RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01727-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01727-01

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01727-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Karen Violette Cure Corcione, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01727-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Elección de
representantes a la Cámara del movimiento político “Coalición
Pacto Histórico” por el departamento de Bolívar. Defectos
sustantivo, fáctico y Violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Karen Violette Cure Corcione, en
contra de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Karen Violette Cure Corcione, promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 17 de noviembre de
2022 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad
electoral identificado con el radicado 11001-03-28-000-2022-00037-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Karen Violette Cure Corcione, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, presentó demanda contra el acto de elección de la Cámara de
Representantes Circunscripción Territorial de Bolívar, contenido en el documento
E-26 CAM de fecha 23 de marzo de 2022. En la referida demanda, solicitó la
exclusión de la lista del Pacto Histórico del cómputo general de votos, al considerar
que el acto electoral debía ser anulado porque: (i) el documento de inscripción y
modificación de la lista Pacto Histórico contenía datos falsos o contrarios a la
verdad, razón por la que se configuraba la causal 3 del artículo 275 del CPACA, (ii)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y, (iii) se expidió en forma
irregular.

ii) En el marco del proceso de nulidad electoral, la demandante alegó que el CNE
desconoció las candidaturas inscritas inicial y debidamente aceptadas por los
candidatos designados a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico –
Alianza Verde. Integrada con 6 nombres inscritos y el de la ciudadana Colombia
Villamil, quien aceptó su candidatura dentro del término legal y señaló que la lista
inicialmente presentada no fue objetada de manera alguna por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que, de haber advertido alguna
irregularidad en la integración de la lista, debió rechazarla.

No obstante, afirmó que la autoridad electoral desconoció dichas postulaciones a
través de la Resolución 1132 de 2022, con la que resolvió revocar la lista inicial para
después aceptar su modificación con una lista nueva, aún sin tener en cuenta que
los delegados del registrador del estado civil del departamento de Bolívar
confirmaron que no hubo solicitud de cambio de aquella dentro del plazo
establecido. De igual forma, adujo que pese a la ausencia de la solicitud de
modificación de la lista inicial el CNE autorizó su reestructuración total, por lo que
pasó de ser una lista abierta a una cerrada.

iii) El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante providencia de única instancia
del 17 de noviembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda al considerar
que las actuaciones desplegadas tanto por la Registraduría Nacional del Estado
Civil como por el Consejo Nacional Electoral en el marco del proceso de inscripción,
revocatoria y modificación de la lista presentada por la coalición del Pacto histórico
se ajustaron a derecho, entre otros.

iv) En relación con esa decisión, la demandante alega vulnerados sus derechos
fundamentales, en tanto el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, y violación directa de la Constitución Política.

El primero, al no tener en cuenta que la modificación realizada a la lista inicialmente
inscrita por el Pacto Histórico era contraria a derecho, ya que inicialmente esta era
de voto preferente y luego de la modificación se presentó como una lista cerrada,
con la inclusión de tres nuevas candidatas, dentro de las que se encontraba la actual
representante Dorina Hernández Palomino.

El segundo, al negarse a decretar la prueba testimonial de los delegados
departamentales del registrador nacional del estado civil en el departamento de
Bolívar, a partir de la cual la demandante pretendía demostrar la existencia y el
conocimiento del correo electrónico del 14 de febrero de 2022.

El último, debido a que la autoridad demandada no valoró «[…] la realidad del
documento de fecha 14 de febrero de 2022, enviado a las 5:50 p.m, por los Delegados
Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Bolívar
al CNE, en donde confirmaron QUE NO HUBO UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

LA LISTA […]».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del diecisiete (17) de noviembre de
dos mil veintidós (2022) proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00037-00 por la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada contra la elección de Representantes a
la Cámara por el departamento de Bolívar, periodo 2022-2026.

3. Como consecuencia de lo anterior, una vez suspendidos los efectos en los
términos del artículo anterior, ordenar a la Sección Quinta que, dentro del término
de 30 días siguientes a la notificación de la decisión, profiera una nueva sentencia
que ampare los derechos fundamentales del actor y revoque la sentencia de
unica instancia proferida.

4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo Nacional Electoral1 se opuso a la prosperidad del amparo
constitucional solicitado, en tanto no se presentó vulneración o amenaza de derecho
fundamental alguno por parte de esa corporación, lo cual configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.2.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta2, afirmó que no fue satisfecho el
presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional, pues, la solicitud de
tutela no podía convertirse en una instancia adicional para las decisiones judiciales.

También, señaló que no se advirtió la configuración de algún defecto, en la medida
en que se realizó una valoración probatoria integral de los documentos aportados
en el proceso y encontró que el Consejo Nacional Electoral valoró otros elementos
que le permitieron advertir que, contrario a lo afirmado en el correo electrónico al
cual se refiere la demandante, la modificación en comento se habría solicitado
oportunamente el 13 de febrero de 2022.

1.2.3. Dorina Hernández Palomino3 solicitó que se nieguen las pretensiones
expuestas en el escrito de tutela, al considerar que el debate propuesto no tiene
relevancia ni trascendencia jurídica, pues a partir de este no es posible modificar la
decisión adoptada por la Sección Quinta debido a que (i) la modificación realizada

1 Ver índice 9 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_TUTELA20230172700(.pdf) NroActua 9.
2 Ver índice 10 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_RV_NOTIFICAACTUACI(.zip ) NroActua 10.
3 Ver índice 14 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_CORREO_LORENACARMO(.pdf ) NroActua 14.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

a la lista no obedeció a una solicitud sino a que se ordenó tal corrección para
garantizar la paridad de género que tiene su base constitucional, entre otros, en el
artículo 13 de la C.P; (ii) en la página 22 del “Informe Final Unión Europea Misión
De Observación Electoral. Elecciones legislativas 13 de marzo de 2022”, la entidad
se refirió a la inscripción de candidatos y dejó claro que se contaba con 5 días para
las modificaciones de las listas y en la página 39 señaló que esta obedeció a la
inclusión de las mujeres; (iii) fue el Consejo Nacional Electoral quien ordenó la
corrección de la lista; y (iv) de conformidad con el salvamento de voto proferido por
la Consejera Rocío Araujo Oñate, la falsedad propuesta por la demandante contra
el acto de inscripción de la lista de la coalición del “Pacto Histórico” no estaba
llamada a prosperar, al corresponder a un motivo de anulación que no podía ser
planteado respecto de actos preelectorales, como lo era el registro de candidaturas.

1.2.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil4 pidió que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva y, como consecuencia, se le desvinculara del
trámite de la presente acción de tutela.

Señaló que la protección de los derechos invocados por la parte actora está en
cabeza de la autoridad judicial demandada, esto en atención a que no tiene
competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por el tutelante, porque no
existe conexión entre la situación fáctica que dio origen a la solicitud de amparo
constitucional y las competencias otorgadas a la Registraduría.

1.2.5. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.5

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 23
de mayo de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el
asunto no tiene relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido por el
demandante es reabrir el debate jurídico a una instancia adicional y este ya fue
resuelto por el juez natural que se pronunció sobre cada uno de los reparos que
formuló la parte demandante contra la sentencia apelada.

1.4. Escrito de impugnación7

4 Ver índice 16 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CORREO_LORENACARMO(.pdf ) NroActua 16.
5 Mediante auto del 12 de abril de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a

Silvio José Torres Carrasquilla, Yamil Hernando Arana Padaui, Juliana Aray Franco, Andrés
Guillermo Montes Celedón, Fernando David Niño Mendoza y Dorina Hernández Palomino, en su
condición de representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, periodo 2022-2026; así
como a Jhonatan Ferro Mesa, Emmanuel Gallego Roncancio, Juan Francisco Saldarriaga
Hernández4, Andrés Julián Henao Gómez, Stefany Bedoya Galeano, Marcela Lozano Sánchez.
6 Ver índice 19 de SAMAI.
7 Ver índice 23 de SAMAI.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

Karen Violette Cure Corcione impugnó la sentencia de primera instancia, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial, además de
manifestar que el estudio realizado por el juez de tutela debió tener mayor amplitud.

Posteriormente, la demandante allegó un nuevo escrito a través del cual insiste en
los argumentos de amparo, y anexa el concepto suscrito por la doctora Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los
derechos fundamentales de Karen Violette Cure Corcione con ocasión de la
sentencia del 17 de noviembre de 2022 con la que negó las pretensiones de nulidad
electoral al considerar que el proceso de inscripción, revocatoria y modificación de

12 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico se ajustaron a derecho, al
incurrir, presuntamente, en defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución Política?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Pese a que el demandante argumenta la configuración de los defectos sustantivo,
fáctico y violación directa de la Constitución Polítrica, en el presente asunto, el
estudio se principalmente respecto del primero de los referidos, ya que la
inconformidad planteada se centra en idénticos argumentos.

2.4.2. Defecto fáctico

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,16 tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,17 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente». 18 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».19

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.6. Sobre el caso concreto

Karen Violette Cure Corcione acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
cuanto negó las pretensiones de la demanda electoral al considerar que las

16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

actuaciones desplegadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral en el marco del proceso de inscripción, revocatoria y modificación
de la lista presentada por la coalición del Pacto histórico se ajustaron a derecho,
entre otros argumentos.

Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución Política al no tener en cuenta que la modificación realizada a la lista
inicialmente inscrita por el Pacto Histórico era contraria a derecho, ya que
inicialmente esta era de voto preferente y luego se presentó como una lista cerrada,
con la inclusión de tres nuevas candidatas, entre las que se encontraba la actual
representante Dorina Hernández Palomino.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por Karen Violette Cure
Corcione, se observa que la corporación judicial demandada mediante providencia
del 17 de noviembre de 2022 señaló:

«[…] 5.2. Límites a la modificación de listas presentadas para la elección de
corporaciones públicas

99. Por otra parte, la demandante señala que, con la inscripción de la lista de candidatos
que fue presentada por la coalición del Pacto Histórico, se transgredió el límite temporal
establecido legalmente para la modificación de la lista presentada. En relación con dicho
aspecto, el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, dispone lo que sigue:

ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en
casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes
inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales,
inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán
modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente
votación. (...)

100. Los apartes citados prevén dos circunstancias diferentes, a saber:
La posibilidad de modificar una candidatura, en aquellos eventos en los que un candidato
o uno o más integrantes de la lista presentada se hayan abstenido de aceptar su
postulación o hayan renunciado a ella, caso en el cual dicho cambio deberá producirse
dentro de los cinco días siguientes al último día habilitado para el proceso de inscripción
de candidaturas.

La viabilidad de modificar la candidatura o la lista de candidatos inicialmente presentada,
dentro del mes anterior a la fecha en que se llevará a cabo la elección, en aquellos casos
en los que el cambio deba realizarse por la revocatoria de la inscripción o como
consecuencia de la existencia de una inhabilidad sobreviniente o que no fue advertida
antes de efectuarse esta.

101. En el caso bajo estudio, la modificación de la lista presentada por la coalición del
Pacto Histórico no se produjo como consecuencia de la no aceptación oportuna de la
postulación de Colombia Villamil, sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el
CNE en la Resolución nro. 1132 de 2022, que obedeció a que, dada la ausencia de la
señora Villamil en la lista definitiva, no se cumplía con una integración de, por lo menos,

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

un 30% de candidatas mujeres, que ordena el artículo 28 de la Ley 1475 de 2022.

102. En dicho acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
ley, se dispuso que el nuevo listado de candidatos debería ser presentado por la coalición
del Pacto Histórico, a más tardar el 13 de febrero de 2022.

103. Así las cosas, la presentación de la lista con que se modificó aquella revocada por
el Consejo Nacional Electoral, se produjo de manera oportuna, tal y como se señala en
la Resolución nro. 1456 del 18 de febrero de 2022, emitida por la misma entidad, en la
que se sostuvo que la modificación de la lista de la referida coalición fue presentada el
13 de febrero de 2022, en los siguientes términos:

105. Finalmente, la accionante cuestiona que, al momento de modificarse la lista en
mención, se hubiese admitido la incorporación de tres nuevas candidatas que no
formaban parte del listado inicial y que se hubiese modificado la modalidad de esta,
pasando de ser una lista con voto preferente a una lista cerrada.

106. Al respecto, debe advertirse que el acto mediante el cual se revocó la inscripción
inicial de la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico tenía por objeto,
justamente, la incorporación de una mayor proporción de participantes mujeres, por lo
que, en todo caso, debía modificarse el listado de candidatos que aceptaron inicialmente
la postulación. De otra forma, la nueva lista tendría que ser obligatoriamente idéntica a
aquella presentada originalmente, lo que carecería totalmente de sentido.

107. Así mismo, es pertinente señalar que, conforme lo señalado en los incisos primero
y segundo del artículo 262 de la Constitución Política, la selección de los candidatos que
integrarán las listas presentadas por las organizaciones política corresponde a su libre
juicio, sin más límites que los impuestos por la Constitución y la ley, fuentes que de
ninguna manera han limitado la posibilidad de variar la identidad […]»

Así las cosas, de acuerdo a lo expuesto en el escrito inicial y de impugnación, así
como lo probado en el proceso cuestionado, se evidencia que los argumentos
expuestos por la parte demandante de ninguna manera estructuran la aplicación de
una norma que no correspondía o la indebida interpretación del marco normativo
procedente, por lo que no se presenta la configuración del defecto sustantivo
alegado.

Ahora bien, la inconformidad planteada por la demandante se centra en la
configuración de un defecto fáctico por la valoración errada del material probatorio

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

aportado y el no haber practicado las pruebas solicitadas, sin embargo, tal como se
observa en el aparte citado de la providencia judicial cuestionada, debe precisarse
que no se presentó ninguna omisión arbitraria en tal sentido, pues si bien se señala
que faltó el decreto de la prueba testimonial de dos funcionarios de la Registraduría
Nacional del Estado Civil para dar cuenta «acerca del conocimiento que tenían respecto
al escrito allegado al correo institucional atencionalciudadano@cne.gov.co el 14 de febrero
de 2022 a las 5:50 p.m., con radicado CNE-E-DG-2022-004422», lo cierto es que la
corporación judicial demandada encontró que en el expediente existían elementos
probatorios que daban cuenta sobre el tema y la valoración que del mismo realizó
el Consejo Nacional Electoral para concluir que la modificación realizada a la lista
no obedeció a la no aceptación oportuna de la postulación de una de las candidatas,
sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el CNE para la incorporación de
una mayor proporción de participantes mujeres.

Adicionalmente, se observa que el Consejo de Estado, Sección Quinta, no se apartó
de la verdad procesal acreditada en el expediente, en atención a que la sentencia
valoró la existencia del correo electrónico mencionado por la parte demandante en
concordancia con los demás elementos que comprobaban que la modificación de la
lista presentada por el Pacto Histórico se habría producido de manera oportuna.

Por otra parte, Karen Violette Cure Corcione no menciona la omisión o indebida
valoración de alguna prueba en específico que pudiera variar lo resuelto por el juez
natural y, por el contrario, se observa que se analizó de manera integral las
probanzas aportadas al expediente, cuyo estudio se efectuó en el marco de la
normatividad aplicable al asunto, de tal manera, esta Sala de decisión no observa
una valoración caprichosa o arbitraria por parte de la corporación judicial
demandada.

En vista de lo anterior, es oportuno afirmar que el juez contencioso-administrativo
cuando conoce de una actuación como la que ha sido censurada en el asunto de
referencia, ejerce su función como parte integrante de una de las jurisdicciones
reconocidas en la Constitución Política. De ello, se sigue que la autoridad judicial
que desarrolla una competencia constitucional no puede ser desplazada por el juez
del recurso de amparo, pues uno de los pilares esenciales del Estado Social de
Derecho está constituido por el principio de separación de poderes y la estricta
observancia de las competencias que la constitución y la ley entregan a cada
funcionario.

En el caso fuente del reclamo constitucional la providencia cuestionada está
debidamente fundada, es decir cumple rigurosamente con los estándares de
motivación, en tanto se seleccionaron las fuentes normativas que se consideró
aplicables al caso, se acompañó el análisis de una cuidadosa adecuación de los
hechos y las pretensiones a las instituciones y normas. En suma, las reglas de
derecho aplicables al caso fueron razonadamente elegidas, esto es, la autoridad
judicial demandada dio cuenta detallada del porqué de su decisión.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01727-01
Demandante: Karen Violette Cure Corcione

De acuerdo con todo lo comentado, concluye la Sala que no hay, entonces, falta de
aplicación de los preceptos llamados a orientar la decisión, ni se incurrió en una
interpretación absurda o desmesurada de las disposiciones aplicables.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo y, en su lugar, negar el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Karen Violette Cure Corcione, en la solicitud de tutela
presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con
las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.