Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02868-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02868-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02868-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de agosto de 2024
Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y otro
Demandado: David Ricardo Racero Mayorca - representante
a la Cámara por Bogotá D.C., periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02868-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02868-00
Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno
Granados
Demandado: David Ricardo Racero Mayorca – representante a la Cámara
por Bogotá D.C., periodo 2022-2026
Tema: Límite de financiación de campañas políticas en listas con
voto no preferente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Al no encontrar circunstancia que lo impida, la Sala de decisión procede a
resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por Yoad Ernesto
Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados contra David Ricardo Racero
Mayorca, representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá
D.C., elegido para el periodo 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. El 5 de junio de 20241, los accionantes solicitaron la desinvestidura de
David Ricardo Racero Mayorca como representante a la Cámara por la
circunscripción territorial de Bogotá D.C., quien como candidato fue avalado por
el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) dentro de la coalición
programática y política denominada «Pacto Histórico». Los accionantes
invocaron las causales previstas en el inciso 7.° del artículo 109 de la
Constitución Política y en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 1475 de 2011.
1.1. Concepto de la violación y configuración de la causal
2. En síntesis, el demandante afirmó que el accionado superó el límite
máximo de gastos de campañas autorizado por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), relativo a las listas inscritas a la Cámara de Representantes por la
circunscripción referenciada, para las elecciones 2022-2026.
3. Como sustento de su dicho, indicaron que la autoridad electoral
determinó dicho monto en la suma de veinte mil noventa y tres millones
1 Índice 2 Samai.
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Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y otro
Demandado: David Ricardo Racero Mayorca - representante
a la Cámara por Bogotá D.C., periodo 2022-2026
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quinientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($20.093.516.658),
suma que dividida entre los 18 candidatos inscritos por la coalición «Pacto
Histórico» a tal circunscripción, corresponde a mil ciento dieciséis millones
trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($1.116.306.481), como
límite máximo de gastos por cada candidato.
4. Adujeron que, no obstante lo anterior, la organización política en comento,
mediante formulario 7.2B2, reportó que el congresista demandado relacionó
gastos por el monto de dos mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatro mil
ochocientos ochenta y ocho pesos ($2.495.004.888), escenario que, según lo
exponen en la demanda, superó el límite máximo de gastos autorizados por la
Ley 1475 de 2011.
5. Puntualizaron que la irregularidad es perceptible desde la sumatoria de la
cifra de gastos reportados en los diferentes formularios de ingresos y gastos
dispuestos por la autoridad electoral:
a) Mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000) obtenidos de un
crédito con la entidad «CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA».3
b) Novecientos ochenta y un millones cincuenta y nueve mil cuarenta pesos
($981.059.040) producto de créditos de particulares a favor de su
campaña.4
c) Dos millones de pesos ($2.000.000) correspondiente a una donación.5
6. En ese sentido, consideraron que la campaña del señor Racero Mayorca
infringió lo previsto en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 1475 de 2011 y, por ende,
según lo refieren, se debe declarar la pérdida de investidura de aquel.
7. En lo atinente al elemento subjetivo, adujeron que el accionado debe ser
sancionado a título de culpa grave, porque, según se afirma por los actores,
resulta reprochable que el congresista Racero, quien «ostenta una sólida
formación académica»6, no fuera consciente de las implicaciones legales y éticas
de su comportamiento, el cual propició la superación de los topes máximos de
financiación y gastos autorizados por la ley.
2 Según el dicho de los accionantes, dicha cifra corresponde con la relación de ingresos y gastos
reportados por cada uno de los candidatos a la organización política.
3 Tal como lo refieren los demandantes, ello se desprende del formulario 6.3B (a través del cual
se relacionan los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas).
4 Como lo indicaron los interesados, dicha suma se relacionó en el formulario 6.2B (en el que se
detalla las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los
particulares).
5 Ibidem.
6 Como lo refieren los demandantes, el accionado tiene «títulos en filosofía, una maestría en
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y estudios de doctorado en
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la misma Universidad […]».
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Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y otro
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8. Finalmente, aportaron distintas pruebas documentales con las cuales
pretenden demostrar la configuración de los elementos objetivo y subjetivo
requeridos para que se acredite la causal de violación a los topes de financiación
de campañas.
1.2. Pretensiones
9. Los demandantes solicitaron lo siguiente:
Primera. Declarar que el demandado DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el inciso séptimo del
artículo 109 de la Carta Política reglamentado en los artículos 23, 24 y 26 de la
Ley 1475 de 2011.
Segunda. Que, como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declare la
Pérdida de Investidura como Representante a la Cámara por Bogotá D.C, y la
cancelación de la credencial que la Organización Electoral – Registraduría
Nacional del Estado Civil le expidió al ciudadano DAVID RICARDO RACERO
MAYORCA C.C. No. 1.018.406.464, electo por la lista inscrita el 13 de diciembre
de 2021, y declarado elegido el 11 de abril de 2022, mediante acta emanada de
la Comisión Escrutadora Departamental por la COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y
POLÍTICA DENOMINADA PACTO HISTÓRICO, para el periodo constitucional
2022-2026 y posesionado el 20 de julio del año 2022, y se declare la condigna
inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos por elección popular.
Tercera. Que se ordene la expedición de las comunicaciones respectivas al
Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la
Presidencia de la República y a la Cámara de Representantes, para lo de su
competencia.
Cuarta. Que se oficie a la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de
Representantes para lo de sus fines y competencia, de conformidad con lo
reglamentado por la Ley 5ª de 1992. [énfasis del original].
1.3. Admisión
10. Mediante auto del 7 de junio de 20247 se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenaron las notificaciones personales al congresista David
Ricardo Racero Mayorca y al agente del Ministerio Público, en los términos del
artículo 9.º de la Ley 1881 de 2018.
2. Contestación a la solicitud
11. El 19 de junio de 2024, en nombre propio, el accionado contestó la
demanda8 y se opuso a las pretensiones, de la siguiente manera:
a) Precisó que se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes
por Bogotá D.C. por la coalición denominada «Pacto Histórico»,
7 Índice 4 Samai.
8 Índice 12 Samai.
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Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y otro
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colectividad que presentó una lista de «voto no preferente o cerrada» a
dicha circunscripción.
b) Sostuvo que la causal alegada en su contra requiere que el Consejo
Nacional Electoral compruebe, debidamente, la violación a los topes
máximos de financiamiento de su campaña. En otras palabras, estimó que
los accionantes no tienen la potestad de determinar tal vulneración.
c) Por otra parte, explicó que la autoridad electoral referenciada fijó como
límite máximo de gastos de campañas a la Cámara de Representantes
por Bogotá D.C., la suma de veinte mil noventa y tres millones quinientos
dieciséis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($20.093.516.658). No
obstante, esgrimió que la lista mediante la cual resultó electo fue de «voto
no preferente o cerrada», razón por la cual no puede aplicarse un tope
límite de gastos a cada candidato, como lo prevé el artículo 24 de la Ley
1475 de 2011.
d) En efecto, afirmó que la fórmula del citado artículo resulta aplicable en
aquellos eventos de listas con voto preferente. Por el contrario, consideró
que tratándose de listas sin voto preferente «[…] la valoración del
cumplimiento de topes se hace sobre la integralidad de la lista,
independientemente del mecanismo o procedimiento que la gerencia de
la campaña haya determinado para la distribución interna de los recursos
en los reportes».
e) Por consiguiente, adujo que la campaña del Pacto Histórico a la Cámara
de Representantes por Bogotá tenía como tope máximo de gastos el valor
establecido por el CNE, esto es, $20.093.516.658, cifra respecto de la
cual «[…] no fue ni siquiera copada en un 13.5% por parte de la lista
cerrada […]». Lo anterior, lo sustentó con la Resolución 4426 de 2022,
mediante la cual se reconoció el derecho al pago por reposición de votos
y, además, se determinó que no existió violación a los topes.
f) Asimismo, puso de presente que los montos relacionados en los
formularios 6B y 7B no fueron determinados a su financiación personal de
la campaña, sino a la lista del Pacto Histórico a la Cámara de
Representantes por Bogotá. En ese sentido, concluyó que el valor
determinado en el informe integral de ingresos y gastos de la campaña
($2.713.044.688) no superan el tope máximo fijado para las campañas a
dicha cámara por Bogotá D.C.
g) Ahora bien, en punto del elemento subjetivo, estimó que no existe
evidencia de un actuar doloso o gravemente culposo de su parte, pues,
en el acuerdo de coalición del Pacto Histórico a la Cámara de
Representantes por Bogotá, se estableció que al partido Polo
Democrático Alternativo le correspondía la auditoría interna y la
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presentación de los informes individuales de ingresos y gastos ante el
Consejo Nacional Electoral.
h) Asimismo, señaló que, en lo atinente a la financiación de campañas,
intervienen gerentes, contadores, auditores, autoridades electorales,
entre otros, por lo que no resulta responsable, a título de dolo o culpa
grave, de una supuesta violación a los topes de campaña.
3. Etapa probatoria
12. Mediante providencia del 24 de junio de 20249, se decretaron como
pruebas los documentos allegados al expediente por las partes, sin perjuicio de
otros documentos oficiales, cuya consulta sea necesaria mediante la página web
de la entidad pública correspondiente, conforme el artículo 177 de la Ley 1564
de 2012. Además, se ordenó oficiar al Consejo Nacional Electoral, así:
SEGUNDO: Oficiar al Consejo Nacional Electoral para que en el término de tres
(3) días allegue la siguiente información:
a) El acuerdo de coalición programática y política entre los partidos y
movimientos Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia,
Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Unión
Patriótica y el partido Comunista Colombiano para inscribir lista de
candidatos/as a la Cámara de Representantes por la circunscripción
territorial de Bogotá D.C., para las elecciones del 13 de marzo de 2022, en
específico, los folios 2, 3 y 10 de dicho documento.
13. Para el efecto, la Secretaría General del Consejo de Estado requirió
mediante oficios 0456 del 25 de junio10, 0464 del 3 de julio11 y 0473 del 9 de julio
de 202412 al Consejo Nacional Electoral para que remitiera la documental citada.
14. Lo anterior, se le dio cumplimiento a través del escrito 0439 del 15 de julio
de 2024 y, de dicha prueba, la Secretaría corrió el traslado a las partes durante
el 18, 19 y 22 de julio de 202413, oportunidad en la cual no emitieron
pronunciamiento alguno.
4. Pronunciamiento sobre las pruebas
15. En la oportunidad correspondiente14, las partes guardaron silencio.
9 Índice 15 Samai.
10 Índice 19 Samai.
11 Índice 22 Samai.
12 Índice 24 Samai.
13 Índice 28 Samai.
14 Índice 20 Samai.
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5. Audiencia pública
16. En providencia de 24 de julio15 y 25 de julio de 202416 se fijó como fecha
para la audiencia pública, el 31 de julio siguiente a las 3:00 p. m.
17. En la audiencia pública17 se escucharon las intervenciones18 de los
solicitantes, de la representante del Ministerio Público y del demandado.
5.1. Intervención de los solicitantes
18. De los dos solicitantes, intervino el accionante Jorge Heriberto Moreno
Granados para reiterar que se debía declarar la pérdida de investidura del
congresista Racero Mayorca.
19. Ello, por cuanto, según lo refirió, a cada candidato se le permitía gastar
$1.116.306.481, lo cual se deriva de dividir el tope máximo de gastos
($20.093.516.658) entre los integrantes inscritos por la lista de la coalición
«Pacto Histórico» a la Cámara de Representantes por Bogotá D.C. No obstante,
adujo que el demandado reportó una cifra que ascendía a $2.495.004.888 19,
violando así los límites a la financiación privada, previstos en el artículo 23 de la
Ley 1475 de 2011.
20. Indicó que el límite individual de gastos correspondía al primero de los
valores señalados, según lo establece el inciso tercero del artículo 24 ibidem,
pues, la fórmula allí prevista aplica, de igual manera, a las listas con voto no
preferente. De no considerarse así, anotaron que se inobservaría el derecho a
la igualdad de los candidatos inscritos mediante listas con voto preferente.
21. Finalmente, consideraron que se acreditó el elemento subjetivo a título de
culpa grave, en tanto que, el demandado conoce de los asuntos políticos y
electorales. A pesar de lo expuesto, sostuvieron que aquel incurrió en una
conducta moralmente reprochable y judicialmente sancionable al superar los
montos de gastos frente a los demás candidatos por la circunscripción
referenciada.
5.2. Intervención de la agente del Ministerio Público
22. En su pronunciamiento, la procuradora séptima delegada ante el Consejo
de Estado señaló que no hay lugar a decretar la pérdida de investidura del
15 Índice 31 Samai.
16 Índice 36 Samai.
17 A la diligencia realizada el 31 de julio de 2024, asistieron el magistrado sustanciador y demás
miembros de la Sala Especial de Decisión n.° 4, los solicitantes Yoad Ernesto Pérez Becerra y
Jorge Heriberto Moreno Granados, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado,
Idayris Yolima Carrillo Pérez y el demandado David Ricardo Racero Mayorca.
18 El 31 de julio de 2024, los solicitantes allegaron escrito con los argumentos presentados en la
diligencia. Por su parte, el Ministerio Público remitió el resumen de su intervención en la misma
fecha señalada. Finalmente, se pone de presente que el accionado no presentó la memoria
escrita de su intervención.
19 Adujeron que, dicho valor se encuentra acreditado en el anexo 7.2 B.
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representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, por cuanto no se
cumple con los criterios fácticos y jurídicos que refirieron los accionantes.
23. Sostuvo que el accionado fue inscrito como candidato de la coalición
«Pacto Histórico», la cual adoptó el mecanismo sin voto preferente, por tanto, su
tratamiento no encuentra sustento en el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011. Así,
concluyó que lo analizado «[…] per se, se sale del principio de tipicidad y/o
legalidad que debe cobijar el análisis de pérdida de investidura […]».
24. En otras palabras, estimó que la valoración de los topes de financiación
no se hace de manera individual, sino, por el total de la lista, tal como se
relacionó en el anexo 7B. En ese orden, indicó que el gasto de la agrupación
referenciada tan solo fue de $2.713.044.688 y, por ende, señaló que no se
configuró la violación de los topes máximos de financiación de la campaña de
David Ricardo Racero Mayorca.
25. Asimismo, esgrimió que el crédito obtenido con la entidad «CONFIAR
COOPERATIVA FINANCIERA» no tuvo como destinatario exclusivo al
demandado, sino que fue desembolsado al partido Polo Democrático Alternativo
para la financiación de la lista del «Pacto Histórico» por la circunscripción
electoral de Bogotá D.C.
5.3. Intervención de la parte demandada
26. Destacó que los argumentos de los accionantes confunden la
reglamentación de los límites a la financiación privada, en especial, lo relativo a
la inscripción de listas con voto preferente y no preferente. Precisó que su
candidatura a la Cámara de Representantes por la coalición «Pacto Histórico»,
se efectuó por esta última modalidad, por tanto, el límite previsto en el inciso
tercero del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 no está llamado a aplicarse.
27. Desde esa premisa, trajo a colación la Resolución 4426 de 2022, expedida
por el CNE, con el fin de anotar que su agrupación cumplió con los topes de
campaña. Ello, a su juicio, permitió a dicha autoridad electoral autorizar la
reposición de votos para la coalición referenciada. Al respecto, adujo que la
campaña de aquella tuvo un gasto de $2.713.044.688, lo cual representa el
13.5% del tope máximo fijado por el CNE.
28. En lo relativo al crédito obtenido con la entidad «CONFIAR
COOPERATIVA FINANCIERA» puntualizó que se celebró entre el gerente de la
campaña del «Pacto Histórico» y aquella, escenario que, según su decir,
evidenció que no fue otorgado individualmente a él.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
29. De acuerdo con el ordinal 5.° del artículo 237 de la Constitución Política,
el Consejo de Estado conocerá de los casos de pérdida de investidura de los
congresistas.
30. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1881 de 201820 establece que
corresponde a las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del
Consejo de Estado tramitar y decidir, en primera instancia, dicha solicitud.
31. Así las cosas, esta Sala de Decisión es competente para conocer, en
primera instancia, de la solicitud de pérdida de investidura presentada por Yoad
Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados contra el
representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca.
2. Oportunidad del medio de control
32. El artículo 6.° de la Ley 1881 de 2018 dispone que «[l]a demanda deberá
presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de
investidura, so pena de que opere la caducidad».
33. Para el caso objeto de estudio, los hechos que dieron lugar a la supuesta
configuración de la causal de pérdida de investidura alegada habrían ocurrido
durante el desarrollo de la campaña adelantada por el accionado para la elección
de la Cámara de Representantes que tuvo lugar entre el 13 de diciembre de
202121 y el 13 de marzo de 202222. En ese sentido, como la solicitud de la
referencia se instauró el 5 de junio de 2024, se encuentra que aquella fue
oportuna.
3. Problema jurídico
34. Corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el representante a la
Cámara David Ricardo Racero Mayorca incurrió en la causal de pérdida de
20 «Artículo 2.° Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de
Estado conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a
solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las
causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será
competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la
participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
Parágrafo. El Consejo de Estado conformará Salas Especiales de Decisión de Pérdida de
Investidura, las cuales estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección».
21 Resulta oportuno precisar que, si bien no se cuenta con el E-6 CT la Sala infiere que la
inscripción de la lista se realizó a más tardar el 13 de diciembre del 2021, último día que se tenía
para inscribir candidaturas, teniendo en cuenta que se deben realizar 4 meses antes de las
elecciones (art. 30 Ley 1475 de 2011), lo cual quedó confirmado con el formulario E-8 CT del 21
del mismo mes y anualidad (índice 2 Samai).
22 Fecha en que tuvo lugar la jornada electoral que puso término a la campaña electoral en
mención.
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investidura establecida en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 1475 de 2011,
en tanto aquel, según lo refieren los demandantes, superó el límite máximo de
gastos de campañas autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
35. Lo expuesto, con fundamento en que, según el dicho de la parte actora,
el demandado:
a) Superó el máximo de gastos autorizados por el CNE porque reportó en el
anexo 7.2B gastos por valor de $2.495.004.888, sin advertir que el límite
ascendía a $1.116.306.481, cifra que resultaba de dividir el monto máximo
de gastos fijado en la Resolución 227 de 2021 ($20.093.516.658) entre
los 18 candidatos inscritos por la coalición «Pacto Histórico» a la Cámara
de Representantes por Bogotá D.C.23
b) Excedió el tope regulado en la ley para las fuentes de financiación que
provienen de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en
especie, por parte de particulares, toda vez que frente a dichos rubros
relacionó la cifra de $983.059.04024 y respecto de créditos obtenidos en
entidades financieras reportó la suma de $1.600.000.00025.
36. Para resolver la cuestión jurídica trazada, la Sala de Decisión abordará
los siguientes temas: i) aspectos generales de la pérdida de investidura; ii) la
transgresión de los topes de financiación de campañas políticas como causal de
desinvestidura; y iii) el caso concreto.
3.1. Aspectos generales de la pérdida de investidura – reiteración
jurisprudencial
37. La Ley 1881 de 201826 regula el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura y lo define como un juicio de responsabilidad subjetiva que procede
en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, incurran en alguna de las causales previstas en el artículo 183 de la
Constitución Política27.
23 Según lo determina el inciso 3.º del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011.
24 En el formulario 6.2B.
25 En el anexo 6.3B.
26 «Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones», la cual derogó
la Ley 144 de 1994 que establecía el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas.
27 1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto
de intereses. 2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias
en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 3. Por no tomar
posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras,
o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. 4. Por indebida destinación de dineros
públicos. 5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
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38. En punto de la titularidad para su ejercicio, cualquier ciudadano o la mesa
directiva de la Cámara respectiva podrá solicitar la pérdida de investidura, la cual
será decretada por esta Corporación28. El trámite cuenta con un proceso
jurisdiccional especial, expedito, con etapas delimitadas, causales, sanciones y
consecuencias taxativas sujetas a un estudio de responsabilidad subjetiva.
39. En ese orden, cabría anotar que la jurisprudencia constitucional29, al
referirse a las causales que dan lugar a dicho juicio sancionatorio, ha
manifestado que se tratan de un código de conducta fijado en la Constitución
Política y que debe observarse en razón del valor social y político de la
investidura que ostentan los congresistas. Desde tal punto de vista, se encuentra
que el proceso es de carácter ético, pues los supuestos de desinvestidura
previstos por el constituyente tienen como fin reprochar y sancionar
comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen los
representantes del pueblo.
40. Además de aquellas circunstancias previstas en el referenciado artículo
183 superior, resulta oportuno traer a colación el Acto Legislativo 01 de 2009
(modificatorio del artículo 109 de la Constitución Política) que incluyó la violación
de los topes máximos de financiación de las campañas como un nuevo evento
que apareja la sanción de la pérdida de investidura, aspecto que resulta aplicable
a las elecciones celebradas con posterioridad a su vigencia.
41. Como se desprende del tenor del artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018 y de
las normas de rango constitucional que establecen las causales que determinan
su procedencia, el juicio de pérdida de investidura, dada su naturaleza
sancionatoria, cuenta con las garantías de los principios de tipicidad o
legalidad30, dignidad humana, debido proceso, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad, pro homine, in dubio pro reo y non bis in idem31, entre otras, que
hacen parte de su esencia32.
42. En lo que respecta al principio de legalidad, se encuentra que el
procedimiento de pérdida de investidura es reglado y que las causales, en lo que
28 Artículo 184 de la Constitución.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-073 de 20 de febrero de 2020, MP. Cristina Pardo
Schlesinger.
30 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado, dispuso lo siguiente sobre dicho principio: «[l]os presupuestos
anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en
el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho
los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un
sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi
deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad
o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable». [énfasis
propio].
31 Parágrafo del artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018.
32 Dada la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura resultan de su núcleo que
se cobijen principios del derecho punitivo «en la medida que comporta una restricción seria de
derechos fundamentales, comportando de paso consecuencias aflictivas reductoras de los
márgenes de acción que el encartado tiene como ciudadano colombiano». Sentencia SU-474 del
6 de noviembre de 2020, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
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respecta a los congresistas, están previstas expresa y taxativamente en la
Constitución.
43. Aunado a lo anterior, la interpretación de los eventos configurativos de la
desinvestidura es restrictiva, toda vez que su aplicación tiene como
consecuencia la limitación de derechos fundamentales. Por tanto, la exégesis de
las causales no puede ir más allá de lo previsto en la Constitución.
44. Así, para decretar la desinvestidura de un congresista, no solo basta la
constatación de la ocurrencia del hecho, sino que, además, debe verificarse si
los supuestos fácticos invocados en la solicitud, y que se le atribuyen al
congresista, se adecúan a la causal endilgada. A su vez, deberá comprobarse si
la persona obró con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley
(dolo) o con culpa grave, esto es, que fue negligente o descuidado y no tomó las
medidas necesarias para evitar que ello ocurriera33.
45. Por otra parte, la Sala Plena del Consejo de Estado34 ha señalado que la
pérdida de investidura acarrea una sanción de carácter jurisdiccional, que limita
derechos políticos como el de ser elegido en un cargo de elección popular35. En
efecto, aquella impacta los derechos políticos de quien resulta sancionado, dado
que, si se remueve la investidura del congresista, se produce la inhabilidad
prevista en el ordinal 4.°36 del artículo 179 constitucional37.
46. Así mismo, la sanción de desinvestidura es permanente y, por esa razón,
no puede redimirse ni conmutarse. Frente a esto, la Sala Plena de lo Contencioso
ha manifestado que:
[…] [p]ese a que uno de los principios axiales de la Constitución Política de 1991
es la inexistencia de penas imprescriptibles, según el artículo 28 superior, en este
caso la sanción genera a la persona declarada indigna la prohibición de aspirar
nuevamente a cargos de elección popular, [...] antinomia o contradicción que se
justifica porque la pérdida de investidura busca amparar y hacer prevalecer el
principio democrático que identifica y define al Estado colombiano, de modo que
el derecho a ser elegido tiene que ceder, frente al respeto de la democracia,
impidiendo que quien ha defraudo [sic] ese principio vuelva a ser depositario de la
confianza del elector38.
47. En resumen, conforme la jurisprudencia de la Sala Plena de lo
Contencioso de esta Corporación y la de la Corte Constitucional, la acción de
pérdida de investidura de congresistas tiene las siguientes características: i) su
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de octubre
de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-02196-00(PI), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de agosto
de 2017, rad. 11001-03-15-000-2016-01700-00(PI), MP. Milton Chaves García. Reiterada por la
Sección Primera de esta corporación en sentencia de 31 de marzo de 2023, rad. 68001-23-33-
000-2022-00521-01, MP. Hernando Sánchez Sánchez.
35 Artículo 40 de la Constitución.
36 «No podrán ser congresistas: […] Quienes hayan perdido la investidura de congresista».
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de febrero
de 2020, rad. 11001-03-15-000-2019-00911-01 (PI), MP. María Adriana Marín.
38 Idem.
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naturaleza es sancionatoria y pública, por lo tanto su legitimación por activa
recae en cualquier ciudadano o en la mesa directiva de la Cámara respectiva; ii)
su objeto es de carácter ético, toda vez que las causales taxativas y de
interpretación restrictiva, definidas por el constituyente, reflejan un código de
conducta que tiene como fin reprochar y sancionar el comportamiento de los
congresistas; iii) es de naturaleza jurisdiccional y su sanción impacta los
derechos políticos por la inhabilidad que genera para ocupar cargos de elección
popular; y iv) el alcance de la sanción es permanente e indefinida.
3.2. La transgresión de los topes de financiación de campañas políticas
como causal de desinvestidura
48. Tal como se indicó en párrafos precedentes, con ocasión de la reforma
constitucional incorporada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, se modificó
el artículo 109 superior y, en consecuencia, en su inciso séptimo se estableció
una causal de pérdida de investidura inicialmente no prevista en la redacción
original del texto constitucional de 1991. Al respecto, se dispuso lo que sigue:
Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las
campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de
investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación
de este precepto. [énfasis de la Sala].
49. En ese orden de ideas, la disposición en comento tuvo desarrollo en la
Ley 1475 de 2011, en cuyo artículo 26 se indicó:
La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se
sancionará con la pérdida del cargo, así:
1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el
procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
[…] [énfasis de la Sala].
50. Respecto de la pérdida de investidura por violación de topes de
financiación de campañas electorales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha indicado que la medida sancionatoria prevista en las normas
en mención tiene como propósito la garantía de los principios de igualdad,
transparencia y pluralismo en el plano político y electoral, así como «evitar el
ingreso indiscriminado de recursos económicos que puedan afectar el proceso
electoral, a los electores y comprometer, en primera medida, al candidato, a
quién lo avala y, posteriormente, a la persona que sea investida por el pueblo»39.
51. De igual manera, en lo atinente a los topes de financiación de origen
privado, la Corte Constitucional40 ha referido que la trascendencia de dicha regla
estatutaria se ubica en los principios de pluralismo político y de igualdad, los
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de octubre
de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01, MP. Hernando Sánchez Sánchez.
40 Sentencia C-490 de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
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cuales deben garantizarse en todas las campañas políticas y electorales, así
como en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana.
52. A su vez, en el mismo pronunciamiento, el máximo Tribunal Constitucional
consideró que las limitaciones a los montos de financiación privada están en
armonía con la tendencia internacional encaminada a regular y limitar de manera
detallada la financiación privada de las campañas políticas, con el objetivo de
«evitar todo abuso del poder económico en la actividad política, de prevenir el
fenómeno de la corrupción y evitar la injerencia de intereses particulares que
vicien los procesos democráticos»41.
53. Otro aspecto que no escapa de las disposiciones trascritas (artículos 109
de la Constitución y 26 de la Ley 1475 de 2011) es que se refieren
indistintamente a «topes máximos de financiación» y «límites al monto de
gastos», como supuestos fácticos para declarar la pérdida de investidura de un
congresista, cuando se comprueben tales escenarios de desconocimiento
normativo.
54. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado se refirió a la
diferencia terminológica existente entre los artículos 109 superior, que se refiere
a la violación de los topes máximos de financiación, y el artículo 26 de la Ley
1475 de 2011, que regula el desconocimiento de los límites al monto de gastos,
para indicar que la prohibición derivada del texto constitucional y desarrollada en
la disposición legal mencionada debe entenderse en dos sentidos, a saber:
a) El artículo 109 de la Constitución Política no solamente prohíbe la violación
de los topes máximos de financiación entendida como aportes a la
campaña electoral, sino también como gasto.
b) Por regla general, la acepción «financiación» es utilizada en la norma
constitucional como sinónimo de aporte y, a su vez, como equivalente de
gasto42.
55. Finalmente, no se pierde de vista que el artículo 24 de la Ley 1475 de
2011 prevé la manera en que habrán de establecerse los límites fijados para la
financiación de campañas políticas43 y de su contenido pueden extraerse las
siguientes reglas:
41 Idem.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de octubre
de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01, MP. Hernando Sánchez Sánchez.
43 Idem. Entendidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con base en lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011, como «el conjunto de actividades realizadas con el
propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de
hacerlo; agrega que la propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la
campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a
consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que
se trate y, finalmente, establece quienes pueden realizar el recaudo de contribuciones, los gastos
de campaña y los términos para ello».
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a) El Consejo Nacional Electoral debe fijar los límites de gasto de las
campañas electorales tendientes a la elección de los distintos cargos y
corporaciones de elección popular en enero de cada anualidad, con base
en los costos reales de las campañas, el censo electoral correspondiente y
la apropiación presupuestal para la financiación de aquellas.
b) Los topes en mención se establecerán por cada candidato a un cargo
uninominal y por cada lista presentada para la elección de una corporación
pública.
c) Para los candidatos integrantes de listas con voto preferente, el monto
máximo de gastos será el resultado de la división del tope fijado para cada
lista por el número de aspirantes que la componen.
d) El mismo organismo debe establecer, igualmente, el límite máximo de
financiación que cada organización política con personería jurídica puede
aportar a la campaña de los candidatos o listas avalados por ella.
3.3. Caso concreto
56. En el presente caso, el reparo de los demandantes consiste en que el
congresista David Ricardo Racero Mayorca:
a) Superó el máximo de gastos autorizados por el CNE porque reportó en el
anexo 7.2B gastos por valor de $2.495.004.888, sin advertir que el límite
ascendía a $1.116.306.481, cifra que resultaba de dividir el monto máximo
de gastos fijado en la Resolución 227 de 2021 ($20.093.516.658) entre
los 18 candidatos inscritos por la coalición «Pacto Histórico» a la Cámara
de Representantes por Bogotá D.C.44
b) Excedió el tope regulado en la ley para las fuentes de financiación que
provienen de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en
especie, por parte de particulares, toda vez que frente a dicho rubros
relacionó la cifra de $983.059.04045 y respecto de créditos obtenidos en
entidades financieras reportó la suma de $1.600.000.00046.
57. Por lo tanto, deberá determinarse si el representante a la Cámara
accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el inciso
séptimo del artículo 109 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 23, 24 y 26 de la Ley 1475 de 2011.
58. A efectos de responder la cuestión jurídica trazada, la Sala establecerá,
conforme el material probatorio allegado al expediente:
44 Según lo determina el inciso 3.º del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011.
45 En el formulario 6.2B.
46 En el anexo 6.3B.
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a) Si el demandado fue elegido por voto popular para una corporación pública;
b) Cuál fue el monto máximo establecido por el CNE para la financiación de
las campañas correspondientes a las listas de candidatos postulados para
la elección de Cámara de Representantes (2022-2026) por la
circunscripción de Bogotá D.C.;
c) Si la lista presentada por la coalición «Pacto Histórico» para dicho certamen
electoral, era con o sin voto preferente, y el número de aspirantes que la
integraron;
d) Si las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie,
provenientes de particulares y los créditos obtenidos ante entidades
financieras, excedieron el monto máximo correspondiente a este tipo de
aportes.
e) Finalmente, si la conducta del congresista Racero Mayorca fue dolosa o
gravemente culposa.
59. Sobre este último aspecto se debe precisar que, de encontrarse
acreditada la incursión del demandado en el aspecto objetivo de la causal de
desinvestidura contemplada en el artículo 109 superior, en concordancia con los
artículos 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011, se procederá a examinar el elemento
subjetivo exigido para la operatividad de dicha sanción.
60. En el orden de ideas, conforme el formulario E-26 CAM del 11 de abril de
47
2022 , proferido por la Comisión Escrutadora de Bogotá D.C., se tiene probado
que David Ricardo Racero Mayorca fue declarado representante a la Cámara de
tal circunscripción territorial, para el periodo 2022-2026, en representación de la
coalición «Pacto Histórico».
61. En punto de determinar el monto máximo establecido por el CNE para la
financiación de campañas para la elección de Cámara de Representantes por
Bogotá D.C. en dicho período, se tiene que la Resolución 227 del 29 de enero
de 202148 estableció lo siguiente:
ARTÍCULO QUINTO. Fijar el límite máximo del monto de gastos de las campañas
de cada una de las listas de candidatos inscrita a la Cámara de Representantes
dentro de la «Circunscripción territoriales para las elecciones de 2018» [sic], de la
siguiente manera:
a) En las circunscripciones con un censo electoral superior a cinco millones uno
(5.000.001) ciudadanos49, la suma de VEINTE MIL NOVENTA Y TRES
47 Índice 2 Samai. Archivo: «4.2. Copia del acta de declaración de elección formulario E-26 CAM».
48 Índice 12 Samai. Archivo:
«17_RECIBEMEMORIAL_Resolucionn0227DE202_4_20240620121500299».
49 Para el año 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que el potencial electoral
de la circunscripción de Bogotá D.C. era de 5.935.722 votantes. Dicha información fue
consultada en el siguiente enlace: https://registraduria.gov.co/La-Registraduria-Nacional-
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MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($20.093.516.658). [énfasis del original].
62. De acuerdo con la prueba allegada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil50, se advierte que en el acuerdo de coalición programática y política
suscrito entre los partidos y movimientos Polo Democrático Alternativo, Alianza
Democrática Amplia, Colombia Humana, MAIS, Unión Patriótica, Comunista
Colombiano para inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes
por Bogotá D.C., se estipuló lo siguiente:
63. En concordancia con lo anterior, en el formulario definitivo de inscripción
de la lista a la Cámara de Representantes por la coalición (E-8 CT)51, consta lo
siguiente:
entrega-detalles-del-censo-electoral-en-Colombia-y-en.html, ello en virtud del artículo 177 del
Código General del Proceso, aplicable por la remisión subsidiaria que permite el artículo 21 de
la Ley 1881 de 2018.
50 Índice 27 Samai.
51 Índice 2 Samai. Archivo: «4.1. Certificación de inscripción del ciudadano DAVID RICARDO
RACERO MAYORCA».
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64. Acreditada la elección del demandado, la modalidad de voto de la lista, el
monto máximo que fijó el CNE y que la coalición «Pacto Histórico» presentó una
lista sin voto preferente integrada por dieciocho candidatos y candidatas para
la elección en comento, para efectos de resolver el problema jurídico, resulta
pertinente traer a colación lo prescrito en el inciso tercero del artículo 24 de la
Ley 1475 de 2011, que dispone lo siguiente:
[…] En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por
cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo
de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos […] [énfasis de la Sala].
65. Nótese, entonces, que en la disposición transcrita se impone un límite
máximo individual de financiamiento de campañas electorales, el cual resulta de
dividir el valor fijado en la letra a), artículo quinto, de la resolución citada, entre
los aspirantes integrantes de la lista, pero, únicamente, en aquellos eventos en
que la lista se inscriba mediante la modalidad de voto preferente.
66. Esta última modalidad de listas fue introducida al ordenamiento jurídico
con ocasión del Acto Legislativo 1 de 2003 y consiste en que el ciudadano, al
momento de ejercer su derecho al voto, elija el candidato de su preferencia
dentro de los otros inscritos en la lista, para lo cual, se reordena de forma
descendente según la votación obtenida por cada uno de aquellos52.
67. En efecto, de acuerdo con el número de votos preferentes alcanzados por
cada candidato se determinará las curules que le correspondieron a la lista,
conforme la fórmula electoral correspondiente. A su vez, el orden establecido se
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de
julio de 2009, rad. 11001-03-28-000-2006-00115-00, MP. Susana Buitrago Valencia.
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observará para efectos de proveer las vacantes de los elegidos en aquellos
eventos de faltas absolutas o temporales, cuando haya lugar a su reemplazo 53.
68. Por el contrario, las listas sin voto preferente no permiten al elector optar
por un candidato en específico, pues en esta se sufraga por toda la lista54. En
ese sentido, el orden de inscripción dependerá, exclusivamente, del libre juicio
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, tal como lo
establecen los incisos 1.º y 2.º del artículo 262 de la Constitución Política55.
69. Finalmente, se debe traer a colación que la decisión de inscribir una lista
sin o con voto preferente dependerá, exclusivamente, del partido o movimiento
político.
70. En ese orden de ideas, cuando se trata de una lista con voto preferente,
de acuerdo con el monto máximo fijado por el CNE, el límite de gastos es el
resultado de dividir la suma anterior por el número de candidatos inscritos;
mientras que, si es lista sin voto preferente, aquel tope corresponderá al
determinado por la autoridad electoral.
71. Por consiguiente, si hipotéticamente la inscripción del accionado hubiera
sido mediante lista con voto preferente, el citado límite individual ascendería a
$1.116.306.481, lo cual resulta de la división de $20.093.516.658 entre los
dieciocho (18) candidatos de la coalición «Pacto Histórico» a la Cámara de
Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá D.C.; empero, de las
pruebas allegadas, se evidenció que la opción de voto fue no preferente,
entonces, los gastos de la lista en comento no podían superar la suma de
$20.093.516.658 fijados por la autoridad electoral.
72. Así las cosas, lo propuesto por la parte accionante, al indicar que en el
presente caso el límite máximo de gastos autorizado por candidato es de
$1.116.306.481, no encuentra sustento jurídico en el principio de tipicidad56, por
cuanto el legislador estatutario previó dicho límite individual, únicamente,
para las listas inscritas con voto preferente, circunstancia que no aplica a la
lista inscrita por la coalición «Pacto Histórico» que, como quedó demostrado de
manera precedente, fue mediante voto no preferente.
53 Para ello, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 16 de junio de 2009, rad. 11001-03-15-000-2009-00291-00, MP. Myriam Guerrero
de Escobar.
54 Idem.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00037-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
56 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, (Sala veinte especial de
decisión de pérdida de investidura), sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 11001-03-15-000-
2019-00970-00(PI), MP. Roberto Augusto Serrato Valdez «[…] Lo anterior quiere indicar que
para efectos de establecer si un congresista incurrió́ en las causales que se le imputan, se
requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la conducta, que implica establecer si los hechos
invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecuan a la causal
endilgada […]».
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73. Dicho de otra forma, no es posible efectuar la división del valor fijado en
la letra a), artículo quinto, de la Resolución 227 de 2021, entre los dieciocho
aspirantes integrantes de la lista, en tanto que, se reitera, dicho cálculo resulta
aplicable solamente en la lista con voto preferente.
74. Por tal razón, no se encuentra configurada la causal de pérdida de
investidura prevista en los artículos 109 superior y 26 de la Ley 1475 de 2011, el
cual prescribe: «La violación de los límites al monto de gastos de las campañas
electorales, se sancionará con la pérdida del cargo».
75. En ese sentido, cabe anotar que el desconocimiento del artículo 24 de la
enunciada normativa, por la violación del monto máximo de gastos, se configura
cuando se trata de listas con votos preferentes, lo cual no fue el caso de la
presentada por el «Pacto Histórico» por la circunscripción electoral de Bogotá
D.C. Con ello, resulta evidente que los hechos invocados por los demandantes
y que se le atribuyen al congresista Racero Mayorca no se adecuan a la causal
alegada (principio de tipicidad).
76. La anterior conclusión no impide abordar el estudio de los límites fijados
para los candidatos inscritos mediante la modalidad de voto no preferente, pues,
si bien aquellos no tienen un tope individualmente considerado, conforme lo
establece el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, lo cierto es
que deben observar lo dispuesto en el artículo 23 de la misma ley respecto de
los límites a la financiación privada, tal como lo aduce la parte actora57.
77. Esta última norma (art. 23) dispone lo siguiente:
Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o
campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de
financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en
la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones
individuales superiores al 10% de dicho valor total.
La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero
permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los
límites individuales a que se refiere esta disposición pero en ningún caso la
sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos
de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará
sometido a límites individuales. […]
78. Al respecto, debe indicarse que el artículo 23 ibidem establece dos clases
de límites a la financiación privada de campañas políticas:
57 Así lo señalaron los accionantes: «[d]e acuerdo con lo anterior, es factible advertir que la
campaña del señor DAVID RICARDO RACERO MAYORCA, infringió lo establecido en el
fragmento primero del primer inciso del precitado artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, al superar
los límites a la financiación privada, toda vez que relaciono gastos por el valor DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.495.004.888)». [énfasis del original].
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Demandantes: Yoad Ernesto Pérez Becerra y otro
Demandado: David Ricardo Racero Mayorca - representante
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a) Un límite global, determinado por el valor total de gastos que se pueden
realizar en la respectiva campaña;
b) Otro de naturaleza individual, referido al porcentaje del 10% de aporte
máximo que puede efectuar cada persona a la campaña del candidato
que resultó elegido congresista de la República, salvo que se trate de
recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes en el
grado que autoriza la ley.
79. A su vez, resulta oportuno precisar que los candidatos de los partidos
políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, inscritos a cargos
o corporaciones de elección popular pueden financiar sus campañas electorales,
en lo que sirve a la solución de este caso58, con las contribuciones, donaciones
y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares, y los créditos
obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas, según lo prescribe
el artículo 20 de la Ley 1475 de 2011.
80. De lo expuesto, y en atención al límite previsto en el artículo 23 de la Ley
1475 de 2011, el monto máximo que podía recibir la campaña del congresista
David Ricardo Racero Mayorca, por concepto de donaciones o contribuciones
individuales, ascendió a la suma de dos mil nueve millones trescientos
cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco ($2.009.351.665), suma que
se obtiene del porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del monto máximo
de financiación fijado en la Resolución 227 de 2021 ($20.093.516.658).
81. Así, a efectos de determinar si acaeció alguna violación a dichos topes,
se tiene que, de conformidad con el formulario 6.2B (correspondiente al reporte
de «contribuciones, donaciones, y créditos, en dinero o especie, que realicen los
particulares»), se reportaron al demandado Racero Mayorca las siguientes
sumas59:
NOMBRE PERSONA NATURAL O CONCEPTO MONTO TOTAL
JURÍDICA CONCEPTO
Santiago Carrascal Pérez Crédito $40.000.000
Leandro Hoaldiny García Farieta Crédito $40.000.000
Miguel Ángel Uribe Laverde Crédito $40.000.000
Lina María Collazos Botache Crédito $6.000.000
Yaneth Corredor Castro Crédito $7.000.000
58 De la norma también se desprenden otras fuentes de financiación, a saber: (i) recursos
provenientes de los partidos y movimientos políticos; (ii) créditos o aportes provenientes de los
propios candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad; (iii) ingresos originados en actividades lucrativas del
partido o movimiento y (iv) financiación estatal.
59 La tabla que se relacionada a continuación, corresponde fielmente a la información que reposa
en el formulario 6.2B.
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Nixon Padilla Rodríguez Crédito $5.000.000
Lessner Jafet Almenarez Gómez Crédito $10.000.000
Juan De Dios Varela Mora Crédito $7.000.000
Gladys Delgado De Rodríguez Crédito $6.000.000
Claudia Flórez Sepúlveda Crédito $5.000.000
Pablo Cesar Álvarez Galíndez Crédito $105.000.000
Leidy Tatiana Zapata Loaiza Crédito $94.000.000
Jorge Eliecer Huertas Castillo Crédito $1.000.000
Juan Luis Sebastián Vargas Naranjo Crédito $1.000.000
Yadira Vásquez Ramírez Crédito $6.000.000
Mayeline Arboleda Mendoza Crédito $6.000.000
Juan Luis Sebastián Vargas Naranjo Crédito $1.000.000
Juan Luis Sebastián Vargas Naranjo Crédito $1.000.000
Hernán Arturo Buitrago Murillo Crédito $2.100.000
Magnifica Publicidad SAS Crédito $4.290.107
Tania Catalina Acero Celis Crédito $4.000.000
Críspulo Torres Bombiela Crédito $5.000.000
Arnol Vicente Gómez Hurtado Crédito $5.000.000
Yenny Edith Jiménez Bermúdez Crédito $5.000.000
Marco Alberto Rodríguez Mesa Crédito $5.000.000
Elsy Tatiana Cadena Amado Crédito $4.000.000
Pedro Elías Abaunza Burgos Crédito $3.000.000
José Alfredo Patiño Granados Crédito $3.500.000
José Alfredo Patiño Granados Crédito $2.800.000
José Alfredo Patiño Granados Crédito $3.500.000
Taller Gráfico SAS Crédito $43.682.000
Rubén Darío Arias Parra Crédito $45.000.000
Luz Mila Piña Aranda Crédito $42.750.000
Jineth de Jesús Carrillo de Luque Crédito $44.950.000
Yedilfa Piña Aranda Crédito $44.460.000
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Katerin Mínela Padilla Socarras Crédito $50.050.000
Jorman Jasué Manrique Bermúdez Crédito $50.000.000
Confiar Cooperativa Financiera Crédito $17.476.933
Lina Felicia Chamorro Amaya Crédito $55.000.000
Jorge Eliecer Huertas Castillo Crédito $500.000
Promedios Analítica SAS Crédito $22.000.000
Verner Ian Tibocha Camacho Crédito $28.000.000
Omar Humberto Cortés Aranguren Crédito $20.000.000
Pablo César Álvarez Galíndez $60.000.000
Leonor Argote Muñoz $25.000.000
Jorge Eliecer Huertas Castillo Crédito $1.000.000
Clara Eugenia López Obregón $3.000.000
Rodrigo Andrés Álvarez Galíndez Donación $2.000.000
82. De lo transcrito, se advierte que solo una persona natural efectuó aportes
a la campaña del accionado David Ricardo Racero Mayorca por valor de
$2.000.000, lo cual, sin mayor necesidad de análisis permite afirmar que no se
superó el monto máximo de dos mil nueve millones trescientos cincuenta y
un mil seiscientos sesenta y cinco ($2.009.351.665), con el que los
particulares podían contribuir económicamente a su aspiración.
83. Así mismo, si bien el documento valorado evidencia cifras superiores a
los $2.000.000 (donación), lo cierto es que aquellas corresponden a créditos.
Frente a estos últimos, en principio, cabe anotar que no superaron el valor total
de gastos que se podían realizar en la respectiva campaña ($20.093.516.658) y
que, en todo caso, no deben tomarse en consideración para el cálculo de los
topes máximos correspondientes a los aportes individuales. Lo anterior, en
consonancia con lo previsto en el artículo 23, incisos primero y segundo de la
Ley 1475 de 2011, que señalan:
Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o
campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de
financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar
en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y
donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total.
La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero
permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los
límites individuales a que se refiere esta disposición pero en ningún caso la
sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos
de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará
sometido a límites individuales. [énfasis propio].
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84. Igual consideración merece el valor reportado en el formulario 6.3B por
concepto de créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas,
a saber:
NOMBRE PERSONA JURÍDICA NIT VALOR
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 890981395-1 $1.600.000.000
85. Lo anterior, en tanto que, como se desprende del formulario analizado,
ello correspondió a la fuente de financiación privada prevista en el ordinal 4.º del
artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, disposición normativa que, como se indicó
en precedencia, prevé que «[e]l valor de los créditos de cualquier origen tampoco
estará sometido a límites individuales», salvo cuando se supera del valor total
de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña que, como se ha
referido en precedencia era de $20.093.516.658.
86. Al respecto, resulta oportuno precisar que el candidato Racero Mayorca
no podía obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de
financiación privada por más del valor total de gastos que se pueden realizar en
la respectiva campaña, el cual como se anticipó, fue fijado, mediante Resolución
0227 de 2021, en $20.093.516.658, supuesto que la Sala tampoco encontró
probado.
87. En efecto, se reitera que el valor reportado por contribuciones, donaciones
y créditos, en dinero o en especie, que hicieron los particulares ($983.059.040)
–formulario 6.2 B– a la campaña del señor Racero, fue inferior al monto total de
gastos que se podían realizar en la campaña a la Cámara de Representantes
por la circunscripción territorial de Bogotá.
88. De igual manera, el crédito de entidades financieras ($1.600.000.000) que
se reputó al señor Racero, según consta en el formulario 7.2 B ($1.600.000.000),
tampoco superó el límite establecido de los $20.093.516.658. Frente a esto,
valdría la pena acotar que dicho crédito consta o proviene de un contrato de
pignoración que fue suscrito por el partido político Polo Democrático Alternativo,
que hizo parte de la enunciada coalición60.
89. Ahora, aunque no se logró acreditar, conforme los estatutos de la
coalición,61 la manera como se distribuían dichos recursos en los diferentes
candidatos de la lista sin voto preferente, lo cierto es que, aun cuando dicha cifra
se registró en cabeza del congresista Racero Mayorca, el monto de esta
($1.600.000.000) no configura violación alguna al no sobrepasar el valor total de
60 Índice 12 Samai.
61 Índice 27 Samai. Al respecto se debe precisar que los demandantes aportaron el acuerdo de
coalición referido a la inscripción de los candidatos y candidatos a la Cámara de Representantes
por la circunscripción electoral de Bogotá D.C. por la coalición «Pacto Histórico», sin embargo,
se advirtió que estaba incompleto. Por consiguiente, mediante auto del 24 de junio de 2024, se
requirió al CNE para que allegara tal documento, situación que se cumplió mediante oficio del 15
de julio siguiente.
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gastos ($20.093.516.658) que se podían realizar en la respectiva campaña, tal
como lo definió el CNE.
90. Aunado a lo anterior, se agrega que el concepto recibido no fue a título
personal del demandado, sino que se trató de la financiación de la lista del
«Pacto Histórico» por la circunscripción electoral de Bogotá D.C.
91. Así las cosas, la Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la parte
demandante, el accionado no incurrió en la violación:
a) del límite máximo de gastos por cada candidato, pues aquel, conforme
el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, no le resultaba aplicable en
razón a la inscripción de la lista de la coalición «Pacto Histórico» con
voto no preferente y, a su vez;
b) de los límites a la financiación privada, en tanto que, los valores
reportados por concepto de contribuciones y donaciones individuales
no fueron superior al 10% del valor total de gastos para la respectiva
campaña ($20.093.516.658);
c) de los créditos por parte de particulares y de entidades financieras,
toda vez que aquellos no están sometidos a límite individual alguno.
Así las cosas, se tiene que estos no excedieron la suma de
$20.093.516.658.
92. Finalmente, los demandantes aportaron la Resolución 4426 del 24 de
agosto de 202262, en la cual se evidencia que los documentos relativos a los
informes de ingresos y gastos de las campañas electorales63, entre otros, los
formularios 6B, 7B y anexos fueron auditados y originaron el reconocimiento del
derecho a la reposición de gastos de campaña.
93. Del análisis de aquellos, se evidenció que la auditoría interna presentada
por el partido Polo Democrático Alternativo y del CNE no advirtieron alguna
irregularidad en relación con la violación del límite de los topes máximos de
financiación (aportes y gastos), que impidiera el reconocimiento de recursos
provenientes de la reposición de gastos por votos válidos obtenidos64.
94. Por consiguiente, al no encontrarse acreditado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura alegada, la Sala se abstendrá de examinar el
aspecto subjetivo y, en consecuencia, negará la solicitud de desinvestidura
formulada por Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
62 Índice 2 Samai. Archivo: «4.4. Resolución No. 4426 del 24 de agosto del 2022».
63 Artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
64 Artículo 21 de la Ley 1475 de 2011.
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Demandado: David Ricardo Racero Mayorca - representante
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del representante a la
Cámara David Ricardo Racero Mayorca por la circunscripción de Bogotá D.C.,
periodo 2022-2026, promovida por los ciudadanos Yoad Ernesto Pérez Becerra
y Jorge Heriberto Moreno Granados, por las razones expuestas.
SEGUNDO: INFORMAR a las partes que contra la presente decisión procede el
recurso de apelación, en los términos del artículo 14 de Ley 1881 de 2018.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, COMUNICAR a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del
Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de
la Ley 1881 de 2018.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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