Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00038-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00038-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de noviembre de 2022
Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
Rad: 11001032800020220003800 acumulado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00038-00 acumulado
11001-03-28-000-2022-00065-00
Demandantes: JORGE ELIÉCER CORAL RIVAS Y OTROS
Demandados: ELECCIÓN DE CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA Y
JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ COMO
REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO – PERIODO 2022-2026
Temas: Requisitos para la coalición de partidos políticos a corporaciones
públicas. Artículo 262 de la Constitución Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la demanda presentada por los señores Jorge Eliécer
Coral Rivas, Juan Carlos Gutiérrez, Reinaldo Velásquez Ramírez y José Manuel
Abuchaibe Escolar, éste último, quien actúa como apoderado judicial de los dos
primeros y también en nombre propio y en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la elección de los
señores Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés Cancimance López, como
representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1.1. Pretensiones (2022-00038)
Los señores Jorge Eliécer Coral Rivas y Juan Carlos Gutiérrez Velasco, por
conducto de apoderado, solicitaron:
“1. Se declare nula el Acta de Escrutinio, que declaró ganador la mayoría de la
Coalición Pacto Histórico, fechada 18 de marzo de 2022, expedida por los miembros
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
Rad: 11001032800020220003800 acumulado
de la Comisión Escrutadora de la Registraduría, donde resultó electo, por voto
preferente el señor JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ, en las elecciones del
13 de marzo de 2022, por la Circunscripción Territorial del Putumayo, como
Representante a la Cámara.
2. Se declare nula el Acta de Escrutinio, que declaró ganador la mayoría del Partido
Liberal Colombiano, fechada 18 de marzo de 2022, expedida por los miembros de la
Comisión Escrutadora de la Registraduría, donde resultó electo, por voto preferente,
el señor CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA, en las elecciones del 13 de marzo
de 2022, por la Circunscripción Territorial del Putumayo, como Representante a la
Cámara.
3. Como consecuencia de lo anterior, se declare electos por mayorías, al Partido
Conservador Colombiano, y como electos por voto preferente, a los señores JORGE
ELIECER CORAL RIVAS y JOHANA MELISSA RODRIGUEZ BERMEO, por la
cantidad de votos válidos, suficientes para obtener las dos curules a la Cámara de
Representantes, por la Circunscripción Territorial del Putumayo.
4. Hacer reconocimiento y entrega de las credenciales, que los acrediten como
formalmente elegidos a la Cámara de Representantes, para la Circunscripción
Territorial del Putumayo, periodo 2022-2026”.
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
Señalaron que el 13 de marzo de 2022, se llevaron a cabo las elecciones para la
escogencia de los representantes al Congreso de la República, entre ellos, los
dignatarios a la Cámara por la circunscripción territorial del Putumayo.
Precisaron que el 18 de marzo de 2022, luego del proceso de escrutinio, se
declararon electos los señores Jorge Andrés Cancimance López por la Coalición
Pacto Histórico y Carlos Adolfo Ardila Espinosa por el Partido Liberal Colombiano.
Sostuvieron que las colectividades políticas antes mencionadas, al momento de
conformar sus listas para la escogencia de los representantes a la Cámara por la
referida circunscripción, incumplieron su deber legal de acreditar el cumplimiento
de la cuota de género. Para ilustrar tal omisión, los accionantes reseñaron que en
los formularios E-6CT del 13 de diciembre de 2021, se puede constatar lo
siguiente:
Colectividad política Candidatos Aval
• Carlos Adolfo Ardila
Partido Liberal Colombiano Espinosa Res. 6951 del 06/12/21.
• Jhon Ever Calderón
Valencia
• Reinaldo Velásquez
Ramírez
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
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Coalición Pacto Histórico - Jorge Andrés Cancimance Oficio del 10/12/21
López
• Euler Ismael Guerrero
Acosta
• José Ricardo Solarte
Ojeda
Manifestaron que, a diferencia de lo ocurrido al interior de las listas descritas, el
Partido Conservador Colombiano cumplió a cabalidad con la cuota de género, al
incluir en sus candidatos a una mujer como aspirante a la Cámara por el
departamento del Putumayo.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Aseguraron que el acto de elección demandado infringió el preámbulo y los
artículos 1, 2, 13, 40 y 43 de la Constitución Política, 6 de la Ley 581 de 2000, 7
literal a) de la Ley 51 de 1981 aprobatoria de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, 28 de la Ley 1145 y 137 de
la Ley 1437 de 2011.
Explicaron frente al desconocimiento del preámbulo de la Carta Política que el
poder soberano del pueblo delimitó las facultades de los gobernantes frente a las
personas, cuando estableció que dicho ejercicio deberá circunscribirse dentro del
marco jurídico, democrático y participativo, para garantizar el equilibrio del orden
político, económico y social. Aspecto que no se encuentra acreditado con la
expedición del acto electoral enjuiciado, al no permitirse la participación femenina
en la contienda democrática, situación que se erige como desconocedora del
equilibrio y paridad en la conformación de la circunscripción del Putumayo en
detrimento de las mujeres.
Comentaron que, respecto a la infracción de las normas de orden superior, esto
es, los artículos 1, 2, 13, 40 y 43 de la Constitución Política, las autoridades
electorales que permitieron la inscripción de las candidaturas no ajustaron su
actuación a los parámetros de participación igualitaria de la mujer en la votación
popular afectando de manera real y cierta el principio democrático, participativo y
pluralista, situación que trascendió al acto de elección cuestionado.
Insistieron en que uno de los fines del Estado es facilitar que todos puedan
contribuir en las decisiones que les afecten en condiciones de igualdad, aspectos
que encuentran una limitante en el caso concreto al no dar la oportunidad a las
mujeres de postularse como candidatas en representación de los ciudadanos del
departamento del Putumayo.
Afirmaron que: “… todos los seres humanos, residentes en Colombia, son libres e
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
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iguales frente a la ley, recibiendo la misma protección y trato frente a las autoridades,
gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin que sea admisible
ningún tipo de discriminación. El Principio de Igualdad a que alude el dispositivo, fue
desconocido por la Coalición Pacto Histórico y Partido Liberal Colombiano, toda vez, que
omitieron incluir en las listas la cuota de género, que recayera en una mujer, situación que
pone de presente un acto discriminatorio contra la mujer, hasta el grado de haber anulado
su participación política en los comicios electorales celebrados el 13 de marzo de 2022”.
(sic a toda la cita).
Señalaron que conforme: “…lo dispone el artículo 40, numeral 1, todo ciudadano tiene
derecho a participar en la conformación del poder político. Deberá entenderse que, en el
citado canon, no existe exclusión de ningún tipo y por lo tanto, se entenderá incluidas
todas las mujeres con capacidad de elegir y ser elegidas. Se podrá comprender, que la
Coalición Pacto Histórico y Partido Liberal Colombiano, en asocio con la autoridad
electoral, que llevo (sic) a cabo la inscripción, arremeten contra el espíritu del canon
comentado, cuando no dieron oportunidad de participación política a las mujeres en las
listas, para que aspiraran a ser elegidas en la Corporación Pública, de la Cámara de
Representantes, de la Circunscripción Territorial del Putumayo, en los comicios del 13 de
marzo de 2022”.
Manifestaron que se quebrantó el principio de igualdad constitucional entre
hombres y mujeres en la conformación de las listas de las colectividades políticas
reseñadas, ello por cuanto se les dio un trato discriminatorio a las mujeres
limitándoles el derecho de participación política.
Argumentaron que el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 reguló el nombramiento en
los cargos que deben proveerse por el sistema de ternas y listas y determinó que
su integración debe estar constituido por hombres y mujeres en igual proporción,
esto es, que quien elabore la lista debe tener en cuenta dicho precepto. Para
soportar lo anterior, los demandantes señalaron que la Ley 51 de 1981 estableció
en su artículo 7 literal a) que los Estados parte tomarán todas las medidas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, en
particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a
votar en todas las elecciones y ser elegibles para todos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones públicas.
Adujeron que si bien el parágrafo final del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011
señala que: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección
popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse
por mínimo un 30% de uno de los géneros.”, lo cierto es que, para el caso bajo
estudio, sólo estaban en juego dos (2) curules para la Cámara de Representantes
por la Circunscripción Territorial del Putumayo, caso en el cual no se podría aplicar
el 30% con exactitud del aparte citado de la norma. Sin embargo, a pesar de estar
expresamente señalado el porcentaje, para cinco o más curules, esto no se podrá
interpretar como el derecho que tienen los movimientos y partidos para excluir de
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tajo la cuota de género, cuando las curules a elegir sean inferiores a cinco (5),
pues de llegar a entenderse así, se estarían violando los principios de
participación, igualdad, proporcionalidad y oportunidad, consagrados en las
normas de la Constitución, como también en las Leyes 581 de 2000 y Ley 51 de
1981.
Afirmaron que, de no ser así, perdería la razón de ser la existencia de la Comisión
Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, que fue creada
mediante la Ley 1434 de 2011, la cual se encuentra conformada por 21
congresistas de sexo femenino, para cumplir funciones públicas.
1.4. Pretensiones (demanda 2022-00065)
Los señores Reinaldo Velásquez Ramírez y Jorge Eliécer Coral Rivas por
conducto de apoderado, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar, quien también
actúa en nombre propio, presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, en la cual solicitaron:
“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
PUTUMAYO contenido en el documento E-26 CAM de fecha 18 de marzo de 2022.
SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se
excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo general de votos contenidos en
el E-26, de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en el presente escrito.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un nuevo
escrutinio de los votos depositados en el Departamento de Putumayo en las
elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE PUTUMAYO, periodo 2022 - 2026,
escrutinio que deberá practicarse con base únicamente en los registros que no se
declaren afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé lugar esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE PUTUMAYO, periodo 2022 - 2026, se ordene expedir y
efectivamente se expidan las nuevas credenciales de Representantes a la Cámara
por esa circunscripción territorial para el periodo citado a quienes correspondan, y
que se comunique la anterior novedad al Consejo Nacional Electoral, al Presidente
de la República, al señor Registrador Nacional del Estado Civil y a sus delegados
para el Departamento de Putumayo, al señor Ministro del Interior, al señor
Gobernador del Departamento de Putumayo, y al señor Presidente del Tribunal
Administrativo del mismo Departamento”.
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
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1.5. Hechos
Apuntaron que el día 13 de marzo de 2022 tuvieron lugar en los distintos
departamentos del país las elecciones populares para elegir los integrantes de la
Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2022-2026.
Relataron que la Comisión Escrutadora Departamental de Putumayo, mediante el
documento E-26 CAM de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintidós
(2022), declaró elegidos a Carlos Adolfo Ardila Espinosa y a Jorge Andrés
Cancimance López. El último fue inscrito por el Pacto histórico que es un acuerdo
de coalición programática y política entre los partidos y movimientos políticos: Polo
Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia-ADA-, Movimiento
Político Colombia Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la
Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista Colombiano -PCC-. Ello con el fin de
inscribir lista de candidatos(as) a la Cámara de Representantes por la
circunscripción territorial de Putumayo para las elecciones del 13 de marzo de
2022, período constitucional 2022-2026.
Precisaron que, en cuanto a las coaliciones para presentar listas de candidatos
para corporaciones públicas, el constituyente otorgó al legislador el deber de
regular aspectos propios de su funcionamiento. No obstante, también estableció
en el artículo 262 los requisitos y presupuestos esenciales para las coaliciones, los
cuales enunció así:
1. Prevé como titulares del derecho a coaligarse a los partidos y movimientos
políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados,
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.
Enfatizaron que, de acuerdo con lo anterior, para la solicitud de la inscripción de
lista de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas presentada por las
coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, se debe
tener en cuenta, conforme a la norma constitucional antes referida, que “ Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas” (Artículo 262 de la Constitución Política – modificado por el inciso 4° del
artículo 20 del Acto Legislativo 02 de 2015).
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Expusieron que, en la coalición del Pacto Histórico se incluyó al movimiento
político Colombia Humana. Que para ser parte de esa coalición debía tener
personería jurídica, la que obtuvo mediante sentencia SU – 316 de 2021 de la
Corte Constitucional por su participación en los comicios para la elección de
presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2018 –
2022 y sin haber participado en las elecciones del Congreso. Pese a ello, en el
formulario de inscripción de la colación del Pacto Histórico para los candidatos a la
Cámara de Representantes por el Putumayo, incluyeron al movimiento Colombia
Humana con cero (0) votos.
Explicaron que la personería que obtuvo Colombia Humana con base en el 3 % de
los votos emitidos válidamente en los comicios para presidente y vicepresidente
de la República sin haber participado en los del Congreso, sugiere que los votos
que deben tenerse en cuenta para efectos de la colación son los obtenidos en
esas votaciones en la que participó y de la cual se deriva su personería jurídica.
Votación que no le permitía ser parte de esa coalición denominada Pacto
Histórico, pues Colombia Humana superaría ampliamente el porcentaje del 15%
de los votos válidos obtenidos en las justas electorales anteriores.
Precisaron que lo anterior es así, toda vez que, en una interpretación expansiva
del principio democrático, la Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la
personería jurídica de Colombia Humana y sostuvo que las curules que se otorgan
al perdedor en los comicios presidenciales son un "mandato representativo" que
permite a esa fórmula derrotada integrarse a la bancada de su partido o
movimiento político, si ella existiere. De esa forma podría participar en el ejercicio
de la oposición política, de manera que consolide una alternativa de poder. Es
decir, "permite que las personas que votaron por la opción derrotada también se
encuentren representadas”, teniendo en cuenta, además, que el máximo órgano
constitucional encontró que el entonces candidato Gustavo Petro Urrego obtuvo
un respaldo ciudadano significativo que superó los ocho (8) millones de votos.
Sustentaron que, en consecuencia, la votación que obtuvo el movimiento político
Colombia Humana en las elecciones presidenciales del 2018 debe computarse
para efectos de acreditar los requisitos para la conformación de las coaliciones,
previstos en el artículo 262 constitucional, ya sea en circunscripción nacional o
territorial. Ello en consideración a que, las coaliciones para congreso surgen como
garantía para las minorías, con el fin de que tengan las mismas oportunidades y
se amplíe la oferta democrática.
1.6. Normas violadas y concepto de la violación
Sobre este particular, los demandantes refirieron la causal genérica de artículo
137 del CPACA, relativa a la infracción de las normas en que debía fundarse el
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acto. Particularmente, sostuvieron que se desconoció el inciso 5 del artículo 262
de la Constitución Política, toda vez que el Pacto Histórico, que inscribió al señor
Jorge Andrés Cancimance López a la Cámara de Representantes por la
circunscripción del Putumayo, incluyó en dicho acuerdo al movimiento Colombia
Humana, que no cumplía con los requisitos para efectos de la coalición.
Aseguraron que el Pacto Histórico inscribió la candidatura del demandado, con
fundamento en una coalición que no cumplía los presupuestos constitucionales
exigidos, pues Colombia Humana se suscribió con cero (0) votos en el Pacto
Histórico, pese a que, en las elecciones presidenciales de 2018, superó los 8
millones de votos.
Argumentaron que la lista inscrita por dicha coalición para la Cámara de
Representantes por el departamento del Putumayo no era apta para captar votos,
entendiendo que “en el proceso eleccionario se surte un trámite que va desde el aval
hasta los escrutinios y demás; que todas las actuaciones confluyen para la culminación
del acto jurídico complejo y cada acto puede contribuir a la verdad o a la falsedad de los
registros (inscripción) y si uno se falsea se debe declarar la nulidad de la elección. Así
entonces, al estar probado que la inscripción de la lista del Pacto Histórico contiene
hechos mentirosos, se debe declarar la nulidad de su elección”.
Alegaron que si un partido tiene personería jurídica para participar en las
elecciones del 2022 es porque obtuvo su reconocimiento o la mantuvo en las
elecciones del congreso del 2018. Ahora bien, comentaron que la personería
jurídica que obtuvo Colombia Humana en virtud del fallo de la Corte Constitucional
es porque superó el umbral para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica de acuerdo con el artículo 108 constitucional, es decir, el 3 %
de los votos emitidos válidamente. En concreto, afirmaron, dicho movimiento
político “tiene una votación nacional y territorial que puede contabilizarse para verificar si
en coalición sobrepasa el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción. ¿De dónde se entiende que no se contabilizará voto alguno para los
efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución?”.
Anotaron que Colombia Humana en el departamento del Putumayo obtuvo una
votación de 77.310 de un total de 112.666 en las elecciones presidenciales del
2018, lo que supera ampliamente el 15% que establece la norma constitucional.
De modo que, afirmaron, por todos los aspectos analizados, Colombia Humana no
podía conformar una coalición de minorías como lo era el Pacto Histórico, ni
inscribir listas de candidatos para la Cámara de Representantes en el
departamento del Putumayo, como ocurrió. Por lo tanto, la elección del
demandado debe anularse.
Concluyeron que se debe adoptar una decisión en la que se determine “ la exclusión
de la lista del PACTO HISTORICO del cómputo de votos ante la evidente
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INCONSTITUCIONALIDAD del aval otorgado por una coalición que tienen los integrantes
de esa lista, por lo que no se debió ser declarado elegido a JORGE ANDRÉS
CANCIMANCE LÓPEZ”.
2. Corporación para el Desarrollo de la Democracia y la Participación -
coadyuvante
El presidente de la referida corporación intervino para coadyuvar la demanda
presentada, en especial, lo relativo al desconocimiento de la cuota de género por
parte de las listas inscritas a la Cámara de Representantes por la circunscripción
del Putumayo.
3. Contestaciones
3.1. Carlos Adolfo Ardila Espinosa (Partido Liberal)
Mediante apoderado contestó la demanda en los siguientes términos:
Señaló que en ningún momento fueron vulneradas las normas relacionadas en el
concepto de la violación, pues es absolutamente clara en señalar que aplica
únicamente para elecciones donde se asignen más de cinco 5 curules, y este no
es el caso, pues por la distribución territorial para el departamento del Putumayo
se asignan sólo 2, de conformidad con la Ley Estatutaria 1475 de 2011, artículo
28, que establece lo siguiente:
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a
cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las
calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en
causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos
mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas
donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que
se sometan a consulta - exceptuando su resultado- deberán conformarse por
mínimo un 30% de uno de los géneros” (énfasis añadido).
Sostuvo que la lista del Partido Liberal fue compuesta por 3 candidatos. En la
misma demanda se reconoce que “Se tiene conocimiento, que para el caso de marras,
sólo estaba en juego dos (2) curules, para la Cámara de Representantes, por la
Circunscripción Territorial del Putumayo, caso en el cual no se podría aplicar el 30% con
exactitud del Aparte citado de la norma”, por lo cual afirmó que “se deriva claramente
que el ejercicio del medio de control fue interpuesto con temeridad”.
Concluyó que en un aparte de la demanda, en el concepto de la violación, indica la
parte demandante que “cuando se presenten ternas” se deberá incluir a una
mujer; por lo que -adujo- claramente ese precepto no es aplicable a este caso,
porque hace referencia a la elección de cargos en los que se presentan ternas. Sin
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
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embargo, este asunto versa sobre una elección popular de cargo de una
corporación pública a través de una lista, en el que se asignan menos de 5
curules.
3.2. Jorge Andrés Cancimance (Pacto Histórico)
El apoderado del señor Jorge Andrés Cancimance, representante a la Cámara por
el departamento del Putumayo, contestó la demanda en los siguientes términos:
En lo que respecta al cargo de la cuota de género que presuntamente fue
desconocido por la lista de la coalición del Pacto Histórico a la circunscripción del
Putumayo a la Cámara de Representantes, precisó que “la elección del del Dr. Jorge
Andrés Cancimance López como representante por el departamento del Putumayo, la
cual se dio en razón acuerdo político denominada coalición y que por tal razón se excluyó
de la contienda política al género femenino del 30% en las conformaciones de las listas
para corporaciones públicas, para el caso objeto cámara de representantes al tenor del
inciso 1º del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, que dispone que las listas inscritas a
corporaciones públicas de elección popular, donde se elijan 5 o más curules o las que se
sometan a consulta, “deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”.
La demanda desconoce que la excepción inseparable por la constitución nacional en
atención a los requisitos legales del articulo 262 superior, cuando permite la elección por
circunscripción territorial, para el caso departamento del Putumayo solo dos
representantes. “(…) excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán
estar integradas hasta por tres (3) candidatos. (…)”.
Sostuvo, frente al desconocimiento del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política que la parte actora “En lo que respecta a la coalición Pacto
Histórico señalo dos escenarios, el primero que COLOMBIA HUMANA, que en las
elecciones de presidencia del año 2018 obtuvo el 3% de la votación, motivo por la cual no
debía hacer parte de la ya renombrada coalición, porque para estar en esa agrupación
política debía contar con el 15% de votos, razón por la cual no podía hacer parte de la
coalición que dio como ganador al candadito de esa coalición. Finalmente, en otra
equivocada apreciación puntualizó que las elecciones en el departamento del Putumayo
las gano el movimiento político Colombia humana, afirmación que no se compara con la
realidad, es claro que los comicios en esta región del país los gano la coalición PACTO
HISTÓRICO. Se resalta que COLOMBIA HUMANA no gano las elecciones como como
erradamente se pretende mostrar, esa votación amplísima de 77.310 de un total de
112.666 fue el resultado del Pacto Histórico”. (sic a toda la cita).
3.3. Consejo Nacional Electoral
La autoridad, mediante apoderada, contestó la demanda en los siguientes
términos:
Sostuvo que existe un tope máximo de candidatos a inscribir en una lista, que
corresponde al de curules a proveer, salvo que se elijan máximo dos, caso en el
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que esta regla tiene una variación consistente en que se podrán inscribir hasta tres
en ese evento, pero no existe un número mínimo de candidatos a incluir ya que
ello no lo contempla la norma, por lo que se entiende que el límite es solo para
establecer un tope máximo, pero por debajo puede ser cualquier cantidad.
Destacó que, para el caso bajo estudio, es importante tener en cuenta que los
ciudadanos están en su derecho de elegir a quienes consideren que los
representa mejor, ya que la cuota de género vinculante se limita al 30%
únicamente en aquellas listas en las cuales se elijan cinco (5) o más curules.
Anotó que de conformidad con el Decreto 231 del 17 de febrero de 2022, el
número de curules a proveer para Cámara de Representantes en el departamento
del Putumayo son dos (2) y para este asunto, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, el porcentaje del 30% de cuota de género
no se aplica, puesto que la norma establece una excepción cuando se eligen dos
miembros. Así mismo, las listas estuvieron conformadas por tres personas por
cada agrupación política.
Afirmó, de otro lado, que bajo la causal de nulidad invocada por los demandantes,
respecto al desconocimiento de los requisitos para la conformación de la coalición
del Pacto Histórico, es claro que la legalidad del acto de elección del
representante a la Cámara por el departamento del Putumayo se mantiene
incólume, y los cargos deprecados por los demandantes, a la fecha, no tienen
vocación de prosperar dado que la configuración de coaliciones está regulada
normativamente y no fue objeto de reclamaciones.
4. Actuación procesal relevante
Mediante auto del 20 de abril de 2022 se admitió la demanda en el expediente
2022-00038, se ordenó la notificación personal de dicha providencia a los
demandados y demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Igualmente, por auto del 23 de mayo de 2022, se admitió la demanda en el
expediente 2022-00065, se ordenó la notificación personal de ese proveído a los
demandados y demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, se
hicieron las siguientes precisiones:
1. La causal bajo la cual se tramitará la demanda obedece a la infracción de
normas superiores del artículo 137 del CPACA. Aun cuando en la demanda
como en la subsanación también se invocan los numerales 3 y 5 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011, aquellos cargos no se sustentaron
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correctamente y, de cualquier forma, no es posible acumular causales de
nulidad de tipo objetivo y subjetivo. En todo caso, se precisa que los
argumentos invocados en el escrito de demanda serán estudiados bajo la
causal indicada, esto es, la genérica del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011.
2. El demandado en este asunto es el candidato que resultó elegido a la
Cámara de Representantes por el departamento del Putumayo, por la
coalición del Pacto Histórico, toda vez que la infracción de norma superior
que se alega, se predica de la referida coalición que avaló su candidatura.
Ello sin perjuicio de que los candidatos que resultaron electos por los
demás partidos a la Cámara de Representantes por el departamento del
Putumayo, o cualquier otro candidato que aspiraba a dicha circunscripción,
pueda intervenir como tercero debido al interés que podrían llegar a tener
en el resultado del proceso, en consideración a que, de prosperar la
demanda, podrían ordenarse nuevos escrutinios.
Mediante proveído del 8 de agosto de 2022, la magistrada sustanciadora del
expediente 2022-00038, decretó la acumulación de procesos con el expediente
2022-00065 y ordenó la respectiva diligencia de sorteo para determinar el
magistrado ponente que seguiría con la actuación.
Una vez realizado el sorteo, a través de proveído del 26 de agosto de 2022, el
despacho sustanciador advirtió que en este caso es posible dictar sentencia
anticipada. Igualmente, se aceptó la intervención del señor Fernando Vargas
Mendoza, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Democracia y
Participación, como coadyuvante.
Por lo anterior, en la referida providencia el despacho sustanciador procedió a
decretar las pruebas documentales aportadas y a fijar el litigio en los siguientes
términos:
“Dada la acumulación de expedientes decretada, el despacho advierte que
son dos problemas jurídicos los que hay que resolver, como pasa a explicarse:
Primero, con base en los argumentos esbozados en la demanda (2022-00038-
00) y sus contestaciones, se advierte que en este caso se debe establecer si
hay lugar a declarar o no la nulidad de la elección de los señores Carlos
Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés Cancimance López como
representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo, contenida en
el formulario E-26 CAM del 18 de marzo de 2022, declara por el Consejo
Nacional Electoral.
Para el efecto se debe determinar si la elección demandada incurrió en la
causal de infracción de las normas en que debía fundarse. Para ello, deberá
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constatarse si las listas de candidatos por el Partido Liberal y la coalición del
Pacto Histórico, en las cuales fueron inscritos los demandados para la
elección de representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo,
desconocieron la cuota de género requerida para las elecciones en
corporaciones públicas.
Segundo, de acuerdo con los argumentos esbozados en la demanda (2022-
00065-00) y sus contestaciones, se advierte que en este caso se debe
establecer si hay lugar a declarar o no la nulidad de la elección del señor
Jorge Andrés Cancimance López como representante a la Cámara por el
departamento del Putumayo, contenida en el formulario E-26 CAM del 18 de
marzo de 2022, declarada por el Consejo Nacional Electoral.
Para el efecto se debe determinar si la elección demandada incurrió en la
causal de infracción de norma superior y expedición irregular. Para ello,
deberá constatarse si el señor Cancimance López quien resultó electo, se
inscribió para la circunscripción del Putumayo de la Cámara de
Representantes, por una lista de coalición denominada “Pacto Histórico”, sin
que aquella reuniera los requisitos legales y constitucionales, toda vez que el
Movimiento Político Colombia Humana, que hace parte de dicha coalición,
superaba el porcentaje fijado por el artículo 262 de la Constitución Política
para la conformación de coaliciones por “…haber sido reconocido como un
partido político con más de 8 millones de votos (partido mayoritario)”. Además,
según lo afirmó el demandante, para la inscripción de la coalición se sumaron
cero (0) votos del partido “Colombia Humana”, lo que refirió como “producto de
un engaño, lo que impide que candidatos que sí cumplían con los requisitos
de ley, puedan ser elegidos”.
De modo que, deberá establecerse si la infracción alegada tiene la virtualidad
de invalidar los sufragios computados a favor de los candidatos del Pacto
Histórico para la elección de representantes a la Cámara por el departamento
del Putumayo, en particular del señor Andrés Cancimance López”.
Por último, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de
conclusión por el término común de diez (10) días, dentro del cual la señora
agente del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
5. Alegatos de conclusión
5.1. Parte demandante
Efectuaron un recuento de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso para
resaltar las pruebas que fueron decretadas y que obran en el expediente, la
fijación del litigio y los argumentos que, conforme a la demanda, demuestran el
desconocimiento del artículo 262 de la Constitución Política.
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Señalaron que aceptar la posición exegética de los vinculados en la presente
acción, sería dar por cierto que, como el artículo 28 de la ley 1475 de 2011 no
prevé expresamente cuál es la cuota mínima de género para conformar las listas,
en aquellas circunscripciones electorales de menos de cinco (5) curules, se debe
desconocer entonces el principio de equidad de género. Indicaron que, en
consecuencia, es tanto como afirmar que, en virtud de esta interpretación
autoritaria, excluyente y por fuera del sistema constitucional colombiano “les
estaba permitido vulnerar el derecho fundamental invocado dentro de la presente
acción de nulidad electoral”.
La parte actora en el expediente 2022-65 solicitó que este asunto fuera avocado
por la Sala Plena Contenciosa por importancia jurídica y para efectos de sentar
jurisprudencia.
5.2. Parte demandada
5.2.1 Carlos Adolfo Ardila Espinosa (Partido Liberal)
Reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda y enfatizó en
que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 no puede ser interpretado de modo
expansivo como lo pretende la demanda, porque ello implicaría violar el principio
de legalidad (CP, art. 6), los derechos fundamentales a elegir y ser elegido
(ibídem, art. 40 numeral 1º) y a formar parte de los partidos y movimientos
políticos.
5.2.2 Jorge Andrés Cancimance (Pacto Histórico)
Sostuvo que el demandado fue electo como representante a la Cámara por el
departamento del Putumayo, como candidato del movimiento político Colombia
Humana, movimiento que, en 2018, para las elecciones de Congreso no participó,
ni para Senado, ni para Cámara de Representantes en ninguna circunscripción.
Anotó que es importante tener en cuenta que para 2018, el movimiento político,
Colombia Humana, no tenía dicha calidad, de hecho, solo era un movimiento
significativo de ciudadanos sin personería jurídica y, se volvió movimiento político,
después de la sentencia SU 316 de 2021, mediante la cual se ordenó el
reconocimiento de su personería jurídica.
Mencionó que ninguno de los partidos o movimientos políticos que conformaron el
Pacto Histórico tuvo una votación superior al 15% de los votos válidos, incluso, no
superaron el 3% total de los votos, para la circunscripción respectiva,
correspondiente a las elecciones para representantes a la cámara para el
Departamento de Putumayo. Además, comoquiera que el movimiento Colombia
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Humana, no participó en las elecciones referenciadas, los votos que aportó para el
caso corresponden a cero (0).
Agregó que, en todo caso, debe consultarse la finalidad de la norma y la reforma
que buscó el Acto Legislativo 02 de 2015 que modificó el artículo 262 de la
Constitución Política. En efecto, sostuvo que el acto legislativo tenía como
propósito evitar que los partidos o movimientos políticos, que ya obtuvieron una
importante participación en la corporación pública en las elecciones
inmediatamente anteriores, en los próximos comicios realicen coaliciones que
puedan implicar una hegemonía de poder. Es decir, dicha norma claramente
busca que una corporación pública, independiente de la circunscripción, no se vea
desequilibrada o restringida a un mismo grupo político, que constantemente
realice alianzas que impliquen un desequilibrio del poder en la institución.
Expuso que, teniendo en cuenta lo anterior, es que se restringe la posibilidad de
realizar coaliciones a partidos o movimientos políticos, que ya obtuvieron un 15%
o más de los votos en la elección anterior por la misma circunscripción, toda vez
que, con la referida votación durante el periodo anterior, tuvo una importante
participación en la corporación pública específica representada en las curules que
efectivamente pudo obtener, por la votación conseguida.
Precisó que en lo que corresponde al cargo de la cuota de género, era necesario
destacar que si el legislador hubiese considerado que en este caso debía aplicar
la Ley de Cuotas no hubiese diferenciado el número de curules a proveer y el
mandato normativo sería general, simplemente las listas para corporaciones
públicas deberán tener mínimo un 30% conformada por uno de los géneros, pero
no fue así.
5.3. Consejo Nacional Electoral
Sustentó que, con relación a la no participación en la elección de Congreso de la
República inmediatamente anterior (año 2018), el inciso 5° del artículo 262
constitucional es claro y no debe soportar otras interpretaciones distintas a las ya
fijadas por la jurisprudencia y la Organización Electoral, en el sentido de exigir,
únicamente, que los partidos coaligados que inscriben la lista a la corporación
pública de elección popular, cuenten con personería jurídica y que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva circunscripción.
Anotó que, por lo tanto, los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que surjan por la figura de la escisión o por providencia judicial o decisión
administrativa y que pretendan coaligarse conforme a la citada norma, no se les
contabilizará voto alguno al no haber participado en las elecciones
inmediatamente anteriores, como ocurre en el caso del movimiento político
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Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.
Indicó que, tampoco puede predicarse el desconocimiento de la cuota de género
señalada por los actores para las listas inscritas por el partido Liberal y el Pacto
Histórico para la Cámara de Representantes por el departamento del Putumayo,
toda vez que, de conformidad con el Decreto 231 del 17 de febrero de 2022, el
número de curules a proveer para Cámara de Representantes en el departamento
del Putumayo son dos (2) y para este asunto, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, el porcentaje del 30% de cuota de género
no se aplica, puesto que la norma establece una excepción cuando se eligen dos
miembros. Así mismo, las listas estuvieron conformadas por tres personas por
cada agrupación política.
5.4. Corporación para el Desarrollo de la Democracia y la Participación
Sostuvo la parte coadyuvante de la demanda 2022-00038-00 que es inconcebible
la postura de la parte demandada, cuando manifiestan que el artículo 28 de la Ley
1475 de 2022 permite desconocer la cuota de género y “ tener vía libre para que las
mujeres en el departamento del putumayo no puedan ser elegidas en aquellas
circunscripciones electorales de menos de tres curules, como ocurre en la circunscripción
electoral para la cámara de representantes del departamento del putumayo” (sic a toda
la cita).
6. Concepto del Ministerio Público.
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en los
siguientes términos:
Indicó respecto al cargo de la cuota de género que, tanto la coalición Pacto
Histórico como el Partido Liberal Colombiano, en tratándose de elegir 2 curules en
el departamento del Putumayo, se sujetaron a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011: “(…) Las listas
donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se
sometan a consulta - exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30%
de uno de los géneros”. En efecto, al elegirse solo 2 curules en el departamento del
Putumayo, las colectividades políticas referenciadas estaban habilitadas por la ley
para presentar listas sin la composición de los dos géneros en proporción 70-30,
pues el legislador dispuso que solo resulta imperativa en las circunscripciones en
las que se elijan 5 o más curules en las corporaciones de elección popular.
Sostuvo que el problema jurídico que debe resolverse, conforme con la fijación del
litigio, en lo que atañe al desconocimiento del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política, necesariamente conduce a determinar el tipo de elecciones
que se deben tener en cuenta para establecer el valor porcentual del 15% al que
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se refiere el artículo 262 constitucional para la conformación de coaliciones. Para
ello -afirmó- es imperativo realizar un análisis de la proposición normativa desde
los “métodos de interpretación constitucional en Colombia”; esto es, el criterio
histórico y original, los modelos sistemático y exegético -desde la proposición
jurídica-, y, el teleológico o finalista.
Señaló que, si bien el criterio histórico como herramienta hermenéutica resulta
limitado por la fragmentación de lo expuesto en los textos que dan fe de la
secuencia de los debates del Acto Legislativo 02 de 2015; también es claro que
permite establecer algunos elementos sobre la construcción de la disposición
constitucional objeto de análisis.
Agregó que, uno de los criterios de mayor fortaleza interpretativa que aparece en
el contexto de aprobación del inciso en controversia, tuvo lugar en el segundo
debate cuya permanencia estuvo hasta la quinta discusión, de los ocho que
debían surtirse; esto es, que “[l]os Partidos y Movimientos Políticos con personería
jurídica que sumados hayan obtenido una votación de no menos del quince por ciento
(15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas. Si obtienen los votos a Senado o
Cámara de Representantes previstos en el artículo 108 ambos mantendrán sus
personerías, pero la votación se dividirá en partes iguales a efectos de determinar la
financiación estatal de su funcionamiento, el anticipo de financiación de campañas
electorales y el acceso a espacios en medios de comunicación”.
Destacó que lo anterior se puede colegir que, el legislador en su calidad de
constituyente pretendió que las votaciones que condicionaran la conformación de
coaliciones fueran las de Congreso de la República. Esto es lo pertinente y
particular, tanto para las circunscripciones de la Cámara de Representantes como
de la circunscripción nacional, propio del Senado de la República. No en vano, en
su momento relacionó las votaciones con el mantenimiento y adquisición de
personería jurídica de los partidos y movimientos políticos en los términos del
artículo 108 constitucional.
Argumentó que, de acuerdo con el criterio exegético y sistemático, se tiene que el
inciso 5º del artículo 262 de la Carta Política consagra dos aspectos distintos e
independientes en materia de coaliciones, por cuanto, por un lado, le impone al
legislador el deber de regular asuntos propios del funcionamiento de esas figuras
y, por el otro, de manera autónoma consagra el derecho a presentar lista de
candidatos conjunta para corporaciones públicas bajo condiciones específicas,
siendo ellas: (i) que se trate de partidos y movimientos políticos con personería
jurídica al momento de las elecciones, (ii) que sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos, (iii) que esos
votos se hayan obtenido en la respectiva circunscripción en la que van a presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, (iv) que las
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votaciones para tener en cuenta el 15% se hayan presentado para elegir
miembros de corporaciones públicas, no así, las provenientes de cargos
uninominales.
Precisó que, conforme con el criterio finalista, la propuesta de coalición se generó
bajo el argumento que la medida aplicaría únicamente a movimientos y partidos
políticos pequeños, con el propósito de permitirles aunar esfuerzos para lograr
superar el umbral requerido y, así, acceder como mínimo a una curul en su
respectiva circunscripción. Lo que se interpreta bajo la idea de robustecer el
principio de soberanía popular y, por ende, ampliar y profundizar el abanico
democrático mediante la representación del mayor número de sectores de la
sociedad.
Mencionó que, por lo anterior, no se puede interpretar que la votación exigida de
hasta el 15% para conformación de coaliciones de las votaciones anteriores,
recaiga sobre lo decidido en la contienda presidencial, por cuanto los sufragios
que surgen de allí no se compadecen con las minorías políticas en el marco de un
régimen presidencialista. En digresión, aquellas se ven reflejadas en el Congreso
de la República.
Sustentó que mientras el Acto Legislativo 02 de 2015 en relación con el artículo
262, inciso 5 constitucional, tuvo como propósito la protección de las minorías
políticas con la conformación de coaliciones y la garantía de la personería jurídica
a partir de los votos obtenidos en las votaciones para Senado y Cámara de
Representantes; la valoración de la concesión de personería jurídica de la
segunda votación en las presidenciales partió de la base cierta de generar
derechos, tales como la oposición política y la garantía para las personas
derrotadas de estar representadas. Esto, en un escenario de representación en el
Congreso de las ideas políticas que, aunque derrotadas, recibieron un apoyo
significativo de ciudadanos en ejercicio de su derecho a la participación política.
Apuntó que, en el marco de una interpretación original, sistemática, exegética y
finalista, se advierte que la referida norma constitucional, en cuanto a las
condiciones específicas, se refiere al desarrollo de las elecciones para ocupar
corporaciones públicas, por lo que el 15% del que trata esa disposición se tuvo
que haber obtenido en las elecciones previas para elegir a miembros de los
colectivos deliberantes en relación con la circunscripción a la que se aspira con la
respectiva coalición; esto es, Senado de la República y Cámara de
Representantes, más no, en las votaciones a cargos uninominales.
Concluyó que la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos y movimientos
que conformaron la coalición Pacto Histórico y que participaron en las elecciones
para la Cámara de Representantes, año 2018, no sobrepasaron el 15% de los
votos válidos de esa circunscripción, cumpliendo a cabalidad con el requisito
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cuantitativo exigido en el inciso 5 del artículo 262 constitucional para hacer
coaliciones.
En suma, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
7. Auto que no avoca conocimiento – Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo
Mediante providencia del 18 de octubre de 2022, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado resolvió no avocar el conocimiento del
asunto para dictar sentencia, de cara a la solicitud que, en ese sentido,
presentaron los demandantes del expediente 2022-00065.
En consecuencia, surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó
con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y, por lo tanto,
sin que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta
del Consejo de Estado a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda
de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación2.
1
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:
(…) 3. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, del presidente y
vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al
Parlamento Andino, de los gobernadores, del alcalde mayor de Bogotá (…).
2
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el acto de elección
de los señores Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés Cancimance López, como
representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo, por el Partido
Liberal y la coalición Pacto Histórico, respectivamente, contenida en el Formulario
E-26 CAM del 20 de marzo de 2022.
3. Problema Jurídico
La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo con la
fijación del litigio, por un lado, si el acto de elección se encuentra viciado de
nulidad por haber desconocido el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, relativo a la
cuota de género que deben cumplir las listas de candidatos que aspiran a
corporaciones públicas. De otro lado, deberá determinarse si el señor Jorge
Andrés Cancimance López se inscribió para la circunscripción del Putumayo para
la Cámara de Representantes, por una lista de coalición denominada “Pacto
Histórico”, sin que aquella reuniera los requisitos legales y constitucionales.
Ello en consideración a que, según lo afirman los demandantes, el movimiento
político Colombia Humana, que hace parte de dicha coalición, superaba el
porcentaje fijado por el artículo 262 de la Constitución Política para hacer parte de
aquella por “…haber sido reconocido como un partido político con más de 8 millones de
votos (partido mayoritario)”. Además, según lo afirmaron los actores, para la
inscripción del Pacto Histórico se sumaron cero (0) votos del partido “Colombia
Humana”, lo que refirió como “producto de un engaño, lo que impide que candidatos
que sí cumplían con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”.
De modo que, de hallarse probada la infracción alegada deberá establecerse si
aquella tiene la virtualidad de invalidar los sufragios computados a favor de los
candidatos del Partido Liberal y del Pacto Histórico para la elección de
representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo.
3. La cuota de género en las listas de candidatos para Corporaciones
Públicas
El artículo 262 constitucional, en su primer inciso, determina que los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar
en procesos de elección popular, deben inscribir candidatos y listas únicas, cuyo
número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la
respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las
cuales podrán estar integradas hasta por 3 candidatos.
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Con la modificación constitucional del artículo 107, efectuada mediante el artículo
1 del Acto Legislativo No. 01 de 2009, se estableció que “los partidos y movimientos
políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la
transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y
divulgar sus programas políticos”. Bajo esa óptica y con el propósito de desarrollar
los parámetros constitucionales, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 consagró
una obligación clara para los partidos, movimientos políticos y los grupos
significativos de ciudadanos, consistente en que en la integración de sus listas a
corporaciones públicas se debería respetar un porcentaje mínimo del 30% de
participación de cualquiera de los géneros, de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. “Los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección
popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus
candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o
incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos
democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más
curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los
géneros”.
Ahora bien, esta Sección ha precisado que la cuota de género es un concepto que
tiene como finalidad equiparar la representación de los hombres y las mujeres en
las corporaciones públicas de elección popular, con el propósito de materializar el
“cumplimiento de mandatos de carácter internacional contenidos en: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-” lo que se traduce en una acción afirmativa
que persigue la participación política de la mujer3.
En ese orden, se ha precisado por la jurisprudencia constitucional y de esta Sala
de Decisión, que las acciones afirmativas tendientes a garantizar la equidad de
género, no vulneran la autonomía que gozan los partidos, movimientos políticos o
grupos significativos de ciudadanos, de ceñirse a los límites que les imponga el
legislador, sino que buscan garantizar la participación igualitaria de ambos
géneros en la conformación del poder público, en especial, al femenino que
históricamente ha sido menoscabado, en cuanto al ejercicio y conformación del
poder.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 4 de marzo de
2021, Rad: 76001-23-33-000-2019-01076-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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4. El artículo 262, inciso quinto, de la Constitución Política – reiteración
jurisprudencial
Con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, el constituyente
derivado incorporó al artículo 262 superior una regla relativa a la conformación de
listas en coalición para la elección de corporaciones públicas de elección popular,
en los siguientes términos:
“La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición
para corporaciones públicas”.
En relación con la disposición transcrita, esta Sección ha indicado que, a
diferencia de lo ocurrido con el primer enunciado del inciso citado, que requiere de
un desarrollo legislativo para su concreción y aplicación, el aparte resaltado
“consagra y regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a presentar listas de
candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones, dispuestas
de manera específica por el Constituyente derivado”4. De igual forma, en el mismo
pronunciamiento se hizo referencia a los elementos que de allí derivan, en los
siguientes términos:
1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción5.
De modo que, solo los partidos y movimientos que cuenten con personería jurídica
podrán formar coaliciones para presentar listas para la elección de corporaciones
públicas, siempre que la sumatoria de los votos que estos hayan obtenido no
exceda el 15% del total de votos válidos emitidos en la circunscripción para la que
se presentará la lista en cuestión.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de
diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00. Reiterada en: Sentencia del 23 de
octubre de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2019-00013-00 y en sentencia del 27 de octubre de 2021.
Rad. 76001-23-33-000-2020-00002-02.
5
Ibídem.
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Así, se excluye de la posibilidad de presentar listas en las condiciones antes
señaladas a los grupos significativos de ciudadanos, a los partidos y movimientos
políticos que carecen de personería jurídica y a aquellos que, contando con ella,
reúnan en conjunto una cantidad de votos que supere el porcentaje antes
mencionado.
Para el cálculo de dicha proporción, la norma establece que esta debe
corresponder a la votación obtenida en «la respectiva circunscripción», sin que se
indique expresamente qué resultados electorales han de tomarse en
consideración para dicho cómputo.
Sobre el particular, esta Sala de decisión, en reciente pronunciamiento sobre el
particular6, precisó que, es claro que la restricción prevista en la norma tiene por
objetivo evitar que las fuerzas políticas que cuentan con amplia participación en
una determinada corporación pública puedan unirse para la siguiente elección de
la misma naturaleza con el fin de aumentar su representación en ella, en
desmedro de las organizaciones que cuentan con un menor número de
integrantes en tales cuerpos colegiados.
En efecto, la Sala consideró sobre el particular:
“130. Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la Sala es claro que
la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262 superior, modificado por el
Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las fuerzas políticas que
cuentan con amplia participación en una determinada corporación pública puedan
unirse para la siguiente elección de la misma naturaleza, con el fin de aumentar su
representación en ella, en desmedro de las organizaciones que cuentan con un
menor número de integrantes o que carecen de representantes en tales cuerpos
colegiados. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen
estas últimas colectividades de conservar o alcanzar curules en dichos escenarios
democráticos.
131. Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se tomen en
consideración los resultados obtenidos por un determinado partido o movimiento
en una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en
coalición, incluso si se ha presentado en la misma circunscripción.
132. Una interpretación contraria podría llevar a escenarios ajenos al propósito
de la norma. Por ejemplo, podría derivar en que los votos obtenidos por una
organización política para la elección de una asamblea departamental o para el
Concejo Distrital de Bogotá impidieran que esta cuente con la posibilidad de
suscribir un acuerdo de coalición para la siguiente elección de Cámara de
Representantes en la correspondiente circunscripción.
133. De tal modo, aquellas fuerzas políticas regionales que tienen un respaldo
electoral favorable en sus lugares de origen, pero que no cuentan con
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de
noviembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
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participación democrática en el Congreso de la República, podrían verse limitadas
en su derecho a coaligarse con otras colectividades como mecanismo para
obtener una o más curules en una elección de Cámara de Representantes.”7.
5. Del reconocimiento de personería jurídica al movimiento
Colombia Humana
Los ciudadanos Gustavo Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza presentaron
una acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, en la que alegaron
que dicha entidad habría vulnerado el derecho fundamental a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder público de quienes votaron por la
fórmula presentada por el movimiento Colombia Humana para la elección de los
cargos de presidente y vicepresidenta de la República, que tuvo lugar en el año
2018, como consecuencia de su decisión de negar el reconocimiento de
personería jurídica a dicho movimiento.
Lo anterior, toda vez que el referido movimiento formó parte de la coalición “Petro
presidente”8, que recibió la segunda votación en dicho certamen electoral, cuyos
candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República adquirieron el
derecho a ocupar una curul en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes, respectivamente, de conformidad con lo señalado en el artículo
24 de la Ley 1909 de 2018.
Entre otras cosas, los accionantes en dicho proceso adujeron que resultaba
contrario negar el reconocimiento de personería jurídica al movimiento político que
avaló la candidatura de quienes ocuparon el segundo lugar en una elección
presidencial, aun cuando el ordenamiento les reconoce el derecho a ocupar una
curul en cada cámara integrante del Congreso de la República y a declararse en
oposición, siendo la personería jurídica un presupuesto para el ejercicio de los
derechos derivados de tal declaratoria.
La Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante sentencia SU-316 de 2021
reconoció la existencia de “una situación de indefinición para los candidatos que hagan
parte de una agrupación política, quienes de haber participado en las elecciones a la
Presidencia de la República bajo la modalidad de un grupo significativo de ciudadanos sin
personería jurídica, puedan acceder no sólo a la garantía prevista en el artículo 24 de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018, sino al conjunto de las garantías y derechos consagrados
en el artículo 112 superior y en dicha Ley Estatutaria”, por lo que “en ausencia de una
regla explícita de reconocimiento de personería jurídica, deberá emplearse como criterio
de interpretación aquel que realice de mejor manera el principio democrático, ya sea
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 17 de
noviembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00037-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
8
Integrada también por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.
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exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un
nuevo ámbito”.
En ese orden, la Corte indicó que, en asuntos como el estudiado en dicha
oportunidad, la regla a aplicar debería ser aquella que armonice lo dispuesto en
los artículos 108 y 112 superiores y “que garantice los fines de un Estado
democrático participativo y pluralista”. Así, en relación con el caso concreto se
señaló lo siguiente:
“… [E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin personería
jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado
consideró como significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en
las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de
los candidatos de la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse
en oposición.
En el caso concreto, a partir de los hechos probados, el senador Petro Urrego -
segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó,
naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones de
votos, superando el umbral; aceptó su curul y ha manifestado -como quedó
probado en el acervo probatorio- su posición de oposición al Gobierno nacional. En
este punto, y con relación a la superación del umbral por un apoyo significativo,
cabe precisar brevemente que resulta en exceso especulativo e incierto afirmar
que parte de los votos recibidos por el senador Petro Urrego pudieron deberse a
un contrapeso a la campaña contraria, como lo afirma la entidad accionada.
(…)
En el presente caso no se cumple con la finalidad prevista en el artículo 112 de la
Constitución si se asignan curules en el Congreso de la República en virtud de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018, y su beneficiario, abiertamente en oposición al
Gobierno electo y con un respaldo de más de 8 millones de colombianos no puede
ejercer el derecho fundamental a la oposición política. En este sentido, la Corte
interpreta los artículos 108 y 112 de la Constitución, de forma tal que, en la
práctica, se garanticen las prerrogativas inherentes al derecho fundamental a la
oposición a quien naturalmente corresponde ejercerlo. Sobre el particular, no
puede pasarse por alto que según los ponentes de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, el Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el artículo 112 de la Constitución
“con el claro propósito de estimular el ejercicio de la oposición que de forma
natural corresponde a quien ha perdido la elección”
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional decidió “TUTELAR el
derecho fundamental a la oposición política en los términos del artículo 112 de la
Constitución del movimiento político Colombia Humana, así como del senador Gustavo
Francisco Petro Urrego en su calidad de titular de la curul a la que se refiere esta
disposición»; dejar sin efectos la decisión del Consejo Nacional Electoral mediante la cual
negó el reconocimiento de personería jurídica a ese movimiento9 «y en su lugar
9
Resolución nro. 3231 de 2018.
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ORDENAR a dicha autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político
Colombia Humana…”.
6. Caso concreto
Como viene de explicarse, la parte actora pretende que se declare la nulidad de la
elección de los representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo por
dos cargos a saber: i) desconocimiento del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 por
no observar la cuota de género en la inscripción de las listas de candidatos a la
referida circunscripción, tanto por el Partido Liberal como por la coalición del Pacto
Histórico y ii) al considerar que la coalición del Pacto Histórico por la que fue
inscrito el señor Cancimance López y resultó electo, no cumplía con los requisitos
previstos en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política. Ello con
fundamento en que, el movimiento Colombia Humana obtuvo personería jurídica
con sustento en la votación obtenida en las elecciones presidenciales de 2018, las
cuales superan ampliamente el 15% que prevé la norma constitucional, como
límite para la coalición de los partidos políticos que lo desbordan.
6.1. De la cuota de género que debían observar las listas del Partido
Liberal y el Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por
el departamento del Putumayo
Como se expuso líneas atrás, las listas constituidas por las organizaciones
políticas que aspiran a corporaciones públicas se deben conformar por mínimo un
30% de uno de los géneros, con el propósito de promover el respeto por la
diversidad y de garantizar la participación de los ciudadanos en la vida política del
país - hombres y/o mujeres-.
Asimismo, los partidos, movimientos políticos y grupos de ciudadanos
significativos deben conformar e inscribir listas con una cuota mínima de
participación femenina del 30%, siempre y cuando se deban elegir 5 o más curules
y no se sobrepase el aspecto cuantitativo fijado en el artículo 262 constitucional –
máximo de curules a distribuir dentro de la correspondiente circunscripción-,
conforme lo prevé el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
Sobre el particular, esta Sala de decisión ha precisado que de la referida norma es
claro que el legislador al incluir el mínimo de 30% del género femenino, se refirió a
este porcentaje en relación con la conformación de las listas de candidatos y, de
ninguna manera, se observa que haya considerado que el referido valor debería
calcularse respecto del número de curules a proveer.
Así mismo dicho porcentaje, tiene aplicación cuando se deban elegir 5 o más
curules, teniendo en cuenta la limitación que de acuerdo con el contenido del
artículo 262 de la Constitución Política, dispone que la lista no puede sobrepasar
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la cantidad de los escaños a proveer, a menos que se trate de una situación en la
que se deban proveer como máximo 2, caso en el cual, las colectividades podrán
inscribir hasta 3 aspirantes.
Ello es así, por cuanto el mencionado artículo 262 constitucional estableció que
“los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan
participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo
número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva
circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar
integradas hasta por tres (3) candidatos”, lo que significa que las colectividades,
tienen la facultad de inscribir un número menor de candidatos, sin embargo, se
deberá respetar el tope máximo que corresponde al número de curules a proveer.
En ese sentido, debe concluirse que la lista de candidatos a corporaciones
públicas que inscriban las agrupaciones políticas puede estar conformada por un
número inferior a las curules a proveer, pero no mayor a ésta, salvo cuando se
deban elegir máximo dos escaños.
Adicionalmente, la Sección frente a casos similares10 ha considerado que entender
que el 30% de la cuota de género se determina con relación al número de curules
a proveer, podría en algunos eventos llegar a menoscabar la inclusión masculina y
desatender la participación y conformación igualitaria del poder público.
En consecuencia, i) le corresponde a los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos, previa inscripción de sus candidatos, verificar que
éstos cumplan a cabalidad las calidades y requisitos exigidos y, la ausencia de
inhabilidades o incompatibilidades y; ii) tratándose de listas donde se elijan cinco o
más curules para corporaciones de elección popular es obligatorio que se
conformen por el 30% de uno de los géneros.
En este asunto, los demandantes en el proceso 2022-00038-00 consideran que la
coalición Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano desconocieron los
parámetros de participación igualitaria de la mujer en la votación popular para
elegir a los representantes de la Cámara por el departamento del Putumayo, al no
incluir en las listas a una mujer.
En el expediente está probado con los formularios E-6 CT del 13 de diciembre de
2021 que, tanto la coalición Pacto Histórico como el Partido Liberal Colombiano,
inscribieron las siguientes listas para elegir a los Representantes de la Cámara por
el departamento del Putumayo, período 2022-2026.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 4 de marzo de
2021, Rad: 76001-23-33-000-2019-01076-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
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Rad: 11001032800020220003800 acumulado
Pacto Histórico:
• Jorge Andrés Cancimance López
• Euler Ismael Guerrero Acosta
• José Ricardo Solarte Ojeda
Partido Liberal:
• Carlos Adolfo Ardila Espinosa
• Jhon Ever Calderón Valencia
• Reinaldo Velásquez Ramírez
No obstante lo anterior, aun cuando no se incluyó ninguna mujer en las referidas
listas, lo cierto es que, para la circunscripción del Putumayo, las curules a proveer
corresponden a 2, según se advierte del Formulario E-26 CAM del 20 de marzo de
2022.
En ese orden de ideas, se tiene que la coalición Pacto Histórico y el Partido Liberal
Colombiano, aspiraban a 2 curules en el departamento del Putumayo. Razón por
la cual, no desconocieron la cuota de género alegada ni tampoco desconocieron el
principio de la igualdad, pues, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475
de 2011: “(…) Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección
popular o las que se sometan a consulta - exceptuando su resultado- deberán
conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros” (negrilla fuera de texto).
De modo que, como en este asunto la circunscripción de Putumayo obedece solo
a 2 curules, las colectividades políticas cuestionadas estaban habilitadas por la ley
para presentar listas sin la composición de los dos géneros en la proporción
mínima de 30% por mujeres, pues el legislador dispuso que solo resulta imperativa
en las circunscripciones en las que se elijan 5 o más curules en las corporaciones
de elección popular.
Ahora bien, los demandantes en el proceso 2022-00038-00 alegaron que esa
interpretación y aplicación exegética de la norma, no puede conllevar a que se
desconozca la participación femenina en circunscripciones como la de Putumayo,
en las que se eligen menos de cinco (5) curules.
Sobre el punto, la Sala considera que, en efecto, el juez debe garantizar los
principios y valores constitucionales que se promueven desde el ordenamiento
jurídico, como resulta ser el principio a la igualdad de género. Con todo, la
regulación específica en este asunto contiene reglas claras y precisas sobre los
eventos en que se exige de manera obligatoria la cuota del 30% de uno de los
géneros en las listas que se inscriben a corporaciones públicas.
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
Rad: 11001032800020220003800 acumulado
Además, la Corte Constitucional11 al estudiar la exequibilidad del artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011, precisó que el establecimiento de una cuota del 30% de
participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan cinco o más
curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13,
40 y 43 de la C.P. Igualmente, advirtió que el establecimiento de una cuota de
participación en la conformación de determinadas listas, garantiza el principio
democrático y la equidad de género, como ejes rectores de la organización de los
partidos y movimientos políticos.
En consecuencia, el máximo órgano constitucional señaló, de conformidad con la
referida norma, que los partidos y movimientos políticos deben procurar encarnar
una representatividad basada en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
desplegar acciones encaminadas a remover barreras que obstruyan la
participación igualitaria y equitativa de unos y otras. En suma, declaró exequible la
regla allí contenida, sin que encontrara reparo alguno frente a la determinación
legislativa de exigir el 30% de participación femenina solo en las listas en las que
se pretende proveer 5 o más curules.
Luego, la Sala considera que, aun cuando se procura la participación femenina en
escenarios democráticos como las corporaciones públicas, la configuración del
legislador tuvo en cuenta varios principios para establecer la regla que ahora se
discute, tales como: la igualdad de género, la autodeterminación y el ejercicio de
los derechos políticos.
En ese orden de ideas, comoquiera que la norma que ahora se debate fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, sin que se advirtiera una
desproporción o indebida configuración de la regla de género establecida, no
encuentra la Sección argumentos suficientes para inaplicar dicha disposición,
como lo sugieren los demandantes.
En consecuencia, el cargo no debe prosperar.
6.2. Del desconocimiento del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política – reiteración jurisprudencial
Como viene de explicarse, la parte actora en el proceso 2022-00065-00 pretende
que se declare la nulidad de la elección del señor Jorge Andrés Cancimance
López, representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, al
considerar que la coalición del Pacto Histórico por la que fue inscrito y resultó
electo, no cumplía con los requisitos previstos por el artículo 262 de la
Constitución Política. Ello con fundamento en que el movimiento Colombia
11
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011.
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Rad: 11001032800020220003800 acumulado
Humana obtuvo personería jurídica por orden de la Corte Constitucional, con
sustento en la votación obtenida en las elecciones presidenciales de 2018, las
cuales, según lo afirmó, superan ampliamente el 15% de los votos válidos que
prevé la norma constitucional como límite para la coalición de los partidos políticos
que lo desbordan.
De acuerdo con lo expuesto líneas atrás, es claro que los resultados obtenidos por
el movimiento Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección del
presidente y vicepresidente de Colombia no pueden ni deben tenerse en cuenta
para efectos de determinar el 15% que prevé el artículo 262 de la Constitución
Política. Lo anterior, por cuanto carecería de sentido pretender que se tomen en
consideración los votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en
una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en
coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad, precisamente para
alcanzar la representación política y democrática en aquellas corporaciones
públicas en las que los partidos políticos minoritarios no tienen una participación
significativa.
Nótese que el Acto Legislativo 02 de 2015 en relación con el artículo 262, inciso 5
constitucional, tuvo como propósito la protección de las minorías políticas con la
conformación de coaliciones y la garantía de la personería jurídica, a partir de los
votos obtenidos, para ocupar curules en corporaciones públicas.
Luego, los únicos resultados relevantes para establecer si el movimiento Colombia
Humana podía o no formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la
elección de Cámara de Representantes en la circunscripción del Putumayo
(periodo 2022-2026), fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento en el mismo
certamen electoral celebrado en el año 2018. Todas las demás elecciones
desarrolladas y, más aún, aquellas que tienen lugar en la circunscripción nacional
para un cargo uninominal, como ocurre con la de presidente y vicepresidente de la
República, no deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15% señalado en el
artículo 262 superior, en tanto que, se insiste, aquel aplica para garantizar las
coaliciones de listas de aspirantes que buscan obtener participación representativa
en las corporaciones públicas.
De otro lado, la Sala precisa que la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional tampoco contiene una previsión que desconozca el análisis
propuesto anteriormente. En efecto, en dicha providencia se dispuso el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Colombia Humana, en
consideración al derecho personal que les asistía a los candidatos que ocuparon
el segundo lugar en votaciones a la presidencia y vicepresidencia de la República
en el año 2018, de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de
Representantes, respectivamente, en ejercicio de su derecho de oposición del
gobierno entrante.
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
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Rad: 11001032800020220003800 acumulado
Tal circunstancia condujo al máximo órgano constitucional a realizar una
interpretación de la Constitución Política que le permitiese a aquellas
organizaciones con derecho a ocupar las curules a que se refiere el artículo 24 de
la Ley Estatutaria 1909 de 2018, contar con el atributo de la personería jurídica,
sobre el cual nada dispuso dicha ley, para facilitar el ejercicio de la totalidad de los
derechos conferidos a las organizaciones políticas declaradas en oposición. En
efecto, en esa oportunidad la Corte precisó:
“[Q]ue (i) el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado consideró como
significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en las elecciones
de Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de los
candidatos de la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse en
oposición 12
Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta, de forma exclusiva,
el apoyo electoral con que contó su fórmula en la elección presidencial y
vicepresidencial en segunda vuelta celebrada en el año 2018, sino también la
decisión de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían derecho, en
aplicación del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, y a que, una vez posesionados
en ellas, se declararan en oposición al gobierno presidido por la fórmula que
resultó ganadora en dicha votación.
De manera que, contrario a lo que señala la parte actora en su demanda, no es
posible derivar ni inferirse del pronunciamiento del máximo órgano constitucional,
ninguna regla o pauta sobre la forma en que debe interpretarse el inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución. Tampoco puede entenderse que la necesidad de
implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido para el
reconocimiento de personería jurídica en casos como el estudiado en esa
oportunidad, tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se estudia, pues se trata
de reglas constitucionales diferentes.
Con esa claridad, se tiene que la coalición de Pacto Histórico que se reprocha en
este asunto, para presentar candidatos a la Cámara de Representantes por la
circunscripción del Putumayo 2022-2026, se encontraba conformada por los
partidos políticos Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia
-ADA-, Unión Patriótica -UP-, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, el
Partido Comunista Colombiano - PCC- y el Movimiento Político Colombia Humana
-CH.
En ese orden de ideas, para efectos de verificar si se observó o no el inciso 5 del
artículo 262 de la Constitución Política, es claro que se debe verificar a cuánto
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-316 de 2021.
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Demandantes: Jorge Eliécer Coral Rivas y otros
Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
Rad: 11001032800020220003800 acumulado
ascendió la votación válida para el Putumayo en el año 2018, para la Cámara de
Representantes en esa anualidad.
En efecto, el formulario E-6CT advierte que el movimiento Colombia Humana
obtuvo cero (0) votos, en la Cámara de Representantes, Circunscripción del
Putumayo, para las elecciones de dicha corporación pública en el periodo 2018-
2022.
De manera que, el total de votos que se reportaron y que sumó la coalición para
las elecciones de la Cámara de Representantes que se llevaron a cabo el 11 de
marzo de 2018, correspondieron a 2.535.
Sin embargo, para efectos de constatar la votación en comento, solo se aportó
copia del documento E-26 PRE de 2018 que contiene la votación para presidente
de la República en segunda vuelta en el departamento de Putumayo, sobre el cual
es claro que se trata de un documento que no trae evidencia de los resultados de
las elecciones que se llevaron a cabo para la Cámara de Representantes para el
año 2018 en la circunscripción del Putumayo. Además, se refiere a los
movimientos Centro Democrático y Coalición Petro Presidente, esta última
conformada por varios movimientos y partidos, de lo cual se desprende una
imposibilidad práctica para determinar de la coalición de “Petro Presidente" cuáles
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Demandados: representantes a la Cámara por el departamento del Putumayo
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votos se computan a favor del movimiento Colombia Humana, lo que en todo caso
resultaría irrelevante conforme a la tesis que aquí se ha reiterado.
En consecuencia, no se encuentra probado que los votos obtenidos por los
partidos y movimientos que conformaron la coalición Pacto Histórico y que
participaron en las elecciones para la Cámara de Representantes, año 2018,
hubiesen superado el 15% de los votos válidos de la circunscripción del
Putumayo.
Así las cosas, toda vez que no se acreditó la vulneración del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política, se impone negar las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
Salva parcialmente el voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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