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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07746-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07746-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 12 de febrero de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme a las consideraciones expuestas anteriormente. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07746-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07746-01
Demandante VIRGELMA RIVERA CAICEDO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental, fáctico y por
error inducido. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Contribuciones parafiscales del Sistema de Protección
Social. Notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración. Valoración probatoria. Requisitos generales de
procedibilidad: relevancia constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 12
de febrero de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que dispuso:
«1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. […]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de diciembre de 20251, la señora Virgelma Rivera Caicedo, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo
de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por estimar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, con las sentencias de 7 de marzo de 2023 y
del 21 de mayo de 2025 proferidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 47001-33-33-004-2019-00433-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«PRIMERO: Sírvase, señor Juez Constitucional, amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y seguridad
jurídica, así como los principios constitucionales que rigen el sistema tributario, en particular
los de legalidad, equidad, proporcionalidad y justicia tributaria, que resultaron vulnerados en
las actuaciones administrativas y judiciales objeto de esta acción.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta, el 7 de marzo de 2023, y por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 005, el 21 de mayo de 2025, dentro del medio de

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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-07746-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07746-01
Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante, por haberse
incurrido en defectos fácticos, sustantivos y procedimentales, derivados de la omisión en la
valoración de la prueba documental y contable, la aplicación errónea del artículo 565 del
Estatuto Tributario, y la falta de control judicial efectivo sobre la irregular notificación de la
Resolución RDC-2019-00698.
TERCERO: Ordenar a los jueces accionados que, en el término perentorio que se señale,
profieran una nueva providencia debidamente motivada, en la cual se realice: a) Una
valoración integral y objetiva de la prueba obrante en el expediente, incluyendo la que
demuestra la irregularidad de la notificación así como la indebida determinación del ingreso
base de cotización (IBC).b) El reconocimiento de la nulidad del acto administrativo expedido
con violación de las garantías procesales y materiales del contribuyente. c) La observancia
estricta de las reglas sobre notificación administrativa contenidas en el artículo 565 del
Estatuto Tributario y de los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad
tributaria».

2. Hechos

Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La accionante afirma que «el 4 de julio de 2016» la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP profirió el requerimiento de información RQI-2017-00776, mediante el
cual se solicitó información y documentos para verificar la adecuada, completa
y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales del Sistema
de Protección Social por el periodo comprendido entre enero a diciembre de
2015.

2.2. El 8 de septiembre de 2017 la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP expidió
el requerimiento para declarar y/o corregir RCD-2017-01923, mediante el cual
se requirió información del período fiscalizado.

2.3. El 30 de abril de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP profirió la
liquidación oficial RDO-2018-01116, mediante la cual determinó aportes
presuntamente dejados de pagar e impuso sanción por inexactitud, respecto
del período comprendido entre enero a diciembre de 2015, acto que fue
notificado el 17 de mayo de 2018, a través de correo certificado enviado por la
empresa de servicios postales 4-72, guía RN944906005CO.

2.4. El 19 de julio de 2018, la señora Virgelma Rivera Caicedo interpuso recurso
de reconsideración contra la liquidación oficial RDO-2018-01116.

2.5. El 15 de mayo de 2019 la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP dictó la resolución RDC-2019-00698, mediante la cual se resolvió
el recurso de reconsideración, modificando los valores de los aportes
determinados en la liquidación oficial y en la sanción por inexactitud.

2.6. El 3 de julio de 2019, la UGPP le remitió un citatorio para notificación personal
para efectos de notificarle la resolución RDC-2019-00698.

2.7. El 5 de julio de 2019, la Dirección de Servicios Integrados de Atención fijó
edicto para notificar la resolución RDC-2019-00698, el cual fue desfijado el 18

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

de julio de 2019, fecha en la cual la UGPP tuvo por surtida la notificación del
acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración.

2.8. Para el año 2019 la señora Virgelma Rivera Caicedo haciendo uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, con el fin de que se declarara la
nulidad de la liquidación oficial RDO-2018-01116 y de la resolución RDC- 2019-
00698.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se indemnizara a la
demandante por los daños y perjuicios causados «conforme con las facturas de
servicios en los cuales el contribuyente incurrió y las planillas integradas de liquidación de
aportes que canceló el demandante al Subsistema de Salud, Pensión y Fondo de Solidaridad
Pensional».

2.9. En primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta
(Expediente 47001-33-33-004-2019-00433-00) mediante sentencia del 7 de marzo
de 2023 negó las pretensiones de la demanda.

Como puntos relevantes para resolver los argumentos planteados concluyó
entre otros aspectos que:

(i) la notificación de la resolución de RDC-2019-00698 de 15 de mayo de 2019 se realizó
dentro del término pues el recurso se presentó el 19 de julio de «2019» (sic) y el plazo
para la resolución de este vencía el 19 de julio de «2020» (sic) y el edicto se desfijó el 18
de julio de «2020» (sic); (ii) determinó que en este asunto estaban debidamente
establecidos los elementos del tributo para los trabajadores independientes sin contrato
de prestación de servicios y rentistas de capital; (iii) dijo que si bien el trabajador
independiente sin contrato de prestación de servicios debía realizar el pago anticipado
anual de los aportes, se encontraba en la posibilidad de efectuar la corrección de
autoliquidación establecida en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 3085 de 2007, para
que pudiera corregir el o los periodos a que hubiera lugar, aplicando también el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015; (iv) expuso que el pago de aportes no corresponde a una
contraprestación exclusiva y personal al aportante sino al cumplimiento de unos
postulados legales; (v) existían normas que establecían la forma de obtener el ingreso
base de cotización de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los
trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital,
en el entendido que para el periodo comprendido entre enero y junio lo era con el total de
los ingresos efectivamente percibidos, mayores a un salario mínimo legal mensual
vigente, y para el lapso entre julio y diciembre se determinó con el cuarenta por ciento del
valor mensual de tales ingresos; (vi) el plazo con el que contaba la UGPP para iniciar el
proceso de fiscalización era de 5 años y el requerimiento especial inicial data del 4 de julio
de 2017, lo que implica que sea muy por debajo del plazo de los 5 años; (vii) si la
demandante consideraba que en la actuación administrativa se vulneraron sus derechos
por la omisión de valorar unas pruebas allegadas al interponer el recurso de
reconsideración, tenía la carga de probar tal hecho; y (viii) con la resolución del recurso
de reconsideración la entidad accionada sí acogió las pruebas de los costos y expensas
allegadas con escrito de inconformidad, al punto de modificar el monto de ajustes de
aportes disminuyéndolos.

Esta decisión fue apelada por la parte demandante.

2.10. El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, con sentencia del 21
de mayo de 2025 confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta.

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Frente a la presunta extemporaneidad de la notificación de la resolución de
RDC-2019-00698 de 15 de mayo de 2019 dijo que el recurso fue presentado el
19 de julio de 2018, luego el plazo para resolverlo iba hasta el 19 de julio de
2019, y el edicto se desfijó el 18 de julio de 2019, de ahí que hubiera sido
presentado en término.

Luego explicó que todas las personas que habitan en Colombia tienen el deber
de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social, de ahí que la
demandante al ser una trabajadora independiente estaba obligada a cotizar al
sistema conforme a la Ley 100 de 1993 que le era aplicable.

Adujo que la demandante debía cotizar según lo dispuesto por el artículo 135
de la Ley 1753 de 2015, esto es, sobre el 40% del valor mensualizado de sus
ingresos, habiendo lugar a la deducción de expensas del artículo 107 del
Estatuto Tributario. Finalmente indicó que no se pronunciaría respecto del
planteamiento de la exoneración de la sanción por error de derecho por
tratarse de un argumento nuevo que no se expuso en la demanda.

3. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Explicó que: (i) se cumple con el requisito de relevancia constitucional pues las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; (ii) se supera el requisito
de subsidiariedad dado que luego de la sentencia de segunda instancia no procede
otro medio ordinario de defensa « No existe recurso ordinario o extraordinario, como la
casación, revisión o aclaración, que pueda evitar o suspender la ejecución de la carga económica
mientras se resuelve el fondo del asunto»; (iii) la acción de tutela fue presentada dentro del
término razonable ya que la sentencia de segunda instancia fue emitida el 21 de
mayo de 2025 y notificada el 27 de agosto de 2025; y (iv) las providencias
cuestionadas no fueron proferidas en el trámite de otra acción de tutela, sino al
interior de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en un
defecto procedimental, fáctico y por error inducido.

3.1. Defecto procedimental: Señaló que en este caso se configuró el defecto pues
las autoridades accionadas convalidaron la notificación de la resolución RDC-
2019-00698, la cual vulneró el artículo 565 del Estatuto Tributario que establece
el procedimiento que se debe seguir para notificar los actos administrativos,
esto sin realizar un control efectivo de la actuación administrativa.

Explicó que la UGPP remitió un citatorio el 3 de julio de 2019, mediante el cual
se dio conocimiento de la resolución RDC-2019-00698. Sin embargo, apenas
dos días después, el 5 de julio de 2019, la UGPP procedió a notificar por edicto
la resolución RDC-2019-00698, sin respetar el término legal de 10 días que
debe transcurrir entre una y otra modalidad de notificación según lo dispuesto
en el artículo 565 del Estatuto Tributario. Dijo que la notificación por edicto está
concebida como una modalidad excepcional que solo procede cuando se han
agotado previamente otros medios de notificación y han transcurrido los

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términos legales correspondientes, pues aplicarla de manera prematura
vulnera el derecho al debido proceso.

Añadió que la Sección Quinta del Consejo de Estado (Exp. 11001-03-15-000-
2018-00885-00) ha fijado el alcance interpretativo del artículo 565 del Estatuto
Tributario. Dijo que este defecto no solo afecta las providencias cuestionadas,
sino que genera un efecto en cadena que compromete todos los actos
administrativos posteriores.

3.2. Defecto fáctico: Se manifiesta pues las autoridades accionadas omitieron
valorar íntegramente las siguientes pruebas documentales: «(i) la irregularidad en
la notificación de la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración (RDC-2019- 00698),
y (ii) la incorrecta determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC) en meses en los que la
contribuyente no percibió ingreso alguno».

Respecto de la primera señaló que, en el expediente obra prueba de la
secuencia cronológica de la notificación, de donde se advierte que el citatorio
se dio el 3 de julio de 2019, la fijación del edicto se realizó el 5 de julio de 2019
y que el término para comparecer vencía el 17 de julio de 2019. Lo que
demuestra que la UGPP notificó por edicto antes de que finalizara el término
legal lo que tornaba ineficaz la ejecutoria del acto.

Frente al segundo dijo que, se omitió valorar la prueba contable y documental
que demostraba que durante varios periodos la contribuyente no registró
ingreso alguno, y pese a ello la UGPP calculó el IBC con base en supuestos
valores inexistentes, determinando una base gravable ficticia. Puntualizó que
no existió base gravable para los meses de enero, marzo, julio, noviembre y
diciembre de 2015, luego en esas fechas no procede cotización alguna, como
lo ha establecido la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
(Exp. 26641 y 26639).

3.3. Defecto por error inducido: indicó que se materializó cuando «la generación de
una inequidad manifiesta en la aplicación de la ley tributaria y parafiscal, contrariando los
principios constitucionales que informan el sistema tributario colombiano, consagrados en los
artículos 95, 338 y 363 de la Constitución».

Puso de presente la existencia de un perjuicio irremediable, en razón a que la UGPP
dictó el auto CC81373 del 16 de octubre de 2025, mediante el cual se reanuda el
proceso de cobro coactivo 107725 en contra de la señora Virgelma Rivera Caicedo
para continuar con el recaudo forzoso. Manifestó su inconformidad con que el
proceso de cobro se reactive como consecuencia de la validación de la indebida
notificación de la resolución RDC-2019-00698.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 11 de diciembre de 2025 el despacho del magistrado Fredy Ibarra
Martínez admitió2 la acción de tutela presentada por la señora Virgelma Rivera
Caicedo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta.

Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP; se ofició al tribunal accionado para que allegaran copia digital
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del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-33-004-2019-
00433-01; y ordenó las notificaciones correspondientes.

4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta3 remitió copia del
expediente de control de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-33-
004-2019-00433-00/01.

4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 0054, indicó que el
trámite que se le dio al medio de control 47001-33-33-004-2019-00433-01 fue el
de resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
por ello el 21 de mayo de 2025 confirmó el fallo del Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta que había negado las pretensiones.

Indicó que algunos de los fundamentos para tomar esa decisión fue que: (i) se
encontró que el recurso de reconsideración fue resuelto dentro del término; (ii)
se determinó que la demandante se encontraba obligada a afiliarse al Sistema
de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante por tener capacidad de
pago al ser trabajadora independiente en la vigencia 2015; (iii) por lo que al
no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos acusados se procedió
a confirmar la decisión del juzgado.

Por último, manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
actora, sino que pareciera que sus cuestionamientos son inconformidades con
la decisión adoptada por los jueces naturales, de ahí que se deba denegar el
amparo pues este mecanismo constitucional no puede ser utilizado como un
medio de impugnación adicional.

4.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP guardó silencio
a pesar de haber sido notificada5.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 12
de febrero de 20266 declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad.

En primer momento, mencionó que la parte actora dijo que el fallo de segunda
instancia en el proceso ordinario incurrió en un defecto procedimental, pues el
Tribunal Administrativo del Magdalena tuvo por válida la notificación por edicto de
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración (realizando el cómputo a partir
de la fecha de desfijación), sin verificar si ese tipo de notificación era procedente ya
que la UGPP había enviado previamente un citatorio para notificación personal el 3
de julio de 2019 y dos días después (5 de julio de 2019) procedió a fijar el edicto sin
que se hubiera esperado a que transcurriera el término de los 10 días que la ley le
otorga al contribuyente para comparecer a notificarse personalmente y aun así la
autoridad judicial consideró que la notificación se realizó en debida forma y dentro
del término legal.

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Frente a este planteamiento la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado manifestó que este es un argumento nuevo que no se propuso en el proceso
ordinario, pues tanto en la demanda como en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia su argumento principal era la presunta notificación
extemporánea del acto administrativo desde «la perspectiva del vencimiento del término
anual previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, por considerar que la administración había
perdido competencia temporal para resolver el recurso de reconsideración», es decir, el debate
en el proceso ordinario se centró en el cómputo del término legal y en determinar si
la notificación se produjo dentro o fuera del plazo de un año sin que se cuestionara
en ningún momento si era procedente el edicto como mecanismo de notificación, ni
tampoco que el uso de esa forma de notificación fuera irregular por no haber
agotado previamente la notificación personal.

De ahí que la decisión que adoptaron las autoridades ordinarias fue acorde con los
argumentos que se propusieron, luego no se les puede reprochar el no pronunciarse
sobre un aspecto que no se planteó oportunamente y del que las partes no pudieron
ejercer su derecho de defensa y contradicción.

La Subsección B concluyó que la acción es improcedente al no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad ya que la acción de tutela no es un mecanismo que
remedie los desaciertos de las partes, más aún cuando no se expusieron los motivos
por los cuales se incurrió en esa omisión. Como fundamento citó la sentencia C-590
de 2005 para indicar que uno de los requisitos generales de la acción de tutela era
que se identificaran los hechos que generaron la vulneración y que los hubieran
alegado en el proceso judicial siempre que fuera posible.

Como segundo aspecto, señaló que la accionante manifestó que se configuraba un
defecto fáctico por la presunta omisión en la valoración de la prueba contable y
documental, que de acuerdo con lo afirmado demostraba que durante algunos
meses del año 2015 no percibió ingreso alguno que el ingreso depurado resultó
negativo, lo que impedía la configuración de base gravable y por ende la obligación
de cotizar al Sistema de Seguridad Social, como evidencia de que no existía ingreso
efectivo que hiciera efectivo los aportes puso de presente que en los meses de
enero, marzo, julio, noviembre y diciembre se generaron pérdidas «para lo cual
presentó una tabla detallada en la que relacionó ingresos determinados, costos aceptados, ingreso
depurado e ingreso base de cotización fijado por la UGPP».

Frente a esto la Subsección B también manifestó que no se cumplía con el requisito
de la subsidiariedad ya que si bien ese mismo reparo se planteó en el recurso de
apelación y el tribunal no se pronunció en la sentencia la parte demandante debió
acudir a la solicitud de adición y complementación de la misma (artículo 287 del
Código General del Proceso), con la finalidad de que se subsanaran las omisiones al
resolver los extremos de la litis por ser motivos en los que fundó su defensa,
agotando así los mecanismos judiciales ordinarios previstos en la ley.

Por último, añadió que la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio, así
como tampoco se demostró que la solicitud de adición fuera ineficaz o insuficiente
para obtener el ajuste de la presunta omisión.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado.
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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

En primer lugar, consideró que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrió en un exceso ritual manifiesto al instituir «la solicitud de adición como
un recurso obligatorio de agotamiento previo», cuando esa figura no es un medio de
impugnación que revierta «el sentido de una decisión desfavorable».

Explicó que si bien la adición es una herramienta diseñada para complementar la
sentencia cuando se omitió resolver sobre un extremo de la litis, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han mencionado que para considerar que no
se supera el requisito de la subsidiariedad es necesario que ese medio no sea
idóneo ni eficaz, por ello expuso que «La omisión en la valoración de la prueba contable que
demostraba la inexistencia de base gravable en meses específicos no es una "omisión de un extremo
de la litis" susceptible de ser adicionada, sino un error sustancial en la valoración de los cargos de
apelación que configura un defecto fáctico y un defecto por falta de motivación» , y que no es útil
esta herramienta pues el juez no puede cambiar el sentido del fallo si omitió valorar
la tabla de ingresos y costos, pues atentaría contra el principio de inmutabilidad de
las sentencias, por ello el único mecanismo procedente es la acción de tutela.

En segundo lugar, señaló que esta misma subsección desconoció el principio «iura
novit curia» el cual le impone al juez el deber de aplicar el derecho independiente de
la calificación jurídica, de ahí que el «efecto real de una indebida notificación es la no
notificación, por ende, la configuración demostrada para el caso de un silencio positivo», indicó que
en la demanda se alegó que el acto administrativo no fue notificado en el término
legal de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario y para hacer el
estudio del caso le correspondía al juez verificar como se surtió la notificación, así
pues debía revisar: (i) la guía del correo citatorio, (ii) el acta de fijación del edicto y
(iii) la constancia de desfijación, de lo que se hubiera advertido que «la UGPP fijó el
edicto apenas dos días después de enviar la citación para notificación personal, sin esperar el
término de diez días hábiles que la ley concede al contribuyente para comparecer».

De otro lado, reiteró entre otros los argumentos del escrito de tutela, por ello
mencionó en qué consistía el deber del juez bajo el principio de iura novit curia y el
control de legalidad; indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en
un defecto fáctico al ignorar las pruebas contables de meses con pérdidas en 2015;
manifestó que se realizó un cálculo arbitrario frente a la realidad del ingreso efectivo
ya que la UGPP utilizó la información de la declaración de renta anual de 2015 y la
dividió en 12 para asignar un IBC ficticio a cada mes sin tener en cuenta la tabla de
ingresos y costos que aportó la demandante.

Como sustento indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado
que, si después de realizada la mensualización se genera para un periodo un valor
inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, el trabajador independiente no
tiene la obligación de realizar aportes por dicho concepto. Puso de presente que la
UGPP aceptó los ingresos reportados en la declaración, pero rechazó o ignoró los
costos y gastos necesarios para la depuración del ingreso en meses específicos,
sin realizar una fiscalización que desvirtuara la realidad de dichas erogaciones.

Indicó que en este caso se presenta un perjuicio irremediable pues «no es una mera
posibilidad retórica, sino una realidad fáctica y procesal de extrema gravedad», ya que se
reanudó el proceso administrativo de cobro coactivo mediante auto del 16 de
octubre de 2025 y no es razonable obligar al accionante a sufrir el despojo de su
patrimonio mientras se intenta agotar los trámites procesales.

8

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

Mencionó que el juez de primera instancia se limitó a realizar una verificación del
requisito de la subsidiariedad y no realizó un estudio de fondo, omitiendo el análisis
de la relevancia constitucional.

Finalmente citó dos providencias como precedentes a tener en cuenta al resolver la
impugnación: (i) «la sentencia del 17 de mayo de 2018 (Exp. 11001-03-15-000-2018-00885-00)»
en donde se anuló una actuación por que se fijó un edicto antes del vencimiento del
término de los 10 días para la notificación personal; y (ii) la sentencia de «la Sección
Cuarta del 19 de julio de 2023 (Exp. 26641)» que prohíbe la exigencia de aportes a la
seguridad social en periodos en donde «no se registre un ingreso neto superior al salario
mínimo».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

9

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta el escrito de impugnación y por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al
juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la acción, para ello se
estudiará si la acción supera el requisito de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.

De superar dicho análisis, la Sala pasará a analizar si al proferir las sentencias de
primera y segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 47001-33-33-004-2019-00433-00/01 las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos procedimental, fáctico y por error inducido.

4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores11.

11
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

10

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El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben reunirse.
En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto
es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir o
prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una
carga argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente
legal o de contenido económico que no comprometa derechos fundamentales; que
no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los propuestos se acompasen
con las razones de la decisión judicial cuestionada, entre otras condiciones.

5. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante.

En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un perjuicio
irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no podrá,
posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su inacción y que,
en estas circunstancias, «la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera
como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada
al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la
vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo» 12.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.

11

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De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples
ocasiones que, en virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela, el interesado
tiene la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Por lo
mismo ha de entenderse que la acción de tutela no es una herramienta judicial que
pueda desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, si ellos son
idóneos y eficaces para la realización de los derechos de las personas.

En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la acción de tutela
es improcedente en cuanto se utilice como instrumento adicional o supletorio, o
cuando con ella se pretenda obtener un pronunciamiento más rápido sin el
agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción, ya que
«…mientras la persona que se dice amenazada o vulnerada en uno de sus derechos fundamentales
disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su protección, no es procedente la acción de
tutela. Ésta sólo es viable a falta de otro mecanismo de defensa judicial y no es en manera alguna
una vía judicial de la cual se pueda hacer uso paralelamente con otras acciones o recursos
judiciales».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

6. Análisis del caso concreto

6.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque,
de una parte, no cumple con el requisito de relevancia constitucional respecto
del planteamiento de la indebida notificación de la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración; y tampoco se cumple con el requisito de la
subsidiariedad respecto de los documentos que considera no se valoraron.
Como se analizará a continuación.

Indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración.

6.2. En primera medida esta Sala abordará el análisis del argumento de la indebida
notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

El juez de primera instancia constitucional determinó que este es un
argumento nuevo que no se propuso en el proceso ordinario, pues tanto en la
demanda como en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia su argumento principal era la presunta notificación extemporánea del
acto administrativo desde «la perspectiva del vencimiento del término anual previsto en
el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, por considerar que la administración había perdido
competencia temporal para resolver el recurso de reconsideración», es decir, el debate en
el proceso ordinario se centró en el cómputo del término legal y en determinar
si la notificación se produjo dentro o fuera del plazo de un año sin que se
cuestionara en ningún momento si era procedente el edicto como mecanismo
de notificación.

Al respecto la accionante planteó en su escrito de impugnación que la
Subsección B de la Sección Tercera desconoció el principio «iura novit curia» el
cual le impone al juez el deber de aplicar el derecho independientemente de
la calificación jurídica, de ahí que el «efecto real de una indebida notificación es la no
notificación, por ende, la configuración demostrada para el caso de un silencio positivo».

12

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

Indicó que en la demanda se alegó que el acto administrativo no fue notificado
en el término legal de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario,
luego le correspondía a las autoridades judiciales verificar cómo se surtió la
notificación, revisando: (i) la guía del correo citatorio, (ii) el acta de fijación del
edicto y (iii) la constancia de desfijación, de lo que se hubiera advertido que
«la UGPP fijó el edicto apenas dos días después de enviar la citación para notificación
personal, sin esperar el término de diez días hábiles que la ley concede al contribuyente para
comparecer».

Para poder analizar si este argumento resulta ser un planteamiento nuevo que
no fue debatido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es necesario verificar los términos en los que la demandante lo
expuso en el escrito de demanda, pues es ese escrito el que utiliza la parte
demandada para poder contestar, si ese planteamiento fue incluido con
posterioridad a la mencionada etapa procesal estaríamos ante la existencia de
un argumento nuevo que no fue objeto de contradicción, lo que vulneraría el
debido proceso. A su vez, se verificará los términos en los que se fue
desarrollando el mismo en el transcurso del proceso.

6.3. De acuerdo con el escrito de demanda que fue aportado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta (Samai, índice 8) se advierte que el apoderado
de la señora Virgelma Rivera Caicedo en el acápite «V. CONCEPTO DE LA
VIOLACIÓN» y en el ítem «A. VIOLACIÓN DEL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 730 DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO- POR FALTA DE APLICACIÓN» expuso el mencionado
argumento indicando que el artículo 732 del Estatuto Tributario establece el
término de un año para resolver el recurso de reconsideración, por lo que
indicó que según sus cuentas la liquidación oficial RDO-2018-01116 fue
expedida el 30 de abril de 2018, notificada el 17 de mayo de 2018, por lo que
la contribuyente tenía hasta el 17 de julio de 2018 (2 meses) para presentar el
recurso de reconsideración, lo que significaba que la resolución que resolvía
el recurso de reconsideración debía ser dictada a más tardar el 17 de julio de
2019, sin embargo, la notificación por edicto se dio el 19 de julio de 2019, es
decir de manera extemporánea.

Esto en los siguientes términos:
(Sic a toda la cita)
«Para poder hacer el conteo del año “Articulo 732 E.T” el cual la UGPP estaba obligada a dar
respuesta al recurso de reconsideración interpuesto es importante contextualizar el
procedimiento de la siguiente manera:
El día treinta (30) de abril del año 2018 la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales - UGPP, profirió la Liquidación Oficial No. RDO-2018-01116, notificándola el
día diecisiete (17) de mayo del año 2018, mediante la Guía 472 No. RN944906005CO.
De acuerdo a lo anterior esto quiere decir que el contribuyente tenia hasta el dia diecisiete (17)
de julio del año 2018, para interponer el recurso de reconsideración, tal como consta el
contribuyente presentó el recurso de reconsideración dentro del termino legal. En ese orden
de ideas el conteo del año para ser notificada la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración “RDC-2019-00698”, debió darse a mas tardar el dia diecisiete (17) de julio del
año 2019, pero como consta en el edicto, tal notificación se realizó el dia diecinueve (19) de
julio del año 2019, por cuanto el edicto se desfijó el dia dieciocho (18) de julio del año 2019.
En linea con lo anterior la UGPP vulneró el numeral 3 del artículo 730 del E.T,
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP, profiro la Resolución No. RDC-2019-
00698, por fuera del termino legal, consecuencia de ello es nulo el procedimiento
administrativo, conforme con la normatividad citada».

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

Lo anterior permite advertir a la Sala que la señora Virgelma Rivera Caicedo
en su demanda planteó la extemporaneidad de la notificación de la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración por superar por 2 días el término
de un año que la ley otorgó.

Pero en ningún momento la demandante planteó que estuviera inconforme con
el tipo de notificación que se utilizó en este caso, es decir el edicto, y que ese
fuera el motivo por el cual consideraba indebida la notificación al observar que
no se había terminado de cumplir el término que la ley daba para surtir la
notificación personal, tan es así, que el apoderado de la señora Rivera Caicedo
citó una providencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
(13001-23-33-000-2014-00156-01 (22084)) para plantear la existencia de silencio
administrativo en materia tributaria por la pérdida de competencia de la
administración por superar el término del año para resolver, teniendo como
argumento que el edicto se desfijó el 18 de julio de 2019, luego la notificación
se dio el 19 de julio de 2019.

Lo que permite evidenciar que en esa etapa procesal no se argumentó que la
indebida notificación se diera porque se surtió la notificación personal del acto
y paralelamente una notificación por edicto que era improcedente.

6.4. Revisados los alegatos de conclusión aportados por la parte demandante se
observó que para ese momento el sustento del mencionado argumento
cambió, al punto de que allí la parte demandante le puso de presente al juez
de primera instancia que la UGPP tenía hasta el 19 de julio de 2019 para
proferir y notificar la resolución que resolvía el recurso de reconsideración,
cuando inicialmente planteó que el plazo daba hasta el 17 de julio de 2019, a
su vez, allí dijo que la administración «resolvió notificar al contribuyente mediante
notificación personal, razón por la cual previo a ello envió un citatorio que fue entregado
mediante la guía No. RA126191574CO el día 3 de julio de 2019» por lo que, el citatorio
otorgaba 10 días hábiles siguientes a ese envío para que se surtiera la
notificación personal y precisó que «Este citatorio, también señaló, acorde con el
procedimiento dispuesto en el artículo 565 del E.T. y siguientes, que una vez finalizado
este término se procedería a fijar EDICTO para la correspondiente notificación del acto
administrativo».

Argumento que si bien ya es acorde con el que se presenta en esta acción de
tutela resulta diferente al que planteó en la demanda, y esto tiene grandes
implicaciones que se hacen evidentes en la inconformidad de la hoy
accionante al considerar que ese argumento no era nuevo pues se planteó en
el proceso. Sin embargo, lo que toma relevancia es que sí se planteó, pero en
una etapa procesal (alegatos de conclusión) en donde la parte demandada ya
no podía controvertir u oponerse a ese planteamiento.

6.5. Por su parte el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta en la sentencia
del 7 de marzo de 2023 estudió y resolvió como uno de los argumentos
planteados por la demandante que se debía declarar la nulidad de la
resolución de RDC-2019-00698 de 15 de mayo de 2019 por ser «notificad[a] por
fuera del término legal y por lo tanto el funcionario y la entidad “UGPP” perdieron
competencia para proferirlo. “Notificación por fuera del año»13, al respecto el juzgado
explicó que para el ejercicio de recursos en contra de actos de liquidación
oficial o de imposición de sanción proferidos por la UGPP existía una norma

13
Samai, índice 2. Archivo: «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2». Página 60.

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

especial (artículo 180 de la Ley 1607 de 2012) diferente a la del Estatuto
Tributario, en donde se establece que la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración se debe proferir y notificar dentro del año siguiente a su
interposición.

Por esa razón, el juzgado concluyó que la notificación de la resolución de RDC-
2019-00698 de 15 de mayo de 2019 se realizó dentro del término pues el
recurso se presentó el 19 de julio de «2019» (sic) y el plazo para la resolución
del mismo vencía el 19 de julio de «2020» (sic), y en razón a que la desfijación
del edicto establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario se dio el 18 de
julio de «2020» (sic) se entendió que la notificación se dio dentro del plazo del
año, por ello señaló que «el cargo de nulidad de violación del numeral 3º del artículo
730 del Estatuto Tributario Nacional, invocado por la accionante, no tiene vocación de
prosperidad».

Para llegar a concluir esto se valoraron las siguientes pruebas del expediente:
«Pues bien, examinado las pruebas obrantes en el proceso, se evidencia que a través de la
Resolución No. RDO-2018-01116 de 30 de abril de 2018, “Por medio de la cual se profiere
liquidación oficial por inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral - SSSI- y se sanciona por inexactitud” (Fls. 97 al 121 del archivo digitalizado
No. 3 y archivo formato PDF “LIQ OFICIAL RDO-1116.pdf” carpeta No. 3 “LIQUIDACIÓN
OFICIAL” expediente digitalizado antecedentes administrativos), la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) profirió
liquidación oficial a la actora, Vigerma Rivera Caicedo, identificada con cédula de ciudadanía
No. 57.413.362, por inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad
Social en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015, y además de ello, le
impuso sanción por tal inexactitud; acto que se notificó a la parte actora con envío del mismo,
por el correo certificado de la empresa “4-72”, bajo el número de guía RN944906005CO,
remitido el 4 de mayo de 2018 y entregado a la parte demandante en su domicilio el día 17 de
mayo de 2018, a las tres y treinta de la tarde (3:30 pm) (Fl. 122 del archivo digitalizado No. 3
y archivo formato PNG “201815002127541 NOTIF RDO-1116.PNG” carpeta No. 3
“LIQUIDACIÓN OFICIAL” expediente digitalizado antecedentes administrativos).
Contra tal Resolución, la parte actora interpuso recurso de reconsideración ante la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) el 19 de julio de 2018, radicado con el No. 201870012211612, empero, con fecha de
presentación personal ante notario del día 17 de julio de 2018 (Archivo formato PDF
“201870012211612-1.pdf” subcarpeta “201870012211612 RR” carpeta No. 4 “RECURSO
RECONSIDERACIÓN” expediente digitalizado antecedentes administrativos); recurso que fue
desatado a través de la Resolución No. RDC-2019-00698 de 15 de mayo de 2019, “Por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-
2018- 01116 de 30 de abril de 2018” (Fls. 59 al 91 del archivo digitalizado No. 3 y archivo
formato PDF “RESOL RDC-0698.pdf” subcarpeta “RESOL RR RDC-0698” carpeta No. 4.
“RECURSO RECONSIDERACIÓN” expediente digitalizado antecedentes administrativos),
siendo notificado del mismo la demandante con Edicto fijado el 5 de julio de 2019 a las siete
de la mañana (7:00 am), por el término de diez (10) días, y desfijado el 18 de julio de 2019 a
las cuatro de la tarde (4:00 pm) (Fls. 93 al 95 ibidem y archivo formato PDF
“2019500502279562 NOTIF AVISO RDC-0698.pdf” subcarpeta “RESOL RR RDC-0698”
carpeta No. 4 “RECURSO RECONSIDERACIÓN” expediente digitalizado antecedentes
administrativos)».

De lo anterior se advierte que el análisis que realizó el juzgado se centró en el
argumento en los términos que se planteó en la demanda y no en la
modificación que fue teniendo en el transcurso del proceso.

6.6. En el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia la parte
demandante hizo mención nuevamente a este argumento, pero trayendo a
colación el planteamiento inicial de la demanda en donde afirmaba que se erró

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Demandante: Virgelma Rivera Caicedo

«al convalidar la notificación por edicto realizada el 18/7/2019, puesto que en virtud del
artículo 565 del ET, la misma es a todas luces extemporánea ya que la UGPP contaba
hasta el día 17/7/2019, para efectuar la notificación y como se observó la misma se realizó
el 18/7/2019 un día después del plazo de vencimiento» y trajo un cuadro en donde
incluyó las fechas de las notificaciones de la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración.

6.7. Por su parte el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de
segunda instancia, frente a este mismo aspecto señaló que el numeral 2 del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012
establecieron que el plazo para resolver el recurso de reconsideración es de 1
año contado a partir de su interposición en debida forma.

Para realizar el conteo partió de definir que el recurso fue presentado el 19 de
julio de 2018, luego el plazo para resolverlo iba hasta el 19 de julio de 2019, y
el edicto se desfijó el 18 de julio de 2019, por lo que afirmó que «las fechas
determinantes para establecer el termino en tiempo o no de la expedición del acto
demandado, son claras y precisas, por tanto, se descarta dicho argumento de alzada.».

6.8. De lo anterior es posible concluir que en efecto el argumento que trajo a la
acción de tutela la señora Virgelma Rivera Caicedo enunciado como un
defecto procedimental no supera el requisito de la relevancia constitucional en
la medida que se propusieron nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario en la etapa procesal que correspondía (demanda), de ahí
que este mecanismo constitucional no esté concebido para mejorar o
replantear argumentos que se dejaron de proponer.

Se precisa que, si bien el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
consideró que en este punto no se superó el requisito de la subsidiariedad, lo
cierto es que, incluir argumentos nuevos que no fueron objeto de debate en el
proceso ordinario no hace parte del requisito general de la subsidiariedad sino
del requisito de la relevancia constitucional como se describió en el numeral 4
de la parte considerativa.

Por esta razón se confirmará lo decidido en este punto por la Subsección B
con la precisión de que no se superó el requisito de la relevancia constitucional.

Documentos que considera no se valoraron

6.9. La impugnante planteó como otro argumento que la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado erró al considerar que «la solicitud de
adición como un recurso obligatorio de agotamiento previo», cuando esa figura no es un
medio de impugnación que revierta «el sentido de una decisión desfavorable».

Explicó que si bien la adición es una herramienta diseñada para complementar
la sentencia cuando se omitió resolver sobre un extremo de la litis, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han mencionado que para considerar
que no se supera el requisito de la subsidiariedad es necesario que ese medio
no sea idóneo ni eficaz, por ello expuso que «La omisión en la valoración de la
prueba contable que demostraba la inexistencia de base gravable en meses específicos
no es una "omisión de un extremo de la litis" susceptible de ser adicionada, sino un error
sustancial en la valoración de los cargos de apelación que configura un defecto fáctico y
un defecto por falta de motivación», y que no es útil esta herramienta pues el juez
no puede cambiar el sentido del fallo si omitió valorar la tabla de ingresos y

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costos, pues atentaría contra el principio de inmutabilidad de las sentencias,
por ello el único mecanismo procedente es la acción de tutela.

6.10. En lo que respecta al planteamiento según el cual el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena no
valoraron las pruebas que demostraban que durante varios periodos la
contribuyente no registró ingreso alguno, y pese a ello la UGPP calculó el IBC
con base en supuestos valores inexistentes.

Se debe indicar que solo corresponde verificar los cuestionamientos respecto
de la sentencia de segunda instancia del 21 de mayo de 2025, esto en razón
a que las inconformidades que hubieran surgido en primera instancia debieron
ser planteadas en el recurso de apelación contra esa providencia.

Ahora bien, esta Sala confirmará la postura planteada por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en razón a que si la señora Virgelma
Rivera Caicedo consideraba que alguno de los puntos que planteó en la
apelación de la sentencia de primera instancia no fue resuelto debía haber
acudido a la solicitud de «adición», contemplada en el artículo 287 del Código
General del Proceso, según el cual cuando una sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o «sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento» debe ser adicionada a
través de sentencia complementaria.

Lo anterior significa que, contrario a lo que considera la accionante, si el juez
de segunda instancia omitió pronunciarse de algún aspecto al que debía
haberse referido, las partes tenían el término de la ejecutoria del fallo para
solicitar la adición de misma, lo que implica que si el tribunal omitió analizar y
resolver un aspecto que cambiaba el sentido del fallo esto se realizaba a través
de una sentencia complementaria, pues mal haría el legislador al establecer
una herramienta para adicionar sin que la adición pueda influir en la decisión.
Se resalta que lo que se dicta una vez se accede a la solicitud de adición no
es un auto sino una sentencia que complementa, lo que significa que tiene los
mismos efectos de la sentencia inicial.

6.11. De otro lado, la actora indicó que en este caso se presenta un perjuicio
irremediable pues se reanudó el proceso administrativo de cobro coactivo
mediante auto del 16 de octubre de 2025.

Frente a este punto se debe indicar que el perjuicio que considera irremediable
la actora es un asunto meramente económico, por lo que, no es viable utilizar
la acción de tutela como un mecanismo transitorio para salvaguardar estos
derechos ya que la naturaleza de este mecanismo radica en la protección de
derechos fundamentales.

Por último, la accionante manifestó que la Sección Tercera del Consejo de
Estado se limitó a realizar una verificación del requisito de la subsidiariedad y
no realizó un estudio de fondo.

Frente este reparo se debe precisar que la acción de tutela contra providencia
judicial es excepcional, de ahí que, se debe cumplir con los requisitos
generales de procedibilidad dentro de los cuales está la subsidiariedad y la
relevancia constitucional, y de cumplirse le corresponde al juez estudiar el

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fondo del asunto a través de los requisitos o defectos especiales que se
plantearon en el escrito de tutela.

De ahí que, como en este caso no se superaron los requisitos generales no es
posible entrar a estudiar de fondo el caso.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional ni el de subsidiariedad en el caso examinado, se procederá a
confirmar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 12 de febrero de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme a las
consideraciones expuestas anteriormente.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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