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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05222-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05222-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Sandra Lorena Arboleda Zárate en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05222-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05222-00
Accionante: Sandra Lorena Arboleda Zárate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Acción de tutela contra la providencia judicial por medio de la cual se
declaró la nulidad de un acto de nombramiento. Análisis de las causales de
defecto fáctico y defecto procedimental absoluto.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por Sandra Lorena Arboleda Zárate en contra de la
sentencia de 22 de agosto de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto 2119 del 2 de
noviembre de 2022, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La señora Adriana Marcela Sánchez Yopasá demandó la nulidad del Decreto
2119 del 2 de noviembre de 2022, por medio del cual se nombró a la accionante
en provisionalidad en el cargo de consejera de relaciones exteriores, código
1012, grado 11 de la embajada de Colombia ante el Gobierno de Venezuela.

En primera instancia el proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en sentencia del 25 de enero de 2024 negó las pretensiones.

Dicha providencia fue apelada y revocada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la sentencia del 22 de agosto de 2024.

La presidencia de la República presentó solicitud de nulidad de la sentencia que
fue coadyuvada por la señora Arboleda Zárate y decidida desfavorablemente a
través de la providencia del 17 de septiembre de 2024.

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Accionante: Sandra Lorena Arboleda Zárate

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante consideró que en la referida providencia se incurrió en las
siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial:

A. Defecto fáctico: al respecto, consideró que existió una valoración arbitraria
de una prueba decretada en segunda instancia, consistente en la entrega
de la copia de los decretos de nombramiento y posesión de la señora
Angela María de la Torre Benítez, quien actualmente ocupa el cargo de
consejera de relaciones exteriores en la embajada de Colombia ante el
gobierno de Alemania, quien estaba en disponibilidad de ser nombrada en
propiedad, pues esta no estaba disponible para ser ubicada en otra
embajada o consulado que no fuera el de Alemania, ya que ahí ejercía sus
funciones. Adicionalmente, se señaló que la referida servidora decidió no
ocupar el mismo cargo en el Consulado de Colombia en la ciudad de
Orlando, Florida, Estados Unidos. Por último, señaló que no había
funcionarios de carrera que cumplieran con los requisitos para ser
nombrados en el cargo al que se designó a la señora Arboleda Zárate.
B. Defecto procedimental: al respecto se señaló que a pesar de que el
decreto de nombramiento fue suscrito por el ministerio de relaciones
exteriores y por la presidencia de la República, esta no fue convocada al
proceso.

2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«1. Que se declare la procedencia de la presente acción de tutela, en
cumplimiento de los requisitos exigidos en nuestra normatividad aplicable.
2. Que se proteja el derecho fundamental de mi poderdante al debido proceso
REVOCANDO la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Quinta del
Consejo de Estado magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suarez con fecha
de 22 de agosto de 2024 en el proceso judicial de nulidad electoral con radicado
25000-23-41-000-2023-00020-01.
3. Que se ORDENE a la mencionada Sala Quinta del Consejo de Estado
magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suarez, que analice con estricto
apego a los detalles la prueba obtenida en segunda instancia y realice la práctica
de aquellas pruebas de oficio que sean pertinentes y conducentes para
esclarecer y llenar los vacíos que dejó dicha prueba practicada en la segunda
instancia, en el sentido de poder conocer con total veracidad la existencia o no
de disponibilidad por parte de la funcionaria de carrera Angela María de la Torre
Benitez, para ocupar el cargo de Consejera de Relaciones Exteriores en la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Venezuela, para el mes de
noviembre del 2022.
4. Que se ORDENE a la Sala Quinta del Consejo de Estado magistrado ponente
Omar Joaquín Barreto Suarez, que permita el ejercicio de los derechos de
defensa y contradicción a la Presidencia de la República a través de su
apoderado judicial, por haber participado en la expedición del decreto que fue
demandado en el proceso judicial.
5. Que se ORDENE que luego de efectuado lo requerido en el numeral 3ero y
4to de este petitorio, se emita un nueva sentencia con estricto apego a lo que se
pueda obtener de las complementarias pruebas recaudadas en la segunda
instancia del referido proceso judicial, acerca de la disponibilidad o no para

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noviembre del 2022 de la funcionaria de carrera Angela María de la T orre
Benitez para ser nombra en el cargo de Consejera de Relaciones Exteriores de
la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Venezuela.» Sic a toda la cita

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 2 de octubre
de 20241, a través del cual ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta
como accionada y a la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y la señora
Adriana Marcela Sánchez Yopasá como terceros interesados en el resultado del
proceso.

2.4.1. El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto rindió informe en el que
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por las razones
que se enuncian a continuación:

Para comenzar, puso de presente que para el 2 de noviembre de 2022, la
servidora de carrera Ángela María de la Torre Benítez estaba disponible para
ocupar el cargo de consejera de relaciones exteriores, código 1012, grado 11 de
la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada
de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por lo
que no podía realizarse ningún nombramiento en provisionalidad.

Al respecto precisó que si bien la referida servidora fue ascendida a la categoría
de consejera de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, el 18 de octubre
de 2022 a través del Decreto 2055 de 18 de octubre de 2022 lo cierto es que las
funciones en ese nuevo empleo las vino a ejercer a partir de la fecha de posesión,
es decir, del 24 de enero de 2023, motivo por el cual, para el momento en que se
expidió el decreto demandado, pudo ocupar la vacante de la Embajada de
Colombia en Venezuela, por tratarse de una planta global y no tiene incidencia
establecer cuáles fueron las razones para que Ángela María de La Torre Benítez
hubiera sido ubicada en la Embajada de Alemania, ya que los artículos 37 y 60
del Decreto Ley 274 de 2000 son claros en disponer que la figura de la
provisionalidad es posible solo cuando no existan funcionarios de carrera
disponibles y en este caso sí lo había.

Ahora bien, en relación con la nulidad por la falta de vinculación de la presidencia
de la República, puso de presente que este aspecto fue analizado por la sala a
través del auto del 17 de septiembre de 2024, en el que se concluyó que no se
configuró ninguna de las causales a las que se refiere el artículo 294 de la Ley
1437 de 2011.

Así mismo, aclaró que se conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, en el proceso contencioso electoral el únic
que tiene la calidad de demandado es el elegido o nombrado pues es en quien
recae el derecho subjetivo a ocupar el cargo, y que en el numeral 2 de la misma
disposición se dispuso que se vinculen como interesados a las entidades que
expidieron el acto o intervinieron en su adopción, lo que ha entendido la Sección

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Quinta como aquella que esté en mejor posición para apoyar la legalidad del acto
acusado, que para el caso concreto radicó en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

2.4.2. El magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón ponente de la decisión
en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló que
no se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial por lo que consideró que se deben negar las pretensiones2.

2.4.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de apoderado judicial,
consideró que hay lugar a acoger las pretensiones de la acción de tutela pues
existió una indebida valoración probatoria en lo que a la situación de la señora
Angela María de la Torre Benítez se refiere, ya que, a través del Decreto 513 del
13 de mayo de 2021 fue trasladada al cargo de primer secretario de relaciones
exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global, adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República Federal de Alemania3.

2.4.4. La señora Adriana Marcela Sánchez Yopasá solicitó4 que se declare la
improcedencia de la acción de tutela pues no se cumplen los requisitos generales
ni específicos de procedencia dado que lo que se busca es revivir un debate ya
concluido.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 22 de
agosto de 2024, desconoció los derechos fundamentales al debido proceso

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a

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operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

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3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada.

3.3.1.4. El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional,
en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de los defectos fáctico y defecto procedimental absoluto en
que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada al realizar una
valoración probatoria que considera caprichosa, y en la que presuntamente
desconoció la obligatoria vinculación de la Presidencia de la República al
proceso.

Por tal razón, a continuación se procederá a hacer un análisis de cada uno de los
argumentos de la parte accionante.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.

b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios» 4.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del caso concreto

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En el caso concreto, la parte accionante consideró que existió una indebida
valoración del Decreto 2055 del 18 de octubre de 2022, en el cual se ascendió a
la señora Angela María de la Torre Benítez al cargo de consejera de relaciones
exteriores código 1012 grado 11 de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y que no se tuvo en cuenta la totalidad del acervo, según el cual para
la fecha en la que se profirió el nombramiento de la señora Arboleda Zárate no
existían servidores con derechos de carrera para ocupar el referido cargo.

Para resolver el argumento, es preciso analizar la argumentación expuesta en la
providencia objeto de la acción de tutela. En ese sentido en la sentencia del 22
de agosto de 2024 se señaló:

«3.6. El nombramiento en provisionalidad en la Carrera Diplomática y
Consular 108. Esta modalidad de provisión de los empleos en este régimen
de carrera se encuentra reglada en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de
2000, que dispone:

ARTÍCULO 60. NATURALEZA. Por virtud del principio de Especialidad,
podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas
que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular para proveer dichos cargos. Igualmente, en desarrollo del mismo
principio, estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo.

109. Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-292 de 2001 -aunque con algunas salvedades y
condicionamientos en cuanto al alcance de esta última disposición-, en
atención a su carácter excepcional teniendo en cuenta las necesidades del
servicio, que consideró compatible con el principio del mérito que rige el
acceso, permanencia, promoción y retiro de aquella, según lo expuesto en
aquel fallo, reiterado por la Sentencia C-808 del mismo año, que declaró la
existencia de cosa juzgada al respecto, con base en la motivación original
que señaló que:

«… La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de
especialidad se hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera
diplomática y consular de personas que no pertenecen a ella y que a ello se
remite la naturaleza de los nombramientos en provisionalidad. En cuanto a
esto hay que indicar que la provisionalidad es una situación jurídica especial
que hace parte de cualquier carrera administrativa pues en muchas
ocasiones la urgencia en la prestación del servicio impone la realización de
nombramientos de carácter transitorio hasta tanto se surten los
procedimientos necesarios para realizar los nombramientos en período de
prueba o en propiedad. Si ello es así, no se advierten motivos para declarar
inexequible una norma que se ha limitado a permitir tales nombramientos
previendo una solución precisamente para ese tipo de situaciones. De otro
lado, el artículo 61 del precitado Decreto Ley 274 de 2000 desarrolla las
condiciones básicas para la realización de nombramientos en propiedad
(…). Ante ello, la Corte advierte que ni con los requisitos implementados en
el literal a, ni con la fijación del plazo para hacer dejación del cargo se está
desconociendo la Carta Política pues nada más natural que el legislador
extraordinario, en ejercicio de facultades legítimamente concedidas,
especifique l[o]s requisitos necesarios para realizar nombramientos en esa
situación administrativa excepcional que es la provisionalidad y que regule

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el plazo para que quienes han sido nombrados en esas condiciones hagan
dejación del cargo pues se trata de cargos que se ejercen en el exterior».

110. En este orden, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado que la
excepción prevista en el referido artículo 60, no hace más que confirmar la
regla general referida a que los empleos de la planta interna y externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores son propios de la Carrera Diplomática y
Consular y, por ende, se deben proveer en virtud de concurso de méritos,
excepto cuando no sea posible designar funcionarios escalafonados para
proveerlos, hipótesis en que se autoriza el nombramiento en provisionalidad
de personas ajenas a ella, bajo las siguientes reglas: «(i) La designación en
provisionalidad de funcionarios en cargos pertenecientes a la Carrera
Diplomática y Consular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
del Decreto Ley 274 de 2000, se ajusta a la ley cuando se demuestre: (a) el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 61 ibídem por parte
de la persona designada en provisionalidad; y, (b) la falta de disponibilidad
de funcionarios inscritos en la Carrera Diplomática y Consular para ocupar
el respectivo cargo. (ii) El requisito de la disponibilidad no se cumple: (a)
cuando los funcionarios inscritos en el respectivo escalafón en la Carrera
Diplomática y Consular que se encuentran ocupando cargos de menor
jerarquía están cumpliendo el período de alternación; o, (b) cuando éstos, a
pesar de estar cumpliendo el período de alternación en el exterior, no han
cumplido el período de 12 meses en la sede respectiva para que puedan ser
designados excepcionalmente en otro cargo en el exterior, de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000.
(iii) La demostración del requisito de disponibilidad es una carga probatoria
que recae sobre el demandante. Esta carga probatoria no se puede
satisfacer con el simple suministro del listado de funcionarios inscritos para
el respectivo cargo, sino que exige la demostración del cumplimiento del
término alternación o del término de 12 meses consagrado en el parágrafo
del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, hecho que debe ser probado
mediante la respectiva acta de posesión. De lo contrario, el juzgador se
encuentra en la imposibilidad para determinar si dicho término ha sido
cumplido o no».

111. Esta es la interpretación judicial vigente sobre la materia, en sede de
nulidad electoral, en observancia del artículo 125 superior, la cual favorece
que los cargos vacantes en este régimen especial de carrera sean provistos
con los funcionarios que están prestando su servicio en planta interna o
externa y han cumplido la frecuencia de los lapsos de alternancia en los
términos del artículo 37 del referido decreto, en un empleo de menor
jerarquía al que les corresponde, para que puedan ocupar aquel en el que
están inscritos en el escalafón en razón del mérito, que les da un derecho
no solo preferente sino además excluyente para ocuparlo sobre las personas
que no pertenecen a ella, elemento que corresponde demostrar al
demandante en este tipo de procesos (…)

114. El 9 de agosto de 2021, la funcionaria Ángela María De La Torre
Benítez se posesionó en el cargo de primera secretaria de relaciones
exteriores, adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la
República Federal de Alemania, «para el cual fue trasladada a la planta
externa mediante Decreto No. (sic) 513 del 13 de mayo de 2021 (…)

115. Luego, por medio de la Resolución 1746 de 9 de marzo de 2022, fue
ascendida dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la
categoría de consejero y mediante Decreto 2055 de 18 de octubre de 2022,
se dispuso su ascenso al cargo de consejera de relaciones exteriores,
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código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores. 116. Frente a este último empleo, el 24 de enero de 2023, la
citada tomó posesión del mismo, cuya vacante se encuentra adscrita a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federal de
Alemania (…)

117. En este orden de cosas, se vislumbra que la señora Ángela María De
La Torre Benítez, entre el 9 de agosto de 2021 y el 23 de enero de 2023, fue
primera secretaria de relaciones exteriores adscrita a la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República Federal de Alemania y que,
posteriormente, el 18 de octubre de 2022, fue ascendida a consejera de
relaciones exteriores, cuya posesión se hizo efectiva el 24 de enero de 2023.

118. Al punto, se recuerda que, según el marco teórico de esta providencia,
el lapso de alternación «se contabilizará desde la fecha en que el funcionario
respectivo se posesione o asuma funciones en el exterior, o desde que
ejerza funciones en el cargo de planta interna; el tiempo de servicio que
exceda aquella, mientras se hace efectivo el desplazamiento a que haya
lugar, no será considerado como tiempo de prórroga».

119. Bajo este derrotero, se sostiene que, si bien la citada fue ascendida al
cargo de consejera de relaciones exteriores el 18 de octubre de 2022, sus
funciones las vino a ejercer a partir de la fecha de posesión, es decir, del 24
de enero de 2023.

120. Lo anterior, conduce a concluir que, en el lapso que trascurrió entre la
promoción y el momento en que asumió materialmente el empleo, De La
Torre Benítez se encontraba disponible y podía ser designada en alguna
plaza que se encontrara vacante donde Colombia tiene representación
diplomática. Dicho periodo correspondió al surtido entre el 18 de octubre de
2022 y el 23 de enero de 2023.

121. En este orden de ideas, se tiene que para el 2 de noviembre de 2022,
la servidora de carrera Ángela María de la Torre Benítez estaba disponible
para ocupar el cargo de consejera de relaciones exteriores, código 1012,
grado 11 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela.

122. De esta manera, es claro que el Decreto 2119 del 2 de noviembre de
2022, mediante el cual se designó en provisionalidad a la señora Sandra
Lorena Arboleda Zárate, en el empleo de consejera de relaciones exteriores,
código 1012, grado 11 de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela, es contrario al presupuesto del artículo
60 del Decreto Ley 274 de 2000, toda vez que para el momento de su
expedición, por lo menos existía una persona, perteneciente a la carrera
diplomática y consular, en disponibilidad para ser designada en dicha plaza.
123. La Sala hace hincapié en que con la situación de la señora Ángela
María de la Torre Benítez resulta suficiente motivo para declarar la nulidad
del acto demandado. 124. En consecuencia, se impone revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad del Decreto 2119 del
2 de noviembre de 2022 «por el cual se hace una designación en
provisionalidad en un cargo de carrera diplomática y consular del Ministerio
de Relaciones Exteriores».

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Al analizar la argumentación de la Sección Quinta y la valoración probatoria, esta
Sala considera que los argumentos a partir de los cuales se consideró que había
lugar a declarar la nulidad del nombramiento de la señora Arboleda Zárate son
razonables y de ninguna manera arbitrarios.

Es decir, la posición de declarar la nulidad del acto de nombramiento por el hecho
de que al momento de su expedición existiera un funcionario de carrera con mejor
derecho resulta coherente y atiende a materializar el principio del mérito previsto
en el artículo 125 de la Constitución Política, en especial porque no se demostró
que la referida servidora hubiera sido nombrada en otro cargo y solo quedara
pendiente de producirse su posesión.

Es preciso recordar que el análisis que se realiza en sede de tutela de corrección
sino de validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez
constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de «una actuación
ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías
básicas del derecho al debido proceso»5, lo que no sucede en el caso concreto.

Por lo anterior, se concluye que, dado que la valoración probatoria es razonable,
no se presentó el defecto fáctico alegado.

3.5. El defecto procedimental como causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial

Respecto de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial de defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
señalado:

«La causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto procedimental, encuentra su
sustento en los artículos 29 y 228 de la Constitución, que se refieren a los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y
al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

En principio, este defecto se materializa cuando se desconocen las
formas propias de cada juicio; pero también pude producirse por un
exceso ritual manifiesto, en virtud del cual se obstaculiza el goce efectivo
de los derechos de los individuos por motivos formales. Así, existen dos
tipos de defectos procedimentales: uno denominado defecto
procedimental absoluto, y el otro que es un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto.

El defecto procedimental absoluto se configura cuando “el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un
trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-,
o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso”.

Por su parte, el defecto procedimental puede estructurarse por exceso
ritual manifiesto cuando “(…) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial

5
Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
10
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y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia”; es decir:

“el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es
un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos,
(ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los
hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso
rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga
en el desconocimiento de derechos fundamentales”»6.

En el caso concreto, la parte accionante señaló que se incurrió en un defecto
procedimental absoluto, porque no se vinculó a la presidencia de la República al
trámite del proceso.

Al respecto, es preciso poner de presente que este aspecto fue analizado por la
misma Sección Quinta en la providencia del 17 de septiembre de 2024, cuando
se presentó una solicitud de nulidad de la sentencia del 22 de agosto de 2024.

En la misma se señaló:

«25. Frente al medio de control de nulidad electoral, el artículo 294 del
CPACA, tipifica las causales que pueden dar lugar a la nulidad de una
sentencia, a saber:

ARTÍCULO 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal
originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia
funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al
demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y
cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de
Magistrados al previsto por la ley.

Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente
rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la
sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas. 26. Conforme
a la norma en cita, se sostiene que los motivos de nulidad originada en la
sentencia son taxativos y corresponden a: (i) incompetencia funcional, (ii)
falta de quórum decisorio, (iii) pretermisión de la etapa de alegaciones y (iv)
falta de notificación del auto admisorio al demandado o a su representante.

27. Lo anterior, bajo el entendido que el artículo ejusdem dispone que la
nulidad «únicamente procederá» en los eventos antes detallados.

28. Así las cosas, las argumentaciones que no se adecuen a alguna de estas
causales, conducen a que el juez o magistrado ponente adopte la decisión
de rechazo de plano de la solicitud por improcedente, decisión frente a la
cual no procede recurso alguno.

29. De otra parte, se recuerda que por mandato del numeral 1.° del artículo
277 del CPACA, en el contencioso electoral, la calidad de demandado
únicamente la tiene el elegido o nombrado, pues es en quien recae el
derecho subjetivo a ocupar el cargo y por obvias razones, es el llamado a
defender la legalidad del acto electoral.

6
Corte Constitucional, sentencia T – 352 de 15 de mayo de 2012, magistrado ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
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30. De igual forma, en el numeral 2 de esa misma norma, se establece que
se vincularán, como interesados, a las entidades que expidieron el acto o
intervinieron en su adopción, según el caso. Ahora bien, para efectos de
integrar el contradictorio, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha
entendido que este numeral debe entenderse en que el llamamiento al
proceso recae en la entidad que esté en la mejor posición para apoyar al
demandado en la defensa de la legalidad del acto censurado.

2.3. Caso concreto

31. De acuerdo con la solicitud objeto de estudio, el cuestionamiento se
centra en que no se vinculó al presidente de la República de Colombia desde
el auto admisorio de la demanda.

32. Es de aclarar que las nulidades procesales de que trata el artículo 133
del CGP no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia que
resuelve una nulidad electoral (artículo 294 del CPACA), por cuanto mientras
las primeras se estructuran cuando se dan los motivos consagrados
taxativamente esa disposición, las segundas concurren únicamente por i)
incompetencia funcional, ii) indebida notificación del auto admisorio de la
demanda al demandado o a su representante, iii) por omisión de la etapa de
alegaciones y iv) cuando la sentencia haya sido adoptada por un número
inferior de magistrados al previsto por la ley.

33. Ahora bien, en este caso el despacho sustanciador encuentra que no
hay motivo para acceder a la nulidad planteada, en atención a que los
hechos presentados por el memorialista no se enmarcan en alguna de las
causales del artículo 294 del CPACA.

34. En efecto, el apoderado estima que se presentó una nulidad originada
en la sentencia, bajo la causal de «indebida notificación del auto admisorio
de la demanda al demandado o a su representante», sin embargo debe
precisarse que en este caso, el presidente de la República no tiene la calidad
de demandado, por tratarse el asunto de un proceso contencioso electoral,
en donde, tal calidad la tiene el elegido, llamado o nombrado, según el caso,
que frente al sub examine, es la señora Sandra Lorena Arboleda Zárate.

35. Además, a la luz del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, el Ministerio
de Relaciones Exteriores estaba en mejor posición para defender la
legalidad del acto, ya que el empleo demandado pertenece a su planta de
personal y fueron sus funcionarios quienes adelantaron toda la actuación
para la suscripción del nombramiento y el presidente de la República de
Colombia solo lo suscribió junto con ese ministro, en cumplimiento de la
normativa que rige la materia.

36. A su turno, se invocó un pronunciamiento de esta Sección en el radicado
11001- 03-28-000-2022-00094-00, el cual no es aplicable, porque en esa
oportunidad se decretó la nulidad procesal sin haberse dictado sentencia, al
no haberse vinculado al proceso a uno de los elegidos que fueron
demandados, y aquí se pretende la integración al proceso de quien expidió
el acto, el cual no tiene esa calidad procesal bajo el artículo 277 del CPACA.

37. En este contexto, se rechazará la solicitud de nulidad conta la sentencia
del 22 de agosto de 2024, presentada por el apoderado del presidente de la
República».

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La Sala advierte, en primer lugar, que dentro de la acción de tutela no se
cuestionó el auto del 17 de septiembre de 2024, lo que sería suficiente argumento
para negar las pretensiones, puesto que en este se resolvieron los reproches
frente a la falta de vinculación de la Presidencia de la República al trámite de la
nulidad electoral.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que no hay lugar a declarar que se
configuró la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial de defecto procedimental absoluto, porque las razones para
no vincular a dicha entidad porque quien estaba en mejores condiciones de
defender la legalidad del acto de nombramiento es el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

En ese orden de ideas, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Sandra
Lorena Arboleda Zárate en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CARLOS MARIO ISAZA SERRANO EUDORO FABIÁN VALLEJO CABRERA
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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