Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01423-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01423-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01423-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
30 de junio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE NEGÓ LA NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES EN LA
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL TOLIMA.
EXCLUSIÓN DE LA LISTA PRESENTADA POR LA
COALICIÓN DEL PACTO HISTÓRICO. RECONOCIMIENTO
DE PERSONERÍA JURÍDICA AL MOVIMIENTO COLOMBIA
HUMANA A TRAVÉS DE LA SENTENCIA SU-316 DE 2021.
ANÁLISIS DEL DEFECTO SUSTANTIVO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.
SE REVOCA LA DECISIÓN Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL FRENTE AL DEFECTO SUSTANTIVO Y
POR FALTA DE SUBSIDIARIEDAD RESPECTO AL
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido
con ocasión del fallo proferido el 9 de marzo de 2023, mediante el cual se negó la pretensión de
nulidad del acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la
circunscripción territorial del Tolima, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, violación directa de la Constitución y, además, desconoció el principio de congruencia.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 11 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:
“Primero: Negar el amparo deprecado por el señor José Manuel Abuchaibe
Escolar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 21 de marzo de 2023, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar promovió proceso de
acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que
se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
igualdad y a elegir y ser elegido y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“1. Se nos conceda la Tutela sobre nuestros derechos al debido proceso (art.
29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o cualquier otro
derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que ustedes
consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada, dentro
de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en atención a las
consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación:
11001-03-28- 000-2022-00092-00 por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda presentada contra la elección de MARTHA LISBETH ALFONSO
JURADO, REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (2022-2026)
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la
Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales de los
accionantes.
4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- mayúsculas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Mediante sentencia SU-316 de 2021, la Corte Constitucional habilitó que el umbral del
3% para el reconocimiento de personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana se determinara de los votos emitidos válidamente en las elecciones de
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
presidente y vicepresidente de la República celebradas en el año 2018, y no en las
votaciones de Cámara de Representantes como lo dispuso la norma1.
2) Así pues, teniendo en cuenta el reconocimiento de personaría jurídica del movimiento
político Colombia Humana y que se cumplía con el porcentaje establecido en el artículo
262 de la Constitución Política2 para presentar lista de candidatos para corporaciones
públicas, la señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado fue inscrita por el Pacto Histórico3,
como candidata a la cámara de representantes por el departamento del Tolima para las
elecciones del 13 de marzo de 2022, período constitucional 2022-2026.
3) La información correspondiente a la inscripción de las candidaturas y su aceptación
fue registrada en el formato E-6CT, en el que se indicó que el movimiento Colombia
Humana no había obtenido ningún voto en la circunscripción en las votaciones de Cámara
de Representantes adelantadas en el año 2018, puesto que no postuló candidatos para
ese certamen electoral, por lo que no aportó una cifra que llevara a que se excediera el
máximo establecido en el artículo 262 de la Constitución Política.
4) Contra el acto de declaratoria de elección de la cámara de representantes por la
circunscripción territorial de Tolima del 24 de marzo de 2022, el señor José Manuel
Abuchaibe Escolar presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral con el fin de que se declarara su ilegalidad y se ordenara realizar un nuevo
escrutinio de los votos depositados para dicha elección, en el cual se excluyera de este
la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico.
5) Lo anterior, pues, a su juicio, los votos que debieron ser registrados en el formato E-
6CT y tomados en cuenta a efectos de dar cumplimiento al inciso quinto del artículo 262
de la Constitución eran los obtenidos en el departamento del Tolima en la elección
1 “ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en
elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en
las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya
en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido
representación en el Congreso.”. (negrillas de la Sala).
2 El artículo 262 de la Carta Política establece que “Los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas”
3 Coalición formada por los partidos y movimientos “Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza
Democrática Amplia-ADA-, Movimiento Político Colombia Humana , el Movimiento Alternativo Indígena y
Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista Colombiano -PCC-“.
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presidencial del 2018 y no en las votaciones de senado y cámara, votación que no le
permitía al Movimiento Político Colombia Humana ser parte de la coalición del Pacto
Histórico, toda vez que obtuvo 146.103 votos de un total de 442.528, lo que superaba
ampliamente el 15%.
6) El conocimiento del asunto correspondió, en única instancia, a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, quien en sentencia del 9 de marzo de 20224, negó la pretensión de
nulidad, por cuanto los resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en la
segunda vuelta presidencial del año 2018 no debían ser tomados en cuenta al momento
de establecer si se cumplió o no el límite del 15% a que refiere el artículo 262 de la Carta
Política, pues los votos válidos eran los obtenidos en las elecciones para Congreso de la
República.
7) Consideró que en la sentencia SU-316 de 2021 no se desarrolló ninguna regla o
consideración relacionada con la manera en que debía aplicarse lo dispuesto en el inciso
quinto del artículo 262 de la Constitución Política, por lo que no podía entenderse que la
necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral exigido para el
reconocimiento de personería jurídica del movimiento político Colombia Humana (artículo
108 C.P.) tuviera un impacto sobre el cálculo del límite para presentar lista de candidatos
en coalición para corporaciones públicas (artículo 262 C.P), pues se trata de reglas
constitucionales diferentes.
3. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido con
ocasión del fallo proferido el 9 de marzo de 2023, mediante el cual se negó la pretensión
de nulidad del acto de declaratoria de elección de la cámara de representantes en la
circunscripción territorial del Tolima, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución; además, desconoció el principio
de congruencia.
En cuanto al defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial demandada no tuvo en
cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, para otorgar
4 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 10 de marzo de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
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personería jurídica al movimiento Colombia Humana, permitió contar los votos válidos
obtenidos en las elecciones presidenciales del 2018 y no en las de Congreso, como lo
establece el artículo 108 de la Carta Política, por lo que no era posible que, para los
efectos del artículo 262 constitucional, no se hubiera contabilizado voto alguno respecto
de dicho movimiento político, pues para ello también se debían tener en cuenta los
resultados obtenidos en las elecciones de presidente y vicepresidente del año 2018.
En esa medida, como el movimiento Colombia Humana sí tenía votos para contabilizar
en el momento de realizar la inscripción de la coalición denominada Pacto Histórico, podía
aportar a la sumatoria reportada en el formato E-6CT una cifra que llevara a exceder el
máximo establecido en el artículo 262 de la Constitución Política, situación que implicaba
la imposibilidad de que formara parte de la lista presentada.
Frente al defecto fáctico, sostuvo que se interpretó de manera arbitraria lo expuesto por
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021, en la que se destacó el
surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no dependía de las
elecciones directas para la cámara de representantes y senado, sino de elecciones
indirectas, es decir, las presidenciales.
Por otra parte, indicó que se violó de manera directa la Constitución, pues se desconoció
que la Corte Constitucional otorgó personería al movimiento Colombia Humana en
cumplimiento del artículo 108 constitucional, en atención al 3% para efectos del umbral
electoral, conforme a los votos válidos obtenidos en las elecciones presidenciales del
2018, por lo que sí se podía contabilizar voto alguno al movimiento Colombia Humana
para los efectos consagrados en el inciso quinto del artículo 262 de la Carta Política.
Finalmente, afirmó que la autoridad judicial demandada desconoció el principio de
congruencia, pues omitió pronunciarse sobre los cargos relacionados con las condiciones
de elecciones indirectas al Congreso de la República.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 24 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la
Sección Quinta del Consejo de Estado y a la señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado, para
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 11 de
mayo de 2023 negó el amparo invocado, por cuanto la decisión no se fundamentó en una
interpretación indebida del artículo 108 de la Carta política, pues en dicha norma se reguló
la personería jurídica de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, más no los presupuestos para presentar listas de coaliciones para
corporaciones públicas.
Explicó que no se desatendió lo dispuesto en la sentencia SU-316 de 2021, debido a que
en dicho fallo el análisis se circunscribió al reconocimiento de la personería jurídica de
Colombia Humana con fundamento en el artículo 108 de la Constitución Política y no al
cumplimiento de las exigencias para la formulación de las listas en coalición.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 6 de junio de 2023.
Manifestó que lo que se cuestiona a través del mecanismo constitucional es el hecho de
que se haya declarado que el movimiento Colombia Humana, en el momento de celebrar
una coalición con otros partidos, no tenía votos que contabilizar al realizar la inscripción,
a pesar de que la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-316 de 2021 que el
surgimiento de su personería jurídica no dependía de las elecciones directas para senado
y cámara, sino de las elecciones indirectas, por lo que para verificar el total de los votos
del 15%, al que hace referencia el artículo 262 superior se debían sumar los que se
obtuvieron en las presidenciales del 2018.
Colombia Humana nace con una personería jurídica producto de un fallo de la Corte
Constitucional que puso a ese movimiento político con una votación nacional que se
puede contabilizar de las elecciones presidenciales; sin embargo, pretende que, para
efectos de una coalición para el Congreso, su agrupación aparezca con cero votos.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y a elegir y ser elegido
presuntamente vulnerados con ocasión del fallo del 9 de marzo de 2023, mediante el cual
se negó la pretensión de nulidad del acto de declaratoria de elección de la cámara de
representantes en la circunscripción territorial del Tolima, por cuanto, a su juicio, incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución; además,
desconoció el principio de congruencia.
En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó el amparo invocado.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
En el escrito de impugnación la parte demandante indicó que es contradictorio que
Colombia Humana hubiera nacido con una personería jurídica producto de un fallo de la
Corte Constitucional que permitió que se computaran los votos válidos obtenidos de las
elecciones presidenciales; sin embargo, pretenda que, para efectos de conformar las
listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, aparezca con cero votos,
pues dicho movimiento no contó con candidatos para las elecciones para al Congreso de
la República del 2018.
Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución,
lo cierto es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que esos
reparos, en realidad, tienen relación directa con la presunta indebida interpretación del
artículo 108 y del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política de cara a lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021; por consiguiente,
se procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los defectos
mencionados pues los argumentos relacionados con los otros también constituyen un
defecto sustantivo, por lo que se valorarán bajo esa óptica.
De igual manera, se estudiará lo referente al presunto desconocimiento del principio de
congruencia invocado por el demandante.
No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó la acción de tutela y, en su lugar, declarará su
improcedencia por el incumplimiento del requisito subsidiariedad frente al principio de
congruencia, y por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en cuanto
al defecto sustantivo, por las razones que procederán a exponerse:
1. El requisito de relevancia constitucional
1.1 El demandante indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo, debido a que no tuvo en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia
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SU-316 de 2021, para otorgar personería jurídica al movimiento Colombia Humana,
permitió contar los votos válidos obtenidos en las elecciones presidenciales del 2018 y
no en las de Congreso, como lo establece el artículo 108 de la Carta Política, por lo que
no era posible que, para los efectos del artículo 262 constitucional, no se hubiera
contabilizado voto alguno respecto de dicho movimiento político.
1.2 En esa medida, consideró que como el movimiento Colombia Humana sí tenía votos
para contabilizar en el momento de realizar la inscripción de la coalición denominada
Pacto Histórico podía aportar a la sumatoria reportada en el formato E-6CT una cifra que
llevara a exceder el máximo establecido en el artículo 262 de la Constitución Política,
situación que le imposibilitaba formar parte de la lista presentada.
1.3 Sin embargo, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala
advierte que es claro que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a
discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el
trámite del proceso de nulidad electoral y que estaban dirigidos a que se realizara un
nuevo escrutinio de los votos depositados para la elección de cámara de representantes
por la circunscripción territorial del Tolima con la exclusión de la lista presentada por la
coalición del Pacto Histórico, pues los votos que debieron ser registrados en el formato
E-6CT eran los obtenidos en la elección presidencial del 2018 y no en las votaciones de
Congreso, pues en criterio de la actora así lo dispuso la Corte Constitucional en la
sentencia SU-316 de 2021.
1.4 En efecto, en la demanda de nulidad la parte demandante indicó, en los mismos
términos que ahora plantea, que había lugar a declarar la nulidad del acto de declaratoria
de elección y a realizar un nuevo escrutinio de los votos depositados en el cual se
excluyera la lista presentada por la coalición Pacto Histórico.
1.5 Ello, pues, si bien el movimiento político Colombia Humana nació con una personería
jurídica producto del fallo SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional, el cual dispuso que
el 3% para efectos del umbral del artículo 108 constitucional se podía calcular de los
votos válidos obtenidos en las elecciones presidenciales de 2018, no era posible que,
para efectos de verificar si la coalición para el Congreso sobrepasaba el 15% de los votos
válidos de la respectiva circunscripción, esa agrupación política apareciera con cero
votos, toda vez que en realidad obtuvo 146.103 votos, lo que no le permitía ser parte de
esa coalición, así:
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
“Si un partido tiene personería jurídica para participar en las elecciones del 2022
es porque obtuvo su reconocimiento o la mantuvo en las elecciones del
congreso del 2018. Ahora bien, la personería jurídica que obtuvo COLOMBIA
HUMANA por fallo de la Corte Constitucional es porque superó el umbral
para efectos de obtener el reconocimiento de la personería jurídica de
acuerdo al artículo 108 constitucional, es decir, el 3 % de los votos
emitidos válidamente, pero la Corte quiso en su decisión que fuera en las
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. En concreto
tiene una votación nacional que puede contabilizarse para verificar si en
coalición sobrepasa el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción. ¿De dónde se entiende que no se contabilizará
voto alguno para los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262
de la Constitución?
No haberse presentado COLOMBIA HUMANA a las elecciones del
Congreso en el 2018 fue el punto de discusión de la tutela que resolvió en
revisión la Corte Constitucional, que asimiló las elecciones presidenciales
en la que participó COLOMBIA HUMANA a las del congreso y así pudo
verificar lo del 3% para efectos del umbral del artículo 108 constitucional
y ordenó al CNE otorgarle personería. Eso es sencillamente la realidad
jurídica de lo que acontece
11. La votación obtenida por COLOMBIA HUMANA en el Departamento de
Tolima fue de 174.289 de un total de 555.234 en las presidenciales del 2018.
Lo que supera ampliamente el 15%. Por todos los aspectos analizados
COLOMBIA HUMANA NO PODRÍA CONFORMAR UNA COALICIÓN DE
MINORIAS.
(…).
Podemos aseverar que el acto de elección de la Cámara de Representantes
por Tolima se hizo en forma irregular y con infracción de las normas en
que debería fundarse, por presentar una lista de coalición denominada
PACTO HISTORICO, que aparece inscrita sin reunir los requisitos legales
y constitucionales para hacerlo y que al final está sumando una votación en
ese acuerdo de coalición del Partido COLOMBIA HUMANA, con cero (0) votos,
lo que es producto de un engaño, lo que impide que candidatos que sí cumplan
con los requisitos de ley, puedan ser elegidos
(…).
Por lo anterior, solicitamos una decisión sobre la exclusión de la lista del
PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE del cómputo de votos ante la
evidente INCONSTITUCIONALIDAD del aval otorgado por una coalición
que tienen los integrantes de esa lista, por lo que no se debió ser
declarado elegido a MARTHA LISBETH ALFONSO JURADO.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).
1.6 Por su parte, en el fallo del 9 de marzo de 2023 la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó la pretensión de nulidad del acto demandado, por cuanto las votaciones
obtenidas por el movimiento Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial del año
2018 no debían ser tomados en cuenta al momento de establecer si se cumplió o no el
límite del 15% a que refiere el inciso quinto del artículo 262 de la Carta Política.
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1.7 A juicio del juez electoral, los únicos resultados relevantes para establecer si podía o
no formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la elección de cámara de
representantes en la circunscripción territorial del Tolima (2022-2026) fueron aquellos
obtenidos en el mismo certamen electoral celebrado en el año 2018, lo cual no resultaba
contradictorio de lo dispuesto en la sentencia SU-316 de 2021, ya que esta solo consagró
una regla relacionada con el umbral exigido para el reconocimiento de personería jurídica
del artículo 108 Constitucional, así:
“El demandante no pone en duda que el movimiento político Colombia Humana
cumpla el requisito de personería jurídica para hacer parte de la coalición Pacto
Histórico. Por el contrario, subraya que esta le fue reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, a órdenes de la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, interpreta que la forma en que adquirió ese
atributo pone en evidencia que no es un partido pequeño que pueda hacer parte
de una “coalición de minorías”, sino una fuerza política que obtuvo más de 8
millones de votos en las elecciones presidenciales que antecedieron a las del
Congreso del año 2022.
Además, en los alegatos de conclusión apela al dicho de la Corte en aquel fallo,
en cuanto a que “las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas,
ontológicamente de mandato representativo” (subrayado adicional).
La Sala no comparte este planteamiento del demandante para aplicar el
artículo 262 de la Constitución Política, en razón a que, cuando este
precepto superior exige la personería jurídica para participar en estas
coaliciones, no introduce ningún elemento adicional ni necesariamente
remite a las reglas de adquisición de esa cualidad, las cuales, ciertamente,
exceden lo dispuesto en el artículo 108 superior.
(…).
Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con las “elecciones indirectas”
al Congreso de la República, si bien la Corte Constitucional hace este símil
en la aludida sentencia de unificación, lo cierto es que los votos que
otorgan el derecho a ocupar las curules de la oposición en Senado y
Cámara se reciben en las elecciones para presidente de la República, en
circunscripción nacional. Sobre este punto, explicó esta Sala: (…).
(…).
De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos
obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de
ciudadanos, en las elecciones para presidente y vicepresidente de la
República de 2018, corresponden a una circunscripción nacional, que no
equivale a la respectiva circunscripción departamental de Tolima para la
Cámara de Representantes, donde se eligieron los congresistas en ese mismo
año, razón por la cual no podían tenerse en cuenta para conformar la coalición
e inscribir lista de candidatos a dicha corporación.
(…).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de
Representantes del Tolima, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los
que debían registrarse al momento de la inscripción de la lista de
candidatos que integró la demandada, como se exigió desde el mismo
formulario E-6 CT: (…).
Para el caso del movimiento político Colombia Humana, se destaca que
este dato figuró en ceros (0), habida cuenta que no participó en las elecciones
del Congreso de la República del año 2018.
(…).
Con este derrotero, se reitera la conclusión a la que ha llegado esta Sala en
asuntos parecidos al presente, en cuanto a que la votación consignada en el
formulario E-6 CT, por el cual se realizó la inscripción de la lista de
candidatos de la coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes
del Tolima para el periodo 2022-2026, integrada por la demandada, es la
de los comicios equivalentes para el periodo 2018-2022. En esa medida,
cumple con el requisito del artículo 262 de la Constitución Política.
(…).
En suma, el acto de elección de la señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado,
como representante a la Cámara por la circunscripción del Tolima, no
infringió el artículo 262 de la Constitución Política ni fue expedido de forma
irregular, por cuenta de la aplicación del porcentaje de votación que se
tuvo en cuenta para el partido Colombia Humana dentro de la coalición
Pacto Histórico que inscribió la lista de candidatos en la etapa
preelectoral. Por consiguiente, se negará la pretensión de nulidad formulada
en la demanda.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI
– negrillas de la Sala).
1.8 Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados en
el proceso de nulidad electoral dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica
relacionada con la nulidad del acto de declaratoria de elección de la cámara de
representantes en la circunscripción territorial del Tolima y la consecuente exclusión de
Colombia Humana de la lista de coalición presentada por el Pacto Histórico, en los
siguientes términos:
“La personería jurídica la obtuvo COLOMBIA HUMANA por participar en
unas elecciones del año 2018, que debieron ser en elecciones de Cámara
de Representantes o Senado, pero la Corte Constitucional SU-316 de 2021
le otorgó la personería porque superó el umbral para efectos de obtener
el reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo al artículo 108
constitucional, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente, pero la
Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República del 2018.
La Corte Constitucional destacó en la Sentencia SU316/21 el surgimiento de
un caso de reconocimiento de personería que no depende de las
elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas
en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
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Acción de tutela – Impugnación fallo
de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en la elección
presidencial.
(…).
¿Qué significado tiene para la Sección Quinta del Consejo de Estado la
expresión de ELECCIONES INDIRECTAS al Congreso que expone la Corte
para otorgar la Personería Jurídica a Colombia Humana? A raíz de lo anterior
la Corte Constitucional en su fallo consideró como punto esencial para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana, contabilizar los votos
en las presidenciales como si fuera las del congreso, en una interpretación
expansiva, y analiza que superó el umbral para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo al artículo 108
constitucional, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente, pero la
Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República. El 108 superior considera: podrán obtener
personería jurídica, siempre que, en las elecciones de Cámara de
Representantes o Senado, consigan una votación no inferior al 3% de los votos
emitidos válidamente en el territorio nacional.
¿Por qué entonces la Sección Quinta no cuestiona la aplicación del artículo 108
superior dispuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional, si Colombia
Humana, según la sentencia cuestionada, no participó de las elecciones
al congreso en el 2018?
(…).
Así, es claro que se encuentra debidamente sustentado que la Sección Quinta
incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico al proferir la sentencia que
estamos cuestionando, al interpretar ARBITRARIAMENTE lo expuesto por
La Corte Constitucional en la Sentencia SU316/21 en la que se DESTACÓ
el surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no
depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las
curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en
la elección presidencial.
(…).
En conclusión, mediante la decisión que estamos cuestionando, la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho por violación
directa de la Constitución, al no adelantar una interpretación conforme al
artículo 108 constitucional ya que La Corte Constitucional otorgó
personería al movimiento COLOMBIA HUMANA en cumplimiento del
artículo 108 constitucional, verificando lo del 3% para efectos del umbral,
por lo que no entendemos de donde se puede interpretar que no se
contabilizará voto alguno a COLOMBIA HUMANA para los efectos
consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).
1.9 Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron resueltos en el fallo
del 9 de marzo de 2023 y se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que los
resultados electorales que debían ser tomados en cuenta para calcular el 15% al que se
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-001423-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
refiere la limitación para la presentación de listas en coalición para la elección popular de
corporaciones públicas, contenida en el inciso quinto del artículo 262 Constitucional, eran
los obtenidos en las elecciones presidenciales del año 2018.
1.10 En su criterio, de ninguna manera se podía reportar en el formulario E-6-CT
presentado por la lista de coalición del Pacto Histórico que el movimiento político
Colombia Humana no obtuvo ningún voto en las elecciones de Congreso de la República
anteriores, pues con ello se desconocía el reconocimiento hecho a través de la sentencia
SU-316 de 2021.
1.11 Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada
en la providencia objeto de tutela concluyó que los resultados obtenidos por el movimiento
Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial del año 2018 no debían ser tomados
en cuenta al momento de establecer si se cumplió o no el límite del 15% a que refiere el
inciso quinto del artículo 262 de la Carta Política, por cuanto en la sentencia SU-316 de
2021 no existió ninguna regla relacionada con la manera de aplicarse lo dispuesto en esa
norma.
1.12 En esa medida, es diáfano entonces que la parte actora pretende, a través de la
acción de tutela, que se revise nuevamente dicho argumento con la intención de obtener
una decisión favorable a sus intereses como si se trata de una instancia adicional al
proceso ordinario.
1.13 La acción constitucional de la referencia no constituye un medio idóneo para
exponer las simples inconformidades, desavenencias o discrepancias con el criterio de
los jueces naturales como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario,
por el contrario, solo aquellos casos en los que se discutan asuntos con una marcada,
evidente y genuina relación con los derechos fundamentales son susceptibles de ser
analizados por esta vía.
1.14 El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tengan una verdadera
relevancia desde el punto de vista constitucional o que prima facie no involucren la
afectación de derechos constitucionales, con el único fin de ofrecer una mejor solución al
caso o imponer su criterio frente al análisis de los jueces de instancia, pues, ello implicaría
desconocer la estructura de la administración de justicia y los principios de independencia
y autonomía judicial.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
1.15 En ese horizonte de comprensión, para la Sala es evidente que la acción de la
referencia carece de una genuina transcendencia constitucional y ello recobra mayor
sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue expedida por una Alta Corte,
eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser mucho más riguroso en orden
a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces arbitraria e ilegítima, así5:
“Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación
arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que
se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su
carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la
demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que
se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista
especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una alta corte”.
1.16 Así pues, única y exclusivamente cuando se advierta a priori que la providencia
proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente incompatible con
la Constitución la acción de tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto6:
“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de
las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios.”.
(…).
La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva, en tanto:
‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y
es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional.
En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún
5 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP Carlos Bernal Pulido.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión.”.
1.17 En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
2. El presupuesto de la subsidiariedad en relación con el principio de congruencia
2.1 Por otro lado, la parte actora reparó en que el ad quo omitió pronunciarse sobre los
cargos relacionados con las condiciones de elecciones indirectas al Congreso de la
República.
2.2 Al respecto, de entrada, la Sala advierte que dicho reproche es improcedente, pero
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
2.3 En efecto, a partir de la revisión exhaustiva del proceso de nulidad electoral se
observa que dicho argumento no fue planteado en la demanda ni en ningún otro momento
procesal, por lo tanto, la autoridad judicial demandada no podía ni debía efectuar ningún
análisis sobre tal situación.
2.4 En ese orden, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo
la excusa de un presunto desconocimiento del principio de congruencia, se analice un
argumento que debió ser planteado dentro del proceso de nulidad electoral, lo que no es
de recibo dado que se trata de un argumento nuevo sobre el que no tuvo la oportunidad
de pronunciarse el juez ordinario ni la contraparte.
2.5 Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones7, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Acción de tutela – Impugnación fallo
2.6 La parte actora nunca alegó ante el juez electoral los cargos que aquí trae a colación
relacionados con las condiciones de elecciones indirectas al Congreso de la República,
sin embargo, ahora, de manera indebida e injustificada lo pone de relieve como la razón
de ser de una causal especifica de procedibilidad de acción de tutela contra providencia
judicial, pese a que se trata de argumentos que, habiendo tenido la oportunidad de
hacerlo, no invocó en el proceso ordinario y, por ende, los cuales la autoridad judicial
accionada no pudo desatar.
2.7 De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la
consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del juez
de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente en el
presente caso.
2.8 En el mismo sentido, se tiene que esta Sala se pronunció al respecto en un caso con
similares contornos fácticos al de la referencia en sentencias de 29 de marzo del presente
año, radicación 11001-03-15-000-2022-06445-01(AC), de 17 de mayo de 2023,
radicación los casos 11001-03-15-2022-06439-01 y de 2 de junio de 2023, radicación
11001-03-15-2022-06420-01 en las cuales también se declaró improcedente el amparo
invocado.
2.9 En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó la
acción de tutela y, en su lugar, declarará su improcedencia por el incumplimiento del
requisito subsidiariedad frente al principio de congruencia, y por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en cuanto al defecto sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
Revócase la sentencia de 11 de mayo de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
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Acción de tutela – Impugnación fallo
1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente al defecto sustantivo, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, respecto del principio de congruencia, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcial
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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