Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06414-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06414-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06414-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Expediente núm. 11001-03-15-000-2022-06414-01
ACCIÓN DE TUTELA
ACTORES: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS.
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD. NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE
AMPARO GUARDAN IDENTIDAD CON LOS EXPUESTOS DENTRO DEL
TRÁMITE DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, DESACUERDOS QUE FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 26 de enero de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó la presente solicitud de amparo constitucional.
1
En adelante la Sección Segunda
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Número único de radicación: 11001-03-15-000--2022-06414-01
Actores: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, quien actúa en
nombre propio y como apoderado de los señores JORGE ELIECER
CORAL RIVAS y REINALDO VELÁSQUEZ RAMÍREZ, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 2, al haber
proferido la providencia de 24 de noviembre de 2022, dentro del
medio de control de nulidad electoral identificado con el número
único de radicación 11001-03-28-000-2022-00038-00,
acumulado al 11001-03-28-000-2022-00065-00.
I.2 Hechos
Manifestaron que el 13 de marzo de 2022, tuvieron lugar en los
distintos departamentos del país las elecciones populares para
2 En adelante la Sección Quinta
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elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes para el
período constitucional 2022-2026.
Señalaron que la Comisión Escrutadora Departamental de
Putumayo declaró electos a los señores CARLOS ADOLFO
ARDILA ESPINOSA, por el partido Liberal Colombiano y JORGE
ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ quien fue inscrito por la coalición
Pacto Histórico, que es un acuerdo de coalición programática y
política entre los partidos y movimientos políticos: Polo
Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia-ADA-
Movimiento Político Colombia Humana, el Movimiento Alternativo
Indígena y Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UP- y el Partido
Comunista Colombiano -PCC-.
Afirmaron que, inconformes con lo anterior, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en
contra de los señores ARDILA ESPINOSA y CANCIMANCE
LÓPEZ, quienes fueron elegidos como representantes a la Cámara
por el Departamento de Putumayo para el período 2022–2026.
Sostuvieron que dicho proceso fue identificado con el número
único de radicación 11001-03-28-000-2022-00038-00,
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acumulado al expediente 11001-03-28-000-2022-00065-00 y le
correspondió por reparto a la SECCIÓN QUINTA que, mediante
sentencia de 24 de noviembre de 2022, denegó las pretensiones
de la demanda al encontrar que no se acreditó la vulneración del
inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución
Política por la indebida aplicación del artículo 108 de la misma, el
cual fue usado por la Corte Constitucional para otorgar la
personería jurídica a Colombia Humana y, además, incluyéndolo
en la coalición, contabilizando el 3% de los votos de las elecciones
Presidenciales del período 2018-2022, lo cual constituye una
interpretación expansiva del principio democrático, conforme al
cual se superó el umbral para efectos de obtener el reconocimiento
de la personería jurídica, sin haber participado en las elecciones
del Congreso.
Igualmente, afirmaron que la sentencia cuestionada desconoció el
artículo 262 de la Constitución Política, respecto a los requisitos
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que deben cumplir las coaliciones que aspiran inscribir candidatos
a corporaciones públicas.
Sostuvieron que la providencia controvertida incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, en la cual
se destacó que el reconocimiento de la personería jurídica de un
partido o movimiento político no depende de las elecciones
directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en
virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, es decir, las
que se dan en la elección presidencial.
I.4. Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados ut supra y, en consecuencia:
“[…] «1. Se nos conceda la Tutela al suscrito y a mis
poderdantes sobre nuestros derechos al debido proceso (art. 29
CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1
CP), igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de
los hechos planteados que ustedes consideren resulten
vulnerados o infringidos por la entidad accionada, dentro de las
actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a
las consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido
expresar.
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2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 24 de noviembre de 2022
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada
contra la elección de los señores ADOLFO ARDILA ESPINOSA y
JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ, como representantes a la
Cámara por el departamento de Putumayo para el Periodo 2022-
2026.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que proceda a dictar una nueva
providencia, ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de
los derechos fundamentales de los accionantes.
4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que
se consideren necesarias […]”.
I.5. Defensa
I.5.1. La Sección Quinta sostuvo que resulta evidente que lo
pretendido por los demandantes es reabrir el debate jurídico que
ya fue zanjado dentro del proceso electoral y con el cual están en
desacuerdo.
Insistió en que debe recordarse que la acción de tutela no se erige
como una instancia adicional ni puede constituirse en un
mecanismo para refutar la argumentación del juez natural de la
causa cuando la decisión no se comparte por alguna de las partes,
puesto que no es cierto que se haya dejado de analizar la
sentencia SU-316 de 2021, mediante la cual se le reconoció
personería jurídica al movimiento político Colombia Humana, ni
tampoco se observa una interpretación arbitraria del artículo 262
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de la Constitución Política, en atención a los requisitos que deben
cumplir las coaliciones que aspiran inscribir candidatos a
corporaciones públicas.
Precisó que los únicos resultados relevantes para establecer si el
movimiento Colombia Humana podía o no formar parte de la
coalición del Pacto Histórico para la elección de Cámara de
Representantes en la circunscripción del Putumayo (período 2022-
2026), fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento en las
votaciones celebradas en el año 2018.
Afirmó que todas las demás elecciones desarrolladas y, aún más,
aquellas que tienen lugar en la circunscripción nacional para un
cargo uninominal, como ocurre con la de presidente y
vicepresidente de la República, no deben ser tomadas en cuenta
para calcular el 15% señalado en el artículo 262 superior, toda vez
que aquel aplica para garantizar las coaliciones de listas de
aspirantes que buscan obtener participación representativa en las
corporaciones públicas.
Asimismo, señaló que no es posible inferir del pronunciamiento del
máximo órgano constitucional, ninguna regla o pauta sobre la
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forma en que debe interpretarse el inciso quinto del artículo 262
de la Constitución y tampoco puede entenderse que la necesidad
de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral
exigido para el reconocimiento de personería jurídica, como en el
caso de marras, tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se
analiza, pues se trata de reglas constitucionales diferentes.
I.6. Intervinientes
I.6.1. El señor JORGE ANDRÉS CANCIMANCE LÓPEZ sostuvo
que los actores insisten en que la Sección Quinta del Consejo de
Estado vulneró sus derechos fundamentales al salir vencidos en el
proceso de nulidad electoral por ellos incoado, ya que en el mismo
no se acogió sus tesis sobre la violación de los topes máximos
permitidos para coaliciones, esto es, el 15%, ni la vulneración de
la ley de cuotas en las listas presentadas para las elecciones de
2018 por la circunscripción de Putumayo.
Manifestó que en los supuestos fácticos y jurídicos relacionados
por los accionantes en la presente solicitud de amparo
constitucional se reitera la misma argumentación presentada en
la demanda de nulidad electoral identificada con el número de
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radicado 11001-03-28-000-2022-00065-00, acumulada al
proceso 11001-03-28-000-2022-00038-00, ello con el objetivo de
reabrir el debate de fondo ya resuelto por el juez natural de la
causa.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 26 de enero de 2023, la SECCIÓN
SEGUNDA denegó la solicitud de amparo constitucional, bajo el
argumento de que la intervención del juez de tutela se activa
únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente al punto que se torna arbitraria, lo cual no ocurría en
el presente caso, pues tampoco se evidenciaba vulneración alguna
de derechos fundamentales.
Sostuvo que las discusiones adelantadas en el marco del proceso
ordinario no pueden ser revividas a través de la tutela, pues ello
implicaría que la sede constitucional se convierta en una instancia
adicional, que no se encuentra establecida por el ordenamiento
jurídico para estudiar los argumentos del juez natural.
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Señaló que en el presente asunto no se configuró ninguna de las
causales específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las
conclusiones a las que arribaron las autoridades judiciales
accionadas no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se
fundaron en su simple voluntad, sino que, por el contrario, se
basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y
jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del caso,
que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda.
Indicó que en cuanto a los parámetros de participación igualitaria
en la votación popular para elegir a los representantes de la
Cámara por el Departamento del Putumayo al no incluir en las
listas a una mujer, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente se encuentra que aun cuando no se incluyó ninguna
mujer, lo cierto es que para esa circunscripción las curules a
proveer corresponden a 2, según se advierte del Formulario E-26
CAM del 20 de marzo de 2022, por lo que no se desconoció la
cuota de género alegada, ni tampoco el principio de igualdad.
Afirmó que respecto al desconocimiento que se alega de la
Constitución Política, en la providencia cuestionada se sostuvo que
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los resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en
los comicios del 2018, para la elección del Presidente y
Vicepresidente de Colombia, no pueden ni deben tenerse en
cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé la norma,
toda vez que carecería de sentido pretender que se contabilicen
los votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en
una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar
una lista en coalición.
Afirmó que en la sentencia cuestionada se aclaró que el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Colombia
Humana, se dio en consideración al derecho personal que les
asistía a los candidatos que ocuparon el segundo lugar en
votaciones a la presidencia y vicepresidencia de la República en el
año 2018, de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de
Representantes, respectivamente, en ejercicio de su derecho de
oposición del gobierno entrante.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó
revocar la decisión y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.
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Señalaron que no compartían la decisión impugnada, habida
cuenta que en el escrito de tutela nunca se refirieron al aspecto
legal de la cuota de género en las listas de candidatos para
corporaciones públicas, sin embargo, en el fallo impugnado si se
hizo alusión al mismo.
Indicaron que la autoridad judicial accionada se apartó
arbitrariamente de lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU316/21, toda vez que el reconocimiento de
personería no puede depender de las elecciones directas para
Cámara de Representantes y Senado, ya que las curules obtenidas
en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan
en la elección presidencial.
Advirtieron que previamente promovieron una acción de tutela3
con supuestos fácticos similares, que fue de conocimiento de la
Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor
Hernando Sánchez Sánchez, que fue declarada improcedente por
falta de relevancia constitucional, lo cual no ocurría en el presente
caso, toda vez que la presente solicitud “[…] tiene una
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Identificada con el núm. único de radicación 11001-03-15-000-2022-06438- 00
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RELEVANCIA CONSTITUCIONAL indiscutible, ya que se trata de un
FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL que sorprendió al país,
cuando en forma amplia, interpretando la constitución, resuelve
darle personería jurídica al Partido del actual Presidente GUSTAVO
PETRO. Muchos pensaron que la Corte LEGISLÓ o PREVARICÓ
[…]”.
Afirmaron encontrarse en un desconcierto jurídico, toda vez que
actualmente la Sección Quinta tiene posturas diferentes que
confunden respecto a la aplicación del artículo 262 de la Carta
Política, toda vez que el partido político Colombia Humana, con
personería jurídica, al momento de celebrar una coalición con
otros partidos, no tenía votos computables al realizar la inscripción
de la coalición que se denominó Pacto Histórico.
Sostuvieron que la autoridad judicial accionada desconoció lo
previsto en el artículo 108 de la Carta Política, por cuanto la
personería que obtuvo Colombia Humana fue sobre el 3 % de los
votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República, sin haber participado en las
elecciones del Congreso, por lo que los votos a tener en cuenta
debían ser los obtenidos en las elecciones en las que participó y
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de la cual se deriva su personería jurídica, que le permite ser parte
de la coalición denominada Pacto Histórico.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando
se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el
juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones . En consecuencia, el juez de tutela
[4]
debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales
de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
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acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
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para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
Caso concreto
En el caso bajo examen, los actores solicitaron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron
vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al haber proferido la
providencia de 24 de noviembre de 2022, dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00038-00,
acumulado con el expediente 11001-03-28-000-2022-00065-00.
Los disensos de los actores radican en que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y violación directa
de la Constitución por la indebida aplicación del artículo 108 de la
Carta Política, el cual fue usado por la Corte Constitucional para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana contabilizando
los votos en las presidenciales como si se tratara de las elecciones
del Congreso.
Igualmente, sostuvieron que la providencia controvertida incurrió
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en desconocimiento del precedente jurisprudencial, dictado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, en la cual
se destacó que el reconocimiento de la personería jurídica de un
partido o movimiento político no depende de las elecciones
directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en
virtud del artículo 112 superior son elecciones indirectas, es decir,
las que se dan en la elección presidencial.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por
la SECCIÓN QUINTA que denegó el amparo solicitado, en razón
a que la intervención del juez de tutela se activa únicamente en
los casos específicos en que se evidencia una argumentación
defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente al punto que
se torna arbitraria, lo cual no ocurría en el presente caso, pues
tampoco se evidenciaba vulneración alguna de derechos
fundamentales.
La impugnación de los actores está estructurada sobre una
reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su
posición jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos, pues desconoció el precedente
jurisprudencial dictado por la Corte Constitucional en la sentencia
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SU316 de 2021 y los artículos 108 y 262 de la Carta Política,
conforme a los cuales el reconocimiento de personería no puede
depender de las elecciones directas para Cámara de
Representantes y Senado.
En ese orden de ideas, la Sala conviene en mencionar que
circunscribirá el estudio a los argumentos expuestos en la
impugnación, por lo que debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y
de ser así, establecer si la Sección Quinta vulneró los derechos
fundamentales deprecados e incurrió en los defectos alegados, al
haber proferido la sentencia de 24 de noviembre de 2022,
aludida.
En ese sentido, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, en especial, el requisito de la relevancia
constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,
cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe
discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».
Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de
reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la
solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de
legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el
desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido
proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas
vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de
5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de
los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro,
evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga
argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por
la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [11].
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49
(“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del
numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte
del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
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El segundo elemento supone que el procedimiento de
tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló
lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que
la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que
origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En
otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales
debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es
fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al
intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se
denomina simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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de las garantías esenciales o básicas de cualquier
proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [14]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el
derecho de defensa –que incluye el derecho a la
defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación
de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar
la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias
de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico
de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los
argumentos que invoca el accionante como fundamento de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales son los
mismos que fueron puestos a consideración ante la
Jurisdicción de la Contencioso Administrativo.
Así se desprende de la lectura de los argumentos expuestos en el
concepto de violación del escrito de demanda del proceso ordinario
y su comparación con el escrito de tutela, como se explica a
continuación:
Argumentos del proceso Argumentos del escrito de
ordinario tutela
“[…]CONCEPTO DE SU VIOLACION
“[…]5. Si un partido tiene
[…] personería jurídica para participar
Si un partido tiene personería en las elecciones del 2022 es
jurídica para participar en las porque obtuvo su reconocimiento o
elecciones del 2022 es porque la mantuvo en las elecciones del
obtuvo su reconocimiento o la congreso del 2018. Ahora bien, la
mantuvo en las elecciones del personería jurídica que obtuvo
congreso del 2018. Ahora bien, la COLOMBIA HUMANA por fallo de la
personería jurídica que obtuvo Corte Constitucional es porque
COLOMBIA HUMANA por fallo de la superó el umbral para efectos de
Corte Constitucional es porque obtener el reconocimiento de la
superó el umbral para efectos de personería jurídica de acuerdo al
obtener el reconocimiento de la artículo 108 constitucional, es
personería jurídica de acuerdo al decir, el 3 % de los votos emitidos
artículo 108 constitucional, es decir, válidamente, pero la Corte quiso en
el 3 % de los votos emitidos su decisión que fuera en las
válidamente, pero la Corte quiso en elecciones de Presidente y
su decisión que fuera en las Vicepresidente de la República. En
elecciones de Presidente y concreto tiene una votación
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Vicepresidente de la República. En nacional que puede contabilizarse
concreto tiene una votación nacional para verificar si en coalición
y territorial que puede contabilizarse sobrepasa el quince por ciento
para verificar si en coalición (15%) de los votos válidos de la
sobrepasa el quince por ciento respectiva circunscripción. ¿De
(15%) de los votos válidos de la dónde se entiende que no se
respectiva circunscripción. ¿De contabilizará voto alguno para los
dónde se entiende que no se efectos consagrados en el inciso 5
contabilizará voto alguno para los del artículo 262 de la Constitución?
efectos consagrados en el inciso 5
del artículo 262 de la Constitución? No haberse presentado COLOMBIA
HUMANA a las elecciones del
No haberse presentado COLOMBIA Congreso en el 2018 fue el punto
HUMANA a las elecciones del de discusión de la tutela que
Congreso en el 2018 fue el punto de resolvió en revisión la Corte
discusión de la tutela que resolvió en Constitucional, que asimiló las
revisión la Corte Constitucional, que elecciones presidenciales en la que
asimiló las elecciones presidenciales participó COLOMBIA HUMANA a las
en la que participó COLOMBIA del congreso y así pudo verificar lo
HUMANA a las del congreso y así del 3% para efectos del umbral del
pudo verificar lo del 3% para efectos artículo 108 constitucional y ordenó
del umbral del artículo 108 al CNE otorgarle personería. Eso es
constitucional y ordenó al CNE sencillamente la realidad jurídica de
otorgarle personería. Eso es lo que acontece.
sencillamente la realidad jurídica de
lo que acontece. 6. La votación obtenida por
COLOMBIA HUMANA en el
La votación obtenida por COLOMBIA Departamento de PUTUMAYO fue
HUMANA en el Departamento de de 77.310 de un total de 112.666
PUTUMAYO fue de 77.310 de un total en las presidenciales del 2018. Lo
de 112.912 en las presidenciales del que supera ampliamente el 15%.
2018. Lo que supera ampliamente el Por todos los aspectos analizados
15%. Por todos los aspectos COLOMBIA HUMANA NO PODRÍA
analizados COLOMBIA HUMANA NO CONFORMAR UNA COALICIÓN DE
PODRÍA CONFORMAR UNA MINORIAS. […]”.
COALICIÓN DE MINORIAS […]
Respecto de los argumentos expuestos anteriormente, se advierte
que los mismos fueron contestados por la Sección Quinta, en la
sentencia de 24 de noviembre de 2022, en la cual sostuvo que
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los únicos resultados relevantes para establecer si el movimiento
Colombia Humana podía o no formar parte de la coalición del Pacto
Histórico para la elección de Cámara de Representantes en la
circunscripción del Putumayo (período 2022-2026), fueron
aquellos obtenidos por dicho movimiento en el mismo certamen
electoral celebrado en el año 2018 y que los resultados obtenidos
por dicho movimiento en los comicios del 2018 para la elección del
Presidente y Vicepresidente de Colombia no pueden ni deben
tenerse en cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé
el artículo 262 de la Constitución Política. En efecto, en la
providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada sostuvo:
“[…] 6.2. Del desconocimiento del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política – reiteración
jurisprudencial
Como viene de explicarse, la parte actora en el proceso 2022-
00065-00 pretende que se declare la nulidad de la elección
del señor Jorge Andrés Cancimance López, representante a la
Cámara por el departamento del Putumayo, al considerar que
la coalición del Pacto Histórico por la que fue inscrito y resultó
electo, no cumplía con los requisitos previstos por el artículo
262 de la Constitución Política. Ello con fundamento en que el
movimiento Colombia Humana obtuvo personería jurídica por
orden de la Corte Constitucional, con sustento en la votación
obtenida en las elecciones presidenciales de 2018, las cuales,
según lo afirmó, superan ampliamente el 15% de los votos
válidos que prevé la norma constitucional como límite para la
coalición de los partidos políticos que lo desbordan.
De acuerdo con lo expuesto líneas atrás, es claro que los
resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en
los comicios del 2018 para la elección del presidente y
vicepresidente de Colombia no pueden ni deben tenerse en
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cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé el
artículo 262 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto
carecería de sentido pretender que se tomen en consideración
los votos obtenidos por un determinado partido o movimiento
en una elección diferente a aquella para la cual se busca
presentar una lista en coalición, en tanto que la norma prevé
dicha posibilidad, precisamente para alcanzar la
representación política y democrática en aquellas
corporaciones públicas en las que los partidos políticos
minoritarios no tienen una participación significativa.
[…]
Luego, los únicos resultados relevantes para establecer si el
movimiento Colombia Humana podía o no formar parte de la
coalición del Pacto Histórico para la elección de Cámara de
Representantes en la circunscripción del Putumayo (periodo
2022-2026), fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento
en el mismo certamen electoral celebrado en el año 2018.
Todas las demás elecciones desarrolladas y, más aún,
aquellas que tienen lugar en la circunscripción nacional para
un cargo uninominal, como ocurre con la de presidente y
vicepresidente de la República, no deben ser tomadas en
cuenta para calcular el 15% señalado en el artículo 262
superior, en tanto que, se insiste, aquel aplica para garantizar
las coaliciones de listas de aspirantes que buscan obtener
participación representativa en las corporaciones públicas.
De otro lado, la Sala precisa que la sentencia SU-316 de 2021
de la Corte Constitucional tampoco contiene una previsión que
desconozca el análisis propuesto anteriormente. En efecto, en
dicha providencia se dispuso el reconocimiento de la
personería jurídica del movimiento Colombia Humana, en
consideración al derecho personal que les asistía a los
candidatos que ocuparon el segundo lugar en votaciones a la
presidencia y vicepresidencia de la República en el año 2018,
de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de
Representantes, respectivamente, en ejercicio de su derecho
de oposición del gobierno entrante.
Tal circunstancia condujo al máximo órgano constitucional a
realizar una interpretación de la Constitución Política que le
permitiese a aquellas organizaciones con derecho a ocupar las
curules a que se refiere el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018, contar con el atributo de la personería jurídica,
sobre el cual nada dispuso dicha ley, para facilitar el ejercicio
de la totalidad de los derechos conferidos a las organizaciones
políticas declaradas en oposición. En efecto, en esa
oportunidad la Corte precisó:
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[…]
Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta,
de forma exclusiva, el apoyo electoral con que contó su
fórmula en la elección presidencial y vicepresidencial en
segunda vuelta celebrada en el año 2018, sino también la
decisión de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían
derecho, en aplicación del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018,
y a que, una vez posesionados en ellas, se declararan en
oposición al gobierno presidido por la fórmula que resultó
ganadora en dicha votación.
De manera que, contrario a lo que señala la parte actora en
su demanda, no es posible derivar ni inferirse del
pronunciamiento del máximo órgano constitucional, ninguna
regla o pauta sobre la forma en que debe interpretarse el
inciso quinto del artículo 262 de la Constitución. Tampoco
puede entenderse que la necesidad de implementar un criterio
diferencial en relación con el umbral exigido para el
reconocimiento de personería jurídica en casos como el
estudiado en esa oportunidad, tenga un impacto sobre el
aspecto que aquí se estudia, pues se trata de reglas
constitucionales diferentes.
Con esa claridad, se tiene que la coalición de Pacto Histórico
que se reprocha en este asunto, para presentar candidatos a
la Cámara de Representantes por la circunscripción del
Putumayo 2022-2026, se encontraba conformada por los
partidos políticos Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza
Democrática Amplia -ADA-, Unión Patriótica -UP-, Movimiento
Alternativo Indígena y Social -MAIS-, el Partido Comunista
Colombiano - PCC- y el Movimiento Político Colombia Humana
-CH.
En ese orden de ideas, para efectos de verificar si se observó
o no el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, es
claro que se debe verificar a cuánto ascendió la votación
válida para el Putumayo en el año 2018, para la Cámara de
Representantes en esa anualidad. En efecto, el formulario E-
6CT advierte que el movimiento Colombia Humana obtuvo
cero (0) votos, en la Cámara de Representantes,
Circunscripción del Putumayo, para las elecciones de dicha
corporación pública en el periodo 2018- 2022.
[…]
De manera que, el total de votos que se reportaron y que
sumó la coalición para las elecciones de la Cámara de
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Representantes que se llevaron a cabo el 11 de marzo de
2018, correspondieron a 2.535.
Sin embargo, para efectos de constatar la votación en
comento, solo se aportó copia del documento E-26 PRE de
2018 que contiene la votación para presidente de la República
en segunda vuelta en el departamento de Putumayo, sobre el
cual es claro que se trata de un documento que no trae
evidencia de los resultados de las elecciones que se llevaron
a cabo para la Cámara de Representantes para el año 2018
en la circunscripción del Putumayo. Además, se refiere a los
movimientos Centro Democrático y Coalición Petro
Presidente, esta última conformada por varios movimientos y
partidos, de lo cual se desprende una imposibilidad práctica
para determinar de la coalición de “Petro Presidente" cuáles
votos se computan a favor del movimiento Colombia Humana,
lo que en todo caso resultaría irrelevante conforme a la tesis
que aquí se ha reiterado.
En consecuencia, no se encuentra probado que los votos
obtenidos por los partidos y movimientos que conformaron la
coalición Pacto Histórico y que participaron en las elecciones
para la Cámara de Representantes, año 2018, hubiesen
superado el 15% de los votos válidos de la circunscripción del
Putumayo. Así las cosas, toda vez que no se acreditó la
vulneración del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política, se impone negar las pretensiones de la
demanda […]”.
Conforme con la transcripción en cita se advierte que la SECCIÓN
QUINTA determinó que no es posible inferir del pronunciamiento
de la Corte Constitucional, que los actores alegan desconocido,
esto es, la sentencia SU-316 de 2021, que exista alguna regla o
pauta sobre la forma en que debe interpretarse el inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política.
Aunado a lo anterior, precisó que en dicho pronunciamiento
únicamente se dispuso el reconocimiento de la personería jurídica
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del movimiento Colombia Humana, en consideración al derecho
personal que les asistía a los candidatos que ocuparon el segundo
lugar en votaciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la
República en el año 2018 de aceptar una curul en el Senado y la
Cámara de Representantes, respectivamente, en ejercicio de su
derecho de oposición del gobierno entrante.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada aclaró que los
resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en los
comicios del 2018 para la elección del Presidente y Vicepresidente
de la República no podían tenerse en cuenta para efectos de
determinar el 15% de los votos válidos que prevé el artículo 262
de la Constitución Política, como límite para la coalición de los
partidos políticos que lo desbordan, toda vez que carecería de
sentido pretender que se tomen en consideración los votos
obtenidos por un determinado partido o movimiento en una
elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una
lista en coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad
con el objetivo de alcanzar la representación política y democrática
en aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos
minoritarios no tienen una participación significativa.
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De lo expuesto, se evidencia que los fundamentos que soportan la
acción de tutela son una reiteración de los mismos planteamientos
que fueron resueltos en el curso del proceso de nulidad electoral
promovido por los actores y se dirigen de manera exclusiva a
poner de presente sus tesis sobre la violación de los topes
máximos permitidos para coaliciones en las elecciones del
departamento del Putumayo, en el cual el movimiento Colombia
Humana obtuvo una votación de 77.310 de un total de 112.666
en las elecciones presidenciales del 2018, lo que sobrepasaría
ampliamente el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción que establece la norma constitucional. De modo
que, Colombia Humana no podía conformar una coalición de
minorías como lo era el Pacto Histórico, ni inscribir listas de
candidatos para la Cámara de Representantes en el departamento
del Putumayo.
Sobre el particular, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene
vocación de prosperidad, pues resolver tal argumento sería
realizar un estudio de mera legalidad que ya se surtió dentro del
medio de control de nulidad electoral, pues los actores pretenden
que en sede de tutela se estudien las razones y argumentos que
ventilaron en el trámite que dio lugar a la providencia cuestionada,
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lo que torna la acción de tutela en improcedente, ya que este
mecanismo no está instituido para ser ejercido como una instancia
adicional a las establecidas por el legislador en los procesos
ordinarios.
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa
la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
peticionario. Por el contrario, se destaca que todos sus
argumentos, -que son de mera legalidad-, fueron analizados y
resueltos por la accionada en esa instancia y, en esa medida, solo
se procura su discusión en sede de tutela para buscar la
oportunidad de debatir, en una instancia adicional, la posición de
los accionantes, lo cual resulta improcedente.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha
declarado improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión
litigiosa no resulta ser de verdadera relevancia constitucional,
debido a que se centra en reabrir un debate judicial debidamente
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clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
201815, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia
en el argumento de la falta de competencia del
funcionario que decidió su retiro de la institución,
aspecto que fue precisamente el que revisó la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sede de
revisión, y frente a la cual indicó de manera clara, que
se trataba de un punto nuevo que no había sido
presentado en su momento en el escrito de apelación,
por lo que el recurso extraordinario no estaba diseñado
para convertirse en una tercera instancia. Y se tiene
que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve
la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del
actor, sino la reiteración de planteamientos que, por lo
menos en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez
natural y que no pueden volver a ser analizados ahora en sede
de tutela, pues esta acción constitucional tiene por
objeto la protección inmediata de derechos de rango
fundamental que se encuentren vulnerados, lo cual no
sucede en este caso […]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201716, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que
no se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo
cual genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte
actora es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión
jurídica sobre cuestiones estrictamente legales que ya fueron
discutidas y falladas en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado No. 11001-33-
31-015-2011-00427-00, por parte de los jueces de
dicha causa, con pleno desconocimiento de que el
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala, no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los
actores, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate de
mera legalidad, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse,
so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto,
se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer
la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado, pues en la providencia objeto de censura, se explicaron
las razones por las cuales se concluyó que los votos obtenidos por
los partidos y movimientos que conformaron la coalición Pacto
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Histórico y que participaron en las elecciones para la Cámara de
Representantes, año 2018, hubiesen superado el 15% de los votos
válidos de la circunscripción del Putumayo y, en consecuencia, no
se acreditó la vulneración del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política.
Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de
tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de
los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
Consecuente con lo anterior, se modificará la decisión de primera
instancia que denegó las pretensiones y, en su lugar, se declarará
improcedente el amparo deprecado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de marzo
de 2023.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
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y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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