Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00094-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00094-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00094-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de enero de 2023
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Acto electoral de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y
Alexandra Vásquez Ochoa como representantes a la Cámara
por el departamento de Cundinamarca.
Período constitucional 2022-2026
Temas: Inscripción de listas de candidatos a corporaciones públicas
mediante coalición de partidos y movimientos políticos con
personería jurídica. Inciso 5º del artículo 262 constitucional.
FALLO DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar sentencia de única instancia
en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado el 10 de mayo del 20221, el referido como accionante
interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que cuestionó la legalidad del formulario
E-26 CAM del 3 de abril del 2022, que declaró la elección de los señores Eduard
Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez Ochoa2 como representantes a la
Cámara por el departamento de Cundinamarca.
1.2. Hechos
2. Relató que el 13 de marzo del corriente año, se llevaron a cabo las elecciones
legislativas, siendo declarados, mediante el formulario E-26 CAM del 3 de abril del
2022, como representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, los
aquí demandados.
3. Indicó que los ciudadanos Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Leider Alexandra
1
De conformidad con la actuación No. 1 del Sistema SAMAI.
2
Aunque inicialmente la demanda se dirigió contra todos los representantes electos por la referida circunscripción, al momento de la
admisión de esta se precisó que en tanto los reproches se dirigen por la infracción de norma superior al momento de la inscripción
de la lista de coalición denominada “Pacto Histórico”, se tendrían únicamente como demandados a los elegidos por la misma, es
decir, quienes fungen como accionados en el presente trámite judicial.
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca
Vásquez Ochoa, fueron inscritos por el movimiento político “Colombia Humana”, el cual
hizo parte de la coalición denominada “Pacto Histórico”.
4. Precisó que al movimiento político mencionado le fue otorgada su personería jurídica
en atención a lo ordenado en la sentencia SU-316 del 20213, en la que se consideró
que “Colombia Humana”, al obtener más del 3% de la votación válida en la elección
presidencial llevada cabo en el año 2018, era merecedora del mencionado atributo; no
obstante, esta prerrogativa fue reconocida sin participar en las elecciones al Congreso
de la República celebradas en la misma anualidad conforme con la regla establecida en
el artículo 108 Superior.
5. Como consecuencia de lo anterior, refirió que la personería jurídica de la
agrupación “Colombia Humana”, al haberse reconocido con fundamento en los
sufragios depositados en la elección presidencial, no le habilitaba para ser parte de la
coalición denominada “Pacto Histórico”, en atención a que, según el artículo 262 de la
Constitución Política, se exige que quienes integren la alianza hayan obtenido una
votación, en la respectiva circunscripción, de hasta el 15% de los sufragios válidos en
las elecciones legislativas, aspecto que no se acredita en el presente caso.
6. Con todo, señaló que de tenerse en cuenta el apoyo ciudadano “[ por] COLOMBIA
HUMANA en el Departamento de CUNDINAMARCA {que} fue de 450.382 de un total de
1.111.903 en las presidenciales del 2018. Lo que supera ampliamente el 15%. Por todos los
aspectos analizados COLOMBIA HUMANA NO PODRÍA CONFORMAR UNA COALICIÓN DE
MINORIAS.”
1.3. Concepto de violación
7. De la interpretación razonable de la demanda y su corrección 4, se determinó que los
argumentos expuestos por el accionante pretenden demostrar la configuración de la
causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437
del 2011), toda vez que según sus afirmaciones, la inscripción de la lista de coalición
denominada “Pacto Histórico”, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo
262 constitucional, específicamente, lo relativo a que los partidos que la conforman
hubieren obtenido hasta el 15% de los votos válidos en la elección anterior, en la misma
circunscripción.
8. A su juicio, respecto del movimiento político Colombia Humana, al obtener su
personería jurídica con fundamento en la votación depositada en las elecciones
presidenciales del año 2018, a favor del candidato Gustavo Francisco Petro Urrego, era
necesario contabilizar los sufragios logrados en dicha oportunidad en el departamento
de Cundinamarca o a nivel nacional, lo que implica que la sumatoria de las
colectividades que suscribieron el acuerdo de coalición, y posteriormente inscribieron
candidatos en Cundinamarca supere ampliamente el 15% del límite fijado por la norma
superior.
3
Corte Constitucional, sentencia SU 316 del 16 de septiembre de 2021, M.P: Alejandro Linares Cantillo.
4
La demanda fue inadmitida mediante providencia del 17 de mayo del 2022. El escrito de subsanación fue presentado el 20 de
mayo del 2022.
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1.4. Trámite procesal relevante.
9. Con providencia del 17 de mayo del 2022, se dispuso la inadmisión de la demanda.
Con escrito del 20 siguiente, el accionante subsanó los yerros identificados en la
decisión antes mencionada.
10. En auto del 6 de junio se admitió el medio de control, ordenándose las
notificaciones y publicaciones del caso, así como el traslado correspondiente para que
los elegidos y las entidades vinculadas contestaran el escrito inicial.
11. En memorial del 12 de julio del corriente año, la señora Leider Alexandra Vásquez
Ochoa solicitó la nulidad de lo actuado, considerando que se presentó una indebida
notificación del auto admisorio, toda vez que los documentos correspondientes a la
demanda y sus anexos fueron remitidos a una dirección de correo electrónico que no le
corresponde.
12. El 8 de agosto se corrió traslado de la solicitud. Tal petición fue resuelta en
providencia del 1º de septiembre del 20225, en donde se negó la nulidad deprecada al
considerar que el trámite de notificaciones estuvo apegado a las normas procesales
aplicables y la información del buzón de correo electrónico informada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil6. A pesar de lo anterior, con el fin de garantizar
de manera efectiva el derecho de defensa de la demandada, se dispuso, como medida
de saneamiento, correr nuevamente el término del traslado para contestar la demanda.
1.5. Contestaciones
13. Registraduría Nacional del Estado Civil7. En su intervención, solicitó se declare
su falta de legitimación en la causa, en tanto su función logística en torno a las
elecciones no guarda relación con los hechos que se debaten al interior de la presente
actuación. Señaló que el aval y la inscripción de candidatos se radican en cabeza de los
partidos políticos y, en caso de revocatoria de dicha decisión, el trámite lo realiza el
Consejo Nacional Electoral. Así las cosas, resaltó que, en punto de dicha actuación, la
entidad solo efectúa una verificación formal del acto de inscripción, sin que se adentre
en el fondo de las calidades, requisitos e inhabilidades de quienes aspiran a cargos de
elección popular.
14. En cuanto hace al fondo del asunto, hizo referencia a la posibilidad constitucional
consagrada en el inciso 5º del artículo 262 del texto superior, para que a través de la
figura de la coalición se presenten listas de candidatos a corporaciones públicas, norma
que, según la jurisprudencia de la Sección Quinta, es de aplicación inmediata y no
requiere desarrollo posterior.
15. Precisado ello, señaló que en punto de la discusión propuesta por el demandante,
el Consejo Nacional Electoral dictó concepto bajo los radicados CNE-E-2021-022788 y
5
Sin que sobre la misma se presentara recurso alguno.
6
El despacho, al momento de a inadmisión, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil informar sobre el buzón de correo
electrónico informado por la demandada al momento de registrar la inscripción de su candidatura.
7
Índices 24 y 25 del Sistema SAMAI.
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CNE-E-2021-023514, en el cual señaló la aplicación directa del inciso 5º del artículo
262 constitucional a favor de los partidos políticos con personería jurídica que decidan
coaligarse, sin importar el fundamento por el cual obtuvieron dicho reconocimiento, es
decir, si proviene de superación del umbral, una decisión judicial, escisión o del ejercicio
del derecho a la oposición y el derecho personal a ocupar una curul en corporaciones
públicas cuando se logra el segundo lugar en las votaciones de elecciones
uninominales.
16. Resaltó que, en el mismo concepto, la autoridad electoral refirió que, en el evento
en que la personería jurídica se hubiere obtenido como consecuencia de los votos
depositados en una elección presidencial, ello no habilita a que, para efectos de la
coalición de partidos para presentar aspirantes al Congreso de la República, se
contabilicen los sufragios obtenidos en la primera para establecer el cumplimiento del
15% fijado en la norma constitucional. Ello, por cuanto se trata de elecciones
efectuadas en circunscripciones diferentes.
17. Consejo Nacional Electoral. En su memorial, la apoderada de la referida autoridad
hizo referencia a la posibilidad que tienen los partidos políticos con personería jurídica
de coaligarse para presentar listas de candidatos a corporaciones públicas, siempre y
cuando no se supere entre ellos, el 15% de la votación obtenida en la elección anterior
frente a la misma circunscripción.
18. Con fundamento en ello, respecto de los partidos y movimientos políticos que
decidan acudir a dicha figura, y que no hubieren participado en la elección
inmediatamente anterior, no es procedente contabilizar voto alguno para el
establecimiento del porcentaje exigido por la norma constitucional, en tanto no se
cumpliría con los requerimientos de esta última.
19. Eduard Giovanni Sarmiento Hidalgo. En su condición de demandado, hizo
referencia en primer lugar, a que el cargo expuesto en la demanda atinente a la
presunta nulidad del acto electoral por la falsedad en el documento de inscripción -
numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011-, “carece del fundamento técnico,
fáctico, jurídico y probatorio, que permita demostrar la falsedad de la lista presentada por la
coalición “PACTO HISTÓRICO” por la circunscripción de Cundinamarca”8.
20. Con posterioridad a ello, tras exponer las razones por las cuales la Corte
Constitucional en la sentencia SU-316 del 2021 dispuso el reconocimiento de la
personería jurídica del movimiento político Colombia Humana, señaló que esta decisión
judicial se fundamentó en la garantía efectiva de los derechos de participación política
de los integrantes de dicha colectividad, así como del ejercicio de la oposición de la
persona que ocupó el segundo lugar en el Senado de la República, esto es el señor
Gustavo Francisco Petro Urrego.
21. Seguidamente, manifestó:
8
Dicho argumento, fue resuelto como una excepción previa de inepta demanda, la fue negada en la providencia del 21 de octubre
del 2022, señalándose que la demanda de la referencia no fue admitida por el cargo de falsedad en los documentos electorales -
numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011-, sino por la infracción de norma superior, esta es, el inciso 5º del artículo 262
constitucional.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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“Es por ello, que no es posible realizar la interpretación que hace el demandante sobre el
artículo 262 constitucional, dado que el reconocimiento de la personería jurídica del
movimiento político Colombia Humana no se basó en el número de votos obtenidos en
las elecciones a Congreso de la República, ya que este movimiento político no participó
en dicha contienda, sino en el reconocimiento de los derechos a la participación política
y a la oposición vulnerados.
En conclusión, el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la lista
presentada por la coalición “PACTO HISTÓRICO” por la circunscripción de
Cundinamarca, en el entendido que los mismos se emitieron por la autoridad
competente y dentro del marco legal. Por el contrario se ha demostrado que la acción se
fundamenta en una interpretación subjetiva del demandante sobre el artículo 262 de la
Constitución Política y la Sentencia SU316 de 2021 de la Corte Constitucional.”
22. Leider Alexandra Vásquez Ochoa. Por intermedio de su apoderado judicial, la
elegida como representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, se
opuso a las pretensiones de la demanda. Para ello, en línea con las demás
intervenciones antes señaladas, precisó que la exigencia que pretende derivar el
demandante respecto del partido Colombia Humana no resulta posible, en tanto la
agrupación no participó en las elecciones anteriores al Congreso de la República, toda
vez que su personería jurídica solo se materializó hasta el año 2021.
23. Indicó que el ejercicio del derecho personal, el cual le permite a la segunda opción
en las elecciones presidenciales ocupar una curul en el Senado de la República, no
tiene incidencia respecto de la conclusión expuesta en el párrafo precedente, en la
medida en que no es posible asimilar la votación obtenida para dichos efectos, que es a
nivel nacional, frente a la que se requiere para aspirar a una curul en el Congreso de la
República, específicamente a la Cámara de Representantes, que se eligen a nivel
territorial.
24. Alegó que la parte actora efectúa una interpretación extensiva de las
consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 del 2021, si se
considera que en dicha oportunidad, la mencionada corporación judicial no analizó los
requisitos del inciso quinto del artículo 262 constitucional, lo que calificó como un
tratamiento “desleal” del objeto de la referida decisión, el cual se centró, exclusivamente
en el reconocimiento de la personería jurídica de la “Colombia Humana”.
25. Tras precisar los antecedentes relevantes fijados por la Corte Constitucional, señaló
que esta autoridad judicial tuvo en cuenta la votación obtenida por dicha organización
política, únicamente como un factor destinado a garantizar su representatividad, “como
regla jurisprudencial para otorgarle la personería jurídica, tomando de forma analógica el
porcentaje de votación que la Constitución considera significativo.”
26. Finalmente concluyó que no se presenta una vulneración del artículo 262
constitucional, en la medida en que claramente la exigencia allí dispuesta refiere a la
participación en la elección inmediatamente anterior, en la misma circunscripción, lo que
no se puede predicar del movimiento Colombia Humana como parte de la coalición
“Pacto Histórico”.
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1.5. Auto que decide excepciones previas, decreta pruebas y ordena dictar
sentencia anticipada
27. En providencia del 21 de octubre del 2022, la consejera ponente decidió sobre la
excepción propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil9.
28. Así mismo, se fijó el litigio y se dispuso la incorporación y decreto de pruebas de
naturaleza documental. Adicionalmente, en aplicación del artículo 182A de la Ley
1437 del 2011, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia
anticipada.
1.6. Alegatos de conclusión
29. En el término otorgado para el efecto, se presentó la intervención del señor José
Manuel Abuchaibe Escolar, en la cual solicitó acceder a las pretensiones de la
demanda, considerando que la personería jurídica del partido “Colombia Humana” fue
obtenida conforme al parámetro objetivo de la votación de las elecciones
presidenciales del 2018, lo que implica que esta debe ser aquella que se contabilice
para la conformación de una coalición en los términos del inciso 5º del artículo 262
constitucional.
30. Como sustento de lo anterior, reiteró que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-316 del 2021, señaló que las curules en el Congreso de la República, que se
otorgan a quienes ocupan el segundo lugar en una elección presidencial, tiene la
naturaleza de elección indirecta a dicha corporación pública, concepto que resulta
relevante, a su juicio, para entender que respecto del movimiento “Colombia Humana”,
es procedente contabilizar los votos obtenidos en el año 2018 por el señor Gustavo
Francisco Petro Urrego.
31. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su memorial de
alegatos finales insistió sobre la falta de legitimación en la causa de dicha entidad en
relación con los cargos de nulidad elevados frente al acto electoral demandado, con
fundamento en iguales circunstancias a las que fueron expuestas en su escrito de
contestación.
32. Así mismo, refirió brevemente a la posibilidad de dar aplicación directa al inciso
quinto del artículo 262 constitucional, a fin de permitir las listas de coalición a
corporaciones públicas, siendo que el Consejo Nacional Electoral señaló que frente a
las colectividades políticas que reciben su personería jurídica como resultado de una
decisión judicial o administrativa, no es procedente contabilizar votos para la
determinación del 15% exigido por la referida disposición jurídica, toda vez que no
participaron en una elección anterior.
9
Sobre este particular, se declaró como no probada la misma, en la medida en que la referida entidad tiene la competencia para
verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de las listas de candidatos a corporaciones públicas bajo la figura de la
coalición.
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33. El apoderado de la señora Leider Alexandra Vásquez Ochoa, solicitó se
nieguen las pretensiones de la demanda. Fundamentó su intervención en una
indebida interpretación de la sentencia SU-316 del 2021, en atención a que la decisión
de la Corte Constitucional se fundamentó en la votación obtenida en una elección
presidencial, la cual se lleva a cabo en una circunscripción nacional, y no en una del
nivel territorial, como aquella en cual resultó electa su representada.
34. Seguidamente, señaló que las curules obtenidas en desarrollo del Estatuto de la
Oposición, difieren en su naturaleza respecto de aquellas que se reparten con ocasión
de las elecciones parlamentarias, lo que impide que los sufragios que soportan las
primeras sean contabilizados en los casos de las coaliciones de partidos minoritarios
para participar en las segundas.
35. Adicionalmente, refirió que en la decisión judicial que reconoció la personería
jurídica al movimiento “Colombia Humana”, la autoridad no analizó el contenido del
inciso 5º del artículo 262 constitucional, por lo que aceptar la tesis del demandante
conllevaría a efectuar una interpretación extensiva y la aplicación a circunstancias de
hecho que no fueron estudiadas en la tutela revisada en dicha instancia.
36. El Consejo Nacional Electoral, en su intervención final, reiteró en líneas
generales los argumentos presentados al momento de contestar la demanda de la
referencia.
1.7. Intervención del Ministerio Público
37. No se presentó intervención de la procuradora séptima delegada ante el Consejo
de Estado.
1.8. Otras actuaciones
38. Encontrándose el proceso para fallo, el 5 de diciembre del 2022, se presentó la
intervención del señor Rubén Darío Molano Piñeros, quien solicitó ser reconocido como
tercero coadyuvante de la parte demandante.
39. Dicha solicitud fue rechazada por extemporánea, mediante providencia del 14 de
diciembre del 2022.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
40. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley 1437
de 201110 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del
10
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la
República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los
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Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer, tramitar y fallar en única
instancia el proceso de la referencia.
2.2. Cuestión previa
41. Como fue reseñado en los antecedentes de esta providencia, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en sus alegatos de conclusión, insistió en su falta de
legitimación en la causa, al considerar que carece de competencia alguna respecto de
las circunstancias que fundamentan la pretensión anulatoria elevada por el
demandante.
42. Ante ello, resulta procedente señalar que la Sala no resolverá nuevamente sobre
dicho particular, en la medida en que dicha situación ya fue atendida por el despacho
conductor en auto del 21 de octubre del 2022, sin que tal decisión fuera objeto de
recurso alguno por la entidad interesada.
2.3. Problemas jurídicos
43. De conformidad con la fijación del litigio efectuada en el auto del 21 de octubre del
202211, corresponde a la Sala responder, respecto de la legalidad del acto de elección
acusado, lo siguiente:
¿Incumplió con los requisitos establecidos en el inciso 5º del artículo 262
constitucional la lista de candidatos inscrita a la Cámara de Representantes por el
departamento de Cundinamarca, en virtud del acuerdo de coalición denominado
Pacto Histórico, específicamente, en lo atinente a la acreditación por parte de las
colectividades que la integran, de haber obtenido hasta el 15% de los votos
obtenidos en la elección inmediatamente anterior en la misma circunscripción?
44. A efectos de atender lo anterior, es necesario abordar los siguientes subproblemas
jurídicos:
a) ¿Resultan exigibles los requisitos del inciso 5º del artículo 262 constitucional
respecto del movimiento político Colombia Humana, considerando que esta
colectividad obtuvo su personería jurídica hasta el año 2021, como consecuencia de
una orden judicial?
b) ¿Es constitucionalmente viable considerar que la autoridad electoral debió
sumar los votos obtenidos por el señor Gustavo Petro Urrego en las elecciones
presidenciales del año 2018, al partido Colombia Humana, y con ello determinar si
se acreditó el monto mínimo del 15% de votos requerido por la norma?
gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en
el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
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La cual quedó en firme, toda vez que sobre tal decisión no se interpuso recurso alguno.
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45. Bajo esta perspectiva, la Sala, para efectos metodológicos, abordará los
siguientes temas: (i) la interpretación del inciso 5º del artículo 262 constitucional, en
cuanto hace a los requisitos para la inscripción de listas de candidatos a
corporaciones públicas; (ii) el contenido de la sentencia SU-316 del 2021 de la Corte
Constitucional y las razones de tal decisión y (iii) el caso concreto.
2.4. El contenido del inciso quinto del artículo 262 constitucional y la
interpretación jurisprudencial sobre el asunto
46. A través del Acto Legislativo 02 del 2015 12 se modificó y subrogó el artículo 262
constitucional, incluyendo la posibilidad de los partidos y movimientos políticos de
presentar listas de candidatos a corporaciones públicas bajo la figura de la coalición.
El tenor literal del inciso quinto de dicha norma señala:
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.”
47. Sobre el particular, es importante realizar las siguientes consideraciones:
48. En su momento, la jurisprudencia de esta Sección 13 señaló que en el
ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición del término coalición más
allá de la mera mención de la figura en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el que
se señala “(…) los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando
coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la
campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos.”
49. En adición a ello, se refirió entonces que las coaliciones son alianzas propias del
proceso democrático, que no se encuentran prohibidas expresamente por el
ordenamiento constitucional y legal 14.
50. Desde el punto de vista normativo, se tiene que a través del Acto Legislativo 1 del
2019, por medio del cual se modificó el artículo 107 constitucional, se consagró la
posibilidad de escoger y postular candidatos a través de la figura de las coaliciones, al
señalar lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos
y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un
partido o movimiento político con personería jurídica.
12
Artículo 20.
13
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez Rad.
11001-03-28-000-2014-00088-00
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Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez Rad.
11001-03-28-000-2014-00088-00. Reiterado en: Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-
2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como
principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el
deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto
en sus Estatutos y en la ley. (…)” (Se resalta)
51. De otra parte, a nivel legal, con la expedición de la Ley 1475 de 2011 se establece
explícitamente en la legislación la posibilidad de inscribir candidatos a cargos
uninominales por coalición y se dictan normas específicas sobre los aspectos que
deben contener los acuerdos, el carácter vinculante de los mismos, y la forma de
proceder en caso de faltas absolutas de candidatos elegidos por coaliciones. Ya en
vigencia de dicha norma, la jurisprudencia de esta Sección ha concluido, en cuanto a
coaliciones, que:
“(…) (i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento
jurídico interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines pre-electorales y post-
electorales, (iii) el requisito fundamental es el acuerdo de voluntades entre las
organizaciones políticas, (iv) se requiere que la inscripción sea avalada si la coalición
o alianza se surte únicamente entre partidos y movimientos políticos con personería
jurídica, pero si de la misma participa un movimiento social o grupo significativo de
ciudadanos es viable que la inscripción se haga por firmas con la garantía de seriedad, y
(v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por separado, otra lista o candidato para
el mismo certamen electoral”15. (énfasis de la Sala)
52. La Sala reitera que no es en virtud del desarrollo legal surtido hasta el año 2011
que fue entendido y reconocido el derecho de las agrupaciones políticas a coaligarse,
por lo que dicha figura resulta propia del ejercicio político y, por ende, no puede ser
desconocida de manera general o caprichosa como una manifestación propia del
derecho de asociación amparado también desde el orden constitucional 16.
53. Dicho lo anterior, se analiza el contenido del artículo 262 constitucional. Como lo
ha referido la Sala17, se encuentra que con la reforma efectuada mediante el Acto
Legislativo 02 del 2015 a esa disposición se constitucionalizaron dos aspectos
relativos a las coaliciones:
(i) Impone al legislador el deber de regular aspectos propios del funcionamiento de
aquellas y
(ii) De manera autónoma e independiente consagra y regula el derecho a presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo condiciones
específicas.
15
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.
250002331000201100775-02.
16
Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
17
Ídem.
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54. Esta Sección ha referido18, en cuanto hace al segundo de los puntos antes
descritos, que el derecho de los partidos políticos a presentar candidatos a
corporaciones públicas mediante la figura de la coalición 19 se desarrolló por el
constituyente derivado en los siguientes términos:
1. Se prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos
2. Exige la verificación de la personería jurídica
3. Impone comprobar que los entes coaligados, sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción
55. Finalmente, es de señalar que desde la exposición de motivos del Acto Legislativo
02 del 201520, el cual incluyó la referida regulación, se tiene que la finalidad de la
misma es lograr el fortalecimiento de la participación democrática de los partidos y
movimientos políticos, garantizándoles a ellos, bajo ciertas condiciones de tipo
objetivo -votos de la respectiva circunscripción-, la posibilidad de aunar esfuerzos
para la consecución de espacios de representación en corporaciones públicas y
permitir de esta manera, defender los mismos ideales y programas que representan, y
por los cuales los ciudadanos votan.
2.5. La sentencia SU-316 del 2021: acceso a la personería jurídica como garantía
del derecho a la oposición.
56. En la sentencia SU-316 del 16 de septiembre del 2021 21, la Corte Constitucional,
en sede de revisión, decidió sobre la acción de tutela interpuesta por los ciudadanos
Gustavo Francisco Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza en contra del Consejo
Nacional Electoral, ante la negativa de dicha autoridad de reconocer la personería
jurídica al entonces grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”.
57. La referida corporación judicial, en su análisis, manifestó que “(i) todos los
ciudadanos tienen el derecho de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos
políticos, sin limitación alguna (arts. 1, 3, 40 numeral 3 y 107 superiores); (ii) las formas de
agrupación política reconocidas en las Leyes Estatutarias 130 de 1994 y 1475 de 2011, reflejan
alternativas de participación democrática, y se ven profundamente influenciadas por el concepto
de democracia participativa adoptado en la Constitución Política de 1991; y (iii) el artículo 108
superior, según ha sido modificado a través de dos actos legislativos de los años 2003 y 2009,
18
Ídem.
19
Sobre este punto, la Sala en la sentencia que se ha venido citando previamente señaló: “Conforme con lo anterior, desde el punto
de vista exegético es evidente que del contenido gramatical de la norma constitucional bajo estudio se tiene que, por una parte, se
ha impuesto el deber al legislador en materia de coaliciones de regular, aspectos propios de su funcionamiento y, por otra parte, de
manera autónoma y específica se consagra y regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a presentar listas de
candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones, dispuestas de manera específica por el Constituyente
derivado.”
20
En este sentido, desde su contexto histórico y finalista, la reforma introducida por el acto Legislativo 002 de 2015, al inciso 5 del
artículo 262 Constitucional, deja claro que dicho acto estaba dirigido desde su génesis 20, entre otras, cosas, “para abordar en forma
integral un ajuste institucional cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de nuestro sistema político” y,
por tanto, incluyó entre sus objetivos el de “1. Modificar disposiciones electorales dirigidas a fortalecer la democracia”
21
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busca fortalecer y consolidar partidos políticos como célula básica del sistema electoral, con
identidad ideológica, plataforma programática y apoyo popular suficientes para garantizar su
permanencia en el tiempo por encima de la tradición personalista.”22
58. Así mismo, reconoció que “(i) el derecho fundamental a la oposición e independencia
política es una condición esencial de la democracia participativa; y (ii) el artículo 24 del Estatuto
de Oposición constituye un desarrollo directo del inciso cuarto del artículo 112 superior, y
permite la consolidación de una alternativa de poder mediante la incorporación del candidato
derrotado a la bancada de su organización política en el Congreso, permitiendo, además, que
las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren representadas.”23
59. Bajo estas consideraciones, constató el alto tribunal que existe un vacío normativo
para aquellas candidaturas independientes que aspiran a la Presidencia de la
República a través de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o
agrupaciones políticas sin personería jurídica, en la medida en que se les reconoce un
espacio de representación en el Congreso de la República, mas no el acceso efectivo
al conjunto de garantías consagrados en el artículo 112 de la Constitución y en la Ley
Estatutaria 1909 de 2018.
60. Se señaló en la decisión en comento, que las curules que se obtienen por el
derecho personal tanto en el Senado de la República como en la Cámara de
Representantes, tienen un mandato ontológico de representación, en la medida en
que buscan que la opción política derrotada en las elecciones presidenciales al ocupar
el segundo lugar tenga un espacio en dichas corporaciones públicas para la defensa
de sus programas e ideales y consolidarse como una verdadera opción de poder.
61. Por lo dicho, se determinó necesario efectuar una interpretación que garantizara el
carácter expansivo del principio democrático y bajo esta, establecer que es necesario
hacer efectivo el derecho a la oposición de la organización política que obtuvo una
representación ciudadana suficiente en las elecciones presidenciales, y conforme con
ello, otorgarle el reconocimiento de la personería jurídica como mecanismo que le
permite ejercer todas las prerrogativas reconocidas constitucional y legalmente.
62. De acuerdo con ello, la Corte Constitucional en sentencia SU-316 del 202124, fijó
una regla de decisión que se puede resumir de la siguiente manera:
63. En relación con el contenido del artículo 112 constitucional, desarrollado por el
artículo 24 de la Ley 1909 del 201825, se observa un vacío normativo que conlleva a una
afectación del derecho a la oposición política, en tanto no existe regla expresa que
permita que el grupo significativo de ciudadanos sin personería jurídica que obtuvo las
22
Ídem.
23
Ídem.
24
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25
ARTÍCULO 24. CURULES EN SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES. Los candidatos que sigan en votos a quienes la
autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su
orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones, e
integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad
electoral les expedirá las respectivas credenciales. Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales
de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y, con la
organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6o de esta ley y harán parte de
bancada de la misma organización política.
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curules en el Senado de la República y la Cámara de Representantes con fundamento en
el derecho personal, acceda a dicho reconocimiento, como mecanismo que garantiza de
forma efectiva el goce pleno del núcleo esencial del derecho fundamental a la oposición.
Ello conlleva a efectuar una interpretación extensiva del artículo 108 constitucional, para
considerar que, con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 del 2015, se creó un nuevo
escenario para el reconocimiento de personería jurídica, para lo que se requiere (i) haber
obtenido más del 3% de la votación en las elecciones de presidente de la República (ii)
haber aceptado la curul por derecho personal y, (iii) declararse en oposición al Gobierno
de turno.
2.6. Caso concreto
64. En atención a lo expuesto en el concepto de la violación, el demandante considera
que el acto electoral de Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo y Alexandra Vásquez
Ochoa como representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, es
nulo, en tanto al momento de la inscripción de la lista de coalición denominada “Pacto
Histórico – Alianza Verde” no se cumplieron los requisitos del inciso 5º del artículo 262
constitucional.
65. Según su dicho, respecto del movimiento político “Colombia Humana”, era
necesario contabilizar los votos obtenidos por el señor Gustavo Petro Urrego en las
elecciones presidenciales del año 2018, toda vez que fue con fundamento en ellos
que la Corte Constitucional, en sentencia SU-316 del 2021 le otorgó la personería
jurídica a dicha colectividad política.
66. Así las cosas, señaló que no era procedente que en el formulario E-6 de
inscripción de la referida lista, se registrara que “Colombia Humana” suma cero (0)
votos para la determinación del 15% exigido por la norma constitucional, pues lo
procedente era incluir, al menos, los sufragios obtenidos por la referida candidatura
presidencial en el departamento de Cundinamarca.
67. La Sala anticipa que el razonamiento del accionante no es de recibo, al considerar
los siguientes argumentos:
68. De lo probado en el proceso:
69. En atención a la actividad probatoria desplegada por las partes, así como por
aquella dispuesta de oficio por el despacho conductor de la presente actuación, la
Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
70. De la participación del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las
elecciones presidenciales del 2018
71. De conformidad con el formulario E-6PRE del 16 de marzo del 2018 26, los señores
Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela María Robledo Gómez, se inscribieron
como fórmula presidencial y vicepresidencial, respectivamente, para las elecciones del
26
SAMAI. Actuación No. 62.
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2018, bajo la coalición suscrita por el grupo significativo de ciudadanos “Colombia
Humana” y el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-. Dicho acto fue
confirmado con el formulario E-8 del 20 de marzo siguiente27.
72. En la segunda vuelta presidencial del 2018, conforme al formulario E-26PRE del
21 de junio, se tiene que la coalición “PETRO PRESIDENTE”, obtuvo un total
8.040.449 votos28. En Cundinamarca, dicha fórmula obtuvo un total de 450.382
sufragios29.
73. De la obtención de la personería jurídica del movimiento político Colombia
Humana.
74. A través de la Resolución No. 7417 del 15 de octubre del 2021 30, el Consejo
Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-316 del 2021
de la Corte Constitucional, le reconoce personería jurídica al movimiento Colombia
Humana, por las consideraciones que fueron expuestas en precedencia 31.
75. De la inscripción de la lista de candidatos por la coalición PACTO
HISTÓRICO a la Cámara de Representantes por el departamento de
Cundinamarca.
76. El 10 de diciembre del 2021, los representantes legales de los partidos Polo
Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Colombia Humana, Movimiento
Alternativo Indígena y Social -MAIS-, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano
y Alianza Verde, suscribieron el denominado “ACUERDO DE COALICIÓN
PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA (…) PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATOS A LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES DEL 13 DE MARZO DE
2022”32.
77. La cláusula tercera refiere que por la coalición se inscribirán un total de siete
candidatos, a saber, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Leider Alexandra Vásquez
Ochoa, Jeison Cajamarca, Katerine Castellanos Forigua, Jairo Sánchez Ortega,
Carlos Mario López y Cielo Elainne Rusinque Urrego.
78. La inscripción de los candidatos antes señalados se realizó mediante el formulario
E-6CAM del 13 de diciembre del 202133, Con la expedición del formulario E-8 del 21
de diciembre del 202134 se incluyeron de forma definitiva a Eduard Giovanny
Sarmiento Hidalgo, Leider Alexandra Vásquez Ochoa, Yeison Gerardo Sua Cajamarca
Zapata, María Alexandra Barbosa Ramírez y Carlos Mario López Jerez.
27
SAMAI. Actuación No. 67. Archivo 156_MemorialWeb_Anexos(.pdf) N roActua 67
28
SAMAI. Actuación No. 59.
29
SAMAI. Actuación No. 59.
30
SAMAI. Actuación No. 68.
31
Ver supra, acápite No. 2.5
32
SAMAI. Actuación No. 25.
33
SAMAI. Actuación No. 25.
34
SAMAI. Actuación No. 25.
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79. El primero de los documentos electorales mencionados, en punto de la votación
obtenida por los partidos y movimientos políticos en las elecciones parlamentarias del
11 de marzo del 2018, señala:
80. En cuanto hace a la verificación del cumplimiento de los requisitos del inciso
quinto del artículo 262 constitucional, se observa que el formulario E-6CAM del 13 de
diciembre del 2021 consignó:
81. Estudio de los argumentos de la demanda
82. Conforme a cada uno de los hechos relevantes debidamente probados al interior
del proceso, la Sala considera lo siguiente:
83. En estricto sentido, el movimiento político Colombia Humana no participó en
una elección anterior en la respectiva circunscripción.
84. Como fue puesto de presente, el movimiento político “Colombia Humana”, nació
como tal tras el reconocimiento de la personería jurídica efectuado en la Resolución
No. 7417 del 15 de octubre del 2021 35, dictada por el Consejo Nacional Electoral, en
35
SAMAI. Actuación No. 37. Archivo “Expediente 1(.zip) NroActua 37.”
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cumplimiento de lo ordenado en la sentencia SU-316 del 2021 de la Corte
Constitucional.
85. Así las cosas, al momento de la inscripción de los candidatos por la lista de la
coalición “Pacto Histórico” en el departamento de Cundinamarca para las elecciones
del Congreso de la República de 2018, si bien “Colombia Humana” contaba con el
reconocimiento de su personería jurídica, no es procedente considerar que la
autoridad electoral debía contabilizar los votos de la elección inmediatamente anterior,
en la medida en que no pudo haber participado en la misma, en tanto no existía
en estricto sentido.
86. Desde esta perspectiva, dicho criterio objetivo establecido por la norma no puede
ser verificado, en tanto resulta en un imposible desde el punto de vista fáctico y
jurídico.
87. Ahora bien, tampoco es acertado considerar que se debía incluir la votación
obtenida por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las elecciones
presidenciales del año 2018, así dichos sufragios hayan sido aquellos que la Corte
Constitucional consideró para efectos de otorgar la personería jurídica al movimiento
político “Colombia Humana”, por las siguientes razones:
88. Las elecciones se llevaron a cabo en diferentes circunscripciones.
89. El inciso 5º del artículo 262 constitucional señala que, “[l]os partidos y movimientos
políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince
por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar
listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas” (énfasis de la Sala).
90. El concepto de circunscripción electoral refiere al ámbito territorial en el cual los
votos depositados, constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre
candidatos o partidos36. Así las cosas, se trata de una delimitación espacial que
permite establecer quiénes serán los ciudadanos habilitados para participar en la
elección de un funcionario a través del voto popular, en tanto estos deben residir en la
misma para poder sufragar.
91. Conforme con ello, se tienen elecciones que se llevan a nivel nacional, en la cual,
el territorio colombiano constituye una sola circunscripción electoral y por lo mismo,
todos los ciudadanos pueden participar sin restricciones de orden geográfico en
aquellos. Piénsese, por ejemplo, la elección de los senadores de la República.
92. De otro lado, están aquellos procesos democráticos que atienden a criterios
geográficos que no incluyen a todo el territorio nacional, sino a parte integrante de
este (por ejemplo, el departamento) en la cual se busca que solo los ciudadanos que
residen allí elijan a quienes los representarán en una determinada posición. En esta
36
Registraduría Nacional de Estado Civil. Glosario Electoral. Consultado en https://www.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-
.html#:~:text=Circunscripci%C3%B3n%20electoral%3A%20Territorio%20dentro%20del,esca%C3%B1os%20entre%20candidatos%
20o%20partidos.
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categoría, por ejemplo, la elección de los concejos municipales y de las asambleas
departamentales.
93. En atención a dicho concepto, que expresamente se consagra en el mencionado
inciso 5º del artículo 262 constitucional cuando hace referencia a la “(…) respectiva
circunscripción”, debe entenderse entonces que los sufragios que se tienen en cuenta
para la determinación del 15% entre las colectividades coaligadas, debieron haber
sido depositados en el territorio en el cual se lleva cabo la elección a la cual pretenden
participar 37.
94. En otras palabras: si la lista de candidatos por coalición a una corporación pública
busca participar en las elecciones para elegir representantes en un departamento o a
nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes referido se mira respecto
del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y movimientos coaligados en el
espacio geográfico que se corresponda con aquel en el cual se lleva a cabo la
elección.
95. Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que como
se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual los ciudadanos
pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de elección que
posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta consideración, es claro que la
figura referida deviene en un elemento objetivo y verificable que permite establecer la
fuerza electoral de los partidos coaligados que pretenden acceder a un espacio de
representación en una corporación pública.
96. Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al presidente
de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras que los representantes a la
Cámara se eligen en cada uno de los departamentos que conforman el territorio
colombiano.
97. Como fundamento normativo de ello, se tiene lo señalado en el artículo 176
constitucional, que refiere a que “la Cámara de Representantes se elegirá en
circunscripciones territoriales y especiales”, indicando que “cada departamento y el Distrito
Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial ”. De otra parte, el artículo 190
del texto superior, refiere que el presidente de la República será elegido por la mitad
más uno de los votos que “depositen los ciudadanos”, lo que permite entender que se
trata de una circunscripción nacional.
98. Bajo esta consideración, es claro que la forma de elección presenta una
diferencia sustancial en cuanto hace a la circunscripción electoral en las cuales
estas se llevan a cabo, toda vez que, de un lado, la primera tiene como fundamento la
sumatoria de todos los votos obtenidos en el territorio colombiano, mientras que la
segunda se declara con el soporte del total de votos válidamente depositados en el
ente territorial que elige el correspondiente representante.
37
Ver supra, párrafo 51 de esta providencia.
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99. Así las cosas, conforme a lo dicho, es improcedente contabilizar la votación
obtenida a nivel nacional por la coalición “PETRO PRESIDENTE” en el año 2018 a
efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de una lista que busca un
espacio de representación en una corporación pública que se elige al nivel territorial.
101. La tesis del demandante presenta una dificultad práctica en el caso
concreto.
102. De otra parte, en gracia de discusión, de aceptar la postura propuesta en la
demanda, lo cierto es que respecto de esta se observa una dificultad práctica para
entrar a determinar cuáles serían los votos a tener en cuenta respecto del partido
“Colombia Humana” y sumar los mismos con aquellos obtenidos por los demás
partidos coaligados.
103. Recuérdese que los señores Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela María
Robledo participaron como fórmula en las elecciones presidenciales del año 2018,
bajo la figura de una coalición entre el Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia
Humana y el partido político Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-.
104. En atención a la forma de participación, se tiene entonces que los votos
depositados a favor de dicha opción política se contabilizan al candidato presentado
por la coalición, sin que sea posible identificar si los mismos pertenecen a una u otra
de las organizaciones que hacen parte del acuerdo.
105. Así las cosas, si se acepta la tesis propuesta por el demandante, la pregunta que
surge entonces es ¿cuántos de los votos a favor de la coalición “PETRO
PRESIDENTE” a nivel nacional o en el departamento de Cundinamarca pertenecen el
grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana hoy partido político con
personería jurídica?
106. Responder al anterior interrogante es fundamental, toda vez que no debe
perderse de vista que la norma constitucional -inciso 5º del artículo 262-, exige que la
determinación del 15% se realice frente a la votación obtenida por cada una de las
colectividades que integran el acuerdo de coalición que deriva en la inscripción de
candidatos a una corporación pública determinada.
107. Así las cosas, en tanto es imposible determinar cuántos votos obtuvo la
“Colombia Humana” en las elecciones presidenciales del año 2018, por cuanto los
mismos no fueron para dicha colectividad sino para un candidato presentado en
coalición para un cargo uninominal, la cual se rige por las reglas propias del artículo
29 de la Ley 1475 del 2011 38, lo cierto es que se presenta una dificultad práctica a
38
Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con
grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición
será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el
candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o
apoyar al candidato de la coalición. En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y
movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato. En el formulario de inscripción se indicarán los partidos
y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos. Parágrafo 1. Antes de la inscripción del candidato, la
coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cuál se efectúa la designación del candidato, el
programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo
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efectos de establecer cuál sería el monto a tener en cuenta para establecer el
cumplimiento del requisito del artículo 262 constitucional.
108. La regla de decisión creada en la sentencia SU-316 del 2021 no varía la
forma de interpretación y aplicación de los requisitos del inciso 5º del artículo
262 constitucional.
109. Finalmente, la Sala considera que las razones que fundamentan la sentencia
SU-316 del 2021 no implican una variación en la interpretación y aplicación de los
requisitos que se determinan por el artículo 262 constitucional para la presentación de
candidatos a corporaciones públicas mediante la figura de la coalición.
110. En primer lugar, es de señalar que las consideraciones efectuadas por la Corte
Constitucional en la referida decisión giraron en torno a la garantía del derecho a la
oposición de la opción política derrotada en las elecciones presidenciales, que accede
a las curules que por derecho personal consagran el artículo 112 constitucional y el
Estatuto de la Oposición (artículo 24 de la Ley 1909 del 2018) y que obtiene un apoyo
ciudadano de hasta el 3% de los votos válidamente depositados.
111. Así las cosas, lo que se observa es que la referida corporación judicial interpretó
el artículo 108 Superior -en punto del reconocimiento de la personería jurídica- frente
a las nuevas regulaciones constitucionales y legales que consagraron mecanismos
para permitir la consolidación de nuevas fuerzas políticas a través del acceso al
Congreso de la República a quienes ocuparon el segundo lugar en las elecciones
presidenciales y la representatividad de sus votantes.
112. Lo anterior tiene ciertas implicaciones en cuanto hace al estudio adelantado por
la Corte Constitucional y el posible impacto que ello tiene respecto de la aplicación del
inciso 5º del artículo 262 Superior.
113. Si bien es claro que la referida corporación judicial hizo referencia a la necesidad
de contar con un factor objetivo que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para lo
cual, acudió al valor del 3% de los votos válidos de una elección conforme lo señala el
artículo 108 de la Constitución, lo cierto es que dicha circunstancia no implica, en sí
misma, que la elección presidencial y el ejercicio del derecho personal adquieran la
connotación de elecciones parlamentarias o a otro tipo de corporaciones públicas.
se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los
sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los
casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante
y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no
podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será causal
de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición. Parágrafo 3°. En caso
de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2)
días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna
integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido,
movimiento o coalición que inscribió al candidato. No podrán ser encargados o designados cómo gobernadores o alcaldes para
proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se
refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ningún régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la
Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00094-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca
114. El razonamiento efectuado en la sentencia SU-316 del 2021, en todo momento
parte de la naturaleza del ejercicio del derecho personal, entendiéndolo como una
“elección indirecta” al Congreso de la República que se deriva de la consecuencia de
ocupar el segundo lugar en las presidenciales correspondientes y que son
“ontológicamente de mandato representativo” de quienes votaron por la fórmula que
ocupó el segundo lugar en la contienda, pero en ninguna medida se asimila la misma
a la elección de los parlamentarios por la vía ordinaria.
115. Así las cosas, no se puede considerar que los votos que soportan el acceso a las
curules por el derecho personal se conviertan, por dicha circunstancia, en sufragios
que fueron depositados en una elección de corporaciones públicas y mucho menos en
una que se lleva al nivel territorial, pues ambas elecciones difieren en cuanto hace al
tipo de autoridad a elegir, en la forma de acceder al cargo y, como sucede en el caso
concreto, en la circunscripción en la cual se adelantan.
116. Conforme con lo dicho, es claro que los alcances de la decisión de la Corte
Constitucional no impactan la forma en que se aplica e interpreta el inciso 5º del
artículo 262 Superior, en tanto que las razones de decisión de la sentencia SU-316 del
2021, responden a una elección diferente y a las consecuencias propias de la misma.
Conclusiones
117. Se concluye que el cargo por infracción de norma superior no resultó demostrado
en el presente asunto, pues la tesis propuesta por el demandante no se compadece
con los requisitos de la norma constitucional presuntamente desconocida.
118. Por un lado, el partido político “Colombia Humana” no participó de una elección
anterior, en tanto nació solamente hasta el 2021 mediante una orden judicial, y,
adicionalmente, la votación que el accionante pretende sea contabilizada en la
conformación de la coalición “Pacto Histórico” se depositó en una elección que se
lleva a cabo en una circunscripción diferente.
119. De otra parte, de aceptar la tesis del señor Abuchaibe Escolar, se presenta una
dificultad práctica para establecer los votos que fueron depositados a favor del
entonces grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, dado que su
participación en las presidenciales de 2018 se dio bajo la figura de la coalición con un
partido político.
120. Finalmente, las anteriores consideraciones no cambian al estudiar las razones de
la decisión SU-316 del 2021, en la medida en que en dicha oportunidad, la Corte
Constitucional interpretó el artículo 108 constitucional en el contexto de las garantías
del derecho a la oposición y el ejercicio del derecho personal a ocupar una curul en el
Congreso de la República por la fórmula que ocupó un segundo lugar en las
elecciones presidenciales, todo ello en el contexto de dicho cargo uninominal, lo que
permite entender que abordó cuestiones de una elección diferente a la que se regula
por el inciso 5º del artículo 262 Superior.
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2.7. Otras consideraciones
121. Finalmente, se advierte que mediante Resolución 5116 del 15 de noviembre del
2022, el presidente reglamentario del Consejo Nacional Electoral delegó la
representación judicial de dicha entidad en la profesional del derecho María de los
Ángeles Torres Ortega, razón por la cual procederá al reconocimiento de la personería
a la mencionada, para actuar en el presente proceso en representación de la referencia
autoridad. Lo anterior, tras la renuncia de la apoderada inicialmente constituida para
dichos efectos.
122. En anterior a lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar en condición de apoderada del
Consejo Nacional Electoral, a la profesional del derecho María de los Ángeles Torres
Ortega, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.052.082.686 y portadora de la
tarjeta profesional 241.066 del Consejo Superior de la Judicatura.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salvamento parcial de voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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