Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00088-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00088-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00088-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
17 de noviembre de 2022
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
Rad: 11001032800020220008800
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00088-00
Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandado: ERNESTO GABRIEL PARRADO DURÁN, REPRESENTANTE
A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL META,
PERIODO 2022-2026
Temas: Requisitos para la coalición de partidos políticos a
corporaciones públicas. Artículo 262 de la Constitución Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la demanda presentada por el señor José Manuel
Abuchaibe Escolar, en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, contra la elección del señor Ernesto Gabriel
Parrado Durán como representante a la Cámara por la Circunscripción del Meta.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El actor solicitó puntualmente lo siguiente:
“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE META
contenido en el documento E-26 CAM de fecha 20 de marzo de 2022.
SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se
excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo general de votos contenidos en
el E-26, de acuerdo con las acusaciones que vamos a exponer en el presente escrito.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un nuevo
escrutinio de los votos depositados en el Departamento de Putumayo (sic) en las
elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE REPRESENTANTES
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
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CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE META, periodo 2022 - 2026, escrutinio que
deberá practicarse con base únicamente en los registros que no se declaren
afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé lugar esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios,
se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva declaración de
elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
DE META, periodo 2022 - 2026, se ordene expedir y efectivamente se expidan las
nuevas credenciales de Representantes a la Cámara por esa circunscripción territorial
para el periodo citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior
novedad al Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor
Registrador Nacional del Estado Civil y a sus delegados para el Departamento del
Meta, al señor Ministro del Interior, al señor Gobernador del Departamento del Meta,
y al señor Presidente del Tribunal Administrativo del mismo Departamento”.
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
Anotó que el 13 de marzo de 2022 tuvieron lugar, en los distintos departamentos
del país, las elecciones populares para elegir los integrantes de la Cámara de
Representantes para el periodo constitucional 2022-2026.
Indicó que la Comisión Escrutadora General, mediante el documento denominado
E-26 CAM, de fecha 20 de marzo del 2022, declaró elegidos a Juan Diego Muñoz
Cabrera y Ernesto Gabriel Parrado Durán.
Sostuvo que el ciudadano Ernesto Gabriel Parrado Durán fue inscrito por el Pacto
Histórico, que es un acuerdo de coalición programática y política entre los partidos
y movimientos de izquierda Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza
Democrática Amplia-ADA-, Movimiento Político Colombia Humana, el Movimiento
Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista
Colombiano -PCC- para inscribir lista de candidatos(as) a la Cámara de
Representantes por la circunscripción territorial del Meta, para las elecciones del 13
de marzo de 2022 período constitucional 2022-2026.
Precisó que, en cuanto a las coaliciones para presentar listas de candidatos para
corporaciones públicas, el constituyente otorgó al legislador el deber de regular
aspectos propios de su funcionamiento. No obstante, afirmó, también previó en el
artículo 262 los requisitos y presupuestos esenciales para las coaliciones, los cuales
enunció así:
1. Prevé como titulares del derecho a coaligarse a los partidos y movimientos
políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
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3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados,
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.
Enfatizó que de acuerdo con lo anterior, para la solicitud de la inscripción de lista de
candidatos y constancia de aceptación de candidaturas presentada por las
coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, se debe
tener en cuenta, conforme con la norma constitucional antes referida, que “[l]os
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas” (Artículo 262 de la Constitución Política – Modificado por el Inciso 4°
Artículo 20 Acto Legislativo 02 de 2015).
Expuso que en la coalición del Pacto Histórico se incluyó al movimiento político
Colombia Humana. Que para ser parte de esa coalición debía tener personería
jurídica, la que obtuvo mediante sentencia SU-316 de 21 de la Corte Constitucional
por su participación en los comicios para la elección de presidente y vicepresidente
de la República para el periodo constitucional 2018 – 2022 y sin haber participado
en las elecciones del Congreso. Pese a ello, en el formulario de inscripción de la
colación del Pacto Histórico para los candidatos a la Cámara de Representantes por
el Meta, incluyeron al movimiento en comento con cero (0) votos.
Explicó que la personería que obtuvo Colombia Humana sobre el 3 % de los votos
emitidos válidamente en las elecciones de presidente y vicepresidente de la
República sin haber participado en las elecciones del Congreso, sugiere que los
votos a tener en cuenta, para efectos de la colación, son los obtenidos en esas
elecciones en las que participó y de la cual se deriva su personería jurídica, votación
que no le permitía ser parte de esa coalición denominada Pacto Histórico, pues
Colombia Humana superaría ampliamente el porcentaje del 15% de los votos
válidos obtenidos.
Precisó que lo anterior es así, si se tiene en cuenta que en una interpretación
expansiva del principio democrático, la Corte Constitucional ordenó el
reconocimiento de la personería jurídica dicho movimiento político y sostuvo que las
curules que se otorgan al perdedor en los comicios presidenciales son un "mandato
representativo" que permite a esa fórmula derrotada integrarse a la bancada de su
partido, si ella existiere. Así, de esa forma podría participar en el ejercicio de la
oposición política, de manera que consolide una alternativa de poder. Es decir,
"permite que las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren
representadas”, teniendo en cuenta, además, que el máximo órgano constitucional
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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encontró que el entonces candidato Gustavo Petro Urrego obtuvo un respaldo
ciudadano significativo que superó los ocho (8) millones de votos.
Precisó que, en consecuencia, los votos que obtuvo el movimiento político Colombia
Humana en las elecciones presidenciales del 2018 deben computarse para efectos
de acreditar los requisitos para la conformación de las coaliciones, previstos en el
artículo 262 constitucional, ya sea en circunscripción nacional o territorial. Ello, en
consideración a que las coaliciones para congreso surgen como garantía para las
minorías, con el fin de que tengan las mismas oportunidades y se amplíe la oferta
democrática.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sobre este particular, el demandante refirió la causal genérica del artículo 137 del
CPACA, referente a la infracción de las normas en que debía fundarse el acto.
Particularmente, sostuvo que se desconoció el inciso 5 del artículo 262 de la
Constitución Política, toda vez que el Pacto Histórico, que inscribió al señor Ernesto
Gabriel Parrado Durán a la Cámara de Representantes por la circunscripción del
Meta, incluyó en dicho acuerdo al movimiento Colombia Humana, que no cumplía
con los requisitos para efectos de la coalición.
Aseguró que el Pacto Histórico inscribió la candidatura del demandado, con
fundamento en una colación que no cumplía los presupuestos constitucionales
exigidos, pues Colombia Humana se suscribió con cero (0) votos en la coalición,
pese a que, en las elecciones presidenciales de 2018, superó los 8 millones de
votos.
Argumentó que la Corte Constitucional en la sentencia en la que se ordenó el
reconocimiento de la personería jurídica del referido movimiento, asimiló las
elecciones presidenciales en la que participó aquel, a las del Congreso y así pudo
verificar el 3% de la votación para efectos del umbral que prevé el artículo 108
constitucional y, en consecuencia, ordenó al Consejo Nacional Electoral otorgarle
personería.
Destacó que Colombia Humana en el departamento del Meta obtuvo una votación
de 131.607 de un total de 396.817 en las elecciones presidenciales del 2018 lo que
supera ampliamente el 15% que establece la norma constitucional. De modo que,
afirmó, por todos los aspectos analizados, esa agrupación no podía conformar una
coalición de minorías como lo era el Pacto Histórico, ni inscribir listas de candidatos
para la Cámara de Representantes en el departamento del Meta, como ocurrió. Por
lo tanto, la elección del demandado debe anularse.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
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2. Contestaciones
2.1. Demandado
El apoderado del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara
por el departamento del Meta, contestó la demanda en los siguientes términos:
Señaló que la interpretación que hace el actor de la sentencia SU-316 de 2021 es
extensiva e inaceptable, por cuanto dicho pronunciamiento de la Corte
Constitucional jamás analizó los requisitos para conformar las coaliciones con
fundamento en los presupuestos del artículo 262 de la Carta Política. Lo que el
demandante pretende es tener en cuenta los votos obtenidos en la segunda vuelta
presidencial del año 2018 por Gustavo Petro, para efectos de las elecciones al
Congreso celebradas en el 2022 y que se declare que el movimiento político
Colombia Humana obtuvo 131.607 votos a la cámara de representantes por el
departamento del Meta, interpretación a todas luces errada, valiéndose de la
transcripción de párrafos aislados de la providencia en comento.
Explicó que una de las herramientas esenciales del “Acuerdo de Paz de La Habana”
son los mecanismos para hacer real la democracia y permitir el pluralismo político,
como medio para resolver pacíficamente los conflictos sociales. En cumplimiento de
lo anterior, se profirió el Acto Legislativo 02 de 2015 sobre el “equilibrio de poderes”,
que en su artículo 1 adicionó los incisos 4, 5 y 6 al artículo 112 de la C.P., ordenando
que los integrantes de la fórmula presidente- vicepresidente que siga en votos a la
ganadora, tendrán derecho a ocupar una curul en el Senado y a la Cámara de
Representantes, respectivamente.
Comentó que la Ley Estatutaria 1909 de 2018 “estatuto de oposición política”
también contempla que dicha fórmula puede declararse y ejercer de forma efectiva
el derecho fundamental a la oposición. No obstante, para ello el partido o
movimiento del que hacen parte debe tener personería jurídica.
Anotó que el 11 de diciembre de 2017, el entonces candidato Gustavo Francisco
Petro Urrego, con los demás miembros del comité inscriptor del grupo significativo
de ciudadanos (GSC) Colombia Humana, presentaron a la Registraduría Nacional
del Estado Civil 850.000 firmas ciudadanas que avalaban su candidatura a la
Presidencia de la República periodo 2018-2022. El 16 de marzo de 2018 fue inscrita
la fórmula de Gustavo Petro, como candidato a presidente y Ángela María Robledo
Gómez, como candidata a la vicepresidencia. Dicha inscripción se realizó en
coalición con el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS – bajo la
denominación “Petro presidente”.
Sostuvo que el 27 de mayo de 2018 se llevó a cabo la primera vuelta de las
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elecciones presidenciales, de la cual pasaron a la segunda los candidatos a la
presidencia, Gustavo Petro e Iván Duque. El 17 de junio de 2018 resultó electo como
presidente de la República el señor Iván Duque. En cumplimiento de lo previsto en
el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2015 y 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, se expidieron las credenciales como senador y representante a la Cámara a
Gustavo Petro y Ángela María Robledo Gómez, respectivamente.
Resaltó que el señor Gustavo Petro se declaró en oposición al gobierno de Iván
Duque. Pese a lo anterior, mediante Resolución 2640 del 30 de agosto de 2018 el
Consejo Nacional Electoral negó la personería jurídica al movimiento Colombia
Humana, precisamente por no haber presentado candidatos a las elecciones al
Congreso y, por lo tanto, no contar con el mínimo de votos que exige el artículo 108
de la C.P para acceder a esa prerrogativa. También negó la declaración de
oposición política al Gobierno, en razón a que el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018 condiciona dicha facultad a que quienes resulten elegidos con la
fórmula de la segunda votación más alta realicen la inscripción junto con la
organización política a la que pertenecen.
Relató que mediante Resolución 3081 del 6 de diciembre de 2018, el CNE resolvió
los recursos interpuestos contra la Resolución 2640 y revocó la misma, por violación
al debido proceso. El entonces senador Gustavo Petro Urrego, en calidad de
representante legal provisional de Colombia Humana, presentó nuevamente
solicitud de reconocimiento de personería jurídica ante el Consejo Nacional
Electoral. Finalmente, mediante Resolución 3231 del 31 de diciembre de 2018 el
CNE resolvió la solicitud radicada por el senador Petro Urrego, reiterando los
argumentos ya expresados. Contra el anterior acto administrativo, el entonces
senador Gustavo Petro presentó acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales y de su movimiento a la participación política, a la democracia y a
ejercer la oposición política, entre otros. La acción correspondió en primera instancia
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, órgano que negó el amparo. Y en
impugnación ante el Consejo de Estado- Sección Tercera, que confirmó la decisión
del a quo.
Indicó que la Corte Constitucional seleccionó la tutela en cuestión para revisión y
mediante sentencia SU-316 de 2021, M.P. Alejandro Linares Castillo, ordenó:
“Tutelar el derecho fundamental a la oposición política en los términos del artículo 112 de
la Constitución del movimiento político Colombia Humana, así como del senador Gustavo
Francisco Petro Urrego en su calidad de titular de la curul a la que se refiere esta
disposición. - Dejar sin efecto la Resolución No. 3231 de 2018 del CNE y ORDENAR a
dicha autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político Colombia Humana”.
Narró que, según la Corte en dicha providencia, existía un vacío normativo para
resolver el caso. Por lo cual, mediante una comprensión expansiva del principio
democrático y una interpretación sistemática-finalista de los arts. 108 y 112 de la
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Constitución, concluyó que se debía reconocer personería a Colombia Humana,
para garantizar el pleno derecho fundamental a la oposición y el respeto por la
representación política de las personas que apoyaron dicha alternativa. El fallo -
afirmó- fijó las siguientes reglas jurisprudenciales que debe cumplir una agrupación
en esas mismas condiciones para obtener la personería:
• Obtener el segundo lugar en los comicios presidenciales.
• Que al menos uno de los candidatos de la fórmula acepte una de las curules al
Congreso (art. 1 del acto legislativo 02 de 2015 y 24 ley 1909 de 2018).
• Que se declaren en oposición.
• Que hayan obtenido como mínimo el 3% del total de votos emitidos para las
elecciones a presidente.
Sobre el último punto, comentó que el actor descontextualiza la sentencia de la
Corte Constitucional para fundamentar su pretensión. Sin embargo, sustentó que el
fallo es claro al determinar que ese factor (del 3% del total de los votos obtenidos)
está exclusivamente dirigido a garantizar la representatividad del movimiento, como
regla jurisprudencial para otorgarle la personería jurídica, tomando de forma
analógica el porcentaje de votación que la Constitución considera significativo.
Además -sostuvo- la Corte de forma expresa indicó que su decisión es aplicable
solo al caso bajo estudio y no a situaciones análogas, ni a otros niveles del gobierno,
lo que evita que se pretenda descontextualizar la decisión, como pretende el actor.
Arguyó que de la providencia de la Corte Constitucional no es posible derivar que
los votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial del año 2018 por Colombia
Humana deban tenerse en cuenta para futuras coaliciones al Congreso, porque la
sentencia no se refirió al tema de las coaliciones políticas, ni extendió sus efectos
en los términos que aduce el demandante, al contrario, los limita exclusivamente al
caso tratado.
Sustentó que la coalición Pacto Histórico fue integrada por agrupaciones políticas
mediante acuerdo del 10 diciembre de 2021, las cuales obtuvieron las siguientes
votaciones a las elecciones a la Cámara de Representantes adelantadas en el Meta
el 11 de marzo de 2018:
-Polo Democrático Alternativo - PDA: con cero votos.
-La Unión Patriótica -UP: con una votación de 4.727.
-Alianza Democrática Amplia-ADA: con cero votos.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
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-Partido Comunista Colombiano -PCC: con cero votos.
-Movimiento Político Colombia Humana: con cero votos.
-Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-: con cero votos.
Mencionó que, de acuerdo con lo anterior, se obtuvieron un total de 4.727 votos por
la coalición. Ahora bien, precisó que, si se tiene en cuenta que el total de votos
válidos a la Cámara por el departamento del Meta del 2018 fueron 266.269, los
integrantes del Pacto Histórico en conjunto ni siquiera obtuvieron el 2% del total de
la votación total de la circunscripción. Razón por la cual -sostuvo- se trata de un
grupo de partidos y movimientos minoritarios para el momento de su integración,
que siempre han representado posiciones políticas de izquierda sin obtener
espacios importantes en el Gobierno Nacional.
Agregó que es precisamente para este tipo de agrupaciones, que son expresión
directa del pluralismo político, que la Constitución garantiza el derecho fundamental
a establecer coaliciones, como estrategia solidaria que les permita participar en
política con representación en las corporaciones públicas. Así mismo – mencionó-
es un hecho aceptado por el mismo demandante que el “Movimiento Político
Colombia Humana” no presentó candidatos a las elecciones legislativas de 2018,
por eso en el E-6CT se registró que obtuvo cero (0) votos. Por lo tanto -indicó- se
puede demostrar con claridad que la coalición Pacto Histórico se conformó con
absoluto respeto por la Constitución y la ley.
Aclaró que, de cualquier forma, el actor pretende que se hagan extensivas unas
cifras de una votación depositada en la circunscripción nacional (elección del
presidente(a) y vicepresidente(a) de la Republica del año 2018) a una conformación
de una coalición para una elección de la Cámara de Representantes por el Meta,
que corresponde a una circunscripción territorial o departamental.
Concluyó que queda claro que lo consignado en el formulario E-6CT de inscripción
de la lista a la Cámara de Representantes por el Meta por la coalición Pacto
Histórico está completamente apegado a la realidad, pues el movimiento Colombia
Humana, no participó en las elecciones legislativas de Colombia 2018-2022. En
consecuencia, la conformación de la coalición se llevó a cabo respetando lo
ordenado en el inciso quinto del artículo 262 de la C.P., lo que hace infundados
todos los cargos de nulidad invocados en la demanda.
2.2. Consejo Nacional Electoral
La autoridad, mediante apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos:
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Afirmó que, bajo la causal de nulidad invocada por el actor, es claro que la legalidad
del acto de elección del representante a la Cámara por el departamento del Meta
se mantiene incólume, y los cargos deprecados por el demandante, a la fecha, no
tienen vocación de prosperar dado que la configuración de coaliciones está regulada
normativamente y no fue objeto de reclamaciones.
3. Actuación procesal
Mediante auto del 23 de mayo de 2022 se admitió la demanda y se ordenó la
notificación personal de dicha providencia al demandado y demás interesados en
los términos del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Asimismo, se hicieron las siguientes precisiones:
1. La causal bajo la cual se tramitará la demanda de la referencia obedece a la
infracción de normas superiores del artículo 137 del CPACA. Aun cuando en
la demanda como en la subsanación también se invocan las causales del
numeral 3 y 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, aquellas no se
sustentaron correctamente y, de cualquier forma, no es posible acumular
causales de nulidad de tipo objetivo y subjetivo. En todo caso, se precisa que
los argumentos invocados en el escrito de demanda serán estudiados bajo
la causal indicada, esto es, la genérica del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011.
2. El demandado en este asunto es el candidato que resultó electo a la Cámara
de Representantes por el departamento del Meta, por la coalición del Pacto
Histórico, toda vez que la infracción de norma superior que se alega, se
predica de la referida coalición que avaló su candidatura. Ello sin perjuicio de
que los candidatos que resultaron electos por los demás partidos a la Cámara
de Representantes por el departamento del Meta, o cualquier otro candidato
que aspiraba a dicha circunscripción, puedan intervenir como terceros debido
al interés que podrían llegar a tener en el resultado del proceso, en
consideración a que, de prosperar la demanda, podrían ordenarse nuevos
escrutinios.
El 28 de junio de 2022 fue contestada la demanda por el representante acusado y
por el Consejo Nacional Electoral.
A través de proveído del 26 de agosto de 2022, el despacho sustanciador advirtió
que en este caso es posible dictar sentencia anticipada de conformidad con lo
establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Ello en
consideración a que la excepción propuesta por el Consejo Nacional Electoral,
relativa a la falta de legitimación en la causa por pasiva, no prosperó, y a que no
había más excepciones que resolver, con la salvedad de que las propuestas por el
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apoderado del demandado son de mérito o fondo y por ende, serían resueltas en la
sentencia. Además, revisado el escrito de demanda y las contestaciones se
evidenció que las partes se limitaron a aportar pruebas documentales, sin que sobre
aquellas se haya formulado tacha o desconocimiento, razón por la cual, se
configuraba la causal c) del numeral 1 del artículo 182A referido para dictar
sentencia anticipada dentro del presente asunto. También se podía aplicar el literal
d) de la norma en comento, en tanto que, solo se advirtieron algunas solicitudes
probatorias por parte del demandante, las cuales se negaron por no resultar
necesarias ni pertinentes, puesto que aquellas ya se encontraban en el expediente.
Por lo anterior, en la providencia mencionada, el despacho procedió a decretar las
pruebas documentales aportadas y a fijar el litigio en los siguientes términos:
“Con base en los argumentos esbozados en la demanda y sus contestaciones,
se advierte que en este caso se debe establecer si hay lugar a declarar o no la
nulidad de la elección del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán como
representante a la Cámara por el departamento del Meta, contenida en el
formulario E-26 CAM del 20 de marzo de 2022, declarada por el Consejo
Nacional Electoral.
Para el efecto se debe determinar si la elección demandada incurrió en la causal
de infracción de norma superior y expedición irregular. Para ello, deberá
constatarse si el señor Parrado Durán quien resultó electo, se inscribió para la
circunscripción del Meta de la Cámara de Representantes, por una lista de
coalición denominada “Pacto Histórico”, sin que aquella reuniera los requisitos
legales y constitucionales, toda vez que el Movimiento Político Colombia
Humana, que hace parte de dicha coalición, superaba el porcentaje fijado por
el artículo 262 de la Constitución Política para la conformación de coaliciones
por “…haber sido reconocido como un partido político con más de 8 millones de
votos (partido mayoritario)”. Además, según lo afirmó el demandante, para la
inscripción de la coalición se sumaron cero (0) votos del partido “Colombia
Humana”, lo que refirió como “producto de un engaño, lo que impide que
candidatos que sí cumplían con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”.
De modo que, deberá establecerse si la infracción alegada tiene la virtualidad
de invalidar los sufragios computados a favor de los candidatos del Pacto
Histórico para la elección de representantes a la Cámara por el departamento
del Meta, en particular del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán”.
Por último, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de
conclusión por el término común de diez (10) días, dentro del cual la señora agente
del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
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4. Alegatos de conclusión
4.1. Parte demandante
Efectuó un recuento de las actuaciones surtidas a lo largo del proceso para resaltar
las pruebas que fueron decretadas y que obran en el expediente, la fijación del litigio
y los argumentos que, conforme a la demanda, demuestran el desconocimiento del
artículo 262 de la Constitución Política.
Solicitó que este asunto fuera avocado por la Sala Plena Contenciosa por
importancia jurídica y para efectos de sentar jurisprudencia.
4.2. Parte demandada
Reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda y precisó que
no hay lugar a la interpretación extensiva propuesta por la parte actora, de la
sentencia SU-316 de 2021, con el objeto de que se apliquen los votos obtenidos por
la Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial del año 2018, para efectos
de verificar requisitos de la coalición previstos en el artículo 262 de la Constitución.
4.3. Consejo Nacional Electoral
Sustentó que, con relación a la no participación en la elección de Congreso de la
República inmediatamente anterior (año 2018), el inciso 5° del artículo 262
constitucional es claro. Por lo tanto, no debe soportar otras interpretaciones distintas
a las ya fijadas por la jurisprudencia y la Organización Electoral, en el sentido de
exigir, únicamente, que los partidos coaligados que inscriben la lista a la corporación
pública de elección popular cuenten con personería jurídica y que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva circunscripción.
Anotó que, en consecuencia, a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que surjan por la figura de la escisión o por providencia judicial o decisión
administrativa y que pretendan coaligarse conforme a la citada norma, no se les
contabilizará voto alguno al no haber participado en las elecciones inmediatamente
anteriores, como ocurre en el caso del movimiento político Colombia Humana dentro
de la coalición Pacto Histórico.
5. Concepto del Ministerio Público.
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en los
siguientes términos:
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Sostuvo que el problema jurídico que debe resolverse, conforme con la fijación del
litigio, necesariamente conduce a determinar el tipo de elecciones que se deben
tener en cuenta para determinar el valor porcentual del 15% al que se refiere el
artículo 262 constitucional para la conformación de coaliciones. Para ello -afirmó-
es imperativo realizar un análisis de la proposición normativa desde los “métodos
de interpretación constitucional en Colombia”; esto es, el criterio histórico y original,
los modelos sistemático y exegético -desde la proposición jurídica- y el teleológico
o finalista.
Señaló que, si bien el criterio histórico como herramienta hermenéutica resulta
limitado por la fragmentación de lo expuesto en los textos que dan fe de la secuencia
de los debates del Acto Legislativo 02 de 2015, también es claro que permite
establecer algunos elementos sobre la construcción de la disposición constitucional
objeto de análisis.
Agregó que uno de los criterios de mayor fortaleza interpretativa que aparece en el
contexto de aprobación del inciso en controversia, tuvo lugar en el segundo debate
cuya permanencia estuvo hasta la quinta discusión, de los ocho que debían surtirse,
esto es, que “[l]os Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido una votación de no menos del quince por ciento (15%) de los votos válidos
de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas. Si obtienen los votos a Senado o Cámara de Representantes
previstos en el artículo 108 ambos mantendrán sus personerías, pero la votación se dividirá
en partes iguales a efectos de determinar la financiación estatal de su funcionamiento, el
anticipo de financiación de campañas electorales y el acceso a espacios en medios de
comunicación”.
Destacó que de lo anterior se puede colegir que el legislador en su calidad de
constituyente pretendió que las votaciones que condicionaran la conformación de
coaliciones fueran las de Congreso de la República. Esto es lo pertinente y
particular, tanto para las circunscripciones de la Cámara de Representantes como
de la circunscripción nacional, propio del Senado de la República. No en vano en
su momento relacionó las votaciones con el mantenimiento y adquisición de
personería jurídica de los partidos y movimientos políticos en los términos del
artículo 108 constitucional.
Argumentó que, de acuerdo con el criterio exegético y sistemático, se tiene que el
inciso 5º del artículo 262 de la Carta Política consagra dos aspectos distintos e
independientes en materia de coaliciones, por cuanto, por un lado, le impone al
legislador el deber de regular asuntos propios del funcionamiento de las coaliciones
y, por el otro, de manera autónoma e independiente consagra el derecho a presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo condiciones
específicas, siendo ellas: (i) que se trate de partidos y movimientos políticos con
personería jurídica al momento de las elecciones, (ii) que sumados hayan obtenido
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una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos, (iii) que esos
votos se hayan obtenido en la respectiva circunscripción en la que van a presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, (iv) que las votaciones
para tener en cuenta el 15% se hayan presentado para elegir miembros de
corporaciones públicas, no así, las provenientes de cargos uninominales.
Precisó que, conforme con el criterio finalista, la propuesta de coalición se generó
bajo el argumento de que la medida aplicaría únicamente a movimientos y partidos
políticos pequeños, con el propósito de permitirles aunar esfuerzos para lograr
superar el umbral requerido y, así, acceder como mínimo a una curul en su
respectiva circunscripción. Lo que se interpreta bajo la idea de robustecer el
principio de soberanía popular y, por ende, ampliar y profundizar el abanico
democrático mediante la representación del mayor número de sectores de la
sociedad.
Mencionó que, por lo anterior, no se puede interpretar que la votación exigida de
hasta el 15% para conformación de coaliciones de las votaciones anteriores recaiga
sobre lo decidido en la contienda presidencial, por cuanto los sufragios que surgen
de allí no se compadecen con las minorías políticas en el marco de un régimen
presidencialista. En digresión, las minorías se ven reflejadas en el Congreso de la
República.
Sustentó que, mientras el Acto Legislativo 02 de 2015 en relación con el artículo
262, inciso 5 constitucional, tuvo como propósito la protección de las minorías
políticas con la conformación de coaliciones y la garantía de la personería jurídica
a partir de los votos obtenidos en las votaciones para Senado y Cámara de
Representantes; la valoración de la concesión de personería jurídica de la segunda
votación en las presidenciales partió de la base cierta de generar derechos, tales
como la oposición política y la garantía para las personas derrotadas de estar
representadas. Esto, en un escenario de representación en el Congreso de las ideas
políticas que, aunque derrotadas, recibieron un apoyo significativo de ciudadanos
en ejercicio de su derecho a la participación política.
Apuntó que, en el marco de una interpretación original, sistemática, exegética y
finalista, se advierte que la referida norma constitucional, en cuanto a las
condiciones específicas, se refiere al desarrollo de las elecciones para ocupar
corporaciones públicas, por lo que el 15% del que trata esa disposición se tuvo que
haber obtenido en las elecciones previas para elegir a miembros de los colectivos
deliberantes en relación con la circunscripción a la que se aspira con la respectiva
coalición; esto es, Senado de la República y Cámara de Representantes, mas no,
en las votaciones a cargos uninominales.
Concluyó que la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos y movimientos
que conformaron la coalición Pacto Histórico y que participaron en las elecciones
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para la Cámara de Representantes, año 2018, no sobrepasaron el 15% de los votos
válidos de esa circunscripción, cumpliendo a cabalidad con el requisito cuantitativo
exigido en el inciso 5 del artículo 262 constitucional para hacer coaliciones.
En suma, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
6. Auto que no avoca conocimiento – Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo
Mediante providencia del 18 de octubre de 2022, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado resolvió no avocar el conocimiento del asunto
para dictar sentencia, de cara a la solicitud que, en ese sentido, presentó el
demandante en el proceso de la referencia.
En consecuencia, surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó
con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin
que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del
Consejo de Estado a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de
nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1 y
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación2.
1
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:
(…) 3. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, del presidente y
vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al
Parlamento Andino, de los gobernadores, del alcalde mayor de Bogotá (…).
2 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento,
los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
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2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el acto de elección
del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta,
por la coalición Pacto Histórico, contenido en el Formulario E-26 CAM del 20 de
marzo de 2022.
3. Problema Jurídico
La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo con la
fijación del litigio, si el acto de elección se encuentra viciado de nulidad por haber
violado las normas en que debía fundarse y haberse expedido de manera irregular.
Para ello, deberá constatarse si el señor Parrado Durán se inscribió para la
circunscripción del Meta de la Cámara de Representantes por una lista de coalición
denominada “Pacto Histórico”, sin que aquella reuniera los requisitos legales y
constitucionales, toda vez que el movimiento político Colombia Humana, que hace
parte de dicha coalición, superaba el porcentaje fijado por el artículo 262 de la
Constitución Política para la conformación de coaliciones, por “…haber sido
reconocido como un partido político con más de 8 millones de votos (partido mayoritario) ”.
Además, según lo afirmó el demandante, para la inscripción de la coalición se
sumaron cero (0) votos del partido “Colombia Humana”, lo que refirió como “ producto
de un engaño, lo que impide que candidatos que sí cumplían con los requisitos de ley,
puedan ser elegidos”.
De modo que, deberá establecerse si la infracción alegada tiene la virtualidad de
invalidar los sufragios computados a favor de los candidatos del Pacto Histórico para
la elección de representantes a la Cámara por el departamento del Meta, en
particular del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán.
4. El artículo 262, inciso quinto, de la Constitución Política
Con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, el constituyente
derivado incorporó al artículo 262 superior una regla relativa a la conformación de
listas en coalición para la elección de corporaciones públicas de elección popular,
en los siguientes términos:
“La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y
listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la
administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas”.
En relación con la disposición transcrita, esta Sección ha indicado que, a diferencia
de lo ocurrido con el primer enunciado del inciso citado, que requiere de un
desarrollo legislativo para su concreción y aplicación, el aparte resaltado “consagra
y regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a presentar listas de candidatos
en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones, dispuestas de manera
específica por el Constituyente derivado”3. De igual forma, en el mismo
pronunciamiento se hizo referencia a los elementos que de allí derivan, en los
siguientes términos:
1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción4.
De modo que, solo los partidos y movimientos que cuenten con personería jurídica
podrán formar coaliciones para presentar listas para la elección de corporaciones
públicas, siempre que la sumatoria de los votos que estos hayan obtenido no exceda
el 15% del total de votos válidos emitidos en la circunscripción para la que se
presentará la lista en cuestión.
Así, se excluye de la posibilidad de presentar listas en las condiciones antes
señaladas a los grupos significativos de ciudadanos, a los partidos y movimientos
políticos que carecen de personería jurídica y a aquellos que, contando con ella,
reúnan en conjunto una cantidad de votos que supere el porcentaje antes
mencionado.
Para el cálculo de dicha proporción, la norma establece que esta debe corresponder
a la votación obtenida en “la respectiva circunscripción”, sin que se indique
expresamente qué resultados electorales han de tomarse en consideración para
dicho cómputo. Con todo, de la lectura sistemática de la norma, teniendo en cuenta
la finalidad para la cual fue creada, es posible advertir por la Sala que desconocería
la teleología de la disposición si se tuvieran en cuenta los resultados obtenidos por
3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de
diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00. Reiterada en: Sentencia del 23 de
octubre de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2019-00013-00 y en sentencia del 27 de octubre de 2021.
Rad. 76001-23-33-000-2020-00002-02.
4 Ibídem.
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un determinado partido o movimiento en una elección diferente a aquella para la
cual se busca presentar una lista en coalición.
En efecto, la restricción prevista en la norma tiene por objetivo evitar que las fuerzas
políticas que cuentan con amplia participación en una determinada corporación
pública puedan unirse para la siguiente elección de la misma naturaleza con el fin
de aumentar su representación en ella, en desmedro de las organizaciones que
cuentan con un menor número de integrantes en tales cuerpos colegiados. Lo
anterior, con el objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen las colectividades
con baja o ninguna representación de conservar o alcanzar curules en dichos
escenarios democráticos.
De modo que, teniendo en cuenta que la disposición solo hace referencia a
elecciones de corporaciones públicas, el cálculo del 15% a que se refiere el artículo
262 constitucional no debe tomar en consideración los resultados obtenidos en
elecciones uninominales, como lo son las de presidente y vicepresidente de la
República.
5. Del reconocimiento de personería jurídica al movimiento
Colombia Humana
Mediante sentencia SU- 316 de 2021 la Corte Constitucional decidió “TUTELAR el
derecho fundamental a la oposición política en los términos del artículo 112 de la
Constitución del movimiento político Colombia Humana, así como del senador Gustavo
Francisco Petro Urrego en su calidad de titular de la curul a la que se refiere esta
disposición»; dejar sin efectos la decisión del Consejo Nacional Electoral mediante la cual
negó el reconocimiento de personería jurídica a ese movimiento «y en su lugar ORDENAR
a dicha autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana…”.
Dicho pronunciamiento tuvo lugar en consideración a la acción de tutela presentada
por los ciudadanos Gustavo Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza en contra del
Consejo Nacional Electoral, entidad que dispuso negar el reconocimiento de
personería jurídica al movimiento Colombia Humana. En el mecanismo
constitucional alegaron que dicha entidad habría vulnerado los derechos
fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público
de quienes votaron por la fórmula presentada por la referida agrupación política para
la elección de los cargos de presidente y vicepresidenta de la República, que tuvo
lugar en el año 2018.
En efecto, el máximo órgano constitucional sustentó su decisión de amparo de los
referidos derechos fundamentales, en que se presentaba “una situación de indefinición
para los candidatos que hagan parte de una agrupación política, quienes de haber
participado en las elecciones a la Presidencia de la República bajo la modalidad de un grupo
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significativo de ciudadanos sin personería jurídica, puedan acceder no sólo a la garantía
prevista en el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, sino al conjunto de las
garantías y derechos consagrados en el artículo 112 superior y en dicha Ley Estatutaria”,
por lo que “en ausencia de una regla explícita de reconocimiento de personería jurídica,
deberá emplearse como criterio de interpretación aquel que realice de mejor manera el
principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien
extendiendo su imperio a un nuevo ámbito”.
En ese orden, la Corte indicó que, en asuntos como el estudiado en dicha
oportunidad, la regla a aplicar debería ser aquella que armonice lo dispuesto en los
artículos 108 y 112 superiores y “que garantice los fines de un Estado democrático
participativo y pluralista”. Así, en relación con el caso concreto se señaló lo siguiente:
“… [E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin personería
jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado
consideró como significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en
las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de
los candidatos de la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse
en oposición.
En el caso concreto, a partir de los hechos probados, el senador Petro Urrego -
segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó,
naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones de
votos, superando el umbral; aceptó su curul y ha manifestado -como quedó probado
en el acervo probatorio- su posición de oposición al Gobierno nacional. En este
punto, y con relación a la superación del umbral por un apoyo significativo, cabe
precisar brevemente que resulta en exceso especulativo e incierto afirmar que parte
de los votos recibidos por el senador Petro Urrego pudieron deberse a un contrapeso
a la campaña contraria, como lo afirma la entidad accionada.
(…)
En el presente caso no se cumple con la finalidad prevista en el artículo 112 de la
Constitución si se asignan curules en el Congreso de la República en virtud de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018, y su beneficiario, abiertamente en oposición al
Gobierno electo y con un respaldo de más de 8 millones de colombianos no puede
ejercer el derecho fundamental a la oposición política. En este sentido, la Corte
interpreta los artículos 108 y 112 de la Constitución, de forma tal que, en la práctica,
se garanticen las prerrogativas inherentes al derecho fundamental a la oposición a
quien naturalmente corresponde ejercerlo. Sobre el particular, no puede pasarse por
alto que según los ponentes de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, el Acto Legislativo
02 de 2015 modificó el artículo 112 de la Constitución “con el claro propósito de
estimular el ejercicio de la oposición que de forma natural corresponde a quien ha
perdido la elección”.
6. Caso concreto
Como viene de explicarse, la parte actora pretende que se declare la nulidad de la
elección del señor Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por
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el departamento del Meta, al considerar que la coalición del Pacto Histórico por la
que fue inscrito y resultó electo, no cumplía con los requisitos previstos por el
artículo 262 de la Constitución Política. Ello con fundamento en que el movimiento
Colombia Humana obtuvo personería jurídica por orden de la Corte Constitucional,
con sustento en la votación obtenida en las elecciones presidenciales de 2018, las
cuales, según lo afirmó, superan ampliamente el 15% que prevé la norma
constitucional como límite para la coalición de los partidos políticos que lo
desbordan.
De acuerdo con lo expuesto líneas atrás, es claro que los resultados obtenidos por
el movimiento Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección del
presidente y vicepresidente de Colombia no pueden ni deben tenerse en cuenta
para efectos de determinar el 15% que prevé el artículo 262 de la Constitución
Política. Lo anterior, por cuanto carecería de sentido pretender que se tomen en
consideración los votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en una
elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista en coalición,
en tanto que la norma prevé dicha posibilidad, precisamente para alcanzar la
representación política y democrática en aquellas corporaciones públicas en las que
los partidos políticos minoritarios no tienen una participación significativa.
Nótese que el Acto Legislativo 02 de 2015 en relación con el artículo 262, inciso 5
constitucional, tuvo como propósito la protección de las minorías políticas con la
conformación de coaliciones y la garantía de la personería jurídica, a partir de los
votos obtenidos, para ocupar curules en corporaciones públicas.
Luego, los únicos resultados relevantes para establecer si el movimiento Colombia
Humana podía o no formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la elección
de Cámara de Representantes en la circunscripción del Meta (periodo 2022-2026),
fueron aquellos obtenidos por dicho movimiento en el mismo certamen electoral
celebrado en el año 2018. Todas las demás elecciones desarrolladas y, más aún,
aquellas que tienen lugar en la nacional para un cargo uninominal, como ocurre con
la de presidente y vicepresidente de la República, no deben ser tomadas en cuenta
para calcular el 15% señalado en el artículo 262 superior, en tanto que, se insiste,
aquel aplica para garantizar las coaliciones de listas de aspirantes que buscan
obtener participación representativa en las corporaciones públicas.
De otro lado, la Sala precisa que la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional tampoco contiene una previsión que desconozca el análisis
propuesto anteriormente. En efecto, en dicha providencia se dispuso el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Colombia Humana, en
consideración al derecho personal que les asistía a los candidatos que ocuparon el
segundo lugar en votaciones a la presidencia y vicepresidencia de la República en
el año 2018, de aceptar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes,
respectivamente, en ejercicio de su derecho de oposición del gobierno entrante.
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Tal circunstancia condujo al máximo órgano constitucional a realizar una
interpretación de la Constitución Política que le permitiese a aquellas
organizaciones con derecho a ocupar las curules a que se refiere el artículo 24 de
la Ley Estatutaria 1909 de 2018, contar con el atributo de la personería jurídica,
sobre el cual nada dispuso dicha ley, para facilitar el ejercicio de la totalidad de los
derechos conferidos a las organizaciones políticas declaradas en oposición. En
efecto, en esa oportunidad la Corte precisó:
“[Q]ue (i) el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado consideró como
significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en las elecciones de
Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de
la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición 5
Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta, de forma exclusiva,
el apoyo electoral con que contó su fórmula en la elección presidencial y
vicepresidencial en segunda vuelta celebrada en el año 2018, sino también la
decisión de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían derecho, en
aplicación del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, y a que, una vez posesionados
en ellas, se declararan en oposición al gobierno presidido por la fórmula que resultó
ganadora en dicha votación.
De manera que, contrario a lo que señala el actor en su demanda, no es posible
derivar ni inferirse del pronunciamiento del máximo órgano constitucional, ninguna
regla o pauta sobre la forma en que debe interpretarse el inciso quinto del artículo
262 de la Constitución. Tampoco puede entenderse que la necesidad de
implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido para el
reconocimiento de personería jurídica en casos como el estudiado en esa
oportunidad, tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se estudia, pues se trata
de reglas constitucionales diferentes.
Con esa claridad, se tiene que la coalición de Pacto Histórico que se reprocha en
este asunto, para presentar candidatos a la Cámara de Representantes por la
circunscripción del Meta 2022-2022, se encontraba conformada por los partidos
políticos Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia -ADA-,
Unión Patriótica -UP-, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, el Partido
Comunista Colombiano - PCC- y el Movimiento Político Colombia Humana -CH.
En ese orden de ideas, para efectos de verificar si se observó o no el inciso 5 del
artículo 262 de la Constitución Política, es claro que se debe verificar a cuánto
ascendió la votación válida para el Meta en el año 2018, es decir, cuántos votos
válidos se depositaron por la Cámara de Representantes en esa anualidad.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-316 de 2021.
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Para constatar dicha información en el expediente reposa el formulario E- 6 CT, con
el cual se evidencia la forma mediante la cual se inscribió la Coalición Pacto
Histórico en la circunscripción territorial del Meta para la Cámara de Representantes
y el número de votos que obtuvo cada partido o movimiento en las elecciones de
marzo de 2018 para esa misma corporación. También obra el formulario E-26 CAM
del 26 de marzo de 2018, con el cual se da cuenta del número de votos por cada
partido político para la circunscripción Cámara de Representantes del Meta, con el
total de los votos válidos.
En efecto, el formulario E-6CT advierte que el movimiento Colombia Humana obtuvo
cero (0) votos, en la Cámara de Representantes, Circunscripción del Meta, para las
elecciones de dicha corporación pública en el periodo 2018-2022.
De manera que, el total de votos que sumó la coalición para las elecciones de la
Cámara de Representantes que se llevaron a cabo el 11 de marzo de 2018,
correspondieron a 4.727. Votación que, igualmente, puede constatarse en el
formulario E-26 de las referidas elecciones:
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
Rad: 11001032800020220008800
Asimismo, el total de votos válidos para la elección de Cámara de Representantes
2018-2022, en la circunscripción del Meta, fueron los siguientes:
De manera que, tal y como lo advirtió la agente del Ministerio Público, en este asunto
el total de votos válidos sobre los que se debe considerar “hasta el 15%” que reseña
el inciso 5, artículo 262 constitucional, asciende a 293.055. En tales condiciones, el
15% de 293.055 corresponde a 43.958,25. De los partidos políticos que conforman
la coalición Pacto Histórico, solo uno tuvo votación en la circunscripción de la
Cámara de Representantes del Meta en el 2018, esto es, el Partido Unión Patriótica
-UP- con 4.727, cifra que es inferior a los 43.958,25 votos que comprendían el 15%
de los votos válidos para esa circunscripción.
En consecuencia, resulta claro que la suma de los votos obtenidos por los partidos
y movimientos que conformaron la coalición Pacto Histórico y que participaron en
las elecciones para la Cámara de Representantes, año 2018, no sobrepasó el 15%
de los votos válidos de la circunscripción del Meta.
Así las cosas, toda vez que no se acreditó la vulneración del inciso quinto del artículo
262 de la Constitución Política, se impone negar las pretensiones de la demanda.
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www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Ernesto Gabriel Parrado Durán, representante a la Cámara por el Meta
Rad: 11001032800020220008800
Finalmente, se advierte que mediante memorial radicado por la abogada Claudia
Ximena Hernández López, apoderada del Consejo Nacional Electoral, presentó
renuncia al poder otorgado por la entidad. Con el escrito acompañó la comunicación
enviada a dicha autoridad, en la que se le informa esta circunstancia. En tales
condiciones, se tendrá en cuenta dicha renuncia en los términos del artículo 76 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Téngase en cuenta la renuncia al poder otorgado por el Consejo
Nacional Electoral a la abogada Claudia Ximena Hernández López, en los términos
del artículo 76 del Código General del Proceso.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
Salvamento de voto parcial
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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