Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03273-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de julio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: ANA ROSA PÉREZ ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE RECHAZÓ LA
DEMANDA POR CADUCIDAD. SE INVOCA EL DEFECTO
FÁCTICO Y SE DECLARA IMPROCECENTE EL
AMPARO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
DE SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el
marco del medio de control de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión del auto proferido el 13 de abril de 2023, por cuanto, a su juicio,
incurrió en un defecto fáctico.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por la señora Ana
Rosa Pérez Ortiz, en su calidad de representante legal de la Fundación Amor en
Acción, en contra del Tribunal Administrativo de Casanare para la protección de su
derecho constitucional fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29
de la Carta Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 15 de junio de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
1) La Fundación Amor en Acción (en adelante la fundación) suscribió diferentes
contratos o convenios con el municipio de Maní (Casanare), encaminados a atender
integralmente a los adultos mayores que se encontraran albergados en el centro de
protección con el fin de garantizar su salud, nutrición, vida e integridad personal.
2) En múltiples oportunidades la fundación se vio obligada a continuar prestando el
servicio de atención integral a los 17 adultos mayores albergados en el centro de
protección, sin la mediación de un contrato, toda vez que el ente territorial no había
adelantado los trámites legales correspondientes para suscribir uno nuevo2.
3) El 17 de julio de 2019, las partes sometieron dicho conflicto a conciliación prejudicial,
trámite en el cual llegaron a un acuerdo el 16 de octubre de 2019; no obstante, este
fue improbado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal el
5 de diciembre de 2019, auto que cobró ejecutoria el 23 de enero de 2020.
4) Ante la falta de pago de los periodos en los cuales no se suscribió un contrato o
convenio, instauró demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en
contra del municipio de Maní con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable por haberse enriquecido sin justa causa a costa de los servicios prestados
sin sustento contractual para la atención integral de los adultos mayores albergados
en el centro de protección del ente territorial3.
5) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal profirió auto el 27
de mayo de 2021, en el que rechazó la demanda, pues frente a los periodos
reclamados ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de
control de reparación directa, debido a que, si bien la solicitud de conciliación
prejudicial fue presentada cuando faltaban 4 meses para que feneciera el término y la
respectiva constancia fue expedida el 16 de octubre de 2017, la demanda no se radicó
dentro de los 4 meses siguientes, que vencían el 17 de febrero de 2018, sino hasta el
8 de septiembre de 2020.
2 “Dichos periodos son los siguientes:
• Del 30 de enero de 2016 al 07 de marzo de 2016 (38 días). Valor reclamado: $34.921.107.
• Del 02 de enero de 2017 al 23 de enero de 2017 (21 días). Valor reclamado: $19.718.890.
• Del 24 de octubre de 2017 al 16 de noviembre de 2017 (24 días). Valor reclamado: $21.726.720.”.
3 Proceso con radicación 85001-33-33-001-2020-00152-00.
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
6) La parte demandante presentó recurso de apelación en el que indicó que como el
auto por medio del cual el juzgado improbó la conciliación a la que llegaron las partes
fue emitido el “16 de enero de 2020”, se notificó en el estado electrónico del 17 de
enero del mismo año y quedó ejecutoriado el 22 de enero de 2020, el término de los 4
meses para presentar la demanda empezó a correr el día siguiente; sin embargo, los
términos fueron suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 como consecuencia de
declaratoria del estado de emergencia por la pandemia de Covid 19 y se reanudaron
el 2 de julio de 2020, por lo que tenía hasta el 11 de septiembre de la misma anualidad
para incoar el medio de control.
7) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Casanare en auto de 13
de abril de 20134, en el que confirmó la decisión de primera instancia, pues había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad5.
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho
constitucional fundamental del debido proceso con ocasión del auto proferido el 13 de
abril de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico.
Sostuvo que el tribunal no valoró la copia de protocolización del documento por medio
del cual se constituyó el reconocimiento de los servicios prestados, trámite que se
efectuó el 13 de junio de 2018, ante la notaría única del Círculo de Aguazul.
La fecha para establecer el cómputo de los términos de la caducidad es el 14 de junio
de 2018, toda vez que el día anterior se constituyó el derecho al reconocimiento de los
servicios prestados y la consecuente obligación de pago con la protocolización del
mencionado documento.
4 Decisión que fue notificada el 14 de abril de 2023.
5 “Pues bien, de la documental allegada a las diligencias se establece que: i) entre el 17 de noviembre
de 2017, día siguiente a la ocurrencia del daño señalado por parte actora y el 16 de julio de 2019,
cuando se solicitó la conciliación prejudicial transcurrió un (1) año, siete (7) meses y veintiocho (28)
días; ii) entre el 23 de enero de 2020, fecha en que cobró ejecutoria el auto que improbó la conciliación
perjudicial y el 16 de marzo del mismo año, día en el que se suspendió el cómputo de la caducidad de
los medios de control como consecuencia de declaratoria del estado de emergencia por la pandemia de
Covid 19 pasaron un (1) mes y veintidós (22) días; iii) entre el 1°. de julio de 2020, cuando se levantó la
antes mencionada suspensión de términos y el 8 de septiembre de la misma anualidad, fecha en que
se radicó la demanda, hubo una diferencia de tres (3) meses y siete (7) días. Lo anterior suma un total
de dos (2) años y veintisiete (27) días, por lo que la Sala concluye que en el caso bajo estudio operó la
caducidad de la acción.”.
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
Antes de esa fecha no existía prueba que acreditara que la prestación del servicio se
efectuó por solicitud del municipio de Maní y con su pleno conocimiento, habida cuenta
que las instalaciones, mobiliario y responsabilidad de atención de los adultos mayores
del centro de protección correspondía a la entidad territorial.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:
“Con todo respeto solicito a Usted, Honorable Magistrado, proteja mi derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO y en consecuencia, ordene al Tribunal
Administrativo de Casanare, que realice correctamente la contabilización de
caducidad bienal a partir de la fecha de protocolización del documento por
medio del cual se constituye el reconocimiento de los servicios prestados,
efectuado el día 13 de junio de 2018, ante la notará única del Circulo de
Aguazul.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-
mayúsculas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 21 de junio de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Casanare, del titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal y al alcalde municipal o quien haga sus veces del municipio de Maní
(Casanare) con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Casanare afirmó que hay lugar
a negar las pretensiones de la demanda, pues el auto de segunda instancia se
encuentra ajustado a derecho y se profirió conforme a los principios que rigen el debido
proceso; además, se sustentó en razones fácticas y jurídicas en materia de caducidad.
El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal puso de
presente que los argumentos esbozados en el recurso de apelación contra la
providencia que rechazó la demanda por caducidad son totalmente distintos a los que
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
ahora traza en la acción constitucional, por lo que se debe declarar improcedente el
amparo invocado.
El municipio de Maní solicitó su desvinculación, por cuanto los hechos y las
pretensiones alegadas por la demandante van encaminadas a que se reconozca su
derecho fundamental del debido proceso como consecuencia de unas decisiones
proferidas por el juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y por el
Tribunal Administrativo de Casanare, asunto frente al cual no tiene responsabilidad
alguna.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Casanare con el fin de que se proteja su derecho
constitucional fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión
del auto proferido el 13 de abril de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en el defecto
fáctico.
El municipio de Maní solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto
el objeto de la demanda no está relacionado con sus competencias y funciones.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con
interés, pues actuó en calidad de demandado en el proceso de reparación directa
dentro del cual se profirió la providencia objeto del presente estudio.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
por las razones que procederán a exponerse:
2.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de
un perjuicio irremediable.
a) Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante invocó la configuración
de un defecto fáctico, por cuanto consideró que el tribunal, para el cómputo del término
de caducidad, no valoró la copia de protocolización del documento por medio del cual
se constituyó el reconocimiento de los servicios prestados, trámite que se efectuó el
13 de junio de 2018 ante la notaría única del Círculo de Aguazul.
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
2) No obstante, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir un argumento
nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite del proceso ordinario, pues en el
recurso de apelación contra el auto que declaró configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad la actora limitó su reparo a la presunta indebida contabilización del término
para presentar el medio de control de reparación directa porque, presuntamente, no
se tuvo en cuenta la suspensión de términos judiciales y el trámite de la aprobación
del acuerdo conciliatorio en sede judicial, por lo que, la autoridad judicial demandada
no podía ni debía efectuar ningún análisis sobre tal aspecto.
3) Sin embargo, la Sala encuentra que, si bien dentro del proceso ordinario la
demandante allegó como prueba “copia de la escritura 0808 documento protocolizado
en la Notaria Única de Aguazul”, lo cierto es que ni en el recurso de apelación ni en la
demanda señaló que era a partir de la fecha en que se protocolizó dicho documento
que se debía contabilizar el término de caducidad, por lo que la acción de tutela no es
el escenario para traer a colación argumentaciones fácticas y jurídicas que son del
resorte del juez natural y que, como se explicó en precedencia, habiendo tenido la
oportunidad de hacerlo, debieron habérsele puesto en consideración para que este
tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las mismas.
4) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de
2005 la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de
forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional (…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a
su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).
5) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado
con claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte
justificó en los siguientes términos6:
“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.”. (negrillas de la Sala)
6) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante
esta acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el
artículo 29 de la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser
decididas por el juez natural de la causa y con observancia de las formas propias de
cada juicio.
7) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:
“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso
judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso,
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando
obligados los jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N),
corresponde a todos velar porque los derechos fundamentales sean
respetados al interior y como resultado de los procesos judiciales. Es en este
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial
por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes” (negrillas del original). Por tanto, es inadmisible que el afectado
alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando
no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues,
en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de las herramientas
tendientes a corregir durante su trámite las irregularidades que puedan
afectarle” (negrillas de la Sala).
8) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de
un defecto fáctico, se analicen argumentos que debieron ser planteados dentro del
proceso de reparación directa, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la
oportunidad de pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer
su defensa.
9) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso de reparación directa -porque la decisión de primera instancia le
fue desfavorable y fue ella quien apeló- pero no lo hizo, la acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues este
mecanismo constitucional “no es un medio que remedie los desaciertos procesales de
las partes”7.
10) Si bien es cierto que tal presupuesto ha sido concebido como una causal autónoma
de procedencia8, también lo es que guarda una íntima relación con la idea de
subsidiariedad, no en el sentido genérico simple de haberse agotado todos los
recursos judiciales disponibles, sino en uno más concreto y específico, referido a
impedir que se reabra un asunto litigioso con los mismos argumentos que por desidia,
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 O incluso como sinónimo de falta de relevancia constitucional, como lo hace la Sección Cuarta de esta
Corporación. En efecto, a partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-
03-15-000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar
si un asunto tiene relevancia constitucional.
“En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y
razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los
argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela,
(iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario
y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que
fue proferida la providencia acusada”. (negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
negligencia, incuria o descuido de las partes que, teniendo la oportunidad de
plantearlos en sede ordinaria, no lo hicieron.
11) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones9, esta herramienta
constitucional no puede ser utilizada para revivir oportunidades procesales fenecidas
ni para plantear o mejorar argumentos que se dejaron de proponer en las instancias
del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera se justificaron los
motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión
12) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar
la consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del
juez de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente
en el presente caso.
13) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de Subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Maní, por las
razones expuestas en la presente providencia.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp.
11001-03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03273-00
Demandante: Ana Rosa Pérez Ortiz
Acción de tutela
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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