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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00012-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00012-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, mediante la cual se hizo un llamamiento a la señora Ángela María Vergara González para ocupar la curul de representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme con el artículo 243A del CPACA. TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00012-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de agosto de 2023

Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González –
representante a la Cámara por el departamento de Bolívar
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00012-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00012-00
Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González – representante a la
Cámara por el departamento de Bolívar

Tema: Pérdida de investidura. Inhabilidades para ser congresista –
artículo 179.4 constitucional.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 1, promovido por el
señor William Tarra Alvear contra la Resolución No. 0001 del 13 de enero de
2023, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral3, William Tarra Alvear4
demandó la Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023, expedida por la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes. A través de este acto, se hizo un
llamamiento a la señora Ángela María Vergara González para ocupar la curul de
representante a la Cámara del departamento de Bolívar por lo que resta del
periodo constitucional 2022-2026, obtenida inicialmente por el señor Yamil
Hernando Arana Padui, quien renunció a dicho escaño5.

2. En concreto, el accionante pretende que se declare la nulidad del acto de
llamamiento que se le hizo a la demandada para ocupar la curul vacante, así como
la cancelación de la credencial otorgada. Igualmente, y como consecuencia de lo
anterior, que se ordene llamar al siguiente candidato no elegido en la lista a la

1 En adelante CPACA.
2 Índice SAMAI nro. 3.
3 Establecido en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (en adelante CPACA).
4 En nombre propio.
5 Conforme con el artículo 278 de la Ley 5 de 1992.

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Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González –
representante a la Cámara por el departamento de Bolívar
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00012-00

Cámara de Representantes de la circunscripción electoral correspondiente, por el
partido Conservador Colombiano.

3. Además, el demandante solicitó que, de manera provisional, fueran
suspendidos los efectos del acto acusado, así como de la credencial entregada a
la demandada. Ello, con el propósito de proteger los principios de moralidad,
transparencia e igualdad.

1.1. Fundamentos fácticos

4. El accionante indicó que la demandada fue elegida como edil de la Junta
Administradora de la Localidad núm. 1 – Histórica y del Caribe Norte del Distrito de
Cartagena de Indias para el periodo constitucional 2020-2023.

5. Explicó que, en tal condición, le fue adelantado un proceso de pérdida de
investidura cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Bolívar6, autoridad judicial que, con sentencia del 25 de
noviembre de 2020, decretó la sanción en comento.

6. En específico, adujo que el tribunal concluyó que la demandada violó el
régimen de conflicto de intereses habida cuenta de que no se declaró impedida
para participar en el proceso de elección del alcalde de la localidad en la que se
desempeñaba como edil, pese a que en el mismo se presentó un aspirante 7 con
quien tenía parentesco de consanguinidad en el cuarto grado. Agregó que tal
decisión de despojar a la accionada de su investidura como edil fue confirmada en
segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado8.

7. Igualmente, la parte actora puso de presente que en el año 2020 se radicó
una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación9 por los mismos
hechos que culminaron con la sanción de desinvestidura impuesta a la
demandada, la cual, manifestó, no ha sido tramitada.

8. El demandante precisó que, para el periodo constitucional 2022-2026, el
señor Yamil Hernando Arana Padui fue electo como representante a la Cámara
por el departamento de Bolívar, sin embargo, presentó renuncia a dicho escaño.

9. Como consecuencia de lo anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes expidió la Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023,
mediante la que hizo un llamamiento a la demandada para ocupar la curul
inicialmente obtenida por el señor Arana Padui.

6 Al interior del proceso 13-00-12-333-000-2020-00573-00/1.
7 El señor Glindol Grondona Vergara.
8 En sentencia del 3 de febrero de 2022.
9 Por parte del ciudadano Carlos Andrés Posada Diaz quien, posteriormente, fue demandante en el

juicio de pérdida de investidura adelantando contra la demandada.

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Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González –
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1.2. Normas violadas y concepto de la violación

10. El actor aseveró que el acto censurado y la posterior posesión de la
demandada transgredieron lo dispuesto en las siguientes disposiciones10:

Constitución Política de Colombia Articulo 122, 126
Ley 1952 de 2019 – Código Disciplinario Artículos 56 (1,2) 67
Ley 2094 de 2021
Ley 1437 de 2011- CPACA artículos 3, 11, 40, 44, 143 y 152, 275.5
Ley 617 de 2000 – Articulo 48 numeral 1
Resolución 005 de Noviembre (sic) de 2011 – Artículos 4 y 62
Ley 996 de 2005 – Articulo 38 Numeral 4.
Ley 5 de 1992 -Articulo 278
Ley 1881 de 2018 – Articulo 6 y subsiguientes.
Ley 1564 de 2012 CGP – Artículo 167
Ley 2213 de 2022. (Sic a toda la cita)

11. Específicamente, planteó los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: LA CIUDADANA ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ POR
DECISIÓN JURISDICCIONAL CARGA PERMANENTEMENTE DENTRO DE SU
CAPACIDAD JURÍDICA, LA SANCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA POR
VIOLACION AL REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES Y HOY SE HALLA
INCURSA EN CAUSAL DE INHABILIDAD POR VIOLACION A LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS GRAVISIMAS Y GRAVES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1952 de
2019

SEGUNDO CARGO: LA SANCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA IMPUESTA A
LA SEÑORA ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ LE IMPIDE CUMPLIR CON
LAS CALIDADES Y REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE
IMPLICA EL ACTO DE LLAMAMIENTO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

TERCER CARGO: FALSA Y FALTA DE MOTIVACION EN LA RESOLUCION DE
LLAMAMIENTO Y JURAMENTO EN EL ACTO DE POSESION SIN EL LLENO DE
LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y POR MANIFESTAR QUE
[la demandada] NO ESTABA INHABILITADA ART 122 CONSTITUCION (sic a toda
la cita).

12. En concreto, el demandante expuso que la pérdida de investidura, según la
jurisprudencia constitucional11 y de esta Corporación12, tiene por objeto que quien
reciba tal sanción deba separarse definitivamente del cargo que desempeñaba,
así como la consecuente prohibición permanente de desempeñar en el futuro
alguno de igual o similar naturaleza.

13. Por ello, en criterio del accionante la desinvestidura decretada a la
demandada por la comisión de conductas contrarias a la ley mientras fungió como

10 Incluidas en un apartado del escrito que denominó «FUNDAMENTO DE DERECHO Y NORMAS

VIOLADAS».
11 Refirió la sentencia C-247 de 1995
12 Mencionó una sentencia del Consejo de Estado proferida por la Sala Plena el 23 de agosto de

2011. M.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sin especificar su radicado.

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edil, implica que esté impedida «para entablar una relación jurídica con el estado
(sic) en lo atinente a poder inscribirse y ser elegida en cargos de elección
popular».

14. En su concepto, la sanción impuesta a la accionada por la transgresión del
régimen de conflicto de intereses cuando fue edil, implica que no pueda ocupar un
cargo de elección popular como el que fue llamada a ocupar, de conformidad con
lo establecido en el artículo 275.5 del CPACA y el artículo 122 constitucional.

15. En sentir de la parte actora, el acto que dispuso el llamamiento de la
demandada para ocupar la curul como representante a la Cámara es nulo en tanto
la demandada no reune «las calidades y requisitos constitucionales de
elegibilidad» como consecuencia de la pérdida de investidura; sanción que
además trae consigo la prohibición permanente para desempeñar cualquier cargo
de elección popular, así como «NO PODER VOLVER A PARTICIPAR EN LA
INTEGRACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS».

16. Asimismo, indicó que «la pérdida de investidura de un cargo de elección
popular implica una sanción enmarcada en la insatisfacción CON EL DEBER DE
CUMPLIR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y DESEMPEÑAR LOS DEBERES
QUE LE INCUMBEN» (sic) al que alude el artículo 122 superior.

17. Por otra parte, el actor aseveró que el acto demandado adolece de falsa y
falta de motivación puesto que en el mismo se afirmó que la demandada no se
encontraba inhabilitada para ocupar la curul vacante como representante a la
Cámara por el departamento de Bolívar, desconociéndose así la desinvestidura a
la que se ha hecho referencia.

18. Finalmente, señaló que si el Ministerio Público hubiese tramitado la queja
interpuesta en el año 2020 contra la demandada por las conductas que dieron
sustento a su desinvestidura, se reafirmaría la existencia de causales de
inhabilidad para fungir como representante a la Cámara, que a su vez se traducen
en el desconocimiento del artículo 275.5 del CPACA.

2. Trámite del proceso

2.1. Inadmisión de la demanda

19. Con proveído del 3 de marzo de 202313, este despacho advirtió que en su
demanda el actor, pese a la multiplicidad de normas que invocó como
transgredidas, únicamente desarrolló el concepto de la violación respecto del
artículo 275.5 del CPACA. Esto, al exponer que la demandada no cumplía con los
requisitos y calidades de elegibilidad (275.5 del CPACA), como consecuencia de
su pérdida de investidura como edil.

13 Índice SAMAI nro. 5.

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20. Por lo mencionado, se inadmitió la demanda con el fin de que la parte
demandante desarrollara debidamente el concepto de la violación de todas las
normas traídas como desatendidas y respecto de las cuales no realizó análisis de
transgresión alguno. Lo anterior, so pena de admitirse únicamente por el cargo
correspondiente a la configuración de la causal de nulidad electoral contemplada
en el artículo 275.5 del CPACA.

2.2. Auto que admite y resuelve la solicitud de medida cautelar

21. Una vez revisado el escrito de subsanación14, en providencia del 20 de abril
del 202315, se admitió la demanda16 y se ordenaron las notificaciones y
comunicaciones correspondientes, trámites que se efectuaron como consta en los
índices 24 y 25 del sistema SAMAI. Asimismo, se negó la solicitud de suspensión
provisional de los efectos del acto demandado17.

2.3. Decisión respecto a la solicitud de aclaración

22. Respecto de la decisión anterior, el accionante presentó memorial en el que
solicitó le fueran aclaradas las normas respecto de las cuales no desarrolló el
concepto de la violación. Igualmente, señaló que la Sala admitió la demanda sin
tener en cuenta los argumentos expuestos con el escrito de subsanación.

23. Al respecto, mediante providencia del 15 de junio de 202318, la Sala negó la
solicitud porque no existía concepto o frase que generara motivos de dudas para
proceder a la aclaración19.

14 Índice SAMAI nro.9.
15 Índice SAMAI nro. 20.
16 Luego de advertir que el demandante únicamente desarrolló el concepto de la violación respecto

del artículo 275.5 del CPACA y del artículo 137 de la misma codificación por cuanto afirmó que el
acto demandado fue expedido mediante falsa motivación.
17 Al respecto se concluyó: «en el presente asunto, como sustento de la medida, el accionante solo

trajo a colación disposiciones respecto a su procedencia en el proceso electoral en el marco del
CPACA, sin argumentar - en dicho escenario particular - como el acto impugnado desconoce los
artículos mencionados, o manifestar expresamente que el fundamento de la petición fuesen los
cargos de la violación expuestos en la demanda. Por tal motivo, el déficit de carga argumentativa
advertido implica que la suspensión provisional solicitada se niegue».
18 Índice SAMAI nro. 37.
19 Concretamente se concluyó: «si la Sala encontró que el demandante únicamente desarrolló el

concepto de la violación respecto de los artículos 137 y 275.5 del CPACA y por tanto dispuso
admitir en ese sentido, resulta evidente que fue con relación a las otras normas citadas que se
adoptó la decisión de no tener por acreditada la exigencia establecida en el artículo 162, ordinal 4,
CPACA. Ello, por carecer de una argumentación concreta frente a su trasgresión». (…) «la Sala
Electoral debe manifestar que la totalidad de la argumentación propuesta por el actor en la
demanda y en el escrito de subsanación, fue tenida en cuenta al momento de analizar el concepto
de la violación en que se sustenta la pretensión de nulidad del acto demandado, lo cual incluye los
párrafos que el actor considera no fueron analizados. De dicho estudio se advirtió que la censura
propuesta se centró en que la demandada no cumplía con los requisitos de elegibilidad en atención
a la pérdida de investidura que le fue impuesta como edil, desconociéndose así el artículo 275.5
CPACA, así como el 137 del mismo código por cuanto en el acto de llamamiento se expresó que
sobre la demandada no existían causales de inhabilidad, lo cual implicaba una falsa motivación».

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2.4. Contestaciones

2.4.1. Ángela María Vergara González20

24. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la parte actora con
sustento en las razones que se exponen a continuación:

25. Indicó que, en efecto, afrontó el proceso de investidura que mencionó la
parte demandante y acotó que, en todo caso, nunca ha negado su parentesco con
el señor Glindol Grondona Vergara. Con relación a dicha persona, señaló que en
los procesos eleccionarios en que éste se presentó, no obtuvo algún voto, razón
por la cual se descartaba que hubiese recibido algún tipo de apoyo de la
demandada. Asimismo, que tampoco fue ternado en alguna de las listas enviadas
para la elección por parte del Alcalde Mayor de Cartagena.

26. Luego, la accionada manifestó que ni la Constitución ni la ley prevén que
quienes, como ella, hayan perdido la investidura como concejal, diputado o
miembro de Junta Administradora Local (JAL), no puedan inscribirse o presentarse
como candidatos en elecciones populares al Congreso de la República, ni
tampoco que en el evento de resultar electos les esté proscrito posesionarse.

27. Así, enfatizó en que, contrario a lo argumentado por el demandante, no
estaba incursa en alguna causal de inhabilidad que le impidiera aspirar al
Congreso de la República en las elecciones del 13 de marzo de 2022, ni tampoco
para posesionarse en la curul como representante a la Cámara de Representantes
por el departamento de Bolívar, respecto de la cual se le hizo el llamamiento.

28. Destacó que el artículo 179-4 superior establece de manera taxativa que no
podrán aspirar al Congreso de la República quienes hayan perdido su investidura
como congresistas. En tal sentido, refirió que no cualquier desinvestidura apareja
que la persona sancionada no pueda acceder la dignidad de congresista, sino
únicamente aquella a la que se le impuso la sanción en tal condición.

29. Por lo anterior, expuso que, si la pérdida de investidura se impone en la
condición de edil, concejal, alcalde o gobernador, no resulta posible hacer
extensiva en estos eventos la aplicación de la proscripción contenida en el artículo
constitucional referenciado, en tanto en el mismo se establece que no podrán ser
congresistas quienes hayan perdido su investidura en tal calidad.

30. En esta orientación, expuso que la jurisprudencia de esta Corporación 21 ha
reconocido que las inhabilidades son de carácter taxativo y, por tanto, no resulta
admisible acudir a analogías en su aplicación.

20 Índice SAMAI nro. 33
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de febrero de

2011. Exp. 11001-03-15-000-2010-00990-00. M.P Ruth Stella Correa Palacio.

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31. Asimismo, que la interpretación de las sanciones, entre ellas, las derivadas
de la pérdida de investidura, se orientan por reglas de estricta tipicidad «y su
aplicación e interpretación es restrictiva, por lo que mal procede quien pretenda
extender su alcance a situaciones distintas a las prescritas por la constitución (sic)
o la ley».

32. Finalmente, aseveró que esta Corporación22, en Sala Plena, tuvo la
oportunidad de conocer un caso de similares características, en el que concluyó
que, si el sujeto que aspira a ser elegido perdió la investidura de edil, concejal o
diputado, no está inhabilitado para acceder al cargo de congresista.

2.4.2. Cámara de representantes– Congreso de la República23

33. Solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda por cuanto
la pérdida de investidura que se declaró respecto de la demandada fue en su
condición de edil, no como congresista. Por ello, indicó que no resultaba aplicable
el artículo 179-4 superior al caso concreto.

34. En consecuencia, esgrimió que la demandada al momento de aspirar a la
Cámara de Representantes por la circunscripción electoral de Bolívar no se
encontraba incursa en causal de inhabilidad para presentarse a las elecciones
correspondientes, ni tampoco para posesionarse en el evento de resultar
elegida24.

2.5. Trámite de sentencia anticipada

35. El 14 de julio de 202325, el magistrado sustanciador dispuso: i) impartir al
trámite la figura de la sentencia anticipada, ii) decretar pruebas, iii) fijar el litigio y
iv) correr traslado para alegar de conclusión a las partes y al Ministerio Público
para que rindiera concepto, con fundamento en el artículo 182A del CPACA.

2.6. Alegatos de conclusión

36. La parte demandada26 y la Cámara de Representantes27 reiteraron los
argumentos de oposición a lo pretendido, los cuales fueron expuestos en sede de
contestación de la demanda.

37. El demandante28, además de insistir en la argumentación propuesta desde
el libelo, manifestó que, del análisis de la documentación aportada por la Cámara
de Representantes, se advertía que la demandada no firmó la declaración

22 Ibídem.
23 Índice SAMAI nro. 34.
24 Como fundamento de su dicho trajo a colación el Concepto 225711 del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
25 Índice 43 Samai.
26 Índice 50 Samai.
27 Índice 49 Samai.
28 Índice 53 Samai.

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juramentada relacionada con no estar incursa en causales de inhabilidad. Por
tanto, reprochó que, pese a ello, fue llamada a ocupar la curul como representante
a la Cámara, circunstancia que confirma la falsedad en la motivación del acto
censurado.

2.7. Concepto del Ministerio Público

38. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado29 solicitó negar
las pretensiones del accionante, por considerar que no se presentaron las
irregularidades alegadas. Como sustento de lo anterior, expuso las siguientes
consideraciones:

39. Expuso que el constituyente y el legislador, en procura de la salvaguarda de
«un servicio público transparente, imparcial, moralmente legítimo y socialmente
igualitario», han determinado las causales de inelegibilidad o incompatibilidad para
acceder y ejercer la función pública. Asimismo, que las inhabilidades son de
interpretación restrictiva y no pueden aplicarse por analogía, esto es, extendiendo
su alcance a situaciones distintas a las prescritas por la misma Constitución o la
ley, pues ello aparejaría el desconocimiento del artículo 40 constitucional y 23 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos.

40. En este sentido, aseveró que el Consejo de Estado30 ha reconocido que las
causales de pérdida de investidura de un congresista, así como las inhabilidades
para serlo, se encuentran consagradas de manera expresa y taxativa en la
Constitución Política y su aplicación se condiciona de manera estricta y restringida
a los supuestos tipificados. Ello, si se tiene en cuenta su naturaleza de limitar el
ejercicio de un derecho político, como lo es el de ser elegido.

41. Precisó que el artículo 179 superior31 establece las situaciones o actos
constitutivos de inhabilidad para ser congresista, resaltando que en su numeral
cuarto, se dispuso que no podrán serlo quienes hayan perdido la investidura en tal
dignidad, proscripción que se replicó en el artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

42. Indicó que esta Sección, en providencia de 9 de septiembre de 199932,
afirmó que «no puede ser congresista quien igualmente con antelación haya
perdido esa investidura». Esto, luego de considerar que dicha sanción impuesta a
los miembros de corporaciones públicas de elección popular no implica
automáticamente la inhabilidad para desempeñar funciones públicas distintas a las
correspondientes al cargo cuya investidura se pierde.

43. Así, con sustento en tales consideraciones, así como las pruebas obrantes
en el expediente, concluyó que la demandada si puede acceder al cargo como

29 Índice 52 Samai.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2010-

00990. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
31 Norma replicada en el artículo 280 de la Ley 5 de 1992.
32 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación No. 2293 del 9 de septiembre de 1999.

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congresista, toda vez que perdió su investidura en calidad de edil del distrito de
Cartagena y no como miembro de la corporación a la que actualmente pertenece.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

44. Esta Sección es competente para fallar en única instancia la demanda de
nulidad electoral contra la Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023, expedida
por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, mediante la cual se hizo
un llamamiento a la demandada para ocupar la curul de representante a la
Cámara del departamento de Bolívar. Lo anterior, de conformidad con el ordinal 3
del artículo 149 del CPACA33, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12
de marzo de 2019.

2. Problemas jurídicos

45. La providencia del 14 de julio de 2023 fijó el litigio en los siguientes
términos:

• ¿Está viciada de nulidad la Resolución 0001 del 13 de enero de 2023, mediante la
cual se hizo un llamamiento a la demandada para ocupar curul de representante a la
Cámara del departamento de Bolívar, por infringir los artículos 275.5 y 137 del
CPACA?

• Con este propósito, debe resolverse si la pérdida de la investidura como edil, que
le fue decretada a la señora Ángela María Vergara González por parte del Tribunal
Administrativo de Bolívar, la cual fue confirmada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, al interior del proceso 1300-12- 333-000-2020-00573-00/1 (sic), implica,
como afirma el accionante, que la demandada no pudiese ocupar el cargo de
representante a la Cámara del departamento de Bolívar, dignidad que detenta en la
actualidad con ocasión al llamamiento que se le hizo a través del acto objeto de
censura.

Lo anterior, a partir del concepto de la violación reseñado en la presente
providencia, junto con las razones de hecho y de derecho presentadas
oportunamente por las partes. Esto, sin perjuicio de los problemas jurídicos que
puedan surgir del debate principal.

46. Para el efecto, la Sala estudiará: (i) la acción de pérdida de investidura y las
implicaciones de su aplicación y (ii) el régimen de inhabilidades para los
congresistas y, finalmente, se dará solución al iii) caso concreto.

33 Art. 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de

Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los representantes a la Cámara.

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2.1. La acción de pérdida de investidura – Generalidades34

47. La pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio
prevista en la Constitución y la ley, cuyo propósito es sancionar «a los miembros
de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas
reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan»35.

48. Si bien esta figura fue creada en primer momento para apartar a los
congresistas de su condición en caso de acreditarse la comisión de conductas
proscritas, con posterioridad dicha sanción de desinvestidura también se extendió
a los miembros de las demás corporaciones públicas. Por ello, se le ha definido
como un mecanismo de control que ejercen los ciudadanos sobres aquellos a
quienes han elegido36 para representarlos, cuando estos incurran en conductas
contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan.

49. De acuerdo con la Sala Plena del Consejo de Estado37, la pérdida de
investidura tiene las siguientes características:

i) constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales previstos
en la Constitución como el de ser elegido. (Énfasis de la Sala)

50. Como se desprende del extracto jurisprudencial en cita, entre otras, la
desinvestidura se caracteriza porque apareja para quien es objeto de dicho juicio,
no solo el ser apartado de las funciones que venía desarrollando, sino también la
imposibilidad de, en el futuro, ostentar la dignidad que perdió por la comisión de
conductas incompatibles con el buen servicio y el mandato de representación
otorgado por vía electoral.

34 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura. Expediente 11001-03-15-000-2023-00145-00. Providencia del
5 de junio de 2023. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
35 Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Sexta Especial de

Decisión de Pérdida de Investidura. Expediente 11001-03-15-000-2019-02830-00. Providencia del
16 de julio de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de agosto de

2017. Radicado núm.: 110010315000201601700-00(PI). M.P. Milton Chaves García. Reiterada por
la Sección Primera de esta corporación en sentencia de 31 de marzo de 2023, radicado núm.:
68001233300020220052101 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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51. Ahora bien, al resolver el caso concreto se analizará si la anterior regla
jurisprudencial en torno a las consecuencias de la desinvestidura que se decreta a
miembros de corporaciones públicas de elección popular, también implica una
inhabilidad para ser congresista respecto de los ediles sancionados38 con la
misma consecuencia jurídica. Lo anterior, se estudiará dentro del marco de lo
previsto en el artículo 179.4 superior que dispone las situaciones inhabilitantes
para ser miembro del Congreso de la República.

52. Finalmente, debe ponerse de presente que, al tratarse la pérdida de
investidura de un procedimiento con naturaleza sancionatoria, las causales por las
que procede su imposición están previstas de forma expresa y taxativa39, razón
por la que su interpretación es restrictiva y, por tanto, no se admite una exégesis
extensiva de la norma, más allá de lo previsto por la misma. Esto, incluye no solo
los escenarios en que procede su aplicación, sino también aquellos hasta los que
se extienden sus efectos.

2.2. Del régimen de inhabilidades para Congresistas

53. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el régimen de
inhabilidades de los servidores públicos corresponde fijarlo o establecerlo a la
Constitución y a la ley. Ciertamente, en la sentencia C-325 de 2009 el Alto
Tribunal manifestó lo siguiente:

En cuanto tiene que ver con el establecimiento del régimen jurídico de las
inhabilidades que habrán de regir el acceso a determinados cargos públicos, son la
Constitución y la ley las encargadas de fijarlo. Al respecto, ha expresado la Corte
que, si bien la Carta Política se ocupa de regular aspectos relacionados con la
materia, en la medida que se trata de una regulación incompleta, el mismo texto
Superior, a través de distintas disposiciones (C.P. arts. 6, 123 y 150-23), le reconoce
al legislador amplias facultades de configuración política para completar ese
régimen constitucional , pudiendo dicho órgano político "evaluar y definir el alcance
de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de inhabilidad o
incompatibilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones
aplicables a quienes incurran en ellas".

54. Así las cosas, se tiene que el Texto Superior determinó un régimen de
inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades para determinados servidores
públicos40, entre ellos los congresistas.

55. Con relación a las inhabilidades, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
las ha definido como circunstancias de creación constitucional o legal que
«impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo

38
Respecto de los cuales las causales de pérdida de investidura se encuentran reguladas en el
artículo 48 de la Ley 617 del 2000, mientras que las inhabilidades para el desempeño de dicho
cargo están previstas en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994.
39
Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
40 Corte Constitucional. Sentencia SU-207 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al
servicio público continúe en él41».

56. En palabras de la Corte Constitucional, las inhabilidades son una especie
de «requisitos negativos cuya ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en
quien concurren»42, consecuencia que, aunque restrictiva del derecho fundamental
a participar en la conformación del poder político, se justifica y legitíma en el
propósito de «lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia
de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos»43.

57. Para el caso concreto de los congresistas el artículo 179 superior44
establece que no podrán ostentar dicha investidura:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de la elección.

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en
la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan
sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con
funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o
primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección
de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la
misma fecha.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por
nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para
una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así
sea parcialmente. (Énfasis de la Sala)

41 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-558 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Diaz), SU-625 de 2015

(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-106 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y SU-
566 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
42 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-483 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),

SU-515 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), SU-625 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y C-106 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
43 Corte Constitucional. Sentencias C-558 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Diaz) y C-1016 de 2012

(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
44 Cuyo contenido fue replicado en el artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

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52. Como se observa, entre otras circunstancias, la Constitución Política prohíbe
expresamente que quienes hayan perdido la investidura como congresistas
puedan volver a ostentar tal dignidad.

53. Ahora bien, conviene poner de presente que, al igual que sucede con las
causales que aparejan la sanción de pérdida de investidura, las inhabilidades
también comportan un carácter taxativo y restrictivo, habida cuenta de que limitan
el derecho de acceder a los cargos públicos. De ahí que, de la misma manera, su
naturaleza sea excepcional y, por ende, no se admitan analogías o aplicación
extensiva a eventos que no estén previstos de manera expresa. Esta ha sido la
posición del Consejo de Estado45:

Las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser
elegido y a acceder a funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de
la Constitución; es así que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de
Estado han señalado que las normas que establecen derechos y libertades
constitucionales deben interpretarse de manera que se garantice su más amplio
ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento de
inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos públicos
deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden
interpretarse en forma extensiva sino siempre en forma restrictiva.

(…) La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades
constituye una aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo
6º de la Constitución, según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden
hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido, de donde como regla
general se infiere que todos los ciudadanos pueden acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y que excepcionalmente no podrán hacerlo aquellos a
quienes se los prohíbe expresamente la Constitución o la ley. […] En consecuencia
las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación
restringida”. (Énfasis de la Sala).

54. Conforme las precisiones expuestas en torno a la pérdida de investidura y
las circunstancias inhabilitantes para el cargo de congresista, a continuación, la
Sala procederá a resolver el caso concreto en atención a los reparos propuestos
por la parte demandante.

3. Caso concreto

55. En la demanda se pretende la nulidad del acto mediante el cual se hizo un
llamamiento a la demandada para ocupar curul como representante a la Cámara
por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar. Ello, ante la renuncia
por parte de quien obtuvo inicialmente dicho escaño. La pretensión de la parte
actora encuentra su fundamento en dos razones a saber:

45 Ver Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: i) concepto del 30 de abril de 2015,

radicado 11001-03-06-000- 2015-00058-00 (2251); y ii) concepto del 24 de julio de 2018, radicado
único: 2391.

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56. La primera, se circunscribe a que, en su entender, la demandada no puede
ser representante a la Cámara porque, en ocasión anterior, le fue decretada la
pérdida de investidura como edil de Cartagena por haber violado el régimen de
conflicto de intereses. En concepto del actor, ello apareja que la señora Vergara
González incurra en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275
del CPACA, así se delimitó al admitir la demanda y luego con la fijación del litigio,
decisión última que no fue objeto de recurso.

57. La segunda, es consecuencia de la anterior, en el sentido de que el
demandante considera que el acto censurado adolece de falsa y falta de
motivación puesto que en el mismo se mencionó que la demandada no se
encontraba incursa en ninguna causal de inhabilidad que le impidiera ocupar la
curul para la cual se le hizo el llamamiento, obviando flagrantemente «el requisito
taxativo de que la persona debía cumplir con las calidades y requisitos
constitucionales y legales de elegibilidad» conforme el artículo 275.5 del CPACA.
A criterio del actor, tal circunstancia no es de recibo puesto que se desconoce la
sanción de desinvestidura que le fuese confirmada por la Sección Primera de esta
Corporación mediante providencia del 3 de febrero de 2022.

58. En síntesis, para el extremo accionante la pérdida de investidura impuesta a
la demandada como edil, deviene en que no pueda ocupar ningún otro cargo de
elección popular, entre ellos, el que ostenta en la actualidad como representante a
la Cámara por el departamento de Bolívar en virtud del llamamiento contenido en
el acto materia de censura.

59. Con tales precisiones, la Sala anuncia que negará las pretensiones de la
demanda conforme se pasa a explicar:

60. Del análisis del proceso de pérdida de investidura que enfrentó la
accionada46, se observa, como hecho probado del mismo, que la señora Vergara
González fue elegida edil de la Junta Administradora de la Localidad núm. 1 –
Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias para el periodo
constitucional 2020-2023.

61. Dicho proceso de desinvestidura tuvo como fundamento la transgresión del
régimen de conflicto de intereses47, cuyo conocimiento correspondió en primera

46
Exp. 13-00-12-333-000-2020-00573-00/1. Prueba aportada visible en el índice de Samai Nro.3.
47 Esta figura ha sido definida por la Sala Plena del Consejo de Estado así: «aquella conducta en

que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés
particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o
realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un
tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los
intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido,
pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con
las funciones del cargo de manera transparente e imparcial». Ver las siguientes sentencias: i) del 2
de abril de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-04626-00 (PI) y ii) del 28 de noviembre de 2017,
radicado 11001-03-25-000-2005-00068-00 (IJ)

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instancia al Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad que, mediante
providencia del 25 de noviembre de 2020, decretó en su contra dicha sanción.

62. En resumen, el tribunal concluyó que se configuró la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1.° del artículo 4848 de la Ley 617 de 2000. Ello,
pues la accionada no manifestó su impedimento para participar en el trámite y
votación para la conformación de la terna destinada a la elección del Alcalde de la
Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias, pese a
que uno de los candidatos era su pariente en el cuarto grado de consanguinidad -
primo49 -. Al no haber procedido en tal sentido, resultaron desconocidos los
principios de moralidad y transparencia establecidos en el artículo 209 superior.

63. La Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver la alzada, constató
que, efectivamente, se materializaron los elementos que dieron lugar a la
imposición de la sanción de desinvestidura50, razón por la que mediante sentencia
del 3 de febrero de 2022 confirmó la decisión de primera instancia.

64. De manera posterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes
expidió la Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023, acto mediante el cual se
hizo un llamamiento a la demandada para ocupar la curul de representante a la
Cámara del departamento de Bolívar51, obtenida inicialmente por el señor Yamil
Hernando Arana Padui, quien renunció a dicho escaño.

65. Para el accionante, se reitera, como consecuencia de la comisión de
conductas contrarias a la ley por parte de la demandada mientras fungió como
edil, que le aparejaron la pérdida de dicha investidura, deviene en que no puede
ser representante a la Cámara, cargo que fue llamada a ocupar mediante el acto
censurado.

66. Frente al particular, debe recordarse que el artículo 179.4 superior
establece que no podrán ser congresistas aquellas personas a quienes les haya
sido declarada la pérdida de investidura en tal condición, esto es, como
congresistas.

48 Artículo. […]. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura: 1) Por violación del régimen de incompatibilidades
o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general. (…)
49 El señor Glindol Glenio Grondona Vergara.
50 Entre otras, señaló la Sección Primera: «En este orden de ideas, en el presente caso se

encontró probado que se configuraron los elementos objetivo y subjetivo de la conducta, pues la
Edil, en ejercicio de sus funciones, incurrió en una conducta gravemente culposa contraria a la
función pública y al interés general, en la conformación de la terna destinada a la elección de
alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe porque tenía conocimiento que a su familiar en cuarto
grado de consanguinidad le asistía un interés directo y particular en este proceso. En efecto, ante
la pugna entre ese interés de su familiar y el ejercicio transparente y cuidadoso de las funciones
del cargo de edil, la señora Ángela María Vergara González decidió participar en el proceso de
elección indicado supra».
51 Por lo que resta del periodo constitucional 2022-2026

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67. Igualmente, debe reiterarse el carácter restrictivo que comportan tales
circunstancias limitantes del derecho de acceso a la conformación del poder
político que apareja para el operador judicial que, en la aplicación de este tipo de
reglas, esté obligado a ceñirse a su texto52, resultándole proscrita algún tipo de
interpretación análoga o extensiva. Esta Sección, mediante sentencia del 9 de
septiembre de 199953, manifestó:

La pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas de elección
popular no conlleva automáticamente, por si, como consecuencia de la misma,
la inhabilidad para desempeñar funciones públicas distintas a las
correspondientes a las del cargo cuya investidura se pierde. Esa inhabilidad,
como lo anota la señora Procuradora Décima Delegada ante esta corporación, se
produce únicamente en los casos señalados expresamente en la constitución o en
la ley. Así, en relación con los congresistas se encuentra señalada, precisamente,
en el Artículo 179, numeral 4, en cuanto no puede ser congresista quien
igualmente con antelación haya perdido esa investidura. (Énfasis de la Sala).

68. Como se avizora del extracto en cita, contrario a la tesis que defiende el
accionante, la sanción de desinvestidura no apareja automáticamente para la
persona a quien le sea decretada, la imposibilidad para desempeñar funciones
públicas distintas a las del cargo cuya investidura se pierde.

69. Al respecto, se trae a colación que esta Sección54 conoció de una demanda
promovida contra la elección de un representante a la Cámara55 en la que se
invocaba como fundamento de ilegalidad, entre otras, que el demandado se
encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 179
superior. Ello, en atención a que previo a la elección, el accionado fue sancionado
disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación en aplicación del
artículo 29 de la Ley 200 de 1995 con «Destitución del Cargo - Pérdida de
Investidura» como Diputado a la Asamblea Departamental de Cundinamarca e
inhabilidad de un año para el ejercicio de cargos y funciones públicas.

70. Para el actor de dicho proceso, así como sucede en el que es materia de
análisis, sobre el demandado recaía una presunta inhabilidad permanente al haber
sido despojado de su investidura como diputado a la Asamblea del departamento
en mención. En dicha oportunidad, la Sala, luego de hacer las precisiones
pertinentes respecto de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría
General de la Nación, en el sentido de explicar que no podía equipararse a la
figura propiamente dicha de la pérdida de investidura, expuso:

Finalmente, la máxima demostración de la improsperidad del cargo examinado la
halla la Sala en el numeral 4º del artículo 179 de la Constitución que fija el

52 Corte Constitucional. Sentencia SU 207 de 2022.
53 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación No. 2293 del 9 de septiembre de 1999. M.P.

Darío Quiñónes Pinilla.
54 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de marzo de 2007. Radicado núm.: 11001-

03-28-000-2006-00067-00. M.P. Maria Nohemi Hernández Pinzón.
55 Se trató del señor José Joaquín Camelo Ramos representante a la Cámara por el Departamento

de Cundinamarca en el periodo Constitucional 2006 – 2010.

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régimen de inhabilidades para los Congresistas, señalando que no lo podrán ser
“Quienes hayan perdido la investidura de congresista”, de modo que aunque se
le reconociera a la sanción disciplinaria impuesta al demandado el carácter
de una pérdida de investidura, no habría lugar a declarar la nulidad de la
elección puesto que aquél no fue despojado de su investidura como
Congresista sino como Diputado a la Asamblea Departamental, supuesto
fáctico que por no adecuarse a lo prescrito en la referida causal impide su
configuración, menos si se pretende hacerlo por vía analógica, pues como
se dijo párrafos arriba la interpretación que debe hacerse en estos casos es
restrictiva, dirigida a proteger el derecho fundamental a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Por tanto, el cargo no
prospera. (Énfasis de la Sala)

71. Del extracto citado, se advierte de manera diáfana que, de antaño, esta
Sección ha señalado que la inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 179
superior para ser congresista, se predica exclusivamente respecto de quienes
hayan perdido su investidura como tal, esto es, como congresistas.

72. Justamente, la Sala manifestó que, aun si en gracia de discusión la sanción
impuesta al demandado de dicho proceso se hubiese tratado de una
desinvestidura propiamente dicha, lo cierto es que éste fue despojado de su
condición de diputado, no de congresista y, por tanto, no habría lugar a declarar la
nulidad de su elección como representante a la Cámara, dado que la
interpretación que debe hacerse es restrictiva y limitarse de manera exclusiva a
los supuestos previstos en la norma contentiva de la limitación o inhabilidad.

73. La premisa en comento fue desarrollada con mayor precisión en la
sentencia del 8 de febrero de 201156, ocasión en la que la Sala Plena de esta
Corporación estudió si se configuraba la causal de inhabilidad del demandado
prevista en el artículo 179.4 superior, por cuanto el mismo había perdido con
anterioridad la investidura como diputado a la Asamblea del Departamento del
Tolima. Por ello, se planteó resolver como problema jurídico si tal circunstancia lo
inhabilitaba para ser congresista. Al respecto, se manifestó:

Vale decir, de entrada, que en el artículo 179 de la Constitución Política no está
prevista esa circunstancia como causal de inhabilidad de congresista y, por
consiguiente, no es procedente privar a un congresista de su investidura como
consecuencia de haber perdido la dignidad de diputado o concejal, puesto que
las inhabilidades son de carácter taxativo y no admite analogía en su
aplicación.

La inhabilidad que sí se encuentra contemplada como tal es la pérdida de
investidura de congresista y no de otra (No. 4 art. 179 C.P.), sin que por virtud
del inciso segundo del artículo 299 de la Carta pueda llegarse a tal conclusión por
disponer que el régimen de inhabilidades de los diputados no podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas, en lo que corresponda, reenvío que
en manera alguna puede operar en sentido contrario y para los fines perseguidos
por los actores, mediante una lectura inversa de la norma.

56 Exp. 11001-03-15-000-2010-00990-00. M.P Ruth Stella Correa Palacio.

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Dicho de otro modo, la inhabilidad del numeral 4 del artículo 179
constitucional se refiere a quienes han perdido la investidura de congresista y
no de diputado o concejal, no siendo posible extender o equiparar este último
supuesto de hecho para retirarle la dignidad a un representante o senador, por
cuanto, se reitera, las inhabilidades y causales de pérdida de investidura, al
determinar una inelegibilidad de por vida, impiden al juzgador una aplicación
analógica. (Énfasis de la Sala)

74. Como se observa, esta Corporación en los casos referidos no concibió la
posibilidad de efectuar una aplicación analógica o extensiva de la inhabilidad
prevista en el artículo 179.4 constitucional respecto de aquellos diputados o
concejales a quienes les fue despojada su investidura en tal condición y que, con
posterioridad, fueron electos como congresistas.

75. Retomando los argumentos planteados en la demanda, se tiene que la
parte actora consideró que la demandada, con ocasión del proceso de investidura
que enfrentó, se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 179.4 de la
Constitución que la inhabilita para desempeñar el cargo de representante a la
Cámara, el cual fue llamada a ocupar a través del acto censurado.

76. Al respecto, la Sala toma distancia de los argumentos del demandante por
cuanto, conforme se explicó a lo largo de esta providencia: i) la pérdida de
investidura no genera de manera automática una inhabilidad para desempeñar
funciones públicas distintas a las correspondientes a las del cargo cuya investidura
se pierde; ii) la interpretación de las causales de inhabilidad es restrictiva, de
manera que en su aplicación está proscrito analizar supuestos fácticos no
previstos y iii) la inhabilidad del numeral 4 del artículo 179 constitucional alude a
quienes han perdido la investidura de congresista.

77. En los términos citados en la anterior jurisprudencia y a partir de los
derroteros allí plasmados, para la Sala, aun cuando no existen dudas en torno a la
pérdida de investidura que se le decretó a la demandada, tampoco es materia de
discusión que dicha sanción no le fue impuesta en su calidad de congresista,
sino como edil de la Junta Administradora de la Localidad núm. 1 – Histórica y del
Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias.

78. Frente al particular, debe recordarse que, dado el carácter restrictivo y
excepcionalísimo que comportan las inhabilidades como limitantes del derecho a
conformar el poder político, al operador judicial le está vedada cualquier
interpretación en contrario, extensiva u analógica o que se aparte de los supuestos
previstos expresamente por el constituyente o el legislador.

79. Así, en aplicación de la naturaleza taxativa de las inhabilidades para ser
congresista y la interpretación restrictiva de las mismas que ha efectuado la Sala
en las oportunidades traídas a colación, conllevan a concluir que el supuesto
previsto en el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución tampoco resulta
extensivo a los ediles a quienes se les haya declarado la pérdida de investidura en
tal condición. Por tal razón, en el presente caso no se acreditó la prohibición pues,
se insiste, en que la demandada no fue despojada de su investidura como

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Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González –
representante a la Cámara por el departamento de Bolívar
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00012-00

representante a la Cámara o senadora, sino como miembro de junta
administradora local.

80. Ante dicho panorama, la Sala coincide con lo mencionado por la parte
demandada y el Ministerio Público en cuanto al hecho de que la pérdida de
investidura decretada a la señora Vergara González en su condición de edil no
implica que se encuentre inmersa en el escenario de inhabilidad invocado por el
demandante, cuya concreción, naturalmente, aparejaría la configuración de la
causal de nulidad del acto de elección previsto en el artículo 275.5 del CPACA.
Por ello, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

81. Lo anterior, conlleva a afirmar que tampoco le asiste razón al accionante
cuando asevera que el acto mediante el cual se dispuso el llamamiento a la
demandada para ocupar la curul respectiva incurrió en las causales de falsa y falta
motivación del artículo 137 del CPACA.

82. En primer lugar, como se explicó, la señora Ángela María Vergara González
no se encontraba inhabilitada para desempeñarse como representante a la
Cámara, pues el proceso de desinvestidura que enfrentó como edil, difiere del
escenario establecido por el constituyente en el artículo 179.4 de la Carta Política,
razón por la cual no se configuró la falsa motivación invocada.

83. En segundo término, del contenido del acto de llamamiento censurado se
observa una motivación suficiente en relación con la decisión que se adopta en el
mismo. En efecto, del análisis del acto la Sala advierte que el llamamiento para
suplir la falta absoluta ocasionada por la renuncia del señor Yamil Hernando Arana
Padui tuvo sustento en:

a) lo dispuesto en el artículo 134 superior y el artículo 278 de la Ley 5 de 1992;

b) el oficio remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil que certificaba
que la demandada obtuvo la siguiente votación; y

c) el informe de la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de
Representantes que, al analizar la correspondiente hoja de vida, confirmó que
la señora Ángela María Vergara González cumplía con los requisitos previstos
en el artículo 177 constitucional y no se encontraba inhabilitada para el cargo
que fue llamada a ocupar.

84. En consecuencia, los reproches expuestos por la parte actora en relación
con las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA también serán
resueltos de manera desfavorable, conforme con las razones mencionadas con
antelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,

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Demandante: William Tarra Alvear
Demandada: Ángela María Vergara González –
representante a la Cámara por el departamento de Bolívar
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00012-00

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0001 del 13 de
enero de 2023, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
mediante la cual se hizo un llamamiento a la señora Ángela María Vergara
González para ocupar la curul de representante a la Cámara por el departamento
de Bolívar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario,
conforme con el artículo 243A del CPACA.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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