respecto del decreto,
práctica e incorporación de las certificaciones mencionadas, y no fueron objeto
de tacha en el proceso; es claro que el Tribunal no podía restarles validez en
los términos alegados por el apelante, ni podía dejar de valorarlas sin vulnerar
el debido proceso.

V.4.2.- Precisado lo anterior, en el caso sub examine, para resolver el recurso
de apelación, la Sala procede al estudio de los supuestos necesarios para
la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, prevista en el artículo 55,
numeral 3, de la Ley 136 y en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, cuales
son: (i) que se ostente la condición de miembro de corporación pública de
elección popular; (ii) que se esté frente a dineros públicos; y (iii) que los
dineros públicos sean indebidamente destinados.

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, el señor JOSE
OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO fue elegido concejal del municipio de
San José de Cúcuta (Norte de Santander) para el periodo 2020-2023, como
se verifica con la copia de la credencial E-27 expedida por la Comisión
Escrutadora Departamental el 18 de noviembre de 2019, mediante la cual se

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declaró su elección; en consecuencia, permanece demostrada su calidad de
concejal para la época de los hechos, año 2022.

En relación con los recursos con los que se pagan los honorarios de los
concejales municipales de San José de Cúcuta (Norte de Santander),
siguiendo la jurisprudencia de la Sección Primera23 no hay duda de que se
trata de dineros públicos, toda vez que: (i) según el artículo 11 del Decreto
111 de 15 de enero de 199624, el presupuesto se compone del presupuesto de
ingresos o rentas; el presupuesto de gastos, a su vez conformado por los
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión,
y las disposiciones generales; y (ii) los artículos 3 y 10 de la Ley 617 prevén
que los honorarios de los concejales hacen parte de los gastos de
funcionamiento del Concejo, y su pago se realiza con los ingresos corrientes
de libre destinación25.

Sobre la indebida destinación de dineros públicos, por habérsele
reconocido y pagado honorarios a concejales que no asistieron a las
respectivas sesiones, la Sala encuentra probado lo siguiente:

El concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO se posesionó como
presidente del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander) el 10 de
diciembre de 2021, según consta en el Acta de sesión ordinaria núm. 221 de
esa misma fecha; en consecuencia, está corroborada su condición de
ordenador del gasto, según lo previsto en los artículos 312 de la Constitución
y 65 de la Ley 136 de 1994, en los que se determina que le corresponde al

23 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera:

sentencia de 10.12.2021. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente
470023330002021003101(PI); sentencia de 17.02.2022. MP. Hernando Sánchez Sánchez,
expediente 500012333000202000032-01(PI); sentencia de 1.06.2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 68001233300020230000801(PI).
24 “[…] “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que

conforman el estatuto orgánico del presupuesto […]”.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de

6.11.2013. MP. María Elizabeth García González, expediente 08001233300020130043501(PI).

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presidente del Concejo, como ordenador del gasto de la corporación,
reconocer los honorarios descritos en la ley a los concejales, por la asistencia
comprobada a las sesiones.

El señor JULIÁN DAVID TORRES CARRERO se posesionó como secretario
general del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), el 10 de
diciembre de 2021, conforme obra en el Acta de Posesión núm. 221 de esa
fecha, y de acuerdo con la Resolución núm. 320, artículo 2, numeral 23, se
prueba que, en el ejercicio de ese cargo, le correspondía controlar los
registros de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de
Secretaría y Presidencia y libros de actas, así como los “[…] Registros
actualizados de direcciones, asistencia a sesiones, correspondencia de la
secretaria, presidencia y libros de actas […]”, según el artículo 2, numeral 35,
de la misma resolución.

De acuerdo con los testimonios rendidos por los señores JULIÁN DAVID
TORRES CARRERO, secretario general del Concejo para la época de los
hechos; NELSON OVALLES AGUDELO y JOSÉ LEONARDO JÁCOME
CARRASCAL, quienes ejercieron como concejales en esa misma época, y
también fueron presidentes del cabildo municipal de San José de Cúcuta
(Norte de Santander), las actas y las grabaciones de audio no son los únicos
documentos que se tienen en cuenta para comprobar la asistencia de los
concejales a las sesiones.

Coincidieron sus testimonios en indicar que: (i) el llamado a lista se realiza
para verificar el quorum y determinar si es posible instalar la sesión conforme
por reunirse el quórum exigido para deliberar; (ii) de acuerdo con el reglamento
interno del Concejo, solo se debe realizar un nuevo llamado a lista cuando lo
solicita el presidente o algún concejal, o cuando la sesión se extiende por más
de 4 horas; (iii) en los casos en que los concejales ingresan tardíamente a las
sesiones no siempre queda constancia de su ingreso en el acta, puesto que

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se evita interrumpir el normal curso de las deliberaciones e intervenciones que
se están desarrollando, de manera que cada concejal se ocupa de hacerle ver
al secretario, con señas o de algún otro modo, que ingresó al recinto y se
encuentra presente en la sesión; (iv) los concejales no están obligados a
intervenir en las sesiones, con lo cual, cuando los concejales no están
presentes en la llamado a lista, pero ingresan tardíamente a la sesión y no
realizan ninguna intervención, el acta no da cuenta de su asistencia; (v) las
grabaciones de audio no son fidedignas, en cuanto que el sistema de sonido
presenta constantes fallas; (vi) durante el año 2022 sesionaron en el teatro
municipal, debido a las obras de remodelación al recinto del Concejo, y el
sistema de grabación de audio no funcionó óptimamente; (vii) las actas y el
control de asistencia corresponde al secretario general del Concejo, quien da
fe de las asistencias de los concejales con las respectivas certificaciones, y al
presidente del Concejo, con fundamento en ello, le corresponde reconocer el
pago de los honorarios por las sesiones asistidas.

En especial, el señor JULIÁN DAVID TORRES CARRERO, secretario general
del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander) para la época de los
hechos, respecto del reconocimiento de los honorarios de los concejales que
se acusan en este proceso, manifestó haber tenido comunicación fluida con el
presidente del cabildo, así como haberle presentado los documentos de
soporte para el reconocimiento de las asistencias a las sesiones,
especialmente, las actas, las grabaciones de audio y las certificaciones de
asistencia; asimismo, declaró que las certificaciones de asistencia
comprobada las elaboró conforme al registro manual que llevaba durante el
transcurso de ellas, a efectos de controlar los concejales que ingresaban en
forma tardía a las sesiones, es decir, una vez estas se encontraban en
desarrollo.

De otra parte, aun cuando en el proceso se decretó y practicó interrogatorio
de parte al concejal JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, la Sala

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debe poner de presente que dado el carácter sancionatorio que tiene el
proceso de pérdida de la investidura y la severidad de la sanción y la seriedad
de las implicaciones perpetuas sobre los derechos fundamentales del derecho
a elegir y ser elegido y la participación ciudadana que tienen esta clase de
juicios, la integración normativa en relación con este medio de prueba debe
hacerse de acuerdo con las normas establecidas en el Código de
Procedimiento Penal, de manera que, por regla general, no es medio
probatorio admisible en esta clase procesos.

Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de
6 de octubre de 201526, determinó que por “[…] la evidente oposición entre
dicha prueba y la naturaleza de la causa. En efecto, la jurisprudencia ha sido
pacífica en sostener que en esta clase de proceso el interrogatorio de parte
implica, per se, la búsqueda de una confesión, lo cual a la luz de las garantías
constitucionales no resulta admisible […]”.

A su turno la Sección Primera, mediante sentencia de 23 de febrero de 201727,
precisó la postura jurisprudencial que había adoptado en la sentencia de 28
de julio de 2016, en el sentido de que “[…] para efectos de evaluar el referido
medio de prueba se debe acudir a la integración normativa con el Código de
Procedimiento Penal y no con el Código General del Proceso como se afirmó
en la aludida providencia judicial, todo esto atendiendo a la naturaleza
sancionatoria de la pérdida de investidura según las consideraciones que sobre
el particular se hicieron en líneas anteriores […]”.

En ese orden, al atenderse la singular esencia sancionatoria de la pérdida de
investidura y al acudirse a la integración normativa con el Código de
Procedimiento Penal, mas no con el Código General del Proceso por

26
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 6 de octubre de 2015. MP. Roberto
Augusto Serrato Valdés, expediente 11001-03-15-000-2014-01602-00(PI).

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2017,
número único de radicación 05001-23-31-000-2011-00442-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio
(E); reiterada en sentencia de 10 de diciembre de 2021. MP. Nubia Margoth Peña Garzón expediente 81001-23-39-
000-2020-00127-01(PI).

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incompatible, se advierte que la prohibición de autoincriminación, en materia
penal, se encuentra en el artículo 8º de la Ley 906 de 31 de agosto de 200428,
aplicable a la pérdida de investidura como se indicó anteriormente.

En lo que resulta de mayor relevancia al caso sub examine, dicha norma prevé
el derecho del imputado a: (i) no ser obligado a declarar en contra de sí mismo
ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (ii) así como a
no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad; y, (iii) a que su silencio no sea usado en su contra.

Así mismo, la referida disposición determina que el sujeto pasivo de la acción
penal puede renunciar al derecho a la no autoincriminación siempre que
dicha renuncia devenga de una manifestación libre, consciente,
voluntaria y debidamente informada, caso en el cual deberá estar
asesorado de su abogado defensor.

Entonces, comoquiera que el interrogatorio de parte rendido por el concejal
demandado se produjo en el marco de las preguntas formuladas por su
apoderado, así como de la magistrada conductora del proceso en primera
instancia, propias del interrogatorio de parte como medio de prueba, y no en
el marco de una manifestación excepcional, libre, consciente, voluntaria, de
renuncia a ese derecho de no autoincriminación, debidamente informada del
concejal; asesorada y asistida por su abogado defensor; al punto que ninguna
prevención se le hizo al concejal sobre sus derecho constitucional a la no
autoincriminación; y, por el contrario, se le tomó el juramento de rigor
previniéndolo sobre las sanciones penales que acarrea faltar a la verdad bajo
juramento, la Sala no lo valorará en tanto no fue producido conforme a las
garantías que para tal efecto exige el artículo 29 de la Constitución Política.

28
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.

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Precisado lo anterior, con las restantes pruebas obrantes en el proceso e
indicadas previamente, con exclusión del interrogatorio de parte rendido por el
concejal, la Sala encuentra verificado que las resoluciones de reconocimiento
de honorarios a los concejales por la asistencia comprobada a las sesiones,
expedidas por el presidente del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de
Santander), señor JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, fueron
acompañadas y tuvieron en cuenta las certificaciones expedidas por el
secretario general del cabildo, servidor público al que le fue asignada la función
de controlar las asistencias de los concejales a las sesiones y los registros
actualizados de esas asistencia, según lo dispone la Resolución núm. 320.

A su turno, las actas de las sesiones ordinarias del Concejo que obran en el
proceso, los testimonios y el interrogatorio de parte referidos supra, corroboran
que, en el Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander) las actas sólo
hacen constar los nombres de los concejales asistentes que responden el
llamado a lista al inicio de la sesión y eventualmente cuando se verifica quorum
durante el transcurso de una sesión.

Si bien dicha práctica no se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 63,
numeral 2, del reglamento interno de ese Concejo, según el cual, las actas de
sesión y comisión deberán llevar una relación sucinta de los nombres de los
concejales concurrentes a la respectiva sesión o comisión, y las excusas
válidas presentadas por los no asistentes; se reitera, tal omisión no resulta
suficiente, por sí misma y por sí sola, para derivar una indebida destinación de
dineros públicos, puesto que: (i) se trata de un argumento que controvierte la
validez de las actas conforme al ordenamiento que las regula, cuestión que es
ajena al estudio conductual propio de la pérdida de la investidura; y (ii) el
reconocimiento del pago de los honorarios a los concejales por su asistencia
comprobada a las sesiones debía tener en cuenta no solamente las actas sino
también las certificaciones de asistencia expedida por el secretario general del

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Concejo, responsable de efectuar dicho control en los términos previstos en la
Resolución núm. 320.

Precisado lo anterior, con las pruebas documentales que reposan en el
plenario, particularmente, las actas de las sesiones plenarias, las
certificaciones expedidas por el secretario general, y las resoluciones suscritas
por el presidente del cabildo municipal, concejal JOSE OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, mediante las cuales reconoció honorarios a los
concejales por su asistencia comprobada a las sesiones, la Sala encuentra
que no está configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de la
investidura por indebida destinación de dineros públicos.

En efecto, la Sala constata que las resoluciones núms. 035, 042, 047, 048,
051, 062 y 064, en su orden de 4, 18, 28 y 30 de marzo, y de 4, 25 y 30 de
abril, todas del año 2022, encuentran respaldo en las certificaciones expedidas
por el secretario general del Concejo, aunado al hecho de que el actor no
acreditó las inasistencias endilgadas en el mes de marzo de 2022, de los
concejales GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ a la sesión del 1°
de marzo; JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA, el 3 de marzo; JAIR ANTONIO
DÍAZ ARDILA y JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL, el 15 de marzo;
JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL, el 16 de marzo; VÍCTOR
GUILLERMO CAICEDO PINZÓN, el 26 de marzo; de NELSON OVALLES
AGUDELO, JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA y VÍCTOR GUILLERMO
CAICEDO PINZÓN, el 27 de marzo.

Tampoco lo hizo respecto de las ausencias a las sesiones plenarias del mes
de abril de 2022 de GEORGE ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ,
GUILLERMO LEÓN BÁEZ, JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA, CARLOS LUIS
CHACÓN CONTRERAS y JUAN DIEGO ORDÓÑEZ CARVAJAL, el 1° de
abril; EDWARD ALBERTO VARÓN FLÓREZ y GEORGE ALEXANDER
SALAZAR MÁRQUEZ, el 25 de abril; NELSON OVALLES AGUDELO, el 28

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de abril; y NELSON OVALLES AGUDELO y ÁLVARO ANDRÉS RAAD
FORERO, el 29 de abril.

A. Sesiones ordinarias del 1° al 4 de marzo de 2022.

De acuerdo con la Resolución núm. 035 de 4 de marzo de 2022, el
presidente del Concejo, señor JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
reconoció honorarios a los 19 concejales que integran el cabildo, por las
asistencias a las sesiones ordinarias realizadas el 1.°, 2, 3 y 4 de marzo de
2022; en las consideraciones del acto administrativo se señaló el valor a
reconocer por cada sesión asistida, correspondiente a $469.766, y el
certificado de disponibilidad presupuestal núm. 03-070 de 4 de marzo de 2022,
por valor de $ 35.702.216; además, se relacionaron un total de 75 sesiones
asistidas por los 19 concejales, discriminando el número de sesiones a las
que asistió cada uno de los concejales, y el valor de los honorarios que les
correspondía individualmente, conforme a sus asistencias.

De la sesión ordinaria celebrada el 1° de marzo de 2022 la Sala precisa
que: (i) en el acta de la sesión aparece ausente el concejal GEORGE
ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ; (ii) sin embargo, su asistencia se probó

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con la certificación expedida el 4 de marzo de 2022 por el secretario general
del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander); y, (iii) los honorarios
le fueron reconocidos mediante la Resolución núm. 035 de 4 de marzo de 2022
expedida por el concejal accionado.

En cuanto a la sesión ordinaria de 3 de marzo de 2022 se tiene que: (i) en
el acta de la sesión aparece ausente el concejal JAIR ANTONIO DÍAZ
ARDILA; (ii) no obstante, se probó su asistencia con la certificación expedida
el 4 de marzo de 2022 por el secretario general del Concejo de San José de
Cúcuta (Norte de Santander); y (iii) los honorarios fueron reconocidos
mediante la Resolución núm. 035 de 4 de marzo de 2022 expedida por el
concejal acusado.

Por su parte, la certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios
realizado en la Resolución núm. 035, da cuenta de un total de 75 sesiones
asistidas, correspondiente a la asistencia de los 19 concejales los días 1°, 2,
3 y 4 de marzo de 2022, así:

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B. Sesiones ordinarias del 15 al 17 de marzo de 2022

Según la Resolución núm. 042 de 18 de marzo de 2022, el presidente del
Concejo, señor JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO, reconoció
honorarios a los 19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a
las sesiones ordinarias realizadas el 15, 16 y 17 de marzo de 2022; en las
consideraciones del acto administrativo se señaló el valor a reconocer por
cada sesión asistida, correspondiente a $469.766, y el certificado de
disponibilidad presupuestal núm. 03-076 de 18 de marzo de 2022, por valor
de $24.897.598; además, se relacionaron un total de 53 sesiones asistidas
por los 19 concejales, discriminando el número de sesiones a las que asistió
cada uno de los cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía
individualmente, conforme a sus asistencias.

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De la sesiones ordinarias de 15, 16 y 17 de marzo de 2022 se precisa que:
(i) en las actas de la sesiones aparecen ausentes los concejales JAIR
ANTONIO DÍAZ ARDILA y JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL; (ii)
sin embargo, la asistencia de JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA (3 días) y JOSÉ
LEONARDO JÁCOME CARRASCAL (2 días), se probó con la certificación
expedida el 4 de marzo de 2022 por el secretario del Concejo de San José de
Cúcuta (Norte de Santander), y (iii) los honorarios fueron reconocidos, en esas
proporciones, mediante la Resolución núm. 042 de 18 de marzo de 2022.

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La certificación expedida por el secretario general, que respalda el
reconocimiento de los honorarios realizado en la Resolución núm. 042, da
cuenta de un total de 53 sesiones asistidas, correspondiente a la asistencia
de los 19 concejales los días 15, 16 y 17 de marzo de 2022, así:

C. Sesiones ordinarias de 23 y 24 de marzo de 2022

La Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 2022, reconoció honorarios a
los 19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a las sesiones
ordinarias realizadas el 23 y 24 de marzo de 2022; en las consideraciones del
acto administrativo se señaló el valor a reconocer por cada sesión asistida,
correspondiente a $469.766, y el certificado de disponibilidad presupuestal
núm. 03-077 de 18 de marzo de 2022, por valor de $ 15.972.044; además, se
relacionaron un total de 35 sesiones asistidas por los 19 concejales,
discriminando el número de sesiones a las que asistió cada uno de los
cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía individualmente,
conforme a sus asistencias, así:

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De la sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022 se precisa que: (i) en el acta
de la sesión aparece ausente el concejal NELSON OVALLES AGUDELO; (ii)
su inasistencia quedó comprobada con la certificación expedida el 24 de marzo
de 2022 por el secretario del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de
Santander); (iii) no obstante, en la Resolución núm. 045 se le reconocieron
honorarios por la asistencia a dicha sesión.

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Por su parte, la certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios
realizado en la Resolución núm. 045 da cuenta de un total de 34 sesiones
asistidas, correspondiente a la asistencia de los 19 concejales los días 23 y 24
de marzo de 2022, así:

Como puede observarse, contrario a lo certificado por el secretario general del
Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), la Resolución núm. 045
indicó que el concejal NELSON OVALLES AGUDELO asistió a dos sesiones
(23 y 24 de marzo), cuando en realidad estuvo ausente en una de ellas (24 de
marzo); asimismo, en el acto administrativo se le reconocieron honorarios por
la asistencia a esas dos sesiones, por valor de $469.766 cada una, para un
total de $939.532, cuando los honorarios que se le debieron reconocer
ascendían a la suma de $469.766, correspondientes a la sesión del 23 de
marzo de 2022 en la que sí estuvo presente.

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De acuerdo con lo anterior, prima facie, estaría comprobada la estructuración
de una indebida destinación de dineros públicos si no fuera porque la
Resolución núm. 045 reconoció honorarios por un valor global de $15.972.044,
monto que coincide con el que corresponde a las 34 sesiones asistidas entre
los días 23 y 24 de marzo de 2022, certificadas por el secretario, por valor de
$469.766 cada una.

Si bien la certificación del secretario no totaliza el número de sesiones asistidas
y la Resolución núm. 045 tampoco lo hace, la Sala, al realizar dichas
sumatorias, verifica que la certificación contiene un total de 34 sesiones
certificadas como asistidas, cuyo valor pagadero es $15.972.044, resultante
de multiplicar 34 sesiones por $469.744, mientras que el acto administrativo
consideró reconocer 35 asistencias, cuyo valor a pagar hubiera ascendido
a $16.441.810, lo que no ocurrió en la práctica, pues en la mencionada
resolución no se dispuso este valor sino que se reconoció la suma correcta y
certificada de $15.972.044.

En ese orden, para la Sala, aun cuando en la Resolución núm. 045 se
mencionan honorarios al concejal NELSON OVALLES AGUDELO por dos
sesiones asistidas (23 y 24 de marzo) y en cuantía de $939.532, lo cierto es
que el certificado de disponibilidad núm. 03-077-1 de 18 de marzo de 2022,
que respalda el reconocimiento y pago de los honorarios según las
consideraciones de ese mismo acto administrativo, no admite pagar 35
sesiones, sino 34.

No obstante, como dicha circunstancia por sí sola no permite corroborar ni
desvirtuar que los honorarios correspondientes a la sesión del 24 de marzo de
2022 fueran pagados efectivamente al concejal, la Sala profirió auto para mejor
proveer el 18 de septiembre de 2025 y decretó una prueba de oficio29 con el

29
Cfr. Samai. Índice 00051, expediente de segunda instancia. En dicho auto la Sala resolvió lo siguiente
“[…]PRIMERO: Por Secretaría de la sección Primera, OFICIAR a la Tesorería del Concejo de San José de Cúcuta,
Norte de Santander, o a quien haga sus veces como pagador, para que: a) CERTIFIQUE el valor exacto de los

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fin de esclarecer, más allá de cualquier duda, si el concejal JOSÉ OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, al proferir la Resolución núm. 045 de 2022 con
las inconsistencias advertidas, incurrió en la indebida destinación de dineros
públicos por el pago efectivo e irregular de la mencionada sesión al concejal
NELSON OVALLES AGUDELO, por valor de $469.766.

Conforme con lo anterior, el tesorero general del Concejo de San José de
Cúcuta, mediante oficio de 7 de octubre de 202530 informó que según los
archivos de esa dependencia, el primer pago de sesiones ordinarias realizado
al concejal NELSON OVALLES AGUDELO, vigencia 2022, se efectuó el 19
de abril de 2022 por valor de $10.804.618, con el egreso 04-207 de esa misma
fecha, conforme con las certificaciones de asistencia expedidas por el
secretario general de esa corporación pública.

De igual forma, el tesorero general certificó lo siguiente: (i) para la vigencia
2022 el valor de las sesiones ordinarias y extraordinarias era $469.766; (ii)
conforme a la certificaciones de asistencia expedidas por el secretario general
del 1° de marzo al 19 de abril de 2022 se realizó el pago de las sesiones
correspondientes, por valor de $10.804.618; (iii) que el anterior valor fue
pagado con el comprobante de egreso 04-207 de 19 de abril de 2022; (iv) a
dicho valor se le efectuaron los descuentos correspondientes a retención en la
fuente ($1.080.462), crédito IFINORTE ($8.722.019) y aportes a pensión
($798.600), quedando un valor neto a pagar de $203.537; y (v) que dicho valor
neto fue pagado a favor del concejal NELSON OVALLES AGUDELO mediante
cheque 10775 del banco BBVA.

honorarios que se le pagaron al concejal Nelson Ovalles Agudelo por las sesiones de 23 y 24 de marzo de 2022. b)
ALLEGUE los correspondientes comprobantes de egreso y los soportes del depósito, transferencia bancaria o
cheque, según la modalidad que se utilizó para pagar dichos honorarios […]”.

30 Cfr. Samai. Índice 00058, expediente de segunda instancia.

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Como sustento de lo anterior, el tesorero general allegó copia de los siguientes
documentos: (i) comprobante de egreso 04-207 de 19 de abril de 2022, cuyo
contenido evidencia que al mencionado concejal se le cancelaron 23
sesiones ordinarias correspondientes al primer periodo por valor de
$10.804.618; que a dicho valor se le descontaron las sumas señaladas en la
certificación indicada supra, y que el valor neto se le pagó al concejal mediante
cheque núm. 0010775 del banco BBVA; (ii) copia de la relación de libranzas
de los concejales correspondiente al mes de abril de 2022 con soporte de la
transferencia realizada a la entidad acreedora por concepto del total de las
libranzas de los concejales, efectuada el 18 de abril de 2022; y (iii) copia de
la página del libro auxiliar de registro de retenciones en la fuente, en el que
consta que en el mes de abril de 2022, el 19 de abril de 2022, al comprobante

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de egreso 04-207, cheque 0010775, al concejal NELSON OVALLES
AGUDELO se le cancelaron 23 sesiones ordinarias correspondientes al
primer periodo de sesiones, efectuándosele retención en la fuente por valor
de $1.080.462.

Los documentos indicados son los siguientes:

Comprobante de egreso

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Relación de libranzas concejales/IFINORTE, mes de abril de 2022 y
transferencia a la entidad acreedora

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Libro auxiliar de retención en la fuente

De acuerdo con las pruebas señaladas anteriormente, la Sala evidencia que
al concejal NELSON OVALLES AGUDELO, mediante comprobante de egreso
04-207 de 19 de abril de 2022, se le hizo un primer pago, esto es, un pago

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parcial de las sesiones del primer periodo ordinario del año 2022,
correspondiente a las 23 sesiones ordinarias a las que asistió entre el 1 de
marzo y el 12 de abril de 2022, en tanto dicho número de sesiones eran las
que se encontraban certificadas por el secretario general como asistidas por
dicho concejal al momento en que se efectuó el pago.

Lo anterior también se verifica con las certificaciones de asistencia allegadas
como prueba al proceso en primera instancia, expedidas por el secretario
general del cabildo municipal31, de las cuales se evidencia que el Concejo de
San José de Cúcuta sesionó ordinariamente todos los días del mes de marzo,
es decir, sesionó 31 días, y de ellos el concejal asistió a 17 sesiones, tal como
se presenta en el siguiente cuadro resumen:

Fecha de Fecha de sesiones Sesiones Total núm. de
certificación Marzo/2022 certificadas como sesiones asistidas
asistidas Marzo/2022 por
Marzo/2022 certificación
4.03.2022 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 de marzo 3
7.03.2022 5, 6, 7 5 de marzo 1
11.03.2022 8, 9, 10, 11 9, 10 de marzo 2
15.03.2022 12, 13, 14 14 de marzo 1
18.03.2022 15, 16, 17 15, 16, 17 de marzo 3
22.03.2022 18, 19, 20, 21, 22 18, 22 de marzo 2
24.03.2022 23, 24 23 de marzo 1
25.03.2022 25 - 0
28.03.2022 26 - 0
30.03.2022 27, 28, 29 27, 28, 29 de marzo 3
1.04.2022 30, 31 30 de marzo 1

NÚM. TOTAL DE SESIONES ASISTIDAS 17 sesiones

31
Cfr. Samai. Índice 00022, expediente digital de primera instancia
Documento 31RECIBE MEMORIAL_1ASISTENCIAMARZO2024(.zip) NroActua 22

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De igual forma, las certificaciones que obran en el plenario32, correspondientes
a las sesiones ordinarias del mes de abril de 2022, permiten corroborar que el
concejo sesionó 25 días de ese mes, y que el concejal asistió a 17 de esas
sesiones, así:

Fecha de Fecha de sesiones Sesiones Total núm. de
certificación Abril/2022 certificadas como sesiones asistidas
asistidas Abril/2022 Abril/2022 por
certificación
2.04.2022 1, 2 2 de abril 1
5.04.2022 3, 4, 5 3, 4, 5 de abril 3
7.04.2022 6, 7 6, 7 de abril 2
18.04.2022 8, 9. 10, 11, 12 - 0
21.04.2022 18, 19, 20 18, 19, 20 de abril 3
25.04.2022 21, 22 21, 22 de abril 2
25.04.2022 23, 24, 25 23, 25 de abril 2
27.04.2022 26, 27 26, 27 de abril 2
30.04.2022 28, 29 29 de abril 1
30.04.2022 30 30 de abril 1

NÚM. TOTAL DE SESIONES ASISTIDAS 17 sesiones

Ahora bien, como quiera que el tesorero certificó que el 19 de abril de 2022 se
cancelaron las sesiones del mes de marzo y abril de 2022 que en esa fecha
de pago se encontraban certificadas por el secretario, es claro que el
comprobante de egreso 04-207 de 19 de abril de 2022 solo pudo incluir las 17
sesiones del mes de marzo de 2022 y las 6 sesiones del mes de abril de 2022
cuya asistencia se encontraba certificada por el secretario del cabildo para el
19 de abril de 2022; es decir, el pago de esas 17 sesiones no incluyó la
ordinaria efectuada el 24 de marzo de 2022, y reconoció las 6 sesiones a las

32 Cfr. Samai. Índice 00022, expediente digital de primera instancia
Documento 29RECIBE MEMORIAL_2ASISTENCIAABRIL2024(.zip) NroActua 22

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que asistió entre el 1 y el 12 de abril, que se encontraban certificadas para el
momento en que se expidió el comprobante de pago 04-207.

De ahí que la Sala encuentre acreditados con certeza los siguientes hechos:

1. La sesión de 24 de marzo de 2022 no fue materialmente pagada al concejal
NELSON OVALLES AGUDELO, en tanto no fue asistida.

2. Que la Resolución núm. 045 de 2022 incluyera esa sesión como asistida
(24 de marzo de 2022) y su correspondiente valor ($469.766) como pagadero,
corresponde a un error o inconsistencia en el contenido de dicho acto
administrativo, que no dio lugar a su pago efectivo.

3. El certificado de disponibilidad presupuestal que sustentó el
reconocimiento del pago de honorarios de los 19 concejales, por razón de las
sesiones realizadas el 23 y 24 de marzo, solamente permitía pagar 34
sesiones, y no permitía pagar 35 sesiones que sería el número al que se
arribaría de haberse contabilizado la sesión del 24 de marzo a la que no asistió
el concejal NELSON OVALLES AGUDELO.

4. La certificación expedida por el secretario general del concejo el 24 de
marzo de 2022 es clara al indicar que el concejal OVALLE AGUDELO asistió
a la sesión del 23 de marzo de 2024 y no asistió a la sesión del día siguiente,
24 de marzo de 2022.

5. Las 23 sesiones ordinarias que se le pagaron al concejal NELSON
OVALLES AGUDELO mediante el comprobante de egreso 04-207 de 19 de
abril de 2022, corresponden a la sumatoria de las 17 sesiones del mes de
marzo de 2022 que se encontraban certificadas como asistidas por el concejal
OVALLES AGUDELO y de las 6 sesiones a las que asistió entre el 1 y el 12
de abril de 2022.

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6. La suma de $10.804.618 que se le pagó al concejal NELSON
OVALLES AGUDELO, corresponde a los honorarios que se le reconocieron
por su asistencia comprobada a 23 sesiones ordinarias realizadas entre el
1 de marzo y el 12 de abril de 2022, y es el resultado matemático de
multiplicar 23 sesiones por 469.766, que es la suma que corresponde al valor
de los honorarios por cada sesión.

Así las cosas, es claro que el resultado de sumar 17 sesiones de marzo y 6
sesiones de abril es 23, y que este último número se corresponde
perfectamente con el de las sesiones que fueron certificadas por el secretario
general como asistidas por el mencionado concejal entre el 1 de marzo y el 12
de abril de 2022, cuyo valor total ascendió a $10.804.618; asimismo, como no
hay duda de que tales certificaciones fueron los documentos que tuvo en
cuenta el tesorero general para efectuar el pago de los honorarios reconocidos
en la Resolución núm. 045 de 2022, la inconsistencia en dicha resolución
expedida por el concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
consistente en haber reconocido honorarios por la asistencia del concejal
Ovalles Agudelo a la sesión de 24 de marzo de 2022 a pesar de que su
inasistencia estaba certificada, aun cuando se presenta contraria a la realidad
de las asistencias, no se tradujo, materialmente, en la indebida destinación de
dineros públicos invocada en la demanda, pues lo cierto es que valoradas
integralmente las pruebas conforme a la sana crítica, la Sala obtuvo la certeza
de que esa sesión no se le pagó al concejal NELSON OVALLES AGUDELO,
con lo cual el actor no logró acreditar la configuración de la causal de pérdida
de la investidura, en cuanto los dineros públicos se destinaron y aplicaron al
pago de las sesión efectivamente asistida por este concejal, esta es, la
correspondiente al 23 de marzo de 2022.

En consecuencia, en el marco del debido proceso constitucional que regenta
el proceso de pérdida de investidura, la Sala, a diferencia de lo concluido por
el Tribunal, corroboró que en este caso no se configuró la indebida destinación

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de dineros públicos con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 045
de 24 de marzo de 2022.

Por último, sobre el pronunciamiento realizado por el concejal
demandado33 dentro del término de traslado de las pruebas allegadas en
cumplimiento del auto de 18 de septiembre de 2025, mediante el cual solicita
no se tenga por cumplida la prueba en razón a su ausencia de completitud y
claridad sobre la información requerida y se profiera la decisión con el acervo
que reposa en el plenario, basta señalar que si bien el tesorero no precisó el
monto exacto que se pagó al concejal OVALLES AGUDELO por concepto de
honorarios de asistencia a las sesiones de 23 y 24 de marzo de 2022, lo cierto
es que la certificación que expidió junto con el comprobante de egreso 04-207
de 19 de abril de 2024 que allegó, le permitieron a la sala corroborar, en
conjunto con las restantes pruebas que obran en el plenario, que no se le
reconocieron honorarios por su asistencia a la sesión de 24 de marzo de 2022,
y, en esa medida, la prueba cumplió la finalidad de mejor proveer para la cual
fue decretada.

Esa misma consideración se hace extensiva al pronunciamiento realizado el
15 de octubre de 202534 por el solicitante de la pérdida de investidura, señor
JULIO CÉSAR PÉREZ COLMENARES, en la indicó la falta de claridad en la
respuesta brindada y solicitó que se requiriera al tesorero del cabildo municipal
para que completara la información brindada y los documentos que la
soportan.

D. Sesión ordinaria de 26 de marzo de 2022

Siguiendo con el estudio de las restantes inasistencias que se le endilga al
concejal JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO haber reconocido y

33
Cfr. Samai. Índice 00062, expediente digital de segunda instancia.
34
Cfr. Samai. Índice 00064, expediente digital de segunda instancia.

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pagado indebidamente, se tiene que la Resolución núm. 047 de 28 de marzo
de 2022, reconoció honorarios a los 19 concejales que integran el cabildo, por
las asistencias a la sesión ordinaria realizadas el 26 de marzo de 2022; en las
consideraciones del acto administrativo se señaló el valor a reconocer por
cada sesión asistida, correspondiente a $469.766, y el certificado de
disponibilidad presupuestal núm. 03-078-1 de 26 de marzo de 2022, por valor
de $8.455.788; además, se relacionaron un total de 18 sesiones asistidas
por los 19 concejales, discriminando el número de sesiones a las que asistió
cada uno de los cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía
individualmente, conforme a su asistencia.

Sobre la sesión ordinaria de 26 de marzo de 2022 se encuentra que: i) en
el acta de la sesión aparece ausente el concejal VÍCTOR GUILLERMO
CAICEDO PINZÓN; (ii) no obstante, su asistencia se probó con la certificación
expedida el 28 de marzo de 2022 por el secretario del Concejo de San José
de Cúcuta (Norte de Santander); (iii) los honorarios fueron reconocidos
mediante la Resolución núm. 047 de 28 de marzo de 2022 expedida por el
concejal accionado.

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La certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios realizado en
la Resolución núm. 047 da cuenta de un total de 18 sesiones asistidas,
correspondiente a la asistencia de los 19 concejales a la sesión ordinaria de
26 de marzo de 2022, así:

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E. Sesiones ordinarias del 27 al 29 de marzo de 2022

La Resolución núm. 048 de 30 de marzo de 2022, reconoció honorarios a
los 19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a las sesiones
ordinarias realizadas el 27, 28 y 29 de marzo de 2022; en las consideraciones
del acto administrativo se señaló el valor a reconocer por cada sesión asistida,
correspondiente a $469.766, y el certificado de disponibilidad presupuestal
núm. 03-082 de 29 de marzo de 2022, por valor de $22.079.002; además, se
relacionaron un total de 47 sesiones asistidas por los 19 concejales,
discriminando el número de sesiones a las que asistió cada uno de los
cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía individualmente,
conforme a su asistencia.

En este punto, debe recordarse que el solicitante endilgó la indebida
destinación de dineros públicos por la inasistencia comprobada a la sesión de
27 de marzo de 2022, de los concejales NELSON OVALLES AGUDELO,
JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA y VÍCTOR GUILLERMO CAICEDO PINZÓN.

En consecuencia, de la sesión ordinaria de 27 de marzo de 2022 se precisa
que: (i) en el acta de las sesión aparecen ausentes los concejales JAIR
ANTONIO DÍAZ ARDILA, NELSON OVALLES AGUDELO y VÍCTOR

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GUILLERMO CAICEDO PINZÓN; (ii) sin embargo, la asistencia de los tres
concejales a esa sesión se probó con la certificación expedida por el secretario
del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), el 30 de marzo de
2022; y (iii) los honorarios fueron reconocidos mediante la Resolución núm.
048 de 30 de marzo de 2022 expedida por el Concejal acusado en esas
proporciones, así:

A su turno, la certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios
realizado en la Resolución núm. 048, da cuenta de un total de 47 sesiones
asistidas, correspondiente a la asistencia de los 19 concejales a las sesiones
ordinarias de 27, 28 y 29 de marzo de 2022, así:

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F. Sesiones ordinarias de 1o. y 2 de abril de 2022

La Resolución núm. 051 de 4 de abril de 2022, reconoció honorarios a los
19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a las sesiones
ordinarias realizadas el 1° y 2 de abril de 2022; en las consideraciones del acto
administrativo se señaló el valor a reconocer por cada sesión asistida,
correspondiente a $469.766, y el certificado de disponibilidad presupuestal
núm. 04-083 del 1° de abril de 2022, por valor de $15.032.512; además, se
relacionaron un total de 32 sesiones asistidas por los 19 concejales,
discriminando el número de sesiones a las que asistió cada uno de los
cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía individualmente
conforme a su asistencia, así:

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De las sesiones ordinarias de 1.° y 2 de abril de 2022 se tiene que: (i) en el
acta de la sesión del 1° de abril aparecen ausentes los concejales GEORGE
ALEXANDER SALAZAR MÁRQUEZ, JAIR ANTONIO DÍAZ ARDILA,
GUILLERMO LEÓN BÁEZ, CARLOS LUIS CHACÓN CONTRERAS y JUAN
DIEGO ORDÓÑEZ CARVAJAL; y en el acta de la sesión de 2 de abril, ausente
el concejal JUAN DIEGO ORDÓÑEZ CARVAJAL (1 día); (ii) no obstante, sus
asistencias a la sesión del 1° de abril y la ausencia de JUAN DIEGO
ORDÓÑEZ CARVAJAL a la plenaria del 2 de abril, se acreditaron con la
certificación expedida por el secretario general del Concejo de San José de
Cúcuta (Norte de Santander) el 2 de abril de 2022; y (iii) los honorarios fueron
reconocidos mediante la Resolución núm. 051 de 4 de abril de 2022 expedida
por el concejal acusado, en las proporciones correspondientes así:

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La certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios realizado en
la Resolución núm. 051, da cuenta de un total de 32 sesiones asistidas,
correspondiente a la asistencia de los 19 concejales a las sesiones ordinarias
realizadas el 1° y 2 de abril de 2022, de la siguiente manera:

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G. Sesiones ordinarias del 23 al 25 de abril de 2022

La Resolución núm. 062 de 25 de abril de 2022, reconoció honorarios a los
19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a las sesiones
ordinarias realizadas el 23, 24 y 25 de abril de 2022; en las consideraciones
del acto administrativo se señaló el valor a reconocer por cada sesión asistida,
correspondiente a $469.766, y el certificado de disponibilidad presupuestal
núm. 04-096 del 25 de abril de 2022, por valor de $25.837.130; además, se
relacionaron un total de 54 sesiones asistidas por los 19 concejales,
discriminando el número de sesiones a las que asistió cada uno de los
cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía individualmente
conforme a su asistencia, de la siguiente manera:

De la sesión ordinaria de 25 de abril de 2022 se precisa que: (i) en el acta
de la sesión aparecen ausentes los concejales GEORGE ALEXANDER
SALAZAR MÁRQUEZ y EDWARD ALBERTO VARÓN FLÓREZ; (ii) sin
embargo, su asistencia se probó con la certificación expedida por el secretario
del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander); y (iii) los honorarios
fueron reconocidos mediante la Resolución núm. 062 de 25 de abril de 2022
expedida por el concejal accionado, así:

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La certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios realizado en
la Resolución núm. 062, da cuenta de un total de 54 sesiones asistidas,
correspondiente a la asistencia de los 19 concejales a las sesiones ordinarias
realizadas el 23, 24 y 25 de abril de 2022, de la siguiente manera:

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La Sala observa que, aun cuando entre el certificado de disponibilidad
presupuestal 04-096 de 25 de abril de 2022 ($25.837.130), y el monto total
reconocido en la Resolución núm. 062 ($25.367.364), surge una diferencia que
corresponde exactamente al valor de los honorarios de una sesión ($469.766),
dicha eventualidad no tiene relevancia en lo que respecta a la indebida
destinación por el pago de la sesión de 24 de marzo de 2022, pues como se
dejó sentado líneas atrás, quedó verificado que fueron 17 sesiones del mes de
marzo de 2022 las asistidas por el concejal NELSON OVALLES AGUDELO y
que su pago se hizo mediante el comprobante de egreso 04-207 de 19 de abril
de 2022, con lo cual se descarta que la suma residual contenida en el
certificado de disponibilidad presupuestas 04-096, hubiera podido ser
destinada por el concejal JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO al
reconocimiento y pago de la sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022,
reconocida de manera inconsistente en la Resolución núm. 045 de esa misma
fecha

H. Sesiones ordinarias del 28 y 29 de abril de 2022

Por último, la Resolución núm. 064 de 30 de abril de 2022, reconoció
honorarios a los 19 concejales que integran el cabildo, por las asistencias a
las sesiones ordinarias realizadas el 28 y 29 de abril de 2022; en las
consideraciones del acto administrativo se señaló el valor a reconocer por
cada sesión asistida, correspondiente a $469.766, y los certificados de
disponibilidad presupuestal núm. 04-099 y 04-100 de 30 de abril de 2022, por
valor de $16.441.810 y $7.986.022, respectivamente; además, se
relacionaron un total de 36 sesiones asistidas por los 19 concejales,
discriminando el número de sesiones a las que asistió cada uno de los
cabildantes, y el valor de los honorarios que les correspondía individualmente
conforme a su asistencia, de la siguiente manera:

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Sobre las sesiones ordinarias de 28 y 29 de abril de 2022 se precisa que:
(i) en el acta de 28 de abril de 2022 aparece ausente el concejal NELSON
OVALLES AGUDELO, mientras que en el acta de 29 de abril de 2022 aparece
ausente el concejal ÁLVARO ANDRÉS RAAD FORERO; (ii) no obstante, sus
asistencias se probaron con la certificación expedida por el secretario general
del Concejo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), de 30 de abril de
2022, en la cual se indicó, expresamente, que asistieron únicamente a la
sesión del 29 de abril de 2022; y (iii) se le reconocieron los correspondientes
honorarios en esas proporciones, mediante la Resolución núm. 064 de 30 de
abril de 2022 expedida por el concejal accionado.

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A su vez, la certificación que respalda el reconocimiento de los honorarios
realizado en la Resolución núm. 064, da cuenta de un total de 36 sesiones
asistidas, correspondiente a la asistencia de los 19 concejales a las sesiones
ordinarias realizadas el 28 y 29 de abril de 2022, de la siguiente manera:

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En la Resolución núm. 064, al igual que en la Resolución núm. 062, luego de
restar el valor efectivamente reconocido ($16.911.576) al valor total
respaldado con los dos certificados de disponibilidad presupuestal
($24.427.832), aparece un sobrante presupuestal de $7.516.256; eventualidad
esta, respecto de la cual se hacen extensivas las mismas consideraciones
realizadas supra, referidas a la imposibilidad de que dicho saldo pudiera ser
indebidamente destinado por el concejal JOSÉ OLIVERIO CASTALLEANOS
NAVARRO para reconocerle al concejal OVALLES AGUDELO honorarios por
la sesión a la que no asistió el 24 de marzo de 2022, debido a que mediante
el comprobante de egreso 04-207 se acreditó que al mencionado concejal se
le pagaron las 17 sesiones del mes de marzo a las que asistió, y entre ellas no
se encontraba la del 24 de marzo de 2022, en tanto su inasistencia estaba
certificada por el secretario general.

En suma, conforme con la valoración de las pruebas documentales y
testimoniales realizada anteriormente, la Sección Primera concluye que, en el
caso sub examine, no se encuentra probada la configuración del elemento
objetivo de la causal de pérdida de la investidura, por indebida destinación de
dineros públicos.

Por el contrario, lo probado es que el concejal JOSÉ OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, en su condición de presidente del Concejo de
San José de Cúcuta (Norte de Santander), para el año 2022, siendo ordenador
del gasto, al expedir las Resoluciones núms. 035 de 4 de marzo; 042 de 18 de
marzo; 045 de 24 de marzo; 047 de 28 de marzo de 2022; 048 de 30 de marzo;
051 de 4 de abril; 062 de 25 de abril y 064 de 30 de abril, todas del 2022,
efectuó los reconocimientos de los honorarios de los concejales atendiendo a
las asistencias comprobadas y certificadas por el secretario general del cabildo
municipal, sin que el actor cumpliera con la carga procesal que le corresponde,
de probar que reconoció y pagó honorarios a los concejales, por sesiones en
las que estuvieron ausentes.

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Por lo expuesto en precedencia, en consideración a que no se encuentra
probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, esta Sala procederá a confirmar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
cuanto denegó la pretensión de desinvestidura del concejal JOSE OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

V.4.3- Conclusión

Al no encontrarse probada la configuración del elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
prevista en el artículo 55, numeral 3, de la ley 136, y en el artículo 48, numeral
4, de la Ley 617, lo que impide continuar con el estudio del elemento subjetivo,
se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el 8 de agosto de 2024, en primera instancia, mediante la cual se
negó la pérdida de investidura del concejal del municipio de San José de
Cúcuta (Norte de Santander), JOSE OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO,
pero por las razones expuestas en esta providencia, y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta.

V.5 Sobre el reconocimiento de personería

De acuerdo con los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 156435, sobre poderes,
designación y sustitución de apoderados y terminación del poder, y demás
normas concordantes y complementarias, y atendiendo a que el demandado
revocó el poder otorgado al abogado Armando Quintero Guevara y otorgó
poder al abogado Julio Adrián Ortiz36, identificado con la cédula de ciudadanía

35 Ibidem.
36 Cfr. Samai. Índice 00039.

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núm. 1.093.884.278, y considerando que el poder cumple con los requisitos
de ley, la Sala admitirá la revocatoria del poder conferido al profesional
Quintero Guevara y le reconocerá personería al abogado Julián Adrián Ortiz.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de agosto de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADMITIR la revocatoria del poder conferido por el demandado al
abogado Armando Quintero Guevara, y RECONOCER personería al abogado
Julio Adrián Ortiz para actuar en calidad de apoderado del demandado, en los
términos y para los efectos del poder conferido que obra en el expediente.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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