Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07746-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07746-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07746-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Demandante: VIRGELMA RIVERA CAICEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONTROVERSIA EN TORNO AL PROCEDIMIENTO
APLICABLE A LA DETERMINACIÓN OFICIAL DE LAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL Y A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA
UGPP. EL MECANISMO ES IMPROCEDENTE PORQUE NO
SATISFACE EL REQUISITO DE SUBSIADIARIEDAD.
Síntesis del caso: la actora cuestionó las providencias judiciales que, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, negaron la nulidad de las resoluciones que le
liquidaron oficialmente la contribución y la sancionaron por inexactitud. No obstante, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por falta de subsidiariedad frente a ambos defectos,
debido a que el defecto procedimental fue utilizado para plantear argumentos nuevos que no
fueron propuestos en las oportunidades procesales correspondientes y, en relación con el defecto
fáctico, porque no se agotó la solicitud de adición para obtener un pronunciamiento sobre un
aspecto central de la litis que fue propuesto en el recurso de apelación.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Virgelma Rivera Caicedo en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta, para la protección de sus derechos fundamentales de
igualdad, debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia consagrados
en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por la
sentencias del 21 de mayo de 2025 y 7 de marzo de 2023 proferidas por dichas
autoridades, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
1
Mediante escrito radicado el 5 de diciembre de 2025 (índice 02 de Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) adelantó actuaciones de fiscalización en su
contra, para verificar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre del año 2015.
2) Como resultado de dichas labores de fiscalización, la UGPP expidió el Requerimiento
para Declarar y/o Corregir no. RCD-2017-01923, expedido el 8 de septiembre de 2017 y
notificado el 22 de septiembre de 2017, mediante el cual formuló observaciones sobre
presuntas inexactitudes en las autoliquidaciones de aportes correspondientes al período
fiscalizado.
3) Posteriormente, la UGPP profirió la Resolución no. RDO-2018-01116 de 30 de abril de
2018, mediante la cual determinó aportes presuntamente dejados de pagar y sanciones
asociadas, respecto del período comprendido entre enero y diciembre de 2015, decisión
que le fue notificada el 17 de mayo de 2018, a través de correo certificado enviado por la
empresa de servicios postales 4-72.
4) Interpuso recurso de reconsideración, el cual fue presentado personalmente ante
notaría el 17 de julio de 2018 y radicado ante la UGPP el 19 de julio de 2018.
5) Mediante la Resolución no. RDC-2019-00698 del 15 de mayo de 2019, la UGPP
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto, en el sentido de confirmar la
liquidación oficial y la sanción impuesta.
6) El 3 de julio de 2019, la UGPP le remitió un citatorio para notificación personal para
efectos de notificarle la Resolución no. RDC-2019-00698.
7) No obstante, la misma autoridad procedió a fijar edicto de notificación el 5 de julio de
2019, el cual fue desfijado el 18 de julio de 2019, fecha en la cual la UGPP tuvo por surtida
la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración.
8) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda con el fin de controvertir la legalidad de los actos administrativos referidos.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
9) Mediante sentencia del 7 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta negó las pretensiones de la demanda, tras concluir, entre otros
aspectos, que la UGPP resolvió y notificó el recurso de reconsideración dentro del término
de un (1) año previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 y que no se configuraban
las causales de nulidad invocadas por la parte actora.
10) Formuló recurso de apelación, en el cual insistió, principalmente, en que la
Resolución no. RDC-2019-00698 fue notificada de manera extemporánea, lo que, a su
juicio, implicaba la pérdida de competencia temporal de la UGPP y la nulidad de los actos
administrativos demandados; asimismo, cuestionó la determinación del ingreso base de
cotización efectuada por la entidad, desde una perspectiva de legalidad y de inexistencia
del hecho generador.
11) Con providencia del 21 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
confirmó la decisión, tras denotar que el recurso de reconsideración fue resuelto y
notificado dentro del término legal, teniendo como fecha relevante la desfijación del edicto
(18 de julio de 2019), esto es, antes del vencimiento del plazo anual contado desde la
interposición del recurso.
Fundamento de la vulneración
La parte actora alegó que las providencias del 21 de mayo de 2025 y 7 de marzo de 2023
proferidas por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
procedimental, fáctico y error inducido, por los siguientes argumentos:
El defecto procedimental se configuró en la medida en que las providencias cuestionadas
avalaron la actuación administrativa mediante la cual la UGPP tuvo por notificada la
Resolución RDC-2019-00698 del 15 de mayo de 2019, pues la entidad envió el citatorio
el 3 de julio siguiente y, sin esperar a que transcurriera el término previsto en el artículo
565 del Estatuto Tributario2 para que el interesado compareciera luego de enviado el
2
“Artículo 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. Los
requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones,
resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas,
deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier
servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
citatorio (que vencía el 17 de julio de 2019), procedió a notificarla por edicto el 5 de julio
del 2019.
En esa medida, se desconoció el procedimiento que la ley establece para garantizar que
el administrado tenga una oportunidad real y efectiva de conocer los actos administrativos
y preparar su defensa, pues, la notificación por edicto está concebida como una
modalidad excepcional que solo procede cuando se han agotado previamente otros
medios de notificación y han transcurrido los términos legales correspondientes, de
manera que su aplicación prematura constituyó una violación del debido proceso que
afectó la validez de todo el procedimiento administrativo.
Sobre el particular, citó la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, en la cual se estudió un caso similar y se precisó el alcance
interpretativo del articulo antes referido3.
Por su parte, el defecto fáctico también se configuró, por un lado, debido a que hubo una
irregularidad en la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
y, por otra parte, porque se determinó de manera incorrecta el ingreso base de liquidación
en meses en los que la contribuyente no percibió ingreso alguno.
En cuanto al primer punto, insistió en que en el expediente obra prueba documental
incontrovertible que acredita la secuencia cronológica de las notificaciones: el citatorio
del 3 de julio de 2019 y la notificación por edicto del 5 de julio de 2019, lo cual evidencia
que la UGPP notificó por edicto antes de que venciera el término legal, con lo que se
configuró una violación del debido proceso administrativo que tornaba ineficaz la
ejecutoria del acto, sin embargo, las providencias judiciales omitieron valorar esta prueba
determinante y no examinaron las consecuencias jurídicas de tal irregularidad sobre la
validez del procedimiento.
los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo
del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica.
(Inciso 2, modificado por el Art. 104 de la Ley 2010 de 2019)
El edicto de que trata el inciso anterior se fijará en lugar público del despacho respectivo por el término de
diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo”.
3
1001-03-15-000-2018- 00885-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
Adicionalmente, las autoridades judiciales omitieron valorar la prueba contable y
documental que demostraba que durante varios periodos la contribuyente no registró
ingreso alguno y, pese a ello, la UGPP calculó el IBC con base en supuestos valores
inexistentes, sin una base gravable en los meses de enero, marzo, julio, noviembre y
diciembre de 2015, de modo que no procedía cotización alguna.
Sobre el particular, citó la sentencia del 2 de noviembre de 2023 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado4 en la cual se expuso que “para la Sección, si «después
de realizada la mensualización [...] se genera para cada periodo un valor inferior a un
salario mínimo legal mensual vigente, la demandante no tiene la obligación de realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social por estos conceptos» puesto que, como lo ha
señalado la Corte Constitucional, dicho deber presupone «la existencia de un ingreso
efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización5»
Por último, el error inducido se derivó de una omisión injustificada y deliberada de los
argumentos jurídicos expuestos por la parte accionante, los cuales fueron formulados con
rigor técnico y debidamente respaldados en jurisprudencia consolidada, ya que, en lugar
de efectuar un análisis integral y razonado del caso concreto, las autoridades
demandadas convalidaron de manera mecánica la actuación de la UGPP, prescindiendo
del deber de motivación suficiente que exige el ordenamiento jurídico.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Sírvase, señor Juez Constitucional, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso efectivo a la
administración de justicia y seguridad jurídica, así como los principios
constitucionales que rigen el sistema tributario, en particular los de legalidad,
equidad, proporcionalidad y justicia tributaria, que resultaron vulnerados en las
actuaciones administrativas y judiciales objeto de esta acción.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta, el 7 de marzo de
2023, y por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, el 21 de
mayo de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la accionante, por haberse incurrido en defectos
4
25000-23-37-000-2019-00296-01 (26639), MP Stella Jeannette Carvajal Basto.
5
Sentencia C-1089 de 2003, MP Álvaro Tafur Galvis.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
fácticos, sustantivos y procedimentales, derivados de la omisión en la valoración
de la prueba documental y contable, la aplicación errónea del artículo 565 del
Estatuto Tributario, y la falta de control judicial efectivo sobre la irregular
notificación de la Resolución RDC-2019-00698.
TERCERO: Ordenar a los jueces accionados que, en el término perentorio que
se señale, profieran una nueva providencia debidamente motivada, en la cual
se realice: a) Una valoración integral y objetiva de la prueba obrante en el
expediente, incluyendo la que demuestra la irregularidad de la notificación así
como la indebida determinación del ingreso base de cotización (IBC).b) El
reconocimiento de la nulidad del acto administrativo expedido con violación de
las garantías procesales y materiales del contribuyente. c) La observancia
estricta de las reglas sobre notificación administrativa contenidas en el artículo
565 del Estatuto Tributario y de los principios constitucionales de legalidad y
proporcionalidad tributaria”. (fl. 19 de la demanda de tutela).
Actuación procesal
Mediante auto del 11 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y,
como tercero con interés, se vinculó al director general o a quien haga sus veces de la
UGPP, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción (índice 04 de Samai).
Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada6.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena sostuvo que la decisión
se sustentó en que encontró acreditado que el recurso de reconsideración interpuesto
por la parte demandante en contra del acto acusado fue resuelto dentro del término
dispuesto en la normatividad aplicable para tal fin y que la aquí actora se encontraba
obligada a afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante,
puesto que tenía capacidad de pago, como lo demostró su declaración de renta como
trabajadora independiente en la vigencia de 2015.
6
“Como medida de protección inmediata y mientras se surte el cumplimiento del fallo de tutela, ORDENAR
la suspensión provisional del proceso de cobro coactivo No. 107725 adelantado por la UGPP en contra de
la señora VIRGELMA RIVERA CAICEDO, hasta tanto se profiera la nueva decisión judicial que determine
la validez o nulidad de la Resolución RDC-2019-00698, a fin de evitar un perjuicio irremediable derivado
de la ejecución de una obligación sustentada en un acto irregularmente notificado y jurídicamente ineficaz”.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
Lo anterior, en atención a que sí, para tal vigencia fiscalizada, no se encontraba vinculada
a través de un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios o como
servidora pública, pero percibía ingresos por concepto de su actividad económica, debió
cotizar sobre el valor de sus ingresos y aplicar los descuentos pertinentes.
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta remitió el
expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación no. 47001-33-33-004-2019-00433-00 (índice 09 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Delimitación del asunto
En primer lugar, la Sala precisa que, aunque la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, el análisis se
circunscribirá a los cargos formulados contra la sentencia de segunda instancia, por
cuanto esta fue la que definió de manera definitiva el marco decisorio del proceso.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
Lo anterior, además, en atención a que, de accederse al amparo solicitado,
correspondería a dicha autoridad judicial dictar la providencia de reemplazo y dar
cumplimiento a la orden constitucional.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad, debido a que confirmó
la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la actora.
Como cuestión previa, la Sala se abstendrá de efectuar un análisis independiente del
defecto por error inducido, en la medida en que los argumentos que lo sustentan se
encuentran comprendidos en los demás defectos alegados; en consecuencia, su estudio
quedará subsumido en el examen de estos.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero por razones
distintas frente a cada defecto, por las siguientes razones:
Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
4.1 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En la acción de tutela, la parte actora sostuvo que la providencia de segunda instancia
incurrió en un defecto procedimental, en la medida en que el Tribunal Administrativo del
Magdalena tuvo por válida la notificación por edicto de la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración y, con fundamento en la fecha de desfijación, concluyó que
el acto administrativo fue notificado dentro del término legal.
2) Puntualmente, aseguró que el yerro consistió en que el tribunal no verificó si la
notificación por edicto era procedente, teniendo en cuenta que la UGPP envió el citatorio
para notificación personal el 3 de julio de 2019 y, tan solo dos (2) días después, esto es,
el 5 de julio de 2019, procedió a fijar el edicto, sin esperar el término de diez (10) días
que la ley concede al contribuyente para comparecer y notificarse personalmente,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
circunstancia que, en criterio de la actora, tornaba irregular la notificación y le impedía
producir efectos jurídicos válidos.
3) No obstante, a partir del examen del expediente se advierte que dicho planteamiento
se trata de un argumento nuevo que no corresponde a los propuestos en el proceso
ordinario, pues, tanto en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como en
el recurso de apelación, la parte actora estructuró su reproche en torno a la supuesta
notificación extemporánea del acto administrativo, desde la perspectiva del vencimiento
del término anual previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, por considerar que
la administración había perdido competencia temporal para resolver el recurso de
reconsideración.
4) En ese marco, el debate ordinario se centró en el cómputo del término legal y en la
determinación de si la notificación del acto se había producido dentro o fuera del plazo
de un año, sin que la parte actora hubiera formulado ningún reproche dirigido a cuestionar
la procedencia del edicto como mecanismo de notificación, o mucho menos alegado que
este hubiera sido utilizado de manera irregular por no haberse agotado previamente la
notificación personal, conforme con el procedimiento legal aplicable.
5) En otros términos, mientras en el proceso ordinario el alegato se fundó en la supuesta
extemporaneidad de la notificación, el argumento expuesto en sede de tutela se apoya
en un aspecto distinto y previo, valga decir: la supuesta irregularidad del procedimiento
de notificación por considerar improcedente la utilización del edicto sin que hubiese
transcurrido el término para la notificación personal; luego entonces, se trata de un
planteamiento jurídico diferente que no fue sometido al conocimiento del juez natural ni
del que la parte accionada tuvo la oportunidad de defenderse.
6) En ese contexto, la Sala advierte que las autoridades judiciales demandadas
resolvieron el litigio dentro del marco argumentativo que les fue propuesto, sin que pueda
reprochárseles la omisión de pronunciamiento sobre un aspecto que no fue planteado ni
debatido oportunamente en la demanda ni en la apelación y respecto del cual no tuvieron
la oportunidad de analizar ni de permitir el ejercicio del derecho de defensa de la
contraparte.
7) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”7.
8) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones8, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
9) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de 2005
la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de forma
razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya
sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07746-00
Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).
10) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado con
claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte justificó en los
siguientes términos9:
“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.”. (negrillas de la Sala)
11) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante esta
acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29
de la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser decididas por el
juez natural de la causa y con observancia de las formas propias de cada juicio.
12) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:
“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando
obligados los jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N),
corresponde a todos velar porque los derechos fundamentales sean respetados
al interior y como resultado de los procesos judiciales. Es en este sentido que
la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es
el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original).
Por tanto, es inadmisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico
le ha dotado de las herramientas tendientes a corregir durante su trámite
las irregularidades que puedan afectarle” (negrillas de la Sala).
13) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de un
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Actor (a): Virgelma Rivera Caicedo
Acción de tutela
defecto procedimental, se analicen argumentos que debieron ser planteados dentro del
proceso ordinario, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de
pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa, motivo
por el cual la acción de tutela resulta improcedente en cuanto a dicho aspecto porque se
desconoció el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.
14) De otro lado, la parte actora también alegó la configuración de un defecto fáctico por
la presunta omisión en la valoración de la prueba contable y documental que, según
afirmó, demostraba que durante determinados meses del año 2015 no percibió ingreso
alguno o que el ingreso depurado resultó negativo, circunstancia que impedía la
configuración de base gravable y, por ende, la obligación de cotizar al Sistema de
Seguridad Social.
15) Concretamente, señaló que en los meses de enero, marzo, julio, noviembre y
diciembre se generaron pérdidas, para lo cual presentó una tabla detallada en la que
relacionó ingresos determinados, costos aceptados, ingreso depurado e ingreso base de
cotización fijado por la UGPP, con el propósito de evidenciar que en tales períodos no
existía ingreso efectivo que hiciera exigente los aportes.
16) No obstante, a partir del examen integral del expediente y de los fundamentos
expuestos en la acción, la Sala advierte que frente a ello tampoco se cumplió el requisito
de subsidiariedad, pero por razones distintas.
17) En efecto, en el recurso de apelación ese mismo reparo fue expuesto de manera
expresa, sin que el tribunal se haya pronunciado al respecto, de modo que, antes de
acudir a esta herramienta de amparo constitucional, la parte accionante debió agotar los
mecanismos judiciales ordinarios previstos para insistir en lo que por esta vía pretende,
esto es, la solicitud de adición o complementación de la sentencia.
18) En este punto, se recuerda que la solicitud de adición fue prevista como un
instrumento diseñado precisamente para permitir que el juez natural complemente o
subsane omisiones y se pronuncie sobre aquellos aspectos que constituyen extremos de
la litis y sobre los cuales no se pronunció en la providencia correspondiente.
19) De conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable al
contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 306 del Código de
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Acción de tutela
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
“cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.
20) En el caso bajo examen, tales aspectos constituyen un extremo de la litis no solo
porque corresponden a los motivos en que fundó su defensa y el ataque de legalidad en
cuanto a los actos administrativos desde la demanda, sino porque constituyeron el
argumento central de su apelación, de manera que si no fueron resueltos por el ad quem
en la sentencia la parte actora tenía un mecanismo idóneo y efectivo para exigir del
tribunal su resolución, como lo es precisamente la solicitud de adicción y
complementación del fallo, la cual le habría permitido al Tribunal Administrativo del
Magdalena complementar su decisión y emitir un pronunciamiento integral en el que se
pronunciara específicamente sobre tales aspectos que, por ley, estaba obligado a
resolver; sin embargo, la parte demandante no utilizó dicho medio y, en su lugar, trasladó
al juez constitucional un debate normativo y jurisprudencial que debió ventilarse ante al
juez natural de la causa.
21) Este incumplimiento genera una insatisfacción del presupuesto general de
subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la Constitución y desarrollado en el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela solo
procede en ausencia de otro medio de defensa judicial o cuando este resulte ineficaz
para evitar un perjuicio irremediable.
22) La solicitud de adición constituye un mecanismo idóneo y eficaz para remediar la
presunta omisión, pues faculta al juez que profirió la providencia para complementarla sin
desconocer su autonomía funcional ni alterar la estructura del proceso pues así lo ha
sostenido de manera reiterada el Consejo de Estado (ver, entre otras, sentencias de 9 de
septiembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-04973-00; y de 11 de julio de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2023-03273-00), al indicar que antes de acudir a la tutela el
interesado debe agotar la adición o aclaración, por tratarse de una carga procesal
ineludible.
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Acción de tutela
23) Además, la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio, ni demostró que la solicitud de
adición fuera ineficaz o insuficiente para obtener la corrección de la supuesta omisión.
24) En consecuencia, al no haberse promovido la solicitud de adición, la acción de tutela
resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el
ordenamiento prevé un medio judicial ordinario idóneo y eficaz para obtener la protección
pretendida.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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