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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06414-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06414-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por los señores José Manuel Abuchaibe Escolar, Jorge Eliecer Coral Rivas y Reinaldo Velásquez www.consejodeestado.gov.co 22 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06414-00 Ac c i o n a n t e : J o s é M a n u e l Ab u c h a i b e E s c o l a r y o t r o s Ramírez en contra del Consejo de Estado – Sección Quinta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-06414-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06414-00
Accionante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al acceso a la administración de
justicia, debido proceso y reconocimiento de la
personalidad jurídica / medio de control de nulidad
electoral / defecto sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución / reconocimiento de la
personería jurídica de partidos y movimientos
políticos / cuota de género en corporaciones públicas

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
José Manuel Abuchaibe Escolar, quien actúa en nombre propio y como
apoderado de los señores Jorge Eliecer Coral Rivas y Reinaldo
Velásquez Ramírez, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 24 de
noviembre de 2022 proferida dentro del medio de control de nulidad

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electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00038-00,
acumulado 11001-03-28-000-2022-00065-00.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, debido proceso y reconocimiento de la
personalidad jurídica, se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad electoral en
contra de los señores Carlos Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés
Cancimance López, elegidos como representantes a la Cámara por el
departamento de Putumayo para el período 2022–2026, por la
Coalición Pacto Histórico y por el Partido Liberal Colombiano,
respectivamente.

El proceso correspondió al Consejo de Estado – Sección Quinta que, a
través de sentencia de 24 de noviembre de 2022, negó las pretensiones
de la demanda, porque no se acreditó una vulneración del inciso quinto
del artículo 262 de la Constitución Política.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que con la decisión proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta se incurrió en un defecto
sustantivo y una violación directa de la Constitución por la
indebida aplicación del artículo 108 de la carta política, el cual fue usado
por la Corte Constitucional para otorgar la personería jurídica a
Colombia Humana contabilizando los votos en las presidenciales como

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si fuera las elecciones del Congreso, lo que considera que es una
interpretación expansiva en la que analiza que se superó el umbral para
efectos de obtener el reconocimiento de la personería jurídica, es decir,
el 3 % de los votos emitidos válidamente.

De igual modo, indicó que existe un desconocimiento del precedente1
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, en
la cual se destacó que el reconocimiento de la personería jurídica de un
partido o movimiento político no depende de las elecciones directas
para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en virtud del
artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018
son elecciones indirectas, es decir, las que se dan en la elección
presidencial.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«1. Se nos conceda la Tutela al suscrito y a mis poderdantes sobre nuestros derechos
al debido proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o
cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que ustedes
consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada, dentro de las
actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a las consideraciones
fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 24 de noviembre de 2022 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la cual se negaron las pretensiones de
la demanda presentada contra la elección de los señores ADOLFO ARDILA
ESPINOSA y JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ, como representantes
a la Cámara por el departamento de Putumayo para el Periodo 2022-2026.

1
Si bien en los fundamentos de la acción esta causal específica de procedibilidad se enunció como un defecto
fáctico, a partir de su sustentación es posible establecer que se trata de un desconocimiento del precedente.

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3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la Constitución y la
Ley y respetuosa de los derechos fundamentales de los accionantes.

4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto de 5 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Sección Quinta del Consejo de Estado como accionada y a los señores
Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Jorge Andrés Cancimance López, Juan
Carlos Gutiérrez, Fernando Vargas Mendoza y a los demás
intervinientes en el medio de control de nulidad electoral con radicado
núm. 11001-03-28-000-2022-00038-00, como terceros interesados en
las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Consejo Nacional Electoral, a través de la profesional
universitaria adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa
Judicial, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

4.2. El Consejo de Estado – Sección Quinta, por conducto del
consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, sostuvo que resulta evidente
que lo pretendido por los demandantes es reabrir el debate jurídico que
ya fue zanjado por la sala electoral y con el cual no se encuentran de
acuerdo.

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Insistió en que debe recordarse que la acción de tutela no se erige como
una instancia adicional ni puede constituirse en un mecanismo para
refutar la argumentación del juez natural de la causa cuando la decisión
no se comparte por alguna de las partes, puesto que no es cierto que
se haya dejado de analizar la sentencia SU-316 de 2021, mediante la
cual se le reconoció personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana, ni tampoco se observa una interpretación arbitraria del
artículo 262 de la Constitución Política, en punto de los requisitos que
deben cumplir las coaliciones que aspiran inscribir candidatos a
corporaciones públicas.

Precisó que los únicos resultados relevantes para establecer si el
movimiento Colombia Humana podía o no formar parte de la coalición
del Pacto Histórico para la elección de Cámara de Representantes en la
circunscripción del Putumayo (periodo 2022-2026), fueron aquellos
obtenidos por dicho movimiento en el mismo certamen electoral
celebrado en el año 2018.

Todas las demás elecciones desarrolladas y, más aún, aquellas que
tienen lugar en la circunscripción nacional para un cargo uninominal,
como ocurre con la de presidente y vicepresidente de la República, no
deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15% señalado en el
artículo 262 superior, en tanto que, se insiste, aquel aplica para
garantizar las coaliciones de listas de aspirantes que buscan obtener
participación representativa en las corporaciones públicas.

Asimismo, señaló que no es posible derivar ni inferirse del
pronunciamiento del máximo órgano constitucional, ninguna regla o
pauta sobre la forma en que debe interpretarse el inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución. Tampoco puede entenderse que la
necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el

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umbral exigido para el reconocimiento de personería jurídica en casos
como el estudiado en esa oportunidad, tenga un impacto sobre el
aspecto que aquí se analiza, pues se trata de reglas constitucionales
diferentes.

4.3. Los señores Reinaldo Velásquez Ramírez y Jorge Eliécer
Coral Rivas, mediante apoderado, solicitaron que se tutelen los
derechos fundamentales frente a los cuales se pide el amparo de tutela,
toda vez que consideran que la sentencia de 24 de noviembre de 2022
vulnera los artículos 29 y 107 de la Constitución Política y desconocen
que los partidos y movimientos políticos se deben organizar
democráticamente y tener entre sus principios rectores el de equidad
de género.

4.4. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o

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vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Quinta, con la expedición de la
sentencia de 24 de noviembre de 2022 que resolvió el medio de
control de nulidad electoral radicado núm. 11001-03-28-000-
2022-00038-00 acumulado 11001-03-28-000-2022-00065-00,
incurrió en un defecto sustantivo, un desconocimiento del
precedente y una violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso y
reconocimiento de la personalidad jurídica de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo, iv) el
desconocimiento del precedente, v) la violación directa de la
Constitución y vi) el caso concreto.

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3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

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3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se dictó el 24 de noviembre de 2022 y la acción de tutela
se presentó el 1° de diciembre de 2022.

3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo, un
desconocimiento del precedente y una violación directa de la
Constitución en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales5, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación

4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»6.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»7.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente8.

3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de

6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma9. En ese sentido, el
precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho11.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”13.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades

9
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
11
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales14, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial15.

3.4. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»16.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

14
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
15
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.

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«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»17.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por los
señores José Manuel Abuchaibe Escolar, Jorge Eliecer Coral Rivas y
Reinaldo Velásquez Ramírez en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, debido proceso y
reconocimiento de la personalidad jurídica, con ocasión de la
providencia del 24 de noviembre de 2022 proferida dentro del medio
de control de nulidad electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-
2022-00038-00, acumulado 11001-03-28-000-2022-00065-00.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

17
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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4.1. La parte accionante cuestiona los argumentos que fundamentaron
la sentencia acusada porque sostiene que se omitió pronunciarse sobre
el énfasis que hizo la Corte Constitucional «cuando expone el
surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no
depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las
curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de
la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son ELECCIONES INDIRECTAS AL
CONGRESO, las que se dan en la elección presidencial».

Al respecto, se encuentra que la Sección Quinta fijó el litigio de acuerdo
con el objetivo de determinar si: i) existió un desconocimiento del
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en lo relativo a la cuota de género
que deben cumplir las listas de candidatos que aspiran a corporaciones
públicas; ii) el señor Jorge Andrés Cancimance López se inscribió para
la circunscripción del Putumayo para la Cámara de Representantes, por
una lista de coalición del Pacto Histórico sin que aquella reuniera los
requisitos legales y constitucionales; y iii) el movimiento político
Colombia Humana, que hace parte de dicha coalición, superaba el
porcentaje fijado por el artículo 262 de la Constitución Política para
hacer parte de aquella por «haber sido reconocido como un partido
político con más de 8 millones de votos (partido mayoritario)».

Frente a ello, los fundamentos de la decisión de 24 de noviembre de
2022 se circunscribieron a resolver lo planteado en la demanda
contentiva del medio de control de nulidad electoral, a saber:

i. Para lo referente a la cuota de género en las listas de candidatos para
corporaciones públicas se indicó que el artículo 107 de la Constitución
Política fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009 y fue
desarrollado por el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, consagrándose
una obligación clara para los partidos, movimientos políticos y los

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grupos significativos de ciudadanos, consistente en que en la
integración de sus listas a corporaciones públicas se debería respetar
un porcentaje mínimo del 30% de participación de cualquiera de los
géneros.

Sobre ello también se señaló que la jurisprudencia de la Sección Quinta
como sala electoral ha establecido que la cuota de género es un
concepto que tiene como finalidad equiparar la representación de los
hombres y las mujeres en las corporaciones públicas de elección
popular, con el propósito de materializar el «cumplimiento de mandatos
de carácter internacional contenidos en: el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do
Pará-» lo que se traduce en una acción afirmativa que persigue la
participación política de la mujer.

ii. De igual modo, en cuanto a la conformación de listas en coalición
para la elección de corporaciones públicas de elección popular, en la
providencia bajo estudio se planteó que frente al artículo 262 de la carta
política se fijó una regla en el Acto Legislativo 02 de 2015, según el
cual:

«La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición
para corporaciones públicas».

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Según esto, sólo los partidos y movimientos que cuenten con
personería jurídica podrán formar coaliciones para presentar listas para
la elección de corporaciones públicas, siempre que la sumatoria de los
votos que estos hayan obtenido no exceda el 15% del total de votos
válidos emitidos en la circunscripción para la que se presentará la lista
en cuestión, excluyéndose la posibilidad de presentar listas en las
condiciones antes señaladas a los grupos significativos de ciudadanos,
a los partidos y movimientos políticos que carecen de personería
jurídica y a aquellos que, contando con ella, reúnan en conjunto una
cantidad de votos que supere el porcentaje antes mencionado.

iii. Finalmente, en lo relacionado con el reconocimiento de la personería
jurídica del movimiento Colombia Humana, se expuso que la Corte
Constitucional, en sede de revisión, mediante sentencia SU-316 de
2021 reconoció la existencia de una situación de indefinición para los
candidatos que hicieran parte de una agrupación política, quienes de
haber participado en las elecciones a la Presidencia de la República bajo
la modalidad de un grupo significativo de ciudadanos sin personería
jurídica, podrían acceder no sólo a la garantía prevista en el artículo 24
de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, sino al conjunto de las garantías y
derechos consagrados en el artículo 112 superior y en dicha Ley
Estatutaria.

En ese orden de ideas, la Corte indicó que:

«[E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin personería
jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado
consideró como significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente
en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno

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de los candidatos de la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse
en oposición.

En el caso concreto, a partir de los hechos probados, el senador Petro Urrego -
segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó,
naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones
de votos, superando el umbral; aceptó su curul y ha manifestado -como quedó
probado en el acervo probatorio- su posición de oposición al Gobierno nacional.
En este punto, y con relación a la superación del umbral por un apoyo significativo,
cabe precisar brevemente que resulta en exceso especulativo e incierto afirmar que
parte de los votos recibidos por el senador Petro Urrego pudieron deberse a un
contrapeso a la campaña contraria, como lo afirma la entidad accionada.

[…]

En el presente caso no se cumple con la finalidad prevista en el artículo 112 de la
Constitución si se asignan curules en el Congreso de la República en virtud de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018, y su beneficiario, abiertamente en oposición al
Gobierno electo y con un respaldo de más de 8 millones de colombianos no puede
ejercer el derecho fundamental a la oposición política. En este sentido, la Corte
interpreta los artículos 108 y 112 de la Constitución, de forma tal que, en la
práctica, se garanticen las prerrogativas inherentes al derecho fundamental a la
oposición a quien naturalmente corresponde ejercerlo. Sobre el particular, no
puede pasarse por alto que según los ponentes de la Ley Estatutaria 1909 de 2018,
el Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el artículo 112 de la Constitución “con el
claro propósito de estimular el ejercicio de la oposición que de forma natural
corresponde a quien ha perdido la elección”».

4.2. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, en cuanto a los
parámetros de participación igualitaria en la votación popular para
elegir a los representantes de la Cámara por el departamento del
Putumayo al no incluir en las listas a una mujer, de conformidad con
las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que aun cuando no
se incluyó ninguna mujer, lo cierto es que, para esa circunscripción las
curules a proveer corresponden a 2, según se advierte del Formulario
E-26 CAM del 20 de marzo de 2022.

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En ese sentido, no se desconoció la cuota de género alegada ni tampoco
el principio de la igualdad, pues, según lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 1475 de 2011: «[…] Las listas donde se elijan 5 o más curules
para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta
• exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30%
de uno de los géneros».

Al respecto, la Sección Quinta sostuvo:

«[…] el juez debe garantizar los principios y valores constitucionales que se
promueven desde el ordenamiento jurídico, como resulta ser el principio a la
igualdad de género. Con todo, la regulación específica en este asunto contiene
reglas claras y precisas sobre los eventos en que se exige de manera obligatoria la
cuota del 30% de uno de los géneros en las listas que se inscriben a corporaciones
públicas.

Además, la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011, precisó que el establecimiento de una cuota del 30% de
participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan cinco o más
curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13,
40 y 43 de la C.P. Igualmente, advirtió que el establecimiento de una cuota de
participación en la conformación de determinadas listas, garantiza el principio
democrático y la equidad de género, como ejes rectores de la organización de los
partidos y movimientos políticos».

Así las cosas, la corporación accionada considero que si bien los
partidos y movimientos políticos deben procurar encarnar una
representatividad basada en la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y desplegar acciones encaminadas a remover barreras que
obstruyan la participación igualitaria y equitativa de unos y otras, la
regla legislativa de exigir el 30% de participación femenina solo en las
listas en las que se pretende proveer 5 o más curules sigue siendo
exequible y no puede entenderse que la elección en la circunscripción
del Putumayo se dio de forma indebida.

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Por otro lado, en cuanto al desconocimiento que se alega frente al
artículo 262 de la Constitución Política, la Sección Quinta encontró claro
que los resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en
los comicios del 2018 para la elección del presidente y vicepresidente
de Colombia no pueden ni deben tenerse en cuenta para efectos de
determinar el 15% que prevé la norma citada. Ello, por cuanto carecería
de sentido pretender que se tomen en consideración los votos
obtenidos por un determinado partido o movimiento en una elección
diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en
coalición.

Frente a esto, expuso:

«Nótese que el Acto Legislativo 02 de 2015 en relación con el artículo 262, inciso
5 constitucional, tuvo como propósito la protección de las minorías políticas con
la conformación de coaliciones y la garantía de la personería jurídica, a partir de
los votos obtenidos, para ocupar curules en corporaciones públicas.

Luego, los únicos resultados relevantes para establecer si el movimiento Colombia
Humana podía o no formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la
elección de Cámara de Representantes en la circunscripción del Putumayo
(periodo 2022-2026), fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento en el
mismo certamen electoral celebrado en el año 2018. Todas las demás elecciones
desarrolladas y, más aún, aquellas que tienen lugar en la circunscripción nacional
para un cargo uninominal, como ocurre con la de presidente y vicepresidente de la
República, no deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15% señalado en el
artículo 262 superior, en tanto que, se insiste, aquel aplica para garantizar las
coaliciones de listas de aspirantes que buscan obtener participación representativa
en las corporaciones públicas».

Así, concluyó que la norma constitucional prevé dicha posibilidad,
precisamente para alcanzar la representación política y democrática en
aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos
minoritarios no tienen una participación significativa, por lo que la
sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional tampoco contiene

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una previsión que desconozca el análisis propuesto anteriormente, pues
en ella se dispuso el reconocimiento de la personería jurídica del
movimiento Colombia Humana, en consideración al derecho personal
que les asistía a los candidatos que ocuparon el segundo lugar en
votaciones a la presidencia y vicepresidencia de la República en el año
2018, de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de
Representantes, respectivamente, en ejercicio de su derecho de
oposición del gobierno entrante.

Sobre dicho planteamiento, en la sentencia acusada se analizó que:

«Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta, de forma exclusiva,
el apoyo electoral con que contó su fórmula en la elección presidencial y
vicepresidencial en segunda vuelta celebrada en el año 2018, sino también la
decisión de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían derecho, en
aplicación del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, y a que, una vez posesionados
en ellas, se declararan en oposición al gobierno presidido por la fórmula que resultó
ganadora en dicha votación.

De manera que, contrario a lo que señala la parte actora en su demanda, no es
posible derivar ni inferirse del pronunciamiento del máximo órgano constitucional,
ninguna regla o pauta sobre la forma en que debe interpretarse el inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución. Tampoco puede entenderse que la necesidad de
implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido para el
reconocimiento de personería jurídica en casos como el estudiado en esa
oportunidad, tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se estudia, pues se trata
de reglas constitucionales diferentes».

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar
las solicitudes de la demandante no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación

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normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda.

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Quinta.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por los señores José Manuel Abuchaibe
Escolar, Jorge Eliecer Coral Rivas y Reinaldo Velásquez

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Ramírez en contra del Consejo de Estado – Sección
Quinta, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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