Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00097-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00097-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00097-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de agosto de 2023
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., 24 (veinticuatro) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00097-00 (principal), 11001-03-28-
000-2022-00043-00, 11001-03-28-000-2022-00049-00 y
11001-03-28-000-2022-00087-00 (acumulados)
Demandante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandada: MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ –
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR LA
CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
(2022-2026)
Tema: Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos a
corporaciones públicas bajo la figura de la coalición. Concepto
y carácter vinculante del acuerdo. Listas compuestas por un
solo candidato. Cosa juzgada aplicada a controversias
electorales
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado procede a dictar sentencia anticipada
de única instancia dentro del proceso acumulado de nulidad electoral de la
referencia, promovido contra la elección de la señora Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara por la circunscripción del
departamento de Santander, avalada por el movimiento «Colombia Humana»,
para el período 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas acumuladas
1.1.1. Proceso 11001-03-28-000-2022-00043-00
El señor Jeyser Mauricio Rodríguez Balaguera presentó demanda, en nombre
propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el
artículo 139 del CPACA, contra la elección de la representante a la Cámara Mary
Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, contenida en el formulario E-26 CAM del 22 de
marzo de 2022, con el siguiente propósito:
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1
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
[D]eclarar la Nulidad del acto de elección (E-26 CAM) de fecha 22 de marzo de
2022 el cual declara como representante electa a la cámara por Santander a
MARIA (sic) ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ. // De igual forma, de
manera subsidiaria se declaren nulos todos los actos administrativos de trámite
que haya lugar (énfasis original)1.
1.1.2. Proceso 11001-03-28-000-2022-00049-00
El señor Óscar Giovanni Díaz Coronado presentó demanda, en nombre propio y
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
del CPACA, contra la elección de la representante a la Cámara Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez2, con la cual pretende:
PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto de elección de la señora Mary
Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, identificada con la cédula de ciudadanía No
37.748.541, como Representante a la Cámara por Santander periodo 2022-
2026, quien es la única conformante de la lista cerrada de la coalición
denominada «Pacto Histórico»; acto contenido en el Formulario (sic) E-28 de
fecha 22 de Marzo de 2022, por medio del cual la Comisión Escrutadora
Departamental de Santander declaró la elección de los Representantes a la
Cámara por el departamento de Santander para el periodo 2022 al 2026, por el
«Pacto Histórico».
SEGUNDA: Consecuencia de la nulidad del acto administrativo que declara la
elección de la Señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez (única
conformante de la lista cerrada de la colación «Pacto Histórico») como
Representante a la Cámara por Santander periodo 2022-2026 contenido en el
Formulario E-28 de fecha 22 de marzo de 2022, se excluyan del cómputo los
votos para la Cámara de Representantes de la lista de la coalición denominada
«Pacto Histórico».
TERCERA: Corolario de la exclusión del cómputo de los votos para la Cámara
de Representantes de la lista de la coalición denominada «Pacto Histórico», se
realice un nuevo escrutinio, se modifique el umbral, se fije una nueva cifra
repartidora y se declare la elección de quienes resulten elegidos tal como lo
ordena el numeral 2 del artículo 288 del CPCA (Ley 1437) (énfasis original).
1.1.3. Proceso 11001-03-28-000-2022-00087-00
1 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 3. La demanda se presentó el 19
de abril de 2022.
2 La demanda se presentó el 21 de abril de 2022; posteriormente fue inadmitida; y subsanada el 4 de mayo
de 2022. Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotaciones 3 y 10.
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2
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
El señor Héctor Guillermo Mantilla Rueda presentó demanda3, en nombre propio
y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
del CPACA, contra la elección de la representante a la Cámara Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez, con el siguiente propósito:
1. Se declare la nulidad del Formulario (sic) E-26 CAM de 22 de marzo de 2022,
mediante el cual los Delegados (sic) del Consejo Nacional Electoral declararon
la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de
Santander, en cuanto se declaró la elección de Mary Anne Andrea Perdomo
Gutiérrez.
2. Ello, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución 1457
de 18 de febrero de 2022 proferida por el Consejo Nacional Electoral «Por el
cual se DECIDE la solicitud de revocatoria de inscripción de la ciudadana MARY
ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ que integra la lista inscrita por la
COALICIÓN PACTO HISTÓRICO a la CÁMARA DE REPRESENANTES por la
circunscripción territorial ordinaria departamental de SANTANDER por presunta
infracción al artículo 28 de la Ley 1475 de 2011».
3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la elección se ordene la
cancelación de la credencial de Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez y,
adicionalmente, se excluya del cómputo para dicha Corporación Pública, los
votos registrados en favor de la «lista» del «Pacto Histórico» y realice un nuevo
cálculo del umbral, de la cifra repartidora y, por ende, proceda a una nueva
asignación de curules, para lo cual deberá expedir las respectivas credenciales
(énfasis original).
1.1.4. Proceso 11001-03-28-000-2022-00097-00
El señor Carlos Leonardo Hernández, en nombre propio y en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, presentó
demanda4, con la cual pretende:
PRIMERA: Se declare la nulidad del acto de elección de la señora MARY ANNE
ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ identificada con la cédula de ciudadanía N°
37.748.541 como Representante a la Cámara por Santander periodo 2022-
2026, quien es la única conformante de la lista cerrada de la coalición
denominada «Pacto Histórico»; acto contenido en el Formulario (sic) E-26 CAM
de fecha 22 de marzo de 2022, por medio del cual La Comisión Escrutadora
Departamental de Santander declaró la elección de los Representantes a la
Cámara por el departamento de Santander para el periodo 2022 al 2026.
3 La demanda se presentó el 9 de mayo de 2022; sin embargo, mediante auto del 6 de junio de 2022, el
despacho sustanciador la inadmitió en razón a la indebida identificación de la causal de nulidad y
acumulación de causales subjetivas y objetivas; falencia que fue subsanada por el demandante el 14 de
junio siguiente al escindir el libelo introductorio, correspondiéndole al magistrado Luis Alberto Álvarez lo
concerniente a la causal subjetiva (artículo 275-5) en contra de Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez y a
la magistrada Rocío Araujo los cargos de naturaleza objetiva (artículo 275-4) en el proceso con radicado
11001-03-28-000-2022-00086-00. Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones.
Anotaciones 13, rad. 11001-03-28-000-2022-00087-00.
4 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 4. La demanda se presentó el 9
de mayo de 2022.
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3
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
SEGUNDA: Consecuencia de la nulidad del acto administrativo que declara la
elección de la señora MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ como
Representante a la Cámara por Santander periodo 2022-2026 contenido en el
Formulario E-26 CAM de fecha 22 de marzo de 2022, se excluyan del cómputo
los votos para la Cámara de Representantes de la lista de la coalición
denominada «Pacto Histórico».
TERCERA: Excluidos del cómputo de los votos para la Cámara de
Representantes de la lista de la coalición denominada «Pacto Histórico» se
realice un nuevo escrutinio, se modifique el umbral, se fije una nueva cifra
repartidora y se declare la elección de quienes resulten elegidos tal como lo
ordena el numeral 2 del artículo 288 del CPCA (Ley 1437) (énfasis original).
2. Hechos
Los demandantes sustentan sus pretensiones en los siguientes supuestos
fácticos que son comunes y trasversales en todos los procesos:
Manifiestan que el 15 de octubre de 2021 el Consejo Nacional Electoral ─en
adelante CNE─ expidió la Resolución 7417, «por medio de la cual se le reconoció
personería jurídica al movimiento político Colombia Humana», en atención a la
orden impartida por la Corte Constitucional en sentencia SU-316 de 2021.
Al respecto, los actores indican que el alto tribunal consideró que la autoridad
electoral debía reconocer la personería jurídica, como consecuencia de los más
de 8 millones de votos obtenidos por el entonces candidato, señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, en las elecciones a la Presidencia de la República del
año 2018.
Señalan que el 10 de diciembre de 2021 el movimiento político «Colombia
Humana» suscribió, junto con otras fuerzas políticas5, acuerdo de coalición
denominado «Pacto Histórico», con el propósito de presentar una lista cerrada
de candidatos a la Cámara de Representantes por Santander, período 2022-
2026. En ese orden, recuerdan que el artículo 3º de dicho acuerdo estableció, en
función de criterios de paridad, alternancia de género, inclusión étnica y territorial,
los nombres de los siete aspirantes que serían inscritos por la coalición, así:
Nombre Partido
1. Germán Albeiro González Movimiento Político
Colombia Humana
2. Jorge Édgar Flórez Herrera Polo Democrático Alternativo
3. Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez Movimiento Político
Colombia Humana
5 Conformada por: Polo Democrático Alternativo (PDA); Alianza Democrática Amplia (ADA), Movimiento
Alternativo Indígena y Social (MAIS), Unión Patriótica (UP), Partido Comunista Colombiano (PCC) y
Movimiento Político «Colombia Humana».
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4
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
4. Nancy Santodomingo Guarín Movimiento Político
Colombia Humana
5. William Ramírez Carreño Movimiento Político
Colombia Humana
6. María de los Ángeles Leal Zabala Movimiento Político
Colombia Humana
7. Juan Pablo Ramírez Triana Movimiento Político
Colombia Humana
Indican que el 13 de diciembre de 2021 el «Pacto Histórico» inscribió su lista a la
Cámara de Representantes por Santander con los anteriores ciudadanos; sin
embargo, aseguran que antes del vencimiento del plazo para modificar las listas,
seis (6) aspirantes de la citada lista renunciaron y/o no aceptaron sus
candidaturas, a excepción de la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez.
Por esta razón, ponen en evidencia que la lista de la coalición quedó conformada
por una sola persona, en representación del movimiento «Colombia Humana», y
no fue recompuesta con nuevos candidatos, tal como se puede constatar en el
formulario E-8CT (acta de conformación definitiva de la lista de candidatos) del
21 de diciembre de 2021 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (en
adelante RNEC).
Señalan que, a causa de la renuncia de los demás candidatos y su conformación
por una sola candidata, la lista del «Pacto Histórico» se desintegró y, por ende,
dejó de existir la coalición, situación que condujo a incumplir los criterios
señalados en el acuerdo: paridad, alternancia de género, inclusión de criterios
étnicos y territoriales, representación política social y electoral.
Afirman que, según el acuerdo programático y los estatutos de «Colombia
Humana», ante la concurrencia de varios precandidatos, se debía realizar una
consulta interna y elegir como candidato al que obtuviera mayor votación, lo que
no aconteció en el presente caso, pues ─según los actores─ quien resultó
favorecido en la consulta interna fue el señor Germán González ─ quien
finalmente terminó como aspirante del Partido Verde.
Indican que la desintegración de la lista del «Pacto Histórico» tuvo como
consecuencia la decisión de los partidos y movimientos firmantes del acuerdo de
coalición de apoyar en las elecciones a la Cámara por Santander, periodo 2022-
2026, la lista del Partido Alianza Verde. Efectivamente, en las demandas
acumuladas se relata que tres de los candidatos inicialmente inscritos por el
«Pacto Histórico» formaron, finalmente, parte de la plantilla de candidatos a la
Cámara de Representantes por este otro partido, tal como lo presentan
acudiendo a lo consignado en el formulario E-8CT, a saber:
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5
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Formulario E-6CT Formulario E-8CT
Luz Dana Leal Ruíz Luz Dana Leal Ruíz
María Esperanza Cordero Lizarazo Jorge Edgar Flórez Herrera
Walter Antonio Granados Monsalve Rosa juliana Herrera Pinto
Christian Giovanni Romero Mantilla María de los Ángeles Leal Zabala
Mary Yuletsy Giraldo Franklin Cristian Danilo Avendaño Fino
Julio Eduardo Zambrano Peralta Germán Albeiro González
Carolina Mendoza Gamarra David Mauricio Carvajal Guerrero
Refieren que el 15 de enero de 20226, los señores Gustavo Francisco Petro
Urrego7 y Alexander López Maya8 solicitaron al CNE la revocatoria de la
inscripción de la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, con sustento
en que por «acuerdo conjunto» habían decidido incorporar su fuerza política «(…)
en la lista del Partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes por el
Departamento (sic) de Santander».
Afirman que el 18 de febrero de 2022 el CNE expidió la Resolución 1457, por
medio de la cual negó la petición anterior y autorizó la participación de la lista
individual conformada por la mencionada candidata en las elecciones a la
Cámara en Santander (2022-2026). La parte resolutiva de la mencionada
resolución es el siguiente:
[A]RTÍCULO PRIMERO: NIÉGUESE la solicitud de revocatoria de inscripción
de la ciudadana MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ (…) que
integra la lista inscrita por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la circunscripción territorial ordinaria
departamental de SANTANDER por la presunta infracción al artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011.
Para la ilustración de este punto, refieren que, durante la campaña, los comités
municipales del «Pacto Histórico» de Barrancabermeja9 y Piedecuesta10
rechazaron la candidatura de la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, al
advertir que con su inscripción se desconocía la voluntad de los miembros de la
coalición de respaldar la lista inscrita por la Alianza Verde, lo cual ponen en
evidencia a través de las siguientes piezas de convicción traídas al proceso: i)
comunicado del «Pacto Histórico» del 24 de febrero de 2022 en Barrancabermeja
y en el Magdalena Medio. ii) El 12 de febrero de 2022 en el municipio de
Barrancabermeja, en un Facebook Live, el señor Gustavo Petro Urrego,
manifestó que «hay que marcar Alianza Verde»; iii) comunicado del 1 de marzo
de 2022 del «Pacto Histórico» de Piedecuesta – Santander, en el que se señaló:
6 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 3. Radicado
11001032800020220004300
7 En nombre del movimiento «Colombia Humana».
8 En nombre del Polo Democrático Alternativo.
9 Comunicado del 24 de febrero de 2022.
10 Comunicado del 1º de marzo de 2022.
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6
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
«informamos a la ciudadanía de Piedecuesta que el «Pacto Histórico» en
Santander no tiene lista a la Cámara, y, por lo tanto, invitamos a que de manera
responsable puedan escoger la persona de su preferencia en partidos
alternativos (…)».
En ese orden de ideas, señalan que Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez se
sustrajo de «su obligación estatutaria de acatar las decisiones del partido y
consecuentemente renunciar, generando (sic) una situación jurídica contraria a
la voluntad de los partidos coaligados, en especial el movimiento Colombia
Humana del cual es militante».
A juicio de los demandantes, el CNE desconoció el objeto del «Acuerdo de la
Coalición» del «Pacto Histórico» y su carácter vinculante en la medida que debió
acordarle a la solicitud de los partidos su verdadero alcance y, en ese sentido, le
correspondía tener en consideración que, ante la disolución de la coalición y la
desintegración de la lista, lo procedente era el retiro de la misma en la que
figuraba únicamente la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez.
Afirman que los votos obtenidos por la lista del «Pacto Histórico» en los comicios
de 13 de marzo de 2022 para la elección de la Cámara de Representantes por el
departamento de Santander son espurios, pues era obvio que la coalición se
había extinguido. Por tanto, los votos no podían ser tenidos en cuenta para la
fijación del umbral ni para la cifra repartidora y, por ende, debían ser excluidos a
efectos de la asignación de curules.
El 13 de marzo de 2022, la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez fue
elegida como representante a la Cámara por el departamento de Santander,
periodo 2022-2026, en representación de la coalición «Pacto Histórico».
3. Normas violadas y concepto de la violación
Los demandantes relacionan las causales de nulidad y normas como
transgredidas en cada una de las cuatro demandas, las cuales, con el objeto de
garantizar cohesión, evitar repeticiones en esta decisión judicial y que cada
problema se desarrolle solo en un punto, se presentan agrupados los cargos de
las demandas11. El fundamento de las censuras recae básicamente en tres
11 En las demandas acumuladas se propusieron los siguientes cargos: proceso con radicado 11001-03-28-
000-2022-00043-00: i) infracción de norma superior ─artículo 28 de la Ley 1475 de 2011─ y ii) falta de
legitimación política de la lista del «Pacto Histórico» ─engaño al elector e inexistencia de la coalición─.
Proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-00049-00: i) infracción de norma superior ─artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011 y 107 de la Constitución Política «equidad de género» ─; ii) vulneración de los artículos
13, 29, 40, 43, 209 y 262 de la Constitución Política; iii) infracción a la cláusula 8ª del acuerdo de coalición.
Proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-00097-00: i) Movimiento político «Colombia Humana» supera
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
cargos generales previstos en el artículo 137 del CPACA, esto es, infracción a
norma superior, expedición irregular y falsa motivación.
3.1. Sobre la violación a mandatos superiores
i) La argumentación propuesta por los demandantes apunta a sostener que a la
luz de los artículos 107 de la Constitución Política y 28 de la Ley 1475 de 201112
se debió tener en cuenta en la composición de la lista presentada para la elección
de la Cámara de Representantes de Santander el componente de equidad de
género, esto es, si se eligen 5 o más curules para corporaciones de elección
popular deben conformarse con un mínimo un 30% de uno de los géneros,
aspecto que en la presente controversia no se garantizó, por lo que se
transgredieron estos mandatos, en razón a que se permitió la inscripción de la
lista presentada por la coalición «Pacto Histórico», sin que se cumpliera con este
estándar vinculante para los partidos de carácter constitucional y legal.
ii) Consideran que se desconoció lo preceptuado en el inciso final del artículo 262
de la Constitución Política, cuya literalidad responde a la siguiente mención: «Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos
de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición
para corporaciones públicas».
Este planteamiento se estructuró en los siguientes términos: las organizaciones
políticas integrantes de la coalición «Pacto Histórico» se conformaron con
desconocimiento de los parámetros establecidos en esa norma constitucional,
habida cuenta de que las listas por coaliciones para corporaciones públicas solo
podían ser integradas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica
el porcentaje fijado por el artículo 262 de la Constitución Política; ii) la señora Mary Anne Andrea Perdomo
Gutiérrez no participó en la consulta realizada para elegir a los aspirantes que serían posteriormente
inscritos, lo que vulnera los artículo 7 y 29 de la Ley 1475 de 2011; iii) la accionada desacató los estatutos
del partido «Colombia Humana» y, en consecuencia, la lista inscrita incumplió la cuota de género, además
de que solo quedó conformada por una sola persona, con lo que se transgredió el artículo 28 de la Ley 1475
de 2011. Proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-00087-00: i) violación del artículo 275-5; ii) infracción
en las normas que debía fundarse ─la Resolución 1457 del 18 de febrero de 2022 del CNE desconoció e
inaplicó el artículo 262 de la Constitución Política y las normas de la Ley 1475 de 2011 que regulan las
coaliciones, e inaplicó las normas sobre revocatoria de la inscripción; iii) falsa motivación ─la Resolución
1457 del 18 febrero de 2022 incurrió en incongruencia entre las consideraciones y la parte resolutiva, porque
«decidió no revocar la inscripción de la señora (…) Perdomo Gutiérrez por la presunta infracción al artículo
28 de la Ley 1475 de 2011» y «omitió tener en cuenta hechos demostrados como que la coalición ´Pacto
Histórico´ para la Cámara de Representantes por Santander se desintegró y que dada la renuncia de 6 de
los 7 miembros de la lista que había inscrito, lo que procedía era el retiro de la lista».
12 Artículo 28. «Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento
de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos
democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para
corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán
conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros (…)».
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
minoritarios, que sumados hubieran obtenido una votación de hasta el 15% de
los sufragios válidos de las elecciones anteriores llevadas a cabo en la respectiva
circunscripción; no obstante, el movimiento «Colombia Humana» había superado
dicho límite para suscribir acuerdos de coalición, por lo que se debía entender
que se trataba de un partido mayoritario y que le estaba vedada la ruta legal para
presentar listas en coalición.
iii) Aluden a que se transgredió el artículo 40 de la Constitución Política, pues en
caso de «falta absoluta de la demandada, el departamento de Santander solo
tendría seis (6) Representantes a la Cámara [y] se perdería la representación
legislativa a la que tienen derecho los Santandereanos». En similar sentido
precisó que «la conformación de una lista por una sola persona (sin respeto por
las cuotas de género y con un número de integrantes muy inferior a los exigidos
en la ley) no permite que se preserve y se garantice el derecho constitucional a
elegir y ser elegido (…) ya que solo se estaría preservando el derecho de la
aspirante a ser elegida».
iv) Acusan el acto electoral de incurrir en la causal de nulidad establecida en el
artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que «(…) se elijan
candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de
inhabilidad». Así, para sustentar la configuración del motivo de ilegalidad
propuesto, atacan la legalidad de la Resolución 1457 del 18 de febrero de 2022
del CNE, por medio de la cual se validó la intervención de la lista individual del
«Pacto Histórico» en las elecciones a la Cámara por Santander, periodo 2022-
2026, sobre la base de dos argumentos que se siguen:
En primer lugar, mediante la Resolución 1457 de 2022, el CNE permitió la
participación en los comicios para la Cámara de Representantes por el
departamento de Santander de una candidata, a pesar de que la lista estaba
desintegrada y la coalición disuelta.
En segundo lugar, el CNE a través de la Resolución 1457 de 2022 habilitó una
lista integrada por una sola candidata; no obstante, trastocó el objeto mismo del
acuerdo que originó el nacimiento del «Pacto Histórico», en el que se estipuló
que la lista sería plural y organizada con criterios rectores de equidad de género,
alternancia e inclusión étnica y social.
v) El acto administrativo por medio del cual se declaró la elección de la señora
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara por el
departamento de Santander violó los artículos 13, 40, 43 y 209 de la Constitución
Política y la Ley 581 de 2000 al evidenciar que no se cumplió con los porcentajes
exigidos y quedar integrada la lista del «Pacto Histórico» por una sola persona.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
3.2. Sobre la expedición irregular
i) Consideran que se transgredió el artículo 55 de los estatutos de «Colombia
Humana»13, en razón de dos situaciones diferenciadas: «engaño al elector» e
«inexistencia de coalición».
La primera, el movimiento Político «Colombia Humana» adelantó consulta para
escoger los candidatos que conformarían la lista de aspirantes de la coalición
«Pacto Histórico», la cual, fue desconocida, pues se inscribió a la demandada, a
pesar que no participó en este certamen interno, lo que condujo a transgredir los
artículos 4, 5 y 7 de la Ley 1475 de 2011.
La segunda, por cuanto la lista del «Pacto Histórico» carecía de legitimidad
política en la medida que la coalición no existió, habida cuenta de que, según lo
informado por la RNEC, el 28 de marzo de 2022, el documento de coalición no
fue suscrito por ninguno de sus integrantes.
ii) Afirman que se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política en la
medida que, de haberse tenido derecho a una segunda curul, no se habría podido
suplir, pues la lista solo contenía una candidata.
iii) Aducen que el acto demandado incumplió el artículo 9 de los estatutos del
movimiento «Colombia Humana» habida cuenta de que se «solicitó el retiro de
su lista»; no obstante, «la accionada desacat[ó] las reglas de su partido».
iv) Alegan que no se cumplieron con las reglas establecidas en la cláusula octava
del acuerdo de coalición, en tanto no se conoce si se nombró al gerente y al
contador de la campaña electoral, y si se implementó el sistema de auditoría de
la lista.
3.3. Sobre la falsa motivación
Explican que la falsa motivación o congruencia se originó en la medida que la
Resolución 1457 de 2022 del CNE, que negó la revocatoria de la inscripción de
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez por la supuesta infracción al artículo 28 de
la Ley 1475 de 2011 ─inscripción de candidatos y cuota de género─, omitió
aspectos fácticos que resultaban trascendentales para la adopción de su decisión
y se pronunció sobre aspectos ajenos como los siguientes:
13 Estatutos del Movimiento «Colombia Humana»: «(…) Se establecerá una fecha de apertura y otra de
cierre de la inscripción de los interesados. De existir varios candidatos se utilizará el mecanismo de consulta
interna. El candidato escogido debe estar dispuesto a consultas con otros candidatos dentro de la
convergencia sobre el criterio de un programa común. (…)».
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
i) El CNE interpretó la solicitud de los representantes legales de la coalición del
«Pacto Histórico» como una «solicitud de revocatoria» de la inscripción de la
señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, cuando lo que se solicitó fue el
retiro total de la lista de esa coalición por la desintegración y disolución de la
misma, como consecuencia que el movimiento «Colombia Humana» y el «Polo
Alternativo» decidieron apoyar al partido «Alianza Verde».
ii) El órgano electoral omitió que el «Pacto Histórico», como coalición para las
elecciones a la Cámara por el departamento de Santander, período 2022-2026,
había desaparecido en razón de las renuncias colectivas formuladas por los
aspirantes que hicieron parte de su lista.
iii) Consideran que la autoridad electoral autorizó al «Pacto Histórico» a participar
simultáneamente en las elecciones para la Cámara de Representantes por el
departamento de Santander con 2 listas. En ese orden, acusan que se
desconoció el artículo 262 de la Constitución Política, pues se supone que cada
una de las organizaciones políticas habilitadas para postular candidatos
(partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y
coaliciones) solo puede poner a consideración del electorado un candidato
(cargos uninominales) o una lista (corporaciones públicas).
iv) Indican que el CNE inobservó las normas de la Ley 1475 de 2011 que regulan
las coaliciones, así como su propio acto, esto es, la Resolución 2151 de 2019
«Por medio de la cual se dictan algunas medidas operativas para la
implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones
públicas», en tanto no consideró el objeto en que el que se fundamentó el
acuerdo de la coalición y su carácter vinculante.
v) Concluyen que la lista del «Pacto Histórico», integrada por Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez, no podía participar en la contienda, motivo por el que los
votos depositados en favor de esta lista, esto es, 77.069, deben ser excluidos
para la distribución de las curules.
4. Trámite
Las diferentes demandas de nulidad electoral contra el acto de elección de la
señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara
por el departamento de Santander 2022-2026 se admitieron, así: i) expediente:
11001-03-28-000-2022-00043-00, demandante: Jeyser Mauricio Rodríguez
Balaguera, 23 de junio de 202214; ii) expediente: 11001-03-28-000-2022-00049-
14 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 21.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
00, demandante: Óscar Giovanni Díaz Coronado, 28 de julio de 202215; iii)
expediente: 11001-03-28-000-2022-00087-00, demandante: Héctor Guillermo
Mantilla Rueda, 15 de julio de 202216; iv) expediente: 11001-03-28-000-2022-
00097-00, demandante: Carlos Leonardo Hernández, 16 de junio de 202217.
5. Contestación de la demanda e intervenciones
Como los memoriales de defensa radicados por los accionados convergen en su
estructura argumentativa, estos se resumirán y presentarán de manera
condensada de la siguiente manera:
5.1. De la accionada, representante a la Cámara por el departamento de
Santander Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
La congresista18, mediante apoderada judicial, contestó oportunamente las
demandas acumuladas y se opuso a la prosperidad de las pretensiones a través
de la excepción de fondo que denominó «inexistencia de causales de nulidad que
afecten la elección», y manifestó que no concurren aquellas; esto es, la previstas
en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, concernientes a que los actos
administrativos atacados, «hayan sido expedidos con infracción de las normas
en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
Esta oposición la desarrolló con los siguientes argumentos:
5.1.1. «Sobre el acto demandado»
Explicó que la parte actora erró en la identificación del acto censurado, pues la
resolución 1457 de 2022 del CNE, de la cual pretende su nulidad el accionante,
no es un acto administrativo de contenido electoral en la medida que no declaró
la elección de la demandada y no pasa de ser un acto previo con incidencia en
el primero contenido en el formulario E-26 CAM.
Ilustró que si la pretensión del accionante se refiere a la nulidad del acto
administrativo contenido en el formulario E-26 CAM, no se hizo referencia a que
15 La demanda fue inadmitida por auto del 28 de abril de 2022, con fundamento en el artículo 276 de la Ley
1437, pues el actor no aportó el acto de declaratoria de elección de la demandada como Representante a
la Cámara por el departamento de Santander. La parte actora presentó escrito de subsanación del libelo.
Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotaciones 5, 10 y 27.
16 La demanda fue inadmitida por auto del 6 de junio de 2022, con fundamento en los numerales 2, 3 y 4 del
artículo 162 del CPACA, entre otras razones, porque los hechos y el concepto de violación no eran
consonantes con la causal invocada por el demandante. La parte actora presentó escrito de subsanación
del libelo. Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotaciones 10 y 13.
17 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 18.
18 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 33.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
el libelo de la demanda verse sobre la solicitud de anulación parcial respecto de
uno de los ciudadanos que resultaron elegidos, sino que solicita la nulidad del
acto que declara de manera colectiva a todos los elegidos como representantes,
por lo cual, el introductorio debe versar sobre la declaratoria parcial de nulidad
respecto de la elección de la ciudadana cuya elección se pretende atacar.
5.1.2. «El procedimiento adelantado por la coalición denominada ´Pacto
Histórico´ en la conformación de la lista de aspirantes se aparta del debido
proceso administrativo, pues las reglas seguidas para el efecto no son
coherentes con lo dispuesto ni el acuerdo de coalición ni en la Ley 1475 de
2011»
La demandada no relacionó con claridad la contestación con el cargo formulado
y se limitó a manifestar que «contrariamente a lo advertido por el accionante, la
valoración en sede administrativa realizada por el Consejo Nacional Electoral en
las resoluciones 4646 de 2019 (sic), 1457 del 18 de febrero de 2022 y 1688 de
2022, éstas últimas por medio de las cuales se negó la solicitud de la revocatoria
de la inscripción de la candidatura de la ciudadana MARY ANNE ANDREA
PERDOMO GUTIERREZ a la Cámara de Representantes por la circunscripción
electoral territorial del departamento de Santander, para el período constitucional
2022 – 2026, guardan absoluta correspondencia con los postulados de la Ley
1475 de 2011 y con la postura jurisprudencial establecida entre otras en la
sentencia C–490 de 2011».
Agregó «el acuerdo de coalición ´PACTO HISTORICO (…) nació a la vida jurídica
el día 10 de diciembre del año 2021, fecha en la cual las seis organizaciones
políticas coalicionadas, acordaron presentar conjuntamente una lista de
candidatos a la cámara de representantes, en el marco de los establecido en los
artículos 40 y 262 de la Constitución Política, lo cual se debe entender como la
materialización del derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, entre
ellos, la ciudadana MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ, los seis
ciudadanos que además de ella resultaron elegidos a la Cámara de
Representantes por el departamento de Santander, y en general, todos los
habitantes de esta circunscripción territorial, de ´(…) participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político ” y en virtud de ello, ´Elegir y
ser elegidos´».
5.1.3. «La lista del ´Pacto Histórico´ violenta la democracia participativa del
departamento de Santander pues en caso de falta absoluta de la Señora
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, el departamento de Santander solo
tendría 6 Representantes a la Cámara lo cual iría en contravía de nuestra
Constitución ya que se perdería la representación legislativa a la que tienen
derecho los santandereanos»
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Indicó que el artículo 262 de la Constitución Política abre la posibilidad para que
los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos
inscriban candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no debe exceder
el número de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción. Acotó
que esta norma no establece un tope mínimo para cada circunscripción electoral.
En el caso de la circunscripción territorial del departamento de Santander el
número máximo de curules a proveer es de siete (7) y cualquiera de las listas que
participen en el certamen electoral puede integrarse respectivamente por 1, 2, 3,
4, 5, 6, o 7 candidatos. Finalmente, aclaró que el condicionamiento respecto del
cumplimiento de la cuota de género debe cumplirse en función del número de
candidatos inscritos y no sobre el número de curules a proveer.
5.1.4. «La conformación de una lista por una sola persona (sin respeto por
las cuotas de género y con un número de integrantes muy inferior a los
exigidos en la Ley) no permite que se preserve y se garantice el derecho
constitucional a elegir y ser elegido pues este derecho a la luz de la
situación fáctica pareciera que solo se le salvaguardó a la candidata su
derecho a ser elegida, pero en contraposición de los derechos de todos los
santandereanos»
Remitió a lo expuesto por el Consejo de Estado, en sentencia con radicado
76001-23-33-000-2019-01061-01 ─no indicó magistrado ponente─, en la que se
precisó que «existe un tope máximo de candidatos a inscribir en una lista, que
corresponde igualmente al de curules a proveer, salvo que se elijan máximo dos,
caso en el que esta regla tiene una variación consistente en que se podrán
inscribir hasta tres en ese evento, pero no existe un número mínimo de
candidatos a incluir ya que ello no lo contempla la norma, por lo que se entiende
que el límite es solo para establecer un tope máximo, pero por debajo puede ser
cualquier cantidad. (…)».
5.1.5 «La conformación de una lista por una sola persona va en contravía
del espíritu democrático va en contravía del artículo 40 superior ya que en
caso que la coalición ´Pacto Histórico´ hubiese alcanzado un número
superior de sufragios hubiese sido posible que se hubiere obtenido una
segunda curul para esa coalición y en ese caso no hay como proveer la
segunda curul pues la cifra repartidora determina el número de vacantes
por partido o coalición, y si la lista está conformada por una sola persona,
esta única persona por sí misma no puede ocupar dos curules».
Retomó los mismos argumentos citados en el párrafo anterior.
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5.1.6. «[L]coalición de partidos denominada ´Pacto Histórico´ en la
conformación final de la lista para la Cámara de Representantes por el
departamento de Santander al momento de concretar el proceso de
inscripción en el formulario E8 CT se aparta de la preservación de la
equidad de género en razón a que solo se inscribe un(a) candidato(a)
desconociendo la precitada disposición constitucional»
Señaló que «lo que la norma establece a la altura del artículo 262 superior es la
posibilidad para los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, de inscribir
(sic) candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no exceda el número
de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, y no establece un
tope mínimo de ellos para cada circunscripción electoral».
De lo anterior derivó que, «para el caso de la circunscripción territorial del
departamento de Santander, siendo siete (7) el número máximo de curules a
proveer, cualquiera de las listas que participaron en el proceso electoral se podría
integrar respectivamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 candidatos».
Citando la sentencia 6001-23-33-000-2019-01061-01-20210128 ─sin especificar
magistrado ponente─, señaló que «el condicionamiento respecto del cumplimiento
de la cuota de género debe cumplirse en función del número de candidatos inscritos
y no sobre el número de curules a proveer».
5.1.7. «Colombia Humana por si sola supera el límite constitucional del 15%
para poder constituir acuerdos de coalición para la conformación de listas
al congreso además éste nuevo partido es claramente MAYORITARIO (sic)
y por tanto no podía realizar acuerdos de coalición para presentar lista al
congreso bajo la modalidad de coalición. En consecuencia, el proceso se
inscripción de la lista por la coalición ´Pacto Histórico ´es claramente
inconstitucional»
Señaló que el reconocimiento de la personería jurídica en favor del movimiento
«Colombia Humana», originado a través de la resolución 7417 del 15 de octubre
de 2021, proferida por el CNE, se dio en el marco del estatuto de oposición,
establecido en la Ley 1909 de 2018, y, en consecuencia, no es posible inferir del
inciso final del artículo 262 Superior que esta organización política tiene prohibida
la posibilidad de presentar candidatos en coalición en cualquier jurisdicción
electoral.
Para apoyar esta idea, trajo a colación la sentencia de la Sección Quinta rad.
110010328000-202200086-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, y citó los párrafos
pertinentes:
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
82. Al respecto, la Sala debe manifestar que de las pruebas allegadas al
expediente no es posible advertir el incumplimiento del requisito establecido en
el inciso 5º del artículo 262 de la Constitución Política, lo primero porque este
precepto constitucional impone que el 15 % de los votos válidos sean obtenidos
en la misma circunscripción, para este caso el departamento de Santander, sin
embargo, la parte actora se limitó a manifestar que dicho porcentaje se superó
por “…haber sido reconocido como un partido político con más de 8 millones de
votos (partido mayoritario)”, sin demostrar si Colombia Humana participó en las
elecciones celebradas en 2018 para elegir a los integrantes del Congreso de la
República y mucho menos la votación obtenida por esa colectividad en el
mentado departamento.
83. Al respecto, no sobra precisar que obra en el expediente la Resolución 7417
de 2021, por medio de la cual el CNE reconoció personería al Movimiento
Político Colombia Humana de la cual tampoco es posible determinar, en esta
instancia, la afirmación de la parte actora según la cual dicha colectividad
supera el porcentaje de votos al que alude en el artículo 262 de la Constitución
Política.
84. Por el contrario, valga señalar, en uno de sus apartes se expresa que
“…dicho colectivo ni siquiera participó en las elecciones legislativas pasadas”,
lo que deja en evidencia que el amplio respaldo popular al que se alude en la
demanda el Movimiento Político Colombia Humana lo obtuvo en las elecciones
presidenciales realizadas en el 2018, lo que en principio llevaría a la conclusión
de que no se trata de las votaciones a las que refiere el dicho precepto
constitucional.
85. Además, no puede desconocer la Sala que la defensa de la demandada
refirió que el reconocimiento de la personería jurídica de Colombia Humana “…
se dio en el marco del estatuto de la oposición establecido en la Ley 1909 de
2018 y, en consecuencia, no es dable en materia de lo estatuido en el inciso
final del artículo 262 Superior, conminar a esta organización política a la
imposibilidad de presentar candidatos en coalición en cualquier jurisdicción”, lo
que conlleva a que la Sala deba abordar, a instancia de la sentencia, las
posibles repercusiones que el otorgamiento de la personería jurídica en los
términos señalados en la sentencia SU-316 de 2021, pueda tener respecto de
las exigencias del artículo 262 de la Constitución Política, en materia de
coaliciones para la presentación de sus candidatos. En especial en este preciso
caso, en el cual la Corte en el fallo referido ordenó el reconocimiento de la
personería jurídica al movimiento Colombia Humana, por el desconocimiento
“las garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política”.
86. En este orden de ideas, queda en evidencia la carencia de medios
probatorios requeridos para, en esta instancia, abordar el reparo según el cual,
la participación del Movimiento Político Colombia Humana, en la coalición
“Pacto Histórico” conlleva el incumplimiento de la exigencia contendida en el
inciso 5º del artículo 262 de la Constitución Política de que los integrantes
“…hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos de la respectiva circunscripción”.
5.1.8. «El acto administrativo por medio del cual se declara la elección de la
Señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez (…) como Representante a la
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Cámara por Santander periodo 2022-2026 (…) violó los artículos 13, 40, 43
y 209 de la Constitución Política al evidenciar que no se cumplió con los
porcentajes exigidos en la Ley 581 de 2000 (…) al haber quedado integrada
por una sola persona la lista Pacto Histórico»
Afirmó que «el accionante yerra protuberantemente en el escrito introductorio,
pues equipara indebidamente los contenidos normativos de la Ley 581 de 2000
y de la Ley estatutaria 1475 de 2011», sin tener en cuenta que «el artículo 14 del
proyecto de ley de cuotas ─Ley 581 de 2000─ fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-371 de 2000», en el que se
consideró que regular través de este instrumento legal la composición de las
listas de candidatos a cargos de elección popular transgrede el principio de
autonomía de los partidos.
5.1.9. La equidad de género prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011
Indicó que la Resolución 1457 del 18 de febrero de 2022, por medio de la cual el
CNE negó la revocatoria de la inscripción de la accionada y consideró que no se
transgredió la cuota de género, estaba en consonancia con lo precisado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011 al igual que con las
sentencias proferidas por esta Corporación en los expedientes con radicados
1001-03-28-000-2014-00039-00 y 76001-23-33-000-2019-01061-01 ─no
identificó magistrados ponentes─.
Además, agregó que resulta inequívoco que la vulneración de la cuota de género
no se encuentra dentro de las causales de nulidad electoral previstas en el
artículo 275 del CPACA, ni en las genéricas del artículo 137 de ese mismo código,
pues se trata de una acción afirmativa en favor del género femenino, motivo por
el cual son válidas las listas integradas únicamente solo por mujeres.
5.1.10. La falta de legitimidad política por engaño al elector e inexistencia de
coalición
Afirmó que no está probado que la colectividad política «Colombia Humana» o la
coalición «Pacto Histórico» en Santander hubieran adoptado la decisión de
escoger a sus candidatos mediante consulta ─interna o abierta─, como tampoco
que se hubiera realizado en virtud de lo acordado por la misma.
Por otro lado, respecto de la desobediencia al régimen estatutario del partido
político «Colombia Humana» por parte de la demandada, afirmó que este punto
no resulta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
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Finalmente, precisó que no es cierto que el movimiento «Colombia Humana
«había tomado la decisión de incorporar las (sic) (…) a la lista del partido Alianza
Verde (…)», pues si bien algunos de los candidatos presentaron sus respectivas
renuncias, la postulación de la candidatura de la demandada se conservó
incólume y no existió renuncia por parte de aquella, ni revocatoria del aval, ni
manifestación por parte de los seis (6) partidos coaligados de renunciar durante
el término de modificación de las listas.
6. Las excepciones propuestas
Durante el término de traslado del auto admisorio, la demandada y la
Registraduría Nacional de Estado Civil formularon las siguientes excepciones:
falta de jurisdicción o competencia, ineptitud sustantiva en la formulación de la
demanda e incapacidad o indebida representación del demandante, la cuales
fueron resueltas negativamente por el despacho sustanciador, el 24 de
noviembre de 202219.
7. Las intervenciones
7.1. Del Consejo Nacional Electoral
Indicó que no existe un número mínimo de candidatos a inscribir por lo que una
lista bien puede estar conformada por uno solo ─como en el caso sub examine─,
por lo que se entiende que el límite es solo para establecer un tope máximo, pero
por debajo no está sometido a dicha restricción.
En punto de la cuota de género, precisó que el fin es proteger la participación
efectiva de las mujeres en las contiendas electorales, por lo cual es válido que la
lista esté integrada por una sola mujer.
Finalmente, en cuanto a solicitud de revocatoria de lista, explicó que la coalición
«Pacto Histórico» elevó escrito en este sentido con posterioridad al término de
modificación; no obstante, ésta no contenía ninguna violación sustancial del
ordenamiento jurídico. Lo contrario, habría constituido una afectación al derecho
fundamental a la participación de la demandada, en la medida que con la
expedición del aval y la inscripción de la lista nació un derecho de carácter
subjetivo, tanto en favor de esta última, el derecho a ser elegida, como de sus
simpatizantes y potenciales votantes, el derecho a escoger a la candidata de su
preferencia. En ese sentido, consideró que la coalición «Pacto Histórico» no
podía retirar unilateralmente el aval a la señora Perdomo Gutiérrez, pues con la
suscripción de un acuerdo de coalición se estableció que aquella sería aspirante
19 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 54.
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por la misma, el que se protocolizó con el acto de inscripción y el mismo tenía
carácter vinculante para los partidos que integran la coalición.
7.2. De la Registraduría Nacional del Estado Civil
Indicó que la RNEC no es sujeto procesal, si se tiene en cuenta que la intención
de los actores es lograr la nulidad del formulario E-26 por medio del cual se
declaró la elección de Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara por
el departamento de Santander, y frente a este acto electoral, no intervino la
entidad.
Al efecto señaló que carece de competencia para declarar elecciones como para
resolver reclamaciones, funciones constitucional y legalmente atribuidas al CNE;
al igual que tampoco es la entidad con idoneidad, desde el punto de vista legal,
para escrutar resultados electorales, puesto que dicha competencia le fue
reconocida por el legislador a las comisiones escrutadoras.
Recordó que de conformidad con la causal subjetiva invocada por los actores no
es la entidad competente para revisar de fondo los requisitos de inscripción de
candidatos en coaliciones, pues es un tema que atañe al CNE, autoridad que
pudo revocar la inscripción en caso de encontrar fundada la solicitud.
Finalmente, frente a la denomina «equidad de género», manifestó que los
agentes de la RNEC cumplieron a cabalidad con la revisión de los requisitos
formales al momento de la inscripción, según se avizora en el formulario E6 que
se aportó con la demanda.
La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva fue negada por el
despacho sustanciador mediante auto del 24 de noviembre de 202220.
8. La intervención de terceros21
El señor Joselín Díaz Aguillón22 presentó en nombre propio escrito de
intervención para impugnar la demanda y defender la legalidad del acto
declaratorio de elección. Precisó que no existe un número mínimo de candidatos
a inscribir, razón por la cual es válida la lista conformada por una sola persona.
20 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 26.
21 Conforme al artículo 223 del CPACA, la intervención de terceros está bajo la figura de “coadyuvante del
demandante o del demandado” inc. 1. Sin perjuicio de lo anterior, en materia electoral el artículo 228 del
mismo ordenamiento, señala que se puede pedir la condición de impugnador o coadyuvante.
22 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 37.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Afirmó que no se vulneró la cuota de género, pues se inscribió una mujer, más
aún cuando la lista inicial, previo a la renuncia de los otros candidatos, cumplía
con el 30% del género femenino.
En cuanto al supuesto invocado por la parte actora, referente a que, ante una
eventual falta de la demandada, se desconocería el derecho del departamento
de Santander de tener siete representantes a la Cámara, constituye un hecho
futuro y que, en todo caso, las faltas se debían proveer de conformidad con lo
señalado en el artículo 134 de la Constitución Política.
Finalmente, afirmó que el demandante invocó unas normas como desconocidas
«sin adecuar ese desconocimiento a las causales de nulidad del artículo 137 del
CPACA que son de carácter taxativa para lo cual debió expresar en cuál de esas
causales incurrió la demandada y si ésta es de carácter objetivo o subjetivo».
Los señores Lorein Elizabeth Osses Méndez y Danil Román Velandia Rojas
fueron reconocidos como impugnadores y solicitaron «denegar la solicitud
impetrada por el accionante respecto de la declaratoria de nulidad del acto
administrativo que declaró la elección entre otros, de la ciudadana Mary Anne
Andrea Perdomo».
9. Auto de acumulación
Teniendo en cuenta los informes secretariales obrantes en los expedientes, que
indicaban que en la Sección se adelantaban cuatro procesos por causales
subjetivas contra el acto de elección de la señora Mary Anne Andrea Perdomo
Gutiérrez como Representante a la Cámara por Santander, periodo 2022-2026,
se ordenó en providencia del 3 de octubre del 2022, la acumulación de los
siguientes procesos de nulidad electoral23:
Número de expediente Demandante Magistrado
11001-03-28-000-2022-00097- Carlos Leonardo Hernández Pedro Pablo Vanegas Gil
00
11001-03-28-000-2022-00087- Héctor Guillermo Mantilla Luis Alberto Álvarez Parra
00 Rueda
11001-03-28-000-2022-00049- Óscar Giovanni Díaz Luis Alberto Álvarez Parra
00 Coronado
11001-03-28-000-2022-00043- Jeyser Mauricio Luis Alberto Álvarez Parra
00 Rodríguez Balaguera
10. Auto que somete el proceso al trámite de sentencia anticipada
Mediante auto del 6 de marzo de 2023, el despacho ponente, con fundamento en
lo establecido en el artículo 182A del CPACA, resolvió: i) dar aplicación a la figura
23 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotaciones 23 y 50.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
de la sentencia anticipada ─como se verá más adelante en las consideraciones
en el capítulo de problema jurídico y ejes temáticos a resolver─, ii) incorporar las
documentales allegadas y decretar pruebas, iii) fijar el litigio, iv) correr traslado
de las pruebas y v) ordenar a las partes presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público emitir concepto.
11. Alegaciones finales
Durante el traslado respectivo, las partes presentaron alegaciones finales y el
Ministerio Público rindió concepto de fondo. Los escritos de intervención
replicaron los mismos argumentos de las demandas.
11.1. Del concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en
el que solicitó negar la nulidad del acto acusado. Esta postura, en términos
generales, se perfiló desde el análisis de la obligatoriedad del pacto de coalición
y la óptica de la inscripción de listas a corporaciones públicas en coalición,
introducida por el artículo 262 de la Constitución Política.
En primer lugar, en relación con la obligatoriedad del pacto de coalición, advirtió
que no se presentaron irregularidades, teniendo en cuenta que:
i) El sistema de elección de candidatos a cargos de elección popular, en este
caso, los Representantes a la Cámara de Representantes por el departamento
de Santander, período 2022-2026, por parte de movimiento «Colombia
Humana», no se acordó a través del mecanismo de participación de consulta
interna, sino se reservó al cumplimiento de normas internas y, particularmente, al
criterio de paridad de género. Tampoco le resultaba aplicable lo dispuesto en los
artículos 5, 6 y 7 de la Ley 1475 de 2011, en la medida que dichos dispositivos
operan como facultades discrecionales en favor de los movimientos o partidos
que les permite elegir el mecanismo más apropiado. En el mismo sentido, la
demandada se inscribió como candidata siendo de filiación al movimiento
«Colombia Humana»; empero, la aspiración se realizó como parte de la coalición;
esto es, bajo el compromiso vinculante de todas las organizaciones políticas que
conformaron el colectivo «Pacto Histórico», con lo cual recibió un «aval especial»
de naturaleza colectiva.
ii) La coalición, en relación con la elección de los candidatos a la Cámara de
Representantes de Santander, período 2022-2026, se mantiene incólume y
siempre ha tenido esta característica en lo que hace al sostenimiento de la
candidatura de la demanda.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
iii) Si bien la lista presentada originalmente por la coalición ─formulario E-6CT─
fue modificada a causa de la renuncia de algunos de sus candidatos, se mantuvo
indemne por cuanto la candidata Perdomo Gutiérrez no declinó en su aspiración
«formulario E 8CT», por lo que tenían fuerza vinculante tanto las bases en la que
sentó la coalición como el objeto y razón de ser de aquella.
iv) No existió la inscripción de dos listas del «Pacto Histórico» para aspirar a la
Cámara de Representantes en Santander. Si bien se presentó un apoyo a
posteriori a una lista diferente, al parecer, de la Alianza Verde, no se desconoció
la preexistencia y mantenimiento de un solo acuerdo vinculante en relación con
la candidatura de Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez a quien se le debía
brindar el apoyo correspondiente. En ese sentido, la inclinación por una
candidatura o partido diferente, en lo que hace a los partidos coaligados que se
fueron a apoyar otras candidaturas distintas a las acordadas en la coalición,
implicaría las sanciones previstas en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
v) Subsiste orfandad de material probatorio que proporcione elementos de juicio
que permitan dar cuenta de la ausencia del nombramiento del gerente y del
contador, así como, el déficit de implantación del sistema de auditoría del «Pacto
Histórico» en la campaña política en Santander, pero, es claro, que esa situación
no tiene la vocación de afectar de nulidad el acto demandado y, menos, de
vulnerar la garantía fundamental a elegir y ser elegida de la accionada.
vi) Por último, está acreditado que la demandada cumplió con las directrices y
respetó los estatutos del movimiento «Colombia Humana», según lo certificó esa
misma organización política.
En segundo lugar, la candidatura de una sola mujer no desconoce los postulados
de la regla constitucional dispuesta en el artículo 262 constitucional en sentido
cuantitativo, como tampoco, en sentido cualitativo trasgrede la paridad de género.
En tercer lugar, las elecciones a las que hace referencia el inciso 5 del artículo
262 en las que las minorías deben obtener hasta un 15% de los votos válidos
para apelar a la fórmula de asociación de las coaliciones, son las que se
corresponden con la selección de los integrantes de la Cámara de
Representantes y el Senado de la República, en los términos del artículo 108
constitucional, en tratándose de la concesión y mantenimiento de la personería
jurídica; por tanto, no resulta válido ni pertinente tener como baremo el guarismo
de la votación obtenida al momento de elegir el presidente de la República.
A la luz de este criterio advirtió que la sumatoria de los votos obtenidos por los
partidos y movimientos que participaron en las elecciones para la Cámara de
Representantes en el año 2018, en el departamento de Santander, y que
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
conformaron la coalición «Pacto Histórico», no sobrepasaron el parámetro del
15% de los votos válidos en dicha circunscripción, por lo que se cumplió a
cabalidad con el requisito cuantitativo exigido en el inciso 5 del artículo 262
constitucional para hacer coaliciones en el año 2022.
La Sala hace énfasis en que la RNEC solicitó nuevamente la declaratoria de falta
de legitimación en la causa por pasiva, cuestión que fue resuelta de modo
negativo mediante auto del 24 de noviembre de 202224.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el
reglamento interno de la corporación.
2. Problema jurídico
Mediante auto del 6 de marzo de 2023, entre otras decisiones, se fijó el litio en
los siguientes términos:
[C]onsidera el despacho que el litigio se contrae a determinar si debe decretarse
la nulidad del acto de elección de Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez como
representante a la Cámara por el departamento de Santander.
Para el efecto, es necesario establecer:
Si hubo infracción de norma superior al desconocerse los artículos 29, 40, 107
y 262 de la Constitución Política; 4, 5, 7 y 28 de la Ley 1475 de 2011; los
artículos 9 y 55 de los Estatutos de «Colombia Humana», así como si se incurrió
en la causal 5 del artículo 275 del CPACA.
Para esto debe establecerse:
i) Si «Colombia Humana» debía realizar consulta interna para definir los
candidatos que representarían a esa colectividad en la coalición «Pacto
Histórico» para la Cámara de Representantes en el departamento de
Santander. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa se deberá
establecer si se realizó y si sus resultados se desconocieron o no.
24 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 26.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
ii) Si la lista de candidatos inscrita por la coalición «Pacto Histórico» para la
Cámara de Representantes para el departamento de Santander se desintegró
al haber renunciado seis de ellos y si, en consecuencia, se disolvió la coalición
por carencia de objeto.
iii) Si al haber permanecido en esa lista una sola persona se vulneró la
participación política y si al ser una sola mujer su integrante se vulneró la cuota
de género.
iv) Si la lista del «Pacto Histórico» incurrió en falta de legitimidad política por
«engaño al elector» e «inexistencia de la coalición».
v) Si la coalición «Pacto Histórico» participó en las elecciones a la Cámara de
Representante por el departamento de Santander con dos listas, una propia y
la otra al adherirse al partido Alianza Verde.
vi) Si se incumplieron algunas reglas pactas en la Coalición «Pacto Histórico»
relacionadas con el nombramiento del gerente y del contador, así como lo
referente al sistema de auditoría.
vii) Si la demandada desacató las reglas de los estatutos de «Colombia
Humana» al no renunciar a su candidatura.
viii) Si la inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición «Pacto
Histórico» se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito constitucional
establecido en el inciso quinto del artículo 262 Superior en lo atinente a que los
partidos coaligados no pueden superar el 15% de los votos válidos de la
respectiva circunscripción y si era admisible tener en cuenta los votos obtenidos
por el partido político «Colombia Humana» en las elecciones presidenciales del
año 2018.
3. Cuestión previa
Antes de analizar las aristas trazadas en el problema jurídico, debe la Sala
estudiar, previamente, i) el alcance que, para este proceso, tiene la providencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2023 25,
en el marco del medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección
de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander, contenido
en el formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022 y determinar a través de la
discriminación de cada cargo si en el presente proceso opera la figura procesal
de la cosa juzgada, y ii) el valor probatorio que se acordará en este proceso a los
informes, reportajes, crónicas o columnas periodísticas y videos aportados por
las partes.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de mayo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-
00086-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00141-00 (acumulado), actor: José Manuel Abuchaibe
Escolar y Héctor Guillermo Mantilla Rueda, demandado: Acto de elección de los representantes a la Cámara
por el departamento de Santander, M.P. Rocío Araujo Oñate.
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
3.1. Examen del proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-00086-00
(principal) 11001-03-28-000-2022-00141-00 (acumulado) respecto del cual
operó el fenómeno de la cosa juzgada
La Sala no puede pasar por alto que los señores José Manuel Abuchaibe Escolar
y Héctor Guillermo Mantilla Rueda presentaron en el pasado demanda de nulidad
electoral contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por el
departamento de Santander, contenido en el formulario E-26 CAM del 22 de
marzo de 2022, escrito a través de la cual formuló pretensiones de contenido
similar a las del presente proceso, las cuales fueron decididas mediante
providencia que se encuentra en la actualidad debidamente ejecutoriada como lo
es la sentencia del 11 de mayo de 202326.
Estas circunstancias que rodean el caso sometido a consideración de la Sala
naturalmente dan lugar a interrogarse sobre el alcance que, para este proceso,
tiene dicha decisión, específicamente en cuanto a los cargos que hicieron tránsito
a cosa juzgada.
En esa perspectiva es importante recordar que, necesaria para garantizar que las
decisiones ventiladas ante la jurisdicción encuentren una resolución definitiva y
se cumpla el objetivo esencial de la actividad judicial, esto es, la pacificación de
las relaciones sociales, la cosa juzgada es el atributo reconocido por el
ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de la cual se
considera que tienen características de inmutables, vinculantes y definitivas, esto
es, que: i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que las
profirió; ii) son de obligatorio cumplimiento, y iii) lo decidido no puede ser discutido
nuevamente en sede jurisdiccional.
Así pues, la cosa juzgada no solo confiere estabilidad, durabilidad y certeza a las
relaciones jurídicas, sino que evita que el aparato judicial sea utilizado en
múltiples oportunidades, aparentemente con distintos argumentos, para resolver
el mismo conflicto en otro juicio posterior, con el consecuente desgaste que
impediría que pueda ocuparse de las demandas de otros justiciables y el riesgo
de abrir debates litigiosos concluidos27. En palabras de la Corte Constitucional y
de esta Corporación, respectivamente:
La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica.
26 Código General del Proceso. Artículo 302. “Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. (…) Las que sean
proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen
de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos” (se subraya). La sentencia proferida
el 11 de mayo de 2023 se notificó el 15 de mayo de 2023, Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de
actuaciones. Anotación 129.
27 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes implicadas en
él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir de ese momento
la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel eficaz en la
solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en relación con
la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido
proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está implícita en el
concepto de administrar justicia28.
En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado
al principio del <<non bis in idem>> y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios
aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal
cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter
vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello
la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.
La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia
o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso
de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar
efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de
seguridad jurídica entre los asociados29.
Aunque objeto de innumerables controversias que ponen en evidencia la
dificultad de asumir entendimientos unívocos sobre aspectos tales como su
naturaleza30, lo cierto es que, en nuestro ordenamiento jurídico, la cosa juzgada
es un fenómeno de carácter transversal, esto es, se predica de las decisiones
definitivas adoptadas en diferentes jurisdicciones31, pero opera de manera
distinta en función del medio de control en el cual se profiere la providencia a
propósito de la cual se invoca.
Así, mientras el Código General del Proceso establece que «la sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada,
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la
misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes» (artículo 303 del CGP), el CPACA, en su artículo 189, dispone
especialmente que:
28 Corte Constitucional, sentencia C-548 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2012, rad. 20079, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
30 Para un breve resumen de las discusiones doctrinales que se han desarrollado sobre el particular puede
verse: Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte I, 7ª éd., Dupré
Editores, Bogotá, p. 591-593.
31 Así, por ejemplo, el artículo 243 de la Constitución dispuso que «los fallos que la Corte dicte en ejercicio
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. // Ninguna autoridad podrá reproducir
el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución»
y se hace referencia a ella tanto en los Códigos de Procedimiento Civil, Contencioso Administrativo, Procesal
del Trabajo y de Procedimiento Penal. No obstante, el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil
consagra que algunas sentencias ejecutoriadas no hacen tránsito a cosa juzgada.
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Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. // Cuando por
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo
distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios. // Las sentencias de nulidad sobre los actos
proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política,
tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el
juez podrá disponer unos efectos diferentes. // La sentencia dictada en procesos
relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de
cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa
y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes (…).
Aunque, a primera vista, el carácter general de los términos empleados en la
norma procesal civil podría dar lugar a pensar que las condiciones allí
establecidas para que pueda invocarse la excepción de cosa juzgada son
aplicables en cualquier rama del derecho y sea cual fuere el tipo de proceso de
que se trate32, lo cierto es que debe advertirse que luego de una lectura completa
y holística de esa norma y de su comparación con la legislación procesal
administrativa, se infiere que la condensación del fenómeno de cosa juzgada está
ligada necesariamente al objeto del litigio resuelto por la decisión respecto de
la cual se predica esta última.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA, en los asuntos
en los cuales se debaten y definen intereses subjetivos, como son los relativos a
las acciones contractuales y de reparación directa, la cosa juzgada se materializa
en el hecho de que, en sede judicial, no pueda debatirse nuevamente un proceso
que, tramitado por las mismas partes, verse sobre igual objeto y se funde en la
misma causa de otro que haya sido definido mediante sentencia ejecutoriada;
mientras que, en los litigios en los cuales lo que se debate y define es la legalidad
de un acto, como los relativos al medio de control de nulidad electoral, esta figura
se concreta en que el análisis efectuado por el juez, en una sentencia
ejecutoriada, no pueda ser discutido o retomado con posterioridad, i) bien porque,
habiéndose decretado la nulidad del acto, este desaparece del ordenamiento
jurídico ─con lo que un nuevo juicio de legalidad carecería de objeto por
sustracción de materia─, ii) bien porque, habiéndose denegado las pretensiones
32 De hecho, eso es lo que ocurre en la sentencia C-522 de 2009 antes citada, en donde refiriéndose al
principio de manera general, esto es, sin circunscribirlo a una rama del derecho en particular, la Corte indica
que: «la existencia de cosa juzgada implica la imposibilidad de promover un nuevo proceso en el que se
debata el mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan tres condiciones, que en la ley colombiana se
encuentran previstas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como son la identidad de partes,
la identidad de objeto y la identidad de causa».
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de la demanda, el mismo no pueda ser atacado sino exclusivamente por razones
diferentes a las ya estudiadas por el juez33.
Lo anterior por cuanto, tratándose de una jurisdicción rogada, es entendible que
el acto acusado no se confronta con la totalidad del prisma del ordenamiento
jurídico, sino únicamente con las normas superiores invocadas por el accionante
y a partir del concepto de violación por él formulado, de modo que son estos
aspectos los que delimitan la causa petendi de la demanda y, con ella, la decisión
respecto de la cual se predica el carácter de cosa juzgada erga omnes34.
En otras palabras, en el caso en que el juez de la legalidad del acto administrativo
niegue su nulidad, esta decisión, enmarcada por la referencia a las normas
violadas y el concepto de violación invocados, es inmutable y de obligatorio
cumplimiento erga omnes, lo cual implica que, por una parte, el acto no solo sigue
teniendo plenos efectos en el ordenamiento jurídico, sino que, por haber sido
analizada y definida judicialmente, su validez deviene inexpugnable únicamente
en relación con los cargos analizados, de modo que su contenido no puede ser
desconocido y, por la otra, que su legalidad no puede ser cuestionada
nuevamente, en sede judicial, por las razones ya sometidas a estudio.
La misma regla se aplica a lo decidido sobre la legalidad de un acto administrativo
demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
toda vez que la norma no hizo distinción alguna entre estos dos tipos de
contencioso ─objetivo y subjetivo─, aunque sí precisó, en relación con lo
decidido en torno al restablecimiento de un derecho, que la cosa juzgada
beneficiaría a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido la declaración
a su favor, lo que significa que, en un trámite judicial posterior, dicho
restablecimiento no podría desconocerse.
A la luz de estas consideraciones teóricas, la Sala considera que, estando
debidamente ejecutoriada, la sentencia del 11 de mayo de 2023, mediante la cual
la Sección Quinta de esta Corporación negó expresamente la nulidad electoral
contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento
de Santander, la misma hizo forzosamente tránsito a cosa juzgada erga omnes
33 Lógica similar a la que se aplica en materia del juicio de constitucionalidad de las leyes operado por la
Corte Constitucional. Al respecto pueden consultarse las sentencias C-220 de 2011, C-332 de 2013, C-532
de 2013 y C-287 de 2014.
34 Sobre este punto la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 29 de abril de 2008, rad. 11001-03-
06-000-2008-00009-00(1878), M.P. William Zambrano Cetina, explicó que en el caso de las sentencias que
niegan la nulidad del acto demandado pueden presentarse las siguientes situaciones. «a. Que un mismo
acto administrativo sea objeto de diversas demandas, sin que automáticamente opere el fenómeno de cosa
juzgada a partir de los pronunciamientos judiciales anteriores; b. Que, por lo mismo, sobre un acto
administrativo coexistan sin ser contradictorios, diversos pronunciamientos judiciales respecto de su
legalidad, cuando la causa petendi que ha dado origen a los procesos es distinta en cada caso; y c. Que
únicamente, cuando sobre un mismo acto administrativo se discutan las mismas razones o causa petendi
de un proceso anterior, habrá cosa juzgada».
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28
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
─pero sólo en relación con la causa petendi juzgada─.
En eses orden y con el fin de verificar los cargos que se ventilaron en el proceso
con radicado 11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) - 11001-03-28-000-
2022-00141-00 (acumulado), de conocimiento de la magistrada ponente Rocío
Araujo Oñate y cuya sentencia fue proferida el pasado 11 de mayo de 2023, y los
cargos formulados en el presente proceso 11001-03-28-000-2022-00097-00
(acumulados), e identificar los apartes que no fueron objeto de pronunciamiento
en el primer proceso 11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) - 11001-03-28-
000-2022-00141-00, la Sala presentará un cuadro a doble columna en el que se
cotejara los cargos de estos dos procesos y los puntos de fijación del litigio 35 con
el fin de fijar las bases del pronunciamiento judicial:
1. Procesos
Radicado. 11001-03-28-000-2022-00086- Radicado. 11001-03-28-000-2022-00097-
00 (principal) y 11001-03-28-000-2022- 00 (principal), 11001-03-28-000-2022-
00141-00 (acumulado) 00043-00, 11001-03-28-000-2022-00049-00
y 11001-03-28-000-2022-00087-00
(acumulados)
Magistrada ponente: Rocío Araujo Oñate Magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez
Parra
2. Partes
Demandantes: José Manuel Abuchaibe Demandantes: Jeyser Mauricio Rodríguez
Escolar y Héctor Guillermo Mantilla Rueda Balaguera, Óscar Giovanni Díaz Coronado,
Héctor Guillermo Mantilla Rueda, Carlos
Leonardo Hernández
Demandados: Acto electoral de los Demandado: Mary Anne Andrea Perdomo
representantes a la Cámara por el Gutiérrez, representante a la Cámara de
departamento de Santander, período Representantes por el departamento de
2022-2026, contenido en el formulario E- Santander, período 2022-2026, acto
26 CAM del 22 de marzo de 2022. electoral contenida en el formulario E-26
CAM del 22 de marzo de 2022.
3. Pretensiones
Proceso 11001-03-28-000-2022-00141- Proceso 11001-03-28-000-2022-00043-00
00
1. Se decrete la nulidad del Formulario E- [D]eclarar la Nulidad del acto de elección (E-
26 CAM de 22 de marzo de 2022, 26 CAM) de fecha 22 de marzo de 2022 el
mediante el cual los delegados del cual declara como representante electa a la
Consejo Nacional Electoral declararon la cámara por Santander a MARIA (sic) ANNE
elección de los Representantes a la ANDREA PERDOMO GUTIERREZ. // De
Cámara por el Departamento de igual forma, de manera subsidiaria se
Santander, para el periodo 2022-2026. declaren nulos todos los actos
administrativos de trámite que haya lugar.
2. Como consecuencia de la declaratoria
35 En este cuadro comparativo únicamente se incluirán los cargos pertinentes que hacen transito a cosa
juzgada sobre el presente proceso.
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29
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
de nulidad de la elección los Proceso 11001-03-28-000-2022-00049-00
Representantes a la Cámara por el
Departamento de Santander, la Sección PRIMERA: Que se declare la nulidad del
Quinta del Consejo de Estado excluya del acto de elección de la señora Mary Anne
cómputo para dicha Corporación Pública, Andrea Perdomo Gutiérrez, identificada con
los votos registrados en favor de la lista de la cédula de ciudadanía No 37.748.541,
la coalición denominada “Pacto Histórico” como Representante a la Cámara por
y realice un nuevo cálculo del umbral, de Santander periodo 2022-2026, quien es la
la cifra repartidora y, por ende, proceda a única conformante de la lista cerrada de la
una nueva asignación de curules, para lo coalición denominada «Pacto Histórico»;
cual deberá expedir las respectivas acto contenido en el Formulario (sic) E-28 de
credenciales. fecha 22 de Marzo de 2022, por medio del
cual la Comisión Escrutadora Departamental
Proceso 11001-03-28-000-2022-00086- de Santander declaró la elección de los
00 Representantes a la Cámara por el
departamento de Santander para el periodo
PRIMERA: Que se declare que es nulo el 2022 al 2026, por el «Pacto Histórico».
acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES SEGUNDA: Consecuencia de la nulidad del
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE acto administrativo que declara la elección
SANTANDER contenido en el documento de la Señora Mary Anne Andrea Perdomo
E-26 CAM de fecha 22 de marzo de 2022. Gutiérrez (única conformante de la lista
cerrada de la colación «Pacto Histórico»)
SEGUNDA: Que, una vez declarada la como Representante a la Cámara por
nulidad de la elección, se ordene que se Santander periodo 2022-2026 contenido en
excluya la lista del PACTO HISTORICO el Formulario E-28 de fecha 22 de marzo de
del cómputo general de votos contenidos 2022, se excluyan del cómputo los votos
en el E-26, de acuerdo a las acusaciones para la Cámara de Representantes de la lista
que vamos a exponer en el presente de la coalición denominada «Pacto
escrito. Histórico».
TERCERA: Que como consecuencia de lo TERCERA: Corolario de la exclusión del
anterior se ordene practicar y cómputo de los votos para la Cámara de
efectivamente se practique por la Sección Representantes de la lista de la coalición
Quinta del Consejo de Estado, un nuevo denominada «Pacto Histórico», se realice un
escrutinio de los votos depositados en el nuevo escrutinio, se modifique el umbral, se
Departamento de Putumayo en las fije una nueva cifra repartidora y se declare
elecciones del 13 de marzo de 2022 para la elección de quienes resulten elegidos tal
CÁMARA DE REPRESENTANTES como lo ordena el numeral 2 del artículo 288
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE del CPCA (Ley 1437).
SANTANDER, periodo 2022 - 2026,
escrutinio que deberá practicarse con base Proceso 11001-03-28-000-2022-00087-00
únicamente en los registros que no se
declaren afectados de nulidad en virtud del 1. Se declare la nulidad del Formulario (sic)
proceso a que dé lugar esta demanda. E-26 CAM de 22 de marzo de 2022,
mediante el cual los Delegados (sic) del
CUARTA: Que con base en los resultados Consejo Nacional Electoral declararon la
que se obtengan en los nuevos elección de los Representantes a la Cámara
escrutinios, se haga por la Sección Quinta por el Departamento de Santander, en
del Consejo de Estado, una nueva cuanto se declaró la elección de Mary Anne
declaración de elección de CÁMARA DE Andrea Perdomo Gutiérrez.
REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE 2. Ello, como consecuencia de la
SANTANDER, periodo 2022 - 2026, se declaratoria de nulidad de la Resolución
ordene expedir y efectivamente se expidan 1457 de 18 de febrero de 2022 proferida por
las nuevas credenciales de el Consejo Nacional Electoral «Por el cual se
Representantes a la Cámara por esa DECIDE la solicitud de revocatoria de
circunscripción territorial para el periodo inscripción de la ciudadana MARY ANNE
citado a quienes correspondan, y que se ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ que
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30
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
comunique la anterior novedad al Consejo integra la lista inscrita por la COALICIÓN
Nacional Electoral, al Presidente de la PACTO HISTÓRICO a la CÁMARA DE
República, al señor Registrador Nacional REPRESENANTES por la circunscripción
del Estado Civil y a sus delegados para el territorial ordinaria departamental de
Departamento de Santander, al señor SANTANDER por presunta infracción al
Ministro del Interior, al señor Gobernador artículo 28 de la Ley 1475 de 2011».
del Departamento de Santander, y al señor
Presidente del Tribunal Administrativo del 3. Como consecuencia de la declaratoria de
mismo Departamento. nulidad de la elección se ordene la
cancelación de la credencial de Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez y,
adicionalmente, se excluya del cómputo para
dicha Corporación Pública, los votos
registrados en favor de la «lista» del «Pacto
Histórico» y realice un nuevo cálculo del
umbral, de la cifra repartidora y, por ende,
proceda a una nueva asignación de curules,
para lo cual deberá expedir las respectivas
credenciales.
Proceso 11001-03-28-000-2022-00097-00
PRIMERA: Se declare la nulidad del acto de
elección de la señora MARY ANNE
ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ
identificada con la cédula de ciudadanía N°
37.748.541 como Representante a la
Cámara por Santander periodo 2022-2026,
quien es la única conformante de la lista
cerrada de la coalición denominada «Pacto
Histórico»; acto contenido en el Formulario
(sic) E-26 CAM de fecha 22 de marzo de
2022, por medio del cual La Comisión
Escrutadora Departamental de Santander
declaró la elección de los Representantes a
la Cámara por el departamento de
Santander para el periodo 2022 al 2026.
SEGUNDA: Consecuencia de la nulidad del
acto administrativo que declara la elección
de la señora MARY ANNE ANDREA
PERDOMO GUTIÉRREZ como
Representante a la Cámara por Santander
periodo 2022-2026 contenido en el
Formulario E-26 CAM de fecha 22 de marzo
de 2022, se excluyan del cómputo los votos
para la Cámara de Representantes de la lista
de la coalición denominada «Pacto
Histórico».
TERCERA: Excluidos del cómputo de los
votos para la Cámara de Representantes de
la lista de la coalición denominada «Pacto
Histórico» se realice un nuevo escrutinio, se
modifique el umbral, se fije una nueva cifra
repartidora y se declare la elección de
quienes resulten elegidos tal como lo ordena
el numeral 2 del artículo 288 del CPCA (Ley
1437) (énfasis original).
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
4. Cargo y concepto de violación a partir de la fijación del litigio en las providencias
que anunciaron las respectivas sentencias anticipadas
Determinar si el acto de elección de los Establecer si hubo infracción de norma
representantes a la Cámara por superior al desconocerse los artículos 29,
Santander, periodo 2022-2026, contenido 40, 107 y 262 de la Constitución Política; 4,
en el formulario E-26 CAM del 22 de marzo 5, 7 y 28 de la Ley 1475 de 2011; los artículos
de 2022, debe ser declarado nulo, por 9 y 55 de los Estatutos de Colombia
cuanto: Humana, así como si se incurrió en la causal
5 del artículo 275 del CPACA.
(Proceso 2022-00141-00). En su
adopción fue transgredido el sistema Para esto debe establecerse:
constitucional y legal de distribución de
curules –artículo 275.4 de la Ley 1437 de
2011–, al computarse los votos de la lista
de la coalición “Pacto Histórico” que, de
acuerdo con los términos de la demanda,
había desaparecido de facto.
La absolución de esta censura pasa por
responder los siguientes interrogantes
particulares:
1. La Resolución No. 1748 (sic) del 18 de 1. Si la lista de candidatos inscrita por la
febrero de 2022, expedida por el CNE, coalición Pacto Histórico para la Cámara de
infringió los artículos 9º de la Ley 130 de Representantes para el departamento de
1994 y 29 de la Ley 1475 de 2011, al Santander se desintegró al haber renunciado
permitir la participación de la lista del seis de ellos y si, en consecuencia, se
“Pacto Histórico” en las elecciones a la disolvió la coalición por carencia de objeto.
Cámara de Representantes en Santander,
periodo 2022-2026, aunque se trataba de
una coalición disuelta y extinta, como 2. Si al haber permanecido en esa lista una
consecuencia de: i) Las renuncias de 6 de sola persona se vulneró la participación
los 7 aspirantes inicialmente inscritos por política.
esa agrupación, el 13 de diciembre de
2021, sin haber recompuesto la lista en el
término de modificación establecido en el
artículo 31 de la Ley 1475 de 2011. ii) El
incumplimiento del objeto de la coalición,
toda vez que la lista del “Pacto Histórico” –
que hizo parte de la contienda a la Cámara
en Santander, periodo 2022- 2026–,
estuvo compuesta por una (1) sola
persona, señora Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez, en contraposición de
los parámetros del acuerdo –erigidas en su
cláusula primera– que determinaban que
la lista inscrita debía ser “plural” y
conformada a la luz de los principios de
equidad de género, alternancia e inclusión
étnica y social.
2. La Resolución No. 1748 (sic) del 18 de 3. Si la coalición «Pacto Histórico» participó
febrero de 2022, expedida por el CNE, en las elecciones a la Cámara de
infringió el artículo 262 de la Constitución, Representante por el departamento de
al facultar –presuntamente– a los partidos Santander con dos listas, una propia y la otra
y movimientos que firmaron el acuerdo de al adherirse al partido Alianza Verde.
coalición, denominado como “Pacto
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Histórico” en Santander, a inscribir 2 listas
en la elección de los representantes a la
Cámara en ese departamento, a saber: la
propia del “Pacto Histórico” y la registrada
por el partido Alianza Verde, colectividad
política que finalmente fue apoyada por las
agrupaciones que, ab initio, habían
decidido coaligarse.
3. Al dictar la Resolución No. 1748 (sic) del
18 de febrero de 2022, el CNE incurrió en
falsa motivación, toda vez que: i) la
autoridad electoral interpretó
indebidamente la solicitud de revocatoria
presentada por los representantes legales
de la coalición “Pacto Histórico”, ya que la
tramitó como si se tratara de una
revocatoria de la inscripción de la señora
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, y
no como la solicitud de revocar
íntegramente la lista inscrita por esa
coalición el 13 de diciembre de 2021. ii) La
autoridad electoral no tuvo en cuenta que
el “Pacto Histórico” en Santander había
desaparecido, producto de las renuncias
de algunos de los candidatos inscritos
primigeniamente y la inobservancia del
texto del acuerdo que dio origen a ella, en
especial, de la cláusula primera. iii) La
autoridad electoral omitió analizar que toda
la fuerza política de los partidos y
movimientos suscriptores del acuerdo
“Pacto Histórico” se había dirigido a
respaldar la lista a la Cámara de la Alianza
Verde, dentro de la cual se inscribieron 3
de los 7 ciudadanos que inicialmente
habían sido inscritos por el “Pacto
Histórico”.
4. (Proceso 2022-00086-00). Determinar 4. Si la inscripción de la lista de candidatos
si el acto de elección de los representantes efectuada por la coalición Pacto Histórico se
a la Cámara por Santander, periodo 2022- llevó a cabo en estricto acatamiento al
2026, contenido en el formulario E-26 CAM requisito constitucional establecido en el
del 22 de marzo de 2022, debe ser inciso quinto del artículo 262 Superior en lo
declarado nulo, por cuanto: El acto de atinente a que los partidos coaligados no
inscripción de la lista de la coalición “Pacto pueden superar el 15% de los votos válidos
Histórico” incurrió en falsedad – artículo de la respectiva circunscripción y si era
275.3 de la Ley 1437 de 2011–, al admisible tener en cuenta los votos
establecerse –con el propósito de cumplir obtenidos por el partido político Colombia
la exigencia erigida en el artículo 262 de la Humana en las elecciones presidenciales del
Constitución, relativa a que las año 2018.
organizaciones coaligadas no superen el
15% de los votos válidos en la
circunscripción– que el Movimiento
Político Colombia Humana no disponía de
votos en las últimas elecciones
adelantadas en el departamento de
Santander, a pesar de que en la elección
presidencial de 2018, dicha organización
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
había alcanzado el 36% de los sufragios
válidos depositados en esa entidad
territorial.
De conformidad con el anterior cotejo, resulta evidente que esta Sala, en la
sentencia del 11 de mayo de 2023, dictada en el expediente 11001-03-28-000-
2022-00086-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00141-00 (acumulado) ya
desató los cargos que hoy invocan los demandantes y que a título ilustrativo se
trae a colación la manera cómo se resolvió cada punto de la controversia:
i) «Si la lista de candidatos inscrita por la coalición Pacto Histórico para la
Cámara de Representantes para el departamento de Santander se
desintegró al haber renunciado seis de ellos y si, en consecuencia, se
disolvió la coalición por carencia de objeto»
El 11 de mayo de 2023, la Sala consignó lo siguiente:
221. De la lectura de las normas antes reseñadas, la Sala puede concluir que
contrario a lo expuesto por el demandante, el acto de elección de los
representantes a la Cámara por el departamento de Santander no incurrió en
irregularidad alguna que provenga de la forma en que fue decidida por el
Consejo Nacional Electoral la solicitud de revocatoria de la inscripción de la
señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, como pasa a exponerse a
continuación:
222. De lo señalado por la autoridad electoral en la Resolución 1457 del 2022,
esta judicatura concuerda con las consideraciones expuestas en el sentido de
señalar (i) la vinculatoriedad del acuerdo de coalición en punto de los candidatos
inscritos con el lleno de los requisitos legales y (ii) la existencia de causales
específicas para la modificación de listas y la irrevocabilidad del aval
previamente otorgado a un aspirante.
223. En primer lugar, la Sala resalta que la existencia del acuerdo de coalición
denominado “PACTO HISTÓRICO” para la presentación de listas de candidatos
a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, se predica
desde que las colectividades políticas participantes del mismo acuden a la
suscripción del documento en el que se pactan las reglas exigidas por la Ley
1475 del 2011, en su artículo 29, así como lo señalado por el Consejo Nacional
Electoral en la Resolución 2159 del 2019.
224. Lo anterior, se puede concluir del contenido de la cláusula décima, donde
se precisa que “La coalición tiene una duración que inicia desde el momento de
la suscripción del presente acuerdo (…)”.
225. A partir de ello se predica la exigibilidad del objeto de la misma, el cual es
la inscripción de candidatos en las condiciones que fija expresamente la
cláusula primera, el cual, a juicio de esta judicatura, fue debidamente cumplido,
en tanto se procedió por parte de los partidos y movimientos políticos Alianza
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Democrática Amplia, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombia, Polo
Democrático Alternativo y Colombia Humana, a formalizar la inscripción de la
lista plasmada en el acuerdo de coalición, tal y como obra en el formulario E-
6CT del 13 de diciembre del 2021.
226. Bajo estas circunstancias, entiende la Sala que el objeto que motivó la
unión de esfuerzos por parte de las referidas organizaciones políticas se atendió
con el lleno de las exigencias formales, siendo importante resaltar que la
demanda que se decide no enfocó sus reparos de legalidad frente a la falta de
requisitos al respecto o frente a las personas postuladas.
227. Ahora bien, no se desconoce que tanto el 16 como el 20 de diciembre del
2021 se presentó la renuncia de cinco (5) de los candidatos, esto es, los señores
Germán Albeiro González, William Ramírez Carreño, María de los Ángeles Leal
Zabala, Juan Pablo Ramírez Triana y Nancy Santodomingo Guarín.
228. Frente al señor Jorge Edgar Flórez Herrera, la Registraduría Nacional del
Estado Civil informó que no obra documento de renuncia. Sin embargo, de la
revisión del formulario E-6CT del 13 de diciembre del 2021, aquel no suscribió
el mismo, por lo que en virtud del artículo 93 del Código Electoral, dicha
candidatura se entiende como no aceptada.
229. Las circunstancias antes descritas permiten evidenciar que en el marco del
trámite pre electoral, se presentaron eventos que a la luz del inciso primero
artículo 31 de la Ley 1475 del 2011, habilitan a la modificación de la lista dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la correspondiente
inscripción.
230. Por ello, tanto la renuncia como la no aceptación, se consideran decisiones
de alcance personal del candidato frente a la posibilidad de continuar o no en la
contienda electoral, que no tienen un alcance frente a la participación de una
determinada colectividad política en una coalición, la cual, en esos eventos,
tiene la posibilidad -no la obligación- de modificar la inscripción previamente
efectuada.
231. Por esta razón, a juicio de esta judicatura, la tesis sostenida por el actor en
el sentido de señalar una disolución de la coalición Pacto Histórico en el
departamento de Santander con fundamento en el retiro de las candidaturas
referidas con anterioridad, no encuentra asidero en las normas estatutarias que
regulan el procedimiento democrático de inscripción por parte de los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
232. De otra parte, de la lectura del acuerdo de coalición programática y política
Pacto Histórico, se tiene que las organizaciones que firmaron el mismo, fijaron
como extremo final en su duración, “hasta la fecha de terminación de período
constitucional del ejercicio de los respectivos cargos públicos”, por lo que se
observa que sólo se consagró dicho evento futuro y cierto como plazo para la
terminación de lo allí pactado.
233. No se desconoce que, en un evento determinado, los partidos y
movimientos políticos coaligados pueden acordar, en la misma forma en que lo
hicieron inicialmente para el nacimiento de la coalición, proceder con la
disolución de la asociación conformada, lo cual puede tener como motivación,
entre otras, la renuncia o no aceptación de los candidatos escogidos.
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234. Sin embargo, en el presente caso, los elementos de convicción arrimados
al expediente, no permiten concluir que dicha circunstancia se presentó.
Veamos:
235. En primer lugar, se tiene que el despacho conductor, en la correspondiente
etapa probatoria, solicitó a los representantes legales de los partidos integrantes
de la coalición Pacto Histórico, informar si existió acuerdo de alguna especie
disolver aquella.
236. Sobre el particular, los partidos Unión Patriótica, Partido Comunista
Colombia y el Movimiento Alternativo Social e Indígena, señalaron desconocer
la existencia de documento alguno en tal sentido. El representante legal de la
Alianza Democrática Amplia, señaló que “Al examinar la conveniencia política
de la postulación de dicha lista, las colectividades que conformaban la coalición
decidieron retirarse de la contienda y apoyar a la lista del partido alianza verde,
motivo por el cual, todos los candidatos que integraban la lista renunciaron a su
aspiración excepto la señora GUTIERREZ PERDOMO (sic).”, más no respondió
si efectivamente se había llegado al acuerdo de disolver la coalición (…).
239. Así las cosas, los documentos aportados por quienes ostentan la
representación legal de los partidos políticos, no ofrecen la certeza sobre la
existencia de una decisión expresa, unívoca y unánime en el sentido de disolver
o terminar la coalición Pacto Histórico antes de la respectiva contienda electoral.
A lo sumo, es posible que se haya presentado el retiro del Polo Democrático
Alternativo, más ello no compromete la voluntad de las demás colectividades
de continuar coaligadas a efectos de la elección a la Cámara de Representantes
por el departamento de Santander.
240. Por lo dicho, la Sala, ante la falta de una prueba contundente sobre este
particular, preserva la existencia del acuerdo de coalición para todos sus
efectos, bien sea con la integración o no del Polo Democrático Alternativo en la
misma, tanto así que la lista de aquella fue confirmada mediante el formulario
E-8CT del 21 de diciembre del 2021.
ii) «Si al haber permanecido en esa lista una sola persona se vulneró la
participación política»
Frente a este problema jurídico la Sala en sentencia del 11 de mayo de 2023,
resolvió lo siguiente:
242. Así mismo, se debe resaltar que la integración de la lista por una sola
persona, no implica tampoco transgresión normativa alguna, en la medida en
que el artículo 262 constitucional establece un tope máximo para ello, el cual se
relaciona con el número de curules a distribuir en la correspondiente
circunscripción, pero no un límite mínimo. Por ello, el que la postulación de la
coalición Pacto Histórico sólo se hubiere efectuado con la señora Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez, como da fe de ello el formulario E-8 del 21 de
diciembre del 2021, no resulta contrario a la norma constitucional.
243. En línea con lo anterior, dicha circunstancia tampoco implica un
incumplimiento de los criterios de paridad de género, inclusión étnica, social y
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política, pues se reitera, que ello se entiende cumplido con la (i) escogencia de
los candidatos plasmados en el acuerdo de coalición y (ii) con la formalización
del acto de inscripción, situación que no se ve controvertida con la decisión
unilateral y personal de renuncia de algunos candidatos, ni mucho menos, con
la falta de una decisión de modificar la lista inicialmente inscrita.
iii) «Si la coalición ´Pacto Histórico´ participó en las elecciones a la Cámara
de Representante por el departamento de Santander con dos listas, una
propia y la otra al adherirse al partido Alianza Verde»
Frente a este problema jurídico la Sala en sentencia del 11 de mayo de 2023,
resolvió lo siguiente:
248. La Resolución 1457 del 18 de febrero de 2022, expedida por el CNE,
infringió el artículo 262 de la Constitución, al facultar –presuntamente– a
los partidos y movimientos que firmaron el acuerdo de coalición,
denominado como “Pacto Histórico” en Santander, a inscribir 2 listas en
la elección de los representantes a la Cámara en ese departamento, a
saber: la propia del “Pacto Histórico” y la registrada por el partido Alianza
Verde, colectividad política que finalmente fue apoyada por las
agrupaciones que, ab initio, habían decidido coaligarse.
249. En línea con lo señalado en el acápite precedente, la Sala considera que
la decisión del Consejo Nacional Electoral, en ninguna medida “facultó” a la
coalición para la inscripción de dos listas, a saber, la propia por el Pacto
Histórico y la apoyada por el Partido Alianza Verde.
250. En primer lugar, como se puso de presente en el párrafo 213 de esta
providencia, las consideraciones de la autoridad electoral en la referencia
resolución, giraron en torno a ratificar la legalidad de la inscripción de la
candidata Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez. Bajo esta circunstancia,
resulta claro para esta judicatura, que la decisión del Consejo Nacional Electoral
afianzó la posibilidad de la participación de la lista así inscrita y confirmada por
el Pacto Histórico en el departamento de Santander y las obligaciones que se
derivan de ello conforme el acuerdo de coalición.
251. Para esta Sala, la decisión de inscribir una lista de candidatos por el Partido
Alianza Verde, responde a la voluntad y el derecho constitucional y legal que le
asiste a dicha colectividad de participar en una determinada contienda
democrática, sin que pueda predicarse que la Resolución 1457 de 18 de febrero
del 2022, hubiere sido la que facultó dicha actuación.
252. No sobra indicar, que en los antecedentes administrativos del referido acto
administrativo, obra copia de los formulario E-6, E-7 y E-8 que dan fe del
proceso de inscripción de candidaturas del partido Alianza Verde a la Cámara
de Representantes por el departamento de Santander, documentos todos que
fueron expedidos en días anteriores a la decisión del Consejo Nacional
Electoral, por lo que se puede concluir que dicho trámite no guarda una relación
de conexidad con lo decidido frente a la solicitud de la revocatoria de inscripción
de la candidatura de la señora Mary Anne Perdomo Gutiérrez.
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253. De otra parte, el que algunas personas inicialmente inscritas por el Pacto
Histórico, resultaran siendo candidatizadas por la Alianza Verde, responde a
una decisión libre, espontánea y voluntaria de ellas de aspirar por una
colectividad diferente y ser avalados directamente por ella, más en ninguna
medida permite concluir que aquella determinación hubiere contado con el
beneplácito de la autoridad electoral, o de los partidos coaligados.
254. Por esta razón, tanto del análisis conjunto del contenido de la Resolución
1457 del 2022 como de las demás circunstancias que rodearon la etapa pre
electoral en el caso concreto, no se puede concluir que el Consejo Nacional
Electoral hubiere “facultado” a las colectividades que firmaron el acuerdo de
coalición Pacto Histórico en Santander, para inscribir la lista propia y la de la
correspondiente al partido Alianza Verde.
255. Así las cosas, por estas circunstancias, no es procedente considerar
que se vulneró el artículo 262 constitucional, por lo que este cargo será
negado.
iv) «Si la inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición
Pacto Histórico se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito
constitucional establecido en el inciso quinto del artículo 262 Superior en
lo atinente a que los partidos coaligados no pueden superar el 15% de los
votos válidos de la respectiva circunscripción y si era admisible tener en
cuenta los votos obtenidos por el partido político Colombia Humana en las
elecciones presidenciales del año 2018».
La sentencia del 11 de mayo de 2023, precisó:
154. El inciso 5º del artículo 262 constitucional señala que, “[l]os partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición
para corporaciones públicas” (énfasis de la Sala).
155. El concepto de circunscripción electoral refiere al ámbito territorial en el
cual los votos depositados, constituyen el fundamento para el reparto de los
escaños entre candidatos o partidos80. Así las cosas, se trata de una
delimitación espacial que permite establecer quiénes serán los ciudadanos
habilitados para participar en la elección de un funcionario a través del voto
popular, en tanto estos deben residir en la misma para poder sufragar.
156. Conforme con ello, se existen elecciones a nivel nacional y territorial. Las
primeras, en las cuales el territorio colombiano constituye una sola
circunscripción electoral y por lo mismo, todos los ciudadanos pueden participar
sin restricciones de orden geográfico en aquellos. Piénsese, por ejemplo, la
elección de los senadores de la República.
157. De otro lado, están aquellos procesos democráticos que atienden a
criterios geográficos que no incluyen a todo el territorio nacional, sino a parte
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integrante de este (por ejemplo, el departamento) en la cual se busca que solo
los ciudadanos que residen allí elijan a quienes los representarán en una
determinada posición. En esta categoría, por ejemplo, la elección de los
concejos municipales y de las asambleas departamentales.
158. En atención a dicho concepto, que expresamente se consagra en el
mencionado inciso 5º del artículo 262 constitucional cuando hace referencia a
la “(…) respectiva circunscripción”, debe entenderse entonces que los sufragios
que se tienen en cuenta para la determinación del 15% entre las colectividades
coaligadas, debieron haber sido depositados en el territorio en el cual se lleva
cabo la elección a la cual pretenden participar.
159. En otras palabras: si la lista de candidatos por coalición a una corporación
pública busca participar en las elecciones para elegir representantes en un
departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes
referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y
movimientos coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con aquel
en el cual se lleva a cabo la elección.
160. Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que
como se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual los
ciudadanos pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de
elección que posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta
consideración, es claro que la figura referida deviene en un elemento objetivo y
verificable que permite establecer la fuerza electoral de los partidos coaligados
que pretenden acceder a un espacio de representación en una corporación
pública.
161. Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras que los
representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los departamentos que
conforman el territorio colombiano.
162. Como fundamento normativo de ello, se acude a lo señalado en el artículo
176 constitucional, que refiere a que “la Cámara de Representantes se elegirá
en circunscripciones territoriales y especiales”, indicando que “cada
departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción
territorial”. De otra parte, el artículo 190 del texto superior, refiere que el
presidente de la República será elegido por la mitad más uno de los votos que
“depositen los ciudadanos”, lo que permite entender que se trata de una
circunscripción nacional.
163. Bajo esta consideración, es claro que la forma de elección presenta una
diferencia sustancial en cuanto hace a la circunscripción electoral en las cuales
estas se llevan a cabo, toda vez que, de un lado, la primera tiene como
fundamento la sumatoria de todos los votos obtenidos en el territorio
colombiano, mientras que la segunda se declara con el soporte del total de votos
válidamente depositados en el ente territorial que elige el correspondiente
representante.
164. Así las cosas, conforme a lo dicho, es improcedente contabilizar la votación
obtenida a nivel nacional por la coalición “PETRO PRESIDENTE” en el año
2018 a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de una lista que
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busca un espacio de representación en una corporación pública que se elige al
nivel territorial (…).
179. Así las cosas, no se puede considerar que los votos que soportan el acceso
a las curules por el derecho personal se conviertan, por dicha circunstancia, en
sufragios que fueron depositados en una elección de corporaciones públicas y
mucho menos en una que se lleva al nivel territorial, pues ambas elecciones
difieren en cuanto hace al tipo de autoridad a elegir, en la forma de acceder al
cargo y, como sucede en el caso concreto, en la circunscripción en la cual se
adelantan.
180. Conforme con lo dicho, es claro que los alcances de la decisión de la Corte
Constitucional no impactan la forma en que se aplica e interpreta el inciso 5º del
artículo 262 Superior, en tanto que las razones de decisión de la sentencia SU-
316 del 2021, responden a una elección diferente y a las consecuencias propias
de la misma (…).
184. Por ello, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.
Cabe resaltar que la controversia asociada a la demanda de nulidad electoral
formulada en el proceso 11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) y 11001-03-
28-000-2022-00141-00 (acumulado) radicaba en determinar si por las razones
atrás anotadas el acto de elección de los representantes a la Cámara por el
departamento de Santander era ilegal o no; controversia que fue zanjada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado cuando decidió, en la sentencia del 11 de
mayo de 2023, que los cargos no tenían vocación de prosperidad.
La Sección Quinta concluyó en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-
00086-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00141-00 (acumulado) «NEGAR
las pretensiones de la demanda de nulidad electoral del formulario E-26 CAM del
22 de marzo del 2022, por medio del cual se declaró la elección de los
representantes a la Cámara por el departamento de Santander, en atención a las
razones y consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia»,
situación que, al estar consolidada, debe mantenerse en aras de preservar la
seguridad jurídica de los representantes a la Cámara por el departamento de
Santander.
Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ocupó de determinar
si el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de
Santander era legal o no, y concluyó que si era legal, razón por la cual se abstuvo
de declarar la nulidad del acto censurado.
Por las anteriores razones, en relación con los puntos específicos líneas atrás
expuestos, esta Sala debe imperativamente estarse a lo resuelto de la
sentencia del 11 de mayo de 2023, pues la garantía de la cosa juzgada que de
ella se predica impide a la Sección que, en el marco del presente medio de control
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de nulidad electoral, se reabra y se vuelva a controvertir nuevamente este asunto
que ya fue cerrado. Por tanto, la Sección Quinta se abstendrá de pronunciarse
sobre los cargos anotados por configurarse el instrumento procesal de la cosa
juzgada.
Dilucidado lo que corresponde a la existencia del fenómeno de la cosa juzgada
entre las decisiones judiciales proferidas en el proceso con radicado 11001-03-
28-000-2022-00086-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00141-00
(acumulado) y lo debatido en este proceso, la Sala considera que el segundo
asunto que se debe resolver, de acuerdo con lo previsto en el acápite de
cuestiones previas, radica en identificar los cargos sobre los cuales no acaeció el
fenómeno de la cosa juzgada y si debe declararse la nulidad del acto
administrativo acusado , esto es, la elección de la representante a la Cámara
Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, contenida en el formulario E-26 CAM del
22 de marzo de 2022.
Los cargos de violación que no fueron objeto de pronunciamiento judicial en la
sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro del expediente 11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) y
11001-03-28-000-2022-00141-00 (acumulado) son los siguientes:
i) Si «Colombia Humana» debía realizar consulta interna para definir los
candidatos que representarían a esa colectividad en la coalición
«Pacto Histórico» para la Cámara de Representantes en el
departamento de Santander. Si la respuesta al anterior interrogante es
afirmativa se deberá establecer si se realizó y si sus resultados se
desconocieron o no.
ii) Si al haber permanecido en esa lista una sola persona se vulneró la
cuota de género.
iii) Si la lista del «Pacto Histórico» incurrió en falta de legitimidad política
por «engaño al elector» ─no acatar los resultados de la consulta
interna─ e inexistencia de coalición ─no se suscribió el acuerdo de
asociación por sus representantes legales─.
iv) Si se incumplieron algunas reglas pactas en la Coalición «Pacto
Histórico» relacionadas con el nombramiento del gerente y del
contador, así como lo referente al sistema de auditoría.
v) Si la demandada desacató las reglas de los estatutos de «Colombia
Humana» al no renunciar a su candidatura.
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3.2. Validez de los medios de prueba
Se advierte que la parte actora anexó con la presentación de la demanda, para
que sean tenidas como pruebas artículos provenientes del periódico
«Vanguardia», titulado «Colombia Humana Santander ya tiene precandidatos
para la Cámara de Representantes», y «Ciudad Florida», «Lista de precandidatos
a la cámara de representantes por la Colombia Humana».
La Sala Plena de la Corporación en sentencia de 29 de mayo de 2012 36 señaló
que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para
probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo
que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros
elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, «cualquier género
periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo
probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien, a partir de
ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos».
Sin perjuicio de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala37
amplió la señalada regla para indicar que tales medios de prueba tienen plena
validez probatoria sin necesidad de que otro medio de prueba confirme su
contenido, cuando i) relaten aspectos relacionados con un hecho notorio, toda
vez que éstos no requieren ser acreditados de conformidad con la normativa
procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y cuando ii) transcriben las
declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su
investidura y posición, de modo que en estos eventos su contenido será valorado
como prueba documental que asimismo puede y debe ser controvertido.
En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala
Plena de la Corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio a los recortes
de prensa publicados por el diario «Vanguardia» y «Ciudad Florida», siempre y
cuando la información que se narre en ellos guarde correspondencia con las otras
pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.
Igualmente, al proceso fueron aportados dos videos provenientes de la red social
Facebook, aportados mediante la identificación de los vínculos de ubicación en
la web ─links─, que conducen a afirmar que serán valorados como mensajes de
datos, según el artículo 247 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo
211 del CPACA:
36 Exp. 110010315000201101378-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad. 11001-03-15-000-2014- 00105-
00(PI), M.P. Alberto Yepes Barreiro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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42
Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como mensajes
de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que
fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos
será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.
Por las anteriores razones, la Sala, siguiendo las pautas trazadas en la Ley 527
de 199938 y los lineamientos jurisprudenciales39, los valorará como mensajes de
datos, pues fueron allegados al expediente en el formato en que fueron
generados, enlaces de emplazamiento digital de las imágenes y videos a través
de los cuales busca demostrar la obligación de la consulta interna.
En los alegatos de conclusión la apoderada de la demandante solicitó que las
documentales denominadas respectivamente: «Comunicado Pacto Histórico de
Barrancabermeja y Magdalena Medio (…)» y «Comunicado Pacto Histórico de
Piedecuesta – Santander (…)» no sean valorados por no corresponder a
documentos oficiales de la coalición «Pacto Histórico» del departamento de
Santander.
Al respecto, advierte la Sala que los documentos privados pueden ser valorados
como si fuesen públicos, de conformidad con lo establecido por el artículo 260
del CGP, «tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes
como respecto de terceros». Sin embargo, en el caso concreto estas piezas
carecen de cualquier vigor demostrativo, pues no están suscritos por ninguna
persona, y a lo sumo, tendrán el carácter de prueba sumaria, en cuyo caso,
además de precaria, su fuerza probatoria es temporal.
Antes de resolver los cargos sobre los que no recayó la figura de la cosa juzgada,
la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: i) el marco jurídico de la inscripción
de listas de candidatos en coalición; y ii) el caso concreto, de conformidad con
los cinco puntos de derecho que se plantearon en la fijación del litigio y que no
fueron objetados por las partes40.
38 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.”
39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, rad. 11001-03-28-000-2020-
00016-00 (2020-00017), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
40 Frente al tópico del marco jurídico de candidatos inscritos en coalición se tendrán en cuenta los
argumentos expuestos por esta Sección en otros pronunciamientos en donde se resolvieron problemas
jurídicos de congresistas elegidos por la coalición «Pacto Histórico» en diferentes circunscripciones de la
Cámara de Representantes. Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate: sentencias de 17 de
noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00; 24 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-
000-2022-00089-00; 24 de noviembre de 2022, 11001-03-28-000-2022-00090-00; 19 de enero de 2023, rad.
11001-03-28-000-2022-00094-00. Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio: sentencia
de 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00. Con ponencia del magistrado Pedro
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
4. Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en coalición
La autonomía que la Constitución Política reconoce a los partidos políticos admite
la asociación entre ellos por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
alcanzar diversos propósitos legítimos41, principalmente en el ámbito electoral.
Según el grado de compromiso que adquieran, estas alianzas pueden tomar la
forma de coaliciones, adhesiones o apoyos públicos a determinada campaña.
Tratándose de las coaliciones, el derecho de postulación que la Constitución
Política atribuye a dichas organizaciones refuerza la posibilidad de conformarlas,
con el fin obtener el triunfo en las urnas.
De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge «una
forma asociativa de segundo nivel», que refleja los intereses de las agrupaciones
que la integran y materializa una candidatura transversal a todas ellas 42. En línea
con esta lectura, esta Sección las define como «alianzas propias del proceso
democrático»43, que concretan «la decisión libremente adoptada por las
organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo
de lo político, especialmente con fines electorales»44.
Así concebida, esta figura representa una valiosa alternativa de participación
para quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos
minoritarios en la escena política. Como lo ha dicho esta Sala, en el contexto de
las campañas, una coalición permite que las colectividades «se presenten como
una asociación que busca convencer al electorado para ocupar los respectivos
Pablo Vanegas Gil: sentencias de 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00; 15 de
diciembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00093-00; 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-
2022-00098-00; 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00148-00 y 2 de febrero de 2023, rad.
11001-03-28-000-2022-00149-00. Igualmente, se tomará como referencia la sentencia del 29 de junio de
2023, proferida por la Sección Quinta, rad. 11001032800020220018300 y 11001032800020220027900
(Acum), con ponencia del suscrito magistrado.
41 Los partidos políticos también conforman coaliciones, por ejemplo, para elegir a los miembros del Consejo
Nacional Electoral, como lo autoriza el artículo 264 de la Constitución Política, y para participar en los
gobiernos nacional y subnacionales, o en determinados proyectos políticos, según lo ha advertido la
Sección, entre otras, en sentencias de 4 de agosto de 2011, rad. 11001-03-28-000-2010-00033-00, MP.
Susana Buitrago Valencia; 21 de julio de 2016, rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; 3 de diciembre de 2020, rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
42 Consejo de Estado, sentencia del 3 de abril de 2018, rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, citada en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de junio de
2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00046-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-
00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad. 76001-23-33-000-2019-
01223-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Concepto reiterado en sentencia de 12 de noviembre de 2015,
rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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cargos de elección popular»45 y de esta manera, contribuye a «obtener mayores
ventajas electorales»46.
El ordenamiento jurídico colombiano regula las coaliciones para inscribir
candidatos desde diferentes ámbitos y con variados alcances. En tal sentido, el
artículo 107 de la Constitución Política, con las modificaciones introducidas por
el Acto Legislativo 1 de 2009, hace mención a los candidatos por coalición para
establecer la posibilidad de que estos sean escogidos por los partidos y
movimientos políticos a través de consultas populares, internas o
interpartidistas47.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el contexto de la financiación
de campañas, dispone en su inciso final que «Los partidos y movimientos que
concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la
forma de distribución de los aportes estatales a la campaña», so pena de perder
el derecho a la reposición estatal de gastos48.
A su turno, tal como lo precisó la Sala en sentencia del 29 de julio de 2023 49, el
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 se ocupa de la inscripción de candidatos a
cargos uninominales en coalición, por parte de «[l]os partidos y movimientos
políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos
de ciudadanos». Así mismo, la norma provee reglas instrumentales para realizar
dicha actuación, referidas a la identificación de la filiación política del candidato
en el formulario de inscripción, el contenido mínimo del acuerdo de coalición, al
que, de paso, otorga carácter vinculante, la forma de remplazar al elegido en caso
de faltas absolutas, entre otros aspectos.
Adicionalmente, el artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el Acto
Legislativo 2 de 2015, se ocupa de la inscripción de listas de candidatos para
45 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, rad. 76001-23-33-000-2020-
00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
46 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, rad. 2406, MP. Reinaldo
Chavarro Buriticá.
47El artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, al modificar el artículo 107 Superior, hizo alusión a la
escogencia de candidatos por coalición al señalar lo siguiente: «ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la
Constitución Política quedará así: (…) Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos
propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o
no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.
(…)» (Se resalta).
48 Adicionalmente, esta Sección ha inferido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 un fundamento normativo
para conformar coaliciones, cuando la norma reconoce a “Las asociaciones de todo orden” el derecho a
postular candidatos. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021,
rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Ver, además, sentencia de 21 de julio de
2016, rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se recoge
esta idea en la sentencia de 4 de septiembre de 2000, rad. 2406, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
49 Consejo de Estado, sentencia del 29 de julio de 2023, rad. 11001032800020220018300 (acumulado),
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En esta decisión la magistrada Rocío Araujo Oñate aclaró su voto.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
corporaciones públicas en coalición, con arreglo a lo dispuesto en su inciso
quinto:
La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas,
los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de
candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a
corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los
derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento
(15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
Con base en estos parámetros normativos, la Sala ha tenido amplia ocasión de
identificar los requisitos y perfilar las reglas para inscribir candidatos en coalición,
tanto a cargos uninominales, como a curules en corporaciones públicas. Para
estas últimas, se ha advertido que la norma constitucional fue concebida para
promover la participación de organizaciones políticas minoritarias, que no tienen
en ellas una representación significativa50.
Así mismo, se ha destacado que el derecho que consagra el artículo 262 de la
Constitución Política es de aplicación directa, pues «[d]e manera autónoma e
independiente consagra y regula el derecho a presentar lista de candidatos en
coalición en corporaciones públicas bajo condiciones específicas»51.Cabe anotar
que esta precisión se suscitó debido a que las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales sí cuentan con desarrollo legal, según se
observó previamente.
En armonía con lo anterior, a propósito de la demanda contra la elección de un
representante a la Cámara por el departamento de Santander, inscrito y elegido
por una coalición para el periodo 2018-2022, se calificó la disposición superior
como una «norma completa» que no requiere de la promulgación de una ley para
su aplicación52. De modo que «el derecho a coaligarse emana de la voluntad libre
de las agrupaciones políticas reconociendo su existencia sin necesidad de
desarrollo legislativo específico»53.
50 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
51 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-
00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
52 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-28-000-2018-
00019-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 2 de mayo de 2019, rad. 11001-03-28-000-2018-
00129-00 (Acum.), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 22 de abril de 2021, rad. 15001-
23-33-000-2019-00596-01 (Acum.), MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de octubre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-
00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Desde luego, deben cumplirse las condiciones específicas que ha compendiado
la Sala, con base en las provisiones expresas de la norma constitucional para
llevar a cabo estas inscripciones:
1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción54.
En relación con el requisito referido a la circunscripción en la que se debieron
obtener los votos para calcular el referido porcentaje, esta Sección ha advertido
que el precepto superior omite precisar a qué resultados electorales debe
acudirse, pese a que en una misma circunscripción se eligen diferentes tipos de
cargos y curules55.
Por ello, considerando que la finalidad de la norma es auspiciar la participación
de partidos o movimientos políticos minoritarios en las corporaciones públicas, la
Sala Electoral mayoritaria ha interpretado que se trata de la votación alcanzada
por los partidos coaligados en las elecciones anteriores que equivalgan a
aquellas para las que se inscribe la lista y que, en todo caso, no procede computar
los votos de cargos uninominales, aunque se trate de la misma
circunscripción56.
De otra parte, en el ámbito de la administración electoral las autoridades
competentes han establecido algunas pautas para facilitar en la práctica la
inscripción por parte de estas coaliciones. Así, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 2151 de 2019, «Por medio de la cual se dictan algunas
medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas». A través de este acto, proveyó sobre el
contenido mínimo del acuerdo de coalición que debe registrarse al momento de
la inscripción de la lista, al tiempo que afirmó la naturaleza vinculante de dicho
54 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, rad. 76001-23-33-000-2020-
00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 19 de enero de 2023, rad. 11001-03-28-000-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-
2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
55 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-
28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
56 V. entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-
03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-
2022-00084-00, MP. Rocío Araújo Oñate; 17 de noviembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00,
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Se advierte que la magistrada Araújo Oñate ha señalado en salvamentos
parciales de voto que el artículo 262 de la Constitución Política utiliza el concepto de circunscripción para
evocar la representatividad de los partidos en un territorio determinado, razón por la cual no puede limitarse
la interpretación de la norma a la votación obtenida en la misma corporación pública en elecciones
anteriores, sino que admite acudir a los resultados de otras corporaciones que pertenezcan a la
circunscripción.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
acuerdo y el cumplimiento del criterio de la cuota de género que emana del
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
La misma entidad, en el preámbulo de las elecciones de Congreso de la
República del 13 de marzo de 2022, emitió el concepto de 9 de diciembre de
2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en cuanto al tope del
15% de votación en la respectiva circunscripción para los partidos coaligados. En
tal sentido, el CNE señaló que a los partidos que obtuvieron personería jurídica
después de las elecciones del Congreso de 2018 y que, por lo tanto, no
participaron en estas, no se les computaría ningún voto al momento de la
inscripción de la lista en coalición.
A las medidas anteriores se suma el diseño del formulario E-6 que implementó la
RNEC para dar trámite a la «[s]olicitud para la inscripción de lista de candidatos
y constancia de aceptación de candidaturas presentada por coaliciones de
partidos y movimientos políticos con personería jurídica»57.
Este formulario, en la versión utilizada para el año 2022, contiene, entre otras
secciones, una destinada a relacionar a los partidos y movimientos políticos que
conforman la coalición, con los respectivos datos sobre la votación individual y
total que obtuvieron en las elecciones de 11 de marzo de 2018, es decir, las del
periodo anterior de Senado o Cámara de Representantes. El formato también
transcribe el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política e incluye
una casilla para calcular «Hasta el 15% de los Votos Válidos (sic)» y verificar si
se cumple o no este requisito.
Se concluye de lo expuesto que la inscripción de listas a corporaciones públicas
por coaliciones es un derecho constitucional de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Su ejercicio está condicionado por factores
objetivos referidos a un tope de votación, un acuerdo previo entre los coaligados,
la participación mínima de mujeres en la lista y la suscripción del formulario oficial
para adelantar esta actuación de la etapa preelectoral. Este esquema aspira a
contribuir al fortalecimiento de la participación de las colectividades minoritarias,
en especial desde las corporaciones públicas de elección popular a nivel nacional
y territorial.
5. Caso concreto
Los demandantes pretenden la nulidad de la elección de la representante a la
Cámara por la circunscripción departamental de Santander, señora Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez, para el periodo 2022-2026, declarada por la comisión
57 Se tomó como referente el documento aportado en este proceso.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
escrutadora departamental mediante el formulario E-26 CAM del 22 de marzo de
2022.
Para dar respuesta al problema jurídico y en aras de guardar cohesión y coherencia
en esta decisión judicial, las censuras de los actores plasmadas en las
respectivas demandas acumuladas, se resolverán según los problemas que se
plantearon en la fijación del litigio y que no fueron objeto de reposición por las
partes y frente a los cuales no se irradió el fenómeno de la cosa juzgada a causa
de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 en el proceso con radicado
11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00141-00
(acumulado)
5.1. «Si Colombia Humana debía realizar consulta interna para definir los
candidatos que representarían a esa colectividad en la coalición Pacto
Histórico para la Cámara de Representantes en el departamento de
Santander. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa se deberá
establecer si se realizó y si sus resultados se desconocieron o no». «Si la
lista del ´Pacto Histórico incurrió en falta de legitimidad política por ´engaño
al elector´ [no se observó los resultados de la consulta]»
Afirmó el actor que el 7 de noviembre de 2021, el movimiento Político «Colombia
Humana» realizó consulta interna y «(…) al final definió ocho elegidos58 para
competir internamente para ser cabeza en la lista a la Cámara de Representantes
por el ´Pacto Histórico´», y entre los aspirantes no figuraba la demandada Mary
Anne Andrea Perdomo Gutiérrez. Esta situación, a su juicio, vulnera los artículos
7 y 29 de la Ley 1475 de 2011, que imponen la obligatoriedad de los resultados
de las consultas tanto para las colectividades como para los participantes.
La demandada replicó y acudió a los artículos 5 y 6 de la Ley 1475 de 2011 para
contestar que «(…) no existió tal consulta en los términos legales previamente
descritos, pues no existió intervención de la autoridad electoral en lo pertinente
en el marco de la normativa precitada, a más de que a las fechas 17 de agosto
de 2021 y 24 de noviembre de 2021, la coalición ´Pacto Histórico´ departamento
de Santander aún no se había conformado y en tal sentido aun no existía
posibilidad de que previo a su conformación se pudiese contar con carácter
vinculante».
El problema se contrae a estudiar si el acto de elección de la señora Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez como representante a la Cámara por el departamento
de Santander, para el período constitucional 2022-2026, contenido en el E-26
58 Carlos Eduardo Bonces, Esperanza Cruz Arguello, Germán Albeiro González, Silvia Patricia Balbuena,
Diego Moreno Luque, Ruby Morales, Edgar Ramírez y Delcy Ruiz.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
CAM del 22 de marzo de 2022, debe ser declarado nulo, por el supuesto
incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 275-5 del CPACA, toda vez que fue inscrita
como candidata del movimiento «Colombia Humana» en la lista del «Pacto
Histórico» sin haber participado en la consulta interna del 7 de noviembre de
2022, siendo que el artículo 107 de la Constitución, desarrollado por el artículo
10 de la Ley 130 de 1994 y 7º de la Ley 1475 de 2011, establecen que el resultado
de las consultas será obligatorio.
Como el supuesto que predican los demandantes va dirigido a que la demandada
no participó en la consulta interna y no respetó el carácter vinculante de los
resultados, primero se analizará lo concerniente a los mecanismos de elección
de candidatos que prevén los estatutos del movimiento «Colombia Humana» y,
luego, lo pertinente al mecanismo utilizado por dicha colectividad para la
escogencia de los candidatos a la lista del «Pacto Histórico».
El sistema de selección de candidatos a la Cámara de Representantes por
Santander que establecen los estatutos del movimiento «Colombia
Humana»
En cuanto al sistema de elección de candidatos del movimiento «Colombia
Humana», observa la Sala que la Constitución Política y la ley reconocen
autonomía interna a los partidos y movimientos políticos para efectos de
organizar y adoptar sus propios estatutos, con el objeto de establecer en sus
normas diferentes mecanismos para seleccionar a sus aspirantes. Así, si el
movimiento o partido fija varios mecanismos democráticos, tiene libertad de
autoorganización para establecer en cada escenario el trámite más propicio al
que acude para realizar dicha selección, en función de los intereses convenidos.
Ahora, este aspecto plantea un apéndice relacionado con el mecanismo de la
consulta interna, en tanto el demandante considera que, dilucidar tal aspecto,
resulta cardinal y decisivo para identificar la nulidad de la elección que proclama
en la demanda y replica en todas sus intervenciones procesales.
Sobre el particular, entiende la Sala que los actores claramente se refieren a la
consulta interna del 7 de noviembre de 2022 en cuyo certamen de selección no
participó la señora Perdomo Gutiérrez, porque de allí se disgrega los derechos
que alegan sobre el carácter vinculante de la consulta, que les fue arrebatado a
causa del inobservancia de los resultados; no obstante, como se verá, para
desentrañar la naturaleza de este mecanismo, necesariamente se debe lucubrar
sobre los mecanismos democráticos de selección que contienen los estatutos de
«Colombia Humana» que comportó la supuesta contravención de la demandada,
pues los mismos deben estar dictaminados dentro de los procedimientos internos
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Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
y con el propósito de cumplir el designio constitucional por parte de los
organizaciones políticas de escoger los candidatos a los certámenes electorales.
Al respecto, el artículo 55 de los Estatutos del movimiento «Colombia Humana»59
dispone:
CAPÍTULO VII. Mecanismos democráticos de participación - selección de
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular. Consultas internas –
Alianzas y Coaliciones. Equidad de género. Régimen de Bancadas.
Artículo 55. Selección de candidatos a cargos o corporaciones de elección
popular.
La decisión política sobre candidaturas del Movimiento a cargos uninominales
de la rama ejecutiva del poder público, corresponde en primera instancia en el
nivel municipal a la Asamblea Municipal, en el nivel departamental a una
Asamblea de Municipios del departamento y a nivel nacional a la Junta Nacional
de Coordinación en consulta permanente y acuerdo con la Red de Asambleas
Municipales y Causas. Para este último caso la Asamblea Nacional emitirá una
reglamentación específica.
Se establecerá una fecha de apertura y otra de cierre de la inscripción de los
interesados. De existir varios candidatos se utilizará el mecanismo de consulta
interna.
El candidato escogido debe estar dispuesto a consultas con otros candidatos
dentro de la convergencia sobre el criterio de un programa común.
Parágrafo. La impugnación de las decisiones de los niveles territoriales y
sectoriales o los conflictos que no puedan resolverse al interior de los mismos,
podrán ser impugnados por los miembros del partido, dichas acciones de
impugnación se resolverán en la asamblea del siguiente nivel territorial al cual
pertenezcan. Contra las decisiones tomadas procederá el recurso de reposición
y en subsidio de apelación. En todo caso, la Junta Nacional de Coordinación
será la última instancia, así mismo resolverá los conflictos de competencia que
se presenten entre los diferentes niveles (se subraya)
Por su parte, el artículo 56 de los mismos estatutos prevé:
Artículo 56. Requisitos para ser candidato o candidata.
Para ser candidato o candidata del movimiento a cargos de elección
popular se requiere:
1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para
el cargo.
2. Ser miembro del movimiento.
3. Ser seleccionado como candidata o candidato por el organismo
competente, según el procedimiento previsto en los presentes Estatutos.
59 Aportados por el demandante en el proceso 11001-03-28-000-2022-00087-00.
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Representante a la Cámara – departamento de Santander
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Parágrafo: Quienes ocupen cargos de dirección en el movimiento a nivel
nacional o territorial y aspiren a ser candidatos o candidatas a cargos o a
corporaciones de elección popular, como requisito para ser candidatos,
deberán renunciar con seis (6) meses de anticipación a la fecha de
inscripción, excepto quien haya sido designado por el movimiento como
candidato a la Presidencia de la República.
En todo caso para la selección de candidatos y candidatas de que habla
el presente capitulo el Movimiento observará las políticas y regulaciones
sobre equidad de género especialmente la ley 581 de 2000, que recoge
los mandatos superiores contenidos en los artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución Política. Sin embargo, se trazará una estrategia para lograr
la paridad de género en las listas a cargos de elección popular (se
subraya).
El artículo 22 de los Estatutos precisa:
Artículo 22: Funciones.
Son funciones de la Asamblea Nacional:
a. Definir la línea de acción política del Movimiento en el mediano y largo plazo.
b. Reformar los Estatutos del Movimiento.
c. Elegir la Junta Nacional de Coordinación, el Consejo de Control Ético, el
Revisor Fiscal, el Auditor Interno y el Veedor.
d. Establecer los criterios y procedimientos para escoger candidatos
reconociendo la autonomía territorial para ello.
e. Evaluar y aprobar los informes de gestión de la Junta Nacional de
Coordinación, publicados un (1) mes antes de instalarse la Asamblea
Nacional y el estado del movimiento.
f. Conocer los estados financieros del Movimiento, previo examen del revisor
fiscal.
g. Definir la política internacional y las relaciones internacionales del
Movimiento.
h. Darse su propio reglamento de funcionamiento.
i. La Asamblea podrá delegar alguna de estas funciones en la Junta Nacional
de Coordinación.
j. Las demás que se deriven de estos Estatutos.
Los acuerdos de la Asamblea Nacional serán tomados por mayoría o consenso.
Las decisiones tomadas serán de obligatorio cumplimiento para todas las
instancias de la organización (se subraya).
Al punto, la tesis del demandante propugna por sostener que el mecanismo
mediante el cual se seleccionaron los candidatos a la Cámara de Representantes
por el movimiento «Colombia Humana» fue la consulta interna y, por tanto,
vinculante. Por el contrario, la tesis que esta Sala argumentará, a propósito de
identificar el modo de selección de candidatos para la citada corporación pública,
es que se trató de una vía, que por el modo en que se gestó, puede catalogarse
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como un acto de naturaleza colectiva interpartidista, fruto de una potestad
discrecional, la que se condensa cuando la organización es libre de escoger el
instrumento democrático de toma de decisiones dentro de los linderos legales
que les posibilita valorar y juzgar las circunstancias de hecho, de oportunidad y/o
interés general.
La lectura en conjunto de las anteriores normas estatutarias revela que para la
selección de sus candidatos a una corporación pública como lo es la Cámara de
Representantes el movimiento «Colombia Humana» no previó el instrumento de
consulta interna ─únicamente lo hizo para cargos uninominales de la rama
ejecutiva del poder público─; en otras palabras, el movimiento podía escoger
cualquier otra ruta democrática para seleccionar sus aspirantes.
Ahora está claro que, según los mismos estatutos, se precisa en el artículo 56
que para ser candidato o candidata del movimiento a cargos de elección popular
se requiere ser «seleccionado (…) por el organismo competente», que en los
términos de estas disposiciones podría eventualmente ser, por tratarse de un
escaño en la Cámara de Representantes, la «Asamblea de Municipios del
departamento» a través del «procedimiento previsto en los presentes Estatutos»;
no obstante, se observa, en punto al procedimiento de selección, que se incurrió
en una omisión o inercia de regulación en la medida que no dispuso en las
normas internas un modo y ruta para este propósito, o a lo sumo no se demostró
en este proceso que así lo hiciera. De modo flexible, el único criterio de selección
que se consignó en los estatutos del movimiento es la priorización del
componente de género.
El sistema utilizado por el movimiento política «Colombia Humana» para la
selección de los candidatos a la Cámara de Representantes por la coalición
«Pacto Histórico» para el periodo 2022-2026 en el departamento de
Santander
Definido lo anterior, corresponde determinar ahora cuál fue el mecanismo que el
movimiento escogió para seleccionar sus candidatos a la Cámara de
Representantes por el departamento de Santander.
En relación con este punto obran en el expediente las siguientes pruebas60:
i) Copia del documento titulado «Postúlate para ser parte de la lista del ´Pacto
Histórico´ al Senado de la República. Acuerdo político para las listas a Senado y
Cámara de Representantes de coalición del ´pacto histórico´», fechado agosto
60 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 4, expediente con radicad 11001-
03-28-000-2022-00097-00.
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17 de 2021, y a través del cual, se invitó a los militantes, simpatizantes y
ciudadanos a postularse para integrar la lista de candidatos a la Cámara de
Representantes y al Senado de la República, periodo 2022-2026, para lo cual
podían acudir a la página web del «Pacto Histórico» ─se precisa que es abierta
y no se refiere a un departamento en especial─.
ii) Copia del «Acuerdo de coalición programática y política entre los partidos y
movimientos Alianza Democrática Amplia -ADA-, Movimiento Político «Colombia
Humana», el Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS- la Unión Patriótica
– UP- y el Partido Comunista Colombiano –PCC- para inscribir lista de
candidatos/as a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de
Santander para las elecciones del 13 de marzo de 2022, periodo constitucional
2022-2026», suscrito el 10 de diciembre de 2021.
La Sala destaca que se aportaron los siguientes links de noticias, en los cuales,
se resalta que se anunció el siguiente contenido:
i) El medio digital de comunicación «Vanguardia» informó que «Colombia
Humana» realizaría el 7 de noviembre de 2021 «consulta interna» «a través de
una plataforma, que será habilitada por el movimiento»61, luego de una
«preselección de 30 precandidatos».
ii) El medio digital de comunicación «Ciudad Florida» publicó la siguiente
información: «lista de inscritos como aspirantes a candidato cámara de
representantes para integrar la lista del ´Pacto Histórico´ por la circunscripción de
Santander», con 18 integrantes62.
iii) Publicación en la red social «Facebook» de la cuenta denominada «Santander
Humano» en la que se invita a votar en una «encuesta virtual» durante el 25 y 26
de septiembre de 2021, «por el candidato de tu preferencia para cámara de
Santander por el Pacto Histórico»63.
iv) Video publicado en la red social Facebook de la cuenta de «Santander
Humano»64, en el que se afirma ─manifiesta un tercero que su nombre es Juan
de Dios─ que el 8 de febrero ─no se precisa año─ se inició «proceso
democrático» para «escoger hombre o mujer, candidatura única con la cual
participaremos en la lista del Pacto Histórico en Santander». Se afirma que «se
inscribieron 28 candidatos» y luego de un «proceso de selección», quedaron
61 https://www.vanguardia.com/politica/colombia-humana-santander-ya-tiene-precandidatos-para-lacamara-
AD4126417
62https://ciudadflorida.com/2021/08/02/lista-de-precandidatos-a-la-camara-de-representantes-por-la
colombia-humana/
63https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2349680775165241&id=662547770545225&sfnsn=scwspa
64 https://www.facebook.com/Progresistas.Santander.Oficial/videos/807409026607122/
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
«elegidos»: Carlos Fonce, Silvia Valbuena, Germán Albeiro González, Esperanza
Cruz, Diego Moreno, Deisy Ruiz, Édgar Ramírez y Ruby Morales quienes
intervienen en dicha reunión. Terminadas las intervenciones se afirma ─V. minuto
33:50─ que del 3 al 5 de septiembre se realizará «consulta a través de redes
sociales» y de los preseleccionados se escogerá a una sola persona que
«representará a la Colombia Humana en la lista del Pacto Histórico».
v) Entrevista realizada a la demandada publicada en «youtube»65 en la que afirmó
que el Colegio Electoral del «Pacto Histórico» la seleccionó como candidata por
la colectividad del movimiento político «Colombia Humana».
vi) Documento suscrito el 24 de noviembre de 2021 por los señores Rafael Díaz
Páez, presidente de la Unión Patriótica de Santander, y Juan de Dios Tarazona,
coordinador departamental de «Colombia Humana», dirigido al Comité Político
Nacional del «Pacto Histórico» y al Colegio Electoral de esta misma organización
en el que se informó sobre la conformación de la lista a la Cámara de
Representantes por Santander:
65 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XvmUWrMhh9U&skip_registered_account_check=true
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Descendiendo al cargo concreto, se precisa que existen diversas pruebas que
apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, por tanto es deber del
juez electoral elegir la versión que presente un mayor nivel de probabilidad
lógica66, labor judicial en la cual será necesario observar cuál de ambas hipótesis
cotejadas se aviene a una mejor inferencia de las pruebas que las respaldan,
según las máximas de la experiencia67, que no son más que generalizaciones
provenientes de los descubrimientos generalmente reconocidos por la ciencia o
el sentido comúnmente aceptado en una comunidad.
Al decir de Taruffo, «si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o
incompatibles, cada una de las cuales, con un grado determinado de probabilidad
lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse
en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad
prevaleciente». En ese orden, «debe escogerse, en resumen, la hipótesis que
reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba
conjuntamente disponibles». Se trata, pues, de una «elección relativa y
comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de
sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número
finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis». Sin embargo, este
ejercicio se trata también de «una elección racional, precisamente por ser
relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más
fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de
distintas hipótesis significativas»68.
De acuerdo con estos parámetros trazados, la Sala procede a analizar ambas
hipótesis en función de los medios de prueba que obran en el expediente,
referidos a los hechos que rodearon la consulta interna del movimiento político
«Colombia Humana».
66 En este punto Michele Taruffo afirma: «pero la situación más complicada se da cuando existen diversos
medios de prueba sobre el mismo hecho, pero ´discrepantes´ o ´contrarios´ entre ellos, porque algunos de
ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de
ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes
del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba
presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse
la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado
relativamente superior de probabilidad lógica», La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: «La adopción de la
decisión final», num. 98, p. 141 (se subraya).
67 Ferrer afirma: «Es interesante observar que, en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos
adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la
inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado
de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran
lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o simples generalizaciones del sentido común”. Jordi Ferrer Beltrán, La valoración racional de la
prueba, Madrid, 2007, num. «2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis», p. 133.
68 TARUFFO Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, p. 325.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Por una parte, en la información contenida en el medio de comunicación «Ciudad
Florida», cuyo título «Lista de precandidatos a la cámara de representantes por
la Colombia Humana», publicado el 2 de agosto de 2021, se dice que «Colombia
Humana, el movimiento que lidera el senador y candidato presidencial, Gustavo
Petro, hizo pública la lista de precandidatos santandereanos por dicha
organización a la Cámara de Representantes (…) Uno de los 18 aspirantes a
conformar la lista del Pacto Histórico por Santander, es la comunicadora y líder
social, Ruby Stella Morales Sierra, quien también fue aspirante a la alcaldía de
Floridablanca».
El medio de comunicación «Vanguardia» cuyo título «Colombia Humana
Santander ya tiene precandidatos para la Cámara de Representantes», publicada
el 14 de agosto de 2021, difundió la siguiente información:
Luego de una preselección entre más de 30 precandidatos, la Colombia
Humana Santander ya tiene los ocho elegidos para competir internamente para
ser cabeza en la lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.
Para el próximo 7 de noviembre está prevista la consulta interna entre los
diferentes partidos políticos para elegir candidatos al Congreso de la República.
La Colombia Humana Santander designó a ocho precandidatos que disputarán
internamente quien liderará la lista para la cámara baja. La coalición
santandereana eligió por ‘método de cremallera’ (hombre-mujer) a Carlos
Eduardo Bonces, Esperanza Cruz Arguello, Germán Albeiro González, Silvia
Patricia Balvuena, Diego Moreno Luque, Ruby Morales, Edgar Ramírez y Delcy
Ruiz (…).
Igualmente, obra el video publicado en la red social Facebook de la cuenta de
«Santander Humano»69, en la que el coordinador del movimiento «Colombia
Humana» afirma que (minuto 1:17:43):
[E]ste es un proceso democrático que arrancó a través de redes sociales (…)
se inscribieron 28 candidatos y según un mecanismo de selección, que cada
uno de los precandidatos afiliara a sus amigos a Colombia Humana, los que
más afiliaron son las 8 personas que están aquí, 4 hombres, 4 mujeres, y el
próximo paso, al 3, 4 y 5 de septiembre de estos 8, bueno ya quedan 6
precandidatos, y hacer una consulta a través del voto electrónico a través de
una aplicación que en su momento entregaremos a través de Colombia humana
(…) y serán tres días en los cuales podrán votar (…) esperemos que puedan
votar los que tienen su cedula inscrita en Santander y la persona que sale aquí
elegida va a formar parte de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de
Representantes, la cual estaremos conformando con los otros partidos (…) (se
subraya).
Por otra parte, obra prueba documental ─fecha 17 de agosto de 2021─ aportada
por el demandante en la que se dice que:
69 Ibidem.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
[E]n las regiones, con el objetivo de aumentar la representación en la Cámara
de Representantes, las listas serán cerradas o en voto preferente, priorizando
lo que signifique la mayor garantía para la elección y conformación de mayorías.
El aval y la inscripción estarán a cargo de los partidos con personería jurídica
reconocidos por el CNE y que integran el Pacto Histórico (…), previa
aprobación del Colegio Electoral [del Pacto Histórico] (énfasis original).
Igualmente, obra video aportada por el demandante en el que se afirma por parte
de la señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez que la selección por el
movimiento político «Colombia Humana» fue realizada por el Colegio Electoral
del «Pacto Histórico (minuto 8:18).
Así las cosas, la Sala encuentra que, si bien las dos hipótesis son plausibles,
aquella que tiene menor fuerza probatoria es la consulta interna por las siguientes
razones:
i) No se anunciaron las reglas ni el procedimiento de la consulta interna
por el cual se constituiría la lista de candidatos a la Cámara de
Representantes por Santander, pese a que el artículo 5º de la Ley 1475
de 2011 advierte que «…las consultas internas se regularán por las
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y
movimientos políticos» y el artículo 6º de la misma ley repite que las
normas aplicables para las consultas internas son las que para el
efecto hayan previsto los estatutos de la asociación política.
ii) No hay certeza sobre la fecha de realización de la consulta ─3, 4 y 5,
25 o 26 de septiembre, 7 de noviembre de 2022─ y tampoco si la
«aplicación» fue distribuida entre los participantes, tal como lo
manifestó el señor Juan de Dios.
iii) No se probó si el señor German Albeiro González fue el ganador de la
consulta interna, pues se aportó una certificación suscrita por el señor
Juan de Dios Tarazona, coordinador departamental del movimiento
«Colombia Humana» y Rafael Díaz Paez, presidente de la Unión
Patriótica Santander, en la que se dice que decidieron «conformar la
lista a la Cámara de Representantes para Santander».
iv) No se probó si los participantes de la consulta interna eran militantes o
afiliados, pues, a juicio del señor Tarazona, podían participar todas las
personas con cédula inscrita en el departamento de Santander, pese a
que el artículo 5º de la anotada ley conmina a que «(…) en ellas sólo
puedan participar los miembros de la organización política que se
encuentren en el registro de afiliados (…)».
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
v) El oficio del comité electoral del departamento muestra que no hubo
consulta interna, en la medida que no hicieron alusión a un resultado,
pues solo se observa un listado de seleccionados ─pero no que sea
definitivo─ y las narraciones de prensa son impresiones subjetivas del
columnista en donde señala como precandidatos al filtro que hizo la
colectividad.
Así las cosas, la Sala encuentra que la hipótesis sobre la realización y
obligatoriedad de la consulta interna en el movimiento político «Colombia
Humana» no tiene fuerza probatoria, por el contrario, existen en el expediente
indicios que apuntan a señalar que el mecanismo de escogencia de candidatos
se hizo por «consenso político», instrumento que no se advierte contrario a las
normas que regulan la materia, en la medida que hubo un acuerdo interpartidista.
Si bien no está probado que hubo un mecanismo autónomo de escogencia de
candidatos por parte del movimiento «Colombia Humana», las pruebas
evidencian que el criterio de elección de candidatos a cargos de elección popular
lo fue por consenso. De la revisión del acuerdo de coalición del «Pacto Histórico»,
se advierte que expresamente refiere a que se «avalan e inscriben» los
candidatos por el mecanismo del «consenso político».
La cláusula primera consignó el objeto de la coalición en los siguientes términos:
[O]BJETO: La presente Coalición del «Pacto Histórico» no presenta una fusión
administrativa o financiera, ni de otro tipo entre los partidos coaligados, sino una
coalición donde se garantizará por parte de las colectividades con personería
jurídica el cumplimiento de los acuerdos aquí suscritos, entre ellos la inscripción
de las candidatas y candidatos de una lista cerrada o de voto no preferente a la
CÁMARA DE REPRESENTANTES POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
DE SANTANDER para el período constitucional 2022-2026 en las elecciones a
realizarse el 13 de marzo del 2022, la cual será paritaria y con alternancia de
género, integrada y ordenada por el «pacto histórico» (sic) garantizando el
criterio de inclusión étnica y territorial, representación política social y electoral
(se subraya).
Trazado el objeto de la coalición del «Pacto Histórico», la cláusula tercera
dispuso:
Conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la Resolución 2151 de 2019
del Consejo Nacional Electoral, se AVALAN e INSCRIBEN los siguientes
ciudadanos, como candidatos de los partidos y/o movimientos con personería
jurídica que firman el presente acuerdo (…) mediante el mecanismo del
consenso político, para el período constitucional 2022-2026, en las elecciones
a realizarse el próximo 13 de marzo del 2022. Las candidaturas serán las
siguientes: Germán Albeiro González, Jorge Édgar Flórez Herrera, Mary Anne
Andrea Perdomo Gutiérrez, Nancy Santodomingo Guarín, William Ramírez
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Carreño, María de los Ángeles Leal Zabala, Juan Pablo Ramírez Triana (se
subraya).
La Sección Quinta en decisión del 10 de agosto de 2023, rad. 2022-165-0070 precisó
que el significado de la palabra «consenso» conduce a que se entienda como el
«[a]cuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o
entre varios grupos»71.
En ese orden, las colectividades integrantes del «Pacto Histórico» en Santander
acudieron a un mecanismo válido de democracia interpartidista como lo es el
«consenso político», fruto del cual se tomó la decisión concerniente a la
composición de la lista de candidatos, lo cual fue claramente refrendado tanto por
la suscripción de los representantes legales de los partidos y movimientos
políticos, como por la concesión del aval de la coalición del mismo movimiento
político «Colombia Humana».
Demuestran las pruebas que lo consignado en el acuerdo de coalición se plasmó
en el formulario E-6 CT de inscripción de la lista de candidatos presentada por la
coalición donde aparece el señor Germán Albeiro González quien
supuestamente ganó la consulta interna y la señora Perdomo Gutierrez aparece
en la misma lista en el tercer renglón:
70 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de agosto de 2023, rad. 2022-165-00, M.P Rocío
Araujo Oñate.
71 Consultado en https://dle.rae.es/consenso?m=form.
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Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
Para la Sala, dicho aspecto es relevante, toda vez que pone de presente que,
respecto a los aspirantes, el mecanismo de selección es el resultado de los acuerdos
a los que llegaron quienes, de forma coaligada, tenían una intención política de
competir en la contienda electoral de la circunscripción departamental de Santander
para la obtención de curules en la Cámara de Representantes.
De lo expuesto hasta este momento, con el fin de brindar respuesta al problema
jurídico planteado, se puede concluir que: i) el mecanismo de selección de
candidatos del movimiento «Colombia Humana», si nos atenemos a la fase de la
actuación en que se produjo, fue el «consenso político» y se vertió en un acto
colectivo de naturaleza interpartidista, ii) por su contenido, se revela este acto
como una facultad constitucional discrecional reconocida a los movimientos y
partidos como receptores de intereses específicos, iii) el relacionamiento que se
establece entre el acto de postulación condensado en el acuerdo de coalición y
el acto de inscripción de la lista de candidatos, formalizado mediante el formulario
E-6 CT, refleja la intención de todas las organizaciones políticas coaligadas de
lograr una lista por el departamento de Santander fruto de un acuerdo político.
La Sala concluye que con las pruebas obrantes en este proceso no se advierte el
desconocimiento del mecanismo de la consulta interna en el movimiento «Colombia
Humana», por el contrario, lo cierto es que los integrantes de las diferentes
colectividades acordaron que la composición de la lista se realizaría por «consenso
político».
Por las anteriores razones, no se probó en este proceso la configuración de la causal
de nulidad electoral invocada por el demandante (art. 275-5 CPACA, artículos 7 y
29 de la Ley 1475 de 2011) motivo por el cual, corresponde negar la prosperidad del
cargo.
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Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros
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Representante a la Cámara – departamento de Santander
Rad. 11001-03-28-000-2022-00097-00 (acumulados)
5.2. «Si al haber permanecido en esa lista una sola persona se vulneró la
cuota de género»
De acuerdo con los argumentos expuestos por el actor, encuentra la Sala que el
problema jurídico se contrae a establecer si el acto de elección de la señora
Perdomo Gutierrez es nulo por incumplir la cuota de género en la inscripción de
lista del «Pacto Histórico» a que se refiere el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
Reiteración de jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la
aplicación del porcentaje del 30% sobre la «cuota de género» en las listas
a corporaciones públicas72
La norma sub examine que está contenida en el inciso primero del artículo 28 de
la Ley 1475 de 2011, dispone que las listas inscritas a corporaciones públicas de
elección popular, donde se elijan cinco (5) o más curules o las que se sometan a
consulta, «deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros». En
este orden, se advierte que no se refirió el legislador estatutario, a si el 30% de
que trata la norma, se calcula en relación con el número de personas inscritas en
las listas o respecto de las curules a proveer, o lo que es lo mismo, el número de
integrantes de la respectiva corporación de elección popular.
Para desentrañar el sentido del precepto, podemos acudir a los pronunciamientos
que la jurisprudencia ha hecho al respecto. La Corte Constitucional al hacer el
análisis de exequibilidad de esta norma, en la sentencia C- 490 de 2011, al aludir
a este porcentaje, se refirió a las «listas» y no a las «curules» por proveer.
Veamos algunos de sus apartes:
El enunciado de la norma bajo examen que establece que las listas de las cuales
se elijan cinco o más curules para las corporaciones de elección popular, o las
que se sometan a consulta, deberán estar conformadas “por mínimo un 30%
de uno de los géneros”73, es ambiguo, por lo que se hace necesario acudir a
72 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 11001-03-28-000-2012-
00018-00, M.P. Susana Buitrago Valencia; 15 de diciembre de 2016, rad. 19001-23-33-000-2015-00602-01,
M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio; 17 de septiembre de 2020, rad. rad. 19001-23-33-000-2019-00357-01,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; 21 de enero de 2021, rad. 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; 28 de enero de 2021, rad. 76001-23-33-000-2019-01061-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez; 4 de febrero de 2021, rad. 76001-23-33-002-2019-01077-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; 4
de marzo de 2021, rad. 76001-23-33-000-2019-01076-01, M.P. Rocío Araujo Oñate; 22 de abril de 2021,
rad. 50001-23-33-000-2019-00467-01, M.P. Rocío Araujo Oñate; 29 de abril de 2021, rad. 05001-23-33-000-
2020-00004-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; 13 de mayo de 2021, rad. 11001-03-28-000-2021-00007-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; 13 de mayo de 2021, rad. 50001-23-33-000-2020-00006-01, Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 8 de julio de 2021, rad. 20001-23-33-000-2020-00011-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; 14 de octubre de 2021, rad. 15001-23-33-000-2020-02081-02, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
73 Nota del original: En opinión de un grupo de ciudadanos interviniente dicha disposición puede ser
interpretada al menos de tres maneras: “a) Que las listas deben tener como mínimo un 30% de mujeres, es
decir, que en ningún caso pueden estar conformadas por más del 70% de hombre. b) Que deben tener como
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un criterio histórico de interpretación, que permita desentrañar la verdadera
intención del legislador, expresada en los debates parlamentarios que
precedieron a su aprobación (se resalta).
Posteriormente, se refiere a una composición más equilibrada de las listas, en los
siguientes términos:
104. El aparte final del artículo 28 contempla una cuota de representación política,
cuyo propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas
para proveer cargos de elección popular, estableciendo que un porcentaje
mínimo de ellas, correspondiente a un 30%, debe estar conformado por un
grupo considerado tradicionalmente como discriminado (se resalta).
De igual manera, al indicar que la cuota de género desarrolla mandatos
constitucionales y normas internacionales, se refiere a ese porcentaje en la
conformación de listas de la siguiente manera:
La medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y
normas internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la
igualdad entre hombres y mujeres. En efecto, el establecimiento de una cuota del
30% de participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan
cinco o más curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los
artículos 13, 40, 43 y 107 C.P” (se resalta).
(…) La propuesta legislativa de asegurar un mínimo del 30% de participación de
la mujer en la conformación de determinadas listas para órganos de elección
popular, contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los
niveles decisorios de la administración, a la vez que propende por la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito específico de la participación
política (se resalta).
En este orden de ideas, observa la Corte que el establecimiento de una cuota de
participación femenina del 30% para la conformación de algunas de las listas, no
afecta los contenidos básicos del principio de autonomía, pues los partidos
mantienen un amplio ámbito de discrecionalidad en esa labor, toda vez que, aún
dentro de este porcentaje, pueden elegir los ciudadanos y ciudadanas que mejor
los representen, la cuota vinculante se limita al 30%, y está referida únicamente
a aquellas listas de las cuales se elijan cinco o más curules. Paralelamente, dicha
limitación se encuentra plenamente justificada por las altas posibilidades que
entraña de mejorar la participación política de las mujeres, sin que elimine ni
reduzca desproporcionadamente la participación masculina, asegurando así una
conformación más igualitaria de las listas para las corporaciones públicas de
elección popular.
(…) Se trata, además, de una medida que, si bien puede limitar algunos de los
contenidos de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, persigue una
mínimo un 30% de mujeres, pero también un mínimo de 30% de hombres; c) Que es suficiente con que las
listas tengan un 30% de uno de los géneros. Bajo este último entendido, toda lista cumpliría con esa
condición, pues toda lista siempre tendrá al menos 30% de hombres. De esta forma, incluso una lista
conformada por un 100% de hombres se ajustaría a la disposición analizada”. (Intervención del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia).
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finalidad importante, es adecuada y necesaria para alcanzar dicho fin, a la vez
que resulta proporcional en sentido estricto (se resalta y subraya).
En sentencia del 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-
00488-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez, la Sala se refirió específicamente al
problema jurídico que ahora se estudia, para concluir sin hesitación alguna, que
la Corte Constitucional se refirió a que se debe incluir un mínimo del 30% del
género femenino en la conformación de las listas, allí se indicó:
De los apartes transcritos, se evidencia igualmente que la Corte acudió al texto
original del proyecto y manifestó que la finalidad de la norma era la de asegurar
que las listas de candidatos se conformaran al menos en un 30% por mujeres,
caso en el que igualmente se refirió a la “conformación de listas” y no, de
manera alguna, al número de curules a proveer.
Es claro que las listas de candidatos que inscriban los partidos, movimientos
políticos o grupos significativos de ciudadanos a cargos y corporaciones de
elección popular, deben estar compuestos por un mínimo de 30% de mujeres,
cuando se elijan 5 o más curules y de acuerdo con el contenido del artículo 262
de la Constitución Política, no pueden sobrepasar la cantidad de éstas a
proveer, a menos que se trate de máximo 2, caso en el cual, se podrán inscribir
3.
Norma que, contrario a lo manifestado por el apelante, sí tiene relación con la
disposición sobre género contenida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011;
pues si bien no establece la cantidad de candidatos de cada uno de los géneros
a incluirse en una lista, sí se refiere al número de integrantes de las listas de las
colectividades, por lo que la disposición sobre el porcentaje de género debe
verificarse, necesariamente, en armonía con ésta (…).
Así, habiéndose establecido la relación que en efecto tiene la norma
constitucional con la disposición de género en tanto la segunda contempla un
porcentaje que en todo caso debe calcularse teniendo en cuenta los parámetros
de la primera; es dable concluir que las listas de candidatos a corporaciones
públicas que inscriban las colectividades, pueden estar conformadas por un
número inferior al de curules a proveer, pero no mayor, salvo cuando se elijan
máximo dos.
Lo anterior refuerza la conclusión previa, referente a que el porcentaje de la
cuota de género debe aplicarse sobre la lista y no sobre el número de curules a
proveer, pues si se permite un número inferior de candidatos, no podría
efectuarse el equilibrio entre femenino y masculino. Para la Sala, en el mismo
sentido que lo expuso la agente del Ministerio Público, las listas que se inscriban
deben tener un equilibrio entre el 30% y el 70% de género, cómo un mínimo
para hacer válida la conformación de los candidatos (…).
Además de lo señalado, que evidencia que el texto de la norma se refiere a que
el cálculo del porcentaje se debe hacer sobre los candidatos de la lista y no
sobre el número de curules a proveer, encuentra la Sala que, en todo caso, no
podría entenderse de otra forma, pues lo contrario, como lo advirtió el Tribunal
a quo, sí podría afectar los contenidos básicos del principio de autonomía frente
al amplio ámbito de discrecionalidad de las agrupaciones, aspecto que analizó
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en detalle el Alto Tribunal Constitucional, para concluir que el texto normativo
no era contrario a la Carta Política, pues consideró que dentro de este
porcentaje, los ciudadanos perfectamente pueden elegir a quienes consideren
que mejor los representen, ya que la cuota vinculante se limita al 30% y está
referida únicamente a aquellas listas de las cuales se elijan cinco o más curules.
Si ese porcentaje se entendiera en relación con las curules a proveer y toda vez
que las listas pueden conformarse por un número menor a éstas, se llegaría al
grado de reducir desproporcionadamente la participación masculina,
desatendiendo el fin de la participación y conformación igualitaria, pues a
manera de ejemplo, en el caso de las 11 a proveer para el Concejo Municipal
de Puerto Carreño, se tendría que el 30%, aproximado al número entero
siguiente, equivaldría a 4 candidatas mujeres, lo que implicaría que los partidos,
movimientos y grupos significativos de ciudadanos que quisieran conformar su
lista con participación masculina, deberán inscribir mínimo 5 candidatos, de los
que obligatoriamente 4, serían mujeres.
Para la Sala ello, frente a la normativa hasta ahora vigente, atenta contra los
fines previstos por el legislador y desconoce el principio de autonomía que
tienen las agrupaciones políticas, los cuales para la Corte Constitucional no se
desconocían por el hecho de versar la cuota de género a que se refiere la norma
analizada, únicamente en un 30% de la lista.
En el caso concreto, el demandante basó su inconformidad en que la lista del
«Pacto Histórico» se conformó por una sola persona del género femenino por lo
que se vulneró la cuota de género, prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de
2011. Lo anterior significa que el acto electoral demandado se dictó en
contravención a las normas en que debía fundarse, habida cuenta de que, por
disposición legal, para el periodo 2022-2026, se debían elegir siete (7) curules
para la Cámara de Representantes por Santander; sin embargo, la lista de la
coalición se integró por una sola candidata.
La Sala encuentra que no existe fundamento suficiente para declarar la
prosperidad del cargo, puesto que, como quedó visto, en la jurisprudencia de esta
Corporación, en armonía con el análisis de constitucionalidad efectuado por el
alto tribunal constitucional en la sentencia C-490 de 2011, se estableció que se
debe incluir un mínimo del 30% del género femenino en el número de candidatos
inscritos en la lista y se itera no en relación con el número de curules a proveer.
En el sub judice se demostró que como resultado de las justas electorales se
eligieron los siguientes representantes a la Cámara por el departamento de
Santander:
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La coalición «Pacto Histórico» hizo la siguiente inscripción definitiva en el
formulario E-8CT:
De lo anterior, se destaca que la coalición «Pacto Histórico» inscribió 7
candidatos, de los cuales 5 renunciaron y 1 no aceptó, por lo que de conformidad
con el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 la misma podía modificarse; sin
embargo, los coaligados decidieron no hacer uso de esa prerrogativa y, por esta
razón, la lista efectivamente quedó conformada por una sola persona. Esta
afirmación se corrobora con la certificación expedida por la RNEC el 28 de marzo
de 2022 -rad. 2022000751- en la que se precisó lo siguiente: «Revisado el
expediente de la coalición Pacto Histórico se evidencia que no se realizó solicitud
para modificación de inscripción de candidatos» (se subraya).
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los argumentos de la demanda
se dirigieron a controvertir la base sobre la cual debió calcularse la cuota de
género, lo cual quedó ampliamente explicado en precedencia, la Sala concluye
con base en la normativa aplicable y la jurisprudencia tanto constitucional como
contencioso electoral, que el recurrente no logró demostrar el cargo de censura
expuesto en el recurso de alzada.
5.3. «Si la lista del «Pacto Histórico» incurrió en falta de legitimidad política
por «´inexistencia de la coalición´ [no suscripción del acuerdo]»
El actor consideró que se presentó falta de «legitimidad política» derivada de la
inexistencia de la coalición, pues, según la respuesta dada por la Registraduría
Nacional de Estado Civil el 28 de marzo de 2022, el documento contentivo de ella
no se encuentra suscrito por sus integrantes, es decir, que no existió tal
manifestación de voluntad.
La Sala observa que el acuerdo de la coalición del «Pacto Histórico» obrante en
el índice 27 de SAMAI del proceso con radicado 11001032800020220009700
está suscrito por los señores Gustavo Petro Urrego, en representación del
movimiento político «Colombia Humana; Gabriel Becerra Yanez, Unión
Patriótica; Paulino Riascos Riascos, Alianza Democrática Amplia «ADA»;
Alexánder López Amaya, Polo Democrático Alternativo; Martha Isabel Peralta
Epieyú, Movimiento Alternativo Indígena y Social; y Jaime Caicedo Turriago,
Partido Comunista Colombiano, por lo que la verosimilitud de la afirmación de los
demandantes no está demostrada en el presente proceso tal como se ilustra a
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La Sala presume la autenticidad de dicho documento privado emanado de
terceros, el cual está firmado por los representantes legales de los movimientos
y partidos coaligados, si se tiene en cuenta que el mismo no fue desvirtuado, a
la luz de las reglas establecidas en el artículo 272 del Código General del
Proceso, aplicables al proceso contencioso administrativo en virtud de la
integración normativa establecida en el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011).
Considerando que el documento de coalición se suscribió antes de la inscripción
de candidatos, esto es, 13 de diciembre de 2021, acto formalizado mediante
formulario E-6CT, está demostrado que los movimientos y partidos coaligados
aceptaron el acuerdo de asociación, por lo que el cargo no está llamado a
prosperar.
Finalmente, el actor hizo referencia a que en el documento expedido por la RNEC
el 28 de marzo de 2022 se manifestó que el documento contentivo de colación
no había sido suscrito por sus integrantes; no obstante, a la vista de este medio
de convicción, se evidencia todo lo contrario, que los integrantes de la coalición
si firmaron este instrumento de asociatividad interpartidista, tal como se ilustra a
continuación:
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5.4. «Si se incumplieron algunas reglas pactadas en la Coalición ´Pacto
Histórico´ relacionadas con el nombramiento del gerente y del contador, así
como lo referente al sistema de auditoría»
La parte actora manifiesta que la campaña electoral no efectuó el nombramiento
del gerente y contador ni implementó el sistema de auditoría de la lista, según lo
dispuesto en la cláusula octava del Acuerdo de Coalición del «Pacto Histórico».
El actor planteó la discusión en los siguientes términos:
A) No se vislumbra quien nombro al Gerente y Contador de esta campaña
electoral? B) No se vislumbra que el partido político «Colombia Humana»
hubiese implementado el sistema de auditoría de la lista, tal como lo dispone la
cláusula octava del acuerdo de coalición programático. C) De no haberse
efectuado este ejercicio tal como lo dispone la cláusula citada del acuerdo
programático y ellos fueron realizados con la única candidata inscrita, se
desconoció el acuerdo de coalición (…).
En la cláusula octava del Acuerdo de Coalición se precisó lo siguiente:
CLÁUSULA OCTAVA: Los coaligados designarán por consenso el gerente y
contador de la campaña de la lista por voto no preferente, quienes serán los
responsables antes la coalición de atender las obligaciones legales atinentes a
la apertura de la cuenta bancaria y sus subcuentas, el manejo de los recursos
en dinero a través dichas cuentas, así como las responsabilidades legales sobre
financiación de la lista, quienes presentarán ante el partido movimiento político
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«Colombia Humana», los informes individuales de ingresos y gastos para los
efectos de la presentación ante el CNE. Cumpliendo con las obligaciones
legales y contables establecidos en el artículo 25 y 27 de la Ley 1475 de 2011,
referentes a la apertura de cuentas bancarias, manejo de recursos a través de
dichas cuentas y las relativas a las fuentes prohibidas de financiación.
Esta norma interna prevé la designación por consenso del gerente y del contador
de la campaña, sus responsabilidades referentes a las cuentas bancarias, el
manejo de los recursos y la financiación, así como los informes que debían rendir
para ser presentados ante el CNE. También se indicó que el sistema de auditoría
de la lista estaría a cargo del movimiento «Colombia Humana», según lo previsto
en sus estatutos.
En el caso concreto, existe una colisión de posturas. La demandada señaló que
la coalición presentó en debida forma sus informes de ingresos y gastos,
avalados y suscritos por el gerente de campaña señor Edgar Fabián Sandoval
Rolón, mientras que la parte actora refuta estas afirmaciones, pero no allega
medios de prueba sobre el particular.
En el caso concreto, observa la Sala a partir de los hechos que fueron acreditados
en el plenario, que no es posible afirmar si se designó al gerente y contador, y si
el movimiento «Colombia Humana» implementó el sistema de auditoría de la lista,
por lo que debe desecharse al no existir prueba de tales hechos.
Es menester precisar que no basta con denunciar omisiones y fallas en las que
hipotéticamente se incurrió en la suscripción y materialización del pacto con
ocasión del nombramiento del gerente y del contador, así como lo referente al
sistema de auditoría, sino que existe en cabeza del demandante un deber de
probar su incidencia en la validez de la elección que aquí se discute.
Se considera pertinente referirse al concepto rendido en esta instancia por el
Ministerio Público, el cual encuentra plausible la Sala, toda vez que el mismo
manifiesta que es inobjetable que «subsiste ausencia de material probatorio que
proporcione elementos de juicio que permitan dar cuenta sobre una situación o
la otra, pero es claro que esa situación no tiene la potencialidad de afectar de
nulidad el acto demandado y, menos, de socavar el derecho fundamental a elegir
y ser elegida de la accionada».
Es incontrovertible que esa consideración puede tener implicaciones en relación
con los directivos de los partidos y movimientos políticos, según lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 ─«constituyen faltas sancionables las
siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y
movimientos políticos»─, pero no, en relación con los candidatos que actúan
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bajos las riendas de las organizaciones políticas y que se someten a las reglas
de juego establecidas en los estatutos.
La Sala considera que, a la luz de estos razonamientos, la irregularidad alegada
en este punto a propósito del incumplimiento del acuerdo de coalición, no se
probó, por lo que el cargo será negado.
5.5. «Si la demandada desacató las reglas de los estatutos de Colombia
Humana al no renunciar a su candidatura»
El actor afirmó que la demandada incumplió «(…) su obligación estatutaria de
acatar las decisiones del partido y consecuentemente renunciar generando una
situación jurídica contraria a la voluntad de los partidos coaligados, en especial
el movimiento Colombia Humana del cual es militante», con lo cual desconoció
el numeral 5 del artículo 9 de los estatutos de ese movimiento.
De la lectura del artículo 974 de los estatutos se da cuenta de los deberes que
tienen sus afiliados y militantes del movimiento «Colombia Humana», ante lo cual,
se debe advertir que no hay prueba en el expediente que demuestre que dicha
colectividad le dio orden alguna a la accionada y que esta la desacató, como
tampoco, las consecuencias que conllevaba incurrir en dicha conducta.
No obstante, la Sala debe hacer énfasis en que una cosa es acatar las decisiones
de instancia al interior del movimiento político y otra muy distinta que se ordene
dimitir so pretexto de esa obligación estatutaria en claro menoscabo de su
derecho a ser candidata, máxime cuando la señora Perdomo ya había sido
avalada e inscrita; en otras palabras, asumir tal hermenéutica de esta disposición
interna, implica nada más y nada menos, obligar a cumplir ordenes contrarias a
74 Artículo 9. «Deberes. Quienes se afilien al Movimiento tendrán los siguientes deberes: 1. Defender y
fortalecer los principios, valores, fines y fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, promover
procesos participativos que originen la movilización, la denuncia, la organización, la deliberación y la toma
de decisiones amplia e informada de la ciudadanía y de hacer uso de su derecho a elegir y ser elegido. 2.
Respetar a la mujer a la juventud, a todo grupo discriminado socialmente y otorgarle poder, con un sentido
de solidaridad. 3. Respetar la vida animal y la naturaleza en general, promoviendo prácticas cotidianas de
respeto a la naturaleza. 4. Aplicar en todos los espacios las definiciones programáticas que el movimiento
en su conjunto defina. 5. Cumplir y respetar los Estatutos, el Código de Ética y Acatar las decisiones
de las instancias del Movimiento. 6. Representar digna y honestamente al Movimiento reivindicando el
espíritu de cambio que nos caracteriza. 7. Contribuir de manera voluntaria, al sostenimiento y desarrollo del
movimiento. 8. Apoyar los candidatos y candidatas del Movimiento escogidos de conformidad con los
presentes Estatutos 9. Ser veedores de las actuaciones de los miembros y directivas del movimiento en
especial de quienes ejercen cargos de elección popular. 10. Defender los derechos humanos, el medio
ambiente, la soberanía y la democracia participativa e incidente. 11. Dar ejemplo de rectitud, honradez,
transparencia e idoneidad, en el marco de la Constitución Política, las leyes, los Estatutos y fines del
Movimiento. 12. Cumplir los principios y programas del Movimiento en el ejercicio de los cargos de elección
popular, autoridades y corporaciones. 13. Propender por construir nuevos modelos de participación
ciudadana e impulsar la capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los asuntos del país. 14. Exigir
y ser leal a los principios, el proyecto político y programas del Movimiento. 15. Participar activamente en las
instancias de decisión y convocatorias del movimiento y 16. Tolerar y respetar las diferencias de ideas,
posiciones, tendencias y concepciones políticas» (se destaca).
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derecho y, en el caso concreto, vaciar de contenido su derecho fundamental de
participación; por tanto, quien le confirió el aval y la inscribió no puede removerla
arbitrariamente, teleología que consulta el sentido por el que se propugnan los
derechos reconocidos por el artículo 40 constitucional.
Entonces, a juicio de la Sala, la referida norma estatutaria, dentro del marco de
autonomía con el que fue revestida por el constituyente y el legislador, no puede
cobijar la posibilidad de contravenir derechos fundamentales y exigir a la
candidata por razones de conveniencia declinar su aspiración, pues se incurriría
en una irregularidad o vía de hecho porque no está en el contexto de lo que la
Constitución Política y la ley le permite, que no es otro que la obligación de
garantizar a los candidatos su derecho a participar.
Ahora, la Sala observa que la colectividad «Colombia Humana», mediante
certificación expedida el día 28 de julio de 202275, hizo constar que la demandada
«en el marco de su campaña electoral no presentó ningún contratiempo frente a
los lineamientos emanados por el partido político, acatando las directrices y
respetando los Estatutos Políticos»:
75 Anotación 39 del SAMAI.
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Los vicios e irregularidades denunciados por el actor no tienen relación directa
con el acto de elección cuestionado, pues el reproche que se endilga se aviene
más con infracciones éticas al interior del movimiento político, cuestión que es
ajena al acto de elección que se controvierte en este proceso.
La Sala encuentra que el actor no probó este cargo, por lo que será despachado
desfavorablemente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de cosa
juzgada, única y exclusivamente respecto a los cargos señalados en el acápite
3.1 de esta providencia y, en consecuencia, frente a éstos, ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia del 11 de mayo de 2023, mediante la cual la Sección
Quinta de esta Corporación decidió el medio de control de nulidad electoral
interpuesto por los señores José Manuel Abuchaibe Escolar y Héctor Guillermo
Mantilla Rueda en contra del acto de elección de los representantes a la Cámara
por el departamento de Santander, período 2022-2026, contenido en el formulario
E-26 CAM del 22 de marzo de 2022, decisión judicial proferida dentro de los
procesos con radicado 11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal) y 11001-03-
28-000-2022-00141-00 (acumulado).
SEGUNDO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección de la
representante a la Cámara por la circunscripción departamental de Santander,
señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, para el periodo 2022-2026,
contenido en el formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022, por las razones y
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/”
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