Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00084-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00084-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00084-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de noviembre de 2022
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Pedro José Suárez Vacca – Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Acto de elección del señor Pedro José Suárez Vacca
como representante a la Cámara por el departamento
de Boyacá para el período constitucional 2022-2026.
Tema: Inscripción de listas de candidatos a corporaciones
públicas bajo la figura de la coalición. Requisitos
constitucionales. Reiteración de jurisprudencia.
FALLO DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia
en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito del 9 de mayo del 20221, el señor José Manuel Abuchaibe
Escolar, actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral (art.139 de la Ley 1437 de 2011), en el que
cuestionó la legalidad del acto de elección del señor Pedro José Suárez Vacca 2,
elevando de forma concreta las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
BOYACÁ contenido en el documento E-26 CAM de fecha 22 de marzo de 2022.
SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se
excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo general de votos en el E-26,
de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en el presente escrito.
1
De conformidad con la actuación No. 4 del Sistema SAMAI.
2
En un primer momento, el demandado elevó sus pretensiones frente a la elección de todos los candidatos elegidos por la
circunscripción electoral de Boyacá. Sin embargo, tras la inadmisión y corrección de la demanda, el despacho conductor
precisó que se tendría como demandado, únicamente, al señor Pedro José Suárez Vacca, toda vez que la infracción
normativa se predica de la lista respecto de la cual aquel fue inscrito.
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Pedro José Suárez Vacca – Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un
nuevo escrutinio de los votos depositados en el Departamento de Putumayo (sic)
en las elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE BOYACÁ, periodo
2022 - 2026, escrutinio que deberá practicarse con base únicamente en los
registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé
lugar esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración Id Documento: 11001032800020220008400385020200002 de
elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE BOYACÁ, periodo 2022 - 2026, se ordene expedir y
efectivamente se expidan las nuevas credenciales de Representantes a la
Cámara por esa circunscripción territorial para el periodo citado a quienes
correspondan, y que se comunique la anterior novedad al Consejo Nacional
Electoral, al Presidente de la República, al señor Registrador Nacional del Estado
Civil y a sus delegados para el Departamento de Boyacá, al señor Ministro del
Interior, al señor Gobernador del Departamento de Boyacá, y al señor Presidente
del Tribunal Administrativo del mismo Departamento.”
1.2. Hechos
2. Relató que el 13 de marzo del corriente año se llevaron a cabo las elecciones
legislativas. Como resultado de estas, mediante el formulario E-26 CAM del 22
de marzo del 2022, se declaró electo como representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá al demandado.
3. Indicó que el ciudadano Pedro José Suárez Vacca fue inscrito por el “Pacto
Histórico”, el cual está integrado, en virtud de un acuerdo de coalición
programática y política, por distintas colectividades, entre ellas, el movimiento
político “Colombia Humana”.
4. Mencionó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-316 del 16 de
septiembre del 20213, ordenó el reconocimiento de la personería jurídica a la
organización política señalada, lo cual se fundamentó en la garantía del derecho
a la oposición representada por una candidatura que obtuvo más del 3% de los
votos válidamente depositados en las elecciones presidenciales llevadas a cabo
en el año 2018.
5. Resaltó que dicho partido no participó en las elecciones al Congreso de la
República celebradas en la misma anualidad.
3
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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6. Trajo a colación el contenido del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política, el cual exige que los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que suscriban el acuerdo de coalición para la presentación de
listas de candidatos a corporaciones públicas deben representar en conjunto una
votación de hasta el 15% de los votos válidos en las elecciones anteriores en la
respectiva circunscripción.
7. Manifestó que “[l]a votación obtenida por COLOMBIA HUMANA en el Departamento
de Boyacá fue de 233.784 de un total de 543.663 en las presidenciales del 2018. Lo que
supera ampliamente el 15%. Por todos los aspectos analizados COLOMBIA HUMANA
NO PODRÍA CONFORMAR UNA COALICIÓN DE MINORIAS.”
1.3. Concepto de violación
8. De la interpretación de la demanda y su corrección 4, el despacho conductor
del proceso al momento de dictar la providencia de admisión determinó que el
accionante pretende demostrar la configuración de la causal de nulidad referida a
la infracción de norma superior5, toda vez que la inscripción de la lista de
coalición denominada “Pacto Histórico” no cumplió con los requisitos
establecidos en el inciso quinto del artículo 262 constitucional, en lo relativo a
que los partidos que la conforman hubieren obtenido hasta el 15% de los votos
válidos en la elección anterior, en la misma circunscripción.
9. Indicó que, para verificar dicho requisito, el formulario E-6 de inscripción de
candidatos incluye la votación de los partidos que conforman el acuerdo de
coalición, presentando los resultados obtenidos en las elecciones anteriores, en
el caso concreto, las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en el 2018.
10. Resaltó que respecto del partido Colombia Humana, en cuanto hace a la lista
presentada en el departamento de Boyacá, fue incluido como integrante del
“Pacto Histórico” con cero (0) votos.
11. Razonó que la Corte Constitucional, en la decisión que le otorgó el
mencionado reconocimiento al partido “Colombia Humana”, refirió que las
curules que se otorgan a la fórmula que ocupa el segundo lugar en las
elecciones presidenciales, tienen un mandato representativo que le permite
ejercer el derecho de la oposición de forma efectiva. Sin embargo, se concluyó
en la misma sentencia, la existencia de un déficit de garantía respecto de dicho
derecho fundamental, toda vez que no se permite reconocer la personería
jurídica al movimiento que, sin contar con este requisito, obtuvo una votación
considerable en las elecciones presidenciales.
4
La demanda fue inadmitida mediante providencia del 17 de mayo del 2022. El escrito de subsanación fue presentado el 20
de mayo del 2022.
5
Contenida en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011.
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12. En atención a ello, la referida corporación judicial consideró que al
encontrarse acreditado que el señor Gustavo Petro Urrego obtuvo más de 8
millones de votos en la segunda vuelta presidencial, ocupó la curul como
senador de la República en ejercicio del derecho personal que se deriva del
artículo112 constitucional y se declaró en contra del Gobierno Nacional de turno,
era procedente otorgar tal prerrogativa al movimiento Colombia Humana, como
una forma de permitir el derecho a la oposición política que le asiste.
13. A su juicio, toda vez que el partido que avaló al demandado obtuvo su
personería jurídica con fundamento en al votación obtenida en las elecciones
presidenciales del año 2018, era necesario contabilizar los votos obtenidos en
dicha contienda en el departamento de Boyacá o a nivel nacional, lo que implica
que la sumatoria de las colectividades que suscribieron el acuerdo de coalición, y
posteriormente inscribieron candidatos en esa circunscripción, supera
ampliamente el 15% límite fijado por la norma superior.
1.4. Trámite procesal
14. Con providencia del 17 de mayo del 2022, este despacho dispuso la
inadmisión de la demanda6.
15. El 20 de mayo del 2022, el accionante presentó escrito en el que manifestó
corregir los yerros identificados en la decisión antes mencionada.
16. En auto del 6 de junio de la presente anualidad se admitió el medio de
control, se ordenaron las notificaciones y vinculaciones pertinentes, así como
corrió el término del traslado para contestar la demanda, entre otros.
1.5. Contestaciones a la demanda
17. En la oportunidad establecida para ello 7, se presentaron las siguientes
intervenciones:
6
Se ordenó corregir el escrito inicial en los siguientes términos: “(i) De considerar que respecto del acto de elección
demandado se presentan causales de nulidad subjetivas y objetivas, deberá presentar por separado los escritos iniciales
que contengan dichas irregularidades, a fin de que las mismas sean tramitadas en procesos independientes dada la
improcedencia de su acumulación. (ii) Si a su juicio, respecto del acto demandado se configura la causal de nulidad
dispuesta en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, la misma deberá desarrollarse de forma independiente
de otras situaciones de anulación y precisar los argumentos jurídicos y elementos de convicción que conlleven a concluir
que, respecto del documento electoral de la inscripción, se presentan datos contrarios a la verdad o que el mismo fue
alterado a efectos de modificar el resultado de la voluntad popular. (iii)Si, por el contrario, los motivos de inconformidad se
fundamentan en un desconocimiento del artículo 262 constitucional, en punto de los requerimientos allí dispuestos para la
presentación de listas a corporación públicas bajo la figura de la coalición, debe centrar su argumentación bajo la causal de
nulidad de infracción de norma superior del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011. (iv)De considerarlo, deberá desarrollar las
razones por las cuales, según su dicho, la elección demandada se encuentra afectada por falsa motivación, como causal
genérica de nulidad de los actos administrativo (art. 137 Ley 1437 del 2011)”
7
De conformidad con el paso al despacho obrante en la actuación No. 31 del sistema SAMAI, el término para la
contestación de la demanda transcurrió hasta el 18 de julio del 2022. En consideración a ello, se certificó que todas las
intervenciones fueron arrimadas al expediente de manera oportuna.
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18. Registraduría Nacional del Estado Civil. A través de apoderada judicial
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, así como se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En cuanto a lo primero,
mencionó que la entidad centra su labor en el desarrollo de actividades logísticas
en relación con los comicios, por lo tanto, “no verifica inhabilidades e
incompatibilidades”, responsabilidad que se predica de los partidos políticos que
realizan las inscripciones. En relación esto último, refirió que la Registraduría
Nacional del Estado Civil sólo verifica cuestiones de forma, en los términos del
artículo 32 de la Ley 1475 del 2011.
19. Frente a los argumentos de la demanda, tras precisar el contenido del
artículo 262 constitucional, indicó que el accionante no tuvo en cuenta el
concepto emitido el 9 de diciembre del 2022 (radicado CNE-E-2021-022788 y
CNE-E-2021-0023514), en donde se señaló que para la determinación del 15 %
de votos obtenidos en la elección anterior en la misma circunscripción, sólo es
exigible respecto de los partidos que hubieren participado en las elecciones
Congreso de la República en el año 2018, por lo que frente a otras colectividades
que hubieren obtenido su personería jurídica de forma posterior, no es
procedente incluir votación alguna, en tanto no presentaron aspiraciones en
dicho certamen democrático.
20. El demandado. En su memorial, el apoderado del elegido solicitó se niegue
la nulidad solicitada. Propuso como excepción de fondo la denominada como
“INEXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR (ARTÍCULO 137
DE LA LEY 1437 DE 2011”, la cual sustentó en el cumplimiento, por parte de la
lista de coalición “Pacto Histórico” a la Cámara de Representantes por el
departamento de Boyacá, de los requisitos fijados en el inciso quinto del artículo
262 de la Constitución Política.
21. En síntesis, indicó que la argumentación presentada por el demandante
desconoce la literalidad de la norma presuntamente infringida, toda vez que
aquella se refiere a que los partidos y movimientos políticos que presentan listas
en coalición deben (i) haber participado en la elección a corporaciones públicas
inmediatamente anterior; (ii) ostentar para dicha oportunidad su correspondiente
personería jurídica; y (iii) que juntos, sumen hasta el 15% de la votación obtenida
en la correspondiente circunscripción; exigencias que no se pueden predicar de
la organización política Colombia Humana, toda vez que esta obtuvo su
personería jurídica hasta el año 2021 y no participó de las elecciones al
Congreso de la República del año 2018.
22. Así mismo, refirió que no resultaba procedente sumar la votación obtenida
por el señor Gustavo Petro Urrego en las elecciones presidenciales del año
2018, toda vez que el partido Colombia Humana no existía para ese entonces y,
por lo tanto, no hizo parte de la “coalición Petro Presidente”.
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23. Del Consejo Nacional Electoral. Señaló que una interpretación del artículo
262 constitucional, demuestra que respecto de los partidos y movimientos
políticos, cuya personería jurídica surja de un proceso de escisión o por decisión
judicial y/o administrativa, y que pretendan coaligarse para las elecciones
parlamentarias, “no se les contabilizará voto alguno al no haber participado en las
elecciones inmediatamente anteriores, como ocurren en el caso del Movimiento Político
Colombia Humana dentro de la Coalición Pacto Histórico”.
24. Como fundamento de ello, trajo a colación el contenido del concepto No.
CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514 del 9 de diciembre del 2021, en
donde se expuso la tesis antes referida. Concluyó que:
“Por lo que conforme a la normatividad y jurisprudencia antes expuesta, la
Coalición Pacto Histórico se encuentra conformada por diferentes partidos y
movimientos políticos con personería jurídica reconocida, que decidido unirse
para los comicios electorales de Senado y Cámara de Representantes para el
período constitucional 2022-2026, por consiguiente, de acuerdo con la Ley y los
Estatutos internos de cada grupo coaligado, realizaron un acuerdo y con base a
ello, decidieron presentar de manera conjunta listas de candidatos para dichas
elecciones legislativas, por lo que no se vislumbra causal de nulidad electoral por
no encontrase documentos electorales contrarios a la verdad que podrían ser
objeto de anulación electoral.”
1.6. Auto que decide excepciones previas, decreta pruebas y ordena dictar
sentencia anticipada
25. En providencia del 23 de agosto del 2022, la consejera ponente decidió
sobre la excepción previa propuesta por la Registraduría Nacional del Estado
Civil8.
26. Así mismo, se fijó el litigio y se dispuso la incorporación y decreto de pruebas
de naturaleza documental. Adicionalmente, en aplicación del artículo 182A de la
Ley 1437 del 2011, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y dictar
sentencia anticipada.
1.7. Alegatos de conclusión
27. En el término otorgado para el efecto, se presentó la intervención del señor
José Manuel Abuchaibe Escolar, quien reiteró los argumentos presentados en
el escrito inicial, como sustento de la nulidad deprecada respecto del acto
electoral aquí demandado.
8
Sobre este particular, se declaró como no probada la misma, en la medida en que la referida entidad tiene la
competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de las listas de candidatos a corporaciones
públicas bajo la figura de la coalición.
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28. Adicionalmente, en aplicación del artículo 271 de la Ley 1437 del 2011,
solicitó que el asunto fuera decidido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sustentando aquello en la importancia jurídica y la necesidad de
sentar jurisprudencia sobre el asunto que se debate.
29. El demandado, de otra parte, reiteró su oposición a la prosperidad de las
pretensiones. Sobre el particular, expresó nuevamente su argumentación en el
sentido de señalar que para el 2018 no existía, desde el punto de vista jurídico,
el partido “Colombia Humana”, en la medida en que aquel sólo obtuvo su
personería jurídica en el 2021, a través de la orden dada por la Corte
Constitucional. En este sentido, en sus conclusiones, considera que no resulta
exigible contabilizar los votos obtenidos por el señor Gustavo Petro Urrego en las
elecciones presidenciales del 2018.
30. Seguidamente, señaló que:
“(…)teniendo en cuenta que uno de los argumentos fundamentales para otorgarle la
personería jurídica al movimiento político COLOMBIA HUMANA fue el observar que se
desconocieron las garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y que lo que
buscaba era brindar a la fórmula presidencial derrotada en las elecciones presidenciales la
oportunidad de: (i) integrarse a la bancada de su partido o movimiento político, si ella
existiere; y (ii) participar en el ejercicio de la oposición política, no entiende el suscrito bajo
que lógica se obtiene la obligación de sumar la votación obtenida por el mismo candidato
con otros partidos políticos en un certamen electoral distinto a las elecciones de Cámara de
Representante y Senado de la República condicionándosele al mismo hacia el futuro
cercenando sus derechos políticos, y limitando su posibilidad de entrar en coalic iones con
un fin legítimo.”
1.8. Intervención del Ministerio Público
31. En concepto 2022-09-NE-155 del 20 de septiembre del 2022, la procuradora
séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar la pretensión de
nulidad del acto electoral del señor Pedro José Suarez Vacca como
representante a la Cámara por el departamento de Boyacá.
32. En síntesis, señaló que el parámetro de la votación para determinar el 15%
exigidos por el inciso 5º del artículo 262 constitucional, son las elecciones
parlamentarias inmediatamente anteriores a la fecha de la inscripción de la lista
por coalición, por lo que no resulta válido que para ello se acuda a los sufragios
depositados en una elección presidencial.
33. Como fundamento de su conclusión, presentó una interpretación sistemática
y teleológica de la norma, para señalar conforme a ello que (i) el artículo 262
constitucional responde a la regulación de la forma de integración de las
corporaciones públicas y (ii) busca garantizar la representación de las minorías
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políticas en aquellas, lo cual solo tiene sentido en la conformación del Congreso
de la República y no en las elecciones uninominales para elegir al presidente.
34. Señaló que “[e]l ejecutivo actúa como actor de la uniformidad nacional, de los
consensos y, por ende, es el representante de todos los sectores. En términos
constitucionales, “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional”-art. 188,
C.P.- (…) Esta última categoría de elecciones, si bien origina el derecho a obtener
personería jurídica bajo la idea de participar en la oposición política y generar
representación para las ideas derrotadas; también es claro que no opera como
delimitante para perder la personería jurídica ni adquirirla en los términos precisos del
artículo 108 constitucional, el cual se aplica a las minorías, dada la votación obtenida en
la apuesta electoral para elegir representantes a la Cámara y miembros del Senado de
la República.”
35. Manifestó que:
“Eso permite interpretar que, mientras el Acto Legislativo 02 de 2015, en relación
con el artículo 262, inciso 5 constitucional, tuvo como propósito la protección de las
minorías políticas con la conformación de coaliciones y la garantía de la personería
jurídica a partir de los votos obtenidos en las votaciones para Senado y Cámara de
Representantes, la valoración de la concesión de personería jurídica de la segunda
votación en las presidenciales partió de la base cierta de generar derechos, tales
como la oposición política y la garantía para las personas derrotadas de estar
representadas; esto, en un escenario de representación en el Congreso de las ideas
políticas que, aunque derrotadas, recibieron un apoyo significativo de ciudadanos
en ejercicio de su derecho a la participación política.”
36. Dicho lo anterior, consideró que en el caso concreto se encuentra
demostrados que las colectividades que participaron en la coalición “Pacto
Histórico” en la circunscripción de Boyacá para las elecciones parlamentarias,
acataron las exigencias de la norma constitucional, toda vez que sumados los
votos de aquellos partidos y movimientos políticos que participaron en las
legislativas del 2018, no superan el 15% de los votos válidamente depositados
en el mencionado departamento.
1.9. Otros memoriales
37. En escrito del 31 de octubre del 2022, el demandante, señor José Manuel
Abuchaibe Escolar, desistió de la solicitud elevada en sus alegatos de conclusión
para que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento
del asunto y dicte sentencia de unificación.
38. Dicha petición fue aceptada por el despacho ponente en providencia del 1º
de noviembre del 2022.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
39. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 20119 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y
tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
2.2. Problema jurídico
40. De conformidad con la fijación del litigio efectuada en el auto del 23 de
agosto del 202210, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto
electoral demandado, estableciendo si resulta aplicable o no a la lista de
candidatos inscrita a la Cámara de Representantes por el departamento de
Boyacá, que integran el acuerdo de coalición denominado Pacto Histórico, el
requisito establecido en el artículo 262 constitucional, específicamente, en lo
atinente a la acreditación de quienes la componen para que en su sumatoria
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento de los votos válidos
de la respectiva circunscripción. De resultar aplicable, si tal disposición se
cumplió para dichos candidatos, en las circunstancias antes descritas
41. A efectos de responder lo anterior, es necesario profundizar en los siguientes
subproblemas jurídicos:
a) ¿Resultan predicables las exigencias del artículo 262 constitucional
respecto del movimiento político Colombia Humana que integró el acuerdo
de coalición denominado Pacto Histórico, considerando que esta
colectividad obtuvo su personería jurídica hasta el año 2021, como
consecuencia de una orden judicial?
b) ¿Es viable considerar que la autoridad electoral, al momento de inscribir
la lista de la coalición denominada Pacto Histórico, debió sumar los votos
obtenidos por Colombia Humana, en las elecciones presidenciales del año
2018 y con ello determinar si se acreditó la cifra mínima del 15% de votos
requerido por la norma?
9
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. Artículo modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86..El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente
de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los
gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades
públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan
aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley
10
La cual quedó en firme, toda vez que sobre tal decisión no se interpuso recurso alguno.
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Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
42. Bajo esta perspectiva, la Sala, para efectos metodológicos, abordará los
siguientes temas: (i) la interpretación del inciso 5º del artículo 262 constitucional,
en cuanto hace a los requisitos para la inscripción de listas de candidatos a
corporaciones públicas; (ii) el contenido de la sentencia SU-316 del 2021 y las
razones de tal decisión y (iii) el caso concreto.
2.3. El contenido del inciso quinto del artículo 262 constitucional y la
interpretación jurisprudencial sobre el asunto.
43. A través del Acto Legislativo 02 del 2015 11, se modificó y subrogó el artículo
262 constitucional, incluyendo la posibilidad de los partidos y movimientos
políticos de presentar listas de candidatos a corporaciones públicas bajo la figura
de la coalición. El tenor literal de dicha norma señala:
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.”
44. Sobre el particular, es importante realizar las siguientes consideraciones:
45. En su momento, la jurisprudencia de esta Sección12 señaló que en el
ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición del término coalición
más allá que de la mera mención de la figura en el artículo 13 de la Ley 130 de
1994, en el que se señala “(…) los partidos y movimientos que concurran a las
elecciones formando coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de
los aportes estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición
estatal de gastos.”
46. En adición a ello, se refirió entonces que las coaliciones son alianzas
propias del proceso democrático, que no se encuentran prohibidas
expresamente por el ordenamiento constitucional y legal 13.
47. Desde el punto de vista normativo, se tiene que a través del Acto Legislativo
1 del 2019, por medio del cual se modificó el artículo 107 constitucional, se
consagró la posibilidad de escoger y postular candidatos a través de la figura de
las coaliciones, al señalar lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así:
11
Artículo 20.
12
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00
13
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00. Reiterado en: Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación
11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Pedro José Suárez Vacca – Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más
de un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley. (…)” (Se resalta)
48. De otra parte, a nivel legal, con la expedición de la Ley 1475 de 2011 se
establece explícitamente en la legislación la posibilidad de inscribir candidatos
por coalición y se dictan normas específicas sobre los aspectos que deben
contener los acuerdos, el carácter vinculante de los mismos, y la forma de
proceder en caso de faltas absolutas de candidatos elegidos por coaliciones. Ya
en vigencia de dicha norma, la jurisprudencia de esta Sección ha concluido, en
cuanto a coaliciones, que:
“(…) (i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento
jurídico interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines pre-electorales y post-
electorales, (iii) el requisito fundamental es el acuerdo de voluntades entre las
organizaciones políticas, (iv) se requiere que la inscripción sea avalada si la
coalición o alianza se surte únicamente entre partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, pero si de la misma participa un movimiento social o grupo
significativo de ciudadanos es viable que la inscripción se haga por firmas con la
garantía de seriedad, y (v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por
separado, otra lista o candidato para el mismo certamen electoral” 14.
49. La Sala reitera entonces, que no es en virtud del desarrollo legal surtido
hasta el año 2011 que fue entendido, reconocido y en general dado lugar al
derecho de las agrupaciones políticas a coaligarse, por lo que dicha figura
resulta propia del ejercicio político y, por ende, no puede ser desconocida de
manera general o caprichosa como una manifestación propia del derecho de
asociación amparado también desde el orden constitucional15.
50. Dicho lo anterior, se analiza el contenido del artículo 262 constitucional.
Como lo ha referido la Sala 16, se encuentra que con la reforma efectuada
mediante el Acto Legislativo 02 del 2015 a esa disposición, se
constitucionalizaron dos aspectos relativos a las coaliciones:
14
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.
250002331000201100775-02.
15
Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
16
Ídem.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Pedro José Suárez Vacca – Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
(i) Impone al legislador el deber de regular aspectos propios del
funcionamiento de aquellas y
(ii) De manera autónoma e independiente consagra y regula el derecho
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo
condiciones específicas.
51. Esta Sección ha referido17, en cuanto hace al segundo de los puntos antes
descritos, que el derecho de los partidos políticos a presentar candidatos a
corporaciones públicas mediante la figura de la coalición18 se desarrolló por
el constituyente derivado en los siguientes términos:
1. Se prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos
2. Exige la verificación de la personería jurídica
3. Impone comprobar que los entes coaligados, sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.
52. Finalmente, es de señalar que desde la exposición de motivos del Acto
Legislativo 02 del 201519, el cual incluyó la referida regulación, se tiene que la
finalidad de la misma es lograr el fortalecimiento de la participación democrática
de los partidos y movimientos políticos, garantizándole a ellos, bajo ciertas
condiciones de tipo objetivo -votos de la respectiva circunscripción-, la
posibilidad de aunar esfuerzos para la consecución de espacios de
representación en corporaciones públicas y permitir de esta manera, defender
los mismos los ideales y programas que representan y por los cuales los
ciudadanos votan.
2.4. La sentencia SU-316 del 2021: acceso a la personería jurídica como
garantía del derecho a la oposición.
17
Ídem.
18
Sobre este punto, la Sala en la sentencia que se ha venido citando previamente señaló: “Conforme con lo anterior, desde
el punto de vista exegético es evidente que del contenido gramatical de la norma constitucional bajo estudio se tiene que,
por una parte, se ha impuesto el deber al legislador en materia de coaliciones de regular, aspectos propios de su
funcionamiento y, por otra parte, de manera autónoma y específica se consagra y regula de manera directa un derecho,
esto es, el relativo a presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones,
dispuestas de manera específica por el Constituyente derivado.”
19
En este sentido, desde su contexto histórico y finalista, la reforma introducida por el acto Legislativo 002 de 2015, al inciso
5 del artículo 262 Constitucional, deja claro que dicho acto estaba dirigido desde su génesis19, entre otras, cosas, “para
abordar en forma integral un ajuste institucional cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de
nuestro sistema político” y, por tanto, incluyó entre sus objetivos el de “1. Modificar disposiciones electorales dirigidas a
fortalecer la democracia”
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53. En la sentencia SU-316 del 16 de septiembre del 2021 20, la Corte
Constitucional, en sede de revisión, decidió sobre la acción de tutela interpuesta
por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza
en contra del Consejo Nacional Electoral, ante la negativa de dicha autoridad de
reconocer la personería jurídica al entonces grupo significativo de ciudadanos
“Colombia Humana”.
54. La referida corporación judicial, en su análisis, manifestó que “(i) todos los
ciudadanos tienen el derecho de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos
políticos, sin limitación alguna (arts. 1, 3, 40 numeral 3 y 107 superiores); (ii) las formas de
agrupación política reconocidas en las Leyes Estatutarias 130 de 1994 y 1475 de 2011,
reflejan alternativas de participación democrática, y se ven profundamente influenciadas
por el concepto de democracia participativa adoptado en la Constitución Política de 1991;
y (iii) el artículo 108 superior, según ha sido modificado a través de dos actos legislativos
de los años 2003 y 2009, busca fortalecer y consolidar partidos políticos como célula
básica del sistema electoral, con identidad ideológica, plataforma programática y apoyo
popular suficientes para garantizar su permanencia en el tiempo por encima de la
tradición personalista.”21
55. Así mismo, reconoció que “(i) el derecho fundamental a la oposición e
independencia política es una condición esencial de la democracia participativa; y (ii) el
artículo 24 del Estatuto de Oposición constituye un desarrollo directo del inciso cuarto del
artículo 112 superior, y permite la consolidación de una alternativa de poder mediante la
incorporación del candidato derrotado a la bancada de su organización política en el
Congreso, permitiendo, además, que las personas que votaron por la opción derrotada
también se encuentren representadas.”22
56. Bajo estas consideración, constató el Alto Tribunal que existe un vacío
normativo para aquellas candidaturas independientes que aspiran a la
presidencia de la República a través de grupos significativos de ciudadanos,
movimientos sociales o agrupaciones políticas sin personería jurídica, en la
medida en que se les reconoce un espacio de representación en el Congreso de
la República, más no el acceso efectivo al conjunto de garantías consagrados en
el artículo 112 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 1909 de 2018.
57. Se señaló en la decisión en comento, que las curules que se obtienen por el
derecho personal tanto en el Senado de la República como en la Cámara de
Representantes, tienen un mandato ontológico de representación, en la medida
en que buscan que la opción política derrotada en las elecciones presidenciales
al ocupar el segundo lugar, tengan un espacio en dichas corporaciones públicas
para la defensa de sus programas e ideales y consolidarse como una verdadera
opción de poder.
20
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
21
Ídem.
22
Ídem.
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58. Por lo dicho, se determinó necesario efectuar una interpretación que
garantice el carácter expansivo del principio democrático y bajo esta, establecer
que es necesario garantizar de manera efectiva el derecho a la oposición de la
organización política que obtuvo una representación ciudadana suficiente en las
elecciones presidenciales, y conforme con ello, otorgarle el reconocimiento de la
personería jurídica como mecanismo que le permite ejercer todas las
prerrogativas reconocidas constitucional y legalmente.
59. Conforme con lo dicho, la Corte Constitucional en sentencia SU-316 del
202123, fijó una regla de decisión que se puede resumir de la siguiente manera:
60. En relación con el contenido del artículo 112 constitucional, desarrollado por el
artículo 24 de la Ley 1909 del 201824, se observa un vacío normativo que conlleva a
una afectación del derecho a la oposición política, en tanto no existe regla expresa
que permita que el grupo significativo de ciudadanos sin personería jurídica que
obtuvo las curules en el Senado de la República y la Cámara de Representantes
con fundamento en el derecho personal, acceda a dicho reconocimiento, como
mecanismo que garantiza de forma efectiva el goce pleno del núcleo esencial del
derecho fundamental a la oposición. Ello conlleva a efectuar una interpretación
extensiva del artículo 108 constitucional, para considerar que, con lo dispuesto en el
Acto Legislativo 02 del 2015, se creó un nuevo escenario para el reconocimiento de
personería jurídica, para lo que se requiere (i) haber obtenido más del 3% de la
votación en las elecciones de presidente de la República (ii) haber aceptado la curul
por derecho personal y, (iii) declararse en oposición al Gobierno de turno.
2.5. Caso concreto
61. En atención a lo expuesto en el concepto de violación, el demandante
considera que el acto electoral del señor Pedro José Suárez Vacca como
representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, es nulo, en tanto al
momento de la inscripción de la lista de coalición denominada “Pacto Histórico”
no se cumplieron los requisitos del inciso 5º del artículo 262 constitucional.
62. Según su dicho, respecto del movimiento político “Colombia Humana”, era
necesario contabilizar los votos obtenidos por el señor Gustavo Petro Urrego en
las elecciones presidenciales del año 2018, toda vez que fue con fundamento en
ellos que la Corte Constitucional, en sentencia SU-316 del 2021 le otorgó la
personería jurídica a dicha colectividad política.
23
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24
ARTÍCULO 24. CURULES EN SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES. Los candidatos que sigan en votos a
quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de
estas corporaciones, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras. Terminados los
escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales. Quienes resultaren elegidos
mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en
las opciones previstas en el artículo 6o de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.
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63. Así las cosas, señaló, no era procedente que en el formulario E-6 de
inscripción de la referida lista, se señalara que “Colombia Humana” suma cero
(0) votos para la determinación del 15% exigido por la norma constitucional, pues
lo procedente era incluir, al menos, los sufragios obtenidos por la referida
candidatura presidencial en el departamento de Boyacá.
64. La Sala anticipa que el razonamiento del accionante no es de recibo, al
considerar los siguientes argumentos:
65. De lo probado en el proceso:
66. En atención a la actividad probatoria desplegada por las partes, así como por
aquella dispuesta de oficio por el despacho conductor de la presente actuación,
la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
67. De la participación del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las
elecciones presidenciales del 2018.
68. De conformidad con lo señalado en la decisión SU-316 del 2021, los
ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela María Robledo Gómez
inscribieron su postulación con fórmula presidencial y vicepresidencial para las
elecciones del 2018, acudiendo a la figura de la coalición entre el Grupo
Significativo de Ciudadanos Colombia Humana y el partido político
Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-.
69. De conformidad con el formulario E-26PRE del 21 de junio del 2018 25, se
tiene que la referida opción política, obtuvo un total de 8.040.449 votos.
70. En el departamento de Boyacá, de conformidad con el formulario E-26PRE
de dicha circunscripción, los mencionados fueron apoyados por un total de
233.784 sufragantes26.
71. De la obtención de la personería jurídica del movimiento político
Colombia Humana.
72. En el expediente, obra copia de la Resolución No. 7417 del 15 de octubre del
202127, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo
dispuesto en la sentencia SU-316 del 2021 de la Corte Constitucional, le
reconoce personería jurídica al movimiento Colombia Humana, por las
consideraciones que fueron expuestas en precedencia.
25
SAMAI. Actuación No. 37. Archivo “Expediente 1(.zip) NroActua 37.”
26
SAMAI. Actuación No. 26. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_ANEXOSCONTESTADEMA(.pdf ) NroActua 26”.
27
SAMAI. Actuación No. 37. Archivo “Expediente 1(.zip) NroActua 37.”
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Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
73. De la inscripción de la lista de candidatos por la coalición PACTO
HISTÓRICO a la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá
y del resultado de la elección parlamentaria en dicha circunscripción el 13
de marzo del 2022.
74. El 12 de diciembre del 2021, los representantes legales del Polo Democrático
Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, Colombia
Humana, Unión Patriótica, Alianza Democrática Amplia y el Partido Comunista
Colombiano, suscribieron el denominado “ACUERDO DE COALIACIÓN
PROGRAMÁTICA Y POLITICA ENTRE (…) PARA INSCRIBIR LISTAS DE
CANIDATOS/AS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE BOYACÁ PARA LAS ELECCIONES DEL 13 DE MARZO DEL 2022
PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022-2026”28.
75. La cláusula tercera del referido documento señala que:
“CLÁUSULA TERCERA: Conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la
Resolución No. 2151 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, se INSCRIBEN y
AVALAN a los siguientes ciudadanos como candidatos de los partidos y/o
movimientos con personería jurídica que firman el presente acuerdo a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE BOYACÁ, en
la lista PREFERENTE de coalición denominada “PACTO HISTÓRICO”, mediante el
mecanismo del consenso político, para el periodo constitucional 2022 – 2026, en las
elecciones a realizarse el próximo 13 de marzo de 2022. Las candidaturas serán las
siguientes:
No. ´PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO CEDULA H M FILIACION
NOMBRE NOMBRE APELLIDO APELLIDO POLITICA
1 JOSE GIOVANY PINZÓN BAEZ 80245498 X MOVIMIENTO
ALTERNATIVO
INDIGENA Y
SOCIAL "MAIS
2 MARYORY CATHERIN ORTIZ ALVAREZ 1049610025 X UNION
PATRIOTICA
"UP”
3 PEDRO JOSÉ SUÁREZ VACCA 7162709 X MOVIMIENTO
POLÍTICO
COLOMBIA
HUMANA
4 LEIDY ALEJANDRA MORENO SANCHEZ 1049615463 x POLO
DEMOCRATICO
ALTERNATIVO
5 KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA 74434001 X MOVIMIENTO
ALIANZA
DEMOCRATICA
AMPLIA "ADA"
6 CAROLINA DEL PILAR RODRIGUEZ CONTRERAS 33700576 X UNION
PATRIOTICA
"UP"
28
SAMAI. Actuación No. 25. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_ACUERDOCOALICIONPA(.pdf ) NroActua 25”
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76. La inscripción de los candidatos antes señalados se realizó mediante el
formulario E-6CAM del 13 de diciembre del 2021 29, confirmada mediante el
formulario E-8 del 21 del mismo mes y anualidad 30. El primero de los
documentos electorales mencionados, en punto de la votación obtenida por los
referidos partidos y movimientos políticos en las elecciones parlamentarias del
11 de marzo del 2018 señala:
77. En cuanto hace a la verificación del cumplimiento de los requisitos del inciso
quinto del artículo 262 constitucional, se observa que el formulario E-6CAM del
13 de diciembre del 2021, guardó silencio:
29
SAMAI. Actuación No. 25. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_E6CT07000000290(.pdf) N
roActua 25”. Este documento fue remitido nuevamente, tras el decreto de pruebas efectuado por el despacho conductor, tal
como se observa en la actuación No. 38 del sistema SAMAI, archivo “Respuesta(.zip) NroActua 38”
30
SAMAI. Actuación No. 25. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_E8CTPEDROJSUAREZ(.pdf)
NroActua 25”
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78. Conforme al formulario E-26CAM del 22 de marzo del 2022 31, en la
circunscripción territorial de Boyacá se presentó la siguiente votación:
79. Así las cosas, se declaró la elección en los siguientes términos:
31
SAMAI. Actuación No. 25. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_E26CAMARABOYACAP(.pdf)
NroActua 25”
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80. Estudio de los argumentos de la demanda
81. Conforme a cada uno de los hechos relevantes debidamente probados al
interior del proceso, la Sala considera lo siguiente:
82. En escrito sentido, el movimiento político Colombia Humana no
participó en una elección anterior en la respectiva circunscripción.
83. Como fue puesto de presente, el movimiento político “Colombia Humana”,
nació como tal tras el reconocimiento de la personería jurídica efectuado por la
Resolución No. 7417 del 15 de octubre del 2021 32, dictada por el Consejo
Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-316 del
2021 de la Corte Constitucional.
84. Así las cosas, al momento de la inscripción de los candidatos por la lista de
la coalición “Pacto Histórico” en el departamento de Boyacá, si bien la “Colombia
Humana” contaba con el reconocimiento de su personería jurídica, no es
procedente considerar que la autoridad electoral debía contabilizar los votos de
la elección inmediatamente anterior, en la medida en que no pudo haber
participado en la misma, en tanto no existía en estricto sentido.
32
SAMAI. Actuación No. 37. Archivo “Expediente 1(.zip) NroActua 37.”
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85. Desde esta perspectiva, dicho criterio objetivo establecido por la norma no
puede ser verificado, en tanto resulta en un imposible desde el punto de vista
fáctico.
86. Ahora bien, tampoco es acertado considerar que se debía incluir la votación
obtenida por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las elecciones
presidenciales del año 2018, así dichos sufragios hayan sido aquellos que la
Corte Constitucional consideró para efectos de otorgar la personería jurídica al
movimiento político “Colombia Humana”, por las siguientes razones:
87. Las elecciones se llevaron a cabo en diferentes circunscripciones.
88. El inciso 5º del artículo 262 constitucional señala que, “[l]os partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación
de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones
públicas” (énfasis de la Sala).
89. El concepto de circunscripción electoral refiere al ámbito territorial en el cual
los votos depositados, constituyen el fundamento para el reparto de los escaños
entre candidatos o partidos33. Así las cosas, se trata de una delimitación espacial
que permite establecer quienes serán los ciudadanos habilitados para participar
en la elección de un funcionario a través del voto popular, en tanto estos deben
residir en la misma para poder sufragar.
90. Conforme con ello, se tienen elecciones que se llevan a nivel nacional, en la
cual, el territorio colombiano constituye una sola circunscripción electoral y por lo
mismo, todos los ciudadanos pueden participar sin restricciones de orden
geográfico en aquellos. Piénsese, por ejemplo, la elección de los senadores de la
República.
91. De otro lado, tenemos aquellos procesos democráticos que atienden a
criterios geográficos que no incluyen a todo el territorio nacional, sino a parte
integrante de este (por ejemplo, el departamento) en la cual se busca que sólo
los ciudadanos que residen allí elijan a quienes los representaran en una
determinada posición. En esta categoría, por ejemplo, tenemos la elección de los
concejos municipales y de las asambleas departamentales.
92. En atención a dicho concepto, que expresamente se consagra en el
mencionado inciso 5º del artículo 262 constitucional cuando hace referencia a la
“(…) respectiva circunscripción”, debe entenderse entonces que los sufragios que
se tienen en cuenta para la determinación del 15% entre las colectividades
33
Registraduría Nacional de Estado Civil. Glosario Electoral. Consultado en https://www.registraduria.gov.co/-Glosario-
electoral,225-
.html#:~:text=Circunscripci%C3%B3n%20electoral%3A%20Territorio%20dentro%20del,esca%C3%B1os%20entre%20candi
datos%20o%20partidos.
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Pedro José Suárez Vacca – Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá – Período 2022-2026.
coaligadas, debieron haber sido depositados en el territorio en el cual se lleva
cabo la elección a la cual pretenden participar 34.
93. En otras palabras: si la lista de candidatos por coalición a una corporación
pública busca participar en las elecciones para elegir representantes en un
departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes
referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y
movimientos coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con
aquel en el cual se lleva a cabo la elección.
94. Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que
como se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual los
ciudadanos pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de
elección que posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta
consideración, es claro que la figura referida, deviene en un elemento objetivo y
verificable que permite establecer la fuerza electoral de los partidos coaligados
que pretenden acceder a un espacio de representación en una corporación
pública.
95. Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo nivel nacional, mientras que los
representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los departamentos que
conforman el territorio colombiano.
96. Como fundamento normativo de ello, se tiene lo señalado en el artículo 176
constitucional, que refiere a que “la Cámara de Representantes se elegirá en
circunscripciones territoriales y especiales”, indicando que “cada departamento y el
Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial ”. De otra parte, el
artículo 190 del texto superior, refiere que el presidente de la República será
elegido por la mitad más uno de los votos que “depositen los ciudadanos”, lo que
permite entender que se trata de una circunscripción nacional.
97. Bajo esta consideración, es claro que la forma de elección presenta una
diferencia sustancial en cuanto hace a la circunscripción electoral en las
cuales estas se llevan a cabo, toda vez que, de un lado, la primera tiene como
fundamento la sumatoria de todos los votos obtenidos en el territorio colombiano,
mientras que la segunda se declara con el soporte del total de votos válidamente
depositados en el ente territorial que elige el correspondiente representante.
98. Así las cosas, conforme a lo dicho, es improcedente contabilizar la votación
obtenida a nivel nacional por la coalición “PETRO PRESIDENTE” en el año 2018
a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de una lista que busca
un espacio de representación en una corporación pública que se elige al nivel
34
Ver supra, párrafo 51 de esta providencia.
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territorial.La tesis del demandante presenta una dificultad práctica en el
caso concreto.
100. De otra parte, en gracia de discusión, de aceptar la postura propuesta en
la demanda, lo cierto es que respecto de esta se observa una dificultad práctica
para entrar a determinar cuáles serían los votos a tener en cuenta respecto del
partido “Colombia Humana” y sumar los mismos con aquellos obtenidos por los
demás partidos coaligados.
101. Recuérdese que los señores Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela
María Robledo, participaron como fórmula en las elecciones presidenciales del
año 2018, bajo la figura de una coalición entre el Grupo Significativo de
Ciudadanos Colombia Humana y el partido político Movimiento Alternativo
Indígena y Social -MAIS-.
102. En atención a la forma de participación, se tiene entonces que los votos
depositados a favor de dicha opción política se contabilizan a favor del candidato
presentado por la coalición, sin que sea posible identificar si los mismos
pertenecen a una u otra de las organizaciones que hacen parte del acuerdo.
103. Así las cosas, si se acepta la tesis propuesta por el demandante, la
pregunta que surge entonces es ¿cuántos de los votos a favor de la coalición
“PETRO PRESIDENTE” a nivel nacional o en el departamento de Boyacá
pertenecen el grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana hoy partido
político con personería jurídica?
104. Responder al anterior interrogante es fundamental, toda vez que no debe
perderse de vista que la norma constitucional -inciso 5º del artículo 262-, exige
que la determinación del 15% se realice frente a la votación obtenida por cada
una de las colectividades que integran el acuerdo de coalición que deriva en la
inscripción de candidatos a una corporación pública determinada.
105. Así las cosas, en tanto es imposible determinar cuántos votos obtuvo la
“Colombia Humana” en las elecciones presidenciales del año 2018, por cuanto
los mismos no fueron para dicha colectividad sino para un candidato presentado
en coalición para un cargo uninominal, la cual se rige por las reglas propias del
artículo 29 de la Ley 1475 del 2011 35, lo cierto es que se presenta una dificultad
35
Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o
con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de
coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella.
Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la
coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. En el caso de las campañas presidenciales también
formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato. En
el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los
candidatos. Parágrafo 1. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos;
mecanismo mediante el cuál se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a
gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos
partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y
auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que
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práctica a efectos de establecer en efecto cual sería el monto a tener en cuenta
para establecer el cumplimiento de los requisitos del artículo 262 constitucional.
106. La regla de decisión creada en la sentencia SU-316 del 2021 no varía la
forma de interpretación y aplicación de los requisitos del inciso 5º del
artículo 262 constitucional.
107. Finalmente, la Sala considera que las razones que fundamentan la
sentencia SU-316 del 2021 no implican una variación en la interpretación y
aplicación de los requisitos que se determinan por el artículo 262 constitucional
para la presentación de candidatos a corporaciones públicas mediante la figura
de la coalición.
108. En primer lugar, es de señalar que las consideraciones efectuadas por la
Corte Constitucional en la referida decisión giraron en torno a la garantía del
derecho a la oposición de la opción política derrotada en las elecciones
presidenciales, que accede a las curules que por derecho personal consagran el
artículo 112 constitucional y el Estatuto de la Oposición (artículo 24 de la Ley
1909 del 2018) y que obtiene un apoyo ciudadano de hasta el 3% de los votos
válidamente depositados.
109. Así las cosas, lo que se observa es que la referida corporación judicial
interpretó el artículo 108 Superior -en punto del reconocimiento de la personería
jurídica- frente a las nuevas regulaciones constitucionales y legales que
consagraron mecanismos para permitir la consolidación de nuevas fuerzas
políticas a través del acceso al Congreso de la República a quienes ocuparon el
segundo lugar en las elecciones presidenciales y la representatividad de sus
votantes.
110. Lo anterior tiene ciertas implicaciones en cuanto hace al estudio adelantado
por la Corte Constitucional y el posible impacto que ello tiene respecto de la
aplicación del inciso 5º del artículo 262 Superior.
111. Si bien es claro que la referida corporación judicial hizo referencia a la
necesidad de contar con un factor objetivo que permitiera establecer el apoyo
ciudadano, para lo cual, acudió al valor del 3% de los votos válidos de una
hubiere lugar a reemplazar al elegido. Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por
tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no
podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será
causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.
Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según
el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que
inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a
un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato. No podrán ser encargados o
designados cómo gobernadores o alcaldes para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se
encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del
artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de
elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.
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elección conforme lo señala el artículo 108 de la Constitución, lo cierto es que
dicha circunstancia no implica, en sí misma, que la elección presidencial y el
ejercicio del derecho personal adquieran la connotación de elecciones
parlamentarias.
112. El razonamiento efectuado en la sentencia SU-316 del 2021, en todo
momento parte de la naturaleza del ejercicio del derecho personal, entendiéndolo
como una elección indirecta al Congreso de la República que se deriva de la
consecuencia de ocupar el segundo lugar en las presidenciales correspondientes
y que conlleva a un mandato ontológico de representación de quienes votaron
por la fórmula que ocupó el segundo lugar en la contienda, pero en ninguna
medida se asimila la misma a la elección de los parlamentarios por la vía
ordinaria.
113. Así las cosas, no se puede considerar que los votos que soportan el acceso
a las curules por el derecho personal se conviertan, por dicha circunstancia, en
sufragios que fueron depositados en una elección parlamentaria y muchos
menos en una que se lleva al nivel territorial, pues ambas elecciones difieren en
cuanto hace al tipo de autoridad a elegir a la forma de acceder al cargo.
114. Conforme con lo dicho, es claro que los alcances de la decisión de la Corte
Constitucional, no impactan la forma en que se aplica e interpreta el inciso 5º del
artículo 262 Superior, en tanto que las razones de decisión de la sentencia SU-
316 del 2021, responden a una elección diferente y a las consecuencias propias
de la misma, sin que se observe un impacto en la forma de aplicación y la
interpretación que hasta el momento se ha dado por la jurisprudencia de esta
Sección la inciso 5º del artículo 262 constitucional.
Conclusiones
115. Conforme con lo dicho, se tiene entonces que el cargo por infracción de
norma superior no resultó demostrado en el presente asunto, pues la tesis
propuesta por el demandante no se compadece con los requisitos de la norma
constitucional presuntamente desconocida.
116. Por un lado, se tiene que el partido político “Colombia Humana” no participó
de una elección anterior, en tanto nació solamente hasta el 2021 mediante una
orden judicial, y, adicionalmente, la votación que el accionante pretende sea
contabilizada en la conformación de la coalición “Pacto Histórico” se depositó en
una elección que lleva a cabo en una circunscripción diferente.
117. De otra parte, de aceptar la tesis del señor Abuchaibe Escolar, se tiene una
dificultad práctica para establecer los votos que fueron depositados a favor del
entonces grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, dado que su
participación en las presidenciales se dio bajo la figura de la coalición.
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118. Finalmente, las anteriores consideraciones no cambian al estudiar las
razones de la decisión SU-316 del 2021, en la medida en que en dicha
oportunidad, la Corte Constitucional estudió la interpretación del artículo 108
constitucional en el contexto de las garantías del derecho a la oposición y el
ejercicio del derecho personal a ocupar una curul en el Congreso de la República
por la fórmula que ocupó un segundo lugar en las elecciones presidenciales,
todo ello en el contexto de dicho cargo uninominal, lo que permite entender que
abordó cuestiones de una elección diferente a la que se regula por el inciso 5º
del artículo 262 Superior.
119. En anterior a lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salvamento parcial de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclaración de voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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