Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2024-00118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2024-00118-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 76001-23-33-000-2024-00118-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de marzo de 2025
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro
(alcalde de Florida – Valle del Cauca, 2024-2027)
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00118-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00118-01
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado: DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ TORO – ALCALDE DE
FLORIDA (VALLE DEL CAUCA), PARA EL PERÍODO
2024-2027
Temas: Variación de los partidos con el nombre de una misma
coalición. Uso del logo y el símbolo. Reiteración
jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 30 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en su propio nombre, presentó
demanda el 15 diciembre de 20231, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del
acto que declaró la elección del señor Dimas Antonio Martínez Toro, como
alcalde del municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca, para el
periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 3 de noviembre
de 2023.
2. Fundamentos fácticos
El demandante narró que la coalición Pacto Histórico fue conformada por los
partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo,
1 La demanda fue presentada contra los concejales de Florida y el alcalde municipal y debió
de ser escindida. Así las cosas, la demanda en contra del burgomaestre tomó curso
independiente, el 8 de febrero de 2024.
1
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00118-01
Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza Democrática Amplia y
Partido Comunista Colombiano como de los llamados Fuerza de la Paz,
Partido Comunes, Esperanza Democrática, Todos Somos Colombia y Partido
del Trabajo de Colombia, junto con una serie de movimientos sociales sin
personería jurídica.
La coalición, mediante circular de 2023, les indicó a sus integrantes que no
podrían usar el logo ni el nombre de esta cuando decidieran presentar listas
de candidatos por fuera de esa coalición.
El Consejo Nacional Electoral registró el logotipo de la referida coalición que
se suscribiera para la Alcaldía de Florida, con los partidos Unión Patriótica y
Comunista Colombiano, como consta en la Resolución 7674 de 2023.
La parte actora aseveró que en los formularios E-24 y E-26 ALC de Florida de
las elecciones locales de 2023, muestran que los partidos integrantes del
Pacto Histórico presentaron lista de candidatos propia, pero usaron el logo
y el nombre de dicha coalición.
Aseveró que presentó al CNE petición2 de consulta sobre los hechos
planteados en la demanda atinente al uso del logotipo y nombre de la coalición.
3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora formuló contra el acto acusado la causal de nulidad por
expedición irregular, prevista en el artículo 137 del CPACA, en virtud de la
remisión del artículo 275 ejusdem «derivada de datos contrarios a la verdad
2 Reposa captura de pantalla de la plataforma MGmail de escrito suscrito por el demandante
y enviado el 8 de noviembre de 2023 a la dirección email atenciónalciudadadano@cne.gov.co,
cuya literalidad es la siguiente:
1. Pueden varias listas de candidatos en coalición para cargos a proveer en diferentes
circunscripciones electorales en el país tener el mismo logosímbolo y nombre cuando
algunas de estas no están integradas por igual número de partidos ni siquiera entre cargos
a proveer en una misma circunscripción [vgr. que en la circunscripción electoral de Nariño
y la de Bogotá haya listas de candidatos en coalición denominadas ‘COALICIÓN 1’ con
logosímbolo idéntico, pero aquellas para concejo de Bogotá y Gobernación en Nariño la
coalición está integrada por los partidos a), b), c), e) y j), para JAL en la localidad de
Engativá de Bogotá por a), b) y h) y para Concejo en Pasto por a), b) y c)]. // 2. Hubo
solicitudes de revocatoria de listas de candidatos en coalición en las elecciones territoriales
de 2023 sustentadas en lo ut supra y a faltas de estas podía haberse dado de manera
oficiosa revocatorias de listas de coalición motivadas en dicho sustento. // 3. Cuáles listas
de candidatos en coalición para cargos a proveer en diferentes circunscripciones
electorales en las elecciones territoriales de 2023 tienen un mismo logosímbolo y nombre
y de haberlas, favor indicar los partidos que conforman la coalición en cada una de ellas
y… remitir al correo electrónico de este mensaje las resoluciones donde se declara
elegidos uno o varios de los candidatos de esas listas junto con los formularios E-24 y E-
26 correspondientes”.
2
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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en los tarjetones electorales»3.
Invocó como violados los artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475
de 2011. Consideró que el nombre y logotipo son propiedad de las
colectividades políticas, con el propósito de generar un vínculo relacional de la
comunidad con los ideales, programas o plataformas políticas y estos deben
ser registrados ante el CNE.
También constituye herramienta de identificación y una manera de controlar
estatalmente cualquier confusión generada al electorado, por el uso de
aquellos, de ahí, la importancia de poner en conocimiento del público, quiénes
integran la coalición Pacto Histórico.
En el caso judicializado, el demandante afirmó que, dentro de ese contexto,
resultaba contrario a la verdad que figuraran el nombre y el logotipo de la
coalición Pacto Histórico, en la tarjeta electoral de Alianza Democrática Amplia
en la Alcaldía de Florida (sentencia SU-316 de 2021).
Agregó que el uso del emblema de la coalición Pacto Histórico por menos
partidos de los que la integraron originalmente, junto con la presentación de
listas por algunos de esos partidos de forma independiente, afecta el control
de la doble militancia de sus candidatos e impide a los votantes tener claridad
sobre la afinidad con el acuerdo que respaldó la elección del presidente de la
República.
4. Contestaciones de la demanda
Durante el término para contestar la demanda, descorrieron el traslado, los
siguientes sujetos procesales:
4.1. Dimas Antonio Martínez Toro, demandado
A través de apoderado judicial, solicitó la denegatoria de las pretensiones.
Argumentó que el CNE, mediante Resolución 7674 de 29 de agosto de 2023,
registró el logo de la coalición «Pacto Histórico Colombia Puede», como se
evidencia de la documentación remitida por la coordinadora de inscripción de
candidatos de la RNEC. Así mismo que aquella inscribió para la elección de
alcalde de Florida, para el periodo 2024-2027, a la señora María Lorena
Serrano Aguilar. Aseveró que, para esa curul, la coalición referida fue
3 Sobre este aspecto, el demandante aclaró que su demanda se sustentaba en el artículo 137
del CPACA, porque «la Sección Quinta del Consejo de Estado ha básicamente señalado en
recientes sentencias contra elecciones del Pacto Histórico carencia de configuración de la
causal establecida en el numeral 3 del artículo 275 del C.P.A.C.A. cuando la confluencia de
datos contrarios a la verdad no haya sido con el propósito de modificar los resultados
electorales».
3
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integrada por los partidos Unión Patriótica (UP) y Comunista Colombiano.
Afirmó que el accionado fue inscrito a la Alcaldía de Florida por el movimiento
Alianza Democrática Amplia (ADA) y resultó elegido «sin que, en ningún
momento, hubiera utilizado en provecho propio y en indebida forma, durante
la campaña política y en el día electoral (tarjetón electoral), el logo-símbolo del
‘pacto histórico’ o del ‘pacto histórico Colombia puede’».
Manifestó su oposición a la prosperidad de la causal de nulidad prevista en el
numeral 1 del artículo 275 del CPACA, por cuanto no se demostró que el
accionado hubiera ejercido algún tipo de violencia sobre los nominadores,
electores o autoridades locales.
Indicó que no existió la supuesta expedición irregular, por cuanto el acto
declaratorio de elección respetó el procedimiento previsto en la ley y no
transgredió los artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011,
comoquiera que el accionado fue inscrito por ADA, sin que se hubiera utilizado
en campaña ni en la elección, en provecho propio o en forma indebida, el logo
de la coalición referida.
Propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales, en concreto, los numerales 4 (concepto de la violación 4) y 7
(notificaciones5) del artículo 162 del CPACA.
4.2. Consejo Nacional Electoral
La apoderada de la entidad aseveró que el CNE expidió la Resolución 7674
de 2023 «Por medio de la cual se registra el logo símbolo de la coalición entre
los partidos, PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA ‘UP’ y PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, denominada ‘PACTO HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE’ que
inscribió una candidata a la ALCALDÍA DE FLORIDA del departamento del
VALLE, para las elecciones de autoridades locales que se llevarían a cabo el
29 de octubre de 2023, conforme expediente CNE-E-DG-2023-022953».
Indicó que, aunque el demandado no relacionó el radicado de una consulta
que elevó sobre la utilización del nombre y el logo por parte de los integrantes
de coaliciones, verificó la información en el gestor de la entidad, encontrando
lo siguiente: «Radicado CNE-E-DI-2023-001061 del 9 de agosto de 2023, la
cual fue absuelta mediante radicado CNE-S-2023-005452-DVIE-700 del 5 de
septiembre de 2023».
4 Indicó que la demanda no desarrolla ni explica en qué consistió la violación de los artículos
5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011.
5 Por cuanto omitió informar sobre la dirección física para notificaciones judiciales.
4
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Previa exposición de las normas que definen sus competencias, el alcance de
las coaliciones políticas y la regulación sobre el registro de símbolos o logos
indicó que mediante Resolución 7417 de 2021 6, el CNE ordenó la inscripción
temporal del nombre y el símbolo del Movimiento Político Colombia Humana.
Posteriormente, expidió la Resolución 7674 de 2023, antes mencionada e
indicó que, en el marco de sus competencias, verificó que los partidos políticos
cumplieran con los requisitos dispuestos en el artículo 262 de la Constitución
Política y la Resolución 2151 de 2019 «por medio de la cual se dictan algunas
medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas», por lo tanto, conforme a la normativa
vigente, se aprobó el logo símbolo de la coalición, siendo este diferente al
aprobado para Colombia Humana.
Indicó que, del anterior recuento cronológico, se evidencia que el demandante
partió de premisas equivocadas de expedición irregular, aunado que son actos
cobijados por la presunción de legalidad, conforme al artículo 88 del CPACA.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, destacó que no participó en los hechos que sustentan la causal de
nulidad invocada por el demandante ni en la expedición del acto acusado.
Así mismo, anotó que el diseño de las tarjetas electorales corresponde a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el artículo 35 del
Decreto 1010 de 2000.
5. Trámite en primera instancia
Mediante auto de 26 de junio de 2024, el magistrado ponente del tribunal a
quo, (i) declaró no probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales, formulada por la parte demandada, por cuanto
encontró que sí se desarrolló el concepto de la violación respecto de las
normas invocadas como transgredidas y la información sobre notificaciones,
teniendo en cuenta que la exigencia es menos rigorista, por tratarse de un
medio de control de naturaleza pública; (ii) defirió para la sentencia, la decisión
sobre las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el CNE y las de fondo formuladas por el accionado y (iii) fijó
fecha para la audiencia inicial.
Posteriormente, el 18 de julio de 2024, se llevó a cabo la audiencia inicial, en
la que, entre otras decisiones, fijó el litigio en los siguientes términos:
6 «Por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante sentencia SU-316 de 2021 y se le reconoce personería jurídica al
Movimiento Político Colombia Humana».
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Determinar si hay lugar a declarar la nulidad parcial del acto de elección del
señor Dimas Antonio Martínez Toro como Alcalde del municipio de Florida
(Valle) para el periodo 2024 – 2027, contenido en formulario E-26 ALC del 03
de noviembre de 2023; por la causal denominada “expedición irregular”
derivada de los datos contrarios a la verdad en los tarjetones electorales a la
Alcaldía de Florida 2024-2027 surgida de la infracción de los artículos 5 de la
Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011, desde la inscripción de
candidatos de coalición hasta la impresión de logos en el tarjetón.
En la misma providencia dispuso tener como pruebas las aportadas por los
sujetos procesales y negó las documentales solicitadas por el demandante7.
Decretó el interrogatorio8 de parte al actor y decretó de oficio, los siguientes
medios probatorios: (i) oficiar al CNE, para que allegue certificación de que el
accionado fue inscrito por el movimiento ADA y copia de la tarjeta electoral
para la Alcaldía de Florida, en la que se observen los logo-símbolos de esa
colectividad.
El 22 de agosto de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, se
incorporaron las documentales decretadas y se corrió el respectivo traslado
para la contradicción, sin manifestación de las partes y se recaudó el
interrogatorio de parte del señor Harold Eduardo Sua.
Declaró cerrado el debate probatorio y ordenó, dentro de los diez días
siguientes, la presentación de alegaciones finales y al Ministerio Público la
rendición del concepto de fondo.
6. La sentencia apelada
Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
Frente al fondo del asunto, advirtió que no hay lugar a declarar la nulidad del
acto declaratorio de elección del alcalde del municipio de Florida, para el
periodo 2024 – 2027, comoquiera que no se acreditó la causal de nulidad de
expedición irregular.
Recordó que el asunto judicializado requería determinar si el demandado, en
su calidad de candidato a la alcaldía municipal, vulneró el marco legal invocado
en la demanda, al hacer campaña y anunciarse en la tarjeta electoral con el
logo símbolo de la coalición Pacto Histórico.
7 Se trata de las tarjetas electorales para la Alcaldía de Fortul y Concejo del mismo municipio
y Arauquita, por tratarse de circunscripciones diferentes a aquella en la que resultó electo del
demandado (Florida – Valle).
8 El decreto de esta prueba fue recurrido en reposición por el demandante, pero confirmada
por el a quo.
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Indicó que conforme las resoluciones expedidas por el CNE, en concreto la
7674 de 29 de agosto de 2023, se registró el logo símbolo de la coalición entre
los partidos Unión Patriótica (UP) y Comunista Colombiano, denominada
«Pacto Histórico Colombia Puede», que inscribió la candidatura de la señora
María Lorena Serrano Aguilar, para la Alcaldía de Florida, periodo 2024-2027.
Trascribió de la intervención del CNE, el siguiente planteamiento:
… Verificado el contenido del logo-símbolo arriba expuesto, se pudo determinar
que este no se encuentra registrado para la lista y/o cargo al que aquí se
postula. No obstante, cabe resaltar que las organizaciones que las
organizaciones fundadoras del Pacto Histórico, mediante oficio con radicado
CNE-E-DG-2023-026177, autorizaron de manera general y de conformidad con
los acuerdos de coalición territoriales, la utilización del Logo Símbolo en todas
las listas y candidaturas inscritas donde participen las organizaciones políticas
fundadoras. De igual forma se determinó que su contenido no tiene parecido,
relación gráfica o fonética con los símbolos patrios o emblemas estatales, ni con
los logos símbolos de otros partidos, movimientos políticos, grupos sociales, o
grupos significativos de ciudadanos, de lo que se colige que el logo propuesto
por la coalición referenciada se adecúa a las exigencias establecidas en la Ley
para autorizar su inscripción, por lo que, se deberá proceder con el registro
peticionado. Ahora bien, la autorización del registro del logo símbolo de la
coalición “PACTO HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE” implica la posibilidad
jurídica de desarrollar actividades de campaña derivadas del derecho a la
participación política tales como (i) la realización de propaganda electoral
conforme a los términos de ley y (ii) la erogación de los recursos económicos
destinados a la consolidación del mismo fin…
Concluyó que se probó que las coaliciones territoriales fueron autorizadas por
el Pacto Histórico para la utilización del logo, razón por la cual se validó por el
CNE su uso por aquella que integraron los partidos Unión Patriótica (UP) y
Comunista Colombiano, acto que se presume legal y no ha sido cuestionado
judicialmente.
Por otra parte, evidenció que el accionado para la Alcaldía de Florida fue
inscrito por el partido Alianza Democrática Amplia ADA y no figura en la tarjeta
electoral que hubiera usado el logo de la coalición Pacto Histórico, de tal suerte
que, a juicio del a quo, no se advierte la transgresión al artículo 35 de la Ley
1475 de 2011.
Además, que la colectividad ADA postuló al accionado de manera
independiente, no bajo la figura de una coalición ni en asociación con el Pacto
Histórico. Esta facultad de inscripción está permitida, conforme a los estatutos
del partido y a la Resolución 003 de 23 de mayo de 1999 «Por el cual se
reglamenta el otorgamiento de avales a quienes aspiren a participar en los
comicios territoriales a realizar el 29 de octubre de 2023, bajo la cobertura del
PARTIDO POLÍTICO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA A.D.A. y se dictan
otras disposiciones».
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En contraste, al analizar el acervo probatorio encontró que quien figura en la
tarjeta electoral de la Alcaldía de Florida, con el logo y nombre de la coalición
referida, es la candidata María Lorena Serrano Aguilar, por lo cual se cumplió
con la Resolución 7674 de 29 de agosto de 2023 del CNE.
Consideró que es errado por parte del demandante entender que un partido
político dotado de personería jurídica solo actúe y participe en los diferentes
comicios, bajo la sombra de la coalición Pacto Histórico, sin que pueda hacerlo
de manera independiente.
Menos en este caso, por cuanto para la Alcaldía de Florida, el PH se integró
apenas por las dos colectividades antes mencionadas, sin que el ADA se le
hubiera sumado. No por ello, la inscripción del demandado resulta irregular ni
el acto declaratorio de la elección nulo.
Esas fueron las razones para denegar las pretensiones de la demanda.
7. El recurso de apelación
El demandante controvirtió el fallo de primera instancia, pues insiste en que la
disconformidad está dada porque el accionado participó en la contienda
electoral usando el logo del partido Alianza Democrática Amplia ADA, sin
haber empleado alguna publicidad del Pacto Histórico.
Recalcó en que probatoriamente, conforme a lo acordado por las
colectividades que se unieron bajo el nombre Pacto Histórico, se obligaron a
participar, de manera conjunta, en las elecciones de 2023.
Al respecto, interpretó que a esas colectividades concurren conjuntamente a
la contienda electoral y a ellas pertenece «en común y proindiviso» la
propiedad del logotipo. Así mismo, reiteró que permitir el uso de ese distintivo
de forma separada en varios certámenes electorales puede generar confusión
a los electores.
En particular, destacó que el partido Alianza Democrática Amplia – A.D.A.
integró la coalición referida, por lo que no resulta razonable permitir que de
manera independiente hubiera inscrito candidato a la Alcaldía de Florida, para
el periodo 2024-2027.
8. Trámite de la apelación
Mediante auto de 25 de octubre de 2024, la magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca concedió la apelación interpuesta por el
demandante.
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Por auto de 20 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Quinta admitió el recurso en esta instancia y se ordenó el traslado para alegar
a las partes y al Ministerio Público, para emitir concepto.
8.2 . Alegatos de conclusión
8.2.1. La parte demandada
Acotó que los argumentos de la parte demandante en el escrito de
impugnación no son nuevos ni cuestionan el fallo, porque reitera los
argumentos de la demanda, dejando de lado los medios de prueba que se
recaudaron en el vocativo de la referencia.
Estas probanzas arrojan las siguientes conclusiones: i) María Lorena Serrano
Aguilar fue la ciudadana inscrita por la colación Pacto Histórico Colombia
Puede, para las justas electorales a la Alcaldía de Florida a celebrarse el 29
de octubre de 2023; ii) las colectividades integrantes de aquella fueron los
partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano; iii) la candidata
mencionada figuró en la tarjeta electoral con el logo de aquella, tal y como lo
autorizó el CNE, mediante Resolución 7674 de 29 de agosto de 2023; iv) el
demandado Dimas Antonio Martínez Toro fue inscrito para el mismo certamen,
pero de manera independiente, con el aval del partido ADA, con soporte en los
estatutos y la Resolución 003 de 23 de mayo de 2019; v) ADA no se sumó a
la alianza del Pacto Histórico a la alcaldía referida.
Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y solicitó confirmar
el fallo de primera instancia. Pidió condena en costas en segunda instancia,
por cuanto acusa al demandante de desgastar a la administración de justicia
con una demanda sin asidero jurídico.
8.2.2. La parte demandante
Reiteró los planteamientos del recurso de apelación.
9. Concepto del Ministerio Público
La señora procuradora séptima delegada ante la Sección Quinta del Consejo
de Estado solicitó confirmar la sentencia apelada. Consideró que el elegido no
tenía por qué emplear un emblema diferente al del partido Alianza Democrática
Amplia, comoquiera que fue esta colectividad quien le otorgó el aval. En
contraste, no le era permitido valerse del logo del Pacto Histórico Colombia
Puede, por cuanto, ADA no era parte de la coalición, de lo contrario habría
transgredido el artículo 5 de la Ley 130 de 1994, pues el acuerdo solo integró
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a los partidos de la Unión Patriótica y Comunista Colombiano.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
el demandante contra la sentencia de 30 de septiembre de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con los artículos 150 y 152, numeral 7, literal
a) de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del reglamento
de la corporación, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024.
2. Cuestión previa: la excepción de falta de legitimación en la causa
Aun cuando el Consejo Nacional Electoral propuso la excepción en comento,
el tribunal de primera instancia omitió pronunciarse sobre el particular. En
efecto, el a quo, en el auto de 26 de junio de 2024 decidió diferir la resolución
de esta defensa hasta la sentencia; sin embargo, no hizo manifestación
alguna.
Sea lo primero señalar que, conforme al artículo 139 del CPACA, que describe
el contencioso electoral, el objeto de esta acción recae sobre «los actos de
elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo
orden», razón por la cual, por tratarse de un acto particular y concreto que
otorga la condición de servidor público al designado, cuando se asume el
cargo, el elegido, nombrado o llamado a ocupar la curul es la persona que
funge como parte demandada, por ser la titular del derecho subjetivo emanado
del acto electoral y a quien se le causaría un perjuicio directo con relevancia
jurídica9, en caso de producirse la anulación.
Ahora bien, en relación con las entidades que integran la Organización
Electoral, entiéndase el Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional
del Estado Civil, en vigencia del Decreto 01 de 1984, la vinculación al proceso
de estos organismos resultaba facultativa para el juez electoral.
Actualmente, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, existe un mandato expreso,
según el cual, además de notificarse personalmente al elegido o nombrado,
debe hacerse lo propio con la entidad u organismo que expidió el acto o
intervino en su adopción, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 277
de este estatuto procesal.
9Garzón, J (2019). Proceso contencioso administrativo – fase escrita, fase oral. Bogotá.
Editorial Ibáñez, pg. 503-505.
10
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00118-01
Esta sección no ha escatimado argumentos para insistir en que lo preceptuado
en el artículo 277 del CPACA no es un imperativo formal, como se lee en el
siguiente antecedente jurisprudencial:
[E]l alcance de la relación jurídico-procesal de las entidades que conforman la
Organización Electoral en relación con los procesos electorales está
determinado por la naturaleza específica de los actos que se cuestionan y de
los cargos que se formulan en su contra. En efecto, esta Sala ha resaltado la
necesidad de determinar si la actuación de dichas autoridades en la formación
de los actos demandados es meramente formal o si, por el contrario, existe
conexidad directa entre sus competencias y la causal de nulidad alegada10.
Dentro de ese contexto, valga recordar que uno de los requisitos de la
demanda consiste en la identificación de las partes y sus representantes,
conforme las voces del artículo 162 del CPACA, exigencia que tiene como
propósito la debida integración del contradictorio tanto por activa como por
pasiva y la observancia de los derechos de defensa y contradicción. Este
vínculo deriva de un interés directo y no meramente general en el resultado
del proceso. De tal suerte, que la decisión pueda generar a la persona un
provecho o causarle un perjuicio con relevancia jurídica11.
Así las cosas, esta Sección ha precisado que la verificación de esa
circunstancia depende de «la relación intrínseca entre las actuaciones
desplegadas por la autoridad y las censuras que sustentan la pretensión
anulatoria»12. Por lo tanto, «será la correlación que encuentre el juzgador entre
los planteamientos que somete el demandante al debate judicial y el ejercicio
funcional de la entidad respectiva en relación con los vicios de nulidad
advertidos, la que permitirá determinar si debe o no vincularse al Consejo
Nacional Electoral…»13.
En cuanto a la excepción denominada falta de legitimación en la causa por
pasiva, se observa que la misma hace parte de las excepciones mixtas
consagradas en el numeral 3. ° del artículo 182A del CPACA.
De acuerdo con lo expuesto, este medio de defensa se configura, en el caso
de la generalidad de los medios de control que cuestionan la presunción de
legalidad del acto administrativo, cuando la entidad no es la autora del acto o
no intervino en su adopción.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de abril de 2021, Rad. 85001-23-33-
000-2019-00184-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Garzón, J (2019). Proceso contencioso administrativo – fase escrita, fase oral. Bogotá.
Editorial Ibáñez, pg. 503-505.
12 Auto de 24 de noviembre de 2022. Radicado 11001-03-28-000-2022-00241-00. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
13 Ibidem.
11
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Para el proceso de nulidad electoral acontece cuando el demandado no es el
designado y, eventualmente, cuando al citar a la autoridad o entidad, esta
resulta ajena a la relación jurídico-sustancial que se discute.
Acorde con lo anterior, no basta con verificar que la autoridad haya «expedido»
el acto o «intervenido» en su adopción, sino también se debe establecer la
relación directa de aquella frente a los cargos que se formulan. Dicho de otro
modo, tratándose del contencioso electoral, la legitimación en la causa supone
constatar la concurrente de un elemento formal, que es el referido a la
identificación de la entidad que expidió o intervino en la adopción del acto y un
elemento sustancial, que supone la relación intrínseca entre las actuaciones
desplegadas por la autoridad y las censuras que sustentan la pretensión
anulatoria.
Así las cosas, tratándose del Consejo Nacional Electoral, si bien, su vocación
de ser llamado al proceso no depende del tipo de causal que se alegue, la
procedencia de su invitación legal debe ser estudiada a la luz de los postulados
generales de la legitimación en la causa considerados en precedencia. De esta
forma, su vinculación dependerá del mayor o menor grado de conexidad que
tengan las censuras o irregularidades advertidas en la demanda con las
actuaciones que desplegó el citado órgano en el marco del proceso electoral14.
En suma, se recuerda que será la correlación citada entre: el debate
judicializado y el ejercicio funcional de la entidad y la conexidad con los vicios
de nulidad advertidos15, el presupuesto que permite determinar si debe o no
vincular al CNE, para que, si es del caso, asuma la defensa de su actuación;
reconozca o no la falencia endilgada o, en defecto de ambos, se atengan a la
decisión que pongan fin a la controversia.
Descendiendo al planteamiento de defensa en concreto, el CNE formuló la
excepción mixta de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
demanda no atribuye irregularidad o vicio en relación con sus funciones;
tampoco tuvo participación en la expedición del acto declaratorio de elección
ni le fue presentada solicitud de revocatoria de la inscripción por doble
militancia.
Al respecto, la sala considera pertinente recordar que, tratándose de la
determinación de la legitimación por pasiva del CNE, en el contencioso de
nulidad electoral, la tipología de la causal —subjetiva u objetiva— no
14 Véase auto de 27 de noviembre de 2019. Radicado 11001-03-28-000-2019-00024-00. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
15 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 6 de noviembre de 2014. Radicado 11001-03-
28-000-2014-00065-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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constituye parámetro para analizar este presupuesto procesal —como sí
acontece en el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil—.
Valga recordar que la demanda atribuye al accionado el incumplimiento a los
deberes del pacto de coalición, con respecto a la utilización del nombre y el
logo de esta y a la expedición irregular de la declaratoria de elección devenida
de una inscripción independiente de su candidatura por parte del ADA, alejado
del acuerdo inter colectividades denominado «Pacto Histórico Colombia
Puede», con transgresión a los artículos 516 de la Ley 30 de 1994 y 3517 de la
Ley 1475 de 2011.
Dentro de ese contexto normativo, el artículo 265 Superior consagra que
corresponde al CNE ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la
organización electoral; atribución en virtud de la cual, puede revocar la
inscripción de candidatos a elecciones populares, cuando cuente con plena
prueba de haberse configurado un hecho constitutivo de inhabilidad (num. 12).
El mismo CNE informó que no conoció de solicitud de revocatoria de
inscripción a la candidatura del alcalde de Florida en contra del señor Martínez
Toro.
En consecuencia, se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el CNE.
16 Artículo 5. Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos políticos son
propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional
Electoral. // Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política
reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente
de la de cualquier otro ya existente. // El nombre del partido o movimiento no podrá en forma
alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con
emblemas estatales. // En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o
movimiento sólo se podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o sigla, las
denominaciones suplementarias deberán ser autorizadas por el órgano del mismo que
señalen los estatutos. // Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán
el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registrados y las sedes
correspondientes.
17 Artículo 35. Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de
publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o
movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección
popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.
// La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público,
únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la
respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro
de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. // En la propaganda
electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados
ante el CNE por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos,
coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos
patrios, lo de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con
otros previamente registrados.
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3. Problema jurídico
En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera
instancia.
Con tal propósito, se analizarán las reglas para conformar coaliciones y se
explorará la posibilidad de variar su composición para diferentes elecciones y
el tema de los logos, símbolos y emblemas de las colectividades.
Finalmente, dentro de ese marco, se estudiará el caso concreto, a partir de la
normativa aplicable y las pruebas aportadas al expediente, a fin de resolver si
los argumentos planteados por el recurrente resultan de recibo para declarar
la nulidad del acto declaratorio de elección impugnado.
Valga recordar que la Sección Quinta se ha pronunciado en asuntos similares,
atinentes a la utilización del nombre y el logo de la coalición Pacto Histórico
Colombia Puede, en las sentencias de 23 de enero de 202518 y de 13 de
febrero siguiente19.
4. Reglas para conformar coaliciones
El margen de autonomía que detentan las organizaciones políticas las habilita
para unir esfuerzos con el fin de presentarse a las elecciones, a través de la
conformación de coaliciones.
De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge
«una forma asociativa de segundo nivel»20, que refleja los intereses de las
agrupaciones que la integran, en torno a una candidatura, unipersonal o de
lista, transversal a todas ellas.
La Sección Quinta ha caracterizado estas alianzas como un acto privado21,
que «contribuye a obtener mayores ventajas electorales»22. Por lo tanto, el
18 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicados: 25000-23-41-000-2024-00328-01.
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña. Demandados: ediles Junta Administradora Local
de Ciudad Bolívar (2024-2027) y 25000-23-41-000-2024-00334-01. Demandante: el mismo.
Demandados: ediles Junta Administradora Local de Tunjuelito. Ambas con ponencia de la
magistrada Gloria María Gómez Montoya.
19 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicado 25000-23-41-000-2024-00331-01.
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña. Demandados: ediles Junta Administradora Local
de San Cristóbal. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de abril
de 2018, Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 4 de febrero de 2021, Rad. 76001-23-33-000-
2020-00002-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de agosto de 2023, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00097-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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ejercicio de esta alternativa justifica un marco normativo que proteja y
materialice el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos, como se
explica a continuación:
El derecho de las agrupaciones políticas a coaligarse ha sido reconocido aun
antes de que la Constitución hiciera referencia al término coalición a través de
los actos legislativos 02 de 2002, 01 de 2009 y 2 de 2015, por ejemplo, en los
artículos 9 y 13 de Ley 130 de 1994. Empero, su constitucionalización ha
permitido que se afianzase como una alternativa de participación política para
el acceso a cargos de elección popular y, por consiguiente, que su regulación
constituya un asunto de especial interés para el legislador23.
De manera que, una vez adoptada la decisión que es reflejo de la voluntad
colectiva de coaligarse, los integrantes del pacto se sujetan a unas reglas
mínimas de existencia para su conformación y unas condiciones especiales
para la inscripción de sus candidatos, entre las cuales, se destacan las
siguientes:
• Pueden integrarse para inscribir candidatos únicos a cargos
uninominales24 y listas a corporaciones públicas de elección popular25.
• En el formulario de inscripción tienen que indicarse los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que
integren la coalición, y la filiación política de cada candidato26.
• Tratándose de listas a corporaciones, pueden participar partidos
políticos con personería jurídica y deben demostrar que, en las
elecciones anteriores de la respectiva circunscripción, no obtuvieron
entre ellos más del 15% de los votos válidos27.
• Las colectividades coaligadas deben suscribir un acuerdo de coalición
que contenga el «mecanismo mediante el cual se efectúa la
designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato
a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la
campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos
que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como
los sistemas de publicidad y auditoría interna [y] el mecanismo mediante
el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-
28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
24 Ley 1475 de 2011, artículo 29.
25 Constitución Política, artículo 262.
26 Ley 1475 de 2011, artículo 29, inciso tercero.
27 Sobre la interpretación del ingrediente de la norma, relativo a la «respectiva circunscripción»,
ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00086-00 (Acumulado), MP. Rocío Araújo Oñate.
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al elegido»28.
• Igualmente, adoptarán por este instrumento las reglas para «la
modificación de las listas y cumplimiento de la cuota de género», los
«[m]ecanismos por los que se define el tipo de lista (con o sin voto
preferente)», y «la presentación de informes de ingresos y gastos»29.
• Los responsables de la coalición deben registrar ante el Consejo
Nacional Electoral el nombre y el logo-símbolo que utilizarán en la
campaña30.
• El carácter vinculante del acuerdo de coalición impide que los
coaligados, ante la carencia de candidatos propios, inscriban o apoyen
a candidatos diferentes a los designados, so pena de revocatoria de la
inscripción o nulidad de la elección31.
Adicionalmente, las colectividades pueden incorporar autónomamente las
cláusulas que consideren indispensables en los acuerdos de coalición, en el
marco de sus estatutos y siempre que no sean abiertamente ilegales o
contrarias al interés general.
5. Los símbolos, logos y emblemas de las colectividades
Constituyen un aspecto importante de la cohesión del corporativo político, al
impactar en el ideario humano como factores de pertenencia, desde el punto
de vista positivo, porque permiten materializar el sentido de participar o militar
en determinada colectividad y, a su vez, posibilita diferenciarse de los demás,
marcando los límites de cada una y reforzando el ideológico político.
De antaño, la importancia del nombre y el símbolo ha sido reconocida por la
Corte Constitucional; así cuando se pronunció en revisión del entonces
proyecto que ley, en la sentencia C-08932 de 1994, entre otros, sobre la
constitucionalidad del artículo 5 de lo que hoy es la Ley 130 de 1994. En esa
oportunidad, hizo la siguiente disertación:
28 Ley 1475 de 2011, artículo 29, parágrafo 1º.
29 CNE, Resolución 2151 de 2019, «Por medio de la cual se dictan algunas medidas para la
implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas».
30 Ley 1475 de 2011, artículo 35. Además, Ley 130 de 1994, artículo 5º.
31 Ley 1475 de 2011, artículo 29, parágrafo 2. º.
32 Corte Constitucional. Sentencia de 3 de marzo de 1994. Expediente P.E.-004. Revisión
constitucional del proyecto de ley estatutaria N.º 11 de 1992 Cámara, 348 de 1993 Senado ‘por
la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre
su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones’. M.P. Eduardo
Cifuentes muñoz.
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2.2.7 El artículo 5 del proyecto reconoce un tipo especial de propiedad de los
partidos y movimientos sobre su nombre, color y el símbolo que registren en el
Consejo Nacional Electoral que no podrán ser usados por ninguna otra
organización. Las denominaciones políticas, de acuerdo con la disposición, no
podrán ser expresivas de antagonismos frente a naciones extranjeras, personas
o entidades, ni asimilarse fonética o gráficamente a los símbolos estatales.
Finalmente, se dispone que los organismos que se escindan del partido o
movimiento no podrán utilizar su denominación, su símbolo y sus sedes.
El ejercicio de la actividad política y la acción proselitista hacen necesario que las
organizaciones se identifiquen no solo ideológicamente, sino también asociando
su presencia a ciertos símbolos, denominaciones, formas y emblemas que
contribuyen a proyectar su imagen.
Estos instrumentos de recordación se integran como piezas importantes en el
lenguaje y comunicación de masas. Su sistemática utilización en los diferentes
eventos políticos convierte este instrumental en verdadero bien intangible del
partido cuyo valor de uso en el escenario político demanda su empleo exclusivo
por parte de la organización que lo ha creado y se sirve de él en la contienda
política, amén de que resulta decisivo para su propia cohesión y disciplina
internas.
Adicionalmente, la sana competencia que debe presidir la lucha política, la lealtad
y la buena fe de los actores que en ella participan, requieren que se proscriban las
prácticas en cuya virtud una formación política pretenda presentarse ante el
electorado o en cualquier foro usufructuando la simbología de otra organización o
de la nación. Esta manipulación, de otra parte, puede inducir a confusión al
ciudadano desprevenido y hacer que se equivoque en la adopción de sus
decisiones. No se descarta que en estas circunstancias puede verse incluso
comprometido el libre derecho al sufragio…
Y en época posterior, a propósito de la Ley 1475 de 2011, al revisar el proyecto
de ley estatutario, en la C-49033 de 2011, sobre el punto, la reflexión que la Corte
Constitucional hizo al analizar el artículo 35 sobre propaganda electoral y los
logos símbolos o emblemas partidistas, fue la lealtad política y la equidad entre
competidores. En efecto, en el fallo se lee lo siguiente:
Esta norma [se refiere al art. 35 ejusdem) se contrae a establecer algunas reglas
orientadas a propiciar claridad y lealtad en la identificación de los partidos,
movimientos y candidatos en el diseño de los mensajes publicitarios que se emiten
en el desarrollo de sus campañas electorales, mediante el uso de símbolos,
emblemas y logotipos diferenciados y previamente registrados ante el Consejo
Nacional Electoral. Una prescripción de esta naturaleza resulta compatible con las
funciones de vigilancia sobre publicidad que el artículo 265.6 de la Constitución
asigna al Consejo Nacional Electoral, a la vez que protege la equidad informativa
y la formación libre de la decisión del elector.
33 Sentencia de 23 de junio de 2011. Expediente PE-031. Revisión de constitucionalidad del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 Senado – 092/10 Cámara ‘por la cual se adoptan
reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los
procesos electorales y se dictan otras disposiciones’. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, para preservar
la equidad entre los competidores, se ha establecido derechos sobre ciertos
elementos de los partidos como los logos o símbolos, en otras palabras, "se
reconoce un tipo de propiedad especial a los partidos y movimientos políticos
sobre su nombre y símbolo, prohibiendo su uso a las demás organizaciones
políticas, con el fin de que se pueda identificar plenamente a cada partido y
movimiento, y el Estado pueda controlar las conductas de los partidos que lleven
a la confusión del electorado" [C-1153 de 2005].
En los antecedentes de esta Sala Electoral, citados en precedencia, este eje
temático se abordó desde los siguientes derroteros:
51. El logo y el símbolo que utilizan los partidos y movimientos políticos
constituyen signos distintivos que les permiten ser identificados por el
electorado y genera que puedan ser asociados con los ideales que defienden.
Igualmente, posibilitan diferenciarse de sus contendores en los distintos
certámenes electorales en los que participan.
52. Ahora bien, el artículo 5 de la Ley 130 de 1994 estableció las reglas sobre
el dominio de los nombres y símbolos que adoptan los partidos y movimientos
políticos, y determinó que su registro se debe adelantar ante el Consejo
Nacional Electoral.
53. Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 dispuso que en los
estatutos de las agrupaciones políticas se debía incluir la «denominación y
símbolos». Además, en el inciso tercero del artículo 35 de ese mismo
compendio normativo se advirtió que en la propaganda electoral solo podrán
utilizarse los signos, emblemas y logos que fueron registrados previamente
ante la autoridad electoral y no podrán incluir referencias a símbolos patrios,
de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión
con otros.
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que resulta sano para la
democracia contar con este tipo de herramientas reconocidas; que son objeto
de protección legal y estatutaria, ante la innegable capacidad de convergencia
de los colectivos políticos, como aglutinadores de la voluntad popular electoral,
tanto en el ejercicio del derecho al sufragio, como para en la gobernabilidad,
luego que sus inscritos resultan elegidos o designados.
6. Caso concreto
El demandante solicita que se revoque el fallo de 30 de septiembre de 2024,
que negó las pretensiones de la demanda. Con tal propósito, manifestó su
desacuerdo con dos ejes temáticos, a saber: (i) no es legalmente posible
integrar la coalición Pacto Histórico para la candidatura a la Alcaldía de Florida
(Valle de Cauca) sin todos los integrantes de aquella. De este argumento,
planteó una antinomia fáctica, comoquiera que, por una parte, indicó que el
accionado utilizó indebidamente el nombre y el logo de aquella y, por otra, que
no la usó, estando obligado a ello, precisamente porque la agrupación en la
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que milita es miembro integrante de aquella y (ii) no es permitido que una
colectividad pueda postular, de manera independiente, candidatos a las
elecciones locales, si ya había aceptado y decidido ser parte del acuerdo
político.
En esa línea argumentativa, alegó que la ley y las circulares políticas emitidas
por la coalición «Pacto Histórico Colombia Puede» obligaban a todos los
partidos que la conformaban a participar de forma conjunta en las elecciones.
En particular, destacó que el partido Alianza Democrática Amplia (ADA),
siendo miembro integrante de aquella, de manera contraria al pacto, inscribió
al accionado de forma independiente a las justas de la alcaldía y resultó
triunfador.
Además, adujo que el «logosímbolo» pertenece a las colectividades originales
«en común y proindiviso» y reiteró que permitir el uso de ese distintivo de forma
separada en varios certámenes electorales genera confusión a los electores.
Así planteado el debate, es necesario examinar las pruebas aportadas al
expediente, con relación a la inscripción de los demandados y los términos en
que fue conformada la mencionada coalición.
6.1. En primer lugar, reposa la Circular Electoral N. ° 1 del 2 de febrero de
2023, por la cual la Coordinación Política Nacional del Pacto Histórico impartió
lineamientos para las «coordinaciones territoriales», de cara a las elecciones
locales del 29 de octubre del mismo año, en la cual dispuso que «se mantiene
en todo el territorio nacional la coalición jurídica del Pacto Histórico que
avaló las listas al Congreso y a la Presidencia de la República, conformada por
los partidos fundacionales Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo
Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza
Democrática Amplia y Partido Comunista Colombiano» (destacado del
original).
El objetivo que relata la circular, es garantizar una organización unitaria que
fortalezca el triunfo, entre otras, en las alcaldías en todo el territorio nacional y
así, afianzar el respaldo al programa del cambio del Gobierno Nacional y al
proceso de transición que se requiere.
Dentro de los criterios generales para desarrollar el objetivo político propuesto,
están: i) mantener en todo el territorio nacional la coalición que avaló las listas
al congreso y a la presidencia de la República, es decir, aquella conformada
por los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático
Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza Democrática
Amplia y Partido Comunista Colombiano y se integra, entre otros, al
movimiento Fuerza por la Paz; ii) los partidos coaligados del PH no podrán
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otorgar avales por fuera de las listas de coalición o candidatos a cargos
uninominales distintos a aquellos definidos por la coalición; iii) «Si partidos
integrantes del PH, no siendo mayoría de la coalición, en algún municipio o
departamento deciden no participar de las candidaturas o listas oficiales del
Pacto y/o sus alianzas, este o estos no podrán hacer uso del nombre,
imagen, vocerías y representaciones del PH, que sí ejercerán la mayoría
de los partidos restantes coaligados».
Igualmente, dicho documento precisó que «[e]l comité político nacional definirá
y formalizará el ingreso de nuevos movimientos o partidos a la coalición». Así
mismo, indicó sobre los partidos que participarían en las coaliciones para los
comicios de 2023, lo siguiente:
En cada entidad territorial (Departamentos, municipios y Localidades-
Comunas) los comités del PH, con representación de las fuerzas políticas
que hagan presencia en dichos territorios serán los responsables de
conducir y decidir las candidaturas propias o en alianzas y tramitar ante
la Comisión la expedición de los avales, respetando el objetivo y los criterios
expuestos en el punto anterior (Resaltado del original).
6.2. Reposa también la Circular Política Electoral interna N.º 3, expedida el
7 de junio de 2023, por el Comité Político Nacional – Comisión Nacional
Electoral, con destino a sus homólogos municipales y departamentales.
Señaló que los partidos y movimientos integrantes de la coalición eran los
relacionados en la lista que se inserta a continuación:
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Adicionalmente, la circular en cita advirtió que, «[e]n los casos en los cuales
alguno o algunos de los partidos o movimientos políticos decidan ir por fuera
de la coalición Pacto Histórico, no podrán usar ni el logo ni el nombre de la
coalición». Así mismo, precisó que «[e]n caso de existir grupos de partidos,
que siendo integrantes del PH, tengan la pretensión de usar el logo y nombre
del PH, este uso deberá ser autorizado por el Comité Político Nacional» (Véase
numeral 7 de la circular).
6.3. En tercer lugar, reposan los formularios E-6 AL de 26 de julio de 2023 y
E-8 AL, que remitió al proceso el CNE, mediante oficio de 25 de julio de 2024,
para dar cumplimiento a requerimiento probatorio del a quo, en los que consta
que el accionado Dimas Antonio Martínez Toro fue inscrito para la Alcaldía de
Florida por el Movimiento Alianza Democrática Amplia – ADA.
Así mismo, con fecha 11 de julio de 2023, reposa el aval otorgado a dicho
aspirante por el representante legal de ADA, el señor Paulino Riascos Riascos.
6.4. Obra la Resolución 7674 de 29 de agosto de 2023 «por medio de la cual
se registra el logo símbolo de la coalición entre los partidos, PARTIDO UNIÓN
PATRIÓTICA ‘UP’ y PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, denominada
‘PACTO HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE’ que inscribió una candidata a la
Alcaldía de Florida del departamento del Valle, para las elecciones locales que
se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023, conforme el expediente CNE-E-
DG-2023-022953».
El CNE expuso que, conforme a la función especial que le asignan las Leyes
130 de 1994 (art. 5) y 1475 de 2011 (art. 35), atinente al registro de símbolos,
emblemas o logos de las colectividades, verificó que es viable acceder a las
solicitudes e impartir las siguientes órdenes:
ARTÍCULO PRIMERO. REGISTRAR el logo-símbolo de la coalición ‘PACTO
HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE’ conforme a la documentación remitida por la
Coordinadora Inscripción de Candidatos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y que inscribió a la ciudadana MARÍA LORENA SERRANO
AGUILAR como candidata a la Alcaldía de Florida del departamento del Valle,
para las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.
(…)
ARTÍCULO TERCERO. COMUNÍQUESE la presente Resolución por conducto
de la subsecretaria de esta Corporación, a los siguientes integrantes de la
coalición ‘PACTO HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE’.
(…)
AGRUPACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN LA COALICIÓN
Nombres Correo electrónico
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PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA ‘UP’ unionpatrioticanacional@gmail.com
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Partidocomunistacolombiano.nal@gmail.com
ARTÍCULO CUARTO. OFÍCIESE a la oficina de Inspección y Vigilancia del
Consejo Nacional Electoral para que realice el registro correspondiente.
ARTÍCULO QUINTO. COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la
oficina de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil a
través del correo electrónico logoselecciones2023@registraduria.gov.co, para
lo pertinente.
(…).
El logo símbolo registrado es el siguiente:
6.5. Obra respuesta del CNE a la petición de consulta que el hoy demandante
le había formulado el 8 de noviembre de 202334, (véase oficio CNE-OJ-2024-
0511 de 24 de julio de 2024).
De esta, resultan de interés para esta causa, los siguientes puntos: i) las
organizaciones políticas que decidan inscribir candidatos en coalición podrán
definir en el acuerdo respectivo, que es vinculante, qué logosímbolo adoptarán
y registrarlo ante el CNE para cada tipo de elección y para qué circunscripción
electoral, según el interés electoral que quieran lograr en los comicios; ii) en
algunas oportunidades puede coincidir un solo logo que se registra para ser
usado en la inscripción de candidatos uninominales o en listas para
corporaciones públicas en varias circunscripciones electorales
(departamentos o municipios), pero todo de conformidad con las reglas
pactadas y iii) revisado el archivo del CNE, informó que se revocaron
inscripciones de candidaturas de las elecciones 2023 por otras causales, pero
no por el tema de logo.
6.6. Se encuentra en el expediente, la imagen de la copia del boceto de la
tarjeta electoral definitiva para la Alcaldía de Floridablanca, elecciones del
29 de octubre de 2023, la cual fue remitida por el CNE, para dar respuesta al
requerimiento probatorio del a quo.
34 Relacionada en nota al pie 1.
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En la tarjeta electoral para los comicios de 29 de octubre de 2023, se observa,
en relación con las justas para la Alcaldía de Florida, lo siguiente: i) por la
coalición «Pacto Histórico Colombia Puede» figura la candidata María Lorena
Serrano Aguilar y ii) el accionado Dimas Antonio Martínez Toro usó
únicamente el nombre y logo del Movimiento Alianza Democrática – ADA. Con
ello se descarta que, el demandado haya hecho uso de los estandartes de la
referida coalición.
Por otra parte, respecto a si debía haberlos empleado y a la imposibilidad de
que hubiera sido inscrito, de manera independiente al PH, a partir de todo el
acervo probatorio reseñado, la Sala concluye que la coalición Pacto Histórico
ha continuado operando con posterioridad a las elecciones del presidente de
la República del año 2022, a las que alude el demandante como referente para
formular su cargo. Del mismo modo, se constata que sus órganos directivos
han impartido lineamientos específicos para la participación en certámenes
electorales posteriores, que son diferentes y autónomos.
En particular, para los comicios del 29 de octubre de 2023, admitieron
expresamente la conformación de coaliciones con diferente composición y
alcance, siempre que en ellas intervinieran las colectividades fundadoras,
quienes fueron autorizadas para utilizar el nombre y el logotipo de la coalición
en las respectivas campañas.
Para el caso concreto de la Alcaldía de Florida (Valle del Cauca), la coalición
estuvo integrada por dos organizaciones políticas fundacionales, todas ellas
reconocidas como parte del Pacto Histórico, a saber: i) la Unión Patriótica y ii)
el Partido Comunista Colombiano, sin que se les haya sumado el ADA.
En tales condiciones, no se observa la infracción a los artículos 5º de la Ley
130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011 que propone la parte actora. Por el
contrario, estas normas protegen la propiedad de los nombres y símbolos que
registren las organizaciones políticas, en el marco de su autonomía, con la
única limitación de distinguirse claramente de las que existan y no utilizar
símbolos patrios ni emblemas estatales, lo cual deberá ser verificado por el
Consejo Nacional Electoral.
Así las cosas, se recuerda que las coaliciones son alianzas que persiguen unir
esfuerzos para contribuir al triunfo electoral, limitadas solamente a los precisos
aspectos instrumentales que señala la ley y que permitan dar orden y equilibrio
a esta modalidad de participación democrática y las integrantes del acuerdo
para la Alcaldía de Florida, fueron dos en total, como se evidencia del
contenido de la Resolución 7674 de 29 de agosto de 2023, por lo cual la
situación mencionada resulta conforme al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
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En este punto, la Sala considera pertinente indicar que en el interrogatorio de
parte35 que ante el a quo, absolvió el señor demandante Harold Eduardo Sua
Montoya, expuso, de manera más clara, las razones que le llevaron a
demandar la elección del señor Dimas Martínez a la Alcaldía de Florida (Valle
del Cauca). En efecto, aunque reiteró los planteamientos de la demanda,
destacó, en forma principal, la confusión a la ciudadanía votante, en el
entendimiento de que el PH aglutina a todas las colectividades coaligadas,
entre ellas, al movimiento político ADA, razón por la cual siendo un integrante
de la coalición, este último no podía avalar a ningún otro aspirante y, menos
de manera independiente, porque se debía a la coalición y, esta, a su vez, no
podía concurrir con una candidata inscrita por ella, junto a los aspirantes
individuales postulados de manera autónoma por las colectividades
integrantes y pertenecientes a la coalición.
Reiteró que, está probado que el ADA es miembro integrante del pacto de
coalición del PH, así que se sorprende al electorado, al permitir la inscripción
y la participación concurrente en las justas electorales de aspirantes por
aquella y al mismo tiempo, de forma independiente, con candidatos de sus
miembros integrantes coaligados, como se predica del señor accionado. En
suma, los aspirantes deben ser inscritos por la coalición, como bloque político
devenido del acuerdo inter colectividades que implica que llegan a las justas
electorales de manera unísona.
En este punto, esta judicatura considera que la autonomía que el
ordenamiento jurídico reconoce a las organizaciones políticas, sumada a las
directrices expresas que se prueban para el caso específico de la coalición
Pacto Histórico, justifican que algunas colectividades hubiesen inscrito
candidatos propios, por fuera de dicha coalición, como aconteció con respecto
del accionado por parte de la inscripción de su candidatura por el movimiento
político ADA, como se observa con las documentales E-6 AL, E-8 AL, el aval
y la tarjeta electoral empleada para los comicios locales del 29 de octubre de
2023.
Frente al razonamiento anterior, se recuerda que esta Sala advirtió en caso
similar al que se decide en esta oportunidad, que «no constituye ninguna
irregularidad ni infringe disposición normativa alguna que las coaliciones
varíen según la aspiración electoral para la que se crean, bajo una misma
denominación e imagen, siempre que así lo hayan acordado las personas o
los órganos que los estatutos o las reglas internas adoptadas por las propias
colectividades identifiquen como competentes para ello»36.
35 Véase enlace al inicio de la audiencia de pruebas.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de agosto de 2024, Rad. 63001-23-33-
000-2023-00100-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Así mismo, se parte del hecho de que la coalición PH tuvo origen para las
elecciones presidenciales y congresales y, aunque se mantiene, no
necesariamente, deben extenderse a las territoriales, pues se trata de justas
diferentes tanto en el tiempo como en los cargos a proveer. Dentro de este
contexto, se recuerda que, al decidir tres demandas similares, la Sala concluyó
que «la unión de partidos y movimientos políticos para las elecciones de
congreso y presidencia puede ser diferente a la que se conforme para los
comicios territoriales, dada la naturaleza transitoria de las coaliciones y que el
ordenamiento jurídico no les asigna una vocación de permanencia»37.
Y se pone de presente que en esos antecedentes en cita (radicado 25000-23-
41-000-2024-00328-01), se explicó con suma claridad este punto:
70. Conviene precisar que las coaliciones que se conformaron para las
elecciones de congreso y presidencia del año 2022 pudieron variar para las que
se realizaron a nivel territorial en el año 2023, por cuanto esa unión de
movimientos y partidos es transitoria y tiene como objetivo aunar esfuerzos para
obtener una mayor votación en las urnas para el certamen en el que se
agruparon.
71. Es decir, el hecho de que se hubiera conformado una coalición en virtud de
la cual resultó electo el actual presidente de la República y varios senadores y
representantes a la Cámara en el año 2022, no implica que esa unión hubiera
perdurado en el tiempo y resultara vinculante para las elecciones territoriales
que se realizaron en el año 2023.
72. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia
del 8 de agosto de 202438, advirtió:
… Por lo tanto, contrario a lo que interpreta el demandante, no constituye
ninguna irregularidad ni infringe disposición normativa alguna que
las coaliciones varíen según la aspiración electoral para la que se
crean, bajo una misma denominación e imagen, siempre que así lo
hayan acordado las personas o los órganos que los estatutos o las
reglas internas adoptadas por las propias colectividades identifiquen
como competentes para ello.
En esa línea, se recuerda lo dicho previamente en esta providencia, en
cuanto a las coaliciones son alianzas que persiguen unir esfuerzos
para contribuir al triunfo electoral, limitadas solamente a los precisos
aspectos instrumentales que señala la ley y que permitan dar orden y
equilibrio a esta modalidad de participación democrática…
73. Así las cosas, no le asiste razón al demandante cuando afirma que el
material electoral era «contrario a la verdad» y generaba confusión en el
electorado, pues se reitera que el Pacto Histórico que se conformó para las
elecciones nacionales varió para las territoriales.
37 Sentencias de 23 de enero de 2025, Rad. 25000-23-41-000-2024-00328-01 y Rad. 25000-
23-41-000-2024-00334-01, MP. Gloria María Gómez Montoya y la mencionada en el pie de
página anterior.
38 Nota al pie 27. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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En ese orden de ideas, se concluye que el acto acusado no infringió las
disposiciones invocadas por la parte actora ni fue expedido de forma irregular,
en cuanto a la elección del demandado se refiere. Aunado a ello, la autonomía
partidista que, la Sala advierte consideraciones atrás, en pro de la dinámica
electoral, se ve materializada, incluso, por el sutil cambio de la nominación de
la coalición, comoquiera que al nombre Pacto Histórico se le agrega para las
elecciones que se debaten el título de PH Colombia Puede, que como se indicó
y se demostró, para estas justas territoriales de Florida (Valle del Cauca) fue
conformada por dos colectividades fundacionales de aquella: Unión Patriótica
y Partido Comunista Colombiano.
Se reitera, entonces, que es válido que se conformen varias coaliciones con
un mismo nombre y símbolo para inscribir candidatos a diferentes cargos y
corporaciones, siempre que así lo hayan acordado las agrupaciones
concernidas. Igualmente, también es viable que, de cara al ordenamiento
jurídico, aquellas agrupaciones que no desean hacer parte de una coalición
inscriban candidatos de forma individual, con su propio nombre y distintivo
registrado ante la autoridad electoral.
De modo que, ante la falta de prosperidad jurídica de los cargos que formuló
la parte actora, se confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones
de la demanda.
7. La solicitud de condena en costas
El accionado pidió la condena en costas en segunda instancia, indicando que
el demandante desgastó a la administración de justicia con una demanda
carente de asidero jurídico.
Al respecto, la sala considera que conforme al artículo 188 del CPACA, cuando
se trate de un proceso en los que se ventile el interés público, dicha condena
no es de recibo. En efecto, la norma en cita dispone:
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código General del Proceso.
Adicionado art. 47 Ley 2080/21. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Sin embargo, ante el inciso agregado por el legislador de 2021, que incluyó la
expresión omnicomprensiva de «En todo caso», lo cierto es que la supeditó al
caso específico de inexistencia de fundamento legal. Al respecto, la sala
encuentra que, en este caso, la demanda sí tiene sustento normativo,
comoquiera que se invocaron los artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la
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Ley 1475 de 2011 y que el argumento jurídico central, resultó del
cuestionamiento de la utilización del nombre y logo de la coalición del Pacto
Histórico por parte de los coaligados, lo cual permitió desarrollar el análisis
precedente, independientemente de que no hayan prosperado las censuras de
la alzada.
Por contera, ello evidencia que no se cumplen los elementos de la referida
condena en costas, desde los presupuestos previstos en el artículo 188 ib, lo
que impone denegar la solicitud de la parte accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en
la causa propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2024, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.
TERCERO. NEGAR la condena en costas formulada por la parte demandada.
CUARTO. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salvamento parcial del voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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