Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01136-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01136-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01136-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01136-001
Accionante : José Oliverio Castellanos Navarro
Accionado : Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Vinculados : Consejo de Estado, Sección Primera, Concejo Municipal de San
José de Cúcuta y Julio César Pérez Colmenares
Acción : Tutela
Tema : Cumplimiento de sentencia ejecutoriada
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por José Oliverio Castellanos Navarro contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El 16 de febrero de 2026, el señor José Oliverio Castellanos Navarro, quien actúa en
nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y a elegir y ser elegido, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: José Oliverio Castellanos Navarro
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
3. Por consiguiente, solicitó:
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, eficacia de las decisiones judiciales y derechos políticos.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, dentro de un término
perentorio no superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera la actuación correspondiente
para:
• Dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada.
• Oficiar y comunicar al Concejo Municipal de San José de Cúcuta lo resuelto.
3. ORDENAR al Concejo Municipal de San José de Cúcuta, una vez notificado, que proceda
conforme a derecho respecto del nombramiento del señor JOSÉ OLIVERIO CASTELLANOS
NAVARRO.
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor José Oliverio Castellanos Navarro fue
elegido concejal del municipio de San José de Cúcuta para el periodo 2020-2023 y
designado como presidente del Concejo Municipal para el año 2022. En ese contexto, el
señor Julio César Pérez Colmenares promovió demanda de pérdida de investidura en su
contra.
5. De ese asunto conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander 3, que en
sentencia del 8 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión
fue objeto de recurso de apelación y, en segunda instancia, el Consejo de Estado,
Sección Primera, la revocó para, en su lugar, declarar la pérdida de investidura del señor
Castellanos Navarro, mediante sentencia del 31 de octubre de 2024.
6. Inconforme con esa determinación, el aquí demandante presentó acción de tutela4, la
cual tramitó la Sección Quinta de esta Corporación, que, en fallo del 5 de junio de 20255,
amparó sus derechos fundamentales, dejó sin efectos la decisión de la Sección Primera
y ordenó proferir una providencia de reemplazo.
7. En cumplimiento de lo anterior, la Sección Primera, a través de sentencia del 30 de
octubre de 2025, confirmó lo decidido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que negó las pretensiones de la demanda.
2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
3
Proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00176-00/01.
4
Proceso núm. 11001-03-15-000-2025-00179-00/01.
5
Decisión confirmada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de septiembre de
2025.
2
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
8. Manifiesta que las providencias proferidas en el trámite de pérdida de investidura se
encuentran ejecutoriadas y que, por ende, quedó restablecida su situación jurídica. No
obstante, afirma que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, no ha adoptado
decisión alguna, encaminada a: «[i]mpulsar el cumplimiento de la decisión judicial, [c]omunicar u
oficiar al Concejo Municipal de San José de Cúcuta [y] [g]arantizar la materialización [de su] nombramiento
[…]».
9. Sostiene que la omisión del Tribunal ha impedido que el Concejo Municipal de San
José de Cúcuta proceda a reintegrarlo, circunstancia que, en su criterio, vulnera sus
derechos fundamentales a elegir y ser elegido, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
II. TRÁMITE PROCESAL
10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 17 de
febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander; y (ii) dispuso vincular al
Consejo de Estado y al señor Julio César Pérez Colmenares, en los términos del artículo
13 del Decreto 2591 de 1991.
11. Posteriormente, a través de providencia del 20 de marzo de 2026 se vinculó en calidad
de tercero con interés al Concejo Municipal de San José de Cúcuta.
2.1 Contestación de la acción
12. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander6 realizó un recuento de las
actuaciones jurídico-procesales surtidas al interior del proceso ordinario y precisó que el
24 de febrero de 2026, dispuso mediante auto «[…] “OBEDÉZCASE y CÚMPLASE lo resuelto
en providencia del 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Primera” […]», decisión que fue notificada por estado el 25 del mismo mes y año.
Con fundamento en ello, sostuvo que sus actuaciones fueron conformes a derecho y se
opuso a las pretensiones del amparo, al no advertirse incumplimiento alguno de su parte.
Finalmente, aclaró que la sentencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación
no impartió orden de reintegrar al accionante de modo que cualquier actuación
administrativa al respecto correspondía al Concejo Municipal de San José de Cúcuta.
6
Visible a índice 14 de SAMAI.
3
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13. 2.1.2. El Consejo de Estado, Sección Primera7 manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante surge por la omisión del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander. En esa medida, dicha autoridad es la llamada a responder por el supuesto
agravio. Por último, puso de presente que, por hechos similares a los aquí planteados,
el accionante había promovido acción de tutela, actualmente en curso ante el Juzgado
Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, bajo el radicado
54001-40-09-011-2026-00098-008.
14. 2.1.3 El Concejo Municipal de San José de Cúcuta 9 expuso que, en cumplimiento
de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso de pérdida de investidura,
expidió la Resolución núm. 049 del 30 de marzo de 2026, «“POR MEDIO DE LA CUAL SE
DISPONE EL CUMPLIMIENTO DE DECISIONES JUDICIALES, SE RECONOCE LA P[É]RDIDA DE
FUERZA EJECUTORIA DE UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE REESTABLECE EL EJERCICIO
DE UNA CURUL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA”», acto que fue
notificado al accionante el 6 de abril de 2026, al correo electrónico dispuesto para tal fin.
Agregó que, en la misma fecha, durante la sesión plenaria, se procedió a reincorporar al
demandante mediante la suscripción del acta correspondiente. Con base en lo expuesto,
señaló que existe una carencia actual de objeto por hecho superado.
15. 2.1.4 El señor Julio César Pérez Colmenares guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
7
Visible a índice 16 de SAMAI.
8
Documentos que se pueden observar en el índice 93 de SAMAI, del proceso ordinario de pérdida de investidura núm. 54001-23-
33-000-2024-00176-01, tramitado en esta Corporación.
9
Visible a índice 24 de SAMAI.
4
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2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión previa
18. En relación con lo informado por la Sección Primera de esta Corporación, en el sentido
de que el actor promovió otra acción de tutela por hechos similares a los aquí planteados,
la Sala, en ejercicio de su labor oficiosa, revisó el escrito de tutela radicado bajo el núm.
54001-40-09-011-2026-00098-00 y constató que no se trata de una acción idéntica a la
presente. En efecto, dicho mecanismo se dirigió contra el Concejo Municipal de San José
de Cúcuta y tuvo por objeto obtener la «reincorporación» del señor José Oliverio Castellanos
Navarro a esa corporación, mientras que en este asunto el amparo se promueve contra
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por la presunta omisión en impulsar el
cumplimiento de lo resuelto dentro del proceso de pérdida de investidura.
3.4 Problema jurídico
19. Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ha
vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a elegir y ser elegido del señor José Oliverio Castellanos Navarro, por la
presunta omisión de darle impulso al cumplimiento de la sentencia del 30 de octubre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de
pérdida de investidura con radicado núm. 54001-23-33-000-2024-00176-00/01, y en
comunicar lo resuelto al Concejo Municipal de San José de Cúcuta; o si, por el contrario,
en el presente asunto se configura una carencia actual de objeto por hecho superado.
3.5 Carencia de objeto por hecho superado
20. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando ellos
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública 10; sin
embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el
10
Artículo 86 de la Carta Política.
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fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia
de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha
definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”12. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 13. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”14 (Subrayado por fuera
del texto original).
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200815, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].
21. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado.
22. En el sub lite el tutelante, solicita que se ordene a la autoridad judicial accionada
impulsar y/o garantizar el cumplimiento de la sentencia del 30 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso núm. 54001-
11
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto.
13
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
14
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
15
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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23-33-000-2024-00176-00/01, y que, en consecuencia, se comunique al Concejo
Municipal de San José de Cúcuta lo pertinente para efectos de su reintegro, toda vez
que, hasta la fecha de presentación de la tutela (16 de febrero de 2026) no se había
emitido pronunciamiento alguno al respecto.
23. Ahora bien, del material probatorio allegado al proceso la Sala encuentra que el 24 de
febrero de 202616, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió auto
mediante el cual dispuso «obedézcase y cúmplase» lo resuelto el 30 de octubre de 2025 por
la Sección Primera de esta Corporación dentro del proceso de pérdida de investidura
adelantado contra el señor Castellanos Navarro, decisión que fue notificada por estado
el 217 del mismo mes y año. Al respecto se observa:
24. De otro lado, se observa que el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, a través
de acta del 6 de abril de 202618, ordenó la «reincorporación» del señor José Oliverio
Castellanos Navarro al cargo de concejal de San José de Cúcuta, para el periodo
constitucional 2024-2027, así:
16
Visible a índice 14 de SAMAI, archivo «20RECIBEMEMORIAL_54001233300020240017(.zip)» documento «098Auto obedézcase
y cúmplase».
17
Índice 91 de SAMAI del Tribunal, proceso núm. 54001-23-33-000-2024-00176-00.
18
Visible a índice 24 de SAMAI, archivo « 32_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANEXOSTUTELA» página 3.
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25. En tal contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configura una
carencia actual de objeto por hecho superado, pues, durante el trámite de la acción
se satisfizo lo pretendido por el actor. En efecto, de una parte, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander emitió auto de cumplimiento de la sentencia
del 30 de octubre de 2025, expedida por la Sección Primera del Consejo de Estado
y, de otra, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta lo reintegró a su cargo
dentro de la Corporación. En consecuencia, ha cesado la conducta que se
consideraba como vulneradora de los derechos fundamentales invocados.
IV. DECISIÓN
26. Por las razones expuestas, y comoquiera que los hechos que han dado lugar al
ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite constitucional, se
impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor José Oliverio Castellanos
Navarro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
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forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
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