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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00157-02

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00157-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia, respecto de la interpretación del inciso quinto del artículo 262 Constitucional y la fórmula adoptada para tal fin, tendrán aplicación conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia, a partir de la ejecutoria de esta sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme con el artículo 243A del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre (2024-2027) Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02 CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00157-021
Demandantes: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros2
Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento
de Sucre para el periodo 2024-2027

Tema: Aplicación del inciso 5.° del artículo 262 de la Constitución
política.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 7.º, literal a)3 del CPACA, así
como con el 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer del asunto, en
segunda instancia, dado que se trata de la apelación interpuesta contra la sentencia
del 11 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se
negaron las pretensiones de nulidad del acto de elección de un diputado de la
Asamblea Departamental.
I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. A través del medio de control de nulidad electoral4, Luis Hernando Ortiz Rosero5,
Yesid Alfredo Chamorro Barboza6, Jaime Ernesto Morales Álvarez7 y José Arroyo

1 Se observa que mediante auto del 22 de octubre de 2024 en el tribunal de primer grado se dispuso

la acumulación de los procesos radicados 70001-23-33-000-2023-00157-00 (principal); 70001-23-
33-000-2024-00009-00(acumulado); 70001-23-33-000-2024-00011-00(acumulado); y 70001-23-33-
000-2024-00014-00(acumulado). Índice 76 Samai del tribunal.
2 Como parte accionante en los procesos acumulados se tienen a Yesid Alfredo Chamorro Barboza;

Jaime Ernesto Morales Álvarez y José Arroyo Arrieta.
3 «Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.

De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección […]
de los diputados de las asambleas departamentales […]».
4 Previsto en el artículo 139 del CPACA.
5 Demandante en el proceso radicados 70001-23-33-000-2023-00157-00 (índice 1 Samai del

tribunal). La demanda se presentó el 21 de noviembre de 2023, y se admitió por Auto del 30 de enero
de 2024, en el que además se negó la medida de suspensión provisional del acto demandado,
confirmado por el Consejo de Estado mediante Auto de 11 de julio de 2024.
6 Demandante en el proceso radicados 70001-23-33-000-2024-00009-00 (índice 1 Samai del

tribunal). La demanda se presentó el 11 de enero de 2024, y se inadmitió por auto del 07 de febrero
de 2024; posteriormente se subsanó y se admitió por auto del 31 de julio de 2024, en el que además
se negó la medida de suspensión provisional del acto demandado.
7 Demandante en el proceso radicados 70001-23-33-000-2024-00014-00 (índice 1 Samai del

tribunal). La demanda se presentó el 11 de enero de 2024, y se inadmitió por Auto del 07 de febrero

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1

Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como
diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

Arrieta8 demandaron el acto que declaró la elección de los diputados del
departamento de Sucre para el periodo constitucional 2024-2027, en relación con la
votación obtenida por la coalición de los partidos Centro Democrático-Colombia
Justa Libres.

2. La parte demandante solicitó declarar la nulidad del acto de elección demandado
y, como consecuencia de lo anterior, se ordenara la exclusión de los votos obtenidos
por esa coalición contenidos en el E-26 ASA, aplicar los sistemas de umbral y cifra
repartidora y declarar la elección de quien corresponda9, en consonancia con el
artículo 288.2 de la Ley 1437 de 2011.

3. Según lo manifestaron, se infringió lo dispuesto en los artículos 107 y 262 incisos
2.° y 5.° de la Constitución Política; la «Ley 130 de 1994; artículo 28 de la Ley 1475
de 2011 y los estatutos del Partido Colombia Justa Libres».

4. En resumen, los accionantes10 señalaron que la coalición Centro Democrático -
Colombia Justa Libres no podía ser inscrita para aspirar a las curules de la
Asamblea Departamental de Sucre en las elecciones territoriales del 2023, toda vez
que, en la elección inmediatamente anterior (2019), la votación obtenida en
conjunto11 por dichas agrupaciones políticas superó el tope del 15% los votos
establecidos en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política.

5. Asimismo, los demandantes12 alegaron que los avales entregados a los
candidatos del partido Colombia Justa Libres se aprobaron y expidieron de manera
irregular porque: i) fueron emitidos por la secretaria general de la señalada
agrupación política; y ii) la celebración de la coalición no fue estudiada ni autorizada
por el consejo directivo nacional de dicha agrupación política, por lo tanto, en su
criterio, existió una violación flagrante de los estatutos de la colectividad.

6. En la etapa de alegatos, el accionante Luis Ortiz Rosero13 insistió en los
argumentos expuestos en su demanda, los cuales fueron reiterados por el

de 2024; posteriormente se rechazó la demanda por auto del 21 de febrero de 2024, decisión que
fue revocada el 13 de junio de 2024 por el Consejo de Estado y admitida el 11 de septiembre de
2024, mediante auto en el que además se negó la medida de suspensión provisional del acto
demandado.
8 Demandante en el proceso radicados 70001-23-33-000-2024-00011-00 (índice 1 Samai del

tribunal). La demanda se presentó el 11 de enero de 2024, y se admitió por Auto del 22 de febrero
de 2024, en el que además se negó la medida de suspensión provisional del acto demandado
9 En el proceso radicado 70001-23-33-000-2024-00009-00(acumulado), adicionalmente, se solicitó

que, en caso de no accederse a la declaratoria de nulidad con respecto a la coalición, se declararan
nulos todos los votos obtenidos por el partido Colombia Justa Libres dentro de la coalición
conformada por el Centro Democrático y Colombia Justa Libres para aspirar a la asamblea del
departamento de Sucre.
10 En los procesos radicados 70001-23-33-000-2023-00157-00 (índice 1 Samai del tribunal) y 70001-

23-33-000-2024-00011-00 (índices 1 y 7 Samai del tribunal).
11 Se precisa que, en las elecciones territoriales del 2019, el partido Colombia Justa Libres inscribió

lista propia de candidatos a la Asamblea Departamental de Sucre y, por su parte, el Centro
Democrático lo hizo en coalición con el MIRA.
12 En los procesos radicados 70001-23-33-000-2024-00009-00 (índices 1 y 7 Samai del tribunal) y

70001-23-33-000-2024-00014-00 (índice 1 Samai del tribunal).
13 Índice 129 Samai Tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-00 [Principal].

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como
diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

coadyuvante José Arroyo Arrieta14, quienes concluyeron que la coalición Centro
Democrático-Colombia Justa Libres superó el 15% permitido, razón por la que se
alteró la realidad electoral de 2019 a efectos de permitir una inscripción indebida.

7. Por su parte, el demandante Jaime Morales Álvarez15 reiteró lo expuesto en su
demanda y argumentó que existen errores en el formulario E-6, toda vez que se
dejó en blanco la sección donde debía indicarse el número de votos obtenidos en
2019 y se certificó el cumplimiento del requisito por parte de la Registraduría sin
verificar los datos reales, por lo que, a su juicio, se tiene que el demandado fue
negligente y actuó con mala fe al inscribir la coalición.

B. Posición de la parte demandada e intervenciones en primera instancia

8. El demandado, a través de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de
las demandas16, en tanto, a su juicio, no se transgredió la disposición contenida en
el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política de Colombia, relacionada con
la permisión para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que
sumados hayan obtenido una votación de hasta del 15% de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, para presentar listas de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.

9. Precisó que no resultaba procedente ordenar la exclusión de los sufragios de la
coalición de los partidos Centro Democrático y Colombia Justa Libres del cómputo
general de votos contenidos en el E-26 ASA, mucho menos aplicar nuevamente los
sistemas de umbral y cifra repartidora, ni declarar la elección de ningún otro
candidato distinto.

10. Asimismo, señaló que los accionantes incurren en un error de interpretación,
toda vez que la cláusula séptima del acuerdo de coalición celebrado, por ese
entonces, entre los partidos Centro Democrático y MIRA, modificada por el otrosí
del 2 de agosto de 2019, no establece reglas de distribución de los votos válidos.

14 Índice 130 Samai Tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-00 [Principal].
15 Índice 131 Samai Tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-00 [Principal].
16 Conforme los memoriales presentados en los procesos radicados 70001-23-33-000-2024-00009-

00 (índice 31 Samai del tribunal), 70001-23-33-000-2024-00011-00 (índice 22 Samai del tribunal), y
70001-23-33-000-2024-00014-00 (índice 40 Samai del tribunal). Se advierte que en el expediente
70001-23-33-000-2023-00157-00 (índice 41 Samai del tribunal), el tribunal de primera instancia
señaló que el escrito de contestación fue presentado de manera extemporánea. En las referidas
contestaciones además propuso las siguientes excepciones: «i) Inexistencia de causales de nulidad
al interior Acto Administrativo Electoral; ii) Interpretación errónea del “Acuerdo de Coalición entre el
Partido Centro Democrático y el Partido Político Mira, para inscribir lista de candidatos a la Asamblea
Departamental de Sucre, Elecciones Territoriales a realizarse el 27 de octubre de 2019, para el
periodo constitucional 2020-2023; iii) Interpretación errónea del “Acuerdo de Coalición entre el
Partido Centro Democrático y el Partido Político Mira, para inscribir lista de candidatos a la Asamblea
Departamental de Sucre, Elecciones Territoriales a realizarse el 27 de octubre de 2019, para el
periodo constitucional 2020-2023; iv) De la ineptitud sustancial de la demanda por deficiente
argumentación y fundamentación jurídica; v) genérica o innominada».

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
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diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

11. Contrario a lo anterior, el accionado refirió que dicho documento (acuerdo) fija
las reglas para la financiación de la campaña y la reposición de los votos, aspecto
que en nada incide con el número de votos que recibió cada partido.

12. En efecto, consideró que no existe repercusión frente al número de sufragios
que recibió cada colectividad, por cuanto la distribución del total de los votos
obtenidos por una lista de la coalición con voto preferente se hace como lo indica el
Consejo Nacional Electoral, es decir, la división en partes iguales (50/50).

13. En ese orden de ideas, argumentó que era evidente que la votación del partido
Centro Democrático para la Asamblea del departamento de Sucre en el periodo
2020-2023 fue de 37.556 y adujo que a esa cifra debían sumarse 1.119 votos
correspondientes al 50% del total de los obtenidos solo por la lista de la coalición
(2.238).

14. De esa manera, como lo sostuvo el accionado, la votación obtenida por el
partido Centro Democrático ascendería a 38.675 sufragios. Al sumarle los 22.480
votos alcanzados por el partido Colombia Justa Libres, el total conjunto sería de
61.155 votos, equivalentes al 14,85% del total de votos válidos (411.622), cifra que,
en todo caso, es inferior al límite del 15% establecido constitucionalmente, es decir,
61.743 sufragios.

15. Lo anterior, fue reiterado por la parte demandada en la etapa de alegatos17, en
la que, además, sobre las alegadas irregularidades en la expedición de avales,
señaló que estos fueron otorgados por la representante legal del partido Colombia
Justa Libres, conforme a los estatutos y la ley. Desde tal perspectiva, anotó que se
cumplió el procedimiento interno del partido y con los requisitos legales y, en todo
caso, esgrimió que no existe relación entre estos avales y la elección del
demandado para que prospere el cargo propuesto.

16. Respecto de la celebración del acuerdo de coalición, resaltó que fue autorizado
por el Consejo Directivo Nacional y suscrito por la representante legal competente,
por lo que no se vulneran las normas constitucionales, legales ni estatutarias, pues
la competencia de la representante legal fue confirmada por el CNE.

17. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil18 (RNEC) y el Consejo
Nacional Electoral19 (CNE), con la contestación y en los alegatos, propusieron la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia,
pidieron ser desvinculadas del proceso de la referencia.

17 Índice 127 Samai Tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-00 [Principal].
18 Conforme los memoriales presentados en los procesos radicados 70001-23-33-000-2024-00009-

00 (índice 40 Samai del tribunal), y 70001-23-33-000-2023-00157-00 (índice 37 Samai del tribunal).
19 Conforme los memoriales presentados en los procesos radicados 70001-23-33-000-2024-00014-

00 (índices 42 y 43 Samai del tribunal) y en el expediente 70001-23-33-000-2023-00157-00 (índice
32 Samai del tribunal).

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18. Finalmente, la Sala advierte que, aunque los partidos Centro Democrático y
Colombia Justa Libres fueron debidamente notificados de los autos admisorios en
los procesos identificados con radicados 2023-00157-0020 y 2024-00009-0021, no
contestaron las demandas ni participaron en el desarrollo del trámite acumulado.

C. Trámite en primera instancia y la sentencia recurrida

19. A través de auto del 12 de febrero de 202522, el tribunal dispuso adelantar el
trámite para proferir sentencia anticipada. Para el efecto, se pronunció sobre las
excepciones23, prescindió de la realización de la audiencia inicial y la de pruebas,
fijó el litigio24, decretó las probanzas solicitadas y dio traslado a las partes para
alegar de conclusión25 y al Ministerio Público para presentar concepto26.

20. En sentencia del 11 de junio de 202527, el Tribunal Administrativo de Sucre negó
las pretensiones de nulidad, por cuanto encontró que no se quebrantó el límite del
15% establecido en el inciso 5 del artículo 262 constitucional y no se desconocieron
los estatutos del partido Colombia Justa Libres en el proceso de inscripción de las
listas y en el otorgamiento de avales a los candidatos inscritos.

21. En primer lugar, explicó que la coalición Centro Democrático y Colombia Justa
Libres no excedió el 15% del total de votos válidos emitidos en la circunscripción
para la que presentó la lista en cuestión, en consideración a la votación obtenida en
la elección inmediatamente anterior28, esto es, la del 27 de octubre de 2019.

22. En efecto, según lo decantado en la providencia apelada, dicha votación
correspondió a 61.155 sufragios, esto es, 22.480 del partido Colombia Justa Libres
año 2019 y 38.675 del partido Centro Democrático. En ese orden, el tribunal afirmó

20 Índice 23 Samai del tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00157-00 [Principal].
21 Índice 28 Samai del tribunal. Radicado 70001-23-33-000-2023-00009-00 [Acumulado].
22 Índice 95 Samai del tribunal.
23 Al respeto dispuso negar la excepción de falta de legitimación en la causa, propuesta por la

Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
24 El problema jurídico se planteó en los siguientes términos: «[…] Se deberá resolver si es nulo el

acto de declaratoria de elección de ASAMBLEA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
DEPATAMENTO DE SUCRE contenido en el documento E-26 ASA de la elección con de Fecha 7 de
noviembre de 2023, con respecto a la COALICION PARTIDO POLITICO CENTRO DEMOCRATICO
Y PARTIDO POLITICO COLOMBIA JUSTA Y LIBRE y los demás actos electorales, que dieron origen
a la declaratoria de la elección. // Para tal efecto, deberá definirse si la coalición Centro Democrático
y Colombia Justa Libres infringió el límite del 15% establecido en el inciso 5 del artículo 262
constitucional, en consideración a la votación obtenida en la elección, inmediatamente anterior, del
27 de octubre de 2019. Del mismo modo, si los candidatos inscritos por Colombia Justa y Libre y el
mismo acuerdo de coalición violaron el inciso segundo del artículo 262 de la Constitución Política, y
el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011».
25 La parte demandante y demandada presentaron recurso de apelación como se indicó en acápite

anterior.
26 El Ministerio Público delegado ante el tribunal de primera instancia no rindió concepto.
27 Índice 134 Samai del tribunal.
28 Consignada en el formulario E-6 AS de las elecciones del 29 de octubre de 2023.

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que no se superó el tope del 15% de los votos válidos de dicha elección, límite que
ascendía a 61.74329 votos.

23. Para calcular el 15% de los votos válidos al que se refiere el inciso 5 del artículo
262 constitucional, el tribunal introdujo el siguiente análisis que se permite la Sala
trascribir literalmente:

Ahora bien, respecto a la forma como se debe calcular hasta el 15% de los votos
válidos obtenida por una coalición entre los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, en los eventos en que dichas colectividades políticas pretendan
coaligarse, para un nuevo certamen electoral, con otras agrupaciones políticas –
distintas a las de la coalición primigenia- y presentar listas conjuntas en las siguientes
elecciones a corporaciones públicas, el Consejo Nacional Electoral emitió el concepto
de 4 de agosto de 2021, Rad. 834-2148, el cual fue traído al proceso por dicha
autoridad administrativa, en la que fija una regla general de distribución de los votos
válidos en caso de voto preferente y en caso de lista con voto no preferente, como lo
es el caso que nos atañe en esta oportunidad.

[…]

Acorde con lo expuesto, la Sala haciendo una interpretación teleológica de la norma
en armonía con los precedentes jurisprudenciales citados y los conceptos
administrativos, que si bien estos últimos, no son vinculantes para esta autoridad
judicial, no lo es menos, que son orientaciones y ayudan con la comprensión de la
norma.

Entonces, con el objeto de establecer con claridad el porcentaje de votos que serán
tenidos en cuenta para futuras elecciones, respecto de los colectivos que se
coaligaron en un momento determinado para el acceso a una corporación pública,
especialmente, cuando se trata de votos válidos marcados únicamente por la lista en
el caso de aquellas con voto preferente, esta Sala de decisión considera que, la
distribución de los votos cuando se trata de coaliciones por voto preferente
deberá determinarse conforme a la votación obtenida por la lista, está, dividida
entre el número de partidos que integran la coalición, más los votos válidos de
los candidatos que integran cada uno de los partidos coaligados, ello, por cuanto
la regla aquí planteada i) reconoce la existencia de elecciones que concurren en la
misma circunscripción y permitiría establecer, de manera objetiva, la condición
minoritaria o mayoritaria de un partido y movimiento político; y, ii) se fija un parámetro
objetivo para establecer el 15% de los votos depositados en la respectiva
circunscripción, cuando vienen coaligados desde una elección anterior a la misma
corporación pública.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la norma es la ampliación y
fortalecimiento de los espacios de representación democráticos, especialmente, de
colectividades pequeñas que sumadas no superan el 15% del apoyo ciudadano. Con
esta figura, la determinación del 15% de votos para la validez del acuerdo de coalición
a corporaciones públicas se limita a lo buscado por el constituyente, esto es, la

29 Esto, al considerar que al momento de la inscripción de la coalición Centro Democrático-Colombia

Justa Libres para la asamblea del departamento de Sucre, se registró un número total de 411.622
votos válidos en la respectiva circunscripción para las elecciones inmediatamente anteriores
(formulario E-26 ASA del 10 de noviembre de 2019), por tanto, el cálculo del 15% señalado en la
disposición constitucional equivalía a 61.743,3.

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verificación del respaldo popular a una colectividad política en un espacio geográfico
específico, con fundamento en su censo electoral. 30 [Énfasis fuera de texto]

24. En segundo lugar, el tribunal explicó que los actos de inscripción de la lista de
candidatos a la Asamblea del Departamento de Sucre por la coalición Centro
Democrático y Colombia Justa Libres no violaron los estatutos de esta última
agrupación, toda vez que el acuerdo de coalición fue suscrito por la persona que
figuraba como representante legal del partido Colombia Justa Libres para el
momento en que dicho acto se celebró.

25. Asimismo, señaló que la revocatoria de los avales realizados por la directiva del
partido Colombia Justa Libres, mediante Resolución 004-2023 del 25 de agosto de
2023, no estuvo acompañada de una modificación a la lista de candidatos inscrita
por la coalición Centro Democrático y Colombia Justa Libres, razón por la que no
surtió ningún efecto respecto de esta ni sobre los votos obtenidos por los candidatos
avalados.

26. La decisión de primera instancia fue notificada a las partes mediante mensaje
de datos remitido el día 27 de junio de 202531, providencia contra la cual, el extremo
accionante Luis Hernando Ortiz Rosero, presentó recurso de apelación el día 7 de
julio del mismo año32.

D. Recurso de apelación

27. El demandante Luis Hernando Ortiz Rosero apeló la sentencia del 11 de junio
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el trámite de la
referencia, con el objeto de que se revocara y se accediera a las pretensiones de
nulidad.

28. Para el apelante, el fallo cuestionado resulta contradictorio e ilógico, toda vez
que afirmó que la Resolución 2151 de 2019 del CNE carecía de preponderancia
para resolver el presente asunto, en tanto, un concepto de la autoridad electoral
señala la regla general para la distribución de votos válidos en listas con voto
preferente y no preferente

30 Se precisa que el concepto Rad. 834-2148 de 4 de agosto de 2021 del CNE, al que hace alusión

la sentencia de primera instancia, fijó la siguiente regla general «aplicable para distribuir la votación
válida obtenida por una coalición entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
en los eventos en que dichas colectividades políticas pretendan coaligarse para un nuevo certamen
electoral, con otras agrupaciones políticas – distintas a las de la coalición primigenia- y presentar
listas conjuntas en las siguientes elecciones a corporaciones públicas: […] En caso de voto
preferente. Teniendo claridad sobre la filiación política de cada candidato, se extraen los votos
marcados en favor de un candidato determinado y se suman a cada partido político. Adicionalmente,
la votación válida obtenida a favor, únicamente de la lista, se divide en partes iguales entre los
partidos políticos que conforman la coalición». [Énfasis fuera de texto]
31 Índice 136 Samai del tribunal.
32 Índice 137 Samai del tribunal.

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como
diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

29. Para sustentar lo anterior, precisó que la jurisprudencia de la corporación33 ha
establecido que el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política es de
aplicación directa por parte de las autoridades electorales y judiciales.

30. De igual forma, esgrimió que dicho inciso constitucional, al referirse a los votos
válidos, debe interpretarse en armonía con el régimen de financiación estatal de los
partidos políticos (artículo 21 de la Ley 1475 de 2011) y, en ese orden, es viable
tener como referencia los votos válidos obtenidos en las elecciones inmediatamente
anteriores. Así, es posible destacar que el voto válido tiene no solo un valor
electoral, sino, también, una titularidad jurídica concreta.

31. Asimismo, indicó que en la coalición celebrada entre el Partido Centro
Democrático y el Partido Mira para las elecciones de la Asamblea Departamental
de Sucre en 2019, se estableció que el 90% de los votos marcados solo por la lista
correspondían al Centro Democrático y el 10% al Partido Mira.

32. Además, para el impugnante resultó errada la interpretación del tribunal de
primera instancia, cuando consideró que los acuerdos de coalición no tienen fuerza
normativa frente a conceptos administrativos del CNE, y defiende que la jerarquía
normativa debe respetar la Constitución, la ley y los acuerdos de coalición.

33. El recurrente advirtió que, al momento de la inscripción, el partido Centro
Democrático no podía diligenciar la información real de los votos obtenidos en la
misma circunscripción en las elecciones de asamblea del año 2019, ya que el
formato del E6 transcribe el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política
e incluye una casilla para calcular «Hasta el 15% de los Votos Válidos» y verificar
si se cumple o no este requisito.

34. En ese orden, expuso que en las elecciones del año 2019 el total de votos
válidos para la asamblea corresponden a 411.622, equivalente al 100%. Acorde a
ello, esgrimió que el partido Centro Democrático en las elecciones de 2019 obtuvo
39.57034 votos, equivalentes al 9,61% de los votos válidos. Mientras que el partido
Colombia Justa Libres un total de 22.480, correspondientes al 5.46% de los votos
válidos.

35. Sumados aquellos en conjunto comprenden el 15,07% de los votos válidos de
las elecciones territoriales a la asamblea del departamento del 2019, porcentaje, a
su juicio, superior al 15% de que trata el artículo 262 superior. A efectos de ilustrar
lo expuesto, presentó las siguientes tablas:

33 Así, refirió: «Consejo de Estado Sección Quinta 11001-03-28-000-2022-00084-00 M.P. Rocío
Araújo Oñate».
34 El apelante señaló que este guarismo corresponde «al total de los votos preferentes marcados por

los candidatos inscritos por el partido, es decir TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS (37.556) VOTOS, más el 90% de los votos marcados SÓLO POR LA LISTA, es decir DOS
MIL CATORCE (2.014) VOTOS». [Énfasis fuera de texto].

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
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diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

RESULTADOS ELECTORALES ELECCIONES ASAMBLEA DE SUCRE 2019
VOTOS VÁLIDOS: 411.622
15% DE LOS VOTOS VÁLIDOS: 61.743

RESULTADOS ELECTORALES ELECCIONES ASAMBLEA DE SUCRE 2019,
PARTIDOS CENTRO DEMOCRÁTICO Y COLOMBIA JUSTA LIBRES
PARTIDO VOTOS VÁLIDOS % FRENTE A LOS VOTOS VÁLIDOS
CENTRO DEMOCRÁTICO 39.570 9,61%
COLOMBIA JUSTA LIBRES 22.480 5.46%
TOTAL: 62.050 15,07%

36. Mediante auto del 16 de julio siguiente35, el Tribunal Administrativo de Sucre
concedió la impugnación presentada.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

37. El 29 de julio de 202536, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite conforme al artículo 293 del CPACA.

38. En este sentido, la Secretaría de la Sección Quinta puso a disposición el escrito
de apelación37 y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión38 y al
Ministerio Público, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto 39. Dentro de
dichos términos se allegaron las siguientes intervenciones:

a) El demandante Luis Hernando Ortiz Rosero40 reiteró lo manifestado en
primera instancia y solicitó revocar la sentencia cuestionada. Señaló que la
decisión se basó en una «regla» que «calcó» de un concepto del Consejo
Nacional Electoral (Rad. 834-2148 del 4 de agosto de 2021) que no tiene
carácter vinculante y que contradice el artículo 262 constitucional que es de
aplicación directa.

También alegó que si el tribunal hubiera aplicado al caso la Resolución 2151
de 201941, se hubiera confirmado que la sumatoria de los votos de la coalición
en la elección inmediatamente anterior superó el límite del 15% de los votos
válidos de la respectiva circunscripción42.

35 Índice 143 Samai del tribunal.
36 Índice 4 Samai.
37 Entre el 5 y el 8 de agosto de 2025 (índice 11 Samai).
38 Entre el 11 y 13 de agosto de 2025 (índice 15 Samai).
39 Entre el 14 y el 21 de agosto de 2025 (índice 17 Samai).
40 Índice 12 Samai.
41 «Por medio de la cual se dictan algunas medidas operativas para la implementación de las listas

de candidatos en coalición para corporaciones públicas».
42Para el efecto el demandante señaló que: «En el plenario quedó demostrado que, los votos

obtenidos en la elección inmediatamente anterior (27 de octubre de 2019, para el periodo 2020-2023)
por el Partido Colombia Justa y Libres corresponden a VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA (22.480), y el Partido Centro Democrático obtuvo una votación de TREINTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS SETENTA (39.570) VOTOS, para un total de SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA
(62.050) VOTOS, cifra que es equivalente a un 15.07% de los votos válidos en la elección
inmediatamente anterior, de la Asamblea del departamento de Sucre, que fueron CUATROCIENTOS
ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS VOTOS (411.622) […]».

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b) El demandado43, mediante apoderado, reiteró lo expuesto en la
contestación de la demanda y añadió que, contrario a lo expresado por el
accionante, la metodología adecuada para determinar la distribución de los
votos obtenidos por las coaliciones fue la que adoptó el tribunal con base en
los lineamientos del Consejo Nacional Electoral (Rad. 21 del 04 de agosto de
2021) en los que estableció que los votos obtenidos por la lista deberán
dividirse entre el número de partidos que integran la coalición, motivo por el
cual, quedó probado que no se superó el límite establecido por el artículo 262
de la Constitución Política.

c) La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado 44 solicitó
confirmar el fallo apelado, toda vez que «la regla de distribución de los votos
obtenidos por una lista de coalición por voto preferente adoptada por el
Tribunal Administrativo de Sucre en el presente asunto, dividiendo el número
de votos obtenidos equitativamente entre los partidos que integran la coalición,
constituye una interpretación teleológica adecuada que garantiza el principio y
la participación democrática, el principio de la capacidad electoral (Código
Electoral. Art. 1), la primacía del derecho fundamental a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político (Constitución Política. Art.
40), y los principios pro homine y pro electoratem […]».

Además, precisó que los reproches del apelante buscaban dar un carácter
vinculante al acuerdo de coalición suscrito por las referidas agrupaciones de
manera equivocada, al entender que las reglas pactadas porcentualmente
para la financiación de la campaña y la forma de distribución de la reposición
estatal fijadas por la coalición son extensibles a la distribución de la votación
final obtenida para los efectos analizados.

II. CONSIDERACIONES

39. La Sala anticipa que, en principio, correspondería revocar la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 11 de julio de 2025,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de nulidad del acto de elección
del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre
para el periodo constitucional 2024–2027. No obstante, se considera procedente
aplicar la figura de la jurisprudencia anunciada, de acuerdo con lo que se expondrá
en el acápite siguiente.

40. Conforme los planteamientos del recurso de alzada se determinarán si los
partidos Centro Democrático y Colombia Justa Libres podían presentar lista de
candidatos en coalición para aspirar a la Asamblea Departamental de Sucre para
las elecciones territoriales del año 2023, de conformidad con el inciso 5 del artículo
262 de la Constitución Política.

43 Índices 9, 10, 13, 14 y 16 Samai.
44 Índice 18 Samai.

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41. Dicho asunto se resolverá únicamente en relación con los reparos formulados
por la parte recurrente, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso (CGP).

42. En ese orden, la cuestión jurídica trazada supone revisar la votación obtenida
en conjunto45 por dichas agrupaciones políticas en la elección inmediatamente
anterior (2019) y, de manera seguida, verificar si la sumatoria de dichos sufragios
superó el tope del 15% de los votos establecidos en la referida norma constitucional.

43. A efectos de responder al problema jurídico planteado, será necesario precisar
el marco de interpretación del mencionado texto constitucional. En ese sentido, la
propuesta comprende revisar i) La regla del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política y ii) La forma de aplicación de dicho artículo cuando en la
elección anterior los partidos se presentaron conformando alianzas o coaliciones
electorales.

2.1. La regla del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política

44. El artículo 262 constitucional, en su inciso quinto, establece una regla46 relativa
a la conformación de listas en coalición para la elección de corporaciones públicas
de elección popular, en los siguientes términos:

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido
una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas. [Énfasis fuera de texto]

45. De acuerdo con el trámite legislativo de dicha reforma constitucional, el objetivo
del constituyente fue dar preponderancia a los intereses de las fuerzas políticas
minoritarias, toda vez que en dichas discusiones se señaló expresamente que «en
todo momento de la discusión ha sido reiterativo que el propósito es beneficiar a los
partidos pequeños»47.

46. Así lo señaló la sentencia del 17 de noviembre de 2022 de esta Sala de lo
Electoral48, al referirse a los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015, de la
siguiente manera:

[…] [P]ara la sala es claro que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo
262 superior, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las

45 Se precisa que, en las elecciones territoriales del 2019, el partido Colombia Justa Libres inscribió

lista propia de candidatos a la asamblea departamental de Sucre y, por su parte, lo mismo hizo el
partido Centro Democrático en coalición con el partido MIRA.
46 Incorporada con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015.
47 Gaceta del Congreso nro. 845 del 11 de diciembre de 2014. Págs. 17 y 19.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 17 de

noviembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00037-00. MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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fuerzas políticas que cuentan con amplia participación en una determinada
corporación pública puedan unirse para la siguiente elección de la misma naturaleza,
con el fin de aumentar su representación en ella, en desmedro de las organizaciones
que cuentan con un menor número de integrantes o que carecen de representantes
en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer las
probabilidades que tienen estas últimas colectividades de conservar o alcanzar
curules en dichos escenarios democráticos.

47. En dicha sentencia, también se indicó que el inciso quinto del artículo 262
«consagra y regula de manera directa el derecho […] relativo a presentar listas de
candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones,
dispuestas de manera específica por el Constituyente derivado», a saber49:

1. Prevé como titulares [del] derecho [a] los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica50.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de
los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.51 [Énfasis fuera de texto]

48. Como se desprende de la norma constitucional y del precedente de esta Sala,
los partidos y movimientos políticos podrán formar coaliciones para presentar listas
para la elección de corporaciones públicas, siempre que la sumatoria de los votos
que estos hayan obtenido no exceda el 15% del total de votos válidos emitidos en
la misma circunscripción y corporación para la que se presentará la lista en cuestión.

49. Así, se excluye de la posibilidad de presentar listas en las condiciones antes
señaladas a los grupos significativos de ciudadanos, a los partidos y movimientos
políticos que reúnan en conjunto una cantidad de votos que supere el porcentaje
antes mencionado.

50. A su vez, si los partidos o movimientos políticos con personería jurídica cumplen
con dichas condiciones, entonces, la consecuencia jurídica será que podrán
coaligarse y, en ese sentido, presentar listas de candidatos a la corporación pública
de su interés. De lo contrario, lo procedente será la inscripción de manera individual.

51. Ahora bien, la aplicación de la regla constitucional, a propósito del porcentaje de
votos tantas veces mencionado, parte de un supuesto determinado: que la votación
anterior, en la misma circunscripción y corporación, se calcula sobre los votos que
de manera individual han obtenido los partidos en dicho certamen electoral. Sin
embargo, después de expedida la reforma constitucional de 2015, en los
subsiguientes procesos electorales, es perfectamente posible que las listas

49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de

diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00. Reiterada en: Sentencia del 2 de mayo
de 2019. Rad.11001-03-28-000-2018-00129-00; sentencia del 23 de octubre de 2019. Rad. 11001-
03-28-000-2019-00013-00 y en sentencia del 27 de octubre de 2021. Rad. 76001-23-33-000-2020-
00002-02.
50 Al respecto, la Sala debe señalar que mediante sentencia SU 175 de 2025 la Corte Constitucional

precisó que «[…] a falta de regulación, es posible para las agrupaciones políticas sin personería
jurídica participar en coaliciones».
51 Ibidem.

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electorales fueran presentadas por alianzas o coaliciones electorales entre varios
partidos.

52. Así las cosas, ante tal escenario, la cuestión que suscita el debate sería la forma
como debería calcularse la votación de un partido, cuando en el proceso electoral
anterior hizo parte de una alianza o coalición electoral, para efectos de establecer
si se supera o no el límite señalado por el texto constitucional.

2.2. Forma de aplicación del artículo 262 superior cuando en la elección
anterior los partidos se presentaron conformando alianzas o coaliciones
electorales

53. Pues bien, tal como se señaló antes, la disposición constitucional parte de un
supuesto que consiste en que los partidos que conformarán una coalición electoral
participaron en el proceso anterior de forma individual. No obstante, la norma
superior no previó que, en esa elección anterior, alguno de los partidos se presentó
formando una coalición y, por ende, no señaló, en ese caso, cómo debería
calcularse la proporción de votación que le correspondería a cada partido coligado,
a fin de establecer si se supera o no el límite previsto en la norma superior.

54. Ahora, veamos el problema jurídico que se suscita con un ejemplo: los partidos
A, B, C y D deciden presentarse formando una coalición en la elección de una
corporación pública. Para determinar si se cumplen los presupuestos
constitucionales, será preciso determinar, a más de que tengan personería jurídica,
que la sumatoria de su votación en la elección anterior no supere el 15% de los
votos.

55. Entonces, a efectos de verificar el enunciado presupuesto, se debe constatar la
votación de cada una de las colectividades, pero surge una novedad: uno de los
partidos se presentó en la elección anterior formando una coalición, lo cual implica
preguntarnos ¿cómo se debe determinar la votación de esa agrupación política?

56. Pues bien, la Constitución no se ocupa de señalar la forma de resolver este
interrogante, ni tampoco lo ha hecho el legislador, en la medida que esta disposición
no ha tenido ningún tipo de desarrollo legal. Por ende, le corresponde al juez
electoral buscar la solución a este problema, a partir de una respuesta que más se
ajuste a la idea constitucional, es decir, que proteja las prerrogativas de las minorías
políticas, sin desconocer la limitación cuantitativa prevista en la misma norma
superior, a fin de evitar que las fuerzas mayoritarias se apropien del mecanismo.

57. Las soluciones o respuestas para resolver el problema podrían ser las más
variadas, como a continuación pasa a explicarse; no sin antes precisar que no existe
un mecanismo único y concreto que permita establecer, sin asomo de duda alguna,
cuál sería la votación que le corresponde a cada partido coligado.

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58. En este sentido, por ejemplo, podría plantearse que la votación del partido, para
estos efectos, será aquella que obtuvo la coalición de la que hacía parte sin tener
en cuenta consideración alguna, es decir, sin ninguna distribución entre los partidos
coligados. Sin embargo, esta solución tendría una dificultad en su aplicación, en la
medida que el objetivo de las alianzas electorales es sumar esfuerzos de las
distintas colectividades, es decir, conseguir el apoyo de los electores de los
diferentes partidos coligados.

59. Por esa razón, no resultaría razonable que, para determinar el límite previsto en
la disposición superior, se le atribuyan a uno solo de los partidos los obtenidos por
la coalición.

60. Otra solución se construiría partir de la conformación de la lista electoral,
teniendo en cuenta el partido de origen de los candidatos. En efecto, partiendo de
que los candidatos inscritos por una coalición no pierden su pertenencia de origen,
sería factible establecer una distribución proporcionada de los votos en atención a
los candidatos inscritos por cada uno de los partidos coaligados.

61. Pues bien, la dificultad de asignar los votos a un partido con base en el número
de candidatos inscritos podría distorsionar la realidad electoral de las fuerzas
políticas que conforman la coalición, que no necesariamente dependen de dicho
factor, esto es, de la cantidad de aspirantes propios en la conformación de la lista
inscrita.

62. Una fórmula distinta correspondería a tener en cuenta la manera en la que se
presentó la lista, específicamente, si la coalición optó por el mecanismo del voto
preferente. En este caso, la asignación de los votos que corresponden a cada
partido sería el equivalente a los votos preferentes que obtuvieron sus candidatos
«propios» en la mencionada lista.

63. No obstante, la aplicación de este método tendría varias dificultades, en primer
lugar, que el voto preferente es opcional, es decir, que cada partido o coalición
decide al momento de la inscripción si escoge o no esta forma de candidatura. Así
las cosas, el problema subsistiría en los casos de las listas cerradas sin voto
preferente.

64. Pero, además, en los casos de listas con voto preferente, este método de
asignación tampoco estaría exento de dificultades, pues, qué pasaría, por ejemplo,
con los votos que no fueron asignados en la preferencia. Adicionalmente, los
inconvenientes subsistirían por los mismos efectos de esta forma de candidatura,
que, de acuerdo con la Constitución, solo tiene como resultado la reordenación de
la lista, mientras que es la votación del partido o coalición la que se tendrá en cuenta
para determinar si superó el umbral y para la aplicación de la cifra repartidora,
método para la asignación de las curules.

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65. También, es posible explorar una solución a partir de los candidatos que
resultaron elegidos y su pertinencia al partido que forma parte de la coalición. No
obstante, esta opción podría no ser razonable, en tanto, si resulta un solo candidato
elegido, cómo se determinaría que los votos son de un solo partido. Y entonces,
cómo definir la votación de un partido que no obtuvo curul, o bien que la coalición
no alcanzó ningún escaño o curul.

66. Otra posibilidad sería la que adoptó el tribunal de primera instancia con sustento,
entre otros52, en el concepto emitido por el CNE el 4 de agosto de 2021 con Rad.:
8349-2153, conforme al cual, la regla general de distribución aplicable para el caso
de las listas con voto preferente es que «la votación válida obtenida a favor,
únicamente de la lista, se divide en partes iguales entre los partidos políticos que
conforman la coalición»54.

67. Sin embargo, esta opción, aunque se funda en un concepto emitido por una
autoridad electoral, que, de paso sea pertinente anotar, no resulta de aplicación
obligatoria, no tiene sustento en norma alguna del régimen electoral vigente que
haya señalado que los votos se dividan en partes iguales entre los partidos
coligados.

68. A su vez, no responde al devenir de los resultados obtenidos por cada una de
las fuerzas políticas que conforman la coalición en los respectivos comicios, lo cual
tiene implicaciones frente a la verdadera voluntad del elector y es posible que

52 El tribunal hizo alusión en su análisis al artículo 262 constitucional y, entre otras, a las siguientes

providencias judiciales: «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio,
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-00 0-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate». Asimismo, estudió otras decisiones del CNE; tales como
la Resolución 2151 de 2019, “Por medio de la cual se dictan algunas medidas operativas para la
implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas” y el concepto
del 9 de diciembre de 2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514.
53 Consejo Nacional Electoral. Rad.: 8349-21 “CONSULTA APLICACIÓN ARTÍCULO 262 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA – COALICIONES PARA CORPORACIONES PÚBLICAS”. Fecha: 04 de
agosto de 2021. M.P.: Jorge Enrique Rozo Rodríguez. (Índice 41 Samai del tribunal Rad. 70001-23-
33-000-2023-00157-00).
54 Se debe precisar que en el referido concepto el CNE señaló lo siguiente: «[E]n aras de brindar

mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos para efectivizar la democracia
participativa, esta Colegiatura Electoral, advirtiendo la necesidad previa de contar con los datos
oficiales emanados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y precisando, eso sí, que siempre
prevalecerá lo pactado en los respectivos acuerdos de coalición, encuentra ajustado a los
postulados constitucionales en la materia lo siguiente: 1. En caso de voto preferente. Teniendo
claridad sobre la filiación política de cada candidato, se extraen los votos marcados en favor de un
candidato determinado y se suman a cada partido político. Adicionalmente, la votación válida
obtenida a favor, únicamente de la lista, se divide en partes iguales entre los partidos políticos que
conforman la coalición. […] 2. En caso de listas con voto no preferente, se verificarán los documentos
soporte de inscripción de candidaturas, como el acuerdo de coalición, para determinar con precisión
la pertenencia de los candidatos a cada uno de los partidos coaligados. Establecido lo anterior, el
total de votos válidos obtenidos por la lista se dividirá por el número de candidatos que compone la
misma, dando como resultado la votación por candidato. Consecuentemente, dicho resultado se
multiplicará por el número de candidatos postulados por cada partido, y el resultado, dará el total de
votos de cada agrupación política que compone la coalición». [Énfasis fuera de texto]

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genere conflictos respecto del sistema de repartición de curules en una lista con
voto preferente.

69. Tampoco plantea alguna alternativa para dirimir la situación frente a los casos
de las listas cerradas sin voto preferente y, de alguna manera, supondría
desconocer lo que pueden acordar los partidos políticos en los respectivos acuerdos
de coalición.

70. Como se puede apreciar, las diferentes fórmulas exploradas no se aproximan lo
mayor posible a la realidad electoral, con la insistencia de que no existe ninguna
que llegue a la verdad absoluta para la asignación de los votos de cada uno de los
partidos que conforman la coalición política.

71. No obstante, lo cierto es que los votos obtenidos por los partidos o movimientos,
o bien de las coaliciones, tienen efectos jurídicos electorales en distintos ámbitos:
(i) determinación en la superación del umbral de votación y, de esta forma, pasar a
la siguiente fase del escrutinio, específicamente a la asignación de curules; (ii) para
la aplicación de la formula electoral que corresponda, bien la cifra repartidora o
excepcionalmente el cociente electoral; (iii) en los casos de las elecciones
parlamentarias, para el establecimiento del cumplimiento de los requisitos para
obtener la personería jurídica; pero también para (iv) efectos de la financiación de
las campañas electorales.

72. Este último caso, que tiene que ver con el modelo de la financiación de las
campañas electorales, puede servir de referente para resolver el problema jurídico
que nos ocupa, a partir de la regulación jurídica al respecto.

73. En efecto, este diseño tendría en cuenta, por un lado, los votos obtenidos por la
coalición y, por otro, una forma de distribución al interior de esta, a partir de la
voluntad de los partidos al momento de inscribir la correspondiente lista, como se
explica a continuación.

2.3. La financiación estatal de las campañas en los casos de coaliciones
electorales: un aspecto regulado

74. El artículo 109 constitucional señala que «[l]a ley determinará el porcentaje de
votación necesario para tener derecho a dicha financiación», es decir, ya pone de
presente que el derecho a la financiación de las campañas dependerá de los votos
obtenidos en el respetivo certamen electoral. Por su parte, la ley se encarga de
señalar el mecanismo para la financiación de las campañas, teniendo en cuenta los
votos obtenidos por los sujetos legitimados para la presentación de candidaturas.

75. En efecto, el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011 dispone que «[l]os partidos y
movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán
derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales,

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mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos».
[Énfasis fuera de texto].

76. En este orden de ideas, los votos alcanzados por los partidos que presentaron
o inscribieron candidatos, bien individualmente o formando coaliciones, no solo
determinarán si dicha candidatura tiene derecho a la financiación estatal de su
campaña, sino que, además, determinará el monto o la cuantía de esta.

77. Pues bien, para el legislador estatutario, esta circunstancia no fue extraña
tratándose de candidaturas en coalición. En efecto, la única referencia que hizo el
estatuto de los partidos de 1994 (último inciso del artículo 13 de la Ley 130 de 1994),
a propósito de las candidaturas en coalición, fue precisamente en punto a la
financiación de las campañas, a saber: «[l]os partidos y movimientos que concurran
a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la forma de
distribución de los aportes estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el
derecho a la reposición estatal de gastos». [Énfasis fuera de texto].

78. En esta misma línea, la Ley 1475 de 2011 (artículo 29) señaló expresamente
que los partidos y movimientos políticos coligados entre sí «podrán inscribir
candidatos en coalición», en principio limitada a los cargos uninominales, pero luego
ampliada por la Constitución (reforma del equilibrio de poderes de 2015) también a
las corporaciones públicas.

79. En el caso de las coaliciones, el legislador estatutario de 2011 fue mucho más
prolijo sobre esta forma de candidatura e introdujo entre nosotros el llamado
«acuerdo de coalición» y dispuso los aspectos mínimos que debe contener, por
ejemplo, el mecanismo para la designación del candidato, el programa y lo relativo
a la financiación de la campaña, además de señalar que «la suscripción del acuerdo
de coalición tiene carácter vinculante».

80. Como se puede apreciar del análisis anterior, ya el legislador tiene prevista una
solución para determinar, en los casos de las coaliciones, la votación que le
correspondería a cada partido, con el propósito de establecer el porcentaje que le
correspondería para la financiación de la campaña. En este caso, y en virtud del
principio de libertad y autonomía de estas agrupaciones políticas, señaló que serían
estas las encargadas de fijar de manera definitiva «cómo se distribuirá entre los
distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de
los gastos».

81. Por ende, serán los partidos y movimientos políticos, quienes, en virtud de los
principios constitucionales que los orientan, decidan libremente sobre la escogencia
de sus candidatos propios o por coalición. Serán estas agrupaciones políticas las
que juzguen la conveniencia de presentar candidatos de forma mancomunada, con
cuáles partidos y en qué condiciones.

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82. Pero, también, saben los partidos y movimientos coligados de los efectos de la
votación, más, precisamente, de la necesidad de establecer reglas de asignación
de esta cuando sea menester, por ejemplo, para la financiación de las campañas
cuando el mecanismo utilizado es el de la reposición de los votos depositados.

83. ¿Cómo se distribuye entonces, para estos efectos, la votación entre los
diferentes partidos coligados? Serán estas agrupaciones las que lo determinen, en
el respectivo acuerdo de coalición, teniendo en cuenta distintos factores, como la
fuerza política y electoral de cada uno de ellos.

2.4. Vacío normativo para la determinación del límite de votación a propósito
de la aplicación del artículo 262 superior, en el caso que en la elección anterior
alguno de los partidos lo hizo por una coalición.

84. En efecto, nos encontramos ante un vacío o laguna jurídica que impone al juez
la compleja tarea de integrar el derecho, siempre dentro del marco del ordenamiento
jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución. En este
sentido, el juez no puede llegar al extremo de crear una norma.

85. Pues bien, uno de los criterios auxiliares para suplir estos vacíos normativos es
la analogía, entendida como la identificación de una norma o principio dentro del
ordenamiento que regule una situación similar.

86. Como lo ha puesto de presente reiteradamente el juez constitucional, la analogía
«se predica de la interpretación de disposiciones, a efectos de aplicar la misma
norma a dos casos, uno de los cuales está previsto como supuesto de hecho de la
norma y la otra es similar (argumento a simili)»55. Para su aplicación se exige que
«la ratio de la disposición y aquello de la esencia de los hechos contenidos en la
norma (supuesto de hecho) que lo hace similar al hecho al cual se pretende aplicar
la norma)”56. Y concluye el juez constitucional, se debe «demostrar que los hechos
relevantes son, si bien no idénticos, muy cercano en aquello que los caracteriza»57.

87. Así las cosas, la aplicación analógica para este caso, debe contar con los
siguientes elementos, como mínimo: (i) una candidatura coligada, es decir, la
presencia de varios partidos o movimientos que presentan una sola candidatura; (ii)
los efectos de la votación valida de esa candidatura y, (iii) la necesidad de
determinar, al interior de esa candidatura coligada, la distribución de esta.

88. En el ordenamiento jurídico colombiano existe una situación que reúne los tres
elementos previamente mencionados y que, además, ha sido regulada legalmente
desde 1994: la financiación de campañas electorales presentadas por alianzas o
coaliciones. En efecto, la ley establece que el sistema de financiación aplicable es
el de «reposición por voto válido», es decir, el reembolso de gastos con base en los

55 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2012.
56 Ibidem.
57 Ibidem.

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votos válidos obtenidos por la respectiva candidatura, siempre que esta supere el
umbral mínimo previsto en la misma normativa.

89. Por ende, en estos casos será menester determinar si la candidatura obtuvo
«los votos válidos» para superar este porcentaje mínimo necesario, que en el caso
de candidaturas uninominales (alcaldes y gobernadores) será del 4% del total de
los votos válidos y, en el caso de listas electorales, al menos el 50% del umbral
previsto en dicha circunscripción.

90. En este sentido, superado este requisito, corresponderá establecer cuál es el
valor a que tienen derecho por concepto de financiación de la campaña: para tal
efecto, se tomarán los «votos válidos» obtenidos por la candidatura y se multiplica
por el valor de voto válido, el cual, previamente ha sido fijado por el CNE, de acuerdo
con la ley. Ese será entonces el valor que deberá ser entregado por la Organización
Electoral, cumplidos los demás requisitos señalados por el ordenamiento jurídico, a
los partidos, movimientos o grupos de ciudadanos que presentaron las
candidaturas.

91. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso de las coaliciones? ¿a quién debe
entregarse el valor correspondiente a la financiación estatal? En efecto, si el modelo
establece que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos
tienen derecho a la financiación de sus campañas mediante el sistema de
«reposición por voto válido» depositado a favor de la candidatura ¿cómo debe
realizarse entonces la distribución de dichos recursos? Pues bien, el ordenamiento
jurídico ya contempla esta situación desde 1994, como se indicó anteriormente.

92. En este caso, la ley ha reconocido a las agrupaciones políticas que deciden
conformar una coalición, en ejercicio de su autonomía y libertad, la facultad de
determinar cómo se distribuirán entre ellas los recursos públicos destinados a la
financiación de las campañas electorales.

93. Como se puede apreciar, frente a la imposibilidad de saber, de los votos válidos
obtenidos por la coalición, cuántos le corresponden de manera individual a cada
uno de los partidos coligados, serán ellos mismos los que lo decidan. En efecto, si
gozan de la libertad y autonomía para presentar candidaturas formando alianzas
con otras agrupaciones, pues también la tienen para señalar, de acuerdo con sus
propios criterios, cómo se distribuirá la financiación estatal, si tuvieren derecho a
ella.

94. Sobre el particular, señaló la Corte Constitucional, que «[e]l establecimiento de
unos acuerdos básicos entre los partidos y movimientos políticos concurrentes,
sobre aspectos fundamentales de la asociación estratégica establecida, constituye
un desarrollo de la libertad organizativa interna de los partidos y movimientos
políticos en el marco de la autonomía que les reconoce la Constitución»58.

58 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011.

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95. Asimismo, en relación con la obligatoriedad de dichos acuerdos, precisó que:
«la Corte ha reconocido que la Constitución les confiere a estas agrupaciones la
libertad organizativa interna, pero que una vez estos se ponen de acuerdo sobre la
normatividad que ha de regirlos, esta se convierte en obligatoria para todos sus
integrantes, tal como sucede en el presente caso con los pactos de coalición»59.

96. Por su parte, la Ley 1475 de 2011, que regula expresamente los acuerdos de
coalición, establece que dichos acuerdos deben incluir, entro otros aspectos, el
siguiente: «cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que
conforman la coalición la reposición estatal de los gastos».

97. De la misma manera, en cuanto al carácter vinculante de este acuerdo, señaló
el alto tribunal constitucional que: «es un predicado del principio de autonomía de
los movimientos y partidos políticos, así como garantía de seriedad de este tipo de
consensos estratégicos protegidos por la Constitución»60.

98. En el orden de ideas, existen dos cuestiones previas que requieren precisión:
en primer lugar, los estatutos de partidos de 1994 y 2011 (Leyes 130 y 1475,
respectivamente) no regulan de manera expresa y detallada las candidaturas por
coalición en las corporaciones públicas; de hecho, la Ley 1475 de 2011 solo
contemplaba dicha figura para elecciones uninominales. En segundo lugar, la
posibilidad de presentar listas a corporaciones públicas mediante alianzas o
coaliciones electorales surge apenas en 2015, a través de una habilitación
constitucional expresa, la cual, hasta la fecha, no ha sido desarrollada mediante
legislación específica.

99. En consecuencia, será menester determinar si la fórmula prevista para la
financiación de las campañas mediante coaliciones puede aplicarse, por analogía
mutatis mutandis, para llenar el vacío normativo existente, en torno a la
determinación de la votación válida en la elección anterior y verificar el cumplimiento
del límite establecido en el artículo 262 de la Constitución.

100. En efecto, los tres elementos previamente mencionados también se
encuentran presentes en este caso: una candidatura en coalición; los efectos de los
votos válidos obtenidos y la necesidad de definir, al interior de la coalición, la
distribución de dichos votos entre las agrupaciones que la integran.

101. En este sentido, como se ha señalado en varias ocasiones, la presentación de
una lista en coalición electoral exige el cumplimiento de ciertos requisitos
establecidos en la normativa superior, entre ellos, que la votación obtenida por los
partidos en las elecciones anteriores no supere el 15%. Por ello, surge entonces
una pregunta relevante: ¿cómo debe realizarse dicho cálculo si uno o varios de esos
partidos participaron en la elección anterior formando parte de una coalición?

59 Ibidem
60 Ibidem

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102. Para la Sala Electoral, en el entendido de que no existe ningún mecanismo que
determine con una precisión absoluta cuántos de los votos válidos obtenidos por
una coalición corresponden a cada una de las agrupaciones coligadas, advierte que
la aplicación de las reglas establecidas, nada menos que para la distribución del
dinero estatal de la financiación de la campaña, también puede ser aplicado en este
caso. Esto, no sobra agregar, mientras el legislador no desarrolle de manera
específica la materia.

103. En ese orden, considerar que el acuerdo de coalición, el cual establece la
forma en que se distribuirá la financiación estatal de la campaña con base en los
votos válidos obtenidos por la lista, pueda servir como parámetro para aplicar los
requisitos previstos en el artículo 262 constituye una solución razonable,
proporcionada y conforme con los principios constitucionales.

104. Así, que, dos o más partidos o movimientos opten por presentarse de forma
coligada, de por sí constituye una decisión política que puede obedecer a múltiples
factores, desde afinidades ideológicas hasta consideraciones estratégicas de
conveniencia para maximizar los resultados electorales. Por ende, son estas
agrupaciones quienes conocen bien sus fuerzas electorales y, de esta forma,
diseñan la conformación de la lista, la selección de los candidatos de cada partido,
la adopción o no del voto preferente, la asignación de responsabilidades en la
campaña electoral y, además, la distribución de los recursos estatales destinados a
su financiación.

105. De igual forma, que la distribución de los recursos estatales, que se hace con
base en los «votos válidos» obtenidos por la coalición, dependa de un acuerdo de
voluntades entre los partidos coligados, ya ha recibido respaldo constitucional,
como se explicó anteriormente, no es una solución arbitraria o irrazonable.

106. Por el contrario, esta fórmula se fundamenta en un principio constitucional: la
libertad de organización de los partidos y movimientos políticos, consagrado en los
artículos 40.3 y 107 de la Constitución. Además, este método reduce al máximo los
riesgos de subjetivismo judicial al evitar que deba «inventarse una fórmula» para
realizar la distribución.

107. En efecto, para acudir a este criterio, como ha quedado explicado, se cumplen
los presupuestos o requisitos para su aplicación: i) se ha identificado la ratio legis,
es decir la razón de la norma que ha permitido determinar las características
esenciales de un caso regulado que son muy similares al caso no regulado; ii) se
ha demostrado la similitud de los hechos no regulados del contemplado en la ley y,
finalmente, iii) el juez no está creando una norma o derecho nuevo, sino aplicando
extensivamente la ley para colmar la respectiva laguna jurídica.

108. Así las cosas, como las diferentes soluciones planteadas con anterioridad
podrían ser altamente cuestionadas desde el punto de la razonabilidad o de la
certeza, para esta Sala Electoral, acudir a este mecanismo se ajusta más a la

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legalidad, así como a la efectividad de los bienes constitucionales en disputa. En
primer lugar, porque (i) está prevista en la ley; con un (ii) supuesto fáctico similar,
como lo es la presentación de una candidatura por medio de una coalición; (iii)
reconoce efectos jurídicos a la votación obtenida por la coalición y, finalmente (iv)
la necesidad de asignar un porcentaje de manera individual a los partidos coligados.

109. Entonces, no se trata de una regla artificiosa o artificial, sino que ya está
prevista en el ordenamiento, de tal manera que, de conformidad con la ley, los
partidos y movimientos políticos que decidan, en el marco de sus estatutos,
presentar listas de candidatos a las corporaciones públicas formando una alianza o
coalición electoral con otras agrupaciones legitimadas, deberán, antes de la
inscripción de la candidatura, suscribir un «acuerdo de coalición».

110. Por ende, en dicho acuerdo es donde se determina, entre otros, «cómo se
distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la
reposición estatal de los gastos», que servirá de parámetro para establecer la
votación de cada uno de los partidos, para los efectos previstos en el artículo 262
superior, es decir, para determinar si los partidos superan o no el límite del 15% de
los votos, con el propósito de conformar una coalición en una elección posterior.

111. Así, serán los propios partidos y movimientos políticos quienes, en el ámbito
de su autonomía y libertad, previo al certamen electoral, decidan la forma de
establecer los porcentajes de la votación para todos los efectos donde los votos
válidos sirven como elemento para asignar alguna consecuencia jurídica.

112. A manera de ejemplo, una alianza o coalición electoral, conformada por los
partidos o movimientos políticos A, B, C y D deciden presentar una lista única a una
corporación pública. En el acuerdo de coalición, celebrado antes de la inscripción,
han acordado que, para la distribución de la reposición estatal de los gastos, que se
hace con base en los votos válidos obtenidos, se hará conforme a los siguientes
porcentajes:

Partido A 40%
Partido B 25%
Partido C 20%
Partido D 15%

113. Realizada la votación y efectuado el respectivo escrutinio, se tiene que esta
coalición alcanzó 20.000 votos válidos. Tanto para efectos de la financiación de las
campañas, así como para las eventuales y futuras coaliciones, será menester
determinar la forma de asignar esta votación entre los diferentes partidos
coaligados. Pues bien, la respuesta está en la distribución realizada en el propio
acuerdo de coalición, y en consecuencia la distribución quedaría así:

Partido A 40%: 8.000
Partido B 25%: 5.000
Partido C 20% 4.000

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Partido D 15% 3.000

Total: 100% 20.000

114. Entonces, si el partido C, por ejemplo, en el siguiente proceso electoral para la
misma corporación decide presentarse formando una nueva coalición con partidos
distintos, será menester verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 262, entre ellos, que en la elección anterior los partidos coligados no han
obtenido más del 15% de los votos. Para tal caso, se debe verificar la votación de
los partidos en el proceso anterior, pero en el caso del partido C, en la elección
anterior lo hizo formando una coalición, entonces, es necesario determinar de la
votación de esa coalición cuál le es atribuible a dicho partido.

115. Para encontrar la respuesta debemos acudir al acuerdo de coalición, que, en
este ejemplo, señaló que a este partido le correspondería el 20%, que equivale en
este caso a 4.000 votos. Estos serán los que se tendrán en cuenta a fin de calcular
el tope del 15%.

2.5. Caso concreto

116. En el presente trámite, se demostró que para las elecciones de los diputados
del departamento de Sucre para el periodo constitucional 2024-2027, la coalición de
los partidos Centro Democrático-Colombia Justa Libres presentó una lista con voto
preferente de la cual resultó electo el demandado. Por tal razón, se tendrá en cuenta
el total de la votación obtenida por aquella.

117. A su vez, se acreditó que, en las elecciones de autoridades territoriales del 27
de octubre de 2019, los votos válidos de la respectiva circunscripción para la
Asamblea Departamental de Sucre fueron 411.622 y, por consiguiente, la cifra que
equivale al 15% de dicha votación es de 61.743 votos61. Este último guarismo
corresponde al límite que, sumada la votación obtenida, no pueden superar las
agrupaciones coaligadas, según lo prescrito por el inciso quinto del artículo 262
constitucional.

118. También, quedó demostrado que, en dicha jornada electoral, el partido
Colombia Justa Libres logró 22.480 votos; mientras que la coalición Partido Centro
Democrático – Partido MIRA obtuvo 41.728.

119. De esos 41.728 sufragios, sin perder de vista que se trata de una lista por voto
preferente, 37.556 corresponden a los obtenidos por los candidatos del Centro

61 En el expediente obra la copia del formulario E-6 AS. En dicho documento electoral se evidencia

la inscripción en coalición de los partidos Centro Democrático y Colombia Justa Libres para la
Asamblea Departamental del departamento de Sucre, para las elecciones territoriales del 29 de
octubre de 2023, en la modalidad de lista con voto preferente. Asimismo, muestra que los votos
válidos de la respectiva circunscripción ascendieron a un total de 411.622, también se refleja la cifra
de sufragios que suponen el límite del 15% conforme el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución,
en un total de 61.743 sufragios (Índice 108 Samai del tribunal Exp. 2023-00157-00)

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Democrático, 1.934 a la candidata del MIRA y 2.238 votos a los marcados solo por
la lista de la coalición.

120. De igual forma, según la cláusula séptima62 del acuerdo de coalición que
pactaron los partidos Centro Democrático – Mira, se tiene probado que la
distribución63 de los recursos por reposición de votos fue la siguiente:

121. Pues bien, en consideración a la alternativa planteada para dirimir la
controversia suscitada en este caso, se tiene que los candidatos del Centro
Democrático obtuvieron 37.556 sufragios y los votos marcados solo por la lista de
la coalición (2.238) se distribuyeron así: 90% para el Partido Centro Democrático,
esto es 2.014 votos; y 10% para el Partido Político MIRA, es decir, 223 votos.

122. De esta forma, la sumatoria de los votos que obtuvieron los candidatos del
Centro Democrático y de los marcados solo por la lista, se tiene que la votación total
obtenida por dicha colectividad política, en las elecciones territoriales del 27 de
octubre de 2019, fue de 39.570 sufragios64.

123. De acuerdo con el mandato del artículo 262 constitucional, a esos 39.570 votos
del Centro Democrático se suman los 22.480 sufragios que obtuvo Colombia Justa
Libres en la jornada electoral de octubre de 2019 para la Asamblea de Sucre, lo cual
equivale a 62.050 votos.

124. En ese orden, se observa que los 62.050 sufragios sumados entre Centro
Democrático y Colombia Justas Libres representan el 15,07% de los votos válidos
de la Asamblea de Sucre en el año 2019, cifra que excede el límite de los 61.743
votos que debieron tener en cuenta aquellas agrupaciones para coaligarse en las
elecciones a la Asamblea del Departamento de Sucre (2024-2027).

62 Modificado por la cláusula quinta del otrosí al acuerdo de coalición los partidos Centro Democrático

– Mira del 2 de agosto de 2019.
63 Esta distribución entre los partidos de cara a lo pactado en el acuerdo de coalición se aplica para

la votación obtenida solo por la lista, como consta en el numeral 1 de la cláusula 7.
64 Esta cifra equivale a la sumatoria de los 37.556 votos obtenidos por los candidatos de dicha

colectividad y los 2.014 sufragios depositados por la lista de la coalición que le corresponderían de
conformidad con los criterios de distribución adoptados en el acuerdo de coalición.

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125. De esta manera, como se excede el 15% de la norma constitucional, se
configuró el vicio alegado por la parte demandante y lo procedente sería revocar la
decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad deprecada; no
obstante, la Sala encuentra procedente dar aplicación a la figura de la jurisprudencia
anunciada, como pasa a explicarse.

2.5.1 Jurisprudencia anunciada sobre la aplicación del inciso 5 del artículo 262
de la Constitución

126. No existe un precedente judicial respecto de la interpretación y aplicación de
la regla relativa a la conformación de listas en coalición para la elección de
corporaciones públicas de elección popular, señalada en el artículo 262
constitucional, en su inciso quinto.

127. En consecuencia, por tratarse del primer caso que decide la Sala, el criterio
expuesto en esta providencia sobre la manera como debe aplicarse la regla
contenida en la referida norma constitucional, en particular, la forma de calcular los
votos obtenidos por agrupaciones políticas que se encontraban coligadas, no será
aplicado a la situación particular del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla, razón por la
cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda.

128. Así, la interpretación y aplicación que introduce la Sala en esta oportunidad
acerca de la regla relativa a la conformación de listas en coalición para la elección
de corporaciones públicas de elección popular, señalada en el artículo 262
constitucional (inciso quinto), será tenida en cuenta para las próximas elecciones al
Congreso de la República (año 2026) y para las venideras de las demás
corporaciones públicas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia, respecto de la interpretación del inciso quinto del
artículo 262 Constitucional y la fórmula adoptada para tal fin, tendrán aplicación
conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia, a partir de la ejecutoria
de esta sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario,
conforme con el artículo 243A del CPACA.

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero y otros
Demandado: Luis Alfonso Álvarez Padilla como
diputado del departamento de Sucre (2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2023-00157-02

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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