Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06420-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-06420-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06420-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 2 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06420-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de única instancia que negó las
pretensiones dentro de un proceso de nulidad electoral.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 3 de
febrero de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 1 de diciembre de 2022, José Manuel Abuchaibe Escolar presentó
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(defensa), tutela judicial efectiva, participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 17 de
noviembre de 2022, por la cual se negaron las pretensiones de una
demanda de nulidad electoral, proceso No. 11001-03-28-000-2022-00084-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Se nos conceda la Tutela al suscrito sobre nuestros derechos al debido
proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
2 “PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor José Manuel Abuchaibe Escolar, por lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06420-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que
ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada,
dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a
las consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.
2. DEJAR SIN EFECTO la providencia judicial proferida el diecisiete (17) de
noviembre de dos mil veintidós (2022) por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00 por la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada contra la elección PEDRO JOSÉ
SUÁREZ VACCA, como representante a la Cámara por el Departamento de
Boyacá para el período constitucional 2022-2026.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la
Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales de los
accionantes.
4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Pedro José Suárez Vacca fue inscrito por el Pacto Histórico3, en la
lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento
de Boyacá para el periodo 2022 -2026.
5. 2) El 13 de marzo de 2022, el señor Suárez Vacca fue electo como
representante a la Cámara de Representantes por el Departamento de
Boyacá, tal y como consta en el formulario E-26 CAM.
6. 3) El 9 de mayo de 2022, José Manuel Abuchaibe Escolar presentó
demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró la elección
de Pedro José Suárez Vacca como representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá, con fundamento en que la coalición del Pacto
Histórico no cumplió con uno de los requisitos que se encuentran
consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución 4 , el cual,
dispone que para formar coaliciones: (a) los partidos o movimientos políticos
que la conformaran debían tener personería jurídica y, (b) que sumados
obtuvieran una votación de hasta el 15% de votos válidos en la respectiva
circunscripción. A juicio del accionante, el Pacto Histórico sobrepasó el límite
establecido por la votación que obtuvo el movimiento Colombia Humana
en las elecciones indirectas de presidencia y vicepresidencia en 2018 y, por
lo tanto, no podían conformar la coalición.
3 Coalición programática y política de partidos y movimientos políticos: Polo Democrático Alternativo, Alianza
Democrática Amplia, Colombia Humana, MAIS, Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
4 “La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de democracia
interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a
corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición
para corporaciones públicas”.
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7. 4) Por lo anterior, precisó que, el partido político Colombia Humana se
incluyó en la denominada coalición del Pacto Histórico porque cumplía con
el requisito de tener personería jurídica, la cual obtuvo del Consejo Nacional
Electoral5, en virtud de la orden dada por la Sentencia SU-316 de 20216 de la
Corte Constitucional, que interpretó de una manera extensiva el artículo 108
de la Constitución7, al determinar que, el partido por haber participado en
las elecciones presidenciales y vicepresidenciales y, que, a pesar de no
haber ganado tales elecciones (indirectas), se les otorgaría una curul tanto
en el Senado como en la Cámara de Representantes del Congreso, para lo
cual, tenían que acceder a ellas y declararse en oposición, situaciones que
sucedieron.
8. En consecuencia, la personería jurídica se reconoció con el 3% de los
votos válidos en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, pero
tales votos, no se tuvieron en cuenta para efectos del cómputo para
acreditar los requisitos para conformar coaliciones. A juicio del accionante,
la votación que obtuvo el partido Colombia Humana en las citadas
elecciones si se debió tener en cuenta en la coalición, tal y como lo hizo la
Corte Constitucional en la sentencia que reconoció la personería jurídica a
ese partido.
9. 5) El conocimiento del asunto le correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, por medio de Sentencia de única instancia de 17
de noviembre de 2022, negó las pretensiones tras considerar que, los
resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales
no se podían, ni debían tener en cuenta para efectos de determinar el 15%
de votos válidos dispuesto en el artículo 262 de la Constitución, en la medida
que no tendría sentido contabilizar votos obtenidos por un partido político
en una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista
de coalición.
10. En ese orden de ideas, los únicos resultados relevantes para
determinar si el partido Colombia Humana podía o no ser parte de la
coalición Pacto Histórico para la elección de Cámara de Representantes en
el Departamento de Boyacá, fueron aquellos obtenidos por dicho
movimiento en los mismos comicios celebrados en el 2018, pero para esa
5 A través de la Resolución No. 7417 de 2021.
6 “Tercero. – DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la Resolución No. 3231 de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral,
y en su lugar ORDENAR a dicha autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana, para lo cual deberá proferir una nueva decisión en el término de 10 días calendario contados a partir
de la notificación del presente fallo, acogiendo los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión.”
7 Artículo 108 de la CP: “El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento
(3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o
Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se
exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y
políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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época el partido Colombia Humana aun no tenía personería jurídica
reconocida. En consecuencia, la suma de votos obtenidos en ese entonces
por los movimientos y partidos políticos que conformaron la coalición Pacto
Histórico no sobrepasó el 15%.
11. Por último, mencionó que la Sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional estudió la interpretación del artículo 108 de la Constitución,
motivo por el que, la expedición de esa providencia no influía en la forma
de interpretar el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución.
12. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: (a)
sustantivo, ante la falta de razonabilidad en la interpretación que se dio
respecto a la expresión “elecciones indirectas” en la Sentencia SU-316 de
2021, (b) fáctico, al proferir la sentencia cuestionada sin el respaldo
adecuado de la Sentencia SU-316 de 2021 y, (c) violación directa de la
Constitución, al no haber adelantado una interpretación acorde con la que
le otorgó la Corte Constitucional al artículo 108 de la Constitución en la
Sentencia SU-316 de 2021.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 3 de febrero de 2023, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela. Para ello, de un lado, consideró que lo reclamado por el accionante
respecto de la expresión “elecciones indirectas”, era una omisión en el
análisis conforme con lo dispuesto en la Sentencia SU-316 de 2021. En ese
orden concluyó que esa omisión constituía una vulneración al principio de
congruencia por no resolver todos los extremos de la litis, aspecto que podía
reclamarse en el proceso judicial ordinario a través de la solicitud de adición
de sentencia y, dado que esa solicitud no se interpuso, la inconformidad
alegada no superó el requisito de subsidiariedad.
14. De otro lado, hizo referencia a que a través de los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución, el demandante pretendió utilizar la
tutela como una instancia adicional, con el fin de reabrir un debate resuelto
por el juez natural del asunto. En consecuencia, consideró que esos reparos
no superaron el requisito de relevancia constitucional.
15. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que señaló que
la acción de tutela sí superaba el requisito de subsidiariedad en la medida
en que lo reclamado no era la falta de pronunciamiento de los extremos de
la controversia, si no una interpretación arbitraria de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, de la Sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional.
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16. Adicional a lo anterior, indicó que el asunto tenía relevancia
constitucional (se trascribe):
“al enfocarse en cuestionar la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró que el partido político COLOMBIA HUMANA,
con personería jurídica, al momento de celebrar una coalición con otros
partidos, no tenía votos contabilizables al realizar la inscripción de la coalición
que se denominó PACTO HISTORICO y verificar si cumplía con el artículo 262
constitucional, a pesar que la Corte Constitucional destacó en la Sentencia
SU316/21 el surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no
depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules
obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en la elección
presidencial.”
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
17. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, a través de la
cual, se declaró improcedente la acción de tutela, pero únicamente, por
no superar el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se advirtió
que la parte actora no desplegó la carga argumentativa que justificara la
intervención del juez de tutela y logró identificarse que lo que pretendió fue
someter su pleito a una instancia adicional.
18. En este punto, es necesario recordar que el demandante, en la
impugnación, mencionó que lo reclamado no era una falta de
pronunciamiento sobre alguno de los extremos de la controversia, sino su
inconformidad respecto de la interpretación que, a su juicio, debió hacer la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de la Sentencia SU-316 de 2021 de
la Corte Constitucional. El aspecto referido será objeto de pronunciamiento
dentro del presente acápite.
19. La relevancia constitucional es uno los requisitos que deben concurrir
para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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20. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 201410, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere de la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela11 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia 12 ; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad13.
21. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional14.
22. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe): “la presente acción se refiere a derechos fundamentales de
altísima relevancia constitucional, toda vez que la falta de rigurosidad de los
magistrados de la Sección Quinta, desconoce elementos basales de nuestro
sistema democrático al utilizar criterios extensivos y modificar la postura
expuesta por la Corte Constitucional cuando otorgó personería al
movimiento COLOMBIA HUMANA”, además de lo expuesto en el escrito de
impugnación 15, lo cierto es que tales argumentos no son suficientes para
justificar la intervención del juez constitucional, en una controversia que ya
fue analizada y resuelta por la autoridad judicial facultada legamente para
pronunciarse sobre la misma.
23. Tal como lo puso de presente el juez constitucional de primer grado,
en el presente caso, la Sala logró evidenciar que la parte demandante
pretendió que se analizaran argumentos que ya fueron expuestos dentro del
proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2022-00084-00.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
11 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
15 Ver párrafo 16.
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24. En el escrito de tutela 16 , el demandante alegó que: la autoridad
judicial incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución al no haber adelantado una interpretación conforme con la
que le otorgó la Corte Constitucional al artículo 108 de la Constitución en la
Sentencia SU-316 de 2021, en lo referente a los votos válidos que se debieron
tener en cuenta para la conformación de la coalición de Pacto Histórico,
en la lista para la Cámara de Representantes del Departamento de Boyacá.
25. La Sala comparte los argumentos expuestos por la sentencia de tutela
de primera instancia, en el sentido de que los reparos planteados a través
del presente escrito de tutela, por medio de las inconformidades reseñadas,
más allá de la configuración de los defectos alegados, se presentan como
una reiteración de los aspectos expuestos ante el juez ordinario.
26. Lo anterior queda en evidencia al revisar los argumentos que se
plantearon dentro del escrito de demanda 17 del medio de control de
nulidad electoral y ahora a través de la acción de tutela 18 presentada
contra la sentencia de tutela de primer grado.
16 (…) “La falta de razonabilidad de la interpretación del Consejo de Estado, ¿Qué significado tiene para la Sección
Quinta del Consejo de Estado la expresión de ELECCIONES INDIRECTAS al Congreso que expone la Corte para
otorgar la Personería Jurídica a Colombia Humana? A raíz de lo anterior la Corte Constitucional en su fallo
consideró como punto esencial para otorgar la personería jurídica a Colombia Humana, contabilizar los votos en
las presidenciales como si fuera las del congreso, en una interpretación expansiva, y analiza que superó el umbral
para efectos de obtener el reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo al artículo 108 constitucional, es
decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente, pero la Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de
Presidente y Vicepresidente de la República. El 108 superior considera: podrán obtener personería jurídica, siempre
que, en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado, consigan una votación no inferior al 3% de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional. ¿Por qué́ entonces la Sección Quinta no cuestiona la
aplicación del artículo 108 superior dispuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional, si Colombia Humana,
según la sentencia cuestionada, no participó de las elecciones al congreso en el 2018?
(…) es claro que se encuentra debidamente sustentado que la Sección Quinta incurrió́ en una vía de hecho por
defecto fáctico al proferir la sentencia que estamos cuestionando, al interpretar ARBITRARIAMENTE lo expuesto por
La Corte Constitucional en la Sentencia SU316/21 en la que se DESTACÓ el surgimiento de un caso de
reconocimiento de personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado (…).
(…) Mediante la decisión que estamos cuestionando, la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió́ en una vía
de hecho por violación directa de la Constitución, al no adelantar una interpretación conforme al artículo 108
constitucional, ya que La Corte Constitucional otorgó personería al movimiento COLOMBIA HUMANA en
cumplimiento del artículo 108 constitucional, verificando lo del 3% para efectos del umbral, por lo que no
entendemos de donde se puede interpretar que no se contabilizara voto alguno a COLOMBIA HUMANA para los
efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución.”(…).
17 (…) “Podemos aseverar que el acto de elección de la Cámara de Representantes por Boyacá se hizo en forma
irregular y con infracción de las normas en que debería fundarse, por presentar una lista de coalición denominada
PACTO HISTORICO, que aparece inscrita sin reunir los requisitos legales y constitucionales para hacerlo (…).
(…) Si un partido tiene personería jurídica para participar en las elecciones del 2022 es porque obtuvo su
reconocimiento o la mantuvo en las elecciones del congreso del 2018. Ahora bien, la personería jurídica que
obtuvo COLOMBIA HUMANA por fallo de la Corte Constitucional es porque superó el umbral para efectos de
obtener el reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo al artículo 108 constitucional, es decir, el 3 % de
los votos emitidos válidamente, pero la Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República. En concreto tiene una votación nacional y territorial que puede contabilizarse
para verificar si en coalición sobrepasa el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción. ¿De dónde se entiende que no se contabilizará voto alguno para los efectos consagrados en el
inciso 5 del artículo 262 de la Constitución?
(…) No haberse presentado COLOMBIA HUMANA a las elecciones del Congreso en el 2018 fue el punto de
discusión de la tutela que resolvió́ en revisión la Corte Constitucional, que asimiló las elecciones presidenciales en
la que participó COLOMBIA HUMANA a las del congreso y así́ pudo verificar lo del 3% para efectos del umbral del
artículo 108 constitucional y ordenó al CNE otorgarle personería.
18 Revisar píe de página 16.
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27. Tales argumentos fueron abordados y resueltos en la oportunidad
procesal pertinente por la Sección Quinta del Consejo de Estado, como juez
natural del asunto19.
28. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre los reparos formulados
por la parte demandante.
29. Además, se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otros términos, la presentación simple de discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional20.
2.2. Conclusión
30. La Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primer
grado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, en la medida
no superó el requisito de relevancia constitucional.
19 “(…) Así las cosas, al momento de la inscripción de los candidatos por la lista de la coalición “Pacto Histórico”
en el departamento de Boyacá, si bien la “Colombia Humana” contaba con el reconocimiento de su personería
jurídica, no es procedente considerar que la autoridad electoral debía contabilizar los votos de la elección
inmediatamente anterior, en la medida en que no pudo haber participado en la misma, en tanto [ese partido] no
existía en estricto sentido. Desde esta perspectiva, dicho criterio objetivo establecido por la norma no puede ser
verificado, en tanto resulta en un imposible desde el punto de vista fáctico.
De otro lado, tenemos aquellos procesos democráticos que atienden a criterios geográficos que no incluyen a
todo el territorio nacional, sino a parte integrante de este (por ejemplo, el departamento) en la cual se busca que
sólo los ciudadanos que residen allí elijan a quienes los representaran en una determinada posición. En esta
categoría, por ejemplo, tenemos la elección de los concejos municipales y de las asambleas departamentales.
En atención a dicho concepto, que expresamente se consagra en el mencionado inciso 5º del artículo 262
constitucional cuando hace referencia a la “(…) respectiva circunscripción”, debe entenderse entonces que los
sufragios que se tienen en cuenta para la determinación del 15% entre las colectividades coaligadas, debieron
haber sido depositados en el territorio en el cual se lleva cabo la elección a la cual pretenden participar.
En otras palabras: si la lista de candidatos por coalición a una corporación pública busca participar en las
elecciones para elegir representantes en un departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite
porcentual antes referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y movimientos
coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con aquel en el cual se lleva a cabo la elección.
Finalmente, la Sala considera que las razones que fundamentan la sentencia SU-316 del 2021 no implican una
variación en la interpretación y aplicación de los requisitos que se determinan por el artículo 262 constitucional
para la presentación de candidatos a corporaciones públicas mediante la figura de la coalición.
En primer lugar, es de señalar que las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la referida
decisión giraron en torno a la garantía del derecho a la oposición de la opción política derrotada en las elecciones
presidenciales, que accede a las curules que por derecho personal consagran el artículo 112 constitucional y el
Estatuto de la Oposición (artículo 24 de la Ley 1909 del 2018) y que obtiene un apoyo ciudadano de hasta el 3%
de los votos válidamente depositados.
Así las cosas, lo que se observa es que la referida corporación judicial interpretó el artículo 108 Superior -en punto
del reconocimiento de la personería jurídica- frente a las nuevas regulaciones constitucionales y legales que
consagraron mecanismos para permitir la consolidación de nuevas fuerzas políticas a través del acceso al
Congreso de la República a quienes ocuparon el segundo lugar en las elecciones presidenciales y la
representatividad de sus votantes.”
20 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Decisión: Confirma
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
la cual se declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con
los argumentos expuestos.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General21.
TERCERO: Por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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