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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04683-00

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
27 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04683-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la UGPP, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04683-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04683-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
NEGÓ EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES Y ORDENÓ, DE MANERA
SIMULTANEA, EL PAGO DE LOS INTERES
MORATORIOS Y LA INDEXACIÓN. SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR FALTA DE
SUBSIDIARIEDAD. LOS ARGUMENTOS QUE POR
DESIDIA, NEGLIGENCIA O INCURIA DE LAS PARTES
NO SE PLANTEARONN EXPRESAMENTE EN LA
OPORTUNIDAD PROCESAL CORRESPONDIENTE
NO SE PUEDEN VENTILAR EN LA ACCIÓN DE
TUTELA BAJO EL CUACE DE LOS DEFECTOS
ESPECÍFICOS.

Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ordenó el pago de al pago de intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, a su vez, el reconocimiento y pago
de la indexación en los términos del inciso cuarto del artículo 187 del CPACA. La Sala
declarará improcedente el mecanismo, tras verificar que no se satisfizo el presupuesto
general de la subsidiariedad pues se trata de argumentos nuevos que, teniendo la
oportunidad de alegarlos en el proceso correspondiente, la parte interesada no los invocó.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04683-00
Demandante: UGPP
Acción de tutela

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
en contra del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Tercero Administrativo
Oral de Neiva para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso
y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política, así como al principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 29 de agosto de 2022 la parte demandante formuló
acción de tutela por cuanto consideró que las autoridades judiciales demandas en
las providencias del 21 de junio de 2021 y 30 de marzo de 2022 incurrieron en dos
de las causales específicas de procedibilidad contra providencia judicial.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El señor Óscar Antonio Ospina Sandoval es hijo de la señora María Emma
Sandoval Rojas y el señor Antonio Ospina Andrade, último a quien CAJANAL le
reconoció una pensión de vejez mediante Resolución no. 23579 del 3 de septiembre
de 2018, la cual fue reliquidada mediante Resolución no. 015028 del 13 de
diciembre de 1999.

2) El 20 de enero de 2014 Óscar Antonio Ospina Sandoval sufrió una herida con
arma de fuego en la parte derecha del cuello que, entre otras cosas, le generó
desviación de tráquea a la izquierda, con secuelas consistentes en alteraciones de
la médula espinal bajo el diagnóstico de “trastornos de la raíz cervical, no

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04683-00
Demandante: UGPP
Acción de tutela

clasificados en otra parte, cuadriplejia flácida y parálisis de las cuerdas vocales y de
la laringe”.

3) A raíz de lo anterior, empezó a residir con su padre, quien le prestaba toda la
ayuda económica, moral y médica que requería permanente para sus necesidades
elementales.

4) Debido a su complejo cuadro clínico y pese a ser beneficiario de una pensión de
invalidez, esta no era suficiente para cubrir sus múltiples necesidades; sumado a
que en virtud del acuerdo de cesación de efectos civiles de matrimonio católico
protocolizado en Escritura Pública no. 4375 del 28 de diciembre de 2011 ante la
Notaría Quinta de Neiva se encuentra obligado al pago de $250.000 mensuales por
concepto de alimentos para su hijo Óscar Felipe Ospina Peña.

5) El señor Antonio Ospina Andrade, falleció el 11 de octubre de 2017, momento
desde el cual quedó desamparado tanto económica como afectivamente.

6) Por lo anterior, le solicitó a la UGPP la sustitución pensional de la prestación que
recibía su padre, pero esa autoridad le negó la petición a través de la Resolución
no. RDP 012106 del 9 de abril de 2018.

7) Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación que fue igualmente negado
a través de la Resolución no. RDP 023067 del 20 de junio de 2018.

8) El 21 de junio de 2021 el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva profirió
sentencia de primera instancia en la cual: i) declaró la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, ii) ordenó el pago de los intereses moratorios establecidos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el día 11 de octubre de 2017 y iii) ordenó
la indexación de la condena en los términos del inciso cuarto del artículo 187 ibidem

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Demandante: UGPP
Acción de tutela

9) La UGPP apeló y para tal efecto sostuvo que “las pruebas que menciona el
despacho para reconocer la pensión de sobrevivientes al demandante no son
suficientes, en el entendido que no existe esa prueba contundente de que había una
dependencia económica entre el causante y su hijo inválido y por causa del
fallecimiento de su padre su calidad vida en condiciones dignas se haya visto
afectada como tampoco que actualmente este viviendo situación económica difícil
que le impiden satisfacer su subsistencia”.

10) El 30 de marzo de 2022 la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo del
Huila confirmó la decisión de primera instancia por cuanto consideró que la pérdida
de capacidad laboral del señor Ospina Sandoval en un porcentaje del 92.15% era
prueba suficiente de que no estaba en condiciones de auto proporcionarse un
mínimo para su existencia digna, puesto que el 8% no le permite desarrollar ninguna
actividad tendiente a gestionar ingresos económicos.

11) Además, expuso que era clara la dependencia si se tenía en cuenta que la
situación de discapacidad la invalidez del señor Ospina Sandoval, se estructuró el
20 de enero de 2014, esto es, tres años y diez meses antes del fallecimiento de su
señor padre

2. El fundamento de la vulneración

La autoridad accionante consideró que las providencias cuestionadas adolecen de
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, los cuales sustentó bajo
los siguientes argumentos:

Sobre el defecto sustantivo adujo que se configuró en la medida en que se ordenó
erradamente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 de manera concomitante con el pago de la
indexación preceptuada en el artículo 187 del CPACA., pasándose por alto que, al

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Demandante: UGPP
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ser los intereses de naturaleza compensatoria, estos son incompatibles con la
indexación.

Tal incompatibilidad genera una condena simultánea, es decir, una doble sanción o
un doble pago a cargo del erario público si se tiene en cuenta que la corrección
monetaria no puede ser doblemente considerada, ya sea bajo la forma de intereses
moratorios o de ajuste por inflación.

En relación con el desconocimiento del precedente citó la sentencia de 18 de febrero
de 2010 en la que esta Corporación sostuvo que “recibir la indexación de las sumas
adeudadas y además los intereses moratorios constituye un doble pago, puesto que
ambas sanciones tiene la misma virtualidad, vale decir, la de recuperar el valor
perdido por las sumas adeudadas, en este caso, el correspondiente a los reajustes
del I.B.L. Por consiguiente, el reconocimiento de la indexación y de intereses
moratorios por el mismo concepto no se compadece con el principio de derecho que
censura el enriquecimiento sin justa causa y que daría lugar a la procedencia de la
actio in rem verso”.

Asimismo, hizo referencia a las sentencias del 14 de abril de 2010 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia de la ex magistrada Ruth
Stella Correa Palacio; de 16 de agosto de 208 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez; el
Concepto no. 2106 de 2012 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado; sentencia de 22 de agosto de 2012 (exp. 42.477) proferida por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la
magistrada Elsy del Pilar Cuello Caldero, sentencia de 27 de agosto de 2014 (exp.
42.343) proferida por la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado
Gustavo Hernández López Algarra, sentencia de 29 de junio de 2016 proferida por
la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos

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Demandante: UGPP
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Ruíz y sentencia de 29 de junio de 2016 (exp. 46.984) proferida por la Corte
Suprema de Justicia1.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“principales

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa coma se
han amparado los derechos fundamentales de pecados por la UGPP,
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo oral de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila Sala de Decisión Nº 5 con los fallos del
21 de junio de 2021 y el 30 de marzo de 2022 dentro del proceso
contencioso administrativo radicado No. 41001-33-33-003-2019-00271-
00, donde se está ordenando pagar una sumas de dinero por concepto de
intereses moratorios referenciado en el artículo 141 de la ley 100 de 1993
indexación señalada en el artículo 187 del CPACA, a los cuales el señor
óscar antonio Ospina sandoval en calidad de beneficiario la pensión de
sobrevivientes del señor antonio Ospina andrade no tiene derecho, por
ser incompatible entre sí esos dos conceptos.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

A.- Dejar sin efecto parcialmente las sentencias del 21/06/2021 y el
30/03/2022, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo oral de Neiva
y el Tribunal Administrativo del Huila Sala de Decisión Nº 5 con los fallos
del 21 de junio de 2021 y el 30 de marzo de 2022 dentro del proceso
contencioso administrativo radicado No. 41001 33 33 003 2019 00271 00,
en lo que atañe a la orden de reconocer el pago de intereses de mora del
artículo 141 de la ley 100 de 1993, junto con la indexación del artículo 187
del CPACA, por ser los 2 conceptos incompatibles entre sí.

B.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Huila Sala de Decisión Nº 5,
dictar nueva sentencia ajustada a derecho teniendo en cuenta la
incompatibilidad que surge al ordenar el pago de intereses de mora del
artículo 141 la Ley 100 de 1993 con la indexación del artículo 187 del
CPACA y, en consecuencia, ordené la revocatoria parcial del fallo del 21
de junio de 2021 en el sentido de que sólo es dable ordenar el
reconocimiento a los intereses moratorios o de la indemnización sobre el

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En su gran mayoría el actor solo refirió la fecha de la providencia, la corporación que la profirió y el
magistrado ponente.

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reconocimiento de la sustitución pensional de la pensión de vejez, pero
no de ambos de forma concomitante.

Subsidiariamente en caso de que su despacho no acceda a lo anterior en
razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados transitoriamente los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por Juzgado Tercero
Administrativo oral de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila Sala de
Decisión Nº 5.

Segundo como consecuencia la anterior se suspende parcialmente y de
manera transitoria las sentencias del 21 de junio de 2021 y el 30 de marzo
de 2022 dictadas en el proceso ordinario laboral hasta tanto se resuelva
el recurso extraordinario de revisión que se necesitaría en virtud de su
orden tutelar.”.(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 31 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y magistrados integrantes de la Sala de Decisión no. 5
del Tribunal Administrativo del Huila y al titular del Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Neiva, asimismo, por considerar que le asistía algún
interés en el proceso ordenó la vinculación del señor Oscar Antonio Ospina
Sandoval con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5. Contestaciones de la demanda

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila indicó que la UGPP
apeló dentro de la oportunidad legal, pero en su escrito se limitó a exponer que la
parte actora no logró probar que el señor Óscar Antonio Ospina Sandoval
dependiera total o parcialmente del causante, ello, por cuanto no allegó ninguna
prueba que demostrara tal situación, asimismo, reprochó que el análisis del juzgado
se circunscribió a la invalidez del demandante, sin detenerse en su vulnerabilidad

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económica o en que se hubiese acreditado un cambio drástico en sus condiciones
de subsistencia mínima.

No obstante, esa autoridad nada dijo frente al reconocimiento y pago por concepto
de intereses moratorios e indexación –que es lo que ahora discute a través de la
acción de tutela–, de manera que el tribunal demandado únicamente resolvió los
argumentos que fueron planteados en el recurso de alzada, como correspondía.

El apoderado del señor Óscar Antonio Ospina Sandoval señaló que si se debe
predicar alguna vulneración de derechos serían los de su poderdante puesto que a
la fecha radicación del informe de tutela la UGPP no había cumplido, siquiera de
manera parcial, las órdenes judiciales emitidas por los jueces de instancias,
situación que afecta el mínimo vital de su representado, quien presenta una
discapacidad calificada en un 92.15% y responde como padre de un menor.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

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Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Neiva y a la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal
Administrativo del Huila, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de las
decisiones contenidas en las sentencias del 21 de junio de 2021 y el 30 de marzo
de 2022, proferidas por dichas autoridades, en las cuales se declaró la nulidad de
los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes al señor Óscar Antonio Ospina Sandoval porque ya
gozaba de una pensión por invalidez.

Ahora bien, la Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se
dirigió indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos
dentro del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a
este último, por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente el mecanismo porque no encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad respecto a los argumentos que sustentan los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente por las razones que pasarán a exponerse:

1) Para efectos de sustentar tal decisión, la Sala recuerda que el objeto del proceso
de acción de tutela formulado por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– se dirige a solicitar que se deje sin

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efecto parcialmente las sentencia de segunda instancia proferida en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través de la cual se
declaró la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Ospina Sandoval y ordenó,
de manera simultánea, el pago de los intereses moratorios y la indexación prevista
en el artículo 187 del CPACA.

2) Lo anterior es tan claro que la autoridad actora no manifestó reparo alguno con
el reconocimiento de la prestación social, con la cual reconoció estar de acuerdo,
sino en relación con la orden conjunta de pago de los intereses moratorios y la
indexación.

3) En efecto, para sustentar su inconformidad con esa determinación la UGPP
señaló que la decisión cuestionada incurrió un defecto sustantivo por cuanto se
interpretaron de manera errada las figuras del pago por indexación de que trata el
articulo 187 del CPACA y el pago por intereses moratorios previsto en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993, puesto que no se podía ordenar su pago o
reconocimiento al mismo tiempo, debido a que son incompatibles en razón a su
naturaleza compensatoria.

4) Asimismo, la autoridad demandante consideró que tal incompatibilidad
desconoció el precedente contenido en las sentencias del 14 de abril de 2010
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia de la
magistrada Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de agosto de 2018 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada
Sandra Lisset Ibarra Vélez; el Concepto no. 2106 de 2012 proferido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; sentencia de 22 de agosto de 2012
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con
ponencia de la magistrada Elsy del Pilar Cuello Caldero, sentencia de 27 de agosto
de 2014 proferida por la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado

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Demandante: UGPP
Acción de tutela

Gustavo Hernández López Algarra, sentencia de 29 de junio de 2016 proferida por
la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos
Ruíz y sentencia de 29 de junio de 2016 proferida por la Corte Suprema de Justicia,
todas ellas en la medida que determinaron que no se pueden reconocer de forma
simultánea intereses moratorios e indexación, toda vez que ambos conceptos tienen
los mismos propósitos, esto es, recuperar el valor perdido por las sumas adeudadas,
de manera que “el reconocimiento de ambos conceptos implicaría un doble pago
por la misma causa, que no se compadece con el principio de derecho que censura
el enriquecimiento ilícito”.

5) Pues bien, previo a dicho análisis para la Sala es preciso aclarar que, como bien
lo puso de presente la autoridad judicial accionada en su informe, en la sentencia
de primera instancia de 21 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Neiva ambos conceptos fueron expresamente
reconocidos de manera concomitante, en los siguientes términos:

“a) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- a sustituir
y pagar el total de la pensión de vejez que devengaba el señor ANTONIO
OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.) al señor OSCAR ANTONIO OSPINA
SANDOVAL, identificada con la C.C. No. 7.699.982, en calidad de hijo y
a partir del 11 de octubre de 2017, fecha de deceso del mencionado.

b) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP al pago de
intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993, desde el día 11 de octubre de 2017.

c) Deberá reconocer y pagar al señor OSCAR ANTONIO OSPINA
ANDRADE todos los reajustes y demás beneficios consagrados en la ley
y devengados en vida por el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE
(q.e.p.d.).

d) La sentencia será cumplida de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 192 y 195, numeral 4o de la Ley 1437 de 2011, así como se
ajustará la condena en los términos del inciso cuarto del artículo 187
ibídem.”. (negrillas de la Sala)

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6) No obstante, la UGPP recurrió la decisión de primer grado en los términos que
se expondrán seguidamente, pero nada dijo sobre la orden de pagar tanto los
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 como la
indexación de que trata el inciso cuarto del artículo 187 del CPACA2:

“En primer lugar, nuestro desacuerdo con la sentencia recurrida de fecha
21 de junio de 2021, proferida por el despacho de primera instancia, por
medio de la cual se accedieron a algunas pretensiones de la demanda,
radica en que en el presente proceso no se logró probar por parte de la
parte actora que verdaderamente dependía ya haya sido de manera total
o parcial de su padre pensionado y hoy fallecido el señor ANTONIO
OSPOINA ANDRADE, toda vez que no allego al proceso prueba que así
lo demostrara.

Aunado a lo anterior, el despacho en la providencia recurrida, solamente
hace alusión que con el solo hecho de tener la calidad de invalido y haber
mencionado en el escrito de la demanda que dependía económicamente.

del causante pensionado, lo hace acreedor que la entidad le reconozca la
pensión de sobrevivientes, pero no se demostró que por causa del
fallecimiento de su padre el señor OSCAR ANTONIO OSPINA
SANDOVAL, haya quedado en un riesgo de vulnerabilidad económica,
como tampoco que haya sufrido un cambio drástico de sus condiciones
de subsistencia mínima.

A continuación, el despacho de primera instancia, en la providencia que
hoy es objeto de impugnación, hace referencia que se tuvo en cuenta
como prueba la suma que recibe el demandante por concepto de su
pensión por invalidez, haciendo alusión que su prestación tiene un
embargo del 50% por concepto de una cuota de alimentos con su hijo
Oscar Felipe Ospina Peña, pero el despacho no se tomó el atrevimiento
de indagar si actualmente este embargo se encuentra vigente, toda vez
que consultada la página de consulta de procesos de la rama judicial, el
demandante fue demandado ente los Juzgados de Familia del Circuito de
Neiva, donde curso proceso ejecutivo de alimentos, proceso que se
encuentra terminado y en donde se ordenó levantar la medida de
embargo.

Ahora bien, como lo he señalo anteriormente, las pruebas que menciona
el despacho para reconocer la pensión de sobrevivientes al demandante
no son suficientes, en el entendido que no existe esa prueba contundente
que había una dependencia económica entre el causante y su hijo inválido
y por causa del fallecimiento de su padre su calidad vida en condiciones

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“ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) Las condenas al pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor”.

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Demandante: UGPP
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dignas se haya visto afectada como tampoco que actualmente este
viviendo situación económica difícil que le impiden satisfacer su
subsistencia.

De acuerdo a los anteriores argumentos y para finalizar, solicito
respetuosamente al Honorable Tribunal Administrativo del Huila que al
momento de proferir sentencia de segunda instancia, se REVOQUE la
sentencia proferida por el a quo el 21 de junio de 2021 en los ítems que
fueron desfavorables para la entidad y se declaren probadas las
excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda y en
consecuencia negar las pretensiones solicitadas por el demandante en el
escrito de demanda.”.

7) En atención al recurso de alzada el Tribunal Administrativo del Huila se pronunció
frente a los planteamientos expuestos por la recurrente, no obstante, confirmó la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos y ordenó el pago
de los intereses moratorios y la indexación, sin realizar algún análisis sobre esta
última orden impartida por el a quo puesto que ello no fue motivo de apelación.

8) En esa medida, de acuerdo con lo expuesto, para la Sala la pretensión de dejar
parcialmente sin efectos la sentencia cuestionada en cuanto confirmó la orden de
primera instancia que ordenó el pago de intereses moratorios y la indexación es
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

9) Lo anterior, por cuanto se trata de argumentos nuevos que no fueron planteados
al interior del proceso ordinario, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, pues si
bien la actora apeló la decisión de primera instancia no alegó lo que ahora pretende
a través de este medio excepcional frente a las órdenes impartidas.

10) Como lo ha dicho esta Sala en anteriores oportunidades, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales
fenecidas ni para plantear argumentos que por incuria, negligencia o desidia se
dejaron de proponer en las instancias del proceso ordinario., pues, como se advirtió
con antelación.

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Demandante: UGPP
Acción de tutela

11) Lo anterior recobra mayor sentido si se considera que la UGPP ni siquiera
justificó en su escrito de tutela los motivos por los cuales incurrió en dicha omisión.

12) En conclusión, la Sala destaca que el escenario natural para salvaguardar los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados al demandante era el mismo
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual, en su calidad de
demandada, tuvo la oportunidad de alegar que los conceptos antes mencionados
no se podían reconocer de forma simultánea.

13) Sin embargo, en el caso sub judice, se insiste, es evidente que la parte actora
dejó de ejercer su derecho de defensa y contradicción en ese sentido y ahora
pretende plantear argumentos nuevos sobre los cuales la autoridad judicial
accionada no tuvo la oportunidad de pronunciarse, sin que la acción de amparo
constituya un remedio para sanear su omisión bajo el cauce de los defectos
sustantivo y desconocimiento del procedente.

14) En suma, advierte la Sala que en el caso objeto de análisis i) el accionante dejó
de ejercer su defensa en la oportunidad procesal correspondiente, ii) no dio cuenta
de las razones por la cuales se abstuvo de ello y iii) no aportó prueba de la existencia
de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el mecanismo de manera
excepcional.

15) En consecuencia, la Sala concluye que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad propio de la naturaleza del amparo, ello, por cuanto se pretendió
trasladar al ámbito de la tutela una discusión que debió librarse en el proceso
ordinario, escenario idóneo para controvertir la legalidad de la doble orden.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04683-00
Demandante: UGPP
Acción de tutela

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la UGPP, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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