Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06543-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06543-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06543-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
14 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Accionante: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de Tutela (sentencia de segunda instancia)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Falta de carga
argumentativa y tercera instancia.
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la impugnación instaurada por el señor
Jorge E. Coral Rivas contra la sentencia de 21 de abril de 2023, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró
improcedente el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 7 de diciembre de 2022, el señor Jorge E. Coral instauró una demanda de tutela
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por razones de
género, supuestamente vulnerados, al hacer una interpretación aislada y
autoritaria de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
La única pretensión del tutelante es que se declare que la autoridad judicial
accionada vulneró directamente la Constitución Política y el bloque de
constitucionalidad. Por ello, aunque no está dicho de manera explícita, de lo
1
Que ingresó para fallo el 14 de junio de 2023.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
anterior debe deducirse que aspira a que se deje sin efectos la sentencia de única
instancia del 10 de noviembre de 2022, dictada por la autoridad judicial accionada.
2. Hechos relevantes
El 18 de abril de 2022, Jorge Eliécer Coral Rivas, excandidato a la Cámara de
Representantes del Partido Conservador por el Putumayo para el período
2022-2026, demandó la nulidad electoral de Adolfo Ardila Espinosa y Jorge
Andrés Cancimance López, pertenecientes al Partido Liberal y a la coalición Pacto
Histórico, respectivamente, entre otras razones, porque ambas organizaciones
políticas habrían incumplido la cuota de paridad de género en sus listas de
candidatos, según lo ordenado por la Ley 1475 de 2011 y la Constitución Política.
La controversia fue conocida, en única instancia, por la Sección Quinta de esta
Corporación2, que negó las pretensiones de nulidad electoral, mediante el fallo del
10 de noviembre de 2022, dado que, no obstante que las listas para elegir
representantes a la Cámara, presentadas por el Pacto Histórico y el Partido Liberal
carecieron de participación femenina, no se vulneró el artículo 28 de la Ley 1475
de 2011 y tampoco el 262 de la Constitución Política, pues la regla relativa a la
participación paritaria de género mínima solo es exigible cuando el número de
curules por asignar es superior a 5, y para la circunscripción del Putumayo solo
había 2 por asignar, por lo que la elección fue válida.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El argumento estructural del escrito es que la Sección Quinta del Consejo de
Estado interpretó el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, sin tener en cuenta la
Constitución Política y su Bloque de Constitucionalidad, al haber negado las
pretensiones de nulidad electoral contra Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés
Cancimance López, cuyo argumento central fue que sus respectivas
colectividades no tuvieron una participación mínima de paridad de género en sus
listas para Representantes a la Cámara.
2
Proceso con radicado No. 2022-00038-00.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En criterio del demandante, se hace una aplicación restrictiva del contenido de la
norma en cuestión y no se armoniza adecuadamente con lo establecido en el
artículo 262 superior. Como soporte de su argumento, recopiló y transcribió
apartes de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, relativos
a la lucha contra la discriminación contra las mujeres.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante el auto admisorio de 3 de marzo de 20233, la Subsección C de la
Sección Tercera de la Corporación notificó a la parte accionada, y vinculó a Juan
Carlos Gutiérrez Velasco, Reinaldo Velásquez Ramírez, José Manuel Abuchaibe
Escolar, al Consejo Nacional Electoral, a la Corporación para el Desarrollo de la
Democracia y la Participación, y a los Representantes a la Cámara del Putumayo,
Carlos Adolfo Ardila Espinosa y Jorge Andrés Cancimance López, como terceros
interesados.
4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado se opuso a la demanda y manifestó
que carece de relevancia constitucional y refleja, únicamente, la inconformidad con
la decisión tomada. A su vez, advirtió que en la demanda de tutela se reiteraron
los argumentos expuestos en la demanda de nulidad electoral y agregó que este
mecanismo constitucional no puede convertirse en un mecanismo para discutir
asuntos de naturaleza legal, como la interpretación de la Ley 1475 de 2011.
Finalmente, señaló que no se desconocieron derechos fundamentales en el
proceso ordinario.
4.3. El Consejo Nacional Electoral se opuso a la demanda, indicando, entre otras
cosas, que de acuerdo con el Decreto 231 del 2022, proferido por el Ministerio del
Interior, al Departamento del Putumayo le corresponden 2 curules en la Cámara
de Representantes, por lo que la regla establecida sobre participación mínima de
paridad de género prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 no era
aplicable al caso de estudio.
3
Anteriormente, a través del auto del 14 de diciembre de 2022, el proceso fue remitido a la
Subsección A de la Sección Tercera para ser acumulado dentro del proceso de tutela con radicado
2022-06420-00. Sin embargo, la acumulación fue negada a través del auto del 18 de enero de
2023, proferido por la Subsección A, en vista de que las providencias que se cuestionaban eran
diferentes. Por tanto, el conocimiento del caso continuó en la Subsección C de la Sección Tercera.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
4.4. Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Representante a la Cámara del Putumayo,
elegido por el Partido Liberal, se opuso al amparo solicitado por cuanto el
contenido de la demanda de tutela no presenta diferencias significativas frente a la
controversia, también de tutela, ventilada ante la Subsección A de la Sección
Segunda, bajo el radicado 2022-06414-00. A su vez, afirmó que esta controversia,
como la pasada, es improcedente y susceptible de ser considerada temeraria.
4.5. Jorge Andrés Cancimance López, Representante del Putumayo, elegido por el
Pacto Histórico, señaló que la demanda era improcedente y que ya se había
presentado otra acción de tutela contra la decisión de la Sección Quinta con el
ánimo de volver a discutir, en ese proceso, las reglas relativas a la prohibición de
coaliciones de partidos mayoritarios. En el actual, advierte que se busca reabrir la
discusión sobre la cuota de paridad de género establecida en el artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011.
Por otro lado, adujo que la discusión propuesta carece de relevancia
constitucional, al haber sido resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y cuyo único aspecto a resaltar es su interpretación subjetiva. Así
mismo, propuso que el recurso de revisión era procedente y compartió la postura
de su colega del Partido Liberal al sugerir la temeridad de la presente acción.
4.6. La Corporación para el Desarrollo de la Democracia y la Participación no se
pronunció, a pesar de estar debidamente notificada4.
4.7. El Colectivo Somos+, un grupo de mujeres del Putumayo y Carlos Augusto
Quevedo coadyuvaron al demandante. Sin embargo, en vista de que carecen de
legitimación para actuar en este proceso, por no haber participado en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y considerando que no tienen un
interés directo en el asunto bajo estudio, su pronunciamiento no será tenido en
cuenta.
4
Al respecto, puede verse la constancia de la notificación, con fecha del 10 de marzo de 2023,
enviada a: contacto@cidemos.org
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
5. La sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
sentencia del 21 de abril de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado, por
carecer de relevancia constitucional.
En esta oportunidad, sucintamente se indicó que la decisión cuestionada no fue
caprichosa o arbitraria y agregó que el demandante volvió a presentar los mismos
argumentos que ya fueron decididos por el juez natural.
6. La impugnación
El demandante impugnó la decisión e insistió en la existencia de la vulneración al
principio constitucional de igualdad de género, y a los derechos a la igualdad y de
participación democrática. A su vez, señaló que la demanda de tutela no busca
una instancia adicional sino advertir la violación directa de la Constitución Política,
pues aunque reconoce que la decisión fue ajustada a derecho, el efecto que esta
genera frente a los principios y garantías constitucionales resulta contrario al
ordenamiento constitucional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Cuestión previa: el caso 2022-06414
Debe advertirse que la providencia de la Sección Quinta del 24 de noviembre de
20225 fue objeto de otra demanda de tutela, como fue señalado por algunos de los
intervinientes en este proceso.
En aquella oportunidad6, Jorge Eliécer Coral Rivas y Reinaldo Velásquez Ramírez,
por medio de apoderado, cuestionaron la decisión de la Sección Quinta porque
había desconocido el precedente, incurrido en un defecto sustantivo y violado la
Constitución directamente, por haber encontrado que la elección de un miembro
5
Proferida dentro de los casos con radicados 11001-03-28-000-2022-00038-00 acumulado
11001-03-28-000-2022-00065-00.
6
Vinculado al proceso aquí discutido mediante el auto del 3 de marzo de 2023 de la Subsección C
de la Sección Tercera.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
de una coalición de un partido mayoritario (Colombia Humana), no había
desconocido las reglas relativas a los máximos permitidos para la conformación de
coaliciones en el Departamento del Putumayo.
En primera instancia, le correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda
conocer del proceso, que hizo una síntesis de todo el fallo cuestionado y negó las
pretensiones, al indicar que no se interpretó arbitrariamente la regla relativa las
cuotas de paridad de género, a pesar de que este no fue una de las cuestiones
demandadas, circunstancia advertida, posteriormente, en la impugnación.
Por otra parte, frente al objeto de la demanda, la Sección Segunda señaló que
tampoco hubo una aplicación arbitraria de las normas para la conformación de
coaliciones, pues el porcentaje de votos obtenidos por la Colombia Humana en el
Putumayo, superior al 15% de la circunscripción, se dio para las elecciones
presidenciales de 2018 y no para los comicios legislativos, por lo que no se
incumplía la regla establecida en el artículo 262 de la Constitución Política.
En segunda instancia, le correspondió a la Sección Primera de la Corporación,
que modificó la decisión de negar las pretensiones para declarar improcedente la
acción por carecer de relevancia constitucional, al demostrar que los argumentos
expuestos en esa sede son los mismos que se presentaron ante la Sección
Quinta, sin que se advierta que se hizo una aplicación arbitraria o caprichosa de
las normas aplicables. A su vez, señaló que la discusión sigue siendo de
naturaleza eminentemente legal, sin que trascienda a la esfera de lo
constitucionalmente relevante.
Análisis del precedente 2022-06414
La Sala encuentra que, a pesar de que los casos 2022-06414 y 2022-06543
comparten las partes involucradas, el objeto de litigio y el fin de las pretensiones,
no existe cosa juzgada o temeridad, debido a que los argumentos que se
proponen tienen una causa diferente:
En el caso 2022-0614, se discutió si había o no un incumplimiento de los topes
máximos de participación dentro de la circunscripción correspondiente por parte
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
de las organizaciones políticas de los Representantes elegidos, mientras que el
presente caso (2022-06543) plantea que se habría realizado una interpretación
aislada del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, a pesar de existir otras más
razonables y acordes con los artículos 176 y 262 de la Constitución Política y el
Bloque de Constitucionalidad, ello en relación con la participación mínima de
paridad de género en sus listas para Representantes a la Cámara.
Por tanto, no procede declarar la cosa juzgada o la temeridad en esta oportunidad,
a pesar de que ambas demandas fueron interpuestas tan solo con una semana de
diferencia.
Caso concreto
Esta Sala comparte la conclusión a la que llegó la Subsección C de esta Sección
del Consejo de Estado, en cuanto a la improcedencia del amparo solicitado, pues
luego de estudiar la providencia cuestionada, no se advierte que sea una decisión
que viole, objetivamente, el ordenamiento constitucional y además, reproduce el
mismo argumento sobre la participación paritaria de género que fue resuelta de
manera suficiente y razonada por la Sección Quinta en su momento7.
Al leer el fallo de 24 de noviembre de 2022, se evidencia que la cuestión sobre la
participación femenina en las listas para la elección a Cámara de Representantes
por el Departamento del Putumayo, sin perjuicio de los múltiples instrumentos
internacionales invocados, fue atendida razonablemente por la Sección Quinta de
la siguiente manera (transcripción literal, con posibles errores incluidos):
En este asunto, los demandantes en el proceso 2022-00038-00 consideran
que la coalición Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano
desconocieron los parámetros de participación igualitaria de la mujer en la
votación popular para elegir a los representantes de la Cámara por el
departamento del Putumayo, al no incluir en las listas a una mujer…
No obstante lo anterior, aun cuando no se incluyó ninguna mujer en las
referidas listas, lo cierto es que, para la circunscripción del Putumayo, las
curules a proveer corresponden a 2, según se advierte del Formulario E-26
CAM del 20 de marzo de 2022.
7
Sobre este punto, se observa que en la sentencia del 24 de noviembre de 2022 este tema fue
tratado específicamente en las páginas 20 y 21; y 26 a 29.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En ese orden de ideas, se tiene que la coalición Pacto Histórico y el Partido
Liberal Colombiano, aspiraban a 2 curules en el departamento del
Putumayo. Razón por la cual, no desconocieron la cuota de género alegada
ni tampoco desconocieron el principio de la igualdad, pues, según lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011: “(…) Las listas donde se
elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se
sometan a consulta - exceptuando su resultado- deberán conformarse por
mínimo un 30% de uno de los géneros”.
De modo que, como en este asunto la circunscripción de Putumayo obedece
solo a 2 curules, las colectividades políticas cuestionadas estaban
habilitadas por la ley para presentar listas sin la composición de los dos
géneros en la proporción mínima de 30% por mujeres, pues el legislador
dispuso que solo resulta imperativa en las circunscripciones en las que se
elijan 5 o más curules en las corporaciones de elección popular.
Ahora bien, los demandantes en el proceso 2022-00038-00 alegaron que
esa interpretación y aplicación exegética de la norma, no puede conllevar a
que se desconozca la participación femenina en circunscripciones como la
de Putumayo, en las que se eligen menos de cinco (5) curules.
Sobre el punto, la Sala considera que, en efecto, el juez debe garantizar los
principios y valores constitucionales que se promueven desde el
ordenamiento jurídico, como resulta ser el principio a la igualdad de género.
Con todo, la regulación específica en este asunto contiene reglas claras y
precisas sobre los eventos en que se exige de manera obligatoria la cuota
del 30% de uno de los géneros en las listas que se inscriben a
corporaciones públicas.
Además, la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del artículo 28
de la Ley 1475 de 2011, precisó que el establecimiento de una cuota del
30% de participación femenina en la conformación de listas de donde se
elijan cinco o más curules, desarrolla los mandatos constitucionales
contenidos en los artículos 13, 40 y 43 de la C.P. Igualmente, advirtió que el
establecimiento de una cuota de participación en la conformación de
determinadas listas, garantiza el principio democrático y la equidad de
género, como ejes rectores de la organización de los partidos y movimientos
políticos.
En consecuencia, el máximo órgano constitucional señaló, de conformidad
con la referida norma, que los partidos y movimientos políticos deben
procurar encarnar una representatividad basada en la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y desplegar acciones encaminadas a remover barreras
que obstruyan la participación igualitaria y equitativa de unos y otras. En
suma, declaró exequible la regla allí contenida, sin que encontrara reparo
alguno frente a la determinación legislativa de exigir el 30% de participación
femenina solo en las listas en las que se pretende proveer 5 o más curules…
En ese orden de ideas, comoquiera que la norma que ahora se debate fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, sin que se advirtiera una
desproporción o indebida configuración de la regla de género establecida, no
encuentra la Sección argumentos suficientes para inaplicar dicha
disposición, como lo sugieren los demandantes. (cursiva y subraya de la
sala).
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Visto lo anterior, la Sala advierte la semejanza significativa entre el objeto de la
presente demanda, y la causa petendi adelantada en sede nulidad electoral, por lo
que se deduce la intención de buscar una tercera instancia, en vista de la evidente
identidad entre ambas controversias, por lo que esta solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales; y c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos9:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
pues no basta aducir la vulneración de estos derechos; y
ii) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada, dado
que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia ordinaria
que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Así las cosas, por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de
impugnación.
8
Sentencia T–422 de 2018.
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06543-01.
Actor: Jorge Eliécer Coral Rivas.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de abril de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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