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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01325-00

Fecha
22 de abril de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01325-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por incumplimiento del requisito de subsidiariedad en cuanto a los defectos orgánico y fáctico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en cuanto al defecto sustantivo. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01325-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de abril de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Demandante: ALBERTO VERGARA MOLANO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN PROCESO DISCIPLINARIO.
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
SUBSIDIARIEDAD Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia de única instancia proferida en el marco de un
proceso disciplinario que lo declaró disciplinariamente responsable y le impuso una sanción
consistente en amonestación escrita por considerar que incurrió en los defectos orgánico,
sustantivo y fáctico. La Sala declarará improcedente la acción de tutela frente a los defectos
orgánico y fáctico por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y por carencia del requisito
de relevancia constitucional en lo relativo al defecto sustantivo.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Alberto Vergara Molano en
contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y trabajo consagrados en los artículos 25 y 29 de la
Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de única
instancia de 27 de septiembre de 2023 proferida por dicha autoridad.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Mediante queja presentada el 27 de julio de 2015, el abogado Flaminio Édgar Ruíz
Echevarría manifestó que el 10 de junio del mismo año presentó un habeas corpus en
representación de su hermano -Héctor Hernando Ruíz Echeverría- quien se encontraba

1
Mediante escrito radicado el 26 de febrero de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

privado de la libertad, trámite que le correspondió al actor en su condición de magistrado
de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.

2) Mediante providencia del 11 de julio de 2015, el actor declaró improcedente la solicitud,
decisión que fue notificada en la misma fecha al privado de la libertad, quien en ese
momento por medio de una nota informó que impugnaba dicha providencia.

3) El 14 de julio de 2015, el señor Flaminio Édgar Ruíz Echevarría presentó la respectiva
sustentación de la alzada para que fuera concedida y remitida al superior jerárquico, sin
embargo, esta fue rechazada por extemporánea con proveído de la misma fecha.

4) Según lo narrado por el quejoso, el 24 de julio siguiente se encontró con que no
aparecía registro de la actuación de segunda instancia respecto de la acción
constitucional, por lo cual se dirigió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y allí un servidor que ostentaba el cargo de oficial
mayor le indicó que habían pasado por alto el recurso, por lo cual había sido declarado
desierto, no obstante, ese mismo día, en su calidad de magistrado ponente, el actor
expidió un auto en el que dejó sin efectos la providencia del 14 de julio de 2015 y ordenó
la remisión del expediente al superior.

5) El 26 de junio de 2019 se ordenó apertura de investigación disciplinaria en su contra.

6) Mediante auto del 25 de agosto de 2021, la Sala Plena del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá formuló cargos en su contra y, a través de sentencia de única
instancia del 27 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo
declaró disciplinariamente responsable por considerar que desconoció el deber previsto
en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto
por el numeral 1° del artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, lo cual constituía falta disciplinaria
según lo previsto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, falta que se estructuró bajo
la modalidad culposa y se considera definitivamente como leve.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

7) Lo anterior, por cuanto la providencia que rechazó por extemporánea la impugnación
fue expedida sin verificarse que fue presentada dentro del término consagrado en el
numeral 1º del artículo 7 de la Ley 1095 de 20062.

Fundamentos de la vulneración

El actor alegó que la providencia de 27 de septiembre de 2023 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial adolece de los defectos orgánico, fáctico y sustantivo por
los siguientes motivos;

El defecto orgánico se fundamentó en la carencia absoluta de competencia para
resolver el proceso disciplinario si se tiene en cuenta que la magistrada Magda Victoria
Acosta Walteros, quien formuló los cargos en su contra, fue la misma que proyectó el
fallo que resultó adverso a sus intereses.

Con lo anterior se desatendió el precedente de la misma Corporación sobre la regla de
separación de roles, según la cual el funcionario judicial que se encarga de la
investigación o instrucción del proceso debe apartase del juicio disciplinario, conforme
con las leyes procesales contenidas en el artículo 263 de la Ley 1952 del 2019, el principio
de favorabilidad del artículo 14 de la Ley 734 del 2002 y la Convención interamericana
de Derechos Humanos, siempre y cuando favorezcan la dignidad humana3.

2
“Artículo 7. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de
los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro
(24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata
y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
(…)”.
3
Al respecto, refirió la sentencia 2017-01294 del 27 de abril del 2022, MP Julio Andrés Sampedro Arrubla.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

Para ello también replicó las razones contenidas en los salvamentos de voto presentados
a esa providencia por los magistrados Carlos Arturo Ramírez Vásquez4 y Mauricio
Rodríguez Tamayo5, en los cuales se hizo alusión al caso Petro vs Colombia.

Por su parte, el defecto sustantivo se configuró por obviar la ilicitud sustancial y la
culpabilidad como categorías dogmáticas del derecho, reconocidas en los procesos
disciplinarios.

En tercer lugar, el defecto fáctico se presentó por no haberse practicado o escuchado
los testimonios de los señores Magdalena Junca Medina (auxiliar del despacho y
encargada del trámite de la impugnación del habeas corpus), Jorge Garzón (oficial mayor
de la secretaría quien recibió y tenía el encargo de ingresar el expediente al despacho) y
Flaminio Ruiz Echavarría (quejoso).

De haberse practicado esos testimonios se habría aclarado todo el trámite que surtió la
impugnación y se habría verificado si, por ejemplo, el documento se extravió o la persona
de secretaría encargada tardó en remitirlo, pero, en todo caso, que no tuvo a su alcance
en tiempo el escrito y solo se enteró del mismo cuando se dejó sin efecto la negativa del
recurso; lo cual se corrigió sin inconvenientes.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

4
“De ahí que no es posible aducir a rajatabla que la Ley 1952 de 2019 no está llamada a regular el asunto,
por tratarse de la Ley 734 de 2002, pues si bien se trata de una norma de contenido procesal, sus efectos
sustanciales se proyectan al derecho al debido proceso, garantía compuesta, entre otros elementos, por la
separación de funciones de quien investiga con el que juzga, pero sobre todo, en materia de recursos como
la disponibilidad de que un funcionario diferente revise la decisión sancionatoria por vía del recurso de
apelación, según la lectura de convencionalidad dada a nuestro proceso disciplinario por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs. Colombia, erradicadora de procesos de única
instancia”.
5
“(…)En esta oportunidad, la mayoría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció de fondo
sobre el asunto, sin detenerse en el hecho de que desde el pasado 29 de marzo de 2022 las investigaciones
tramitadas en contra de los magistrados de las otrora salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales, hoy
comisiones seccionales de disciplina judicial deben aplicar la regla legal vigente que garantiza la separación
de roles o funciones entre el servidor que profiere el auto de cargos y aquel que emite sentencia que pone
fin a la instancia.
En esa medida, dado que la magistrada ponente que profirió el pliego de cargos integró, asimismo, la Sala
que dicta ahora el asunto de terminación, es claro que carecía de competencia para pronunciarse sobre el
particular en etapa de juzgamiento (…)”.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

“Principales

REVOCAR la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del
veintisiete (27 de septiembre del 2023 expediente número 2015-02185
conforme a los trazos de la Corte Constitucional en su jurisprudencia).

Consecuente con lo anterior, se ordene a la autoridad Disciplinaria Judicial
accionada, que en remplazo de la decisión se proceda a un nuevo
pronunciamiento judicial que resuelva la controversia presentada en decisión
definitiva, confirme a derecho.

Subsidiarias

DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario 2015-
02185, seguido en mi contra, incluso desde la sentencia de instancia, para en
su lugar adoptar las determinaciones necesarias, de cara a las pruebas que se
dejaron de practicar a pesar de haberse solicitado y decretado dentro de las
oportunidades procesales”.

Actuación procesal

Mediante auto de 21 de marzo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, así como la vinculación del señor Flaminio Edgar Ruíz Echeverría, quien actuó
en condición de quejoso en el proceso disciplinario, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

Un magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial6 manifestó que la suficiente
prueba documental y testimonial obrante en el expediente permitió constatar con grado
de certeza la existencia de la falta disciplinaria atribuida al investigado y la
responsabilidad de este, razón por la cual se le impuso la sanción de amonestación
escrita.

En cuanto al defecto orgánico, sostuvo que el fallo cuestionado fue proferido con
fundamento en la competencia prevista en el artículo 257A de la Constitución Política de
Colombia, en concordancia con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996,
luego resultaba infundado ese reparo.

6
Julio Andrés Sampedro Arrubla.

6
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Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

Por último, frente a la existencia de ilicitud sustancial o antijuridicidad en el
comportamiento investigado y la culpabilidad, destacó que el disciplinado afectó sin justa
causa la definición oportuna en segunda instancia de la acción constitucional de habeas
corpus, la cual tiene como finalidad proteger el derecho fundamental de la libertad, con
lo cual quebrantó el ejercicio adecuado de la función pública jurisdiccional.

Lo anterior, por cuanto declaró de manera infundada la presentación extemporánea del
habeas corpus, actuación que vulneró el deber objetivo de cuidado por no vigilar
eficazmente los actos de sus colaboradores, de manera que tanto la ilicitud sustancial o
antijuridicidad quedaron evidenciadas con suficiencia.

En consecuencia, concluyó que el demandante pretende reabrir un debate que ya fue
zanjado debidamente con el fallo judicial sancionatorio fechado el 27 de septiembre de
2023, por lo cual debe declararse improcedente la acción de tutela.

Por su parte, la magistrada ponente de la decisión cuestionada señaló que, si bien el
actor manifestó que no se practicaron 3 testimonios, lo cierto es que nunca pidió el
decreto de esas declaraciones en la oportunidad procesal respectiva, esto es, al momento
de rendir sus descargos el 13 de septiembre de 2021, como se advierte del expediente a
folios 221 y 222 del cuaderno original no. 2.

No obstante, ante la evidente incuria del disciplinable por el desconocimiento del principio
de preclusividad de las etapas procesales, por auto del 16 de diciembre de 2022, de
manera oficiosa, decretó como prueba las declaraciones de los señores Magdalena
Junca Medina y Flaminio Édgar Ruiz Echeverría, pues, estos fueron los únicos dos
testimonios “sugeridos” en el correo electrónico que el actor remitió el 19 de octubre de
2022.

Ahora, cosa distinta es que los testigos no concurrieran a la citación, pese a los
indudables esfuerzos realizados para ello, sin que la jurisdicción disciplinaria pudiera
prolongar la actuación debido a la espera de su comparecencia, máxime cuando existía
abundante material probatorio (documental y testimonial) para fallar.

Es más, en la audiencia del 3 de febrero de 2023, el actor le indicó al magistrado auxiliar
comisionado que “ella [Magdalena Junca Medina] parece que o no contesta o se fue de
Bogotá o está en otra residencia”, y fue por ello que el disciplinable luego expresó que “lo

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Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

dejo yo a la doctora Magda que es la magistrada sustanciadora que, si lo tiene a bien
insistir en esas pruebas o hacer lo pertinente, esa es mi petición”.

Sin embargo, como no se lo logró la comparecencia de la señora Junca Medina ni la del
quejoso, la actuación disciplinaria tenía que avanzar, motivo por el cual por auto de la
misma fecha dispuso cerrar el debate probatorio –sin reparo alguno del disciplinable–,
quien con posterioridad incluso se limitó a pedir los registros sonoros de todas
declaraciones recaudadas “con el fin de presentar los respectivos alegatos de
conclusión”, es decir, el accionante tampoco consideró de “trascendental procesal” insistir
en la citación de los testigos decretados.

Por otro lado, en cuanto a la declaración del entonces oficial mayor, puso de presente
que contrario a lo sostenido en la demanda de tutela, el actor jamás pidió –o tan siquiera
sugirió– durante el proceso disciplinario la declaración de aquel, argumento que
demuestra la ausencia del presupuesto de subsidiariedad en el caso en estudio.

Por último, frente al defecto orgánico, destacó que el actor no alegó ese argumento en el
proceso disciplinario sobre la separación de roles de investigación y juzgamiento, pero,
en todo caso, si lo hubiere pedido tampoco hubiera prosperado porque la Corte
Constitucional descartó esa posibilidad en la sentencia T-140 de 2023, por considerar
indispensable el respeto por el tránsito legislativo previsto en el artículo 263 de la Ley
1952 de 2019.

Agregó que la Corte Constitucional ya zanjó cualquier discusión en torno a la
improcedencia de aplicar el Código General Disciplinario para asuntos en los cuales se
impone el respeto de la codificación vigente para la época de ocurrencia de los hechos,
en este caso, la Ley 734 de 2002, por tratarse de un pliego de cargos notificado antes del
29 de marzo de 2022, en consecuencia, tampoco está llamada a prosperar la tutela con
el supuesto de que existió un defecto orgánico por falta de competencia.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se niegue
el amparo constitucional por no configurarse ninguna de los yerros señalados en la
petición de amparo como causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

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Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3)
caracterización del requisito de subsidiariedad, 4) incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente a los defectos orgánico y fáctico y 5) incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, trabajo y mínimo vital, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 27 de septiembre de 2023.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito subsidiariedad frente a los defectos
orgánico y factico, al tiempo que la declarará improcedente por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en lo relacionado con el defecto sustantivo, por las
siguientes razones:

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2.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

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Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a los defectos orgánico y
fáctico

1) El defecto orgánico se fundamentó en la carencia absoluta de competencia para
resolver el proceso disciplinario, toda vez que la magistrada Magda Victoria Acosta
Walteros, quien adelantó la investigación y formuló los cargos en contra del actor, fue la
misma que proyectó el fallo que lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó.

2) Para la parte actora, tal proceder desconoció el precedente de la misma Corporación
sobre la regla de separación de roles, según la cual el funcionario judicial que se encarga
de la investigación o instrucción del proceso debe apartase del juicio disciplinario,
conforme con las leyes procesales contenidas en el artículo 263 de la Ley 1952 del 2019
y el principio de favorabilidad del artículo 14 de la Ley 734 del 2002 y la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando favorezcan la dignidad
humana.

3) No obstante, para la Sala resulta claro que el interés de la parte demandante consiste
en debatir un argumento nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite del proceso
disciplinario, pues en el curso del mismo tuvo la oportunidad para poner de presente la
supuesta falta de competencia a través del incidente de nulidad, los alegatos de
conclusión e, inclusive, en la etapa posterior a la que se dictó sentencia, sin embargo, no
lo hizo, por lo cual le asiste razón a la autoridad judicial demandada en punto a que dicho
cargo incumplió el presupuesto de subsidiariedad porque esta no podía ni debía efectuar
ningún análisis sobre tal aspecto, ya que no fue puesto de presente en ninguna de las
etapas del proceso.

4) En efecto, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, la Sala no
observa que en el curso del proceso se haya manifestado la presunta falta de

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competencia del fallador, por lo cual la acción de tutela no es el escenario para traer a
colación argumentaciones fácticas y jurídicas que son del resorte del juez natural y que,
como se explicó en precedencia, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, debieron
habérsele puesto en consideración para que este tuviera la oportunidad de pronunciarse
sobre las mismas.

5) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que, con
la supuesta configuración de un defecto orgánico, se analicen argumentos que debieron
ser planteados dentro del proceso disciplinario, lo cual no es de recibo dado que sobre
ellos no tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte
pudo ejercer su defensa.

6) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser propuesto
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”.

7) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones7, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

8) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al proceso
no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de inminencia,
gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la consumación
de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del juez de tutela,
razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente en el presente
caso.

9) Por su parte, frente al defecto fáctico la accionante sostuvo que se configuró por no
haberse practicado o escuchado los testimonios de los señores Magdalena Junca Medina
(auxiliar del despacho y encargada del trámite de la impugnación del habeas corpus),

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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00 y sentencia de 11 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03273-00, MP
Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
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Jorge Garzón (oficial mayor de la Secretaría quien recibió y tenía el encargo de ingresar
el expediente de Hábeas Corpus al despacho) y Flaminio Ruiz Echavarría (quejoso ).

10) Agregó que de haberse escuchado esos testimonios se habría aclarado si el
documento de la impugnación se extravió o si la persona de secretaría encargada tardó
en remitirlo, pero, en todo caso, que él no tuvo a su alcance en tiempo el escrito y solo
se enteró del mismo cuando se dejó sin efecto la negativa del recurso; lo cual se corrigió
sin inconvenientes.

11) No obstante, a partir de las pruebas remitidas por la autoridad demandada para la
Sala es necesario destacar que por correo electrónico del 19 de octubre de 2022 el actor
le solicitó a la magistrada ponente que considerara la posibilidad de llamar a rendir
testimonio a los señores Magdalena Junca Medina y Flaminio Édgar Ruiz Echeverría,
toda vez que fueron mencionados en las declaraciones de los testigos que fueron
escuchados.

12) Pese a que esa solicitud fue extemporánea, con el fin de llegar a la verdad de los
hechos mediante auto del 16 de diciembre de 2022, la magistrada de manera oficiosa
decretó como prueba esas dos declaraciones y para el efecto dispuso citar a dichas
personas, sin embargo, estas no concurrieron a la citación, a pesar de los esfuerzos
realizados para ello.

13) Ahora bien, también le asiste razón a la accionada en punto a que, en la audiencia
del 3 de febrero de 2023, el actor le indicó expresa y claramente al magistrado auxiliar
que fue comisionado para adelantar la audiencia que “ella [Magdalena Junca Medina]
parece que no contesta o se fue de Bogotá o está en otra residencia [y que] lo dejo yo a
la doctora Magda que es la magistrada sustanciadora que si lo tiene a bien insistir en
esas pruebas o hacer lo pertinente, esa es mi petición”.

14) En consecuencia, como no se lo logró la comparecencia de ninguno de los dos
testigos, por auto de la misma fecha la magistrada ponente dispuso cerrar el debate
probatorio, sin que el disciplinable presentara recurso de reposición en contra de esa
decisión o planteara inconformidad alguna, contrario sensu, se reitera, manifestó de
manera expresa que dejaba dicha decisión en cabeza de la magistrada ponente para que
esta “si a bien lo tiene” insistiera o no en esas pruebas .

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
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15) En ese horizonte de comprensión, a partir de los hechos relacionados en
precedencia, la Sala advierte que el actor a pesar de contar con mecanismos judiciales
para oponerse a la decisión de cerrar el periodo probatorio y prescindir de esos
testimonios, no ejerció los recursos con los que contaba para plantear o insistir en la
práctica de los dos testimonios que fueron decretados pero no practicados; por el
contrario, se mostró conforme con la decisión en tanto procedió a presentar los alegatos
de conclusión sin presentar los recursos correspondientes.

16) Con base en ello, para la Sala es evidente que la acción de tutela no cumple con el
presupuesto de la subsidiariedad pues, este mecanismo no es el medio idóneo para
revivir oportunidades precluidas que surtieron su trámite, de manera que, si el actor no
recurrió la decisión a través del medio judicial pertinente previsto por el ordenamiento
jurídico para el efecto, ahora no puede pretender, so pretexto de un supuesto defecto
fáctico, que se ordene la práctica de esos testimonios cuando en su momento no presentó
el recurso correspondiente.

17) Por otro lado, en cuanto a la declaración del entonces oficial mayor, contrario a lo
sostenido en la demanda de tutela, la Sala advierte que el actor jamás pidió dicha
declaración para que el testigo fuera citado al proceso disciplinario.

18) En efecto, se advierte que la declaración del entonces oficial mayor en ningún
momento del proceso fue solicitada, por ende, la autoridad judicial demandada no tuvo
la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, de modo que tal argumento constituye
un planteamiento nuevo que no fue puesto de presente ante el juez natural de la causa
existiendo la oportunidad procesal pertinente para solicitarlo, por tanto, no es procedente
a través de esta sede constitucional efectuar un análisis sobre el particular.

19) En ese punto, es necesario reiterar que este mecanismo constitucional no puede ser
utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni para plantear o mejorar
argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de proponer en las
instancias del proceso ordinario, so pretexto de la presunta configuración de un defecto.

20) Por consiguiente, para la Sala es claro que los defectos orgánico y defecto no
superaron el presupuesto de la subsidiariedad, por lo cual serán declarados
improcedente en la parte resolutiva.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al defecto
sustantivo

1) Por otra parte, se advierte que la parte actora alegó que se configuró un defecto
sustantivo porque no se tuvo en cuenta la ilicitud sustancial y la culpabilidad como
categorías dogmáticas del derecho reconocidas en los procesos disciplinarios.

2) De entrada, se advierte que este defecto no fue sustentado más allá de la mera
afirmación antes expuesta, sin embargo, del escueto argumento la Sala observa que tal
aspecto fue abordado en la providencia cuestionada en los siguientes términos:

“(…)A propósito el inculpado refirió que en este asunto no se superó la ilicitud
sustancial, pues corrigió su error, amén de que no por demorarse la acción de
hábeas corpus en remitirse al ad quem, se afectó la libertad dl procesado,
porque en todo caso, su fallo fue confirmado, de suerte que al conceder la
impugnación, no se afectó la función pública.

Al punto se dirá, que la impugnación que en este caso debió ser conseguida el
14 de julio de 2015, pero terminó siendo definida por el superior el 27 siguiente.
Pese a que los términos previstos en la Ley 1095 de 2006 son mucho más
cortos, sin importar las resultados del alzamiento pues lo analizado en este
caso, fue nivel de descuido del disciplina, al punto de negar un recurso
soportado en una inexistente extemporaneidad, cuando ni siquiera había leído
lo obrante en la tramitación sumaria, limitando a confiar de manera excesiva en
su personal.
(…)

Calificación de la falta y análisis de la culpabilidad

En este orden de ideas, adentrándose la Comisión en la calificación de la falta,
se observa que conforme con el parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002,
en el sub lite, la conducta delgada se imputó como grave a título de culpa grave,
dado el grado de perturbación del servicio, en la medida que el usuario espera
seguridad jurídica en la decisión de magistrado, y que no prolongue por esa
errada decisión, la definición de la impugnación oportunamente incoada;
además, la conducta en enrostrada al disciplinable generó en el quejoso y su
representado una fundada desconfianza sobre la celeridad y eficacia que deben
constituir notas características y esenciales del servicio público de
administración de justicia, que ese servicio de administrar justicia está vinculado
odontológica a los fines esenciales del Estado, de tal manera que la más mínima
sospecha sobre la celeridad y eficacia de los servidores judiciales, puede
generar una grave perturbación del servicio; que, en el caso, se trata un
magistrado con categoría seccional, cuya jerarquía en la Rama Judicial es
incuestionable, pues se halla en uno de los escaños más elevados de la
estructura funcional de la judicatura, lo cual le impone un mayor celo y respeto
por el ordenamiento jurídico y un compromiso ético más elevado.

Pero, adicionalmente, y para mayor claridad, la culpa se tendrá en la forma de
culpa grave, dado que el funcionario inculpado no tuvo el cuidado necesario que
cualquier persona común imprime a sus actuaciones a la hora de dar aplicación
a la norma ya mencionado en su proveído de rechazo, en el caso que estaba
su cargo. No se puede concluir cosa distinta al verificar que el inculpado es una
persona mayor de edad, que cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio
la administración de justicia y que ocupa una posición distinguida dentro de la

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

sociedad, al ejercer en aquel entonces como miembro de la corporación de
mayor jerarquía en el ámbito jurisdiccional disciplinario de la ciudad de Bogotá,
capital del país.

Refuerza esta calificación culposa, el hecho de que el disciplinable, una vez el
abogado quejoso realizó el reclamo respecto a la irregularidad presentada en el
conteo de los términos para la interposición de la impugnación el 24 de julio de
2015, procedió a emitir una nueva decisión, dejando sin efectos el auto que
negó el recurso por extemporáneo y ordenando darle trámite a este . En otras
palabras, el inculpado, al percatarse de su error, como se anticipó, procedió a
enmendarlo.

Por lo mismo, debe decirse que la conducta descuidada del disciplina que se
vio reflejada en el auto el 14 de julio de 2015, vino a ser corregida en proveído
del 24 siguiente, sin que ellos se traduzca en la inexistencia de la falta, pero si
para considerar que el implicado “procuró remediar el perjuicio causado en los
términos del literal e), numeral 1º del artículo 47 del CDU, vicisitud que conduce
degradar la FALTA GRAVE CULPOSA, como leve en la modalidad igualmente
culposa con lo cual de conformidad por lo dispuesto en el numeral 5º del artículo
44, ídem", tal como lo ha precisado esta Corporación en asuntos similares”.

6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
sustantivo a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados en el curso de proceso de disciplinario a través de los descargos, los recursos
de ley y los alegatos de conclusión, los cuales fueron resueltos en la providencia que
resolvió en cuestión como se expuso en precedencia.

7) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso disciplinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

8) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Conclusión

Se declarará la improcedencia de los defectos orgánico y fáctico por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y, a su vez, declarará improcedente el defecto sustantivo, pero
por carencia del requisito de relevancia constitucional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01325-00
Actor: Alberto Vergara Molano
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad en cuanto a los defectos orgánico y fáctico,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en cuanto al defecto sustantivo.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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