Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00092-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00092-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00092-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de marzo de 2023
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
(Representante a la Cámara – Departamento del Tolima)
Radicado: 11001032800020220009200
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00092-00
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandada: MARTHA LISBETH ALFONSO JURADO – REPRESENTANTE
A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (2022-2026)
Tema: Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en
coalición. Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana. Alcance del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política.
FALLO – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral, promovido por el señor José Manuel Abuchaibe Escolar
contra el acto declaratorio de elección de la señora Martha Lisbeth Alfonso
Jurado, como representante a la Cámara por la circunscripción del
departamento del Tolima.
1. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor José Manuel Abuchaibe Escolar, en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA,
presentó demanda el 9 de mayo de 2022, que subsanó mediante escrito de 10
de junio siguiente, con la cual pretende:
“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de
elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE TOLIMA contenido en el documento E-26 CAM de
fecha 22 de marzo de 2022.
SEGUNDA: Que una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene
que se excluya la lista del PACTO HISTÓRICO del cómputo general de
votos contenidos en el E-26 de acuerdo a las actuaciones que vamos a
exponer en el presente escrito.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
(Representante a la Cámara – Departamento del Tolima)
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TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
un nuevo escrutinio de los votos depositados en el Departamento del
TOLIMA en las elecciones de 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA,
período 2022 – 2026, escrutinio que deberá practicarse con base
únicamente en los registros que no se declaren afectados de nulidad en
virtud del proceso a que dé lugar esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por parte de la Sección Quinta del Consejo de
Estado una nueva declaración de elección de CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA,
período 2022 – 2026, se ordene expedir y efectivamente se expidan las
nuevas credenciales de Representantes a la Cámara por esa
circunscripción territorial para el período citado a quienes correspondan,
y que se comunique la anterior novedad al Consejo Nacional Electoral, al
Presidente de la República, al señor Registrador Nacional del Estado
Civil y a sus delegados para el Departamento de Tolima, al señor
Ministro del Interior, al señor Gobernador del Departamento de Tolima, y
al señor Presidente del Tribunal Administrativo del mismo
Departamento.” (Subrayas y negrillas en el original).
2. Hechos
El demandante expuso, en síntesis, los siguientes:
2.1. El 13 de marzo del corriente año, se llevaron a cabo las elecciones
legislativas, en las que resultó elegida la demandada como representante a la
Cámara por el departamento del Tolima, como consta mediante el formulario E-
26 CAM del 22 de marzo del 2022.
2.2. La accionada Martha Alfonso Jurado, fue inscrita por la coalición “Pacto
Histórico1”, la cual está integrada por distintas colectividades, en virtud de un
acuerdo programático y político suscrito, entre ellas “Colombia Humana”.
2.3. Precisó que para las elecciones de 27 de mayo de 2018 en las que se
elegiría al presidente de la República, los señores Gustavo Petro y Ángela
María Robledo Gómez se inscribieron como fórmula presidencial y
vicepresidencial por la coalición “Petro presidente”, conformada por el grupo
significativo de ciudadanos “Colombia Humana” y el Movimiento Alternativo
Indígena y Social - MAIS –.
1
Conformada por: Polo Democrático Alternativo (PDA); Alianza Democrática Amplia (ADA),
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Unión Patriótica (UP), Partido Comunista
Colombiano (PCC) y Movimiento Político Colombia Humana.
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2.4. Culminados estos comicios, las fórmulas inscritas que obtuvieron las dos
votaciones más altas fueron la del partido Centro Democrático y la de la
coalición “Petro Presidente” las cuales pasaron a segunda vuelta -17 de junio
de 2018-. Resultó elegido el señor Iván Duque Márquez de la primera
colectividad, quien obtuvo 10.398.689 votos; mientras que las organizaciones
coaligadas fueron depositarias de un total de 8.040.449 sufragios.
2.5. El Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 2640 del 30 de
agosto de 2018 negó el reconocimiento de personería jurídica al grupo
significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, por cuanto dicho movimiento
no participó en las elecciones al Congreso de la República y, por ende, no
había obtenido el 3% de votos emitidos válidamente en el territorio nacional
para esa misma corporación. Dicho acto administrativo fue revocado mediante
Resolución 3081 de 6 de diciembre de 2018, toda vez que esa actuación
administrativa solo podía iniciarse a petición de parte –la misma fue oficiosa- y,
además, nunca se notificó a los directamente afectados.
2.6. El 5 de octubre de 2018, el senador Gustavo Petro Urrego, en calidad de
representante legal provisional de Colombia Humana solicitó el reconocimiento
de la personería jurídica ante el CNE, pero fue negada por Resolución 3231 de
31 de diciembre de 2018, conforme a similares argumentos a aquellos
esbozados en la Resolución 2640 de 30 de agosto de 2018. Lo anterior,
propició la interposición de una acción de tutela por parte del senador Petro
Urrego, que fue resuelta en forma adversa, mediante fallos del 29 de enero de
2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 14 de marzo
de 2019, expedido por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.7. El expediente del proceso de amparo citado fue seleccionado para revisión
por la Corte Constitucional y en sentencia SU-316 de 16 de septiembre de 2021
revocó los fallos de tutela y dispuso: “ORDENAR a dicha autoridad [en
referencia al CNE] reconocer la personería jurídica al movimiento político
Colombia Humana”, para lo cual debía tener en cuenta el 3% de los votos
obtenidos por esa colectividad para las elecciones de presidente y
vicepresidente de la República.
2.8. En acatamiento a esta orden, el CNE expidió la Resolución 7417 de 15 de
octubre de 2021 “por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-316 de 2021 y se
le reconoce personería jurídica al Movimiento Político Colombia Humana”.
2.9. En uno de los apartes del formulario de inscripción de candidaturas por
coalición (E-6CT), la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando alcance al
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inciso 5° del artículo 262 de la Constitución Política, plasmó que el partido
Colombia Humana como integrante de la coalición tuvo cero (0) votos.
2.10. El actor manifestó que la votación obtenida por el grupo significativo de
ciudadanos “Colombia Humana” en el departamento del Tolima, para las
elecciones presidenciales 2018 fue de 174.289 sufragios de un total de 555.234
de electores. Con este resultado, la organización política citada superó
ampliamente el límite constitucional permitido para la conformación de la
coalición de minorías, esto es, el total de 15% de votos válidos obtenidos en la
misma circunscripción.
3. Normas violadas y concepto de violación
El demandante invocó como causales específicas de nulidad electoral las
previstas en el numeral 3° y 5° del artículo 275 del CPACA, así como las
causales genéricas de infracción de norma superior (art. 262 Constitución
Política) y expedición irregular contempladas en el artículo 137 del mismo
estatuto procesal.
El propósito final de su argumentación es que se excluyan del cómputo general
de escrutinios los votos obtenidos por los congresistas elegidos por la coalición
denominada ‘Pacto Histórico’, en la medida en que dicha coalición se conformó
con desconocimiento de los parámetros establecidos en el inciso último del
artículo 2622 de la Constitución Política, comoquiera que las listas por
coaliciones para corporaciones públicas solo pueden ser integradas por partidos
y movimientos políticos con personería jurídica minoritarios, que sumados
hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los sufragios válidos de las
elecciones anteriores llevadas a cabo en la respectiva circunscripción.
Aseveró que el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 7417 de 2021,
reconoció personería jurídica a “Colombia Humana”, en cumplimiento de la
orden impartida por la SU-316 de la Corte Constitucional, la cual se fundó
jurídicamente en el vacío existente en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de
2018) y, materialmente, en el amplio respaldo popular que obtuvo esta
organización política en las elecciones presidenciales del año 2018, a razón de
más de 8 millones de votos.
Así las cosas, como el partido “Colombia Humana” si bien no inscribió listas
para Congreso de la República en las elecciones 2018, dado que esta
2
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumandos hayan obtenido
una votación hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”.
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organización obtuvo su personería jurídica en el 2021, el actor considera que
debió tenerse como parámetro de votación, para verificar y aceptar la
inscripción de los candidatos a Congreso por la coalición, el resultado obtenido
en las elecciones presidenciales de 2018.
En este orden indicó que el caudal electoral obtenido por este colectivo en el
departamento del Tolima –para elecciones presidenciales- fue de 174.289
sufragios de un total de 555.234, superando así de manera amplia el referido
porcentaje constitucional. Resulta claro entonces que no podía ser parte
integrante de una “coalición de minorías”.
En tal sentido, precisó que a la mencionada colectividad, en el Formulario E-
6CT, como integrante de la coalición le fueron registrados “cero (0) votos”
obtenidos en el certamen anterior. Cuando la realidad fue otra, por cuanto
Colombia Humana sí obtuvo votos en el departamento del Tolima, para las
elecciones presidenciales de 2018.
Concluyó, también, que la inscripción de la lista del Pacto Histórico contiene
datos falsos que no fueron corregidos en una de las etapas de formación del
acto de elección acusado, “a pesar de que dicha actuación no es meramente
mecánica, sino cualitativa”, por lo que se configura la causal 3ª del artículo 275
del CPACA, según la cual, los actos de elección son nulos cuando “los
documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad”.
Explicó que por esos mismos supuestos fácticos resultaba evidente el
incumplimiento en las condiciones y requisitos de elegibilidad, desde la
previsión del artículo 275 numeral 5 del CPACA.
Finalmente, afirmó que todo lo anterior generó la causal general de expedición
irregular del acto declaratorio de elección. Esto por cuanto, el acto de
aceptación de las listas de la coalición “Pacto Histórico” hizo parte de los actos
preparatorios de la elección enjuiciada, es decir que dicha decisión previa
contribuyó a su formación, comoquiera que por disposición del legislador resulta
necesaria para el nacimiento a la vida jurídica de la elección demandada.
4. Trámite
La demanda fue inadmitida por auto de 3 de junio de 2022, con fundamento
principal en la indebida acumulación de causal objetiva al invocar el artículo
275.3 del CPACA con censura subjetiva, comoquiera que de manera
concurrente citó el artículo 275.5 ib. La parte actora presentó oportunamente
escrito de subsanación del libelo.
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Mediante auto de 24 de junio de 2022, se admitió la demanda contra la
representante a la Cámara Martha Lisbeth Alfonso Jurado. En la mencionada
providencia se dio viabilidad solo a las censuras (i) de violación por transgresión
directa al artículo 262 de la Constitución Política, en concordancia con el
mandato 108 Superior y (ii) de expedición irregular sustentada en la causales
generales del artículo 137 del CPACA, al que remite el 275 ibidem.
Así mismo, se ordenaron las notificaciones y los traslados contemplados en el
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
5. Contestación de la demanda e intervenciones
5.1. De la accionada, representante a la Cámara Martha Lisbeth Alfonso
Jurado
La congresista, mediante apoderado judicial, sostuvo que para el año 2018,
Colombia Humana carecía de personería jurídica, no era partido ni movimiento
político. Adicionalmente, aseveró que tampoco tuvo la aspiración de participar
en aquellos comicios legislativos como movimiento significativo de ciudadanos.
Acusó la demanda de incongruencia entre la causal de nulidad electoral
invocada y los hechos en que se fundamentó, comoquiera que alude al
supuesto de la causal 275 numeral 3° del CPACA, atinente a la falsedad de
datos electorales, pero para reprochar el hecho de que, hasta ahora con la
personería jurídica reconocida partido político Colombia Humana, la votación
presidencial obtenida en 2018 no podía sumarse a la coalición con otro partido
o movimiento político, supuesto fáctico que no corresponde a la norma
mencionada.
Esbozó como premisas de argumentación del demandante, las siguientes:
(i) Gustavo Petro Urrego obtuvo en el año 2018 una cantidad equivalente
a 8.040.449 votos, como candidato a la presidencia de la República, es
decir a una “circunscripción nacional”.
(ii) De esos 8.040.449 votos, 555.234 votos tuvieron su origen en el
departamento del Tolima.
(iii) El actor pretende que esos 555.234 votos se tengan en cuenta como
votos a la circunscripción territorial para la Cámara de Representantes por
la circunscripción del Tolima, pese a no haber obtenido ninguna curul a
Congreso 2018.
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iv) El actor entiende que Colombia Humana, sin existir jurídicamente, ni
como partido o movimiento político, participó en las elecciones al congreso
en el año 2018 en la respectiva circunscripción electoral.
v) Con el planteamiento visto, el demandante sugiere que Colombia
Humana se presentó a las elecciones al Congreso en el año 2018 en la
respectiva circunscripción electoral.
La parte accionada calificó de erradas las anteriores aseveraciones e indicó que
el CNE, al absolver una consulta ciudadana, se pronunció sobre este tema,
dejando claro que lo pretendido por el demandante resultaba jurídicamente
improcedente y atentatorio contra el principio de legalidad. En esta respuesta, el
máximo órgano electoral administrativo concluyó:
“En 2018, Colombia Humana era un grupo significativo de ciudadanos, por
lo que se descarta que fuera partido o movimiento político. Además, tuvo
únicamente aspiración a la presidencia de la República. Y antes de los
comicios parlamentarios últimos, jamás se había presentado ante los
electores en circunscripción regional, incluida la del departamento del
Tolima. En consecuencia, no contaba con votos en su haber para efectos
de ser tenidos en cuenta en la eventual coalición para las elecciones
congresuales de marzo de 2022.”
Indicó que la situación expuesta no puede encuadrarse en la prohibición
constitucional del artículo 262, por las siguientes razones:
1) El elemento subjetivo previsto en este mandato no se cumple en el caso de
la Colombia Humana, porque recae sobre colectivos con vocación o aspiración
política de detentar la representación ciudadana, que implica que se tenga la
categoría de partido o movimiento político, lo cual no aconteció en el año 2018
con respecto a la organización citada.
El supuesto del factor que se analiza es imposible de probarlo, comoquiera que
del mismo texto de la demanda se extrae que el surgimiento a la vida jurídica de
Colombia Humana como partido político aconteció con la Resolución 7417 de
15 de octubre de 2021, derivada del cumplimiento de la sentencia SU 316 de
2021, es decir que fue proferida 3 años después de la fecha que el actor
sugiere tener en cuenta como participación en los comicios parlamentarios
(2018).
Así las cosas, es formal y materialmente imposible que Colombia Humana
como partido o movimiento político tuviera algún voto para ser sumado en un
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acuerdo o coalición, respecto a la regla o cláusula fijada en el artículo 262
constitucional, puesto que no existía para esa fecha.
Luego entonces, resulta improcedente pretender que para las elecciones
congresales de 2022 se contabilicen los sufragios obtenidos por el señor
Gustavo Petro Urrego en el departamento del Tolima para las votaciones
parlamentarias y presidenciales de 2018, aunado que para estas últimas se
presentó con el apoyo del grupo significativo de ciudadanos y con la única
intención de aspirar a esta.
2) Las decisiones de la autoridad electoral de aceptar la inscripción de
candidatos al congreso contenida en la relación presentada por la coalición
Pacto Histórico, que se conformó entre algunos partidos y movimientos3 para
las elecciones de Congreso 2022, gozan de validez, por cuanto verificó la
intención de inscribir una única lista de candidatos a la cámara de
representantes por la circunscripción territorial del Tolima (2022-2026). Además,
que dichos actos no fueron demandados en vía administrativa electoral. Ello
denota que cumplieron a cabalidad las exigencias constitucionales, legales y
reglamentarias exigidas por el ordenamiento jurídico colombiano.
5.2. Del Consejo Nacional Electoral –CNE-
Indicó, a través de apoderado judicial, que una coalición es una figura electoral
acreditada por la normativa nacional para establecer transitoriamente acuerdos
programáticos y fijar estrategias políticas, a favor del logro de fines comunes
entre los partidos y movimientos políticos coaligados.
En relación con la no participación en la elección al Congreso de la República
inmediatamente anterior (año 2018), el inciso 5° del artículo 262 Constitucional
es claro y no debe soportar otras interpretaciones distintas a las ya fijadas por la
jurisprudencia y la Organización Electoral, en el sentido de exigir únicamente
que los partidos coaligados que inscriben la lista a la corporación pública de
elección popular, cuenten con personería jurídica y que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos
de la respectiva circunscripción.
Por lo tanto, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
surjan por la figura de la escisión, providencia judicial o decisión administrativa y
que pretendan coaligarse, conforme a la citada norma, no se les contabilizará
voto alguno, al no haber participado en las elecciones anteriores, como ocurre
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Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Colombia Humana, Movimiento
Alternativo Indígena y Social, Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
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en el caso del movimiento político Colombia Humana dentro de la coalición
Pacto Histórico para el Congreso 2022.
Concebir lo contrario, sería desconocer los datos contenidos en los actos
administrativos por medio de los cuales se declararon las elecciones, que gozan
de presunción de legalidad.
En relación con la censura de nulidad electoral estructurada sobre la violación
del artículo 262 de la Constitución Política, expresó que si bien dispuso que la
ley se encargara de regular lo concerniente a las coaliciones de partidos
políticos con personería jurídica para corporaciones públicas, hasta el momento
el Congreso de la República no ha expedido la norma correspondiente. Esa es
la razón por la cual la aplicación de dicho postulado Constitucional se ha
producido por desarrollo jurisprudencial de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-257 de 2021
determinó que tanto el Partido Nuevo Liberalismo como los demás terceros
beneficiarios a los que se les aplique la sentencia, pueden hacer coaliciones en
los términos del artículo 262 inciso 5° Constitucional con otros partidos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15%
de los votos válidos de la respectiva circunscripción y esa línea se siguió con la
doctrina del CNE, en el concepto N°. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-
0023514 del 09 de diciembre de 2021.
5.3. De la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC-
Solo sustentó la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por pasiva
e invocó la defensa exceptiva genérica que se encontrara probada por la Sala
Electoral, pero guardó silencio sobre los argumentos de fondo.
6. Decisión de la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la RNEC.
Mediante auto de 22 de noviembre de 2022, se declaró no probada, comoquiera
que la demanda atribuye el incumplimiento del tope máximo porcentual para
que se pueda conformar una coalición.
Dentro de ese contexto, es claro que a la RNEC se le atribuye la función de
verificación, en el formulario de inscripción respectivo, que se haya registrado el
guarismo correspondiente a los votos obtenidos por cada coaligado y que esa
información corresponda a los datos contenidos en sus bases de datos; de lo
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contrario, el resultado electoral se tornaría en un asunto meramente arbitrario,
sin ningún tipo de control.
7. Auto que somete el proceso al trámite de sentencia anticipada
Por providencia de 19 de diciembre de 2022, el despacho indicó que la decisión
de fondo se adoptaría en sentencia anticipada. En la misma providencia se
decretaron las pruebas, se fijó el litigio y se ordenó correr traslado para
alegaciones finales de las partes e intervinientes y concepto del Ministerio
Público.
La fijación del litigio en su literalidad fue la siguiente:
“[c]onsidera el despacho que el litigio se contrae a determinar si debe
anularse la elección de la representante a la Cámara Martha Lisbeth
Alfonso Jurado, por la circunscripción departamental del Tolima, para el
período 2022-2026, declarada por el Consejo Nacional Electoral mediante
el formulario E-26CAM de 22 de marzo de 2022, por haber incurrido en
expedición irregular del artículo 137 del CPACA y violación de la norma
superior, al trasgredir el artículo 262 de la Constitución Política.
Lo anterior, implica absolver los siguientes cuestionamientos: ¿La
inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto
Histórico se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito constitucional
establecido en el inciso quinto del artículo 262 Superior en lo atinente a
que los partidos una vez coaligados no pueden superar el 15% de los
votos válidos de la respectiva circunscripción? En aras de verificar ese
requisito ¿resultaba admisible tener en cuenta los votos obtenidos por el
partido político Colombia Humana en las elecciones presidenciales del año
2018?”.
8. Alegatos de conclusión
Durante el traslado respectivo, las partes presentaron alegaciones finales y el
Ministerio Público rindió concepto de fondo.
8.1. Alegatos de la parte actora
Indicó que los recientes pronunciamientos de la Sección Quinta frente a tema
similar dieron aplicación al mandato constitucional 262 y negaron las
pretensiones de la demanda.
Recordó que la norma constitucional en cita fue modificada por el Acto
Legislativo 02 de 2015 y se dio espera al desarrollo legal para aplicar la figura
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de las coaliciones para la postulación a cargos uninominales. Pero, las
decisiones judiciales dan un viraje sorpresivo para aplicar directamente dicha
figura respecto de las inscripciones a corporaciones públicas, a pesar de que
también estaba sometido a la regulación mediante ley y esta no ha sido
expedida, habiéndose generado una omisión legislativa.
Surgen para el actor las siguientes interrogantes:
¿Cómo piensa interpretar el CNE el fallo de la Sección Quinta que deja
claro que se presenta una dificultad práctica para establecer los votos que
fueron depositados a favor de un partido, cuando su participación en
elecciones pasadas, a las de este año en curso, se da bajo la figura de la
coalición?
¿Acaso a cada partido que piensan coaligarse en 2023 para
corporaciones públicas le piensan colocar el total de los votos que obtuvo
la coalición en la que participó para efecto de verificar el total del 15% de
los votos que piensan ir en coalición en el 2023?
Acusó que se ha generado todo un caos jurídico que, a su juicio, resulta
evidente con los fallos expedidos dentro de los radicados 11001-03-28-000-
2022-00094-00, en el que se discutía la elección de los representantes a la
Cámara del Pacto Histórico por Cundinamarca, en cuyo aparte pertinente se
indicó:
“…se presenta una dificultad práctica para establecer los votos que fueron
depositados a favor del entonces grupo significativo de ciudadanos
“Colombia Humana”, dado que su participación en los presidenciales de
2018 se dio bajo la figura de la coalición por un partido político”.
Así mismo, en los apartados 105 a 107 de las consideraciones del fallo en cita
se advirtió que no era posible determinar en dicha votación que logró la
coalición Petro Presidente, cuántos sufragios obtuvo Colombia Humana, por
cuanto los mismos no fueron para una colectividad sino para un candidato
presentado en coalición para un cargo uninominal, que se rige por el artículo 29
de la Ley 1475 de 2011.
Analizó la naturaleza del ejercicio del derecho personal de la elección por
derecho propio al Congreso, por haber ocupado el segundo lugar en las
presidenciales y su diferencia con la votación que se deposita para la elección
de corporaciones públicas y concluir que los alcances de la sentencia SU-316
de 2021 no impactan en la interpretación del artículo 262 inciso 5° de la
Constitución Política, por cuanto el fundamento fue el artículo 108
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constitucional, dentro de las garantías al derecho a la oposición y la curul
congresal por el derecho personal de haber logrado la segunda votación, luego
del primer mandatario ganador.
Acotó que dicho antecedente jurisprudencial consideró que la violación a la
norma citada no resultó demostrada porque la tesis expuesta por el
demandante no se compadece de los requisitos previstos en aquella. Además,
porque el partido político Colombia Humana no participó en una elección
anterior, comoquiera que su génesis aconteció en el año 2021, por lo cual la
votación que el actor pretende se contabilice fue obtenida en una elección que
se lleva a cabo en una circunscripción diferente.
Como argumentos de fondo expuso que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-316 de 2021 destacó el surgimiento de un caso de reconocimiento de
personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado,
ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 Constitucional y el
artículo 24 de la Ley 1909 de 2018 son elecciones indirectas al congreso, las
que se dan en la elección presidencial.
Ante lo expuesto, decidió que el umbral a superar para obtener el
reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el constituyente
derivado consideró como significativo, es decir el 3% de los votos emitidos
válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República,
siempre y cuando, al menos uno de los candidatos de la fórmula deberá aceptar
su curul en el Congreso y declararse de oposición.
La Corte Constitucional otorgó personería al movimiento Colombia Humana en
cumplimiento del artículo 108 constitucional, verificando el 3% del total de votos
válidos para efectos del umbral, por lo que a juicio del memorialista, no es
entendible de dónde se puede interpretar que no se contabilizará voto alguno a
Colombia Humana para los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262
de la Constitución.
Los fallos que la Sección Quinta profirió sobre temática similar omiten analizar
en detalle sobre el énfasis de la Corte Constitucional cuando expone que el
reconocimiento de la personería no depende de las elecciones directas de
Cámara y Senado, comoquiera que las curules obtenidas en virtud de los
artículos 112 Superior y 24 de la Ley 1909 de 2018 son elecciones indirectas al
Congreso, las que se dan en la elección presidencial.
En esa línea, la parte actora indicó que el artículo 108 Superior consagra que el
derecho al reconocimiento a la personería depende de contar con un mínimo
del 3% de los votos emitidos válidamente.
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Así las cosas, si la Colombia Humana obtuvo la personería por superar ese
monto porcentual en las elecciones para presidente y vicepresidente, sin haber
concurrido a las correspondientes al Congreso, es claro que los votos a tener
en cuenta son los obtenidos en aquella en la que participó y de la cual se derivó
el reconocimiento de dicho atributo, pues eso le permitió ser parte de la
coalición Pacto Histórico cuando inscribieron candidatos al Congreso.
Recordó que Colombia Humana nace de una personería jurídica producto de un
fallo de la Corte Constitucional que coloca a la agrupación política con una
votación contabilizable y ahora se pretende que para efectos de la coalición al
Congreso, su agrupación aparezca con cero (0) votos.
Agregó:
“¿Qué significado tiene para la Sección Quinta del Consejo de Estado la
expresión de Elecciones indirectas al Congreso que expone la Corte para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana? A raíz de lo anterior la
Corte Constitucional en su fallo consideró como punto esencial para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana, contabilizar los votos
en las presidenciales como si fuera las del congreso, en una interpretación
expansiva y analiza que superó el umbral para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo el artículo 108
constitucional, es decir, el 3% de los votos emitidos válidamente, pero la
Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República. El 108 superior considera: podrán obtener
personería jurídica, siempre que, en elecciones de Cámara de
Representantes o Senado, consigan una votación no inferior al 3% de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional”.
Dentro de ese contexto arguyó que la Sección Quinta acepta la aplicación del
artículo 108 como lo indicó la Corte Constitucional para efectos del
reconocimiento de la personería si no participó en las elecciones para congreso
en el 2018.
Señaló que todo se aclara con las condiciones de elecciones indirectas al
Congreso que expuso la Corte Constitucional en su sentencia SU-321 de 2021.
En efecto, a partir de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 262 inciso
5° de la Constitución Política, las coaliciones para congreso solo están
autorizadas para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
que sumados los votos hayan obtenido hasta el 15% de los sufragios válidos en
las elecciones anteriores de la respectiva circunscripción.
Ahora bien, el artículo 108 Superior dispone que el CNE reconoce personería
jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
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ciudadanos, siempre que hubieren obtenido una votación no inferior al 3% de
los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
congreso (Cámara o Senado).
Como la sentencia SU-316 de 2021, en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 108 Superior le reconoció personería a Colombia Humana con la
votación presidencial, surge una conclusión precisa y clara:
Si Colombia Humana obtuvo la personería por sobrepasar el 3% de la votación
válida en la elección inmediatamente anterior que fue la Presidencial, por
cuanto obtuvo una curul senatorial y otra de cámara de representantes, por
ende, sí obtuvo votación en lo que la Corte Constitucional indicó eran las
elecciones indirectas para congreso 2022.
8.2. Alegatos de la demandada
Insistió en los argumentos de la contestación de la demanda y en que formal y
materialmente es imposible que Colombia Humana actuase como partido
político y, en consecuencia, tuviese algún voto para ser sumado al acuerdo de
coalición, respecto a la cláusula fijada en el artículo 262 constitucional,
comoquiera que no existía en 2018 y, por ende, no participó para las elecciones
de ese congreso.
Por lo anterior, resulta improcedente pretender computar los votos obtenidos
por el señor Gustavo Petro en el departamento del Tolima a título de candidato
presidencial y sustituir y equiparar esta votación a las elecciones parlamentarias
del mismo año.
No se evidencian elementos de juicio que permitan configurar la falsedad
alegada por el actor. Aunado a que quedó develada la falsa analogía, con la
que el actor pretende comparar los resultados de una elección de un cargo
uninominal, como es la presidencial, con la de una corporación pública.
Tampoco resultan compatibles las circunscripciones ni las funciones que cada
cargo detenta. Acotó que el CNE ya había manifestado que no era viable
contabilizar los votos de una elección a otra.
Solicitó tener en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de la Sección
Quinta, contenidos en los fallos denegatorios emitidos sobre el mismo tema
pero para otras elecciones de representantes a la Cámara (2022-00090; 2022-
00084; 2022-00098; 2022-00091 y 2022-00093).
Finalmente, pidió la imposición de multa al actor por haber incumplido la carga
procesal del artículo 186 del CPACA, en armonía con el artículo 78 del CGP,
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comoquiera que omitió el envío a la contraparte del memorial que aportó al
expediente el 30 de enero de 2023 –sin especificar otro dato-.
9. Concepto del Ministerio Público
Solicitó negar las pretensiones de la demanda. Se fundamentó en los criterios
de interpretación para dilucidar el fondo de asunto.
El histórico: en principio el inciso 5° del artículo 262 Superior, con la reforma del
Acto Legislativo 02 de 2015 fue el que determinó que las coaliciones se
aplicaran a las elecciones de corporaciones públicas, en tanto hasta ese
momento solo había previsión de dicha figura pero para cargos uninominales
(art. 13 Ley 130 de 1994, inc. 4 art. 107 constitucional y art. 29 Ley 1475 de
2011).
Además, el proyecto de acto legislativo no contemplaba el porcentaje de votos
máximo o mínimo para la configuración de las coaliciones, como se evidencia
en la gaceta 458 de 3 de septiembre de 2014.
En el acta de comisión 11 del 22 de septiembre de 2014 del Senado, publicada
en gaceta 654 de 24 de octubre de 2014, en el primer debate, el coordinador
ponente Hernán Andrade Serrano señaló que en el tema de las coaliciones se
debería tener en cuenta que sea entre pequeños partidos, para garantizar su
existencia y supervivencia y el parámetro del umbral.
En el acta de comisión 12 del 23 de septiembre de 2014, del Senado, obrante
en la gaceta 738 de 21 de noviembre siguiente, quedó explícito que en el tema
de las coaliciones, la reforma constitucional de 2009 fue para los cargos
uninominales y la de 2014, lo fue para las corporaciones públicas.
Sobre el porcentaje máximo de votos para la conformación de coaliciones osciló
entre no más del 5% y el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción.
La primera posibilidad de presentar coaliciones a partir del porcentaje de los
votos obtenidos en el proceso electoral anterior, se plasmó en el informe de
ponencia para segundo debate al proyecto de acto legislativo, publicado en la
gaceta 585 del 6 de octubre de 2014, en el que se indicó que los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que hayan obtenido una votación
menor al cinco por ciento (5%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción. Pero no fue aprobada por la Comisión Primera.
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La segunda posibilidad enfocada en una modificación constitucional para aplicar
a las coaliciones de partidos o movimientos con personería jurídica que
quisieran postular candidatos a corporaciones públicas. Esta proposición fue
aprobada en segundo debate por la plenaria del senado, como consta en la
gaceta 649 de 24 de octubre de 2014. En esta se incluyó el porcentaje del 15%
de los votos válidos en la respectiva circunscripción, cuya literalidad fue la
siguiente:
“Artículo 21. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y
quedará así:
‘Artículo 262. (…)
Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que
sumados hayan obtenido una votación de no menos del quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. Si
obtienen los votos a Senado o Cámara de Representantes previstos en el
artículo 108 ambos mantendrán sus personerías, pero la votación se
dividirá en partes iguales a efectos de determinar la financiación estatal de
su funcionamiento, el anticipo de financiación de campañas electorales y
el acceso a espacios en medios de comunicación.
(…)”.
Ese texto continuó en el acta N° 36 de la sesión ordinaria de 11 de diciembre de
2014 de la plenaria de senado (cuarto debate), publicada en la gaceta 474 de
14 de julio de 2015.
No obstante, fue en el documento conciliado entre senado y cámara (quinto
debate) que se plantearon diversas modificaciones, incluida la conformación de
las coaliciones. Así consta en la gaceta 138 de 26 de marzo de 2015, al
entregarles la facultad al legislativo para que regulara el tema de manera
integral por ley estatutaria y como se discutió en la comisión primera
permanente de senado (actas 38 de 7 de abril de 2015 y 41 de 13 de abril
siguiente).
El contenido finalmente aprobado, como se conoce hoy, permite concluir lo
siguiente:
1) El constituyente derivado pretendió que las votaciones que condicionaran la
conformación de coaliciones fueran las del Congreso de la República, tanto
para las circunscripciones de la Cámara de Representantes, como de la
nacional propia del Senado de la República.
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2) No en vano, el artículo 108 Superior determina que el mantenimiento y
adquisición de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos se
da por la obtención de una votación no inferior al 3% de los votos válidos en el
territorio nacional en las elecciones de cámara o senado.
Los criterios exegético y sistemático: el artículo 262 constitucional en su inciso
primero trata acerca de los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos que inscriban candidatos y listas únicas, cuyo
número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la
respectiva circunscripción.
Lo anterior evidencia que se está dentro del contexto de corporaciones
públicas. En los términos de circunscripción nacional para Senado de la
República. En consideración a la territorial, las listas para Cámara de
Representantes, Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y
Distritales y las Juntas Administradoras Locales.
Ahora bien, el segundo inciso del artículo 262 citado, alude a la forma de elegir
candidatos, con el propósito de cumplir con una serie de principios en la
conformación de las listas. Con esto se reafirma que se está en el esquema de
corporaciones públicas.
En el tercer y cuarto inciso se tratan unos temas electorales propios de los
corporativos de elección popular como lo son los conceptos de asignación de
curules, voto preferente y cifra repartidora.
El quinto inciso presenta dos componentes: (i) que la ley debe regular las
campañas y partidos políticos, las condiciones para presentar coaliciones a
cargos uninominales y plurinominales y (ii) las condiciones específicas
constitucionales para que un partido o movimiento político pueda presentar lista
de candidatos en coalición para corporaciones públicas, teniendo como
parámetro de fijación los resultados electorales de los colectivos políticos en las
elecciones anteriores ante las corporaciones respectivas.
En este segundo grupo están los siguientes presupuestos: 1) que se trate de
partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de las
elecciones; 2) que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos; 3) que esos votos hayan sido obtenidos en la
respectiva circunscripción en la que van a presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas y 4) que las votaciones para tener en
cuenta el 15% se haya presentado para elegir miembros de corporaciones
públicas, no así, las provenientes de cargos uninominales.
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El criterio finalista: la propuesta de coalición se generó bajo el argumento de
que la medida aplicaría únicamente a movimientos y partidos políticos
pequeños, con el propósito de permitirles aunar esfuerzos para lograr superar el
umbral requerido y, así, acceder como mínimo a una curul en su respectiva
circunscripción. Esto para robustecer el principio de sabiduría popular y de
ampliar el abanico y el espíritu democrático mediante la representación del
mayor número de sectores de la sociedad y de fortalecer las minorías a partir
de la coalición, que auguraba las posibilidades verdaderas de ser alternativas
de poder.
Esa es la razón por la cual no se puede interpretar que la votación exigida de
máximo el 15% para la conformación de coaliciones con respecto a las
elecciones anteriores, recaiga sobre lo decidido en la contienda presidencial,
por cuanto los sufragios que surgen de allí no se compadecen con las minorías
políticas en el marco de un régimen presidencialista. En digresión, las minorías
se ven reflejadas en el Congreso de la República.
Indicó que las elecciones presidenciales si bien originan el derecho a obtener
personería jurídica, para permitir la oposición política y generar la
representación para las ideas derrotadas, lo cierto es que no opera para
perderla ni adquirirla. En los términos precisos del artículo 108 constitucional, el
cual se aplica a las minorías, la votación es la obtenida en la apuesta electoral
para elegir Representantes a la Cámara y miembros al Senado de la República.
En esos términos lo entendió el CNE, en el concepto de 9 de diciembre de
2021, mediante el cual respondió la consulta sobre la aplicación del inciso 5° del
artículo 262, respecto de los nuevos partidos políticos que no participaron en la
elección inmediatamente anterior. En este indicó que frente al 15% de los votos
válidos obtenidos en la respectiva circunscripción a los partidos políticos a los
cuales se les reconozca personería -en cumplimiento del criterio de la Corte
Constitucional- frente a quienes ocupen el segundo lugar en las elecciones
presidenciales y accedan a la curul del artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018.
En esa oportunidad, el CNE indicó que la votación fue obtenida para las
elecciones presidenciales y no para las circunscripciones de senado y/o
cámara, por lo cual mal podía tenerse en cuenta dicha votación y, por lo tanto
no se debía contabilizar voto alguno para los efectos del inciso 5° del artículo
262 de la Constitución Política.
Señaló que los artículos 108 y 262 en su inciso referido parten de la base cierta
de generar derechos, tales como la oposición política y la garantía para las
personas de estar representadas.
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Por consiguiente, el artículo 262 inciso 5° constitucional, cuando consagra el
15% de los votos válidos lo determina del resultado obtenido en las elecciones
previas para elegir a miembros del legislativo dentro de la circunscripción; esto
es: Senado de la República y Cámara de Representantes, más no, de las
votaciones a cargos uninominales.
Las elecciones a que hace referencia la norma constitucional en cita
corresponden a las minorías, que se determina con el porcentual referido sin
excederlo y obtenido en las elecciones congresuales. Por su parte, el mandato
del 108 Superior, para efectos de mantenimiento y concesión de la personería
también emplea el mismo parámetro del Congreso, por lo que no resulta válido
ni pertinente tener como base la votación obtenida al momento de elegir
presidente de la República.
Además, la sumatoria de sufragios válidos obtenidos por los integrantes de la
coalición “Pacto Histórico - Alianza Verde4”, para las elecciones de Congreso de
2018 en la circunscripción del Tolima, que fueron Polo Democrático Alternativo
(con 21.518 votos) y Partido Unión Patriótica (con 23.336) que suman 44.917
sufragios no sobrepasan el 15% (63.009) del total de 420.065 votos válidos.
En consecuencia, al no encontrar los elementos de juicio para que se decrete la
nulidad del acto de elección de la congresista Martha Lisbeth Alfonso Jurado,
solicitó denegar las súplicas de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se
expide el reglamento interno de la corporación.
2. Problema jurídico
Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, entre otras decisiones, se fijó el litio
en los siguientes términos:
4
Según el E-6CT el Partido Alianza Verde obtuvo 0 votos.
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“[c]onsidera el despacho que el litigio se contrae a determinar si
debe anularse la elección de la representante a la Cámara Martha
Lisbeth Alfonso Jurado, por la circunscripción departamental del
Tolima, para el período 2022-2026, declarada por el Consejo
Nacional Electoral mediante el formulario E-26CAM de 22 de marzo
de 2022, por haber incurrido en expedición irregular del artículo 137
del CPACA y violación de la norma superior, al trasgredir el artículo
262 de la Constitución Política.
Lo anterior, implica absolver los siguientes cuestionamientos: ¿La
inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto
Histórico se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito
constitucional establecido en el inciso quinto del artículo 262
Superior en lo atinente a que los partidos una vez coaligados no
pueden superar el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción? En aras de verificar ese requisito ¿resultaba
admisible tener en cuenta los votos obtenidos por el partido político
Colombia Humana en las elecciones presidenciales del año 2018?”.
De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) Marco jurídico de la inscripción de listas de
candidatos en coalición; ii) Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana; para finalmente analizar iii) el caso concreto5.
3. Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en coalición
La autonomía que la Constitución reconoce a los partidos políticos admite la
asociación entre ellos por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
5
Frente a los tópicos anunciados se tendrán en cuenta las consideraciones expuestas por esta
Sección al decidir demandas idénticas del ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar,
instauradas contra congresistas elegidos por la coalición Pacto Histórico en diferentes
circunscripciones de la Cámara de Representantes. Con ponencia de la magistrada Rocío
Araújo Oñate: sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00;
24 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00089-00; 24 de noviembre de 2022,
11001-03-28-000-2022-00090-00; 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00.
Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio: sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00. Con ponencia del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil: sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00;
15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00093-00; 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00098-00; 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00148-00 y 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00149-00. En este punto se
advierte que en los alegatos de conclusión la parte actora pretendió descalificar dichos
antecedentes, lo cual no es de recibo por cuanto las alegaciones finales tienen como propósito
pronunciarse sobre las pruebas. Con todo, no se advierte que esos argumentos tengan la
virtualidad de modificar la posición de la Sale Electoral en el presente asunto.
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alcanzar diversos propósitos legítimos6, principalmente en el ámbito electoral.
Según el grado de compromiso que adquieran, estas alianzas pueden tomar la
forma de coaliciones, adhesiones o apoyos públicos a determinada campaña.
Tratándose de las coaliciones, el derecho de postulación que la Carta atribuye a
dichas organizaciones refuerza la posibilidad de conformarlas, con el fin obtener
el triunfo en las urnas.
De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge
“una forma asociativa de segundo nivel”, que refleja los intereses de las
agrupaciones que la integran y materializa una candidatura transversal a todas
ellas7. En línea con esta lectura, esta Sección las define como “alianzas propias
del proceso democrático”8, que concretan “la decisión libremente adoptada por
las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el
campo de lo político, especialmente con fines electorales”9.
Así concebida, esta figura representa una valiosa alternativa de participación
para quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos
minoritarios en la escena política. Como lo ha dicho esta Sala, en el contexto
de las campañas, una coalición permite que las colectividades “se presenten
como una asociación que busca convencer al electorado para ocupar los
respectivos cargos de elección popular”10 y de esta manera, contribuye a
“obtener mayores ventajas electorales”11.
El ordenamiento jurídico colombiano regula las coaliciones para inscribir
candidatos desde diferentes ámbitos y con variados alcances. En tal sentido, el
artículo 107 de la Carta, con las modificaciones introducidas por el Acto
6
Los partidos políticos también conforman coaliciones, por ejemplo, para elegir a los miembros
del Consejo Nacional Electoral, como lo autorizar el artículo 264 de la Constitución Política, y
para participar en los gobiernos nacional y subnacionales, o en determinados proyectos
políticos, según lo ha advertido la Sección, entre otras, en sentencias de 4 de agosto de 2011,
Rad. 11001-03-28-000-2010-00033-00, MP. Susana Buitrago Valencia; 21 de julio de 2016,
Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de
diciembre de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de
2018, Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, citada
en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00046-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
8
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, Rad. 76001-23-
33-000-2019-01223-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Concepto reiterado en sentencia de 12
de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, Rad. 2406, MP.
Reinaldo Chavarro Buriticá.
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Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
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Legislativo 1 de 2009, hace mención a los candidatos por coalición para
establecer la posibilidad de que estos sean escogidos por los partidos y
movimientos políticos a través de consultas populares, internas o
interpartidistas.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el contexto de la
financiación de campañas, dispone en su inciso final que “Los partidos y
movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña”, so
pena de perder el derecho a la reposición estatal de gastos12.
A su turno, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 se ocupa de la inscripción de
candidatos a cargos uninominales en coalición, por parte de “Los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos
significativos de ciudadanos”. Así mismo, la norma provee reglas instrumentales
para realizar dicha actuación, referidas a la identificación de la filiación política
del candidato en el formulario de inscripción, el contenido mínimo del acuerdo
de coalición, al que, de paso, otorga carácter vinculante, la forma de remplazar
al elegido en caso de faltas absolutas, entre otros aspectos.
Adicionalmente, el artículo 262 de la Carta, modificado por el Acto Legislativo 2
de 2015, se ocupa de la inscripción de listas de candidatos para corporaciones
públicas en coalición, con arreglo a lo dispuesto en su inciso quinto:
“La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las
campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la
inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos
uninominales o a corporaciones públicas, la administración de
recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de
los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas” (se
destaca).
Con base en estos parámetros normativos, la Sala ha tenido amplia ocasión de
identificar los requisitos y perfilar las reglas para inscribir candidatos en
coalición, tanto a cargos uninominales, como a curules en corporaciones
12
Adicionalmente, esta Sección ha inferido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 un fundamento
normativo para conformar coaliciones, cuando la norma reconoce a “Las asociaciones de todo
orden” el derecho a postular candidatos. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo
Oñate. Ver, además, sentencia de 21 de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01,
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se recoge esta idea en la sentencia de 4 de
septiembre de 2000, Rad. 2406, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
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públicas. Para estas últimas, se ha advertido que la norma constitucional fue
concebida para promover la participación de organizaciones políticas
minoritarias, que no tienen en ellas una representación significativa13.
Así mismo, se ha destacado que el derecho que consagra el artículo 262 de la
Constitución Política es de aplicación directa, pues “De manera autónoma e
independiente consagra y regula el derecho a presentar lista de candidatos en
coalición en corporaciones públicas bajo condiciones específicas”14.Cabe
anotar que esta precisión se suscitó debido a que las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales sí cuentan con desarrollo legal, según se
observó previamente.
En armonía con lo anterior, a propósito de la demanda contra la elección de un
representante a la Cámara por el departamento de Santander, inscrito y elegido
por una coalición para el periodo 2018-2022, se calificó la disposición superior
como una “norma completa” que no requiere de la promulgación de una ley
para su aplicación15. De modo que “el derecho a coaligarse emana de la
voluntad libre de las agrupaciones políticas reconociendo su existencia sin
necesidad de desarrollo legislativo específico”16.
Desde luego, deben cumplirse las condiciones específicas que ha compendiado
la Sala, con base en las provisiones expresas de la norma constitucional para
llevar a cabo estas inscripciones:
1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos
políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes
coaligados, sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince
por ciento (15%) de los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción17.
13
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rad. 11001-03-
28-000-2018-00019-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 2 de mayo de 2019,
Rad. 11001-03-28-000-2018-00129-00 (Acum.), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 22 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00596-01 (Acum.), MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 19 de enero de 2023,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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En particular, en relación con el requisito referido a la circunscripción en la que
se debieron obtener los votos para calcular el referido porcentaje, esta Sección
ha advertido que el precepto superior omite precisar a qué resultados
electorales debe acudirse, pese a que en una misma circunscripción se eligen
diferentes tipos de cargos y curules18.
Por ello, considerando que la finalidad de la norma es auspiciar la participación
de partidos políticos minoritarios en las corporaciones públicas, la Sala Electoral
mayoritariamente ha interpretado que se trata de la votación alcanzada por los
partidos coaligados en las elecciones anteriores que equivalgan a aquellas para
las que se inscribe la lista y que, en todo caso, no procede computar los votos
de cargos uninominales, aunque se trate de la misma circunscripción19.
De otra parte, en el ámbito de la administración electoral las autoridades
competentes han establecido algunas pautas para facilitar en la práctica la
inscripción por parte de estas coaliciones. Así, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 2151 de 2019, “Por medio de la cual se dictan algunas
medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas”. A través de este acto, proveyó sobre el
contenido mínimo del acuerdo de coalición que debe registrarse al momento de
la inscripción de la lista, al tiempo que afirmó el carácter vinculante de dicho
acuerdo y el cumplimiento de la cuota de género del artículo 28 de la Ley 1475
de 2011.
La misma entidad, en el preámbulo de las elecciones de Congreso de la
República del 13 de marzo de 2022, emitió el concepto de 9 de diciembre de
2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en cuanto al tope del
15% de votación en la respectiva circunscripción para los partidos coaligados.
En tal sentido, el CNE señaló que a los partidos que obtuvieron personería
jurídica después de las elecciones del Congreso de 2018 y que, por lo tanto, no
18
Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
19
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00, MP. Rocío Araújo Oñate; 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Se advierte
que la magistrada Araújo Oñate ha señalado en salvamentos parciales de voto que el artículo
262 de la Constitución Política utiliza el concepto de circunscripción para evocar la
representatividad de los partidos en un territorio determinado, razón por la cual no puede
limitarse la interpretación de la norma a la votación obtenida en la misma corporación pública en
elecciones anteriores, sino que admite acudir a los resultados de otras corporaciones que
pertenezcan a la circunscripción.
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participaron en estas, no se les computaría ningún voto al momento de la
inscripción de la lista en coalición20.
A las medidas anteriores se suma el diseño del formulario E-6 que implementó
la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar trámite a la “Solicitud para la
inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas
presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería
jurídica”21.
Este formulario contiene, entre otras secciones, una destinada a relacionar a los
partidos y movimientos políticos que conforman la coalición, con los respectivos
datos sobre la votación individual y total que obtuvieron en las elecciones de 11
de marzo de 2018, es decir, las del periodo anterior de Senado o Cámara de
Representantes. El formato también transcribe el inciso quinto del artículo 262
de la Constitución Política e incluye una casilla para calcular “Hasta el 15% de
los Votos Válidos” y verificar si la coalición cumple o no este requisito.
Se concluye de lo expuesto que la inscripción de listas a corporaciones públicas
por coaliciones es un derecho constitucional de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Su ejercicio está condicionado por factores
objetivos referidos a un tope de votación, un acuerdo previo entre los
coaligados, la participación mínima de mujeres en la lista y la suscripción del
formulario oficial para adelantar esta actuación de la etapa preelectoral. Este
esquema aspira a contribuir al fortalecimiento de la participación de las
colectividades minoritarias, en especial desde las corporaciones públicas de
elección popular a nivel nacional y territorial.
4. Surgimiento del movimiento político Colombia Humana
Atendiendo a la realidad política reciente del país, es legítimo asegurar que el
partido “Colombia Humana” tiene su antecedente en el grupo significativo de
ciudadanos “Progresistas”, que logró, entre otros, el triunfo en las elecciones del
30 de octubre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el actual presidente
de la República, señor Gustavo Petro Urrego. Durante esta administración del
periodo 2012-2015, el plan distrital de desarrollo fue titulado “Bogotá
Humana”22.
20
Aportado por la demandada en la contestación de la demanda.
21
Se tomó como referente el documento aportado en este proceso.
22
Recuperado de: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/planes-de-desarrollo-local/bogot%C3%A1-
humana#:~:text=El%20Plan%20de%20Desarrollo%20Bogot%C3%A1,diferencial%20en%20tod
as%20sus%20pol%C3%ADticas.
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A partir de este concepto, se perfila un proyecto político de alcance nacional y
con apuestas electorales por fuera de la capital de la República.
Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 27 de
mayo y 17 de junio de 2018, se constituyó el grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana23 para inscribir al señor Petro Urrego como candidato
presidencial. Esta inscripción se concretó a través de la coalición “Petro
Presidente”, conformada con el Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS
y el entonces grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana24.
Al haber obtenido la segunda votación en dichos comicios y la aceptación de las
curules de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes para el
periodo 2018-2022 por parte de los señores Petro Urrego y Ángela María
Robledo, el partido Unión Patriótica y el grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana resolvieron hacer una alianza política que permitiera a este
último aprovechar la personería jurídica del primero.
Fue así como, mediante Resolución 3287 de 201925, el Consejo Nacional
Electoral, a solicitud de las mencionadas organizaciones, registró el nombre del
partido político Colombia Humana – Unión Patriótica, sobre el siguiente
razonamiento:
“[L]a agrupación política Colombia Humana y el Partido Unión
Patriótica, como aliados naturales en el espectro político nacional,
llegaron al acuerdo de garantizar la participación política de Colombia
Humana, a través de la Personería Jurídica del Partido Unión
Patriótica, con lo cual se puede concluir que con el cambio de
nombre y logo símbolo en el caso concreto, se materializa un espacio
para garantizar que los ciudadanos que se identifican como parte de
la Colombia Humana, puedan participar políticamente y ejercer sus
derechos”.
Posteriormente, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ordenó a través de la
sentencia SU-316 de 2021 al Consejo Nacional Electoral reconocer personería
jurídica al movimiento político Colombia Humana. En esta decisión, la Corte
ponderó la necesidad de contar con dicho atributo para el ejercicio pleno del
23
Ver: Consejo Nacional Electoral, Resolución 2170 de 29 de agosto de 2017, “Por la cual se
registra el Logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA”, para la
inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para las
elecciones que se llevarán a cabo el día 27 de mayo de 2018”. Recuperado de:
https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
24
Así puede constatarse en las tarjetas electorales de esos comicios, publicadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en: https://www.registraduria.gov.co/Elecciones-de-
Presidente-y-Vicepresidente-de-la-Republica.html
25
Ponente: Luis Guillermo Pérez Casas. Recuperado de: https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
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derecho a la oposición al Gobierno Nacional, connatural a la labor de los
congresistas de dicha colectividad que ocuparon las respectivas curules en el
Congreso de la República, en virtud de lo reglado en el artículo 112 de la
Constitución Política y la Ley 1909 de 2018.
Así mismo, la sentencia en comento armonizó estos preceptos con el principio
democrático y el porcentaje de votación previsto en el artículo 108 ibidem para
adquirir por regla general la personería jurídica como partido o movimiento
político. Sobre el punto, valoró el “respaldo ciudadano significativo que superó
los 8 millones de votos”, que corroboraban para Colombia Humana el umbral
del 3% de votos que contempla la citada norma constitucional, solo que
respecto de los válidos depositados para elegir presidente de la República, en
lugar de los resultados de Senado o Cámara de Representantes que utiliza
como referente el precepto superior en cita.
Estos razonamientos derivaron en las siguientes reglas para el reconocimiento
de la personería jurídica en estas especiales condiciones:
“[E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica
bajo lo dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018, a grupos significativos de ciudadanos o
movimientos políticos sin personería jurídica, se debe verificar que (i)
el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado
consideró como significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos
válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la
República; (ii) al menos uno de los candidatos de la formula deberá
aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición”26.
Finalmente, en cumplimiento de la orden judicial, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 7471 de 15 de octubre de 2021, por la cual reconoció
personería jurídica al movimiento político Colombia Humana. Merced a este
atributo, esta organización integró la coalición Pacto Histórico para las
elecciones legislativas y presidenciales que se llevaron a cabo en marzo, mayo
y junio de 2022, en las que obtuvo curules en Senado y Cámara y logró el
triunfo del primer mandatario de la Nación.
5. Caso concreto
El ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar pretende la nulidad de la elección
de la representante a la Cámara por la circunscripción departamental del
Tolima, Martha Lisbeth Alfonso Jurado, para el periodo 2022-2026, declarada
26
Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021, MP. Alejandro Linares Cantillo.
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27
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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por la comisión escrutadora departamental mediante el formulario E-26 CAM del
22 de marzo de 2022.
Las censuras del demandante en contra del acto acusado se concretan en la
etapa de inscripción de la lista de candidatos de la que hizo parte la
demandada, en razón a la participación del movimiento político Colombia
Humana en la coalición Pacto Histórico, con el cual superaba el tope del 15%
de los votos válidos de la respectiva circunscripción que señala el artículo 262
de la Constitución Política para efectos de ejercer este derecho.
En este sentido, aduce que a dicha colectividad le fueron registrados de manera
errada cero (0) votos en las elecciones de Congreso de la República del 11 de
marzo de 2018, para efectos de calcular el aludido porcentaje. En lugar de este
dato, la parte actora considera que se le debieron computar los 174.289
sufragios que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018 en el
departamento del Tolima27, pues fueron estos comicios nacionales los que le
permitieron obtener personería jurídica e integrar la coalición.
Planteada en estos términos la controversia, la Sala destaca que en la fijación
del litigio se anunció su estudio desde la perspectiva de la infracción de norma
superior –para el caso, el artículo 262 constitucional– y expedición irregular, que
corresponden a causales genéricas de nulidad de los actos administrativos,
aplicables a los que declaran elecciones populares por la remisión expresa que
hace el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Frente a este punto, el demandante dedica buena parte de los alegatos de
conclusión a reprochar a la Sala que algunas demandas similares que él ha
instaurado se enfocaran como juicios de causales objetivas, mientras que otras,
como la que se decide en esta oportunidad, se perfilaron como causales
subjetivas. Ante lo que califica como “inseguridad en el trámite”, solicita “que se
tome una decisión que subsane lo anterior y se falle en una sola sentencia lo
correspondiente a los REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
Al respecto, se impone advertir que los alegatos no son la oportunidad para
formular este tipo de peticiones, que tienen que ver con decisiones adoptadas
en fases procesales anteriores. Se recuerda que, atendiendo al artículo 207 de
la Ley 1437 de 2011, las situaciones que puedan constituir irregularidades en el
trámite deben exponerse en la correspondiente etapa del proceso.
27
Esta cifra se puede verificar en el formulario E-26 PRE de las elecciones de 17 de junio de
2018, aportado al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contiene los
resultados parciales para presidente y vicepresidente de la República en el departamento del
Tolima.
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Adicionalmente, se observa que este aspecto ha sido ventilado por la parte
actora en otros procesos y al momento de la decisión se ha advertido, como
cuestión previa, que disponer por el ponente que se adelanten actuaciones
separadas frente a un mismo acto administrativo no configura una nulidad.
Antes bien, esta determinación resulta de la interpretación del artículo 282
ibidem, considerando los términos en que fueron presentadas las censuras en
la demanda28.
También sea esta la ocasión para precisar que las causales de nulidad
corresponden a los vicios que comprometen la legalidad de los actos
administrativos. Sin embargo, no son un requisito formal autónomo de la
demanda, sino que hacen parte del concepto de violación y, como tales,
contribuyen a la ubicación conceptual de las pretensiones29.
Consecuente con este carácter, las diferentes causales de nulidad que admite
el proceso electoral (objetivas, subjetivas y genéricas), pueden encauzar el
debate en cuanto a la circunstancia concreta que afecta la elección –v.g.
falsedades en documentos electorales, inhabilidad del elegido, infracción de la
norma en que debió fundarse, expedición irregular–, pero lo que define las
temáticas de fondo es el marco jurídico que ofrece el propio demandante.
Tratándose de los procesos promovidos por el señor Abuchaibe Escolar, ha
habido acuerdo en la Sección en cuanto a estudiar la causal de nulidad por
infracción de norma superior, específicamente el artículo 262 de la Constitución
Política. Así lo consignan las providencias que menciona el propio demandante
en los alegatos de conclusión30.
Dilucidado este aspecto de orden formal, se abordará el estudio de fondo, a
través de la revisión de cada uno de los requisitos que establece la aludida
norma constitucional para la inscripción de listas de candidatos a corporaciones
públicas en coalición, en el caso de aquella que integró la representante Martha
Lisbeth Alfonso Jurado.
a) Partidos o movimientos políticos con personería jurídica
28
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00149-00 y 11001-03-28-000-2022-00149-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
29
Sobre el requisito de la demanda relativo a los fundamentos de derecho de las pretensiones,
ver: Santofimio, J. (2004). Tratado de derecho administrativo, tomo III, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, pág. 471.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 6 de junio de 2022, Rad.
11001032800020220008400, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 23 de mayo de 2022, Rad.
110010320220008800, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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29
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
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Una de las pocas diferencias que existe entre las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones públicas es que en
las primeras pueden participar grupos significativos de ciudadanos, mientras
que las segundas están reservadas a los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica.
Esta restricción puede explicarse en la necesidad de promover un esfuerzo
electoral individual a los grupos significativos para obtener este atributo a través
de las votaciones al Congreso de la República, que son las que lo otorgan, en
condiciones normales, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución
Política.
La coalición Pacto Histórico se conformó, en lo que atañe al caso concreto, para
inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la
circunscripción departamental del Tolima. Se extrae del formulario E-6CT que
estuvo integrada por las siguientes agrupaciones políticas:
004 Partido Alianza Verde
009 Partido Polo Democrático Alternativo
010 Partido Colombia Humana – Unión Patriótica “UP”
012 Movimiento Alternativo, Indígena y Social “MAIS”
016 Movimiento Alianza Democrática Amplia
301 Movimiento Político Colombia Humana
303 Partido Comunista Colombiano
El demandante no pone en duda que el movimiento político Colombia Humana
cumpla el requisito de personería jurídica para hacer parte de la coalición Pacto
Histórico. Por el contrario, subraya que esta le fue reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, a órdenes de la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, interpreta que la forma en que adquirió ese
atributo pone en evidencia que no es un partido pequeño que pueda hacer parte
de una “coalición de minorías”, sino una fuerza política que obtuvo más de 8
millones de votos en las elecciones presidenciales que antecedieron a las del
Congreso del año 2022.
Además, en los alegatos de conclusión apela al dicho de la Corte en aquel fallo,
en cuanto a que “las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones
indirectas, ontológicamente de mandato representativo” (subrayado adicional).
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
(Representante a la Cámara – Departamento del Tolima)
Radicado: 11001032800020220009200
De ahí el enlace temático que hace la parte actora entre los artículos 262 y 108
de la Carta.
La Sala no comparte este planteamiento del demandante para aplicar el artículo
262 de la Constitución Política, en razón a que, cuando este precepto superior
exige la personería jurídica para participar en estas coaliciones, no introduce
ningún elemento adicional ni necesariamente remite a las reglas de adquisición
de esa cualidad, las cuales, ciertamente, exceden lo dispuesto en el artículo
108 superior.
En efecto, esta Sección ha hecho un recuento de las diferentes formas en las
que es posible adquirir personería jurídica como organización política:
“De esta forma, se mantienen vigentes hasta el momento dos
mecanismos definitorios de la personería jurídica, uno ordinario,
representado en un mínimo de respaldo popular en las urnas
(umbral) y otro excepcional, determinado por el triunfo de algún
candidato (curul) en las circunscripciones especiales, sobre el cual se
ocupará esta providencia en el acápite siguiente. Además, conforme
a los recientes desarrollos constitucionales y legales, se ha abierto el
camino para el reconocimiento de la personería jurídica a través de
otros mecanismos institucionales, como el Acuerdo de Paz de 2016,
la posibilidad de escisión y otras situaciones especiales que de
conformidad con la jurisprudencia han ameritado una interpretación
de las reglas generales de cara a los derechos fundamentales y
principios constitucionales”31.
La situación del movimiento político Colombia Humana encuadra en la última de
las hipótesis descritas, en la medida en que su personería jurídica resultó de
una orden judicial que, en palabras de la Corte, fue dictada “en aplicación de
una interpretación expansiva del principio democrático”32.
Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con las “elecciones indirectas”
al Congreso de la República, si bien la Corte Constitucional hace este símil en
la aludida sentencia de unificación, lo cierto es que los votos que otorgan el
derecho a ocupar las curules de la oposición en Senado y Cámara se reciben
en las elecciones para presidente de la República, en circunscripción nacional.
Sobre este punto, explicó esta Sala:
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-
24-000-2011-00221-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021. Alejandro Linares Cantillo.
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“(…) Si bien es claro que la referida corporación judicial [se alude a la
Corte Constitucional] hizo referencia a la necesidad de contar con un
factor objetivo que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para lo
cual, acudió al valor del 3% de los votos válidos de una elección
conforme lo señala el artículo 108 de la Constitución, lo cierto es que
dicha circunstancia no implica, en sí misma, que la elección
presidencial y el ejercicio del derecho personal adquieran la
connotación de elecciones parlamentarias o a otro tipo de
corporaciones públicas”33.
Adicionalmente, se ha reparado en que la Corte Constitucional no estableció
ninguna regla en dicha providencia para la aplicación del artículo 262
constitucional:
“(…) [N]o existe en dicho pronunciamiento ninguna regla o
consideración relacionada con la manera en que ha de aplicarse lo
dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución, ni
puede entenderse que la necesidad de implementar un criterio
diferencial en relación con el umbral exigido para el reconocimiento
de personería jurídica en casos como el estudiado en esa
oportunidad tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se estudia,
pues se trata de reglas constitucionales diferentes”34.
De esta forma, se concluye sobre el primer requisito que, para efectos de
inscribir listas en coalición a corporaciones públicas, no es admisible la relación
que plantea el demandante entre los artículos 262 y 108 de la Constitución
Política para adelantar la inscripción de candidatos en coalición, habida cuenta
que lo relevante para efectos de la conformación de la coalición Pacto Histórico
y la inscripción de su lista a la Cámara de Representantes en la circunscripción
departamental del Tolima, es que Colombia Humana contaba con personería
jurídica en ese momento. Cumplido este requisito, no atañe al juez de la
legalidad de la elección examinar la manera en que fue adquirido.
b) Tope del quince por ciento (15%) de los votos válidos obtenidos por los
partidos que integran la coalición en la respectiva circunscripción
Verificada la personería jurídica, los partidos que se coaliguen para inscribir
listas de candidatos a corporaciones públicas deben acreditar un requisito
cuantitativo y objetivo, referido a que “sumados hayan obtenido una votación de
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de noviembre
de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción”.
Acerca de este presupuesto, no ha pasado inadvertido por la Sala que la norma
constitucional omite señalar expresamente a qué elecciones debe acudirse para
determinar la votación que ha de sumarse con el fin de calcular el porcentaje
máximo que exige la norma constitucional. Este ingrediente es de la mayor
importancia, habida cuenta que en una misma circunscripción se eligen
diferentes tipos de cargos, tanto uninominales, como para corporaciones
públicas.
Ante tal imprevisión, y atendiendo a la finalidad del precepto, la posición
mayoritaria de la Sala sostiene que se trata de los votos obtenidos en
elecciones de idéntica naturaleza que se hayan realizado para el periodo
inmediatamente anterior en la misma circunscripción electoral, excluyendo en
todo caso la posibilidad de que se acuda a votaciones para elegir cargos
uninominales. Sobre el punto, se ha dicho:
“(…) Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es
claro que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262
superior, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a
evitar que las fuerzas políticas que cuentan con amplia participación
en una determinada corporación pública puedan unirse para la
siguiente elección de la misma naturaleza, con el fin de aumentar su
representación en ella, en desmedro de las organizaciones que
cuentan con un menor número de integrantes o que carecen de
representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el
objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen las colectividades
con baja o ninguna representación de conservar o alcanzar dichos
escenarios democráticos.
Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se
tomen en consideración los resultados obtenidos por un determinado
partido o movimiento en una elección diferente a aquella para la cual
se busca presentar una lista en coalición, incluso si se ha presentado
en la misma circunscripción”35.
También se ha abordado el concepto desde esta arista:
“[S]i la lista de candidatos por coalición a una corporación pública
busca participar en las elecciones para elegir representantes en un
departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual
antes referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los
35
Id.
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partidos y movimientos coaligados en el espacio geográfico que se
corresponda con aquel en el cual se lleva a cabo la elección.
Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de
circunscripción, que como se expuso en forma precedente, refiere al
marco territorial en el cual los ciudadanos pueden depositar sus
votos que soportarán la declaratoria de elección que posteriormente
realiza la autoridad electoral. Bajo esta consideración, es claro que la
figura referida deviene en un elemento objetivo y verificable que
permite establecer la fuerza electoral de los partidos coaligados que
pretenden acceder a un espacio de representación en una
corporación pública.
Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras
que los representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los
departamentos que conforman el territorio colombiano”36 (negrillas
del original).
De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos
obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de ciudadanos,
en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República de 2018,
corresponden a una circunscripción nacional, que no equivale a la respectiva
circunscripción departamental de Tolima para la Cámara de Representantes,
donde se eligieron los congresistas en ese mismo año, razón por la cual no
podían tenerse en cuenta para conformar la coalición e inscribir lista de
candidatos a dicha corporación.
Contrario a esta postura y profundamente ligado con su interpretación sobre el
requisito de la personería jurídica, que se estudió previamente, el demandante
resalta que Colombia Humana llegó al Pacto Histórico con unos votos que, si
bien no fueron en estricto sentido depositados para elegir al Congreso de la
República en el año 2018, representaron la segunda votación para presidente y
vicepresidente de la República y se tradujeron en una “elección indirecta” al
Senado y la Cámara, según lo señaló la Corte Constitucional.
Además, repara en que estos comicios aportaban unos resultados constatables
para dicho movimiento político, que debieron computarse a la mencionada
coalición y que podían determinarse sin dificultades para la circunscripción
departamental del Tolima, a efectos de inscribir la lista que interesa a este
asunto, en lugar de registrársele cero (0) votos, como ocurrió.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Radicado: 11001032800020220009200
La Sala no puede admitir esta lectura, mucho menos con los antecedentes que
han madurado la tesis que mejor contribuye al efecto útil del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política y sobre la base de que esta norma
consagra un derecho fundamental de las organizaciones políticas, íntimamente
relacionado con el principio democrático que defiende la Carta, que impone la
interpretación que maximice su realización. Esta Sección expuso las siguientes
reflexiones al respecto:
“(…) [E]s claro que los resultados obtenidos por el movimiento
político Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección
del presidente y vicepresidente de Colombia no pueden ni deben
tenerse en cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé el
artículo 262 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto
carecería de sentido pretender que se tomen en consideración los
votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en una
elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista
en coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad,
precisamente para alcanzar la representación política y democrática
en aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos
minoritarios no tienen una participación significativa”37.
Aunado a lo anterior, se ha observado la imposibilidad de establecer la votación
que habría sido depositada a favor de Colombia Humana en esos comicios
nacionales, es decir, cuántos votos le pertenecen dentro de la coalición “Petro
Presidente”, que conformó con el partido MAIS y el grupo significativo Fuerza
Ciudadana para inscribir al actual mandatario nacional y quien en esa
oportunidad obtuvo la segunda votación y la curul de la oposición en el Senado.
Sobre el punto, se ha señalado que, “En atención a la forma de participación, se
tiene entonces que los votos depositados a favor de dicha opción política se
contabilizan al candidato presentado por la coalición, sin que sea posible
identificar si los mismos pertenecen a una u otra de las organizaciones que
hacen parte del acuerdo”38.
Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de
Representantes del Tolima, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los
que debían registrarse al momento de la inscripción de la lista de candidatos
que integró la demandada, como se exigió desde el mismo formulario E-6 CT:
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Para el caso del movimiento político Colombia Humana, se destaca que este
dato figuró en ceros (0), habida cuenta que no participó en las elecciones del
Congreso de la República del año 2018.
Sobre esta actuación, debe igualmente destacarse que para la época
preelectoral en la que se enmarca este litigio, el Consejo Nacional Electoral
emitió el concepto al que se hizo antes referencia en esta providencia, en el que
esa autoridad electoral analizó los efectos prácticos del inciso quinto del artículo
262 de la Constitución Política y sentó un parámetro de conducta a la hora de
llevar a cabo el acto de inscripción de listas en coalición a corporaciones
públicas. En tal sentido, a los partidos que no hubiesen participado en las
elecciones del Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, no se les
sumaría ningún voto al momento de la inscripción para la misma corporación en
el año 2022 y así se hizo para el caso del acto previo a la elección cuya
legalidad se impugna.
A esta altura, cabe anotar que, según lo advierte el Ministerio Público, si bien se
conoce en el proceso el dato exacto de los votos válidos de las elecciones a la
Cámara de Representantes del Tolima del 11 de marzo de 2018, que fue de
420.065, lo cierto es que el 15% equivalía a 63.009 sufragios, pero las
votaciones que obtuvieron en 2018 los integrantes de la coalición Pacto
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Histórico para los comicios congresales de 2022 fueron: el Polo Democrático
Alternativo con 21.518 sufragios y la Unión Patriótica con 23.336, sumatoria que
arroja un total de 44.917 votos, resultado que no supera el porcentaje indicado.
Sin embargo, la censura no se centra en esta cifra, sino en los 174.289
sufragios que aportaba Colombia Humana, de habérsele computado la votación
que obtuvo su candidato en las elecciones presidenciales del 2018.
Con este derrotero, se reitera la conclusión a la que ha llegado esta Sala en
asuntos parecidos al presente, en cuanto a que la votación consignada en el
formulario E-6 CT, por el cual se realizó la inscripción de la lista de candidatos
de la coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Tolima para
el periodo 2022-2026, integrada por la demandada, es la de los comicios
equivalentes para el periodo 2018-2022. En esa medida, cumple con el requisito
del artículo 262 de la Constitución Política.
Las consideraciones anteriores también conducen a desestimar, al igual que lo
ha hecho la Sala en casos similares, el cargo de expedición irregular del acto de
elección acusado, que la parte actora ubica en la fase de inscripción de la lista
de candidatos, debido a la cifra de la votación reconocida al partido Colombia
Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.
No sobra recordar que esta causal se verifica, cuandoquiera que se
desconocen etapas o exigencias de orden procedimental para que el acto
pueda surgir válidamente a la vida jurídica, que apuntan a garantizar los
derechos de audiencia y defensa, la igualdad entre los interesados, la
publicidad y el debido proceso39. Así mismo, se ha precisado que no se trata de
cualquier inconsistencia en el trámite, sino de aquellas de tal entidad que
afecten el sentido de la decisión40.
Siendo así, en materia electoral, es posible estructurar este vicio en los eventos
en que “se omiten formalidades que afectan de manera determinante la
transparencia de un proceso electoral y su correspondiente resultado”41.
Contrario a estas hipótesis, en el caso concreto se ha verificado que el
formulario de inscripción E-6 CT contiene la votación real que obtuvieron los
39
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021,
Rad. 76001-23-33-000-2020-00002-00, M.P. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 9 de
septiembre de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-00004-02, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2021, Rad. 73001-23-33-
000-2020-00327-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandada: Martha Lisbeth Alfonso Jurado
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partidos que conformaron la coalición Pacto Histórico en las elecciones del 11
de marzo de 2018 para la Cámara de Representantes en el departamento del
Tolima, que coincide con la “respectiva circunscripción” de los comicios del 13
de marzo de 2022, según se expuso previamente. Por lo tanto, no se advierte
que en esta actuación de la etapa preelectoral se pretermitiera algún requisito
constitucional o legal para adelantarla.
En suma, el acto de elección de la señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado, como
representante a la Cámara por la circunscripción del Tolima, no infringió el
artículo 262 de la Constitución Política ni fue expedido de forma irregular, por
cuenta de la aplicación del porcentaje de votación que se tuvo en cuenta para el
partido Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico que inscribió la
lista de candidatos en la etapa preelectoral. Por consiguiente, se negará la
pretensión de nulidad formulada en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección de la
representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Tolima, la
señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado, para el periodo 2022-2026, contenido en
el E-26 CAM de 22 de marzo de 2022.
SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento parcial de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/”
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