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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00037-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00037-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la parte demandante respecto de la solicitud presentada para que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avocara conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por Karen Violette Cure Corcione contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Bolívar, contenido en el documento E-26 CAM, expedido el 23 de marzo de 2022. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Demandante: Karen Violette Cure Corcione Demandado: Representantes a la Cámara, Departamento de Bolívar (2022-2026). Rad: 11001-03-28-000-2022-00037-00 CUARTO: RECONOCER personería al profesional Gabino Hernández Palomino, identificado con cédula de ciudadanía nro. 73.099.758 y tarjeta profesional nro. 70.350 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la accionada Dorina Hernández Palomino. CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00037-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de noviembre de 2022

Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Representantes a la Cámara,
Departamento de Bolívar (2022-2026).
Rad: 11001-03-28-000-2022-00037-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00037-00
Demandante: KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE
Demandados: REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, periodo 2022-2026.

Temas: Límites a modificación de listas para corporaciones públicas; interpretación del
artículo 262, inciso quinto, de la Constitución – restricción se refiere a la misma
elección.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral, contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por la
circunscripción territorial de Bolívar, período 2022 - 2026.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El 8 de abril de 20221, la parte actora presentó demanda de nulidad electoral2, con
las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de CÁMARA
DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE BOLIVAR (sic)
contenido en el documento E-26 CAM de fecha 23 de marzo de 2022.

SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se excluya
la lista del PACTO HISTÓRICO del cómputo general de votos contenidos en el E-26, de
acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en el presente escrito.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y efectivamente se
practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un nuevo escrutinio de los votos
depositados en el Departamento de Bolívar en las elecciones del 13 de marzo de 2022
para CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
BOLIVAR (sic), periodo 2022 - 2026, escrutinio que deberá practicarse con base
únicamente en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso

1 Anotación 3 Samai.
2 Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

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1

Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Representantes a la Cámara,
Departamento de Bolívar (2022-2026).
Rad: 11001-03-28-000-2022-00037-00

a que dé lugar esta demanda.

CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios, se
haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva declaración de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE BOLIVAR
(sic), periodo 2022 - 2026, se ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas
credenciales de Representantes a la Cámara por esa circunscripción territorial para el
periodo citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior novedad al
Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor Registrador Nacional
del Estado Civil y a sus delegados para el Departamento de Bolívar, al señor Ministro del
Interior, al señor Gobernador del Departamento de Bolívar, y al señor Presidente del
Tribunal Administrativo del mismo Departamento.

1.1. Fundamento fáctico

2. La accionante adujo como hechos de la demanda los siguientes:

2.1. El 13 de diciembre de 2021, la «Coalición Pacto Histórico» inscribió a Francisco
Javier Marrugo Zambrano, Colombia Sofía Villamil Quiroz, Carlos Efraín Vargas Mestra,
Sandra Elena Villadiego Villadiego, Edén de Jesús Elles Vergara y Reineer Rodríguez
Vargas como candidatos a la Cámara de Representantes (2022-2026), de conformidad
con el acuerdo programático suscrito por los partidos Polo Democrático Alternativo,
Alianza Verde, MAIS, A.D.A., Unión Patriótica y Colombia Humana. Así pues, indicó que
los candidatos de dicha coalición realizaron el procedimiento de registro biométrico y
diligenciamiento de formatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil3 y
aceptaron su inscripción en la lista abierta.

2.2. No obstante, señaló que el 15 de diciembre de 2021, la señora Villamil Quiroz,
mediante registro biométrico ante la misma institución, aceptó la postulación sin que su
decisión fuera objeto de rechazo. Dicha manifestación se hizo dentro de los 5 días
subsiguientes a la fecha límite de inscripción de las candidaturas.

2.3. Afirmó que «…en el formulario E-6 CT se aprecia que la inscripción del PACTO
HISTÓRICO fue de seis candidatos, de los cuales, la señora COLOMBIA SOFIA
VILLAMIL QUIROZ, quedó pendiente en la aceptación correspondiente. En concreto se
cumplió con la cuota de género al momento de la inscripción. Además, los Delegados
del Registrador estaban obligados a rechazar el acta de inscripción si no se cumplía con
los requisitos legales y constitucionales, pero se observa que firmaron sin ningún
problema»

2.4. Adujo que el 23 de diciembre de 2021, el señor David Ricardo Racero Mayorca
solicitó ante el CNE la revocatoria de la inscripción de los candidatos pertenecientes a
la lista del Pacto Histórico Alianza Verde por el departamento de Bolívar (2022-2026), al
considerar que no cumplió con el valor porcentual establecido por el artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011 respecto de la cuota de género.

3 En adelante RNEC.

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2

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2.5. Indicó que el CNE, mediante Resolución No. 1132 de 20224, revocó las listas de
candidatos a la Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas Pacto
Histórico, Alianza Verde y Coalición Pacto Histórico en los departamentos de Bolívar y
Norte de Santander, por incumplimiento de la cuota de género5.

2.6. En el orden anterior, expuso que el enunciado acto administrativo concluyó que, en
el caso de Bolívar, el porcentaje de participación femenina fue del 20%, de manera que
se incumplieron las normas que fundamentan el derecho a la igualdad para elegir y ser
elegidas como minorías. En efecto, se consideró que la señora Colombia Villamil
presentó extemporáneamente, el 15 de diciembre de 2021, su carta de aceptación a la
inscripción, la cual tenía como fecha límite era el 13 de diciembre del mismo año.

2.7. Señaló que la RNEC, a través de documento E-7CT, realizó modificación de la lista
inscrita, en la cual se logra evidenciar que no corresponde a una modificación, sino a
una nueva lista de carácter cerrado, con tres nuevas candidatas: DORINA
HERNÁNDEZ PALOMINO, MARÍA ALEJANDRA BENITES HURTADO y ROSANA
CRISTINA LOMBANA OCHOA6.

2.8. En tal sentido concluyó que, de acuerdo con el actuar de la RNEC, la coalición
consideró que se había revocado la inscripción de todos los candidatos y que con base
en eso podía inscribir una lista totalmente nueva, es decir, reformándola de voto
preferente a lista cerrada; aun cuando el CNE ordenó la corrección para que se tuviese
en cuenta la cuota de género y subsanar la irregularidad evidenciada en el documento
E-8CT.

2.9. Manifestó que el CNE expidió la Resolución No. 1456 de 20227 a través de la cual
concluyó que, de acuerdo con el reporte enviado por los delegados departamentales del
registrador nacional del estado civil en el departamento de Bolívar el 14 de febrero de
2022, «…no hubo una solicitud de modificación de la lista y que el acuerdo de coalición
no contaba con la firma de la totalidad de partidos que inscribieron la lista revocada
mediante la resolución (sic) 1132 de 2022».

2.10. Indicó que el 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo los comicios para elegir a

4 «Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la

Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y
“COALICION PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander
respectivamente, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, lo anterior, dentro
del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397».
5 No se especificó fecha de expedición de la resolución citada.
6 La lista también se encontraba integrada por Carlos Efraín Vargas Mestra y Edén de Jesús Elles

Vergara, quienes también formaron parte del primer listado de candidatos presentados por el Pacto
Histórico.
7 «Por medio de la cual esta corporación DECLARA LA VALIDEZ DE LA MODIFICACION de la lista de

candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición denominada “PACTO
HISTORICO" en el departamento de Bolívar, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo
de 2022, lo anterior dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397».

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los integrantes a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026. Así pues, de
acuerdo con el formulario E-26 CAM de 23 de marzo de la misma anualidad, expedido
por la comisión escrutadora de Bolívar, se declaró la elección de «CARRASQUILLA
TORRES SILVIO JOSE, ARANA PADAUI YAMIL HERNANDO, ARAY FRANCO
JULIANA, MONTES CELEDÓN ANDRÉS GUILLERMO, NIÑO MENDOZA
FERNANDO DAVID y HERNÁNDEZ PALOMINO DORINA, esta última perteneciente al
PACTO HISTÓRICO» como miembros de dicha corporación.

2.11. Señaló que, previo a la declaratoria de las elecciones, hizo una solicitud de
saneamiento de nulidades electorales contra el posible acto de elección de los
Representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, atinentes a irregularidades
del proceso de inscripción y modificación de la lista denominada Pacto Histórico,
recibido por la comisión escrutadora el 18 de marzo de 2022.

2.12. Afirmó que la Comisión Escrutadora General de Bolívar mediante Resolución No.
2 de 23 de marzo de 20228 rechazó la reclamación, aun cuando en ningún momento se
presentó un escrito de tal naturaleza, pues lo solicitado fue el saneamiento de nulidades
electorales como fue descrito en el párrafo precedente, tal y como consta en la página
34 del Acta General de Escrutinio.

2.13. Por otra parte, señaló que el acuerdo de coalición para el Congreso que integró a
Colombia Humana era inconstitucional porque no podía conformar una coalición de
minorías.

1.2. Normas vulneradas y concepto de la violación

3. Para la demandante se vulneraron los artículos 1 y 262 de la Constitución; 137, 139
y 275.3 del CPACA.

4. La accionante señaló que el acto electoral -formulario E 26 CAM- debe ser anulado
porque i) el documento de inscripción y modificación de la lista Pacto Histórico contiene
datos falsos o contrarios a la verdad, razón por la que se configura la causal 3 del
artículo 275 del CPACA, ii) incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y
iii) se expidió en forma irregular. En consecuencia, manifestó que se configuraron las
causales de nulidad del artículo 137 del CPACA.

5. En su criterio, el acto de elección contiene datos falsos o contrarios a la verdad
porque el CNE revocó y modificó la lista de la coalición del Pacto Histórico – Alianza
Verde inscrita inicialmente, sin advertir el cumplimiento de los requisitos legales.

8 «Por medio de la cual se resuelve una reclamación presentada en la MESA 1, PUESTO 01 CENTRO

COMERCIAL BOCAGRANDE, ZONA 01, MUNICIPIO CARTAGENA, DEPARTAMENTO BOLIVAR, con
motivo de las ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA del 13 de marzo de
2022».

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Específicamente, con las Resoluciones 1132, 12359 y 1456 de 2022 que profirió dicha
autoridad se evidenció una violación al debido proceso.

6. La demandante adujo que la coalición Pacto Histórico – Alianza Verde no cumplió
con las exigencias constitucionales y legales para ser elegida por las siguientes
razones:

a) El CNE10 desconoció las candidaturas inscritas inicial y debidamente aceptadas
por los candidatos designados a la Cámara de Representantes por el Pacto
Histórico – Alianza Verde. Como efectivamente sucedió con 6 nombres inscritos
y el de la ciudadana Colombia Villamil, quien aceptó su candidatura dentro del
término legal. De igual forma, señaló que la lista inicialmente presentada no fue
objetada de manera alguna por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, entidad que, de haber advertido alguna irregularidad en la integración de la
lista, debió rechazarla, cosa que no ocurrió.

No obstante, la autoridad electoral desconoció dichas postulaciones a través de
la Resolución 1132 de 2022. En dicho acto administrativo decidió revocarla y
luego aceptar su modificación con una lista nueva, aún sin que tuviera en cuenta
que los delegados del registrador del Estado Civil -departamento de Bolívar- le
confirmaron que no hubo solicitud de cambio de aquella dentro del plazo
establecido.

b) A pesar de que no se presentó solicitud de modificación de la lista inicialmente
inscrita, la decisión de la autoridad electoral propició una nueva del Pacto
Histórico, situación que evidenció una reestructuración total frente a la inscrita
inicialmente. En consecuencia, se transformó la abierta a cerrada, lo cual es
ilegal y vulnera el Estado de Derecho y la democracia.

7. Indicó la demandante que dichas irregularidades se advirtieron en su momento, a
través de una solicitud de saneamiento de nulidades electorales contra el posible acto
de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar. A su
juicio, la misma se elevó ante la Comisión Escrutadora General de Bolívar, pero la
respuesta fue negativa y violatoria del debido proceso y rechazada como reclamación.

8. Por otra parte, adujo que la lista inscrita y modificada del Pacto Histórico incluyó a
Colombia Humana, lo cual fue inconstitucional porque no podía conformar una coalición
de minorías.

9. Así pues, manifestó que la personería jurídica que obtuvo Colombia Humana como
partido político se dio porque superó el umbral establecido en el artículo 108
constitucional para efectos de su reconocimiento. Además, la Corte Constitucional – en

9 Mediante la cual se confirmó la Resolución nro. 1132 de 2022, que fue objeto de recurso de reposición.
10 En adelante CNE

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la sentencia SU 316 de 2021- determinó que, para ello, se tomaran en cuenta los
resultados de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, lo cual
significa que tiene una votación nacional y territorial que puede contabilizarse para
verificar si, en la coalición, se sobrepasó el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción.

10. Por lo tanto, concluyó que, como la votación de Colombia Humana en el
departamento de Bolívar fue de 345.595 de un total de 662.279 en las presidenciales
del 2018, es evidente que se superó ampliamente el 15% indicado en el artículo 262,
inciso quinto, superior.

2. Trámite procesal

11. Por medio de auto del 9 de mayo del 2022 el magistrado ponente admitió la
demanda y ordenó su notificación los demandados, al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, a la actora y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Contestaciones de la demanda

12. Realizadas las notificaciones ordenadas en el auto admisorio de la demanda, se
pronunciaron11:

3.1. Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

13. Por medio de escrito presentado por su apoderada judicial, la RNEC manifestó que
es una entidad de carácter técnico e imparcial, por lo cual, no puede hacer
pronunciamiento sustancial frente a las pretensiones de la demanda. Así pues, solicitó
que se diera aplicación al precedente fijado por el Consejo de Estado 12, con el fin de
que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. De igual forma, precisó que su labor es meramente logística respecto de los
comicios. En ese orden, no verifica inhabilidades, ni incompatibilidades, ya que es una
entidad estrictamente técnica y organizativa. Por el contrario, quien inscribe a un
candidato, lo avala y verifica los requisitos anteriormente descritos, es el partido político
respectivo, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política.

15. Respecto a los hechos informó que, en el formulario de inscripción E-6 ET del Pacto
Histórico, la candidatura de la señora Colombia Sofía Villamil Quiroz quedó pendiente
de aceptación, para lo cual, tal y como consta en la página 87 de la demanda se
observa respuesta al auto radicado CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021- 027397, con

11 Índice SAMAI nro. 28.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25000 23

26 000 2010 00 39501 (42610); Sección Quinta, sentencia del 18 de julio de 2018, exp. 11001-03-28-000-
2018-00012-00; Sección Quinta, expediente rad. 11001-03-28-000-2020-00046-00.

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ponencia del Despacho del honorable Magistrado LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS,
en el que se solicitó certificar si ella presentó en términos la inscripción y/o carta de
aceptación de la candidatura a la Cámara por el departamento de Bolívar. Así pues, en
respuesta consignada en la página 88 de la demanda, manifestó:

(…) Una vez consultado los archivos y bases de datos de la plataforma IDCAN
CONGRESO, se encontró la aceptación a la candidatura Colombia Sofía Villamil
Quiroz, radicada el día 15 de diciembre de 2021, fuera de la fecha estipulada en la
Resolución No. 2098 del 12 de marzo de 2021, la cual nos indica que el 13 de
diciembre de 2021, vence período de inscripción de candidatos.

Vale aclarar que en el período de modificación que se encontraba desde el 14 de
diciembre de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2021, la coalición no realizó
modificación alguna referente a la candidata. Por esta razón en el formulario E8 no se
ve reflejada la aceptación a la candidatura (…).

16. De igual forma resaltó que quien implementa la inscripción del candidato es el
partido político respectivo, para lo cual el funcionario de la RNEC solo verifica los
requisitos de forma establecidos en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011. Así pues, con
el fin de respetar el derecho sustancial, el funcionario tiene la obligación de concretar la
inscripción, pues de lo contrario configuraría el ilícito de «denegación de la inscripción»,
por lo cual las cuestiones de fondo respecto de la inscripción recaen únicamente en el
movimiento político. Lo anterior, en concordancia con la sentencia C-230A de 2008, que
aclaró que quien verifica lo atinente a la integridad y moralidad electoral es el Consejo
Nacional Electoral, los artículos 107 y 108 de la Constitución Política, 28 de la Ley 1475
2011 y 9 de la Ley 130 de 1994.

3.2. Consejo Nacional Electoral - CNE

17. Su apoderada judicial, manifestó que, respecto de las pretensiones de la demanda
se atiene a lo probado en el proceso. No obstante, considera que algunos de los
hechos planteados en la demanda se pueden dar por ciertos, debido a que se
encuentran plasmados en documentos de acceso público.

18. Para arribar al caso concreto afirmó que el 23 de diciembre de 2021 fue presentada
solicitud de revocatoria de la inscripción de los candidatos pertenecientes a la lista del
Pacto Histórico Alianza Verde por el departamento de Bolívar para las elecciones que
se llevarían a cabo el 13 de marzo de 2022, la cual se originó en el presunto
incumplimiento del artículo 2813 de la Ley 1475 de 2011, en relación con la cuota de

13 «(…) ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y
corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de
sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o
incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de
conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección
popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un
30% de uno de los géneros (…)».

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género.

19. Así pues, el despacho ponente del CNE verificó de manera oficiosa el Formulario E-
8CT de la Cámara de Representantes de la coalición Pacto Histórico-Alianza Verde del
departamento de Bolívar, suscrito el 21 de diciembre de 2021 encontrando registrados a
los siguientes candidatos:

• Francisco Javier Marrugo Zambrano
• Carlos Efraín Vargas Mestra
• Sandra Elena Villadiego Villadiego
• Edén de Jesús Elles Vergara
• Raineer Rodríguez Cargas

20. En tal sentido, por auto de 14 de enero de 2022, avocó conocimiento y solicitó
pruebas con relación a la petición de revocatoria. El 27 de enero de la misma anualidad,
el apoderado de los candidatos avalados por la coalición Pacto Histórico – Alianza
Verde se opuso al proceso de revocatoria toda vez que la señora Colombia Sofía
Villamil Quiroz se inscribió como candidata a la Cámara de Representantes, como da
cuenta el formulario E-6CT, la cual aceptó el 15 de diciembre del 2021, no obstante,
dicha manifestación no se vio reflejada en el formulario E-8CT, dado que, según lo
expresado por el representante legal del movimiento Alianza Democrática Amplia –
ADA-, por fuerza mayor y problemas de la virtualidad, la candidata Colombia Villamil, no
pudo realizar su aceptación el 13 de diciembre de 2021, como los demás candidatos,
sino que se realizó presencialmente ante la RNEC el 15 de diciembre del mismo año.

21. Mediante auto del 27 de enero de 2022, el despacho instructor del CNE solicitó, a
título de pruebas para mejor proveer, a la Dirección de Gestión Electoral de la RNEC
que certificara si Colombia Sofía Villamil Quiroz «presentó en términos su inscripción
y/o carta de aceptación de la candidatura como candidata a la Cámara de Bolívar en la
lista por coalición denominada “Pacto Histórico Alianza Verde” y de ser afirmativo, que
señalen porqué (sic) dicha candidatura no se vio reflejada en el formulario E-8CT de
dicha circunscripción, aportando adicionalmente los documentos que den certeza
jurídica a la discusión (…)».

22. Indicó que el 28 de enero de 2022 la directora de gestión electoral de la RNEC
contestó el auto anteriormente descrito, para lo cual advirtió:

(…) Una vez consultado los archivos y bases de datos de la plataforma IDCAN
CONGRESO, se encontró la aceptación a la candidatura de Colombia Sofía Villamil
Quiroz, radicada el 15 de diciembre de 2021 fuera de la fecha estipulada en la
Resolución No. 2098 del 12 de marzo de 2021 la cual nos indica que el 13 de
diciembre de 2021, vence (sic) periodo de inscripción de candidatos. Vale aclarar
que en el periodo de modificación que se encontraba desde el 14 de diciembre de 2021
hasta el 20 de diciembre de 2021, la coalición no realizó modificación alguna referente a
la candidata. Por esta razón en el formulario E8 no se ve reflejada la aceptación a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Karen Violette Cure Corcione
Demandado: Representantes a la Cámara,
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candidatura. Se anexa copia de la aceptación a la candidatura realizada el 15 de
diciembre de 2021 (…) (Subrayado del texto remitido por el CNE)

23. Por otra parte se refirió a la exigencia de la cuota de género como requisito para la
inscripción de candidatos, para lo cual argumentó que de acuerdo con los numerales 1,
6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, el CNE es la institución competente
para la inspección, vigilancia y control de la organización electoral, velar por el
cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, y decidir sobre la
revocatoria de la inscripción de los candidatos a corporaciones públicas o cargos de
elección popular.

24. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y
corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades
y requisitos de sus candidatos, que no se encuentren incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad verificando la cuota de género; específicamente «…las
listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que
se sometan a consulta – exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo
un 30% de uno de los géneros».

25. Se refirió a la modificación de las inscripciones, regulada por el artículo 3114 de la
Ley 1475 de 2011, frente a la aceptación y rechazo de inscripciones trajo a colación el
artículo 3215 ibídem, y concluyó que para la configuración del incumplimiento de la
cuota de género basta con que del formulario E-8 se evidencie que no se cumplió con el

14 «(…) ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a
cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de
la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
cierre de las correspondientes inscripciones.
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta
un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física
permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de
la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para
la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su
reemplazo.
La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá
presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral
correspondiente. (…)»
15 «(…) ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad electoral ante la

cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma
y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en
la casilla correspondiente.
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos
distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan
participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.
Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente
ley.
En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a
menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera. (…)».

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porcentaje exigido por la ley para las listas en que se elijan 5 o más curules, además,
precisó que debe cumplirse no solo en el momento de la inscripción sino incluso hasta
la realización de los comicios.

26. En consecuencia, manifestó que dicha actuación administrativa concluyó con la
Resolución No. 1132 de 2 de febrero de 202216 en la que se ordenó:

(...) ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la
Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO
ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de
Bolívar y Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevaran a
cabo el 13 de marzo de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-
2021-026890 y CNE-E-2021-027397.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los Partidos que conforman Las coaliciones
denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO
HISTÓRICO” que conforme el inciso segundo artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 podrá
modificar la presentelista (sic) de candidatos revocada hasta el 13 de febrero de
2022.(...).

27. Indicó que el apoderado de los ciudadanos inscritos presentó recurso de reposición
contra la resolución anteriormente descrita17; el cual fue resuelto mediante Resolución
1235 de 9 de febrero de 2022, la cual confirmó la revocatoria de la lista a la Cámara de
Representantes por el departamento de Bolívar de la coalición Pacto Histórico – Alianza
Verde.

28. Adujo que el 14 de febrero de 2022 al correo institucional a las 5:50 p.m., los
delegados departamentales de la RNEC en el departamento de Bolívar remitieron el
acuerdo de coalición de la lista del Pacto Histórico de dicho departamento, haciendo la
salvedad de que «…no hubo una solicitud de modificación de la lista y que el acuerdo
de coalición no contaba con la firma de la totalidad de los partidos que inscribieron la
lista inicialmente revocada mediante la Resolución 1132 de 2022».

29. No obstante lo anterior, se dictó la Resolución 1456 de 18 de febrero de 2022 para
«DECLARAR LA VALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN de la lista de candidatos y
candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO” en el departamento de Bolívar, para las elecciones que se llevarán a cabo
el 13 de marzo de 2022, lo anterior dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-
026890 y CNE-E-2021-027397 (…)».

30. Explicó que dicha decisión tuvo como fundamento que la lista fue modificada y
finalmente integrada por Dorina Hernández Palomino, María Alejandra Benítez Hurtado,

16 «Por medio de la cual decide revocar las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de
Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y coalición
“PACTO HISTÓRICO”».
17 No manifestó los argumentos expuestos por el recurrente en su momento.

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Edén de Jesús Elles Vergara, Carlos Efraín Vargas Mestra y Rosana Cristina Lombana
Ochoa, por lo que el CNE, no podía intervenir en las decisiones adoptadas por las
agrupaciones que hacen parte de la coalición.

31. Por lo tanto, concluyó que:

(…)
• La solicitud de inscripción de la lista denominada “Pacto histórico” se inscribió en el
término señalado en el artículo 31 de la ley (sic) 1475 de 2011.
• Que efectivamente el acuerdo de coalición y el aval coinciden en orden y persona que
ocupa cada renglón.
• Que los partidos políticos que otorgaron avales en la lista revocada son los mismos
que pretenden inscribir la modificación de la candidatura sin detrimento de que uno de
ellos en ejercicio de su autonomía decidió renunciar a la coalición (Partido Alianza
Verde), y otro se suscribió al acuerdo (Partido ADA), aunque resolvió no otorgar ningún
aval para la circunscripción de la referencia.
• Que todos los partidos se pronunciaron dentro el presente proceso solicitando la
aceptación de la modificación de la lista de la referencia.
• Que no se configura ninguna causal constitucional o legal de revocatoria de la
inscripción. (…)

32. En tal sentido, en concordancia con las anteriores conclusiones, adujo que el trámite
de inscripción de las listas de candidatos avalados por la coalición Pacto Histórico
cumplió con todos los requisitos formales para su inscripción y los compromisos
pactados en el respectivo acuerdo de coalición. No obstante, precisó que dicha
corporación no puede transgredir el principio de autonomía con el que gozan los
partidos y movimientos políticos, ya que de hacerlo transgrediría los consensos
estratégicos figados y protegidos por la constitución y extralimitaría sus funciones.

33. Por lo tanto, el CNE mantiene la postura adoptada mediante la Resolución 1456 de
18 de febrero de 2022, esto es, la declaratoria de validez de la modificación de la lista
de candidatos a la Cámara de Representantes de la coalición del Pacto Histórico en el
departamento de Bolívar.

3.3. Fernando David Niño Mendoza – demandado-

34. Actuando a través de apoderado judicial, el señor Niño Mendoza contestó en el
término de traslado la demanda, para lo cual indicó que se opone a la prosperidad de
las pretensiones planteadas pues carece de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez
que el formulario E-26 se ajusta a la legalidad y fue expedido respetando el
ordenamiento jurídico de conformidad con la Ley 1475 de 2011.

35. Se refirió a los hechos de la demanda y sostuvo que el problema jurídico que se
debe resolver es «determinar sí la elección de los demandados como Representantes a
la Cámara por el Departamento de Bolívar es nula debido a la presunta irregularidad de
la lista del Pacto Histórico inscrita para las elecciones del 13 de marzo de 2022, con

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ocasión a la generación de una nueva lista fuera de los términos establecidos en la ley
estatutaria 1475 de 2011». Frente a lo cual concluyó que la lista del Pacto Histórico fue
conformada y modificada legalmente.

36. Para sustentar su postura se refirió al proceso de conformación de listas para
Cámara de Representantes y su modificación, junto con la definición de las coaliciones
para las corporaciones de elección popular. Concluyó que «el proceso de inscripción de
candidatos es un mecanismo reglado a través del cual los ciudadanos pueden participar
en la contienda política luego de cumplir los presupuestos establecidos para cada caso,
exigencias que incluyen el no estar inhabilitados para el ejercicio del cargo al que se
postulan, verificación que debe hacerla no solo la colectividad política a la que
pertenece el candidato sino el CNE».

37. También trajo a colación la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado18 en la que se ha indicado que las coaliciones constituyen un elemento
fundamental del proceso democrático y se ha hecho referencia al periodo perentorio
para la inscripción de sus candidatos.

38. Así pues, precisó que para el proceso de inscripción estatuido en el artículo 31 de la
Ley 1475 de 2011 existen dos situaciones a saber, una temporal consistente al principio
de preclusión o perentoriedad en materia de modificación, reforma y recomposición de
la lista electoral; y una de tipo causal, la cual impone, para el proceso de
reestructuración de la composición de la lista, un motivo excepcional.

39. Indicó que en este caso «el CNE mediante Resolución 1132 de 2 de febrero de
2022, revocó la lista de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las
coaliciones denominadas PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE, en esa medida en
virtud del artículo 31 de la 1475 de 2011, la coalición estaba habilitada hasta el día 13
de febrero de 2022, en ese sentido era viable la aplicación del supuesto de hecho de su
modificación hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación cuando
se tratare de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, como
ocurrió en el caso que nos ocupa». Por tanto, aclaró que la modificación realizada a la
lista, tuvo su origen en la revocatoria declarada por el CNE, por lo cual, esta cumplió
con todos los requisitos formales para la inscripción y modificación.

40. Por otra parte, precisó que la demandante planteó como causal de nulidad del
formulario E-26 la contenida en el numeral 3ª del artículo 275 del CPACA, ya que el
documento de inscripción y modificación de la lista presentada contiene datos falsos o
contrarios a la verdad, lo cual, en su criterio, no es cierto, dado que de acuerdo con la

18 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de agosto de 2011. C.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia de 22 de abril de 2021. Radicado No. 50001-23-33-000-2019-00467-01. M.P. Rocío
Araujo Oñate.

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jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado19 «…este vicio de nulidad se
materializa en aquellos eventos en los cuales la información contenida en los distintos
formularios electorales no se corresponden con la realidad de la votación y el
consecuente procedimiento de escrutinio y, en ese orden, distingue entre dos tipos de
falsedades que la configuran: la ideológica y la material; la primera, referida a
diferencias en la información consignada en diferentes actas de escrutinio que guardan
una relación de conexidad entre sí, cuando las autoridades electorales omiten dejar
constancia de las razones que justifican tales inconsistencias; y la segunda, referida a
las alteraciones deliberadas en los resultados del escrutinio, mediante la manipulación
de los documentos electorales, con el ánimo de modificar los resultados de la elección».

41. En tal sentido, manifestó que, de la demanda, no se vislumbra que la accionante
plantee una situación fáctica que presente una diferencia injustificada entre los datos
plasmados en los formularios E-14 y E-24, que contengan información contraria a la
verdad o que hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados
electorales. En consecuencia, dicha causal de nulidad trata específicamente sobre la
etapa de los resultados electorales, mientras que los argumentos giran en torno a
demostrar una alteración que se dio en la conformación de las listas, lo cual dista de la
causal invocada y es razón suficiente para despachar desfavorablemente dicho
argumento.

3.4. Jhonatan Ferro Mesa, Emmanuel Gallego Roncancio y Juan Francisco
Saldarriaga Hernández – Impugnadores–

42. Indicaron que de acuerdo con el formulario E-6 CT, la coalición del Pacto Histórico
inscribió a seis candidatos y precisaron que la señora Colombia Villamil Quiroz quedó
pendiente de la aceptación de la candidatura.

43. Advirtieron que se cumplió con la cuota de género, tal como y fue aceptado por los
delegados del registrador, al firmar el acto de inscripción.

44. Afirmaron que el cambio de lista con voto preferente a una sin voto preferente
obedeció a que el CNE revocó la lista de candidatos del Pacto Histórico, razón por la
cual dicha coalición decidió, en cumplimiento a la Resolución 1132 de 2022, presentar
una nueva lista teniendo en cuenta la cuota de género con el fin de cumplir con este
requisito en la lista definitiva.

45. Adujeron que solicitar la revocatoria de las decisiones adoptadas por el CNE como
lo plantea la accionante, viola el numeral 1º del artículo 87 del CPACA, toda vez que
son actos que gozan de firmeza, por lo cual, acceder a tal pretensión atenta contra la
seguridad jurídica.

19 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Exp. 11001-03-28-000-2018-

00081-00 (acumulado).

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46. Manifestaron su desacuerdo frente a la acusación de la demandante, respecto de la
inconstitucionalidad de la lista del Pacto Histórico por no contar con el consentimiento
del partido Alianza Verde y ADA, y que, adicionalmente, se le violó los derechos al
representante Reeiner Rodríguez Vargas perteneciente a dicha colectividad. Al
respecto, argumentaron que estos partidos expresaron no hacer parte de la nueva lista
inscrita, por lo cual, al retirar su alianza de la coalición cuestionada, el representante
legal del partido no avaló la candidatura del aspirante anteriormente descrito, razón por
la cual no hay ilegalidad alguna en la lista y mucho menos una violación a los derechos
de este.

47. En conclusión, indicaron que no tendría validez buscar la declaratoria de nulidad del
formulario E-26 por el artículo 275.3 del CPACA, dado que este no ha sido un
documento que contenga datos contrarios a la verdad y no ha sido alterado.

3.5. Andrés Julián Henao Gómez, Stefany Bedoya Galeano y Marcela Lozano
Sánchez – Coadyuvantes-

48. Manifestaron su interés en coadyuvar la demanda con fundamento en el artículo
228 del CPACA. Así pues, indicaron que la modificación de la lista de los candidatos a
la Cámara de Representantes de la coalición Pacto Histórico en el departamento de
Bolívar, fue presentada fuera del término previsto en el inciso segundo del artículo 31
de la Ley 1475 de 2011, ya que fue allegada el 14 de febrero de 2022, es decir, un día
después de que se cumpliera el término de 1 mes previsto en la norma, en el caso de
que las listas de candidatos se vean revocadas por causales legales o constitucionales.

49. En tal sentido, citaron la sentencia de 14 de octubre de 2021 20 de la cual
concluyeron que las modificaciones de las listas de los candidatos que realicen los
movimientos o partidos políticos se someten a los principios de preclusión y
perentoriedad, por lo tanto, una vez vencido este plazo, no existe oportunidad alguna
para realizar cambio en las listas.

50. Para finalizar, indicaron que se configura la causal de nulidad contenida en el
numeral 3 del artículo 275 del CPACA.

4. Auto que somete el proceso al trámite de sentencia anticipada

51. Por medio de auto del 27 de julio del 2022, el despacho sustanciador se pronunció
sobre el decreto de las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, fijó el litigio y
ordenó correr traslado para alegar y para que el Ministerio Público rindiera su concepto,
con el fin de dictar sentencia anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA.
Además, se admitió la intervención de «los señores JHONATAN FERRO MESA,

20 Rad. 15001-23-33-000-2020-02081-02.

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EMMANUEL GALLEGO RONCANCIO y JUAN FRANCISCO SALDARRIAGA
HERNÁNDEZ, como impugnadores; y de ANDRÉS JULIÁN HENAO GÓMEZ,
STEFANY BEDOYA GALEANO y MARCELA LOZANO SÁNCHEZ como
coadyuvantes».

52. Dicha providencia fue objeto de recurso de súplica, presentado por el apoderado de
la parte demandante, respecto de lo decidido en el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la providencia21. Sin embargo, por medio de auto del 8 de septiembre del 2022 los
demás integrantes de la sala confirmaron la decisión.

53. En el mismo auto, la sala dispuso darle trámite de recurso de reposición a la
inconformidad planteada por la accionante frente a con la decisión de dictar sentencia
anticipada. Ante ello, el despacho sustanciador dictó providencia del 21 de octubre del
2022 en la cual resolvió el recurso y se abstuvo de reponer la decisión.

5. Alegatos de conclusión

5.1. De la parte demandante

54. El apoderado de la demandante reiteró que la modificación en la inscripción de la
lista del Pacto Histórico es una actuación a todas luces vulneradora de los derechos de
las personas que se habían inscrito inicialmente, puesto que no se les pidió renuncia a
su candidatura. Alegó que el CNE mal hizo en aceptar la nueva inscripción de
candidatos, pues sólo debió haber modificado la lista inicial para cumplir con la cuota de
género, máxime cuando la señora Colombia Villamil había aceptado su candidatura.

55. Enfatizó en que la coalición del Pacto Histórico no podía incluir a Colombia Humana,
pues la personería jurídica que obtuvo dicho partido político se dio porque superó el
umbral para efectos de su reconocimiento, de acuerdo con el artículo 108
constitucional. Además, la Corte Constitucional – SU 316 de 2021- quiso que, para
efectos del cálculo del umbral del 3% a que refiere la misma norma superior, fueran
tenidos en cuenta los resultados obtenidos en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República, lo cual significa que Colombia Humana tiene una
votación nacional y territorial que puede contabilizarse para verificar si en coalición
sobrepasa el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción.

56. Adicionalmente, la parte actora solicitó que la Sala Plena avocara conocimiento del
asunto con fundamento en los criterios de importancia jurídica y necesidad de sentar
jurisprudencia. La petición fue posteriormente desistida.

21 «TERCERO: DENEGAR el decreto de las pruebas testimonial solicitado por la parte accionante, con la

que se pretendía citar a testificar a los delegados departamentales del registrador nacional del estado civil
en el departamento de Bolívar, JORGE ALBERTO CARDONA MONTOYA y GABRIEL ALFONSO
GOMEZ ULLOA, y las documentales requeridas por la señora Karen Violette Cure Corcione, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia».

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5.2. Dorina Hernández Palomino

57. Por conducto de apoderado, la señora Hernández Palomino consideró que se
deben negar las pretensiones de la demanda. A tal efecto, manifestó que en el presente
caso no se configuró la causal de nulidad alegada (numeral 3º del artículo 275 del
CPACA). Lo anterior, porque los actos acusados de ninguna manera contienen
información alejada de la verdad ni fueron alterados. Así, al no estar probados dichos
defectos, no se cumple con el presupuesto de la norma y en tal sentido, deben
despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

5.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

58. Por conducto de apoderada, la entidad reiteró que carece de legitimación en la
causa en el presente asunto, ya que no es la encargada de revisar inhabilidades ni
cuestiones de fondo en relación con la inscripción de candidatos.

59. En todo caso precisó que la entidad cumplió su labor de verificación formal de la
inscripción de la lista de candidatos del Pacto Histórico, según el plazo legal y la
normatividad aplicable, en especial el inciso 5º del artículo 266 de la Constitución.

5.4. Concepto del Ministerio Público

60. La Procuradora Delegada para esta Corporación solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda.

61. Para fundamentar su posición, indicó que los formularios E-7-CT y E-8-CT no
contienen ninguna falsedad, lo que impide que se estructure la causal de nulidad
establecida en el numeral 3º del artículo 275 del CPACA. Además, que no se encuentra
probada ninguna vulneración al debido proceso en la participación y sustitución de la
señora Colombia Sofía Villamil Quiroz.

62. Manifestó que el cambio de la lista de voto preferente a no preferente no generó
ningún traumatismo ni vulneración de los derechos de los participantes en el proceso de
elección. Por el contrario, adujo que esa circunstancia corresponde a un ejercicio de la
autonomía que tienen los partidos políticos.

63. Adujo que la omisión en solicitar la renuncia a los candidatos de la primera lista es
un hecho que responde al ejercicio de derechos de rango fundamental, como la
autonomía de los partidos, el respeto a la garantía a elegir y ser elegido, la buena fe y la
confianza legítima. Por lo tanto, de ninguna manera puede llevar a la nulidad de la
elección.

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64. Agregó que tampoco se hizo una ampliación del plazo para inscribir candidaturas,
puesto que la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por la
circunscripción electoral de Bolívar se inscribió el 13 de febrero del 2022, esto es,
cumpliendo el calendario electoral.

65. Finalmente, adujo que las elecciones a las que hace referencia el numeral 5º del
artículo 262 de la Constitución, son las de Cámara de Representantes y Senado de la
República. En ese orden, consideró que no se puede tener como parámetro las
votaciones obtenidas para presidencia de la república.

II. CONSIDERACIONES

70. Esta Corporación es competente para conocer en única instancia de este
proceso, en el que se demanda la elección de los representantes a la Cámara por el
departamento de Bolívar, de conformidad con el ordinal 322 del artículo 149 del CPACA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, corresponde a la Sección Quinta el
conocimiento y decisión del presente asunto.

1. Cuestión previa – desistimiento de solicitud de conocimiento del proceso
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

71. Como fue advertido, la accionante incluyó en su escrito de alegatos finales una
solicitud dirigida a que la sentencia fuese emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con fundamento en los crtierios de importancia jurídica y necesidad de
sentar jurisprudencia.

72. Sin embargo, la solicitud fue posteriormente desistida, mediante escrito
presentado el 31 de octubre de 2022, en el que, entre otras cosas, la accionante indicó
que «[e]n un caso similar, mediante Auto de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil
veintidós (2022) la Sala Plena decidió NO AVOCAR CONOCIMIENTO DEL ASUNTO
resolviendo la solicitud que presentamos para que asumiera, por importancia jurídica y
necesidad de sentar jurisprudencia, el conocimiento del proceso con Radicación:
11001-03-28-000-2022-00038-00 acumulado 11001-03- 28-000-2022-00065-00».

73. Así mismo, manifestó acogerse en este proceso a «los argumentos expuestos
por la Sala Plena, por lo que esperamos que la Sección Quinta siga con el curso del
proceso».

22 «De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los
representantes a la Cámara (…)».

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74. Por lo señalado, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 316 del Código
General del Proceso23 y en cumplimiento del principio de celeridad procesal24, se
aceptará el desistimiento presentado por la parte demandante respecto de la solicitud
referida y se procederá a dictar sentencia dentro del presente asunto.

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional
del Estado Civil

75. La Registraduría Nacional del Estado Civil señala que, en atención a la
naturaleza meramente logística y operativa de su ejercicio funcional en el marco del
desarrollo de la elección cuya declaratoria de nulidad se pretende, carece de
legitimación en la causa por pasiva en relación con el asunto que será decidido en esta
providencia.

76. Sobre el particular, esta sala ha señalado que «en el marco de los juicios de
nulidad electoral la ubicación procesal de la RNEC resulta ser especial, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 277.2 del CPACA, motivo por el que en cada caso concreto
debe establecerse si su vinculación se hace necesaria, habida cuenta de la relevancia
de sus actuaciones en el procedimiento de adopción del acto enjuiciado y de si los
cuestionamientos de ilegalidad formulados con la demanda censuran su conducta
oficial25».

77. En el presente caso, la parte demandante se refiere de manera directa a la
conducta desplegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando indica que
«los Delegados del Registrador estaban obligados a rechazar el acta de inscripción
(formulario E-6 CT) si no se cumplía con los requisitos legales y constitucionales, pero
se observa que firmaron sin ningún problema», con lo cual se aprecia que, en parte, el
cargo de nulidad formulado en relación con la revocatoria de la inscripción de la primera
lista presentada por la coalición del Pacto Histórico, encuentra fundamento en
afirmaciones que guardan una relación directa con el ejercicio de las competencias que,
de conformidad con lo señalado en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, le fueron
encomendadas a dicha entidad.

78. Por lo expuesto, la sala no accederá a la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil26.

23 «ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes podrán desistir

de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan
promovido (…)».
24 «Artículo 4 de Ley 270 de 1996: La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la

solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento (…)».
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de julio de 2021. Rad.

05001-23-33-000-2020-00006-01.
26 Por motivos de celeridad procesal, solo en esta oportunidad, la sala admitirá que la excepción de falta

de legitimación de la causa se resuelva negativamente en la sentencia.

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3. Objeto de la decisión

79. De acuerdo con la fijación del litigio efectuada en el auto del 27 de julio de 2022,
la sala debe resolver sobre los siguientes aspectos:

Determinar si el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento
de Bolívar, contenido en el formulario E-26 CAM de fecha 23 de marzo de 2022, incurre
en las causales de anulación contenida en el numeral 3º del artículo 275 del CPACA,
infracción de norma superior y expedición irregular y, en consecuencia, debe ser
anulado.

Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

¿La lista de candidatos inscritos por la coalición Pacto Histórico incurre en la causal de
anulación contenida en el numeral 3º del artículo 275 del CPACA?

¿El trámite que terminó con la inscripción de la lista de candidatos por la coalición Pacto
Histórico y su respectiva declaratoria de legalidad incurrió en desconocimiento del
derecho al debido proceso de Colombia Sofía Villamil Quiroz, al definir lo
correspondiente a la aceptación de su candidatura?

Revocada la lista inicialmente presentada ¿se permitió que la misma fuera modificada de
manera irregular porque se cambió de voto preferente a sin voto preferente?

¿Hubo irregularidad en la medida que la lista fue presentada por una coalición diferente
y no se exigió la renuncia de las candidaturas de personas que fueron remplazadas?

¿Se amplió irregularmente el término legalmente previsto para presentar las
inscripciones de las candidaturas?

¿La lista inscrita y modificada por el Pacto Histórico incurre en la vulneración del artículo
262, inciso 5º, de la Constitución Política porque de ella hace parte el Movimiento
Político Colombia Humana el cual sobrepasa el porcentaje del 15 % al que refiere dicho
precepto constitucional?

80. Para el efecto, la sala se pronunciará sobre:

i) La presunta configuración de la causal de nulidad electoral señalada en el
artículo 275, ordinal 3, del CPACA;

ii) La alegada expedición irregular del acto demandado, abordando los siguientes
aspectos:

a. La aceptación y posterior revocatoria de la candidatura por parte de la señora
Colombia Villamil; y
b. Los límites a la modificación de listas de candidatos para corporaciones
públicas, en especial, los relativos a los partidos que formaban parte de la
coalición, a la identidad de los integrantes de estas, a la elección entre las

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modalidades con o sin voto preferente y a la oportunidad para efectuar tales
cambios.

iii) La sentencia SU-316 de 2021; y

iv) El contenido del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, con el
fin de analizar si se presentó una infracción de lo dispuesto en el artículo 262 de
la Constitución, como consecuencia de haberse excedido el tope del 15% al que
hace referencia.

4. Falsedad en documento electoral – artículo 275, ordinal 3, del CPACA

81. En relación con la presunta configuración de la causal de nulidad electoral
señalada en el artículo 275, ordinal 3, del CPACA, cabe indicar que, conforme esta, el
acto que declara una elección será susceptible de anulación cuando «[l]os documentos
electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el
propósito de modificar los resultados electorales».

82. Acerca de dicha causal, en el marco de elecciones por voto popular, la
jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

La causal de nulidad invocada en este caso corresponde a la falsedad o alteración de
los registros electorales, que se verifica cuando en las etapas electoral y poselectoral se
presentan situaciones que afectan objetivamente los resultados electorales, y con ello la
voluntad de los electores. La verdad electoral resulta falseada cuando en los distintos
documentos electorales se registran votos que física o jurídicamente no existen, como
cuando en tales documentos se inventan o se fabulan votos o cuando se computan
éstos - los votos -, no obstante que se hallan relacionados en registros no válidos27.

83. De igual forma, se ha indicado que la causal en mención se configura también en
«aquellas situaciones en las que se evidencia una intención deliberada de alteración del
documento contentivo de los resultados, con lo que se busca la alteración de la
voluntad popular28».

84. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en el antiguo Código Contencioso
Administrativo – que en los ordinales 2 y 3 de su artículo 223 se refería de manera
precisa a las actas y registros electorales como únicos elementos por cuya falsedad o
adulteración podría declararse la nulidad de un acto electoral – el CPACA en su artículo
275, ordinal 3, abarca un espectro más amplio al indicar que dicho efecto puede
desencadenarse como consecuencia de la existencia de falsedades o adulteraciones
en cualquier documento electoral, concepto que incluye todas aquellas piezas

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29 de agosto

de 2012. Radicado 11001-03-28-000-2010-00050-00. Reiterada en: Sentencia del 23 de septiembre de
2021. Rad. 25000-23-41-000-2019-01101-02.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 23 de

septiembre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2021-00026-00.

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documentales emitidas o utilizadas por la organización electoral en ejercicio de sus
funciones relacionadas con el desarrollo de un certamen democrático, siempre que
tales irregularidades persigan el objetivo de modificar los resultados de este.

85. Por supuesto, en atención a la naturaleza objetiva de la causal de nulidad
electoral alegada, y de conformidad con la jurisprudencia previamente citada, los
documentos cuya falsedad o adulteración pueden derivar en la declaratoria de nulidad
del acto mediante el cual concluye el proceso, son exclusivamente aquellos
correspondientes a las etapas electoral y poselectoral, comprendidas entre el momento
en que se produce la apertura de las urnas y la conclusión de los escrutinios.

86. En relación con el caso bajo estudio, la sala encuentra que la totalidad de los
argumentos relativos a la presunta existencia de informaciones que no corresponden a
la realidad en varios formularios correspondientes a la inscripción de la candidatura de
la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico para la elección de Cámara de
Representantes en el departamento de Bolívar, se refieren a documentos electorales
que fueron emitidos o utilizados por la organización electoral para el desarrollo de la
etapa preelectoral del proceso democrático en comento.

87. Por lo tanto, si bien tales elementos tienen, como se ha dicho, la naturaleza de
documentos electorales, no son susceptibles de configurar la causal de nulidad del
artículo 275, ordinal 3, del CPACA, por cuanto no corresponden a las etapas electoral y
poselectoral del proceso eleccionario.

5. Expedición irregular del acto demandado

5.1. Aceptación y revocatoria de la candidatura de Colombia Villamil

88. La parte demandante aduce que el acto cuestionado se encuentra viciado de
nulidad como consecuencia de su expedición irregular, toda vez que a la señora
Colombia Villamil le fue desconocido su derecho al debido proceso al haberse revocado
la inscripción de su candidatura, con posterioridad a su incorporación en la lista
inicialmente presentada por la coalición del Pacto Histórico y al formulario E-6 que daba
cuenta de esta, así como tras haberse producido la aceptación de dicha postulación.

89. En relación con dicho aspecto, la sala encuentra que, conforme lo probado en el
proceso, la candidatura de la señora Colombia Villamil no reunió la totalidad de los
presupuestos legales para su inscripción, por lo que el no haberse incluido en la lista
con que finalmente participó dicha coalición en el certamen electoral mencionado no
supone una transgresión del derecho al debido proceso.

90. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, «[e]l
periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección
popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la
correspondiente votación». Dado que la elección de Cámara de Representantes cuya

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nulidad se pretende tuvo lugar el 13 de marzo de 2022, el término a que refiere la
norma citada transcurrió entre los días 13 de noviembre y 13 de diciembre de 2021.

91. Por lo tanto, la totalidad de los trámites y diligencias correspondientes a la
inscripción de las listas de candidatos que podrían participar de los referidos comicios
debían concluirse a más tardar en la última fecha mencionada, so pena de que se
excluyera a las listas o candidatos que no hubiesen culminado satisfactoriamente dicha
etapa del proceso electoral.

92. Al respecto, resulta pertinente señalar que el artículo 93 del Código Electoral
dispone lo que sigue:

En la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido o movimiento
político por el cual se inscribe una candidatura o lista de candidatos, y los inscriptores
harán ante el respectivo funcionario electoral, bajo juramento, la declaración de que son
afiliados a ese partido o movimiento político. Para los candidatos tal juramento se
entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación de la candidatura.

93. Conforme lo señalado en dicha disposición, la aceptación de la candidatura no
sólo es un requisito que debe cumplirse dentro del trámite de inscripción, sino que,
además, es el mecanismo mediante el cual el candidato o candidata cumple con el
presupuesto de manifestar bajo juramento su afiliación al partido o movimiento político
que los postula.

94. En este caso, se advierte con claridad que, si bien la señora Colombia Villamil se
encontraba incorporada en la primera lista presentada por la coalición del Pacto
Histórico29, el memorial correspondiente a la aceptación de su candidatura solo fue
presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 15 de diciembre de 2021,
es decir, tras haberse vencido el término legalmente establecido para concluir el
proceso de inscripción.

95. Contrario a lo afirmado por la parte demandante, la Registraduría Nacional del
Estado Civil sí dejó constancia de que la accionada no había presentado dicha
aceptación, como puede advertirse en el formulario E-6 aportado al proceso tanto por la
parte demandante como por dicha entidad:

29 De lo que dan cuenta el acuerdo suscrito por las organizaciones políticas integrantes de la coalición del

Pacto Histórico (índice SAMAI nro. 3, archivo: ED_01DEMANDACAMARABOL(.pdf) Nr oActua 3, pág. 78)
y el formulario E-6 con que la Registraduría Nacional del Estado Civil dio cuenta de la lista de candidatos
inscritos (índice SAMAI nro. 7, archivo: RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_E6CT05000000291(.pdf) N roActua 23).

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96. Ahora bien, en la demanda se afirma que la aceptación de la candidatura en
mención se habría producido dentro de los cinco días siguientes a la culminación del
término establecido para su inscripción, por lo que, en los términos del artículo 31 de la
Ley 1475 de 2011, se presentó de manera oportuna.

97. Al respecto, debe precisarse que lo indicado en el inciso primero de dicha
disposición se refiere exclusivamente al término en que han de presentarse la
modificación de candidaturas en aquellos eventos en los que los postulados no la
acepten o renuncien a ella. Por lo tanto, no resulta aplicable a la situación estudiada en
el presente caso.

98. Así las cosas, dado que la inscripción de la candidatura de la señora Colombia
Villamil no reunió la totalidad de requisitos formales establecidos para el efecto, su
ausencia en el listado final de candidatos presentado por la coalición del Pacto Histórico
no comporta la violación del derecho fundamental al debido proceso ni irregularidad
alguna que pueda afectar la licitud del acto demandado.

5.2. Límites a la modificación de listas presentadas para la elección de
corporaciones públicas

99. Por otra parte, la demandante señala que, con la inscripción de la lista de
candidatos que fue presentada por la coalición del Pacto Histórico, se transgredió el
límite temporal establecido legalmente para la modificación de la lista presentada. En
relación con dicho aspecto, el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, dispone lo que sigue:

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ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en
casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes
inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales,
inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán
modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente
votación. (…)

100. Los apartes citados prevén dos circunstancias diferentes, a saber:

i) La posibilidad de modificar una candidatura, en aquellos eventos en los que un
candidato o uno o más integrantes de la lista presentada se hayan abstenido de
aceptar su postulación o hayan renunciado a ella, caso en el cual dicho cambio
deberá producirse dentro de los cinco días siguientes al último día habilitado para
el proceso de inscripción de candidaturas.

ii) La viabilidad de modificar la candidatura o la lista de candidatos inicialmente
presentada, dentro del mes anterior a la fecha en que se llevará a cabo la
elección, en aquellos casos en los que el cambio deba realizarse por la
revocatoria de la inscripción o como consecuencia de la existencia de una
inhabilidad sobreviniente o que no fue advertida antes de efectuarse esta.

101. En el caso bajo estudio, la modificación de la lista presentada por la coalición del
Pacto Histórico no se produjo como consecuencia de la no aceptación oportuna de la
postulación de Colombia Villamil, sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el
CNE en la Resolución nro. 1132 de 2022, que obedeció a que, dada la ausencia de la
señora Villamil en la lista definitiva, no se cumplía con una integración de, por lo menos,
un 30% de candidatas mujeres, que ordena el artículo 28 de la Ley 1475 de 2022.

102. En dicho acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
ley, se dispuso que el nuevo listado de candidatos debería ser presentado por la
coalición del Pacto Histórico, a más tardar el 13 de febrero de 2022.

103. Así las cosas, la presentación de la lista con que se modificó aquella revocada
por el Consejo Nacional Electoral, se produjo de manera oportuna, tal y como se señala
en la Resolución nro. 1456 del 18 de febrero de 2022, emitida por la misma entidad30,
en la que se sostuvo que la modificación de la lista de la referida coalición fue
presentada el 13 de febrero de 202231, en los siguientes términos:

30 Índice SAMAI nro. 3. Archivo: ED_01DEMANDACAMARABOL(.pdf) Nr oActua 3. Págs. 89 y ss.
31
Ibídem págs. 90, 113, 117.

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104. Adicionalmente, la sala encuentra que en el plenario no se aportó prueba alguna
que controvierta lo allí señalado.

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105. Finalmente, la accionante cuestiona que, al momento de modificarse la lista en
mención, se hubiese admitido la incorporación de tres nuevas candidatas que no
formaban parte del listado inicial y que se hubiese modificado la modalidad de esta,
pasando de ser una lista con voto preferente a una lista cerrada.

106. Al respecto, debe advertirse que el acto mediante el cual se revocó la inscripción
inicial de la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico tenía por objeto,
justamente, la incorporación de una mayor proporción de participantes mujeres, por lo
que, en todo caso, debía modificarse el listado de candidatos que aceptaron
inicialmente la postulación. De otra forma, la nueva lista tendría que ser
obligatoriamente idéntica a aquella presentada originalmente, lo que carecería
totalmente de sentido.

107. Así mismo, es pertinente señalar que, conforme lo señalado en los incisos
primero y segundo del artículo 262 de la Constitución Política, la selección de los
candidatos que integrarán las listas presentadas por las organizaciones políticas
corresponde a su libre juicio, sin más límites que los impuestos por la Constitución y la
ley, fuentes que de ninguna manera han limitado la posibilidad de variar la identidad de
los integrantes de las listas en mención tras haberse producido una revocatoria de la
presentada inicialmente.

108. En similar sentido, el inciso tercero de la misma norma superior señala que la
decisión de optar o no por el voto preferente como modalidad de distribución de curules
al interior de la lista de una misma fuerza política, corresponde a los partidos, sin que
exista ninguna limitación que impida variar dicha opción en el evento señalado en el
inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

109. Adicionalmente, en la demanda se indica que «[e]n la nueva coalición faltaron el
Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, Movimiento Alianza Democrática
Amplia, Partido Comunista Colombiano y Partido Alianza Verde. De 7 Partidos solo tres
pretendieron avalar una posible modificación de la lista inicial».

110. Sobre el particular, la sala encuentra que en la Resolución 1456 del 2022 se
indica, entre otras cosas, encontró que el partido Alianza Verde renunció a integrar la
coalición y que el partido Alianza Democrática Amplia – ADA manifestó haber adherido
a formar parte de ella, no obstante lo cual no avaló candidatos. Así mismo, encontró
que solo el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana y la unión Patriótica
avalaron las candidaturas de quienes integraron la lista presentada el 13 de febrero de
202232.

111. En atención a tales circunstancias, señaló que «los partidos, movimientos y
demás asociaciones políticas gozan de la protección constitucional en cuanto a su

32
Resolución visible en: Índice SAMAI nro. 3. Archivo: ED_01DEMANDACAMARABOL(.pdf) Nr oActua 3.
Véanse especialmente las págs. 113-118.

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autonomía y libertad organizativa, bajo el presupuesto de que, como colectividades
destinadas a intermediar entre la ciudadanía y el ejercicio del poder político, están
llamadas a adoptar decisiones internas fundadas en la vigencia del principio
democrático participativo33».

112. Tales consideraciones son acompañadas en su integridad por esta sala, en la
medida en que se advierte que las decisiones de los partidos Alianza Verde y ADA,
corresponden al ejercicio de la autonomía con que cuentan las organizaciones políticas
y que no encuentran ningún obstáculo en el ordenamiento jurídico, por lo que el hecho
de que hubiesen integrado y avalado candidatos en un primer momento, no les impedía
abstenerse de hacerlo con posterioridad a la revocatoria de la lista inicialmente
presentada.

113. Por lo expuesto, la sala encuentra que las actuaciones desplegadas tanto por la
Registraduría Nacional del Estado Civil como por el Consejo Nacional Electoral en el
marco del proceso de inscripción, revocatoria y modificación de la lista presentada por
la coalición del Pacto histórico se ajustaron a derecho. En consecuencia, se negarán las
pretensiones en relación con el cargo de expedición irregular del acto demandado.

6. La sentencia SU-316 de 2021

114. Los ciudadanos Gustavo Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza presentaron
una solicitud de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, en la que alegaron que
dicha entidad habría vulnerado el derecho fundamental a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder público de quienes votaron por la fórmula presentada por el
movimiento Colombia Humana para la elección de los cargos de presidente y
vicepresidenta de la República, que tuvo lugar en el año 2018, como consecuencia de
su decisión de negar el reconocimiento de personería jurídica a dicho movimiento.

115. Lo anterior, toda vez que el referido movimiento formó parte de la coalición
«Petro presidente34», que recibió la segunda votación en dicho certamen electoral,
cuyos candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República adquirieron el
derecho a ocupar una curul en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes, respectivamente, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 de
la Ley 1909 de 2018.

116. Entre otras cosas, los accionantes en dicho proceso adujeron que resultaba
contrario a toda lógica negar el reconocimiento de personería jurídica al movimiento
político que avaló la candidatura de quienes ocuparon el segundo lugar en una elección
presidencial, aun cuando el ordenamiento les reconoce el derecho a ocupar una curul
en cada cámara integrante del Congreso de la República y a declararse en oposición,

33
Ibídem. Pág. 118.
34 Integrada también por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.

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siendo la personería jurídica un presupuesto para el ejercicio de los derechos derivados
de tal declaratoria.

117. La Corte Constitucional, en sede de revisión, reconoció la existencia de «una
situación de indefinición para los candidatos que hagan parte de una agrupación
política, quienes de haber participado en las elecciones a la Presidencia de la República
bajo la modalidad de un grupo significativo de ciudadanos sin personería jurídica,
puedan acceder no sólo a la garantía prevista en el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018, sino al conjunto de las garantías y derechos consagrados en el artículo
112 superior y en dicha Ley Estatutaria», por lo que «en ausencia de una regla explícita
de reconocimiento de personería jurídica, deberá emplearse como criterio de
interpretación aquel que realice de mejor manera el principio democrático, ya sea
exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un
nuevo ámbito».

118. De tal modo, la Corte indicó que, en asuntos como el estudiado en dicha
oportunidad, la regla a aplicar debería ser aquella que armonice lo dispuesto en los
artículos 108 y 112 superiores y «que garantice los fines de un Estado democrático
participativo y pluralista». Así, en relación con el caso concreto se señaló lo siguiente:

… [E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo dispuesto
en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, a grupos
significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin personería jurídica, se debe
verificar que (i) el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado consideró como
significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en las elecciones de
Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la
formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición.

En el caso concreto, a partir de los hechos probados, el senador Petro Urrego -segundo
en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó, naturalmente, con un
respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones de votos, superando el
umbral; aceptó su curul y ha manifestado -como quedó probado en el acervo probatorio-
su posición de oposición al Gobierno nacional. En este punto, y con relación a la
superación del umbral por un apoyo significativo, cabe precisar brevemente que resulta
en exceso especulativo e incierto afirmar que parte de los votos recibidos por el senador
Petro Urrego pudieron deberse a un contrapeso a la campaña contraria, como lo afirma
la entidad accionada.
(…)
En el presente caso no se cumple con la finalidad prevista en el artículo 112 de la
Constitución si se asignan curules en el Congreso de la República en virtud de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018, y su beneficiario, abiertamente en oposición al Gobierno
electo y con un respaldo de más de 8 millones de colombianos no puede ejercer el
derecho fundamental a la oposición política. En este sentido, la Corte interpreta los
artículos 108 y 112 de la Constitución, de forma tal que, en la práctica, se garanticen las
prerrogativas inherentes al derecho fundamental a la oposición a quien naturalmente
corresponde ejercerlo. Sobre el particular, no puede pasarse por alto que según los
ponentes de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, el Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el
artículo 112 de la Constitución “con el claro propósito de estimular el ejercicio de la
oposición que de forma natural corresponde a quien ha perdido la elección”

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119. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional decidió «TUTELAR el
derecho fundamental a la oposición política en los términos del artículo 112 de la
Constitución del movimiento político Colombia Humana, así como del senador Gustavo
Francisco Petro Urrego en su calidad de titular de la curul a la que se refiere esta
disposición»; dejar sin efectos la decisión del Consejo Nacional Electoral mediante la
cual negó el reconocimiento de personería jurídica a ese movimiento35 «y en su lugar
ORDENAR a dicha autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político
Colombia Humana…».

7. Infracción del artículo 262, inciso quinto, de la Constitución Política

120. Con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, el constituyente
derivado incorporó al artículo 262 superior una regla relativa a la conformación de listas
en coalición para la elección de corporaciones públicas de elección popular, en los
siguientes términos:

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas
propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido
una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas.

121. En relación con la disposición transcrita, esta sección ha indicado que, a
diferencia de lo ocurrido con el primer enunciado del inciso citado, que requiere de un
desarrollo legislativo para su concreción y aplicación, el aparte resaltado «consagra y
regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a presentar listas de
candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones,
dispuestas de manera específica por el Constituyente derivado36». De igual forma, en el
mismo pronunciamiento se hizo referencia a los elementos que de allí derivan, en los
siguientes términos:

1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos

2. Exige la verificación de la personería jurídica

3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos

35 Resolución nro. 3231 de 2018.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de
diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00. Reiterada en: Sentencia del 23 de octubre de
2019. Rad. 11001-03-28-000-2019-00013-00 y en sentencia del 27 de octubre de 2021. Rad. 76001-23-
33-000-2020-00002-02.

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4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción37.

122. De acuerdo con lo expuesto, solo los partidos y movimientos que cuenten con
personería jurídica podrán formar coaliciones para presentar listas para la elección de
corporaciones públicas, siempre que la sumatoria de los votos que estos hayan
obtenido no exceda el 15% del total de votos válidos emitidos en la circunscripción para
la que se presentará la lista en cuestión.

123. Así, se excluye de la posibilidad de presentar listas en las condiciones antes
señaladas a los grupos significativos de ciudadanos, a los partidos y movimientos
políticos que carecen de personería jurídica y a aquellos que, contando con ella, reúnan
en conjunto una cantidad de votos que supere el porcentaje antes mencionado.

124. Ahora bien, para el cálculo de dicha proporción, la norma establece que esta
debe corresponder a la votación obtenida en «la respectiva circunscripción», sin que se
indique expresamente qué resultados electorales han de tomarse en consideración para
dicho cómputo. Para el efecto, conviene traer a colación los antecedentes del Acto
Legislativo 02 de 2015.

125. Si bien la regla a la que se viene haciendo referencia no se encontraba prevista
en el texto original del Proyecto de Acto Legislativo que concluyó con la expedición de
dicho texto reformatorio38, esta fue incorporada a la iniciativa en la ponencia para su
segundo debate, en primera vuelta, en el Senado de la República, en los siguientes
términos:

Artículo 262. Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos
Políticos y los grupos significativos de ciudadanos podrán presentar, listas y candidatos
únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer
en la respectiva elección. Este derecho también lo podrán ejercer en coalición los
partidos o movimientos políticos con personería jurídica que, entre sí, hayan
obtenido una votación no superior al 15% en las últimas elecciones al Senado o a
la Cámara de Representantes…39

126. Como puede advertirse, inicialmente, la regla en comento se encontraba limitada
a regular la posibilidad de que los partidos o movimientos con personería jurídica
suscribieran acuerdos de coalición para la presentación de listas para la elección de la
Cámara de Representantes o del Senado de la República, siempre que estos no
hubiesen obtenido, entre sí, una votación superior al 15% en la misma elección anterior.

127. No obstante, el texto aprobado por la plenaria del Senado en primera vuelta fue
modificado para indicar que «[l]os Partidos y Movimientos Políticos con personería
jurídica que sumados hayan obtenido una votación de no menos del quince por

37 Ibídem.
38 Proyecto de Acto Legislativo nro. 153 de 2014 Cámara, 18 de 2014 Senado, acumulado con los
Proyectos de Acto Legislativo nros. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014.
39 Gaceta del Congreso nro. 602 del 8 de cotubre de 2014. Pág. 48.

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ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas40».

128. Así, la plenaria del Senado de la República decidió, por una parte, ampliar la
posibilidad de inscribir listas en coalición para la elección de corporaciones públicas,
más allá de las cámaras que integran el Congreso de la República y, por otra, excluir de
dicha posibilidad a aquellas organizaciones políticas que hubiesen obtenido de manera
conjunta menos del 15% de los votos en la circunscripción correspondiente.

129. En la primera ponencia efectuada respecto de la iniciativa en la Cámara de
Representantes, se advirtió que el texto aprobado por el pleno del Senado de la
República podría afectar la participación de las minorías políticas en las corporaciones
públicas de elección popular, por lo que se sugirió la eliminación del aparte antes
mencionado41.

130. Más adelante, en la ponencia presentada para el cuarto debate del proyecto, se
incluyó un inciso relativo a la materia, así:

Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido en las elecciones anteriores, una votación que no supere el quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista
de candidatos en coalición para corporaciones públicas42.

131. Dicho aparte fue acogido por la plenaria de la Cámara de Representantes en el
texto final aprobado en primera vuelta para la iniciativa en mención, modificando
únicamente la expresión «una votación que no supere el quince por ciento (15%) de los
votos válidos» por «una votación de menos del quince por ciento (15%) de los votos
válidos», como se observa a continuación43:

Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de menos del quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.

132. Una vez aprobado el texto por ambas plenarias en primera vuelta, las dos
versiones de la norma fueron conciliadas y prevaleció la adoptada por la Cámara de
Representantes44.

133. Durante la discusión del proyecto, en segunda vuelta en el Senado de la
República, los textos aprobados tanto en la Comisión Primera como en la plenaria
40 Gaceta del Congreso nro. 649 del 24 de octubre de 2014. Pág. 17.
41 Gaceta del Congreso nro. 694 del 10 de noviembre de 2014. Págs. 7 y 18.
42 Gaceta del Congreso nro. 778 del 1 de diciembre de 2014. Pág. 18.
43 Gaceta del Congreso nro. 845 del 11 de diciembre de 2014. Pág. 17.
44 Ibídem. Pág. 32. En dicha oportunidad se decidió eliminar la palabra «no», incorporada al texto
aprobado por el Senado de la República, que constituía la única diferencia entre los dos textos aprobados
del inciso en mención «pues en todo momento de la discusión ha sido reiterativo que el propósito es
beneficiar a los partidos pequeños». Págs. 17 y 19.

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mantuvieron una redacción similar a la aprobada por la Cámara de Representantes y
acogida en la conciliación entre ambas células del legislativo, teniendo como único
cambio que a continuación se resalta45:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.

134. Por otro lado, en la Cámara de Representantes, durante la segunda vuelta del
trámite del proyecto, se introdujo una modificación al texto aprobado por la plenaria del
Senado, así:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados no hayan
obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva corporación, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas46.

135. Dicho inciso fue acogido en esa oportunidad y, posteriormente, fue objeto de
algunas modificaciones47 para, finalmente, ser aprobado por la plenaria de la Cámara
de Representantes en los siguientes términos:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados ambos no
hayan obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de los votos válidos
depositados por la respectiva corporación, podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas, de acuerdo con la ley que lo reglamente48.

136. Dado que las redacciones adoptadas por la Cámara de Representantes y el
Senado de la República presentaban diferencias, la norma fue objeto de conciliación en
la cual los congresistas designados para integrar la correspondiente comisión
decidieron optar por el texto aprobado por este último49.

137. Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es claro que la
restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262 superior, modificado por el Acto
Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las fuerzas políticas que cuentan con
amplia participación en una determinada corporación pública puedan unirse para la
siguiente elección de la misma naturaleza, con el fin de aumentar su representación en
ella, en desmedro de las organizaciones que cuentan con un menor número de
integrantes o que carecen de representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior,
con el objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen estas últimas colectividades
de conservar o alcanzar curules en dichos escenarios democráticos.

45 Gacetas del Congreso nros. 213 del 21 de abril de 2015, pág. 30; y 267 del 7 de mayo de 2015, pág.
7.
46 Gaceta del Congreso nro. 289 del 13 de mayo de 2015. Pág. 27.
47 Véase el texto propuesto en la Gaceta nro. 341 del 28 de mayo de 2015. Pág.27.
48 Gaceta del Congreso nro. 396 del 10 de junio de 2015. Pág. 6.
49 Gaceta del Congreso nro. 397 del 10 de junio de 2015. Pág. 4.

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138. Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se tomen en
consideración los resultados obtenidos por un determinado partido o movimiento en una
elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en coalición,
incluso si se ha presentado en la misma circunscripción.

139. Una interpretación contraria podría llevar a escenarios ajenos al propósito de la
norma. Por ejemplo, podría derivar en que los votos obtenidos por una organización
política para la elección de una asamblea departamental o para el Concejo Distrital de
Bogotá impidieran que esta cuente con la posibilidad de suscribir un acuerdo de
coalición para la siguiente elección de Cámara de Representantes en la
correspondiente circunscripción.

140. De tal modo, aquellas fuerzas políticas regionales que tienen un respaldo
electoral favorable en sus lugares de origen, pero que no cuentan con participación
democrática en el Congreso de la República, podrían verse limitadas en su derecho a
coaligarse con otras colectividades como mecanismo para obtener una o más curules
en una elección de Cámara de Representantes.

141. Por lo señalado, una interpretación del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución que limite, de la manera antes indicada, el derecho de las colectividades
políticas que han obtenido resultados positivos en elecciones locales o departamentales
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público en el orden
nacional, resultaría lesiva de los objetivos perseguidos por el constituyente con el
sistema bicameral dispuesto para el ejercicio de la función legislativa.

142. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha afirmado que uno de los propósitos
de dicho diseño institucional radica en «el aumento de los espacios de representación
de las entidades territoriales en las instancias nacionales de decisión política, objetivo
que se logra a través de la elección de los Representantes a la Cámara a través de
circunscripciones territoriales50». En similar sentido, la jurisprudencia constitucional se
ha pronunciado en los siguientes términos:

Un análisis histórico de las razones que llevaron a mantener el bicameralismo en la
Constitución Política de 1991, y particularmente a consagrar la forma de elección de la
Cámara de Representantes según lo prescrito en el artículo 176 superior, revela que el
constituyente estuvo animado del propósito de ampliar los espacios de representación
con fundamento en factores territoriales. En efecto, uno de los objetivos que persiguió la
Asamblea Nacional Constituyente fue el de mejorar de manera general la
representatividad del Congreso de la República, para lo cual se consideró necesario
revisar su sistema de elección51.

143. Así mismo y teniendo en cuenta que la disposición solo hace referencia a
elecciones de corporaciones públicas, el cálculo del 15% a que se refiere el artículo 262

50 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2008.
51 Corte Constitucional. Sentencia C-759 de 2004.

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constitucional no debe tomar en consideración los resultados obtenidos en elecciones
uninominales, incluso si estas tuvieron lugar en la misma circunscripción.

144. En atención a lo señalado, la sala advierte que los únicos resultados relevantes
para establecer si el movimiento Colombia Humana podía o no formar parte de la
coalición del Pacto Histórico para la elección de Cámara de Representantes en la
circunscripción territorial de Bolívar (2022-2026), fueron aquellos obtenidos por dicho
movimiento en el mismo certamen electoral celebrado en el año 2018, puesto que,
como se indicó, todas las demás elecciones desarrolladas en esa circunscripción y, más
aún, aquellas que tienen lugar en la nacional, como ocurre con la de presidente y
vicepresidente de la República, no deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15%
señalado en el artículo 262 superior.

145. Adicionalmente, debe precisarse que esta conclusión a la que arriba la sala no
resulta contraria a lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de
2021. Esto es así, porque en dicha providencia ese alto tribunal se pronunció sobre un
escenario no previsto de manera expresa en las disposiciones constitucionales y
legales relativas al reconocimiento de personería jurídica a los partidos y movimientos
políticos, lo que le llevó a realizar una interpretación del texto superior que le permitiese
a aquellas organizaciones con derecho a ocupar las curules a que refiere el artículo 24
de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, contar con la totalidad de los derechos conferidos
en dicha ley a las organizaciones políticas declaradas en oposición.

146. En dicha providencia se condicionó el reconocimiento del derecho a la
personería jurídica a los siguientes presupuestos:

[Q]ue (i) el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la personería
jurídica será aquel que el Constituyente Derivado consideró como significativo, es decir,
el 3 % de los votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la formula deberá
aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición.

147. Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta, de forma
exclusiva, el apoyo electoral con que contó su fórmula en la elección presidencial y
vicepresidencial en segunda vuelta celebrada en el año 2018, sino también la decisión
de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían derecho, en aplicación del
artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, y a que, una vez posesionados en ellas, se
declararan en oposición al gobierno presidido por la formula que resultó ganadora en
dicha votación.

148. Destaca la sala que la actora sostiene en su demanda, lo siguiente:

… [L]a personería jurídica que obtuvo COLOMBIA HUMANA por fallo de la Corte
Constitucional es porque superó el umbral para efectos de obtener el reconocimiento de
la personería jurídica de acuerdo al artículo 108 constitucional, es decir, el 3 % de los
votos emitidos válidamente, pero la Corte quiso en su decisión que fuera en las

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elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. En concreto tiene una
votación nacional que puede contabilizarse para verificar si en coalición sobrepasa el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción.

149. Contario a lo allí afirmado, como se advirtió, no existe en dicho pronunciamiento
ninguna regla o consideración relacionada con la manera en que ha de aplicarse lo
dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución, ni puede entenderse
que la necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido
para el reconocimiento de personería jurídica en casos como el estudiado en esa
oportunidad tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se estudia, pues se trata de
reglas constitucionales diferentes.

150. Por tanto, dado que todas las partes e intervinientes en el presente proceso han
coincidido en que el movimiento Colombia Humana no presentó una lista de candidatos
para la elección de Cámara de Representantes en el departamento del Bolívar
celebrada en el año 2018 y que no se aportó al expediente ningún elemento de
convicción que diese cuenta de lo contrario, dicha organización política no pudo haber
aportado a la sumatoria reportada en el formato E-6CT una cifra que llevara a exceder
el máximo establecido en la disposición constitucional en comento.

151. Así las cosas, la inclusión del movimiento Colombia Humana en la lista
presentada por la coalición del Pacto Histórico no conlleva vicio alguno en relación con
el cumplimiento del ordinal quinto del artículo 262 de la Constitución Política, por lo que
la sala no accederá a la declaratoria de nulidad del acto demandado por dicho cargo.

152. Por lo expuesto, la sala advierte que no se configura ninguno de los cargos
formulados en el concepto de la violación desarrollado por la parte demandante, por lo
que se negarán las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la parte demandante respecto de la solicitud
presentada para que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avocara
conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

TERCERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por Karen Violette Cure
Corcione contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en
la circunscripción territorial de Bolívar, contenido en el documento E-26 CAM, expedido
el 23 de marzo de 2022.

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CUARTO: RECONOCER personería al profesional Gabino Hernández Palomino,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 73.099.758 y tarjeta profesional nro. 70.350
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la accionada
Dorina Hernández Palomino.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Con salvamento parcial de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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