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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00521-01

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00521-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00521-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 68001233300020220052101
Solicitante: Ana María Vargas Sepúlveda
Concejales: Wilson Danovis Lozano Jaimes y Carlos Felipe Parra Rojas

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Solicitante
contra la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Ana María Vargas Sepúlveda –en adelante la Solicitante- pidió, en
ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura
de Wilson Danovis Lozano Jaimes y Carlos Felipe Parra Rojas -en adelante los
concejales-, porque, a su juicio, incurrieron en la causal prevista en el numeral 3.°
del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941 y en el numeral 4.° del artículo
48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, por indebida destinación de dineros
públicos.

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona

la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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2

Núm. Único de radicación: 68001233300020220052101

Pretensiones

2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son
las siguientes:

“[…] PETICIONES

PRIMERO: Declarar la Perdida de Investidura de los Concejales de Bucaramanga los
Señores Carlos Felipe Parra Rojas y Wilson Danovis Lozano Jaimes […]
respectivamente por el Partido Alianza Verde para el Periodo Constitucional 2020-
2023.

SEGUNDO: Declarar la vacancia absoluta de la curul de los Concejales del Municipio
de Bucaramanga Carlos Felipe Parra Rojas y Wilson Danovis Lozano Jaimes […]
respectivamente por el Partido Alianza Verde para el Periodo Constitucional 2020-
2023, como consecuencia de la Pérdida de Investidura. […]”.

Presupuestos fácticos

3. La Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar su
pretensión:

3.1. Señaló que los señores Wilson Danovis Lozano Jaimes y Carlos Felipe Parra
Rojas fueron elegidos como concejales del Municipio de Bucaramanga,
Departamento de Santander, para el período constitucional 2020–2023.

3.2. Manifestó que los concejales presentaron comunicación al Concejo Municipal
de Bucaramanga, en enero de 2022, en la cual informaron “[…] la necesidad de
contar con una Unidad de Apoyo Normativo que redunde con el perfil que considera
necesario para el objeto contractual indicado, con el fin de facilitar el cumplimiento
de funciones y gestiones a su cargo. […]”3.

3.3. Indicó que el Concejo Municipal de Bucaramanga y el señor Duber Armando
Alvarado Ávila celebraron el Contrato núm. CPS-043-2022 de 15 de enero de 2022,
con el objeto de “[…] prestar servicios de apoyo normativo a la gestión como Unidad
de Apoyo I de HC Carlos Felipe Parra Rojas […]”, por un plazo de 5 meses y 16
días, esto es, desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2022.

3.4. Expuso que el Concejo Municipal de Bucaramanga y el señor Duber Armando
Alvarado Ávila celebraron el Contrato núm. CPS-044-2022 de 15 de enero de 2022,
con el objeto de “[…] prestar servicios de apoyo normativo a la gestión como Unidad
de Apoyo I de HC Wilson Danovis Lozano Jaimes […]”, por un plazo de 5 meses y
16 días, esto es, desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2022.

3 Al respecto, indicó “[…] tal como quedó plasmado en los Estudios Previos […]” para contratación directa de

prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión del Concejo Municipal de Bucaramanga de 14 de
enero de 2022.
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3.5. Explicó que las actividades reportadas con ocasión al Contrato núm. CPS-043-
2022 de 15 de enero de 2022 por parte del señor Duber Armando Alvarado Ávila
consistían en: “[…] 1. Grabación y ediciones de video para las redes sociales del
concejal; 2. Diseño de imagen; 3. Guion de tik tok; 4. Atención comentarios y
mensajes en el Fan Page del Concejal; 5. Difusión de piezas gráficas en las redes
sociales del Concejal; 6.Difusión GIFS en redes sociales del Concejal; 7. Logística
y asistencia en “bicirodadas” (actividad particular de los concejales); y 8.
Administración sitio web del Concejal […]”.

3.6. Señaló que las actividades reportadas con ocasión al Contrato núm. CPS-044-
2022 de 15 de enero de 2022 por parte del señor Duber Armando Alvarado Ávila
consistían en: “[…] 1. Grabación y ediciones de video para las redes sociales del
concejal; 2. Diseño de imagen; 3. Atención comentarios y mensajes en el Fan Page
del Concejal; 4. Difusión de piezas gráficas en las redes sociales del Concejal;
5.Difusión GIFS en redes sociales del Concejal; 6. Logística y asistencia en
“bicirodadas” (actividad particular de los concejales); y 7. Administración sitio web
del Concejal […]”.

Causal de pérdida de investidura alegada y argumento que justifica la
solicitud

4. La Solicitante citó y trascribió la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la
Ley 617, según la cual los concejales perderán su investidura por indebida
destinación de dineros públicos.

5. Refirió que “[…] a pesar de lo informado en el mes de marzo de 2022, respecto
al supuesto cumplimiento de la obligación específica núm. 3 el contrato “Participar
en actividades culturales, financiera, jurídicas organizadas por el concejo en pro de
la comunidad” no se aportaron las pruebas que soportan el cumplimiento de la
misma […]”.

6. Adujo que, una vez revisados los informes de actividades reportadas por el
señor Duber Armando Alvarado Ávila, contratista del Concejo Municipal de
Bucaramanga, se evidenció que no guardan relación con las obligaciones
establecidas en los contratos núms. CPS-043-2022 y CPS-044-2022 de 15 de enero
de 2022.

7. Afirmó que “[…] se disfrazó la necesidad de un apoyo normativo a la gestión
[…] para en realidad contratar servicios personales que guardan relación o se
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asemejan más a las de un Community Manager […]”, en beneficio de intereses
personales, con el fin de promover propósitos que no tenían que ver con el objeto y
la misión del Concejo Municipal de Bucaramanga.

8. Indicó que las Unidades de Apoyo Normativo eran asignadas a cada Concejal,
con el fin de apoyar el ejercicio de sus funciones, por lo que los contratistas no
podían ejercer funciones diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados,
en la medida que su función era estar al servicio del Concejo Municipal y no al
servicio de los intereses personales de los concejales.

9. Expuso que los concejales incurrieron en indebida destinación de dineros
públicos, porque destinaron recursos públicos a actividades no autorizadas por la
Constitución, ley o reglamento, al encontrarse demostrado que con recursos del
Concejo se pagó honorarios al señor Duber Armando Alvarado Ávila por la
ejecución de actividades no previstas en el ordenamiento jurídico.

10. Manifestó que el señor Duber Armando Alvarado Ávila, en los informes de
actividades de febrero y marzo de 2022, incluyó: “[…] - Acompañamiento plantón
de Barrancabermeja en rechazo al Fracking en el Magdalena Medio, el día 5 de
febrero; - Edición vídeo Denuncia Ciénaga San Silvestre (Barrancabermeja)” en
virtud a la obligación específica núm. 7 del contrato núm. 44-2022, “las demás
actividades que señale el honorable concejal” […]”, las cuales se ejecutaron fuera
de la jurisdicción del Concejo Municipal de Bucaramanga.

11. Refirió que el señor Duber Armando Alvarado Ávila, en los informes de
actividades, incluyó material fotográfico en el que se observa que el Concejal Wilson
Danovis Lozano Jaimes se encontraba en un mismo evento con el Congresista
Cristian Danilo Avendaño Fino haciendo campaña política en el Distrito de
Barrancabermeja, por lo cual “[…] se podría concluir, que el Concejal Wilson
Danovis Lozano Jaimes estaba haciendo actividades en favor de la campaña
política del ahora Congresista, Cristian Danilo Avendaño, y que las actividades
ejecutadas y cobradas al Concejo de Bucaramanga por parte del contratista se
hicieron por orden expresa del Concejal Wilson Danovis Lozano Jaime, de
conformidad a la obligación específica núm. 7 del contrato núm. 44-2022. […]”.

Contestaciones de la solicitud de pérdida de investidura

12. Los concejales contestaron la solicitud de pérdida de investidura y solicitaron
que se negaran sus pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

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12.1. Se pronunciaron sobre los hechos de la solicitud de pérdida de investidura y,
en especial, manifestaron que se trata de apreciaciones subjetivas sin fundamento
fáctico o probatorio, con presupuestos de hecho, derecho y pretensiones que se
relacionan con el medio de control de nulidad y no con el medio de control de
pérdida de investidura.

12.2. Señalaron que no suscribieron, supervisaron ni elaboraron ninguno de los
documentos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los
contratos del Concejo Municipal de Bucaramanga.

12.3. Explicaron que no son ordenadores del gasto, debido a que esa es una función
del Presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga, conforme a lo previsto en
el artículo 124 de la Ley 1957 de 6 de junio de 20194.

12.4. Indicaron que no están encargados de la supervisión de los contratos, por
cuanto es el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Concejo Municipal el
encargado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico
sobre el cumplimiento de los contratos, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley
1474 de 12 de julio de 20115.

12.5. Afirmaron que la solicitud de pérdida de investidura parte de una premisa
infundada consistente en el hecho de que el contratista no presente los soportes
que respaldan el desarrollo de sus actividades contractuales implican su
incumplimiento, lo cual desconocía que la ley contractual no estableció la
obligatoriedad de aportar esos soportes y que dependía de la entidad, en el marco
de su autonomía administrativa, establecer las condiciones en que debían allegarse
los informes de actividades, a través del Manual de Contratación y/o el Manual de
Supervisión, ejerciendo el control respectivo por parte del supervisor designado
para tal fin.

12.6. Expusieron que las Unidades de Apoyo Normativo a diferencia de las
Unidades de Trabajo Legislativo del artículo 388 de la Ley 5 de 17 de junio de 19926
debían ser reglamentadas por cada Corporación, precisando que, para este caso,
el numeral 3.° del artículo 9 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Bucaramanga estableció “[…] Unidades de Apoyo Normativo. Son contratistas
vinculados para prestar apoyo a la gestión o servicios profesionales, con
obligaciones contractuales pero sin subordinación. Existen jurídicamente, mientras

4 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.
5 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
6 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.

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el Concejal que tiene derecho a dicha unidad, éste ejerciendo el período
constitucional para el cual fue elegido. […]”.

12.7. Resaltaron que las actividades desempeñadas por el contratista Duber
Armando Alvarado Ávila se relacionaban con el ejercicio de la función pública,
porque permitían el ejercicio de la labor comunicativa con los ciudadanos, teniendo
en cuenta que “[…] las redes sociales son admitidas por la Corte Constitucional
como un medio idóneo de interacción entre la ciudadanía y las autoridades y como
una forma de acceder a la información pública […] las labores que comunicación
buscaban informar el ejercicio de las labores que adelantamos como concejales, el
ejercicio o las decisiones que tomaba la alcaldía y la corporación, o bien, discutir
asuntos de relevancia metropolitana relacionados con la protección y defensa de
los ecosistemas, la cultura ciudadana, el gobierno abierto, seguridad, entre otros
tantos. […]”.

12.8. Argumentaron que dentro de las obligaciones contractuales se encuentra la
núm. 7 que hace referencia a “[…] las demás actividades que le asigne el Concejal
[…]”.

12.9. Explicaron que el reproche relacionado con la “[…] jurisdicción […]” del
Concejo Municipal de Bucaramanga no tenía sustento constitucional ni legal, porque
las entidades territoriales tenían dinámicas que se desarrollaban fuera de su
territorio por tratarse de situaciones que debían ser abordadas de manera
coordinada con otras entidades territoriales.

12.10. Precisaron que “[…] [e]n primer lugar, las actividades de “acompañamiento”
o “edición de video” que cita el demandante no permite concluir que se hubieran
tomado fotografías; [e]n segundo lugar, es falso y no está probado que las fotos que
subió el hoy Representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, hayan
sido tomadas por el señor Duber Armando Alvarado; [f]inalmente, no es de resorte
del presente proceso corroborar o no la agenda que tenía el entonces candidato a
la Cámara de Representantes […]. De todas formas, resulta prudente puntualizar
en que no se han usado los recursos del Contrato núm. 44 del 2022 para realizar
campaña política a favor de ningún candidato a la Cámara de Representantes […]”.

12.11. Refirieron que el señor Duber Armando Alvarado Ávila presentó, en los
informes de actividades, las evidencias que acreditaron las labores realizadas y que
sirvieron de sustento para realizarle el pago correspondiente; constituyendo esta
una destinación de recursos autorizada por el ordenamiento jurídico, en la medida

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que, conforme al artículo 5 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19937, los contratistas
tienen derecho a recibir oportunamente la remuneración por los servicios prestados.

La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881

13. La audiencia pública tuvo lugar el 28 de noviembre de 2022 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; los concejales; y el
Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante la sentencia proferida el 6 de
diciembre de 2022, negó la pérdida de investidura de los concejales. En su parte
resolutiva, dispuso lo siguiente:

“[…] RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura incoada por la parte
demandante, por las razones expuestas en este proveído. […]”.

Consideraciones del Tribunal

15. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:

16. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] ¿Los accionados en su condición de concejales del Municipio de Bucaramanga
incurrieron en la causal de indebida destinación de dineros públicos contenida en el
artículo 48, numeral 4 de la Ley 617 de 2001, por el pago de honorarios con ocasión
a la ejecución de los contratos CPS-043 y CPS-044 de 2022, cuyo objeto era la
prestación de servicios de apoyo normativo a la gestión, aun cuando se cuestiona
en la demanda que las actividades reportadas por el contratista no tenían relación
con las obligaciones contractuales y los objetivos de la Corporación? […]”.

17. Explicó que para la configuración de la causal de pérdida de investidura
invocada debían concurrir tres presupuestos: i) que se ostente la calidad de
Concejal; ii) que se esté frente a dineros públicos; y iii) que los dineros sean
indebidamente destinados.

18. Al resolver el caso concreto, consideró que se encontraba probada la calidad
de los concejales y la existencia de dineros públicos, porque, aun cuando los
concejales no eran ordenadores del gasto, su conducta propició la destinación de
dineros públicos, al participar en la supervisión de los contratos de prestación de los

7 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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servicios de apoyo normativo a la gestión, con la expedición de la certificación de
cumplimiento de obligaciones del contratista, la cual constituía un documento
necesario para su cobro, conforme a lo previsto en el artículo 2.º 8 de la Resolución
núm. 9 de 6 de enero de 20229 y la jurisprudencia del Consejo de Estado10.

19. Explicó que el artículo 7.° de la Resolución núm. 9 de 6 de enero de 2022
clasificó las Unidades de Apoyo Normativo en rango I, II y III. Al respecto, indicó que
el objeto contractual de los contratos núms. CPS-043-2022 y CPS-044-2022
consistía en desarrollar la prestación de servicios de apoyo normativo a la gestión
como Unidad de Apoyo I, cuyas funciones se establecieron en el artículo 8.° de la
citada resolución.

20. Consideró que no se encontraba probada la indebida destinación de dineros
públicos, con fundamento en que no se acreditó: i) la falta de cumplimiento de la
obligación contenida en el numeral 3. º del Contrato núm. CPS-043 de 2022, en el
mes de febrero de 2022; ii) que las actividades ejecutadas por el contratista no
guardaban relación con las obligaciones de los contratos núms. CPS-043-2022 y
CPS-044-2022 ni con los objetivos generales del concejo; iii) que la ejecución de
actividades por el contratista fuera de la jurisdicción del concejo desconociera la
normativa de las Unidades de Apoyo Normativo ni el reglamento interno del concejo;
y iv) que el material fotográfico reportado por el contratista como evidencia de la
ejecución del Contrato núm. CPS-044 de 2022 tuviera como fin realizar campaña
electoral.

21. Precisó que, aun cuando el numeral 3.º del artículo 8.° del Contrato núm. CPS-
043-2022 estableció como obligación “[…] Participar en las actividades culturales,
económicas, financieras, jurídicas organizadas por el Concejo en pro de la
comunidad […]”, el contratista no reportó actividades en cumplimiento de dicha
obligación, en atención a que no se le asignaron labores sobre el particular; sin
embargo, incluyó en el informe de actividades el cumplimiento de las otras

8 “[…] ARTICULO SEGUNDO: Las Unidades de Apoyo Normativo se regulan para su existencia y conformación,

con la presente resolución y su vinculación será mediante Contratos de Prestación de Servicios entre el Concejo
de Bucaramanga y la persona natural o jurídica que desarrolle la actividad.
PARÁGAFO PRIMERO: Corresponderá a cada concejal (a) apoyar la supervisión y expedir la correspondiente
Certificación de Cumplimiento de las funciones asignadas como Unidad de Apoyo Normativo I, II o III;
documento indispensable que debe ser presentado ante el supervisor para el pago de los honorarios
respectivos. […].
PARÁGRAFO SEGUNDO: La supervisión del Contrato se realizará por parte de la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Concejo Municipal de Bucaramanga para lo cual tendrá como apoyo a la supervisión a cada concejal
quien debe certificar la ejecución de las actividades y exigir la entrega de evidencias en cada cuenta de cobro.
[…]” (Destacado fuera del texto).
9 “Por la cual se reglamenta las Unidades de Apoyo Normativo del Concejo Municipal de Bucaramanga”.
10 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de

Pérdida de Investidura, Consejera Ponente: María Adriana Marín, sentencia del 21 de octubre de 2020, Rad.
No. 11001-03-15-000-2020-00517-00, Actor: Manuel Segundo Unda García en contra de José Vicente Carreño
Castro”.
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obligaciones contractuales que también eran susceptibles de reconocimiento y pago
de honorarios.

22. Asimismo, resaltó que el cumplimiento de dicha obligación dependía de la
voluntad del concejo y no del contratista, al tratarse de actividades organizadas por
dicha Corporación en pro de la comunidad; razones por las cuales estableció que
el cargo indicado por la Solicitante hacía referencia a “[…] meras conjeturas que no
dan la posibilidad de arribar al convencimiento sobre un injustificado pago de
honorarios por actividades no ejecutadas respecto de la mencionada obligación en
el período de febrero de 2022. […]”.

23. Señaló que, una vez analizado el material probatorio, se observó que las
actividades realizadas por el contratista se orientaron a la prestación de servicios
de publicidad a los concejales, con el propósito de difundir asuntos de trascendencia
pública e interés de la comunidad relacionados con rendición de cuentas;
transmisión de las intervenciones en las plenarias del concejo; denuncias públicas
relacionadas con temas ambientales, seguridad pública, prestación de servicios
públicos; campañas de concientización y sensibilización; y atención de las
necesidades de la comunidad por las diferentes redes sociales.

24. En ese sentido, consideró que “[…] es innegable que la actividad publicitaria
desplegada de los concejales responde a intereses públicos que auspiciaban por el
fortalecimiento del control en el ámbito local con miras debatir, cuestionar y
examinar las principales preocupaciones y necesidades del municipio y, habilitar
espacios digitales para la interacción con la comunidad; por lo que, no resulta
incompatible en este evento acudir a las unidades de apoyo normativo, por cuanto,
por un lado, la gestión adelantada por los accionados requería de una asistencia
técnica que habilita la Resolución No. 009 de 2022 y, por otro, las actividades de
las unidades de apoyo no son taxativas al permitirse la asignación de otras por parte
del concejal , entendida que esta discrecionalidad debe ajustarse a los propósitos
para los cuales están llamadas las mismas que no es otro que el cumplimiento de
los objetivos y funciones del cabildo. […]”.

25. Indicó que no se advirtió que la ejecución de actividades realizadas por el
contratista fuera de la jurisdicción del concejo, en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato núm. CPS-044-2022, desconociera la normativa que
regula las Unidades de Apoyo Normativo ni el reglamento interno del concejo 11,

11 Al respecto, señaló: “[…] El Reglamento Interno del Concejo Municipal de Bucaramanga en su artículo 4°

reconoce como principios rectores de su actuación los principios de coordinación y concurrencia, en los
siguientes términos: “k) COORDINACIÓN: El Concejo Municipal, al momento de ejercer sus competencias y
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teniendo en cuenta que no se impuso una restricción sobre el particular; se permite
la participación armónica de las autoridades territoriales en temas de interés
general, como lo es la conservación y la protección de los recursos naturales no
renovables, en virtud de los principios de colaboración y concurrencia; y no se
explicó la incidencia de ese hecho para demostrar que se atendieron las
obligaciones contractuales y, en consecuencia, se persiguieron propósitos distintos
al interés público.

26. Consideró que la Solicitante aportó “[…] material fotográfico con el cual
pretende probar que el concejal Wilson Danovis Lozano Jaimes empleó los servicios
de publicidad de la unidad de apoyo normativo para promover campaña política en
favor de la candidatura de Cristian Avendaño al Congreso de la República […],
imágenes que por sí solas no dan credibilidad del anterior hecho irregular por cuanto
se desconoce: i) si la persona que capturó y divulgó dichas fotografías
efectivamente fue el contratista Duber Armando Alvarado Ávila y, ii) el escenario en
el que fueron tomadas se trató o no de una reunión con fines electorales. […]”.

27. Concluyó “[…] armonizando la normatividad aplicable y la jurisprudencia citada,
se encuentra que la conducta de los demandados no está enmarcada dentro de la
causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 48.4 de la Ley 617 de
2000; razón por la cual, la Sala Plena se releva del estudio del elemento subjetivo
de culpabilidad y, en consecuencia, deniega las pretensiones de la demanda. […]”.

El recurso de apelación presentado por la Solicitante

28. La Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura de los concejales.

29. Indicó que cumplió con la carga probatoria para fundamentar la causal de
pérdida de investidura invocada, para lo cual señaló, respecto a la obligación del
contratista de participar en las actividades culturales, económicas, financieras y
jurídicas organizadas por el Concejo en pro de la comunidad, que “[…] en la cuenta
núm. 2 del Contrato núm. CPS-044-2022 […]” se reportaron las siguientes
actividades “[…] – Acompañamiento a plantón en Barrancabermeja; -

sus responsabilidades, podrán conciliar su actuación con las otras entidades estatales de diferentes niveles.”
Y, “I) CONCURRENCIA: El Concejo Municipal y otras entidades estatales de diferentes niveles que tengan
competencias comunes sobre un mismo asunto, buscarán ejercerlas conjuntamente en lo posible en aras de
conseguir el fin para el cual surgieron las mismas. […]”.
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Acompañamiento oficina de pasaportes; y – Acompañamiento mercadillo
campesino […]”.

30. Afirmó que de las 7 obligaciones asignadas al contratista en los contratos núms.
CPS-043-2022 y CPS-044-2022 solo realizó actividades para dar cumplimiento a
las obligaciones núms. 3, 6 y 7 referentes a participar en las actividades culturales,
económicas, financieras y jurídicas organizadas por el Concejo en pro de la
comunidad; asistir a foros y debates de interés social, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el concejal; y “[…] las demás actividades que le señale
el Honorable Concejal […]”, respectivamente.

31. Expuso que del material probatorio allegado al proceso, en especial, de los
informes de actividades presentados por el contratista, revisados por la interventora
del contrato y avalados por los concejales, se encontraba probado que los
concejales incurrieron en indebida destinación de dineros públicos.

32. Por último, reiteró que el contratista incluyo, en sus informes, actividades
realizadas fuera de la jurisdicción del Concejo Municipal de Bucaramanga, esto es,
en los Municipios de Barrancabermeja y Floridablanca, aun cuando la Resolución
núm. 9 de 6 de enero de 2022, “[…] por la cual se reglamenta las Unidades de
Apoyo Normativo del Concejo Municipal de Bucaramanga […]”, tenía un ámbito de
aplicación limitada.

Traslado del recurso de apelación

33. Surtido el traslado del recurso de apelación, los concejales y el Ministerio
Público guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos; vi) el marco normativo de las Unidades de
Apoyo Normativo en el caso sub examine; vii) el análisis del caso concreto; y viii)
las conclusiones.

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Competencia de la Sala

35. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre perdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881 de 15 de enero de 201812, en especial
su artículo 22, sobre la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201913; y iv) el artículo 15014 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115,
sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia: la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto.

36. Agotados los trámites inherentes al recurso de apelación de que trata este
asunto y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite. Asimismo, la Sala limitará su pronunciamiento
a los argumentos planteados en el recurso de apelación presentado por la
Solicitante porque dichos argumentos definen el marco de la decisión que ha de
adoptarse en esta instancia.

37. Vistos los artículos 32816 y 32017 de la Ley 1564, la Sala procederá a
pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos formulados por
la apelante.

Problema Jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si los concejales incurrieron o no en la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la
Ley 617 de 6 de octubre de 200018, por indebida destinación de dineros públicos, al
haber certificado el cumplimiento de funciones del contratista Duber Armando
Alvarado Ávila, que dio lugar al pago de los contratos de prestación de servicios de

12 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la

doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
14 Modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”
15 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
16 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
17 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
18 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona

la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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apoyo a la gestión núms. CPS-043-2022 y CPS-044-2022 de 15 de enero de 2022
del Concejo Municipal de Bucaramanga.

39. En ese sentido, se analizará si se cumplen los supuestos del elemento objetivo
y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento subjetivo, con el
objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida
en primera instancia.

La calificación habilitante

40. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de concejales para el período 2020-2023 de los
señores Wilson Danovis Lozano Jaimes y Carlos Felipe Parra Rojas, según consta
en el formulario E-26CON expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se indica que fueron elegidos
como concejales del Municipio de Bucaramanga19.

41. En ese orden de ideas, la investidura de los concejales se tiene por cierta en la
medida en que los documentos anteriormente indicados constituyen prueba de
dicha calidad, lo cual los hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura. Adicionalmente, la condición de concejales no fue controvertida durante
el proceso.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

Marco normativo

42. Vistos los artículos 18420 de la Constitución Política; 14321 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

Desarrollos jurisprudenciales

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un

19 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 002 Demanda y Anexos […]”. Folios 52 a 54.
20 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de

acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
21 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara

correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar
la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
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proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio22 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.

44. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.

45. La Sala Plena23 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.

46. En esa misma orientación, la Corte Constitucional24 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

47. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del

22 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-

000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
24 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.

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Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201025. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

48. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.

49. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes26, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo27.

50. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo28.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos

51. Vistos el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la
investidura de concejal; y el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os […]

25 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
26 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
27 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la

conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
28 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
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concejales municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or indebida
destinación de dineros públicos […]”.

52. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado29,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida de
investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos, aplicable
al caso de los concejales, consideró lo siguiente:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos
a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede
utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos
prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201230, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la
destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida
destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas
legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces,
pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La
causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos
a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.”

Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo
de 200331 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia
o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los
eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto
o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente: Enrique Gil Botero,

Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 11001-03-15-000-2013-00865-
00(PI), Actor: Carlos Mario Isaza Serrano, Demandado: Roy Leonardo Barreras Montealegre.
30 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
31 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

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o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes
del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que
la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de
noviembre de 200532 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de
1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los
recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos
que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales
dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc
[…]” (Destacado fuera de texto).

53. Asimismo, esta Sección33, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la
configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia 30
de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal
de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición
de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que
ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales,
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o
cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas”.

32 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
33 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
(2014), Radicación número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: JESUS ANTONI OBANDO ROA,
Demandado: CESAR LONDOÑO VILLEGAS Y OTRO, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE
INVESTIDURA.
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Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo34 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente
doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-
00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-00009, Consejera
ponente María Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm.
2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”.

54. En suma de todo lo anterior, se considera lo siguiente:

54.1. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta porque
la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni detalla un
catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad
de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no
previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las
leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto35.

54.2. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e independencia
existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las conductas que
materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la causal de
pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas como delitos
[…]”36.

54.3. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.

34 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-

11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
35 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de

diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
36 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de

diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-
2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-
2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente
con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación de
dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
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54.4. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
sub examine necesita la prueba de tres supuestos, a saber: i) que se ostente la
condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté
frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados.

55. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:

55.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

55.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.

55.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.

55.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.

55.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.

55.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.

Marco normativo de las Unidades de Apoyo Normativo en el caso sub
examine

56. Visto el artículo 78 de la Ley 617, sobre Unidades de Apoyo, según el cual, las
asambleas y concejos podrán contar con Unidades de Apoyo Normativo, siempre
que se observen los límites de gastos a que se refieren los artículos 8, 10, 11, 54 y
55 de dicha normativa.

57. Visto el artículo 9.º del Acuerdo núm. 31 de 9 de octubre de 2018, “[…] Por
medio del cual se establece el reglamento interno del Concejo Municipal de

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Bucaramanga y se deroga el Acuerdo núm. 22 de 7 de diciembre de 2016 […]”,
sobre la estructura orgánica del Concejo, que prevé que los miembros de las
Unidades de Apoyo Normativo son contratistas vinculados para prestar apoyo a la
gestión o servicios profesionales, con obligaciones contractuales pero sin
subordinación y existen jurídicamente, mientras el Concejal que tiene derecho a
dicha unidad, esté ejerciendo el período constitucional para el cual fue elegido,
conforme a lo previsto en el artículo 78 de la Ley 617 de 2000.

58. Visto el artículo 2.º de la Resolución núm. 9 de 2022, “[…] Por la cual se
reglamenta las Unidades de Apoyo Normativo del Concejo Municipal de
Bucaramanga […]”, el cual establece que les corresponde a los concejales apoyar
la supervisión de los contratos de prestación del servicio del Concejo Municipal de
Bucaramanga y expedir la certificación de cumplimiento de las respectivas
funciones, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO SEGUNDO: Las Unidades de Apoyo Normativo se regulan para su
existencia y conformación, con la presente resolución y su vinculación será mediante
Contratos de Prestación de Servicios entre el Concejo de Bucaramanga y la persona
natural o jurídica que desarrolle la actividad.

PARÁGAFO PRIMERO: Corresponderá a cada concejal (a) apoyar la supervisión
y expedir la correspondiente Certificación de Cumplimiento de las funciones
asignadas como Unidad de Apoyo Normativo I, II o III; documento indispensable
que debe ser presentado ante el supervisor para el pago de los honorarios
respectivos.

Cada unidad de apoyo debe presentar una cuenta de cobro donde debe adjuntar el
pago actual de la seguridad social, los soportes y evidencias del desarrollo de las
actividades descritas en el contrato y la respectiva estampilla.

Teniendo en cuenta que en la oficina de los concejales no se manejan las condiciones
reglamentarias de la ley de archivo, se hace necesario que a la cuenta de cobro se
anexen evidencias de las actividades (fotos, números de radicados, números de
proyectos de acuerdo, referencia de ponencias etc), las cuales también deberán
cargarse como anexos en la creación de la cuenta en la plataforma SECOP II

PARÁGRAFO SEGUNDO: La supervisión del Contrato se realizará por parte de
la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo Municipal de Bucaramanga
para lo cual tendrá como apoyo a la supervisión a cada concejal quien debe
certificar la ejecución de las actividades y exigir la entrega de evidencias en
cada cuenta de cobro. […]” (Destacado fuera del texto).

59. Visto el artículo 7.º de la Resolución núm. 9 de 2022, el cual señala que la
denominación, escala de remuneración y requisitos de los cargos de las Unidades
de Apoyo Normativo del Concejo Municipal de Bucaramanga, es la siguiente:

DENOMINACIÓN VALOR REQUISITOS
UNIDAD DE APOYO HASTA BACHILLER O TÉCNICO
NORMATIVO I $3.000.000 O TECNÓLOGO
UNIDAD DE APOYO HASTA PROFESIONAL
NORMATIVO II $6.000.000 TITULADO
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UNIDAD DE APOYO HASTA PROFESIONAL
NORMATIVO III $8.000.000 ESPECIALIZADO

60. Visto el artículo 8.º de la Resolución núm. 9 de 2022, que prevé, sobre el objeto
del contrato suscrito con las Unidades de Apoyo Normativo I, lo siguiente:

“[…] Artículo Octavo: El objeto del Contrato suscrito con las Unidades de Apoyo
Normativo I se tendrán como referencia una o varias de las siguientes
actividades o alcance del objeto a contratar:

1.Ayudar al Concejal (a) a elaborar las proposiciones, ponencia y cuestionarios de
citación y/o invitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos
Descentralizados y demás personas, que requiere por las Comisiones Permanentes
y/o Sesiones Plenarias de la Corporación.

2. Presentar asistencia técnica u operativa al Concejal (a), en aras de ejercer el
control político del Municipio, Gobernaciones, Entidades Nacionales,
Organismos de Control y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden.

3.Participar en las actividades culturales, económicas, financieras, jurídicas
organizadas por el Concejo en pro de la comunidad.

4.Ayudar al Concejal a buscar la información requerida por éste en entidades
gubernamentales sobre temas que se debatan en las comisiones Permanentes y/o
sesiones Plenarias Ordinarias o Extraordinarias.

5.Colaborar a la Comunidad, los Gremios o ciertos sectores de la ciudad para
socializar Proyectos de Acuerdo, cabildos abiertos o temas de interés.

6.Asistir a fotos y debates de interés social, de acuerdo con instrucciones
impartidas por el concejal.

7.Y las demás actividades que el señala el Honorable Concejal. […]” (Destacado
fuera del texto).

61. En ese orden de ideas, la Sala procederá al análisis del caso concreto,
oportunidad en la que se estudiarán los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura invocada.

Análisis del caso concreto

62. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar y
a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

63. La Sala procede, en el caso sub examine, al estudio de los supuestos
necesarios para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la
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Ley 617, consistente en indebida destinación de dineros públicos, a saber: i) que se
ostente la condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que
se esté frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados.

Que se ostente la condición de miembro de corporación pública de elección
popular

64. La Sala encuentra probado que los señores Wilson Danovis Lozano Jaimes y
Carlos Felipe Parra Rojas fueron elegidos como concejales del Municipio de
Bucaramanga, para el período 2020-202337, según se explicó en el acápite “[…] La
calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia, se encuentra
probado el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura en el caso sub examine.

Que se esté frente a dineros públicos

65. La Sala considera que los dineros con que el Concejo Municipal de
Bucaramanga efectuó el pago de los honorarios del señor Duber Armando Alvarado
Ávila, con cargo al presupuesto previsto para el efecto, previa certificación de
cumplimiento de las funciones expedida por los concejales, son dineros públicos y,
en consecuencia, se encuentra probado el segundo supuesto del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura sub examine.

Que los dineros públicos sean indebidamente destinados

66. Como se indicó supra, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional ha considerado que la indebida destinación de dineros públicos se
configura: i) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular
destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; ii)
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a
objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados; iii) cuando el miembro de la corporación pública
de elección popular aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; iv) cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular aplica los dineros públicos a
materias innecesarias o injustificadas; v) cuando la destinación tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; y vi) cuando la

37 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 002 Demanda y Anexos […]”. Folios 40 a 54.

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destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o en el de terceros.

67. En ese sentido, la Sala procederá al estudio de los argumentos presentados en
el recurso de apelación, para lo cual procederá al estudio de las pruebas en relación
con el señor Duber Armando Alvarado Ávila, miembro de la Unidad de Apoyo
Normativo de los concejales, con el objeto de determinar si incurrieron en indebida
destinación de dineros públicos.

68. Al respecto, la Sala tendrá en cuenta las funciones de los miembros de las
Unidades de Apoyo Normativo previstas en el artículo 8.º de la Resolución núm. 9
de 202238 expedida por el Presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga,
citadas en el numeral 60 supra, las cuales fueron replicadas en la cláusula 3 de los
Contratos núms. CPS-043-2022 y CPS-044-202239.

69. Para el efecto, la Sala encuentra probado que:

Respecto al Contrato núm. CPS-043 de 2002

70. El Concejo del Municipio de Bucaramanga y el señor Duber Armando Alvarado
Ávila celebraron el Contrato núm. CPS-043 de 2002 de 15 de enero de 2022, con
el objeto de prestar servicios de apoyo normativo a la gestión como Unidad de
Apoyo I al Concejal Carlos Felipe Parra Rojas.

71. La cláusula 13 del contrato señala respecto a su supervisión “[…] El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica realizará la supervisión del contrato, no obstante,
corresponderá a cada Concejal apoyar la supervisión y expedir las correspondientes
certificaciones de cumplimiento de las obligaciones asignadas al contratista, con
sus respectivos soportes y/o evidencias de las actividades detalladas en los
informes de ejecución del contrato según lo estipulado en la Resolución núm. 009
de 6 de enero de 2022 expedida por la Presidencia de la Corporación. […]”.

72. El Concejal Carlos Felipe Parra Rojas certificó el cumplimiento de funciones del
señor Duber Armando Alvarado durante los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2022, como consta en los informes de ejecución del contrato, las

38 “[…] Por la cual se reglamenta las Unidades de Apoyo Normativo del Concejo Municipal de Bucaramanga

[…]”.
39 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 002 Demanda y Anexos […]”. Folios 29 y 35.

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actas de verificación, los informes de apoyo a la supervisión40 y el acta de
terminación y liquidación del contrato41, como se expone a continuación:

72.1. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en enero de 2022
consistieron en: “[…] - Edición de vida ¡Pida las Cuentas! Rendición de cuenta año
2021 para publicar en las diferentes redes sociales del concejal; - Edición video
sobre la propuesta de impuesto predial para publicar en redes sociales del concejal;
• Diseño de imagen con código QR para la rendición de cuentas vigencia 2021; y,
• Atención al ciudadano a través de canales digitales y diferentes redes sociales del
concejal. […]”.

72.2. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en febrero de 2022
consistieron en: “[…] - Asistencia y apoyo audiovisual en el debate del impuesto
predial de Bucaramanga; - Edición y publicación de videos para subir a redes
sociales; - Realización de guion material histórico para publicación en red social tik
tok; - Difusión de piezas en redes sociales de invitación a bicirodada; - Difusión de
redes sociales de documentos de rendición de cuentas vigencia 2021; - Logística
para transmisiones en vivo; - Diseño y publicación de pieza gráfica para subir a
redes sociales; - Atención al ciudadano a través de canales digitales; - Atención
buzón directo de las redes sociales Instagram; Facebook y twitter; y - Atención de
comentarios en publicaciones del fan page de Facebook. […]”.

72.3. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en marzo de 2022
consistieron en: “[…] - Acompañamiento 1 Bicirodada programada día jueves cada
semana; - Acompañamiento instalación de las sesiones ordinarias del mes de
marzo del Concejo de Bucaramanga; - Grabación, edición y publicación de 5 vídeos
de las intervenciones del concejal en las plenarias del concejo para publicar en
redes sociales; - Diseño de una pieza gráfica para publicar en la red social
Facebook; - Difusión de pieza gráfica en la red social Facebook “Mercadillo
Campesino UIS”; - Difusión de piezas formato tipo GIF en redes sociales; - Difusión
de piezas gráficas formato JPEG en redes sociales; y - Atención a los mensajes de
la ciudadanía por el canal digital Facebook. […]”.

72.4. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en abril de 2022
consistieron en: “[…] grabación, edición y publicación de cuatro videos y atención al
ciudadano a través de las redes sociales. […]”.

40 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 035 Anexo […]”.
41 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 009 Subsanación de la demanda […]”. Folio 21.

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72.5. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en mayo de 2022
consistieron en: “[…] difusión de dos vídeos para publicar en redes sociales;
grabación, edición y publicación de vídeo de rendición de cuentas primer período
sesiones ordinarias y, atención a la ciudadanía por redes sociales. […]”.

72.6. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en junio de 2022
consistieron en: “[…] publicación y difusión de vídeos en las redes sociales; edición
y publicación de video entrevista en la emisora La Cultural de Bucaramanga;
publicación de piezas gráficas con información del acuerdo “No más plásticos de un
solo Uso” a través de las redes sociales del concejal; diseño de pieza gráfica con
información a acerca del debate de control político corresponsabilidad del municipio
de Bucaramanga con la Provincia de Soto Norte y, atención a la ciudadanía por
redes sociales. […]”.

72.7. La Jefe de la Oficina Jurídica del Concejo Municipal de Bucaramanga certificó,
con fundamento en los informes de actividades presentados por el contratista y las
certificaciones de cumplimiento suscritas por el Concejal, que “[…] el objeto del
contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria […]” y que
“[…] el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista
[…]”.

Respecto al Contrato núm. CPS-044 de 2002

73. El Concejo del Municipio de Bucaramanga y el señor Duber Armando Alvarado
Ávila celebraron el Contrato núm. CPS-044 de 2002 de 15 de enero de 2022, con
el objeto de prestar servicios de apoyo normativo a la gestión como Unidad de
Apoyo I al Concejal Wilson Danovis Lozano Jaimes.

74. La cláusula 13 del contrato señala respecto a su supervisión “[…] El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica realizará la supervisión del contrato, no obstante,
corresponderá a cada Concejal apoyar la supervisión y expedir las correspondientes
certificaciones de cumplimiento de las obligaciones asignadas al contratista, con
sus respectivos soportes y/o evidencias de las actividades detalladas en los
informes de ejecución del contrato según lo estipulado en la Resolución núm. 009
de 6 de enero de 2022 expedida por la Presidencia de la Corporación. […]”.

75. El Concejal Wilson Danovis Lozano Jaimes certificó el cumplimiento de
funciones del señor Duber Armando Alvarado durante los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio de 2022, como consta en los informes de ejecución del

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contrato, las actas de verificación, los informes de apoyo a la supervisión y el acta
de terminación y liquidación del contrato42, así:

75.1. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en enero de 2022
consistieron en: “[…] edición de vídeo miércoles Bicirodada por Bucaramanga
publicadas en redes sociales del concejal; edición de vídeo de Jornadas de
adopción de perritos en Bucaramanga publicada en redes sociales del concejal;
edición de vídeo sobre rendición de cuenta año 2021 publicada en redes sociales
del concejal; edición de vídeo sobre la visita a la Comunidad Indígena Yupka en el
Parque García Rovira publicada en las diferentes redes sociales del concejal;
diseño de pieza gráfica para publicar en redes sociales; diseño documentos de la
rendición de cuentas vigencia 2021; administración y actualización del sitio web del
concejal y, atención a la ciudadanía. […]”.

75.2. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en febrero de 2022
consistieron en: “[…] administración y logística para Facebook live el día 6 de
febrero de 2022 sobre la demanda contra el Contralor Departamental; edición vídeo
de la Oficina de Pasaportes de Santander; Edición de vídeo “Denuncia Ciénaga de
San Silvestre”; diseño pieza gráfica para redes sociales; administración y
actualización del sitio web del concejal. […]”.

75.3. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en marzo de 2022
consistieron en: “[…] grabación y edición de vídeo el 1° de marzo en la instalación
de las sesiones ordinarias; grabación y edición vídeo en Plenaria sobre Alumbrado
Público en Bucaramanga; edición vídeo visita al PAE del Municipio de Bucaramanga
publicada en redes sociales; edición vídeo rendición de cuentas 2020 y 2021
publicada en redes sociales; diseño pieza gráfica “no al fracking en Santander”
publicada en redes sociales; diseño collage de fotos para subir en redes sociales y
difusión de pieza gráfica del Mercado Campesino en la UIS. […]”.

75.4. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en abril de 2022
consistieron en: “[…] edición y publicación de vídeos en redes sociales; transmisión
en vivo en plataforma digital sobre tres noticias positivas para el medio ambiente y
Santander; diseño y publicación de foto collage marcha “no al fracking en
Santander” y, diseño y difusión de pieza gráfica no al fracking en Santander. […]”.

75.5. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en mayo de 2022
consistieron en: “[…] grabación, edición y publicación vídeo de rendición de cuentas

42 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 009 Subsanación de la demanda […]”. Folio 24 y “[…] 035 Anexo […]”.

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en redes sociales; grabación, edición y publicación video pedagogía electoral;
grabación, edición y publicación vídeo problemática de alumbrado público en los
alrededores del Barrio San Alonso y la UIS. […]”.

75.6. El Concejal certificó que las funciones desempeñadas en junio de 2022
consistieron en: “[…] grabación, edición y publicación vídeo “no más toreo” en redes
sociales; grabación, edición y publicación del debate de control político de la
Bicicleta; publicación vídeo de Proyecto Acuerdo del Debate de Control Político de
plásticos de un solo uso; diseño y publicación de pieza gráfica para la “quesatón”
realizada el 11 de junio de 2022 en la calle de los Estudiantes; diseño de pieza
gráfica para debate de control político corresponsabilidad del Municipio de
Bucaramanga con la Provincia Soto Norte. […]”.

75.7. La Jefe de la Oficina Jurídica del Concejo Municipal de Bucaramanga certificó,
con fundamento en los informes de actividades presentados por el contratista y las
certificaciones de cumplimiento suscritas por el Concejal, que “[…] el objeto del
contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria […]” y que
“[…] el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista
[…]”.

76. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que se encuentra probado
dentro del proceso que el señor Duber Armando Alvarado Ávila, en su condición de
miembro de la Unidad de Apoyo Normativo I de los concejales cumplió funciones
de las previstas en el artículo 8.º de la Resolución núm. 9 de 2022 y en la cláusula
3 de los Contratos núms. CPS-043-2022 y CPS-044-2022.

77. En ese sentido, es importante resaltar que, contrario a lo manifestado por la
apelante, no se encontró probada la destinación de dineros públicos a fines distintos
a los previstos en la Constitución Política, la ley o el reglamento y, en consecuencia,
que se hubiere probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos en relación con el mencionado
contratista.

78. Al respecto, la Sala prohíja las consideraciones de la sentencia de 28 de julio
de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 1500123330002015007390143,
sobre el valor probatorio de las certificaciones que se expiden con fundamento en

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2016,

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación 15001-23-33-
000-2015-00739-01(PI).
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la información presentada por los concejales sobre el cumplimiento de esta clase
de contratos, las cuales se exponen a continuación:

“[…] [L]o cierto es que el servidor público encargado de certificar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en los citados contratos, esto es, el
concejal […], manifestó que efectivamente el objeto pactado en ellos se había
desarrollado y ejecutado a cabalidad. […]” (Destacado incluido en el texto).

“[…] En esa medida y teniendo en cuenta que se trata de documentos públicos
que, conforme el artículo 257 del Código General del Proceso, “(…) hacen fe de
su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el
funcionario que los autoriza (…)”, las certificaciones expedidas por la Secretaria
General del concejo municipal de Tunja (Boyacá), mediante oficio número CMT.SG
0378-15 dirigido al Tribunal Administrativo de Boyacá (Fol. 150, Expediente) y por la
Tesorera General del concejo municipal de Tunja (Fol. 151-154, Expediente),
elaboradas, se reitera, con base en la información suministrada por el concejal
[…], gozan de valor probatorio para acreditar que los contratos números 048 y
071 de 2012 fueron cumplidos y, en consecuencia, el pago pactado en los
mismos se realizó a un objeto autorizado por el ordenamiento jurídico puesto
que conforme el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, los contratistas tienen derecho
“(…) a recibir oportunamente la remuneración (…)” […]” (Destacado fuera del
texto).

79. De igual forma, es preciso señalar que, en la solicitud de pérdida de investidura,
se allegaron imágenes con las cuales se pretendió probar que el señor Duber
Armando Alvarado Ávila, en su condición de contratista de la Unidad de Apoyo
Normativo I del Concejal Wilson Danovis Lozano Jaimes, ejerció actividades de
publicidad que apoyaron la campaña política de Cristian Danilo Avendaño Fino al
Congreso de la República44, las cuales se observan a continuación:

44 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 002 Demanda y Anexos […]”. Páginas 56 y 57. Las consideraciones de este

acápite hacen referencia a todas las imágenes allí referenciadas.
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80. Sobre el particular, el contratista aportó, en el informe de cumplimiento de
obligaciones del Contrato núm. CPS-044-2022, para el mes de febrero45, entre
otras, las siguientes imágenes como evidencia del cumplimiento de las actividades
referidas en el párrafo 75.2. supra:

81. Esta Sección, mediante sentencia de 10 de diciembre de 202146, consideró
sobre la validez probatoria de medios de convicción digitales, como fotos divulgadas
en redes sociales, lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta las particulares pruebas digitales recaudadas en el proceso,
en las que se encuentran ‘pantallazos’ de publicaciones en la red social ‘Facebook’,
así como videograbaciones y audios de entrevistas realizadas a través de internet,
resulta necesario establecer si cumplen con los presupuestos técnicos
necesarios para su valoración probatoria, respecto de lo cual, el artículo 247 del
CGP prevé:

“[…] Artículo 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes
de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que
fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud.

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos […]” (Negrillas y
subraya fuera de texto).

45 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 035 Anexo […]”.Información remitida por el Concejo Municipal de
Bucaramanga.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre

de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, proceso identificado con el número único de radicación
81001233900020200012701.
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La Corporación, en desarrollo de esta norma, ha considerado lo siguiente:

“[…] Se desprende de lo anterior que serán considerados como mensajes de datos
todos los documentos que hubieren sido allegados al expediente en el formato en que
fueron generados, a la manera como ocurre en esta oportunidad en la que el
demandante se sirve de las herramientas tecnológicas necesarias para el efecto, esto
es, los enlaces de emplazamiento digital de las imágenes y videos que sustentarían
la prohibición de doble militancia.

Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la norma
hace referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos, como pruebas,
al proceso, su introducción a la actuación presupone los «equivalentes funcionales»
a los que se hizo referencia con anterioridad, previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la
Ley 527 de 1999, que reemplazan la exigencia escritural del documento, la necesidad
de la firma y la obligación de su aportación en original”47 […]” 48.

Es así como, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios
de convicción digitales, entiéndase, como en el caso concreto, fotos y videos
divulgados en redes sociales como Facebook, -así como en las restantes redes
como Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, entre otros-, y las leyendas, notas y pie de
fotos que detallen, complementen o describan tales publicaciones o intervenciones,
se requerirá, como requisitos para su apreciación, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y sus particularidades, que: (i) la información contenida
en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta, –artículo 6°,
de la Ley 527–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje, es decir quien lo
genera, –artículo 7°, de la Ley 527–; y (iii) se verifique la integralidad de su
contenido, esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva, –artículos 8° y 9°, de la Ley 527–
. De lo contrario, al no reunir estas condiciones informáticas, la simple
impresión de un mensaje de datos será valorada, como ya se vio, de
conformidad con las reglas generales de los documentos, en los términos del
artículo 247 del CGP. […]” (Destacado fuera del texto).

82. En relación con lo anterior, la Sala advierte que el pantallazo que la Solicitante
afirmó se obtuvo de una red social49, corresponde a una publicación hecha por la
cuenta “cristianavendanosantander” en la red social Instagram, con fecha 9 de
febrero de 2022, en la cual aparecen varias personas, que no están identificadas en
la foto, y la cual contiene la siguiente leyenda: “[…] Fue muy emocionante estar en
Barranca. […]. Por muchos (sic) tiempo nos han dicho que hay lugares a los que no
podemos entrar, que allá solo mandan los corruptos y los violentos y que nos
debemos alejar. Pues acá estamos, la gente se está despertando y los vamos a
sacar. […]”.

83. Al respecto, no es posible valorar esta prueba como un mensaje de datos
propiamente, debido a que si bien se logra identificar que la cuenta
“cristianavendanosantander” fue el iniciador de la publicación, la información allí
contenida no es accesible para su posterior y actual consulta ni es posible verificar
la integralidad de su contenido, es decir, que no haya sido alterada en comparación
con la imagen allegada, en los términos de los artículos 6.º, 8.º y 9.º de la Ley 527

47 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2016. magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00.
49 Ubicado en el extremo derecho, a continuación del párrafo 79 de esta providencia.

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Núm. Único de radicación: 68001233300020220052101

de 18 de agosto de 199950, máxime si se tiene en cuenta que no se incluyeron los
enlaces digitales que permitieran facilitar su acceso.

84. En ese sentido, se trata de una impresión simple de la referida publicación, la
cual sebe ser valorada según las reglas generales de los documentos, conforme a
lo previsto en el inciso segundo del artículo 247 de la Ley 1564.

85. Sobre el particular, es preciso indicar que se trata de la copia de una publicación
de la cuenta “cristianavendanosantander” en Instagram en la que aparecen varias
personas sin identificar, en Barrancabermeja, según lo expresa la leyenda y
ubicación en la imagen, sin que la acompañen elementos propios de la controversia
planteada en el presente proceso.

86. Asimismo, la Sala considera que, el hecho de que la publicación referida supra
coincida con una de las fotografías allegadas por el contratista en el informe de
cumplimiento de obligaciones del Contrato núm. CPS-044-2022, para el mes de
febrero51, no implica por sí mismo lo planteado por la Solicitante, por cuanto no
resulta probado que el contratista haya capturado y difundido fotografías para
apoyar una campaña electoral ni que haya asistido a reuniones electorales, en la
medida que no se observan elementos de actos publicitarios con fines electorales
como carteles o pancartas que hagan alusión a alguna candidatura en particular.
Por el contrario, se observa que los soportes allegados por el contratista
corresponden a las actividades reportadas en el informe de actividades de febrero
en desarrollo de sus obligaciones contractuales.

87. Adicionalmente, la Sala observa que, conforme a lo descrito en los Contratos
núms. CPS-043-2022 y CPS-044-2022, el señor Duber Armando Alvarado Ávila, en
su condición de miembro de la Unidad de Apoyo Normativo de los concejales, no
tenía delimitado territorialmente el ejercicio de actividades destinadas a dar
cumplimiento al objeto de los contratos correspondientes.

88. Sobre el particular, es preciso indicar que no es de recibo para la Sala lo
manifestado por la apelante con relación al hecho de que los concejales hayan
certificado el cumplimiento de funciones del contratista perteneciente a sus
Unidades de Apoyo Normativo I que se desempeñaron fuera de la jurisdicción del
Concejo Municipal de Bucaramanga porque, por un lado, el contrato no estableció
una limitación territorial para el cumplimiento de las obligaciones; y, por el otro, lo
que se debe probar es que los concejales autorizaran el pago de dineros públicos

50 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.
51 Información remitida por el Concejo Municipal de Bucaramanga.

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Núm. Único de radicación: 68001233300020220052101

a un funcionario de su Unidad de Apoyo Normativo que incumplía sus funciones y
obligaciones.

89. En suma, esta Sala considera que, al no haberse probado el tercer supuesto
del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos prevista en el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley
136 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, no es necesario realizar el
estudio del elemento subjetivo de culpabilidad, y, en consecuencia, considera que
no es procedente la declaratoria de pérdida de investidura solicitada.

Conclusión de la Sala

90. Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia 6 de diciembre
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto dispuso
negar la solicitud de pérdida de investidura de los concejales Wilson Danovis
Lozano Jaimes y Carlos Felipe Parra Rojas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente (E) Ausente con Permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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