Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00179-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00179-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00179-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de junio de 2025
Demandante: José Oliverio Castellanos Navarro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2025-00179-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00179-00
Demandante: JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS NAVARRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Con escrito radicado el 16 de enero de 2025, el señor José Oliverio
Castellanos Navarro, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Primera con el fin de reclamar el amparo
de sus derechos fundamentales a la «confianza legítima, buena fe, debido
proceso, elegir y ser elegido, participación política».
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida
por la autoridad judicial accionada, que revocó la providencia del 8 de agosto
de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para
en su lugar, decretar la pérdida de investidura del actor como concejal del
municipio de San José de Cúcuta. Esto, en el medio de control identificado
con el radicado 54001-23-33-000 2024-00176-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
Cuarto: Consecuencia de lo anterior, Se declare la cesación de efectos
jurídicos de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil
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Demandante: José Oliverio Castellanos Navarro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2025-00179-00
veinticuatro (2024) proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, dentro del medio de control de
perdida de investidura de Concejal Número único de radicación:
540012333000202400176-01, en contra de JOSÉ OLIVERIO
CASTELLANOS NAVARRO.
Quinto: Se tomen las determinaciones que el(la) señor Juez(a) considere
conducentes para la efectiva protección de los derechos vulnerados1.
A título de medida cautelar, solicitó que se suspendiera de forma inmediata
la providencia cuestionada y que se ordenara a la mesa directiva del
Concejo Municipal de San José de Cúcuta no llevar a cabo la posesión del
siguiente en lista.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:
El señor José Oliverio Castellanos Navarro fue elegido como concejal del
municipio de San José de Cúcuta para el periodo 2020-2023 y designado como
presidente del Concejo Municipal para el año 2022. Con tal designación, se le
atribuyó la responsabilidad del manejo del presupuesto de la Corporación
como ordenador del gasto.
El 28 de junio de 2024, el señor Julio César Pérez Colmenares instauró
demanda en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura en contra
del señor Castellanos Navarro por haber éste, presuntamente, incurrido en la
causal prevista en el numeral 3. ° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el
numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relativa a la indebida
destinación de dineros públicos. Lo expuesto, por considerar que el aquí
accionante dispuso el reconocimiento y pago de honorarios a algunos
concejales, sin comprobar su asistencia a las sesiones del Concejo Municipal.
En primera instancia, conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
el cual denegó las pretensiones del medio de control a través de sentencia del
8 de agosto de 2024.
En respaldo de esta decisión, consideró que únicamente se encontró probado
el elemento objetivo de la causal en el reconocimiento de honorarios al
concejal Nelson Ovalles Agudelo, por asistencia a las sesiones del 23 y 24 de
marzo de 2022, ya que la certificación del secretario general del Concejo
Municipal solo daba cuenta de la asistencia del mencionado a la sesión del 23
de marzo.
1 Transcripción del texto original que puede contener errores.
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Demandante: José Oliverio Castellanos Navarro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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Sin embargo, el tribunal razonó que no se configuró el elemento subjetivo en
el caso. Pese a la discrepancia entre los honorarios reconocidos al concejal
Ovalles Agudelo y la asistencia certificada por el secretario general de la
Corporación, el fallador de primera instancia consideró que de la valoración
del material probatorio no se podía inferir un actuar doloso o gravemente
culposo del accionado. Estimó que no estaba acreditada la periodicidad de la
conducta reprochada ni que esta se hubiese desplegado en beneficio del
concejal que recibió los honorarios.
Apelada la providencia por el Ministerio Público y el señor Pérez Colmenares,
el Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia de segunda instancia
el 31 de octubre de 2024, en la cual revocó el fallo recurrido y decretó la
pérdida de investidura del tutelante.
Para arribar a esta determinación, la autoridad judicial accionada coincidió con
el a quo respecto de la configuración del elemento objetivo de la causal en
punto del reconocimiento de honorarios al concejal Ovalles Agudelo. Sin
embargo, discrepó del fallo apelado por cuanto concluyó que sí se halló el
elemento subjetivo de la causal.
Advirtió que el señor Castellanos Navarro incurrió en culpa grave al pagar
honorarios al concejal Ovalles Agudelo con ocasión de su inasistencia a una
sesión del Concejo Municipal, como se desprende del contraste de la
certificación expedida por el secretario general de la Corporación y la
resolución que reconoció el concepto. Lo anterior, sin atender al deber de
diligencia mínimo, toda vez que no se demostró que desplegara una conducta
diligente que permitiera establecer un actuar de buena fe calificada.
Por otro lado, el 28 de junio de 2024, el tutelante radicó petición dirigida al
Concejo Municipal de San José de Cúcuta en el cual solicitó que se le
entregaran los siguientes documentos:
1. Copia íntegra de las certificaciones de asistencia a sesiones ordinarias y
extraordinarias de los concejales del municipio de San José de Cúcuta
vigencia 2022, misma que se toma como referente para cancelar las sesiones
a los corporados, dicha certificación será expedida por el Director
Administrativo de la corporación o quien haga sus veces.
2. Copia íntegra del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP,
Registro Presupuestal – RP, orden de pago y certificado de egreso de pago
de sesiones ordinarias y extraordinarias de los concejales del municipio de
San José de Cúcuta vigencia 2022.
3. Copia del manual de funciones y competencias de los empleados de la
planta global del concejo municipal de san José de Cúcuta vigencias 2022, de
existir modificaciones posteriores al año 2022 allegar las respectivas
modificaciones hasta la fecha.
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El 2 de julio de 2024, radicó otras dos peticiones en la misma Corporación, en
complementación a la anteriormente elevada y en las cuales solicitó que se le
informara:
1. Cuántos días sesionó durante la vigencia 2022, incluyendo sesiones
ordinarias y extraordinarias los integrantes de la corporación concejo
municipal de san José de Cúcuta.
2. Cuál fue el valor ejecutado durante la vigencia 2022 por concepto de
sesiones ordinarias y extraordinarias los integrantes de la corporación concejo
municipal de san José de Cúcuta.
3. En la ejecución presupuestal vigencia 2022, por concepto de sesiones
ordinarias y extraordinarias, cuál fue el valor no ejecutado.
4. Indicar el monto o valor total destinado para el pago de sesiones ordinarias
y extraordinarias vigencia 2022 de los integrantes de la corporación concejo
municipal de San José de Cúcuta.
5. Se sirva indicar el número de sesiones asistidas tanto ordinarias y
extraordinarias de los integrantes de la corporación concejo municipal de san
José de Cúcuta vigencia 2022.
El 10 de julio de 2024, el tesorero general de la Corporación otorgó respuesta
a lo peticionado. No obstante, el 12 de noviembre de 2024, el señor
Castellanos Navarro radicó una nueva petición dirigida al Concejo Municipal
de San José de Cúcuta en la cual señaló que la respuesta expedida a las
solicitudes previas no había sido de fondo, puesto que no se suministró lo
requerido.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora afirmó que la solicitud de amparo supera todos los requisitos
de procedencia fijados por la Corte Constitucional. En particular, comentó que
agotó todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial,
puesto que está cuestionando una sentencia que clausuró la segunda
instancia de un medio de control al interior del cual desplegó proactivamente
sus facultades de defensa y contradicción.
Resaltó que el asunto goza de relevancia constitucional, ya que se está
discutiendo la vulneración de derechos fundamentales por los defectos
existentes en la providencia cuestionada. Finalmente, comentó que se acredita
el requisito de inmediatez, puesto que no transcurrieron más de seis meses
desde la ejecutoria de la sentencia objetada y la interposición de la acción de
tutela.
En respaldo de su solicitud de amparo, relató que, el 28 de junio y el 2 de julio
de 2024, radicó una serie de peticiones dirigidas al Concejo Municipal de San
José de Cúcuta con la finalidad de reunir el material probatorio necesario para
controvertir los elementos fácticos de la demanda de pérdida de investidura
que se instauró en su contra.
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Comentó que, si bien el 10 de julio de 2024 la Corporación municipal otorgó
respuesta, lo hizo de manera incompleta. En vista de esto, el 12 de noviembre
de 2024 solicitó al Concejo Municipal que suministrara toda la información
previamente peticionada. Así las cosas, el 15 de noviembre de 2024, le dieron
una nueva contestación en la cual le aportaron los soportes de certificado de
egreso de la Corporación.
Consideró que, de los documentos que le fueron allegados en la última
respuesta del Concejo Municipal, se puede corroborar que no existió una
indebida destinación de dineros públicos de su parte. Alegó que, a partir de
esta nueva información, se constata que se presentó un mero error de
transcripción en la resolución que reconoció los honorarios a los concejales,
pero que, en realidad, el supuesto pago que se efectuó y que constituyó el
fundamento de la decisión de pérdida de investidura, no corresponde a la
realidad.
Con base en esta explicación, sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en los siguientes defectos en la sentencia objeto de reproche:
En primer lugar, señaló la existencia de un defecto fáctico. Al respecto,
expuso que el Consejo de Estado, Sección Primera adoptó la decisión tras una
valoración errónea de la resolución a través de la cual se reconocieron los
honorarios a los concejales y la certificación de asistencia del 24 de marzo de
2022.
Sostuvo que, si bien la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, a través de
la cual se reconoció el pago de honorarios a los concejales por la asistencia a
las sesiones ordinarias del 23 y 24 de marzo, en su parte motiva indica que se
cancelaron 35 sesiones por un total de $16.441.810, resuelve pagar un monto
de $15.972.044, que corresponde a los honorarios de 34 sesiones. Alegó que,
esto acredita que al concejal Ovalles Agudelo solo se le canceló una sesión
por valor de $479.766.
En consecuencia, criticó que no se realizó una valoración exhaustiva de las
circunstancias de la pérdida de investidura, decretando pruebas de manera
oficiosa, requiriendo las órdenes de egreso del Concejo Municipal y las
constancias de lo pagado al concejal Ovalles Agudelo. Señaló que la omisión
de decretar pruebas que hubieran podido incidir en la decisión adoptada, más
allá de las allegadas por las partes, constituye un defecto fáctico negativo.
Resaltó que la decisión cuestionada vulnera el principio de legalidad y el
derecho fundamental al debido proceso, imponiendo una sanción equiparable
a la “muerte política” sin pruebas concluyentes sobre el supuesto pago de
honorarios a un concejal por una sesión a la cual no asistió.
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Asimismo, manifestó que el Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y en un
desconocimiento del precedente como yerro independiente. Lo anterior, al
no atender la línea jurisprudencial según la cual se debe demostrar el dolo o
la culpa grave para imponer la sanción de pérdida de investidura. Más aún,
existiendo interpretaciones contradictorias sobre los hechos y la
responsabilidad del accionado, caso en el cual debe observarse los principios
pro homine, in dubio pro reo y de favorabilidad en derecho sancionatorio.
Adicionalmente, adujo que la sanción de pérdida de investidura resulta
desproporcionada y alejada de los estándares jurisprudenciales aplicables,
puesto que se fundamentó en un eventual error administrativo aislado, sin
intencionalidad comprobada y que no implicó la afectación real del erario.
Finalmente, argumentó que, como consecuencia de las presuntas fallas
probatorias, la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa la
Constitución en detrimento de sus garantías fundamentales, al ignorar los
principios mencionados que son pilares del derecho sancionatorio.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 10 de febrero de 2025, la magistrada ponente admitió la
solicitud de amparo y, en consecuencia, resolvió: (i) notificar la acción de tutela
al Consejo de Estado, Sección Primera; (ii) vincular en calidad de terceros con
interés al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al señor Julio César
Pérez Colmenares; (iii) oficiar al a quo y al ad quem del medio de control de
pérdida de investidura para que remitieran el expediente 54001-23-33-000-
2024-00176-00/01; (iv) reconocer personería jurídica al apoderado de la parte
actora ,y (v) negar la medida cautelar solicitada.
1.6. Auto que ordenó notificar y resolvió otros asuntos
A través de auto del 4 de marzo de 2025, se ordenó la vinculación al proceso
de la Procuraduría General de la Nación por haber participado en el trámite del
proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 54001-23-33-
000 2024-00176-00/01, y encontrarse dentro de los apelantes de la sentencia
de primera instancia en el referido medio de control.
Asimismo, se negó el recurso de reposición presentado el 13 de febrero de
2024 por la parte actora contra el auto del 10 de febrero de 2025, a través del
cual se resolvió admitir la acción de tutela y negar la medida cautelar solicitada.
Finalmente, se accedió a la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor
José Leonardo Jacome Carrascal, concejal de la oposición en el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta.
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1.7. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela y el auto del 4 de marzo de 2025, libró
los oficios dirigidos a los sujetos procesales2, en virtud de los cuales se
recibieron los siguientes:
1.7.1. Consejo de Estado, Sección Primera
En escrito suscrito por el magistrado ponente de la sentencia cuestionada,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional o, en su
defecto, se negara la solicitud de amparo.
Manifestó que en el caso bajo examen no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, pues la acción de tutela se fundamenta en los mismos
argumentos que fueron planteados y decididos en la sentencia del 31 de
octubre de 2024, que decretó la pérdida de investidura del concejal. Por ende,
consideró que la tutela está siendo utilizada como una tercera instancia,
denotando su improcedencia.
En cuanto a los presuntos yerros alegados, argumentó que no se configura el
defecto fáctico, pues el actor no solicitó pruebas dentro del proceso en los
términos de los artículos 212 del CPACA y 173 del CGP. Resaltó que no existía
una obligación legal para decretar pruebas de oficio como el accionante lo
sugirió en el escrito inicial.
Asimismo, descartó la existencia de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, argumentando que el accionante no cumplió
con la carga argumentativa mínima, al no señalar con precisión cuáles
sentencias fueron desconocidas.
En cuanto a la presunta violación directa de la Constitución, refirió que el actor
no explicó cómo se configuró dicha vulneración, ni demostró que la decisión
judicial haya interpretado normas en contra de la Carta Política, omitiendo la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad o desconocido postulados
constitucionales.
1.7.2. Tribunal Administrativo del Norte de Santander
El tribunal narró las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso de
pérdida de investidura adelantado contra el aquí accionante. Refirió que, de la
solicitud de amparo, no le es atribuible ninguna acción u omisión que justifique
su vinculación al trámite de tutela.
2 Índices 10, 28 y 29 del expediente de Samai.
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1.7.3. Julio César Pérez Colmenares
El señor Pérez Colmenares solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela puesto que el mecanismo constitucional no puede ser
entendido como una tercera instancia judicial. Subrayó que el accionante contó
con todas las garantías procesales en el transcurso del medio de control de
pérdida de investidura.
1.7.4. José Leonardo Jacome Carrascal
El concejal de la oposición, en respaldo de la solicitud de amparo, argumentó
que la sentencia de pérdida de investidura se basó en un error de transcripción
dentro de la resolución que dispuso reconocer honorarios a los concejales.
Sostuvo que el monto realmente cancelado es verificable con la revisión el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la Corporación municipal.
Adicionalmente, enfatizó que la sanción impuesta no solo afecta al concejal,
sino que también vulnera los derechos de sus electores, al modificar la
composición política del Concejo y afecta la representación de la oposición.
Destacó que la acción de tutela no se interpone como un mecanismo adicional
dentro del proceso de pérdida de investidura, sino como un recurso para la
protección de derechos fundamentales, en atención a la inminencia de un daño
irreversible.
En memorial posterior al reconocimiento de su condición de coadyuvante, el
señor Jacome Carrascal agregó que el defecto fáctico en que incurrió el
Consejo de Estado, Sección Primera tuvo lugar al omitir decretar las pruebas
necesarias, tanto documentales como testimoniales, para dirimir el proceso de
pérdida de investidura.
Asimismo, criticó la indebida valoración de la Resolución 045 de 2022 del
Concejo Municipal de San José de Cúcuta, la cual obra en el expediente de
pérdida de investidura. A su parecer, en esta prueba documental se hace
evidente que el fundamento que llevó a concluir a la autoridad judicial
accionada que el señor Castellanos Navarro incurrió en la conducta
sancionable se reduce a un mero error de transcripción.
Señaló que la tardanza del Concejo Municipal de Cúcuta en otorgar respuesta
de fondo al derecho de petición del accionante, limitó gravemente el derecho
a la defensa del señor Castellanos Navarro al impedirle obtener prueba clave
para desvirtuar los cargos en su contra.
Por último, solicitó que se le cite a rendir declaración juramentada para
esclarecer los hechos que sustentan la solicitud de amparo.
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1.7.5. Procuraduría General de la Nación
La entidad se opuso a la acción de tutela. Consideró que en la sentencia
cuestionada no se materializan los defectos señalados por la parte actora,
puesto que aplicó las normas que regulan el caso desplegando una
interpretación razonable, que se fundamentó en las pruebas obrantes en el
expediente de pérdida de investidura.
En consecuencia, indicó que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante y solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
1.7.6. Jairo Enrique Salcedo Hurtado
El señor Salcedo Hurtado, quien se desempeña como tesorero del Concejo
Municipal de San José de Cúcuta presentó solicitud de coadyuvancia al
considerar que «[…] la situación jurídica fáctica puede ser dirimida con la
intervención y manifestación del suscrito […]».
Afirmó que, tras analizar en conjunto el contenido de la Resolución 045 de
2022, la certificación del 24 de marzo de 2022 expedida por el secretario
general de la Corporación municipal y el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal CDP 03077 del 18 de marzo de 2022, se hace evidente que el
accionante no ordenó el pago que llevó a la sanción determinada por la
autoridad judicial accionada. En este sentido, señaló que el cargo de pérdida
de investidura partió de un error de digitalización o transcripción.
Igualmente, solicitó que, de estimarse pertinente, se le llame a rendir
testimonio para contribuir al desarrollo de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 20153, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
Antes de iniciar el estudio del asunto de la referencia, debe abordarse la
solicitud probatoria elevada por los señores José Leonardo Jacome Carrascal
y Jairo Enrique Salcedo Hurtado, además de la petición de coadyuvancia de
este último.
3Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
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En sus escritos de intervención, los señores Jacome Carrascal y Salcedo
Hurtado pidieron la práctica de una prueba testimonial, con la que se pudieran
aclarar las circunstancias que rodean la solicitud de amparo. No obstante, se
negarán tales solicitudes probatorias puesto que las mismas no reportan
utilidad, en la medida que, a partir de los documentos allegados con el escrito
tutelar, su contestación y las intervenciones existe suficiente material
probatorio para resolver la solicitud de amparo.
De otra parte, se accederá a la solicitud de coadyuvancia del señor Salcedo
Hurtado, pues por su relación con los hechos que dan lugar a la acción de
tutela, se evidencia que le asiste un interés legítimo en el resultado del proceso
como tesorero del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, y en línea con
lo estipulado en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19914.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos
fundamentales del accionante a la confianza legitima, buena fe, debido
proceso, a elegir y ser elegido y a la participación política, con ocasión
de la sentencia del 31 de octubre de 2024, al interior del medio de
control de pérdida de investidura identificado con radicado 54001-23-
33-000 2024-00176-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos
de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el análisis del caso
4 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá
por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud».
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en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró
su procedencia.7
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia
del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de
la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
En su solicitud de amparo, el señor Castellanos Navarro señala que, en la
sentencia controvertida, el Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en
los siguientes defectos: (i) fáctico por una indebida valoración del material
probatorio y, además, por una omisión en el decreto de pruebas requeridas
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
11
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para adoptar la decisión; (ii) sustantivo por desconocimiento del precedente;
(iii) desconocimiento del precedente; y (iv) violación directa de la Constitución.
En este sentido, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencia judicial para cada uno
de estos cargos, de manera que, si alguno de ellos los supera todos,
corresponderá adelantar un estudio del fondo del asunto.
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente
a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
Sobre el particular, para la Sala este requisito se encuentra superado respecto
al defecto fáctico en las dos dimensiones alegadas por el accionante y la
violación directa de la Constitución, por cuanto adujo que en consecuencia de
este yerro se le vulneraron sus derechos fundamentales más allá del debate
legal surtido ante el juez natural de la especialidad.
En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación de
la autoridad judicial accionada al revocar la sentencia de primera instancia,
sino que el accionante tiene la intención de demostrar errores en el decreto y
valoración de las pruebas que, de no haber acaecido, hubiera cambiado
totalmente el sentido de la decisión. Asimismo, la parte actora explicó cómo la
existencia de estos imperfectos conduce a una probable violación de principios
de rango constitucional.
El escrito de amparo contiene múltiples argumentos que exponen cómo se
materializó la transgresión de las garantías fundamentales invocadas, aunado
12
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a que la exposición de la parte actora no se hace de una manera abstracta,
sino que, por el contrario, esta se realizó de forma puntual, precisando los
yerros en los que presuntamente incurrió el Consejo de Estado, Sección
Primera.
Por todo lo anterior se concluye que, sobre al defecto fáctico invocado y la
violación directa de la Constitución, se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia
de una posible vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, cuya
controversia no se enfocó en un debate de contenido legal, sino que se justificó
en una notoria tensión entre las garantías expuestas y la decisión judicial
objeto de reproche.
Sin embargo, se observa que el asunto no supera este requisito en lo que
atañe a los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y
desconocimiento del precedente.
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la
competencia que cada uno tiene. Pues, con la acción de tutela no se erige una
tercera instancia. Asimismo, en el citado fallo de la Corte Constitucional, se
precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.
En este orden de ideas, el alto tribunal constitucional refirió que las finalidades
del requisito en mención son:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal.8
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
8 Sentencia SU-573 de 2019.
13
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”10
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal14. (Resaltado de la Sala)
La parte actora alegó que el Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en
los dos defectos señalados por no atender el precedente aplicable, puesto que
no se demostró el dolo o la culpa grave para imponer la sanción de pérdida de
investidura.
Se advierte que, si bien en el escrito tutelar se sostienen la configuración de
estos defectos en la providencia objeto de reproche, no se superó la carga
argumentativa mínima que se requiere para proceder con un análisis de fondo
del asunto, lo que denota que en realidad los motivos de inconformidad del
accionante no son de orden constitucional.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.
14
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En lo que respecta al desconocimiento del precedente, esta Sección ha
considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera
desatendida; ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior; y iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En este sentido, la parte accionante no cumplió con ninguno de los elementos
que constituyen la carga argumentativa mínima de estos cargos, pues ni
siquiera identificó el precedente que consideró desatendido. Lo anterior,
denota la falta de relevancia constitucional de los reparos formulados e impide
a esta Sala, actuando como juez constitucional, adentrarse en el estudio del
fondo del asunto en cuanto a los defectos relacionados con el desconocimiento
del precedente.
Se resalta que las omisiones del actor en la argumentación de la solicitud de
amparo no pueden ser suplidas oficiosamente por el juez, pues tratándose de
tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional dejó en claro en la
sentencia SU-215 de 2022 que el fallador debe atenerse exclusivamente a los
reparos formulados por el demandante:
Adicionalmente, y dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”15.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una
entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela16. Así, por
ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-149 de
2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la tutela
contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como órganos
de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en términos
de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta
vía, en la materialización del principio de igualdad. (Resaltado de la Sala)
2.5.2. Subsidiariedad
De los cargos que superan el requisito de relevancia constitucional, la Sala
prevé que el defecto fáctico por la omisión en el decreto de pruebas no cumple
con el requisito de subsidiariedad.
15
Sentencia SU-074 de 2022.
16
Sentencia SU-072 de 2018.
15
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El señor Castellanos Navarro consideró configurado este yerro en la sentencia
proferida el 31 de octubre de 2024 por la autoridad judicial accionada, tras
relatar que, hasta el 15 de noviembre de la misma anualidad, el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta le allegó los documentos peticionados a
través de los cuáles se corrobora que no existió una indebida destinación de
dineros públicos de su parte, contrario a lo concluido al interior del medio de
control de pérdida de investidura.
Por otro lado, alegó que el Consejo de Estado, Sección Primera, se limitó a
valorar la resolución a través de la cual se reconocieron los honorarios a los
concejales y la certificación de asistencia del 24 de marzo de 2022. Lo anterior,
sin decretar pruebas de manera oficiosa, ni requerir las ordenes de egreso del
Concejo Municipal y las constancias de lo pagado al concejal Ovalles Agudelo.
Como se observa, este cargo versa sobre la falta de decreto de pruebas de
oficio en el medio de control de pérdida de investidura, para dar por probado
lo que presuntamente se acreditó en la respuesta otorgada el 15 de noviembre
de 2024 por el Concejo Municipal de San José de Cúcuta. Este reparo no
supera el requisito de procedibilidad bajo estudio, por las siguientes razones:
En primer lugar, de la lectura de la contestación de la demanda de pérdida de
investidura y de la revisión de las demás actuaciones defensivas desplegadas
en la primera y segunda instancia de dicho proceso, se observa que la parte
actora tuvo la oportunidad de solicitar el decreto de dichas pruebas y, sin
embargo, lo omitió.
Los documentos referidos por el señor Castellanos Navarro que, a su juicio,
daban cuenta de que no incurrió en la conducta señalada en la demanda que
dio lugar a la sentencia cuestionada, eran susceptibles de ser obtenidos a
través de petición dirigida al Concejo Municipal de Cúcuta, como finalmente
sucedió con la respuesta otorgada por tal cuerpo colegiado el 15 de noviembre
de 2024.
Se observa que, tras la interposición de la demanda de pérdida de investidura
en su contra, el actor elevó petición al Concejo Municipal de Cúcuta para que
se le aportaran los documentos que estimó necesarios para construir su
defensa. A pesar de esto, como el señor Castellanos Navarros lo señaló en
petición del 12 de noviembre de 2025 aportada a la entidad en mención, a su
parecer las respuestas previas no habían sido de fondo en tanto omitieron
allegar algunos de los documentos solicitados.
En ese orden de ideas, se debe poner de presente el segundo parágrafo del
artículo 173 de la Ley 1564 de 2012 que resulta aplicable al medio de control
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de pérdida de investidura por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de
201117. Este parágrafo estipula:
En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas
por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión
de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se
abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio
de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite,
salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse
sumariamente. (Resaltado de la Sala)
A partir de lo anterior, la Sala concluye que el defecto fáctico (específicamente
el argumento señalado) no supera el requisito de subsidiariedad comoquiera
que el accionante pudo haber solicitado al juez de pérdida de investidura la
práctica de las pruebas documentales que, a través de petición presuntamente
desatendida, solicitó al Concejo Municipal de Cúcuta.
En segundo lugar, se recuerda que el señor Castellanos Navarro cuenta con
el recurso extraordinario de revisión para ventilar la discusión propuesta en
punto de esta dimensión del defecto fáctico; ya que está alegando la omisión
de decreto de pruebas documentales que fueron allegadas al accionante por
parte del Concejo Municipal de Cúcuta con posterioridad a la sentencia
cuestionada, esto es, en respuesta del 15 de noviembre de 2024.
Puntualmente, el artículo 250.1 de la Ley 1437 de 2011, en torno a las causales
de revisión, establece que este recurso procede en los siguientes supuestos:
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
En suma, no procede el estudio de fondo del defecto fáctico por omisión en el
decreto de pruebas al no superarse el requisito de subsidiariedad, pues: (i) al
interior del proceso de pérdida de investidura, el accionante no solicitó las
pruebas que consideró debieron ser decretadas oficiosamente por la autoridad
judicial accionada y, (ii) en todo caso, el señor Castellanos Navarro dispone
del recurso extraordinario de revisión para adelantar la discusión propuesta a
través de la solicitud de amparo de la referencia.
Por el contrario, este requisito se acredita frente a los defectos fáctico por
indebida valoración del material probatorio y violación directa de la
Constitución.
17
Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código,
se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.
17
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En el escrito inicial, ambos yerros los desplegó el tutelante a partir de la
presunta valoración errada del material probatorio obrante en el expediente de
pérdida de investidura. En concreto, señaló que la autoridad judicial accionada
no contempló una inconsistencia manifiesta en la Resolución 045 del 24 de
marzo de 2022, documento que fue aportado con la demanda instaurada por
el señor Julio César Pérez Colmenares.
En consecuencia, al tratarse de una providencia que resolvió en segunda
instancia el proceso de pérdida de investidura, es evidente el agotamiento de
los recursos para cuestionar la valoración surtida frente a esta prueba
documental.
Asimismo, se observa que el accionante no persigue discutir la legalidad de la
Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, para lo cual contaría con los medios
de control ordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011, sino poner de presente
la falta de valoración de inconsistencias palmarias contenidas en la prueba
documental que, desde su perspectiva, hubieran influido en la decisión
adoptada.
Por último, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación
de jurisprudencia para discutir la apreciación de la Resolución 045 del 24 de
marzo de 2022 por parte del juez natural de la causa, en tanto la inconformidad
señalada por la parte actora en estos reparos no se adecúa a las causales
establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
Así las cosas, se continuará el análisis de los requisitos de procedibilidad
restantes, únicamente frente al defecto fáctico por indebida valoración de la
prueba y la violación directa de la Constitución.
2.5.3. Inmediatez
Frente a estos cargos, también se acredita el cumplimiento del requisito de la
inmediatez. Lo anterior, dado que la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Primera que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales, fue
notificada a través de correo electrónico del 13 de noviembre 202418.
No obstante, dentro del término de ejecutoria de la providencia, el demandado,
aquí actor, presentó solicitud de aclaración y adición del fallo que se dirigieron
a cuestionar la conclusión sobre la configuración del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura en el caso. Estas solicitudes se resolvieron
negativamente a través de auto del 30 de enero de 2025 19, decisión que fue
18 Índice 00015 Samai del expediente digital de segunda instancia 54001-23-33-000-2024-
00176-01.
19
Índice 00024 Samai del expediente digital de segunda instancia 54001-23-33-000-2024-
00176-01
18
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notificada mediante correo electrónico del 7 de febrero de la misma
anualidad20.
Puesto que el actor presentó la acción de tutela el 16 de enero de 2025, sin
que sea necesario establecer la fecha de ejecutoria de la providencia
controvertida, se advierte que la acción de tutela se radicó dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación.21
2.5.4. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al
interior del proceso pérdida de investidura identificado con el radicado 54001-
23-33-000-2024-00176-00/01.
Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado respecto de los defectos fáctico por indebida valoración probatoria
y violación directa de la Constitución, no sin antes resaltar el carácter
excepcional de la acción de amparo, el cual tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial 22, la
protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la
confianza en los fallos judiciales23.
2.6. Generalidades del defecto fáctico
Esta Sala, en decisión de 12 de noviembre del 201524, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en
la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
20
Índice 00026 Samai del expediente digital de segunda instancia 54001-23-33-000-2024-
00176-01
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
19
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De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201625, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido
a consideración, y ésta fue negada; ello sin
desconocer la facultad del juez ordinario de negar
pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas,
es importante considerar que no toda negativa a un
Omisión de decreto de pruebas abre la posibilidad a la
decreto y práctica configuración del defecto, ya que éste procederá
de pruebas cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
indispensables que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
para fallar el parámetros arriba señalados.
asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
• Identifique el elemento probatorio que solicitó.
• Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
• Exponga las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual,
de haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
Desconocimiento
punto, se requiere que, de forma específica, se
del acervo
concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio
aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para
desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
hechos alegados
por las partes
• Identifique los elementos de prueba no valorados
por el juez.
• Demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
25Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
20
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• Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que la parte:
• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
Valoración de indebida valoración por el juez.
irracional o • Refiera la razón del por qué, en cada caso en
arbitraria de las particular, la consideración del operador judicial se
pruebas aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
aportadas sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo
atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
decide el asunto con base en pruebas que no
observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
Dictar sentencia
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
con fundamento
prueba que desconoce el debido proceso de las
en pruebas
partes.
obtenidas con
violación del
Para su configuración corresponde que el actor:
debido proceso
• Señale con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha
vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
21
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mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el
ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros,
la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de
la Constitución.
2.7. Generalidades de la violación directa de la Constitución
La Corte Constitucional26 ha precisado que, la violación directa de la
Constitución como causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, deviene del valor normativo que se ha reconocido a
los preceptos constitucionales. Por tal razón, es dable cuestionar providencias
judiciales a través de este mecanismo constitucional «en los eventos donde los
jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores27.»28
Asimismo, en la sentencia SU-027 de 2021, respecto de los alcances de esta
causal, aclaró:
La Corte Constitucional ha sostenido que todas las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial entrañan en sí
mismas un desconocimiento de la Constitución29. No obstante, estableció de
manera concreta la de violación directa de la carta superior cuando el juez al
proferir la sentencia omite, contradice o le da un alcance insuficiente a las
reglas, principios y valores consagrados en el texto superior30.
En cuanto a los escenarios en que tiene lugar el defecto de violación directa de
la Constitución, ha reiterado en distintas oportunidades, como en la sentencia
SU-198 de 2013, que:
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto31; o porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución32.
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
26 SU-069 de 2018.
27 Sentencias SU-198 de 2013, T-555 y T-310 de 2009.
28 Ibidem.
29 Sentencia T-551 de 2010.
30 sentencia T- 587 de 2017.
31 Sentencia T-460 de 2016.
32 Sentencia SU-354 de 2017.
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conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata33 y (c) cuando el juez en sus resoluciones
vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución34.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le
interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar
las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad35.
2.8. Caso concreto
En el presente caso, la parte accionante fundamenta la solicitud de amparo
constitucional en la configuración de un defecto fáctico en la sentencia del 31
de octubre de 2024, argumentando que la autoridad judicial demandada
incurrió en una errónea valoración del material probatorio, lo que condujo a la
declaratoria de pérdida de investidura por la indebida destinación de dineros
públicos sin un adecuado sustento probatorio.
En este sentido, el accionante señaló que el Consejo de Estado, Sección
Primera respaldó su decisión con base en dos pruebas documentales: (i) la
certificación expedida por el secretario del Concejo Municipal, en la que se
indicó que el concejal Ovalles Agudelo asistió a la sesión del 23 de marzo de
2022 pero no a la del 24 del mismo mes; y (ii) la Resolución 045 del 24 de
marzo de 2022, suscrita por el propio accionante, en la que se ordenó el pago
de honorarios al mencionado concejal por ambas sesiones.
El señor Castellanos Navarro sostuvo que la certificación del secretario
general del Concejo Municipal ofrece claridad sobre la asistencia a las
sesiones del 23 y 24 de marzo de 2022, pero que se debió examinar con mayor
detenimiento el contenido de la Resolución 045 de 2022. Según su
argumentación, si bien en la parte motiva del acto administrativo se alude al
pago de honorarios por 35 sesiones, ello responde a un simple error de
transcripción pues el valor efectivamente ordenado para pago corresponde a
34 sesiones, como lo sintetiza en la siguiente tabla:
33 Sentencia SU-047 de 1999.
34 Sentencia SU-175 de 2015.
35 Sentencia C-104 de 1993.
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Con base en lo anterior, el accionante afirmó que:
[…] nos encontramos ante un error de transcripción en donde en la parte
resolutiva de dicho acto administrativo el concejal Ovalles Agudelo Nelson se
le cancelo presuntamente dos sesiones por el valor de $939.532 siendo real
en la transcripción el valor de 1 sesión por el valor de $469.766.
A partir de estas observaciones que, en su sentir, no fueron tenidas en cuenta
por la autoridad judicial accionada, el actor subrayó que la sentencia
cuestionada desconoció principios constitucionales al imponer la sanción de
pérdida de investidura sin una valoración integral de los argumentos y
circunstancias favorables al investigado. En su criterio, la decisión adoptada
por el Consejo de Estado, Sección Primera priorizó una interpretación que le
fue desfavorable, a pesar de que existían fundamentos jurídicos y probatorios
que sustentaban su absolución.
A partir de estos cargos formulados por el accionante, le corresponde a la Sala
determinar si se acreditan los elementos para dar por configurado el defecto
fáctico por indebida valoración probatoria. Además, deberá establecerse si, en
caso de comprobarse tal yerro, este condujo a una violación directa de la
Constitución por el desconocimiento de los principios superiores aplicables al
medio de control de pérdida de investidura.
Para empezar, se evidencia que la prueba cuestionada por el tutelante es la
Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, este documento se encuentra entre
aquellos que fueron aportados con la demanda de pérdida de investidura y fue
explícitamente valorado en las sentencias que clausuraron la primera y la
segunda instancia.
En la sentencia objeto de reproche, en cuanto a la valoración de la Resolución
045 del 24 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera señaló
que:
100. En el expediente del proceso de la referencia se encuentra probado lo
siguiente:
[…]
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100.7.1. El Secretario mediante certificación36 expedida el 24 de marzo de
2022 indicó que Nelson Ovalles Agudelo asistió a la sesión de 23 de marzo de
2022, pero no asistió a la de 24 de marzo de 2022, así:
100.7.2. No obstante lo anterior, el Concejal acusado reconoció los honorarios
mediante la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de 202237 por las dos
sesiones indicadas anteriormente. En la citada Resolución se indicó que “[…]
de conformidad con lo anterior, se debe reconocer el pago de honorarios a cada
uno de los Concejales por sesión plenaria asistida, el cual corresponde a la
suma de $ 469.766, de acuerdo al incremento porcentual del año respectivo,
previa certificación de asistencia que para el efecto ha expedido la Secretaria
General de la Corporación […]”.
A partir del recuento de la valoración surtida al interior del medio de control de
pérdida de investidura, se hace necesario el estudio de la prueba para
establecer, si en el caso particular, las consideraciones de la autoridad judicial
accionada se alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica,
en el sentido que indica el tutelante.
En sus consideraciones, el acto administrativo comentado prevé el
reconocimiento del «pago de Honorarios a cada uno de los concejales por
36 Cfr. Índice 23 Samai del Tribunal.
37 Cfr. Índice 2 Samai del Tribunal.
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sesión plenaria asistida, el cual corresponde a la suma de $ 469.766», con
relación a las sesiones ordinarias del 23 y 24 de marzo del Concejo Municipal
de San José de Cúcuta. Seguidamente, relaciona el número de sesiones a las
cuales asistió cada uno de los concejales, como se evidencia:
Con fundamento en esto, resuelve reconocer los siguientes pagos por
concepto de honorarios:
El accionante alega que la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022 presenta
un error de transcripción del que no se percató la autoridad judicial accionada
en su valoración, y del cual se concluye que al concejal Ovalles Agudelo no se
le reconocieron honorarios por la sesión del 24 de marzo de 2022, de la cual
estuvo ausente.
Esta Sala observa que, tal como lo indica el tutelante, la sumatoria de las
asistencias anotadas en las consideraciones de la resolución arroja un total de
35. En este sentido, el cálculo del pago de la totalidad de estas sesiones
equivale a la multiplicación del valor de los honorarios que deben reconocerse
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por una asistencia ($469.766) por la totalidad de asistencias (35). Tal
operación, indica que dicho monto asciende a $16.441.810.
De igual manera, de sumarse todos los valores a pagar por concepto de
honorarios a cada uno de los concejales y que se anuncian en la tabla
contenida en la parte resolutiva del acto administrativo, se obtiene un total de
$16.441.810, que corresponden a los honorarios de 35 sesiones.
No obstante, la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022 especifica en sus
consideraciones «que, el tesorero de la Corporación expidió los certificados de
disponibilidad presupuestal #03-077 del 18 de Marzo de 2022, por valor de $
15.972.044» y, en armonía con esto, el valor total que se resuelve reconocer
para el pago de honorarios es $15.972.044.
Con esta exposición, resulta evidente que existe una discrepancia entre los
valores reconocidos por concepto de honorarios a cada uno de los concejales
y el monto total determinado en la resolución. Dicha discrepancia consiste en
la diferencia entre el valor que debió haberse reconocido por el pago de las 35
sesiones señaladas en las consideraciones del acto administrativo, es decir,
$16.441.810, y el valor total resuelto, $15.972.044. En este sentido, la
diferencia asciende a $469.766, equivalente al valor de los honorarios por una
asistencia.
Esta incongruencia visible en la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, que
el accionante atribuye a un error de transcripción, no fue advertida en la
sentencia objeto de reproche. Por tanto, hay lugar a concluir que el Consejo
de Estado, Sección Primera valoró indebidamente la prueba al no percatarse
de las inconsistencias previamente puestas de presente. No obstante, para
verificar la configuración del yerro fáctico se debe establecer si la deficiencia
probatoria identificada tiene incidencia el fallo atacado, como lo sostiene el
señor Castellanos Navarro.
En la sentencia del 31 de octubre de 2024, la autoridad judicial accionada
precisó que, para declarar la pérdida de investidura del aquí accionante, debían
converger el elemento objetivo y subjetivo de la causal discutida. A su vez,
sobre el primero de estos elementos, indicó que para darlo por consolidado
debían resolverse las siguientes cuestiones: «i) que se ostente la condición de
miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente a
dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados».
En el desarrollo de los componentes del elemento objetivo de la causal, la
autoridad judicial accionada dio por probado que el señor Castellanos Navarro
destinó indebidamente dineros públicos puesto que le reconoció honorarios al
concejal Ovalles Agudelo por la sesión del 24 de marzo de 2022, a la cual este
no asistió. A esta conclusión arribó a partir de la valoración y contraste de dos
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pruebas documentales. Por un lado, la certificación del secretario general del
Concejo de San José de Cúcuta y, por otro lado, la Resolución 045 del 24 de
marzo de 2022, como se constata con el siguiente fragmento de la sentencia:
102. Por tanto, la Sala, al realizar el análisis conjunto las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica, concluye que, en el caso sub
examine, José Oliverio Castellanos Navarro, en su condición de Presidente
del Concejo Municipal de San José de Cúcuta para el año 2022 y ordenador
del gasto, al disponer mediante la Resolución núm. 045 de 24 de marzo de
2022 el pago de los honorarios al Concejal Nelson Ovalles Agudelo por
asistencia a la sesión de los días 23 y 24 de marzo de 2022, pese a que la
certificación del secretario general del Concejo de San José de Cúcuta, solo
señala la asistencia de este Concejal a la sesión del día 23 de marzo de 2022
incurrió desde el punto de vista objetivo, en la conducta descrita en el artículo
48.4 de la Ley 617 de 2000, al haber desviado la finalidad de los recursos
públicos a unos propósitos no autorizados por la Constitución y la ley.
Entonces, es claro que las determinaciones a las que llegó la autoridad al
valorar el acto administrativo fueron esenciales para respaldar la pérdida de
investidura del accionante, pues a través de ellas se dio por acreditado que
existió una indebida destinación de dineros públicos. Esto último, que es uno
de los componentes que deben establecerse para que surja el elemento
objetivo de la causal que dio lugar a la sanción.
El yerro probatorio en que incurrió el Consejo de Estado, Sección Primera al no
advertir la incongruencia manifiesta contenida en la Resolución 045 del 24 de
marzo de 2022, tiene una incidencia determinante en el resultado del proceso
de pérdida de investidura. En efecto, de haberse percatado de dicha
inconsistencia, el sentido de la sentencia controvertida podría haber sido
distinto, ya que la duda sobre el reconocimiento de honorarios en favor del
concejal Ovalles Agudelo pone en entredicho el surgimiento del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura.
Tal como se expuso, el desfase numérico, al no ser advertido ni analizado por
la autoridad judicial cuestionada, conlleva a la configuración de un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria. La consideración sobre esta
incongruencia en el acto administrativo aportado como prueba documental es
indispensable, pues genera una duda razonable respecto de la configuración
del desplazamiento patrimonial indebido, eje central de la decisión adoptada en
el proceso de pérdida de investidura.
En otras palabras, la certeza sobre la configuración del elemento objetivo de la
causal se ve comprometida, pues no se determina con claridad cuál fue el
monto efectivamente reconocido en la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022
por concepto de honorarios y, por ende, no se puede establecer con certeza si
al concejal Ovalles Agudelo se le pagó indebidamente por su asistencia a la
sesión del 24 de marzo de 2022.
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Sobre la duda razonable, la Corte Constitucional ha establecido que esta se
relaciona con principios de rango superior como la presunción de inocencia e in
dubio pro reo. En concreto, ha señalado:
La duda razonable resulta cuando del examen probatorio no es posible tener
convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y, por lo
tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión
condenatoria, que desvirtúe plenamente la presunción de inocencia38.
En este punto, cobra especial relevancia el reproche formulado por el
accionante en cuanto a la violación directa de la Constitución, derivada de la
inobservancia de los principios constitucionales aplicables al medio de control
de pérdida de investidura. Se reitera que en el escrito tutelar se señaló el
desconocimiento de los principios de proporcionalidad, favorabilidad y
presunción de inocencia, los cuales tienen una aplicación esencial en este tipo
de procesos debido a su naturaleza sancionatoria.
En particular, y en relación con la duda razonable que se desprende del análisis
de la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, es preciso profundizar en el
alcance del principio constitucional de presunción de inocencia, contemplado
en el artículo 29 de la Constitución. Este principio, que rige en todos los
procesos de índole sancionatoria, encuentra una relación directa con el in dubio
pro reo, el cual impone la obligación de resolver las incertidumbres probatorias
en favor del sujeto objeto de la eventual sanción. Al respecto, la Corte
Constitucional39 ha explicado que:
De esta manera, para ser desvirtuada la presunción de inocencia se requiere la
convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material
probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con
el acusado40. Por lo anterior, en virtud de este axioma se debe aplicar el
principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor
del acusado41.
De igual manera, la Corte ha sostenido que el principio de presunción de
inocencia, junto con otros principios aplicables al proceso penal, deben ser
observados en los trámites de pérdida de investidura, dada su connotación
punitiva. En este sentido, en la sentencia SU-424 de 2016, señaló:
38 C-495 de 2019.
39
C-003 de 2017.
40 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV) y C-030
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
41 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416
de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-205
de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo
Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV
Clara Inés Vargas Hernández), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván
Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-346 de
2012 (MP Adriana María Guillen Arango).
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25. La Corte Constitucional ha establecido que debido al carácter sancionatorio
de la pérdida de investidura, esta figura 'está sujeta, de manera general a los
principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, con las
modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales'42. En ese orden de ideas, las garantías básicas del debido
proceso, son aplicables en estos trámites, siempre bajo una interpretación
adecuada a los fines propios que lo caracterizan43.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido la misma
postura al enfatizar que el medio de control de pérdida de investidura debe
regirse por los principios generales del derecho sancionador, entre los cuales
se encuentra la presunción de inocencia. Así lo ha expresado:
Por tratarse, como ya se dijo, de una acción pública de tipo punitivo, la acción
de pérdida de investidura está sujeta a los principios generales que gobiernan
el derecho sancionador tales como la presunción de inocencia y el principio de
legalidad de la causal por la cual se impondría la sanción. Sanción que debe
imponerse según los postulados del Estado Social de Derecho y conforme con
las reglas del debido proceso.44
De lo expuesto, resulta claro que el principio de presunción de inocencia, del
cual se desprende el axioma del in dubio pro reo, debe ser observado por el
juez que conoce del medio de control de pérdida de investidura. La naturaleza
sancionatoria de este trámite impone la aplicación de los principios propios del
derecho punitivo, con las modulaciones necesarias, a fin de garantizar un juicio
conforme con el debido proceso.
En este contexto, la omisión en la valoración probatoria adelantada por la
autoridad judicial accionada frente a la Resolución 045 del 24 de marzo de
2022, en relación con la inconsistencia manifiesta contenida en dicho acto,
impidió que se efectuara un análisis del caso bajo el prisma de los principios
constitucionales aplicables. La ausencia de una apreciación integral del
material probatorio, acorde con los principios de presunción de inocencia e in
dubio pro reo, derivó en una decisión que desconoció las garantías
fundamentales del señor Castellanos Navarro.
En consecuencia, se configura un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, puesto que en la prueba documental en mención se dejaron de
apreciar elementos que generan una duda razonable sobre la estructuración
del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura que sirvió de
fundamento para la sanción impuesta al señor Castellanos Navarro.
42 Corte Constitucional, C-254A de 2012.M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
43 Corte Constitucional, sentencia T-1285 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo
de 2010, M.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas, Radicación No. 11001-03-15-000-2009-
00198-00.
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La falta de consideraciones sobre estas incongruencias en el acto
administrativo valorado en la sentencia controvertida y las dudas que de ellas
se desprenden, las cuales ponen en entredicho las conclusiones adoptadas
en la sentencia cuestionada, impidió la aplicación del principio presunción de
inocencia y del in dubio pro reo al caso concreto.
En últimas, el análisis de la Resolución 045 del 24 de marzo de 2022 en
observancia de sus inconsistencias palmarias y en aplicación de los principios
superiores aplicables al proceso de pérdida de investidura, tiene la vocación
de, eventualmente, variar la resolutiva a la que arribo el Consejo de Estado,
Sección Primera en la sentencia del 31 de octubre de 2024.
2.9. Conclusión
La Sala accederá al amparo solicitado por el señor José Oliverio Castellanos
Navarro en atención a que el Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en
un defecto fáctico por realizar una inadecuada valoración probatoria de la
Resolución 045 del 24 de marzo de 2022, la cual fue determinante en la decisión
que se adoptó en la sentencia que puso fin a la controversia contenciosa.
A su vez, tal yerro probatorio condujo a la inobservancia de los principios de
presunción de inocencia e in dubio pro reo, garantías constitucionales
aplicables al interior del proceso de pérdida de investidura, con lo que se
consolidó una violación directa de la Constitución.
Ahora bien, es importante precisar que esta decisión no significa que el Consejo
de Estado, Sección Primera, deba fallar a favor de los intereses de la parte aquí
accionante, pues, tal situación usurparía la competencia del juez natural del
asunto. El amparo se enfoca en que la decisión debe llevar a una valoración
razonable de los medios de prueba que se aportaron en debida forma al
proceso, y en atención a los principios superiores pertinentes.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor
Jairo Enrique Salcedo Hurtado.
SEGUNDO: NEGAR el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por
los señores José Leonardo Jacome Carrascal y Jairo Enrique Salcedo
Hurtado.
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TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor
José Oliverio Castellanos Navarro y, en consecuencia, DEJAR sin efectos la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Primera dentro del proceso de pérdida de investidura identificado con
el radicado 54001-23-33-000 2024-00176-00/01.
CUARTO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Primera, que profiera una
nueva providencia en la cual tenga en cuenta la parte considerativa de esta
sentencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
32
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