Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00331-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00331-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-00331-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de febrero de 2025
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Sandra Mireya Nossa Quiroga y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00331-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00331-01
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandados: SANDRA MIREYA NOSSA QUIROGA, FRANCELIAS
LANCHEROS PARRA Y SARA JUANIAS RAMÍREZ –
EDILES DE LA JUNTA ADMINITRADORA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL (BOGOTÁ D.C.) PERÍODO 2024-2027
Tema: Variación de los partidos con el nombre de una misma
coalición. Uso del logo y el símbolo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 18 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en su propio nombre, instauró
demanda en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto que declaró la
elección de los señores Sandra Mireya Nossa Quiroga, Francelias Lancheros
Parra y Sara Juanias Ramírez como ediles de la Junta Administradora Local
de San Cristóbal (Bogotá D.C.), contenido en el formulario E-26 JAL del 3 de
noviembre de 2023 de la Comisión Escrutadora Auxiliar.
1.1. Hechos
El demandante narró que la coalición Pacto Histórico fue conformada por un
grupo de «partidos fundacionales». Además, afirmó que en el 2023 sus
órganos directivos emitieron comunicados para advertir que uno o varios de
esos partidos no podían usar autónomamente su «logo símbolo» para
presentar listas de candidatos en las elecciones territoriales de ese año.
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Destacó que el Consejo Nacional Electoral accedió al registro del logotipo de
la mencionada coalición para inscribir aspirantes a las diferentes juntas
administradoras locales de Bogotá D.C. en las elecciones del 29 de octubre
de 2023, a pesar de la participación de un número menor de partidos y con
distintas combinaciones entre ellos.
También señaló que algunas de las colectividades del Pacto Histórico tuvieron
listas de candidatos propias para esa circunscripción, entre otros, Esperanza
Democrática, Fuerza de la Paz y Polo Democrático Alternativo.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora formuló contra el acto acusado la causal de nulidad por
expedición irregular, prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), «derivada de
datos contrarios a la verdad en los tarjetones electorales»1.
Además, planteó la infracción de los artículos 5º de la Ley 130 de 1994 y 35
de la Ley 1475 de 2011, «desde la inscripción de candidatos de coalición hasta
la impresión de logos en el tarjetón».
En tal sentido, argumentó que las mencionadas leyes reconocen la propiedad
del nombre y símbolo a las organizaciones políticas que lo solicitaron y
obtuvieron su registro ante el Consejo Nacional Electoral.
Explicó que el objetivo de este reconocimiento es «generar relación con sus
ideales, programas o plataforma política y la forma de identificarse de otros a
efectos de controlar estatalmente cualquier confusión al electorado».
Agregó que el uso del emblema de la coalición Pacto Histórico por menos
partidos de los que la integraron originalmente, junto con la presentación de
listas por algunos de esos partidos de forma independiente, afecta el control
de la doble militancia de sus candidatos e impide a los votantes tener claridad
sobre la afinidad con el acuerdo que respaldó la elección del presidente de la
República.
1 Sobre este aspecto, el demandante aclaró que su demanda se sustentaba en el artículo 137
del CPACA, porque «la Sección Quinta del Consejo de Estado ha básicamente señalado en
recientes sentencias contra elecciones del Pacto Histórico carencia de configuración de la
causal establecida en el numeral 3 del artículo 275 del C.P.A.C.A. cuando la confluencia de
datos contrarios a la verdad no haya sido con el propósito de modificar los resultados
electorales».
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2. Contestaciones de la demanda
2.1. Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, solicitó su desvinculación del proceso, por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Para el efecto, señaló que sus funciones
están relacionadas con la organización de las elecciones, pero no incluyen el
estudio, registro y aprobación de los logotipos de las agrupaciones políticas.
Adicionalmente, formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
por considerar que acumula indebidamente causales objetivas y subjetivas e
incumple los requisitos legales, en tanto omite explicar de forma razonada los
cargos contra el acto acusado.
2.2. Consejo Nacional Electoral
Previa exposición de las normas que definen sus competencias, la apoderada
de la entidad propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, destacó que no participó en los hechos que sustentan la causal de
nulidad invocada por el demandante ni en la expedición del acto acusado.
Así mismo, anotó que el diseño de las tarjetas electorales corresponde a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el artículo 35 del
Decreto 1010 de 2000.
2.3. Edilesa Sara Juanias Ramírez
Su apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, empezando
con la excepción de inepta demanda, debido a que «la nulidad parcial o total
del Acto de elección, no está asociado (sic) al acto de registro, ni a causales
objetivas o subjetivas establecidas en el CPACA».
Adicionalmente, propuso la falta de legitimidad en la causa por pasiva, dado
que la determinación del logotipo de una coalición no está a cargo de los
candidatos o elegidos, sino de los partidos que la conforman, bajo la
supervisión, control y registro del Consejo Nacional Electoral.
Por otra parte, adujo que la coalición integrada para la circunscripción de la
localidad de San Cristóbal está amparada por los derechos de las siete
agrupaciones que la suscribieron, el acto de inscripción y el voto popular.
Agregó que, tanto los electores, como las autoridades, tenían claro que no
todos los partidos adscritos a la coalición Pacto Histórico podían o querían
participar en las elecciones territoriales en la misma medida o forma.
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En particular, remitió a la restricción del artículo 262 de la Constitución Política,
sobre la superación conjunta del 15% de votos en las elecciones anteriores,
como condición para inscribir listas en esa modalidad.
2.4. Ediles Sandra Mireya Nossa Quiroga y Francelias Lancheros
Parra
En su propio nombre, defendieron la legalidad de su elección a través de
escritos separados, pero de idéntico contenido. Con tal propósito, se basaron
en el derecho constitucional que tienen los partidos de inscribir candidatos de
forma autónoma o en coalición, de acuerdo con sus mecanismos internos y
utilizando el símbolo que los identifica, este último debidamente autorizado por
el Consejo Nacional Electoral para cada una de las circunscripciones.
Señalaron que ninguna norma exige que las coaliciones estén integradas por
las mismas colectividades para todas las elecciones. También destacó que el
artículo 262 de la Constitución Política no permitía conformarlas para las
localidades de Bogotá con todos los partidos del Pacto Histórico a nivel
nacional, en razón al porcentaje máximo de votos que establece la norma para
estas iniciativas. Además, precisaron que la coalición para la JAL de San
Cristóbal se conformó con seis partidos con personería jurídica y uno sin este
atributo.
Por otra parte, calificaron de inepta la demanda y solicitaron que se decretara
la temeridad y mala fe del demandante, ante la falta de fundamento de las
pretensiones y los fundamentos jurídicos que alega, al igual que los errores e
inexactitudes que contiene.
2.5. Junta Administradora Local de San Cristóbal
El presidente y la vicepresidenta de la referida corporación propusieron la falta
de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que los hechos y las
pretensiones expuestas por el demandante están dirigidos contra el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. Trámite en primera instancia
Mediante auto de 9 de mayo de 2024, el magistrado ponente del proceso en
primera instancia declaró no probada la excepción previa de ineptitud de la
demanda, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y los ediles
demandados. En su lugar, encontró satisfechos los presupuestos formales que
exige el artículo 162 del CPACA, especialmente el concepto de violación y la
causal de nulidad, expuestos «de manera breve» por el demandante.
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Seguidamente, profirió el auto de 30 de mayo de 2024, por el cual resolvió
prescindir de la audiencia inicial y emitir sentencia anticipada. Consecuente
con esta decisión, fijó el litigio en los siguientes términos:
Corresponde a este Tribunal establecer si el acto administrativo de
elección (E-26 JAL de San Cristóbal) de Sara Juanias Ramírez, Sandra
Mireya Nossa Quiroga y Francelias Lancheros Parra como Ediles de la
Localidad de San Cristóbal incurrió en la causal de expedición
irregular derivada de datos contrarios a la verdad relacionados con el
logo símbolo, surgida por infracción del inciso primero del artículo 137
del CPACA, en concordancia con los artículos 5 de la Ley 130 de 1994
y 35 de la Ley 1475 de 2011.
En la misma providencia dispuso tener como pruebas las aportadas por los
sujetos procesales y negó las documentales solicitadas por el demandante 2,
porque ya se encontraban en el expediente. También negó la prueba
testimonial requerida por la edilesa Sara Juanias Ramírez3, porque no reunía
los requisitos del artículo 212 del Código General del Proceso.
El auto referido fue adicionado con proveído del 5 de julio de 2024, por solicitud
del demandante, en el sentido de oficiar al Consejo Nacional Electoral para
que remitiera copia de la respuesta emitida a la petición que formuló a esa
entidad el 8 de noviembre de 2023.
Posteriormente, atendiendo a la información suministrada por la entidad
requerida, se dictó el auto de 1º de agosto de 2024, ordenando oficiar a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que precisara las listas de
coalición que utilizaron el mismo nombre y símbolo para las elecciones
territoriales de 2023.
Previa orden de poner en conocimiento las pruebas a los sujetos procesales,
el magistrado ponente en el tribunal corrió traslado para alegar, a través de
auto de 12 de septiembre de 2024.
4. La sentencia apelada
Mediante sentencia de 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C negó las pretensiones de la
demanda y declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Consejo Nacional Electoral y la Junta Administradora Local de San Cristóbal.
2 Se trata del formulario de inscripción y constancia de aceptación de la candidatura por parte
de los demandados y la tarjeta electoral correspondiente.
3 Dirigida a recibir el testimonio del señor Nixon Padilla, miembro de la comisión electoral del
Pacto Histórico.
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Frente al asunto de fondo, advirtió que el demandante no explicó en qué
consistió la supuesta confusión en las tarjetas electorales, debido al uso del
«logo símbolo» por parte de las colectividades que conforman la coalición
Pacto Histórico.
Hecha tal precisión, observó que, de acuerdo con el aval, el formulario de
inscripción y el acuerdo correspondiente, la coalición «Pacto Histórico
Colombia Puede» se conformó para inscribir lista de candidatos a la Junta
Administradora Local de San Cristóbal (Bogotá), en las elecciones del 29 de
octubre de 2023, con los partidos Colombia Humana, Polo Democrático
Alternativo, Unión Patriótica, Comunes, Partido Comunista Colombiano, MAIS
y del Partido Trabajo de Colombia.
Seguidamente, no evidenció que el acto de elección acusado contuviera datos
contrarios a la verdad ni alteración para modificar los resultados electorales,
porque en ese documento «ni siquiera se hace uso de logo símbolo».
En ese orden de ideas, concluyó que los artículos 5º de la Ley 130 de 1994 y
35 de la Ley 1475 de 2011 «se concretan en su aplicación a la campaña
electoral y al tarjetón del voto [pero] no en la elección registrada en formulario
E26-JAL que constituye el acto administrativo demandado».
5. El recurso de apelación
El demandante controvirtió el fallo de primera instancia, pues insiste en que la
ley y las circulares políticas emitidas por la coalición Pacto Histórico obligaban
a todos los partidos que la integran a participar de forma conjunta en las
elecciones. En particular, destacó que el partido Esperanza Democrática fue
incluido en la Circular Política Electoral 3 como integrante de ese acuerdo,
pero no hizo parte de la lista para la JAL de San Cristóbal en Bogotá.
Al respecto, interpretó que a esas colectividades pertenece «en común y
proindiviso» la propiedad del logotipo. Así mismo, reiteró que permitir el uso
de ese distintivo de forma separada en varios certámenes electorales puede
generar confusión a los electores.
6. Trámite de la apelación
Mediante auto de 8 de noviembre de 2024, el magistrado ponente en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la apelación interpuesta
por el demandante contra la sentencia.
A su turno, por medio de auto de 25 de noviembre de 2024, se admitió el
recurso en esta instancia y se ordenó el traslado para alegar a las partes y al
Ministerio Público, para emitir concepto.
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6.1. Alegatos de conclusión
6.1.1. La apoderada de la edilesa Sara Juanias Ramírez se opuso nuevamente
a las pretensiones de la demanda, por considerar que se basan en una
interpretación jurídica equivocada del demandante. En síntesis, defendió el
uso del símbolo por parte de la coalición Pacto Histórico para la Junta
Administradora Local en la tarjeta electoral, con fundamento en la aprobación
que de este realizó el Consejo Nacional Electoral y en el derecho de las
agrupaciones políticas de tener un nombre y un distintivo.
6.1.2. El demandante se ratificó en los argumentos que sustentan el recurso
de apelación, en cuanto a que es contrario a la ley permitir «figurar el logo
“Pacto Histórico” en lista de coalición compuesta de un número plural de
partidos menor al indicado en la opinión pública».
6.1.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil intervino en esta oportunidad
para reiterar que no tiene nexo causal con los hechos de la demanda.
Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta fase del proceso.
6.2. Concepto del Ministerio Público
La señora procuradora séptima delegada ante la Sección Quinta del Consejo
de Estado solicitó confirmar la sentencia apelada. Consideró que los elegidos
estaban legitimados para usar el «logo-símbolo» del Pacto Histórico, con
fundamento en el artículo 5º de la Ley 130 de 1994, la cláusula
«decimaoctava» del respectivo acuerdo de coalición y la autorización general
otorgada por las organizaciones fundadoras, mediante oficio CNE-E-DG-2023-
026177.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
el demandante contra la sentencia de 18 de octubre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con los
artículos 150 y 152, numeral 7, literal a) de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 13 del reglamento de la corporación, modificado
por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024.
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2. Problema jurídico
En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera
instancia.
Con tal propósito, se analizarán las reglas para conformar coaliciones y se
explorará la posibilidad de variar su composición para diferentes elecciones.
Finalmente, se estudiará el caso concreto, a partir del marco normativo
aplicable y las pruebas aportadas al expediente.
3. Reglas para conformar coaliciones
El margen de autonomía que detentan las organizaciones políticas las habilita
para unir esfuerzos con el fin de presentarse a las elecciones, a través de la
conformación de coaliciones.
De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge
«una forma asociativa de segundo nivel»4, que refleja los intereses de las
agrupaciones que la integran, en torno a una candidatura, unipersonal o de
lista, transversal a todas ellas.
Por su parte, esta sección ha caracterizado estas alianzas como un acto
privado5, que «contribuye a obtener mayores ventajas electorales»6. Por lo
tanto, el ejercicio de esta alternativa justifica un marco normativo que proteja y
materialice el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos, como se
explica a continuación:
El derecho de las agrupaciones políticas a coaligarse ha sido reconocido aun
antes de que la Constitución hiciera referencia al término coalición a través de
los actos legislativos 02 de 2002, 01 de 2009 y 2 de 2015, por ejemplo, en los
artículos 9 y 13 de Ley 130 de 1994. Empero, su constitucionalización ha
permitido que se afianzase como una alternativa de participación política para
el acceso a cargos de elección popular y, por consiguiente, que su regulación
constituya un asunto de especial interés para el legislador7.
De manera que, una vez adoptada la decisión colectiva de coaligarse, los
integrantes de la coalición se sujetan a unas reglas mínimas de existencia para
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de abril
de 2018, Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 4 de febrero de 2021, Rad. 76001-23-33-000-
2020-00002-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de agosto de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00097-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-
28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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su conformación y unas condiciones especiales para la inscripción de sus
candidatos, entre las cuales se destacan las siguientes:
• Pueden integrarse para inscribir candidatos únicos a cargos
uninominales8 y listas a corporaciones públicas de elección popular9.
• En el formulario de inscripción tienen que indicarse los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que
integren la coalición, y la filiación política de cada candidato10.
• Tratándose de listas a corporaciones, únicamente pueden participar
partidos políticos con personería jurídica y deben demostrar que en las
elecciones anteriores de la respectiva circunscripción, no obtuvieron
entre ellos más del 15% de los votos válidos11.
• Las colectividades coaligadas deben suscribir un acuerdo de coalición
que contenga el «mecanismo mediante el cual se efectúa la
designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato
a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la
campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos
que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como
los sistemas de publicidad y auditoría interna [y] el mecanismo mediante
el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar
al elegido»12.
• Igualmente, adoptarán por este instrumento las reglas para «la
modificación de las listas y cumplimiento de la cuota de género», los
«[m]ecanismos por los que se define el tipo de lista (con o sin voto
preferente)», y «la presentación de informes de ingresos y gastos»13.
• Los responsables de la coalición deben registrar ante el Consejo
Nacional Electoral el nombre y el logo-símbolo que utilizarán en la
campaña14.
8 Ley 1475 de 2011, artículo 29.
9 Constitución Política, artículo 262.
10 Ley 1475 de 2011, artículo 29, inciso tercero.
11 Sobre la interpretación del ingrediente de la norma, relativo a la «respectiva circunscripción»,
ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00086-00 (Acumulado), MP. Rocío Araújo Oñate.
12 Ley 1475 de 2011, artículo 29, parágrafo 1º.
13 CNE, Resolución 2151 de 2019, «Por medio de la cual se dictan algunas medidas para la
implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas».
Consultada en: https://www.cne.gov.co/normativa-2019?download=1468:resolucion-no-2151-
de-2019. Además, RNEC (2023). «Guía para la inscripción de candidaturas», Consultada en:
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20230725_guia-inscripcion-candidaturas.pdf
14 Ley 1475 de 2011, artículo 35. Además, Ley 130 de 1994, artículo 5º.
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• El carácter vinculante del acuerdo de coalición impide que los
coaligados inscriban o apoyen a candidatos diferentes a los
designados, so pena de revocatoria de la inscripción o nulidad de la
elección15.
Adicionalmente, las colectividades pueden incorporar autónomamente las
cláusulas que consideren indispensables en los acuerdos de coalición, en el
marco de sus estatutos y siempre que no sean abiertamente ilegales o
contrarias al interés general.
4. Caso concreto
El demandante solicita que se revoque el fallo de 18 de octubre de 2024, que
negó las pretensiones de la demanda. Con tal propósito, manifestó su
desacuerdo con la interpretación del tribunal, en cuanto a que era legalmente
posible integrar la coalición Pacto Histórico para la lista de candidatos a la
Junta Administradora Local de San Cristóbal (Bogotá D.C.) con un número
inferior de partidos a los que la fundaron a nivel nacional.
En esa línea argumentativa, alegó que la ley y las circulares políticas emitidas
por la coalición Pacto Histórico obligaban a todos los partidos que la
conformaban a participar de forma conjunta en las elecciones. En particular,
destacó que el partido Esperanza Democrática fue incluido en la Circular
Política Electoral 3 como miembro de ese acuerdo, pero no hizo parte de la
lista para la mencionada JAL.
Además, adujo que el «logosímbolo» pertenece a las colectividades originales
«en común y proindiviso» y reiteró que permitir el uso de ese distintivo de forma
separada en varios certámenes electorales genera confusión a los electores.
Así planteado el debate, es necesario examinar las pruebas aportadas al
expediente, con relación a la inscripción de los demandados y los términos en
que fue conformada la mencionada coalición.
En primer lugar, consta que el 29 de julio de 2023 fue suscrito «ACUERDO DE
COALICIÓN PROGRAMÁTICO Y POLÍTICO» para inscribir lista de candidatos
a la Junta Administradora Local de San Cristóbal, sin voto preferente, en el
marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023, por las siguientes
agrupaciones:
• Colombia Humana
• Polo Democrático Alternativo
• Unión Patriótica
15 Ley 1475 de 2011, artículo 29, parágrafo 2º.
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• Partido Comunes
• Partido del Trabajo de Colombia
• Partido Comunista Colombiano
• Movimiento Alternativo, Indígena y Social (MAIS)
La cláusula «DECIMAOCTAVA» de dicho acuerdo estipuló que «[l]os partidos
y movimientos que suscriben el presente acuerdo manifestamos que la
coalición se identificará con el nombre de “PACTO HISTÓRICO COLOMBIA
PUEDE” y el logo símbolo que usará la coalición para las campañas y el
tarjetón electoral será el siguiente»16:
En segundo lugar, los formularios E-6 y E-8 que acreditan la inscripción de la
lista de la coalición Pacto Histórico para la JAL de San Cristóbal, corroboran
la participación de las mismas agrupaciones políticas que firmaron el aludido
acuerdo. Además, los avales adjuntos al formulario E-6 dan cuenta de que los
tres ediles demandados fueron avalados por los partidos Polo Democrático
Alternativo, Colombia Humana y Partido Comunista Colombiano.
En tercer lugar, la Circular Electoral No. 1 del 2 de febrero de 2023, por la cual
la Coordinación Política Nacional del Pacto Histórico impartió lineamientos
para las «coordinaciones territoriales», de cara a las elecciones territoriales del
29 de octubre del mismo año, dispuso que «se mantiene en todo el territorio
nacional la coalición jurídica del Pacto Histórico que avaló las listas al
Congreso y a la Presidencia de la República, conformada por los partidos
fundacionales Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático
Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza Democrática
Amplia y Partido Comunista Colombiano» (destacado del original).
Igualmente, dicho documento precisó que «[e]l comité político nacional definirá
y formalizará el ingreso de nuevos movimientos o partidos a la coalición». Así
mismo, indicó sobre los partidos que participarían en las coaliciones para los
comicios de 2023, lo siguiente:
En cada entidad territorial (Departamentos, municipios y Localidades-
Comunas) los comités del PH, con representación de las fuerzas políticas
que hagan presencia en dichos territorios serán los responsables de
conducir y decidir las candidaturas propias o en alianzas y tramitar ante
16 Aunque no se observa a continuación de esa cláusula, quedó ubicado en la página siguiente,
después de la «vigésimaprimera».
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la Comisión la expedición de los avales, respetando el objetivo y los criterios
expuestos en el punto anterior (Resaltado del original).
En cuarto lugar, la Circular Política Electoral No. 3, emitida por el Comité
Político Nacional del Pacto Histórico, con destino a los «comités municipales y
departamentales», señaló que los partidos y movimientos integrantes de la
coalición eran los relacionados en la lista que se inserta a continuación:
Adicionalmente, la circular en cita advirtió que, «[e]n los casos en los cuales
alguno o algunos de los partidos o movimientos políticos decidan ir por fuera
de la coalición Pacto Histórico, no podrán usar ni el logo ni el nombre de la
coalición». Así mismo, precisó que «[e]n caso de existir grupos de partidos,
que siendo integrantes del PH, tengan la pretensión de usar el logo y nombre
del PH, este uso deberá ser autorizado por el Comité Político Nacional».
Considerando las pruebas reseñadas, la Sala concluye que la coalición Pacto
Histórico ha continuado operando con posterioridad a las elecciones del
presidente de la República del año 2022, a las que alude el demandante como
referente para formular su cargo. Del mismo modo, se constata que sus
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órganos directivos han impartido lineamientos específicos para la participación
en certámenes electorales posteriores, que son diferentes y autónomos.
En particular, para los comicios del 29 de octubre de 2023, admitieron
expresamente la conformación de coaliciones con diferente composición y
alcance, siempre que en ellas intervinieran las colectividades fundadoras,
quienes fueron autorizadas para utilizar el nombre y el logotipo de la coalición
en las respectivas campañas.
Para el caso concreto de la JAL de San Cristóbal en Bogotá D.C., la coalición
estuvo integrada por siete organizaciones políticas, todas ellas reconocidas
como parte del Pacto Histórico. Además, cumplieron con el requisito de
suscribir el acuerdo previo a la inscripción, como lo exige el artículo 29 de la
Ley 1475 de 2011 y cada candidato contó con el aval de alguna de las
colectividades coaligadas, conforme al requisito del artículo 108 de la
Constitución Política.
En tales condiciones, no se observa la infracción a los artículos 5º de la Ley
130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011 que propone la parte actora. Por el
contrario, estas normas protegen la propiedad de los nombres y símbolos que
registren las organizaciones políticas, en el marco de su autonomía, con la
única limitación de distinguirse claramente de las que existan y no utilizar
símbolos patrios ni emblemas estatales, lo cual deberá ser verificado por el
Consejo Nacional Electoral.
Así las cosas, se recuerda que las coaliciones son alianzas que persiguen unir
esfuerzos para contribuir al triunfo electoral, limitadas solamente a los precisos
aspectos instrumentales que señala la ley y que permitan dar orden y equilibrio
a esta modalidad de participación democrática.
Igualmente, la autonomía que el ordenamiento jurídico reconoce a las
organizaciones políticas, sumada a las directrices expresas que se probaron
para el caso específico del Pacto Histórico, justifican que algunas
colectividades hubiesen inscrito listas propias, por fuera de dicha coalición. Es
el caso del partido político Esperanza Democrática, mencionado
expresamente por la parte actora en la apelación, que inscribió candidatos a
la JAL de San Cristóbal, como se observa en el acto acusado.
Frente al razonamiento anterior, se recuerda que esta Sala advirtió en un caso
similar al que se decide en esta oportunidad, que «no constituye ninguna
irregularidad ni infringe disposición normativa alguna que las coaliciones
varíen según la aspiración electoral para la que se crean, bajo una misma
denominación e imagen, siempre que así lo hayan acordado las personas o
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los órganos que los estatutos o las reglas internas adoptadas por las propias
colectividades identifiquen como competentes para ello»17.
Así mismo, al decidir dos demandas parecidas del señor Harold Sua Montaña,
la Sala concluyó que «la unión de partidos y movimientos políticos para las
elecciones de congreso y presidencia puede ser diferente a la que se conforme
para los comicios territoriales, dada la naturaleza transitoria de las coaliciones
y que el ordenamiento jurídico no les asigna una vocación de permanencia»18.
En ese orden de ideas, se concluye que el acto acusado no infringió las
disposiciones invocadas por la parte actora ni fue expedido de forma irregular,
en cuanto a la elección de los demandados se refiere.
Sobre el punto, se reitera que es válido que se conformen varias coaliciones
con un mismo nombre y símbolo para inscribir candidatos a diferentes cargos
y corporaciones, siempre que así lo hayan acordado las agrupaciones
concernidas. Igualmente, también es viable, de cara al ordenamiento jurídico,
que aquellas agrupaciones que no desean hacer parte de una coalición
inscriban candidatos de forma individual, con su propio nombre y distintivo
registrado ante la autoridad electoral.
Ante la falta de fundamento de los cargos que formuló la parte actora, se
confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclaración de voto
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de agosto de 2024, Rad. 63001-23-33-
000-2023-00100-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 Sentencias de 23 de enero de 2025, Rad. 25000-23-41-000-2024-00328-01 y Rad. 25000-
23-41-000-2024-00334-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclaración de voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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