Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00296-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de noviembre de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00296-01 [26639]
Demandante: Myriam Méndez de Guevara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00296-01 [26639]
Demandante: MYRIAM MÉNDEZ DE GUEVARA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones a salud y pensión (enero a diciembre de 2014).
Inaplicación del artículo 26 del Decreto 806 de 1998. Obligación de
cotizar a pensión. Mensualización de ingresos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda2.
ANTECEDENTES
El 28 de abril de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UAE
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2017-
00543, en contra de Myriam Méndez de Guevara, por omisión en la afiliación y/o
vinculación al subsistema de pensiones e inexactitud en el de salud por los períodos
de enero a diciembre de 2014, e impuso las sanciones por cada conducta3.
El 30 de noviembre de 2017, la citada dependencia profirió la Liquidación Oficial nro.
RDO-2017-04021, por las conductas, períodos y sistemas objeto del requerimiento
para declarar y/o corregir4.
El 16 de febrero de 2018 la actora interpuso recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial5, el cual fue decidido mediante la Resolución nro. RDC-2018-01669
1
Fls. 217 a 233 vto. c.p. 1.
2
Fls. 185 a 216 c.p. 1.
3
CD fl. 170 c.p. 1. Carpeta: «3. RDOC». Archivo: «RCD 2017 00543.pdf».
4
CD fl. 170 c.p. 1. Carpeta: «5. LO». Archivo: «Liquidación Oficial No. RDO-2017-04021 del 30112017.pdf».
5
CD fl. 170 c.p. 1. Carpeta: «6. SOLICITUD DE RECURSO». Archivo: «201850050450962-1.pdf».
1
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
del 14 de diciembre de 2018 por la Dirección de Parafiscales de la UGPP, en el sentido
de confirmar el acto recurrido6.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones7:
«I. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERO: Que es nulo el acto administrativo que se relaciona a continuación: Resolución No.
RDC-2018-01669 del 14/12/2018, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO-2017-04021 del 30 de noviembre del año
2017, acto administrativo de cierre del procedimiento administrativo, mediante el cual la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, determinó, liquidó y sancionó a la
señora MYRIAM MÉNDEZ GUEVARA con el pago al Sistema General de la Seguridad Social al
Subsistema de Salud, dicho actuar es improcedente por cuanto el Tributo para los Independientes
sin contrato de Prestación de Servicios y los Rentistas de Capital, para el año 2014 no se
encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y menos aún existía un
reglamento sobre el Ingreso base de Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las
normas que cita la UGPP eran imposible de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación
del presente Medio de Control.
SEGUNDO: Que son nulos los actos administrativos que se relacionan a continuación:
Liquidación Oficial No. RDO-2017-04021 del 30/11/2017 y la Resolución No. RDC-2018-
01669 del 14/12/2018 […]
TERCERO: Se ORDENE a la UGPP a modificar las sanciones por concepto de Omisión e
Inexactitud por evidenciarse que las bases de las sanciones no deben ser sobre el aporte del
100%, por no estar reglado de manera clara, expresa e inequívoca el Ingreso Base de Cotización.
CUARTO: Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
indemnice por daños y perjuicios causados a la señora MYRIAM MÉNDEZ GUEVARA, conforme
a las facturas de servicios en los cuales el contribuyente incurrió y las planillas integradas de
liquidación de aportes que canceló el demandante al Subsistema de Salud y Pensión,
documentos que se adjuntan al presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho.
II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento que NO se decrete la Nulidad Absoluta del proceso demandado de la referencia,
solicitamos de manera subsidiaria las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se tenga como Ingreso Base de Cotización (IBC) un (1) salario mínimo mensual
vigente del año 2014, por cuanto para la época de los hechos fiscalizados y sancionados (Año
2014), no se encontraban tipificados los elementos del tributo del pago de aportes al Sistema
General de la Seguridad Social en Pensiones, Salud y Fondo de Solidaridad para los
independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital, por lo tanto el
contribuyente de manera voluntaria podía cotizar sobre un salario mínimo de la época fiscalizada.
SEGUNDO: De no decretarse ninguna de las pretensiones anteriores, solicitamos que se tenga
como parámetro de la determinación del tributo para el Subsistema de Salud sobre el cuarenta
6
CD fl. 170 c.p. 1. Carpeta: «7. FALLO RECURSO». Archivo: «RDC-2018-01669 y notificación.pdf».
7
Fls. 1 a 2 c.p. 1.
2
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por ciento (40%) de la renta liquidada “Utilidad” señalada en la declaración de renta que se
encuentra en firme, con base en el artículo 135 de la ley 1753 del año 2015».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes8:
• Artículos 29, 150, 338 y 363 de la Constitución Política (CP)
• Artículo 714 del Estatuto Tributario (ET)
• Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887
• Artículos 3, 52, 90, 157 (num. 1, lit. a.), 177 y 204 de la Ley 100 de 1993
• Artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 797 de 2003
• Artículos 10 y 18 de la Ley 1122 de 2007
• Artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
• Artículo 2 (nums. 1 y 5, lit. a.) de la Ley 1562 de 2012
• Artículo 179 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 319 de la Ley 1819 de 2016
• Artículo 26 del Decreto 806 de 1998
• Artículo 16 (lit. c.) del Decreto 1406 de 1999
• Artículos 1, 3 y 5 del Decreto 510 de 2003
• Artículo 1 del Decreto 4982 de 2007
• Artículo 13 del Decreto 723 de 2013
• Artículo 5 del Decreto 3033 de 2013
• Resolución 2388 de 2016
Como concepto de la violación, expuso9:
Inexistencia del hecho generador para los independientes sin contrato de
prestación de servicios
Para el año 2014 no estaban definidas las condiciones para que los independientes
sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital aportaran al sistema de
seguridad social integral, errando la entidad al aplicar normas exclusivas para los
trabajadores que tienen vínculo laboral.
La Ley 100 de 1993 dispuso que la base gravable se determinará mediante un sistema
de presunción de ingresos que el Gobierno Nacional no ha reglamentado.
Inexistencia de sujeto activo y pasivo
Tratándose de las contribuciones al sistema, el hecho generador es impreciso y no se
definen los sujetos activo y pasivo. El concepto de capacidad de pago resulta ambiguo
en los trabajadores independientes y, además, los rentistas de capital están
clasificados como afiliados voluntarios, no obligatorios.
Falta de definición de la base gravable
El Gobierno no ha reglamentado el sistema de presunción de ingresos para
independientes. Si bien el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 aplica para esos sujetos, la
8
Fls. 6 a 7 c.p. 1.
9
Fls. 7 a 46 c.p. 1.
3
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base gravable no es precisa porque no delimita las sumas percibidas. Además, la
norma habilita al aportante para que cotice sobre 1 SMMLV.
La UGPP pretende aplicar una norma de los independientes a los rentistas de capital,
que no son trabajadores.
Tarifa
La tarifa no es determinable porque recae sobre el IBC, el que no es claro ni preciso,
al igual que el hecho generador y los sujetos activo y pasivo.
Improcedencia de la omisión en la afiliación a pensiones
Para el período fiscalizado la demandante tenía 58 años de edad, y no tiene
expectativa para acceder a la pensión de vejez porque no cumpliría con las semanas
cotizadas; sin embargo, la entidad persiste en que se realicen aportes sin la retribución
de un beneficio futuro.
Vulneración del principio «nadie está obligado a lo imposible»
En la práctica resultaba imposible contribuir, toda vez que en el año 2014 la seguridad
social se sufragaba por mes anticipado y no se tenía certeza de los ingresos y gastos
correspondientes al mes del pago de aportes, porque todavía no se habían causado.
Antes del 1º de octubre de 2018 los operadores de las planillas PILA no recibían pagos
por mes vencido de los independientes y rentistas de capital, y no existía una planilla
que diferenciara cada categoría de aquellos trabajadores.
Presunción de ingresos para los independientes sin contrato de prestación de
servicios
El artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 señala que, en el evento que existan diferencias
entre los valores declarados ante la DIAN y los aportes, estos deben ser ajustados
conforme al sistema de presunción de ingresos, que no se encontraba reglamentado
para el período fiscalizado.
Vulneración del principio de legalidad
La UGPP vulneró el principio de legalidad tributaria al desconocer que el IBC de los
independientes solo fue regulado con la expedición de la Ley 1753 de 2015.
Firmeza de la declaración tributaria
La entidad se extralimitó en sus funciones al rechazar los costos y gastos registrados
en la declaración de renta, comoquiera que esa liquidación privada se encuentra en
firme, por lo que debió tomar la renta líquida y no solo los ingresos brutos.
Vulneración del artículo 5 de la Ley 797 de 2003
4
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
Como los aportes se realizan según las sumas devengadas y los costos y gastos de
cada mensualidad, es errado dividir los ingresos brutos de la declaración de renta entre
los 12 meses del año.
Los operadores solo manejaban un solo tipo de planilla PILA para todos los
independientes
En el año 2014 los independientes solo podían declarar aportes mediante la planilla
tipo I, que no discriminaba actividades económicas y liquidaba las contribuciones sobre
el 40% del total de los ingresos.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente10:
Los trabajadores independientes están obligados a afiliarse al sistema cuando se
demuestre su capacidad de pago, siendo la base gravable fijada por la Ley 100 de
1993 (arts. 19 y 204).
Si bien las entidades administradoras son las encargadas de recibir los aportes, la
facultad de verificar la oportuna y completa autoliquidación y pago fue encargada a la
UGPP por la Ley 1151 de 2007 (art. 156).
La aportante no se encuentra inmersa en alguna de las excepciones para cotizar a
pensión y, más allá de su expectativa de acceder a una prestación de esa índole,
incumplió con el deber de aportar al subsistema teniendo la capacidad económica para
hacerlo, por lo que proceden los ajustes y la sanción por omisión.
Previamente a la expedición de la liquidación oficial, la entidad consultó la información
de la demandante y encontró que estaba afiliada a pensiones desde el 10 de julio de
1974, sin que en el proceso de determinación se hubiere acreditado el reconocimiento
de una prestación pensional.
El hecho de que el aporte se asuma anticipadamente no justifica la falta de pago, y no
es procedente afirmar que la planilla PILA obligaba a cotizar sobre el 40% del IBC,
porque la Resolución 1747 de 2008 estableció el contenido del formulario único de
liquidación de aportes para los independientes.
La base de cotización para los trabajadores independientes corresponde a los ingresos
percibidos, de los que podrán deducirse las erogaciones para desarrollar su actividad
económica en las condiciones previstas en el artículo 107 del ET (necesidad,
proporcionalidad y causalidad). Sin embargo, la entidad no depuró las sumas
devengadas dada la omisión probatoria de la actora en sede administrativa y judicial.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
10
Fls. 140 a 159 c.p. 1.
5
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
Mediante auto del 4 de septiembre de 2020 se prescindió de la audiencia inicial, se
tuvieron como pruebas las aportadas al expediente y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto11.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda12, con fundamento en lo
siguiente13:
La base de cotización del subsistema de pensiones para los trabajadores
independientes corresponde a los ingresos efectivamente percibidos con deducción
de las expensas incurridas para desarrollar su actividad económica, siempre que
tengan relación de causalidad, sean necesarias y proporcionales. De otra parte, el IBC
de pensiones debe ser igual al de salud, al que los independientes declarantes de
renta deberán afiliarse mediante el régimen contributivo.
La presunción de ingresos se aplica en los eventos en los que el independiente se
afilia voluntariamente al sistema, con base en la información proporcionada en los
formularios de vinculación; en todo caso, deben prevalecer las sumas efectivamente
percibidas sobre las presuntas.
La Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2009 realizó una interpretación
amplia sobre la expresión «trabajador independiente» contenida en la Ley 100 de 1993
(num. 1, lit. a., art. 157), y concluyó que dentro de esa categoría están incluidos los
rentistas de capital como obligados a aportar al sistema de salud, posición que fue
acogida por el Consejo de Estado14.
Los elementos de las contribuciones se delimitan así: (i) el hecho generador es la
capacidad económica del sujeto, (ii) la base gravable son los ingresos efectivamente
percibidos con las deducciones procedentes, (iii) el sujeto pasivo son los residentes en
el territorio nacional con capacidad de pago, (iv) el sujeto activo es el Estado, que
delegó sus funciones a las administradoras del sistema y, como ente fiscalizador, a la
UGPP y (v) las tarifas son las determinadas en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
La obligación de cotizar a pensiones cesa cuando el afiliado reúne los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez y solamente estarán excluidos del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte los independientes que se afilien por primera
vez con 50 años o más (art. 2 del Decreto 758 de 1990). Como la demandante ingresó
al subsistema pensional desde el 10 de julio de 1974, debió pagar los aportes.
El hecho que las cotizaciones de los independientes se paguen por mes anticipado no
exime de cumplir con la obligación de contribuir, toda vez que el Decreto 3085 de 2007
(parágrafo del art. 2) reglamentó las modificaciones en el IBC en los períodos
cancelados.
11
Fls. 176 a 182 c.p. 1.
12
No se pronunció frente a las costas.
13
Fls. 186 a 216 c.p. 1.
14
Sentencia del 1º de agosto de 2019, exp. 23379, C.P. Milton Chaves García.
6
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
La Resolución 1747 de 2008 estableció el diseño y contenido de la planilla PILA y, al
referirse a la tipo I para los independientes, no se indicó que los aportes debían
liquidarse sobre el 40% del IBC.
Si bien en el año 2014 existía una base de cotización del 40% del valor mensualizado
de los ingresos, esta correspondía únicamente a los trabajadores con contrato de
prestación de servicios, pero como la demandante no acreditó que las sumas
devengadas provinieran de esa modalidad, sus aportes debieron liquidarse según los
valores efectivamente percibidos. Por lo tanto, no existió un trato diferenciado
injustificado.
Previamente a que la UGPP dividiera los ingresos de 2014 entre los doce (12) meses
del año, requirió a la señora Myriam Méndez de Guevara para que allegara la
información pertinente con el fin de comprobar el pago de aportes en los períodos
fiscalizados; sin embargo, como esta no aportó pruebas para establecer las sumas
mensuales, es válida la determinación realizada por la entidad.
La firmeza de la declaración de renta no impide que la UGPP verifique la procedencia
de los valores registrados para efectos de las contribuciones, facultad que es
independiente de las asignadas a la DIAN.
La demandante no presentó pruebas de los costos y gastos alegados, razón por la
cual no se desvirtuó el IBC determinado oficialmente.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en lo
siguiente15:
De la condición de rentista de capital
La tesis de la sentencia apelada, según la cual, el hecho generador es ser declarante
de renta, vulnera el principio de equidad puesto que solamente esos contribuyentes
serían sujetos pasivos de las contribuciones al sistema de seguridad social.
Ello significa que la entidad no podría fiscalizar a las personas no declarantes de renta,
pues el proceso de determinación de aportes se origina en esa liquidación privada. Si
el hecho generador fuera claro y preciso no se presentarían tales discrepancias, razón
por la que no se comparte que los elementos del tributo estén definidos mediante
decretos o interpretaciones judiciales.
El fundamento jurídico del a quo para acreditar la existencia del hecho generador es
el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, que no fue citado por la UGPP en los actos
enjuiciados. Esa norma estableció una presunción de capacidad de pago para quienes
declaren renta, pero no determinó los elementos de las contribuciones al sistema de
seguridad social.
15
Fls. 217 a 233 vto. c.p. 1.
7
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
La referida disposición no señala taxativamente si todos los ingresos reportados deben
ajustarse según la declaración de renta o si existe otro parámetro, en todo caso, falta
la reglamentación del Gobierno, incurriendo en un vacío jurídico que implica la
inviabilidad en el pago de aportes de los rentistas de capital.
Inclusión de los rentistas de capital en el concepto de trabajadores
independientes
El tribunal expuso el régimen normativo de los trabajadores independientes, categoría
que no incluye a los rentistas de capital porque así no fue previsto en el artículo 19 de
la Ley 100 de 1993, dado que se trata de personas que no prestan servicios para
obtener una remuneración.
La única disposición que incorpora a los rentistas de capital como trabajadores
independientes es el literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, cuya legalidad
está en discusión ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado16. Por lo tanto, se
solicita la suspensión de la presente decisión hasta que se resuelva dicho medio de
control.
No se debe tener en cuenta la sentencia del 1° de agosto de 2019 del Consejo de
Estado17, en la que se resolvió acerca de la obligatoriedad en la afiliación de los
rentistas, porque se fundamentó en un fallo inhibitorio de la Corte Constitucional.
Vulneración del principio «nadie está obligado a lo imposible»
El sistema exige a los independientes que realicen el pago anticipado de aportes con
base en ingresos y costos que no se han causado. En el presente caso se trata de
sumas derivadas de unos dividendos «los cuales se determinan, decretan y causan en la
asamblea ordinaria donde se aprueban los estados financieros, el resultado de los ejercicios
y se aprueba el monto de los mismos. Asamblea ordinaria que se da a más tardar el 31 de
marzo del año siguiente al período fiscal que corresponda, en este caso en particular
tratándose del período fiscal de 2014 el conocimiento de los dividendos del año 2014 solo se
dio en el período de marzo de 2015, por cuanto en la asamblea ordinaria se entran a decretar
y causar los dividendos […]»18, por lo que resulta imposible conocer la base de
cotización.
Los dividendos causados en el año 2014 fueron reportados en la declaración de renta
presentada el 4 de septiembre de 2015, lo que explica que la UGPP y el tribunal
pudieran conocer el ingreso y determinar la obligación de aportar al sistema, contrario
a lo acontecido con la demandante, quien no tenía certeza del IBC.
Al no contar con la declaración de ingresos anticipados, la Administración y el a quo
debieron resolver las dudas probatorias a favor del aportante (art. 745 del ET).
Fundamentos jurídicos del proceso de fiscalización
16
Exp. 25056, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17
Exp. 23379, C.P. Milton Chaves García.
18
Página 11 del recurso de apelación.
8
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
El sustento normativo que aplicó el tribunal sobre el proceso de fiscalización no fue
expuesto por la entidad en la actuación. La obligación del despacho es la de realizar
un control de legalidad sobre los actos administrativos demandados, pero no
fundamentar la actuación en disposiciones adicionales19.
Presunción de ingresos
En las consideraciones de la Resolución 2388 de 2016, el Gobierno evidenció que
existían múltiples interpretaciones en el pago de seguridad social y, por ello, la
liquidación de aportes no era clara para los operadores, las administradoras y los
aportantes independientes o rentistas de capital.
La Resolución 9 de 1996, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud
estableció el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes
no fue publicada en el Diario Oficial y, en todo caso, los valores obtenidos según ese
mecanismo no corresponden a la realidad, porque se trata de una norma que no es
aplicable para los rentistas de capital.
Excepción de ilegalidad del artículo 26 del Decreto 806 de 1998
Se propuso la excepción de ilegalidad del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, que en
su literal d) define como sujeto pasivo de las contribuciones a los rentistas de capital,
en consideración a que solo el legislador puede crear los elementos del tributo.
Mensualidad en el pago de aportes
La división de los ingresos declarados en renta entre los doce (12) meses del año no
tiene en cuenta que la contribuyente en algunos meses puede tener pérdidas, no recibir
sumas o que estas superen el tope de los 25 SMMLV. Como en el caso concreto se
devengaron dividendos, únicamente se debería aportar en el mes que se causaron,
por lo que no procede su mensualización en los períodos fiscalizados.
Obligación de cotizar a pensiones
La actora está excluida de cotizar a pensiones al cumplir con los requisitos para
solicitar la indemnización sustitutiva, como consta en la solicitud de reconocimiento
presentada ante Colpensiones. Debe tenerse en cuenta que para la vigencia 2014
tenía más de 57 años, lo que significa que procede la prestación y no está obligada a
aportar al referido subsistema.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la demandante se admitió mediante auto del 6 de
septiembre de 202220 y la contraparte no se pronunció. Al no ser necesaria la práctica
de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar. El Ministerio
Público no emitió concepto (nums. 4 a 6, art. 247 del CPACA).
19
Se refirió las siguientes normas que, a su juicio, fueron adicionadas por el tribunal en el control de legalidad de los actos
enjuiciados: artículo 11 de la Ley 100 de 1993, artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, artículo 4 (inc. 2) del Decreto 1070 de 1995,
artículos 26 (lit. d.) y 66 del Decreto 806 de 1998, y la Resolución 9 de 1996, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
20
Índice 4 de SAMAI.
9
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
demandante, por omisión en la afiliación y/o vinculación a pensiones e inexactitud en
salud por los períodos de enero a diciembre de 2014, e impuso las sanciones por las
referidas conductas, y de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, que
la confirmó.
En los términos del recurso de apelación la Sala deberá establecer: (i) si procede la
inaplicación del literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998. Si esta no prospera,
se debe estudiar: (ii) si la demandante estaba obligada a aportar al subsistema de
pensiones y (iii) si es procedente la mensualización de ingresos que realizó la UGPP
para determinar la base de cotización.
1. Inaplicación del artículo 26 del Decreto 806 de 1998
La parte apelante solicitó la inaplicación por ilegalidad del literal d) del artículo 26 del
Decreto 806 de 199821, toda vez que, a su juicio, la inclusión de los rentistas de capital
como sujetos pasivos de las contribuciones al subsistema de salud correspondía
exclusivamente al legislador. Adicionalmente, pidió que se tenga en cuenta el medio
de control de nulidad contra la referida norma, que cursa en esta corporación.
Para resolver, se tendrá en cuenta el criterio expuesto en la sentencia del 29 de abril
de 202122, que decidió la demanda de nulidad parcial de los artículos 26 del Decreto
806 de 1998 y 1 del Decreto 1406 de 1999, que corresponde al expediente referido
por la apelante.
En esa oportunidad, esta Sección negó la pretensión de nulidad parcial del literal d)
del artículo 26 del Decreto 806 de 199823, previo a considerar lo siguiente:
«Ahora, según el demandante, las expresiones acusadas del artículo 26 del Decreto 806 de 1998,
derogado, violan la Ley 100 de 1993 y el artículo 338 de la Constitución porque estableció que
los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales
residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador,
deben afiliarse como cotizantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a pesar de
que no pueden considerarse trabajadores porque no realizan una actividad física o intelectual
generadora de renta.
Para resolver este punto, se reiterará el precedente de la sentencia del 1° de agosto de 2019,
según se indicó previamente. En esa ocasión se solicitó la nulidad de las expresiones «los
21
Derogado por el Decreto 2353 de 2015. El texto original de la norma era el siguiente:
«ARTÍCULO 26. Las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante el pago de una
cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su
empleador.
Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Como cotizantes:
[…]
d) Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales
residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador […]».
22
Exp. 25056, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Se solicitó la nulidad del aparte subrayado, conforme con el cual, serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General
de Seguridad Social en Salud como cotizantes: «Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas
y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún
empleador».
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rentistas» y «los propietarios de las empresas» del artículo 2.1.4.1 numeral 1.4 del Decreto 780
de 2016 porque, según el actor, esas personas no tienen la obligación legal de cotizar al régimen
contributivo de salud, por lo que ese acto administrativo amplió los sujetos pasivos previstos por
la ley.
La sentencia reiterada negó la pretensión de nulidad de estas expresiones porque el literal b) del
artículo 156 de la Ley 100 de 1993 establece que todos los habitantes de Colombia deben estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud por el pago de la cotización
reglamentaria o por el subsidio que se financiará con recursos fiscales de solidaridad y de los
ingresos propios de las entidades territoriales.
El literal a) del artículo 157 ibídem dispone que los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago. Mientras que el literal b) del mismo artículo señala, de forma general,
que pertenecen al régimen subsidiado las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto
total de la cotización.
La Corte Constitucional, al analizar en conjunto estas normas en la Sentencia C-578 de 2009,
precisó que debe hacerse una interpretación amplia de la expresión «trabajador independiente»,
por lo que debe incluirse en esa categoría a los rentistas de capital como obligados a cotizar en
cuanto personas activas económicamente.
[…]
Con base en lo expuesto, no solo deben afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en
Salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas las personas
naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún
empleador».
De manera que, contrario a lo señalado por la apelante, la inclusión de los rentistas de
capital como afiliados al régimen contributivo del subsistema de salud no excedió la
potestad reglamentaria del Gobierno Nacional ni resulta contraria a la ley, toda vez
que, se reitera, una interpretación amplia de la categoría «trabajadores independientes»,
contenida en el literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, implica reconocer en
ese conjunto a los rentistas de capital, al tratarse de personas económicamente activas
que cuentan con capacidad de pago para asumir las cotizaciones.
Así, según el criterio expuesto, la Sala no evidencia contrariedad de la expresión
«rentistas», comprendida en el literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, con
normas de rango superior.
Comoquiera que no se expusieron razones que ameriten la inaplicación de esa norma
en el caso concreto, no prospera el cargo de apelación.
2. Cesación de la obligación de cotizar al subsistema de pensiones
El artículo 17 de la Ley 10024 de 1993 (inc. 2) preceptúa que «[l]a obligación de cotizar
cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de
vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente».
Por su parte, el artículo 37 ibidem dispone que «[l]as personas que habiendo cumplido la
edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y
declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
24
Modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003.
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indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por
el número de semanas cotizadas […]».
Entre tanto, el artículo 6 del Decreto 1730 de 200125 prevé que «[s]alvo lo previsto en el
artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez,
son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez».
De manera que, las personas que cumplan con la edad para obtener la pensión de
vejez26, que no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren la
imposibilidad de continuar aportando, tendrán derecho a recibir una indemnización
sustitutiva que resulta incompatible con la prestación pensional27.
Para sustentar la cesación de la obligación de cotizar al subsistema pensional, la
apelante refirió cumplir con los requisitos para solicitar la indemnización sustitutiva,
comoquiera que en el período fiscalizado había cumplido con la edad exigida y que
presentó escrito ante Colpensiones requiriendo el reconocimiento de la prestación28.
De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía aportada29, se constata que,
para enero de 2014, la actora contaba con 57 años, lo que significa que cumplió con
la edad para obtener el derecho a la pensión de vejez. Además, allegó la solicitud de
indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, en la que
manifestó su imposibilidad de continuar cotizando al sistema.
No es objeto de discusión entre las partes que la señora Myriam Méndez de Guevara
está afiliada al subsistema pensional desde el 10 de julio de 1974 y, se advierte que
con la demanda se aportó un certificado de tiempos cotizados a Colpensiones30 en el
que se registran 212,71 semanas, restando 1.087,29 (21,14 años) para cumplir con la
cantidad requerida para acceder a la pensión de vejez.
De asumirse que la actora debería continuar aportando a pensión hasta alcanzar el
número de semanas requeridas para obtener la pensión de vejez implicaría cotizar
durante el lapso de 21,14 años, circunstancia que, considerada su edad, desnaturaliza
la finalidad de la prestación pensional, que no es otra que la de «proteger a las personas
cuando, en razón de su edad, presentan una disminución de su capacidad laboral que se
traduce en dificultades para obtener los recursos necesarios para tener una vida digna»31.
Como la demandante acreditó la edad requerida para la pensión de vejez, no cotizó el
mínimo de semanas y declaró su imposibilidad de continuar aportando al subsistema
de pensiones, se infiere que no cuenta con expectativa alguna de pensionarse.
Así las cosas, si el derecho a recibir la indemnización sustitutiva se configura con el
cumplimiento de los tres requisitos antes enunciados y, al ser una prestación cuya
25
«Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva
del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida».
26
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la edad para obtener el derecho a la pensión, a partir del 1º de enero
de 2014, es de 57 años para la mujer y 62 años para el hombre.
27
Conclusión que resulta acorde con los pronunciamientos de la Sección Segunda de esta corporación sobre la naturaleza jurídica
de la indemnización sustitutiva de vejez y su incompatibilidad con la prestación pensional. Cfr. sentencias del 23 de junio de 2022,
exp. 3118-2017, del 28 de agosto de 2022, exp. 0710-2019, y del 9 de marzo de 2023, exp. 3657-2019, C.P. César Palomino
Cortés.
28
Fls. 235 a 236 c.p. 1.
29
Fl. 234 c.p. 1. La fecha de nacimiento en el documento de identificación corresponde al 30 de octubre de 1956.
30
Fl. 29 c.p. 1.
31
Corte Constitucional, sentencia T-280 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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naturaleza es incompatible con la pensión de vejez, resulta del caso concluir que la
actora, al optar por la citada compensación, no estaba obligada a contribuir al
subsistema pensional en el año 2014. De este modo, dada la ausencia de hecho
sancionable, no procede la sanción por no declarar. Prospera el cargo de apelación.
3. Mensualización del ingreso
Comoquiera que prosperó el anterior cargo de apelación, la Sala estudiará la
integración del IBC únicamente respecto al subsistema de salud por el período 2014.
El tribunal consideró que la demandante no aportó elementos probatorios para
desvirtuar los ingresos mensualizados definidos en los actos de determinación, por lo
que negó el cargo.
La apelante reitera que la entidad no tuvo en cuenta que la división de los ingresos
anuales entre los doce (12) meses de la vigencia 2014 no corresponde a su realidad
económica, toda vez que pueden existir meses en los que no se reciben sumas, se
obtienen por un monto superior al tope de los 25 SMMLV o existen pérdidas.
Para resolver, en el expediente están probados los siguientes hechos:
• En la declaración del impuesto sobre la renta del año 2014, la señora Myriam Méndez
de Guevara registró los siguientes ingresos32:
INGRESOS RENGLÓN VALOR
Dividendos y participaciones 37 139.677.000
Otros (Ventas, arrendamientos, etc.) 38 5.735.000
Total ingresos recibidos por concepto de renta 40 145.412.000
• En los actos enjuiciados, la UGPP determinó lo devengado y el ingreso base de
cotización por los períodos fiscalizados de la siguiente forma:
Mes Ingreso mensualizado IBC
1 12.118.000 12.118.000
2 12.118.000 12.118.000
3 12.118.000 12.118.000
4 12.118.000 12.118.000
5 12.118.000 12.118.000
6 12.118.000 12.118.000
7 12.118.000 12.118.000
8 12.118.000 12.118.000
9 12.118.000 12.118.000
10 12.118.000 12.118.000
11 12.118.000 12.118.000
12 12.118.000 12.118.000
TOTAL 145.416.000 ---------
De lo anterior se evidencia que la UGPP, para determinar los ingresos de la aportante
en el año 2014, tomó los siguientes valores declarados en renta: (i) dividendos y
32
CD fl. 170. Carpeta: «4. RESPUESTA A RDOC». Archivo: «201750052434412-1.pdf», pág. 22.
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participaciones por $139.677.000 y (ii) ventas, arrendamientos y otros por $5.735.000,
total que dividió en los 12 períodos, determinación que es cuestionada por la apelante.
Los ingresos por ventas, arrendamientos y otros no fueron objeto de discusión en la
demanda, razón por la cual se mantendrá la mensualización determinada por la
entidad.
En cuanto al pago de dividendos, con la demanda se aportó copia de la certificación
expedida por el representante legal de Dirimpex33 en la que consta que la demandante
«percibió por concepto de distribución de utilidades por el año 2014 la suma de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($139.677.375) […]», pagados de la siguiente forma:
Mes Dividendos
4 16.911.369
5 16.170.792
6 4.335.091
7 3.525.353
8 29.901.499
9 19.744.101
10 2.107.174
11 21.128.714
12 25.853.038
TOTAL 139.677.131
Teniendo en cuenta lo anterior, se fijará la base de cotización a salud en 2014,
precisándose que en la liquidación privada del impuesto sobre la renta no se
registraron costos o deducciones imputables:
Mes Ingresos por Ingresos mensualizados al Total ingreso IBC
dividendos no existir prueba del pago año 2014
acreditados en un mes específico
1 0 477.916 477.916 0
2 0 477.916 477.916 0
3 0 477.916 477.916 0
4 16.911.369 477.916 17.389.285 15.400.000
5 16.170.792 477.916 16.648.708 15.400.000
6 4.335.091 477.916 4.813.007 4.813.000
7 3.525.353 477.916 4.003.269 4.003.000
8 29.901.499 477.916 30.379.415 15.400.000
9 19.744.101 477.916 20.222.017 15.400.000
10 2.107.174 477.916 2.585.090 2.585.000
11 21.128.714 477.916 21.606.630 15.400.000
12 25.853.038 477.916 26.330.954 15.400.000
TOTAL34 139.677.000 5.735.000 145.412.000 ---------
Para la Sección35, si «después de realizada la mensualización […] se genera para cada
periodo un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, la demandante no tiene la
obligación de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social por estos conceptos» puesto
33
CD fl. 51 c.p. 1. Archivo: «5.Certificación de ingresos año 2014».
34
Aproximado al múltiplo de mil más cercano.
35
Sentencia del 19 de julio de 2023, exp. 26641, C.P. Milton Chaves García.
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que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, dicho deber presupone «la existencia
de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su
cotización»36.
En ese contexto, teniendo en cuenta que la actora desvirtuó parcialmente la
mensualización de los ingresos en sede judicial, con la certificación de los períodos en
los que percibió ingresos por concepto de dividendos –aportada con la demanda-, se
concluye que el IBC fijado en los actos administrativos demandados no es procedente.
Por consiguiente, la base gravable sobre la cual deberán liquidarse los aportes en los
períodos en que fue superior a un salario mínimo legal mensual vigente (abril a
diciembre de 2014) es la señalada en el cuadro que antecede. Prospera el cargo de
apelación.
En lo que respecta al argumento según el cual el tribunal fundamentó su decisión en
normas que no fueron referidas por la UGPP en los actos enjuiciados, es oportuno
precisar que, en los términos del artículo 230 de la CP, los jueces, en sus providencias,
están sometidos al imperio de la ley. En ese sentido, el control de legalidad se efectúa
en contraposición al ordenamiento jurídico vigente, y no solo frente a las normas que
la administración invocó en la actuación cuestionada, razón por la cual la Sala no
comparte la apreciación de la apelante. Sumado a que, varias de las normas que el a
quo analizó fueron señaladas por la demandante como violadas y las desarrolló en los
cargos de nulidad, como ocurrió, por ejemplo, con el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011.
Finalmente, en cuanto al argumento de la actora de que la Resolución 9 de 1996 -Por
medio de la cual se establece el Sistema de Presunción de Ingresos para los trabajadores
independientes-, proferida por la Superintendencia Nacional de Salud no fue publicada,
es oportuno precisar que la presunción de ingresos para efectos de determinar la base
de los aportes al subsistema de salud aplica siempre y cuando el afiliado no se
encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011 -personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen certificado
de ingresos y retenciones-, pues en esos eventos no hay duda de que se cuenta con
un indicador de ingreso que desplaza dicha presunción, cuestión que deberá ser
analizada en cada caso.
Teniendo en cuenta que en este asunto se parte de la existencia de un ingreso como
indicador de capacidad de pago, por ser la demandante contribuyente del impuesto de
renta, es contradictorio que se pretenda la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados alegando la falta de publicación de una resolución que no aplicó la entidad.
En cuanto a la pretensión de indemnización, la Sala reitera37 que no es suficiente que
se declare la nulidad de alguna de las actuaciones de la autoridad tributaria, «las cuales
obedecen al cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, y cuyas decisiones
gozan de presunción de legalidad, hasta tanto no sean objeto de control por la jurisdicción,
sino que es determinante y necesario demostrar la existencia del daño y que este es atribuible
a la Administración»38. Pues, es carga de quien invoca el daño identificar los elementos
36
Sentencia C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
37
Sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 25856, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
38
Sentencia del 28 de octubre 2021, exp. 23654, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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de la responsabilidad que endilga y las pruebas que la sustentan, motivo por el cual no
prospera esta pretensión.
En conclusión, lo procedente es revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. A título de restablecimiento
del derecho se le ordenará a la UGPP que practique una nueva liquidación en la que:
(i) elimine los valores determinados por omisión en los subsistemas de pensión y fondo
de solidaridad pensional, así como la sanción por no declarar, y (ii) reliquide los aportes
al subsistema de salud teniendo en consideración el IBC determinado en esta
providencia, y disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los ajustes.
Las demás pretensiones de la demanda se negarán.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el numeral 5 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se releva de imponer condena en
costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que
prosperó parcialmente el recurso39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. En su lugar, se
dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO-2017-
04021 del 30 de noviembre de 2017, expedida por la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la UGPP contra Myriam Méndez de Guevara
por omisión en la afiliación y/o vinculación e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral por los períodos de
enero a diciembre de 2014, y de la Resolución nro. RDC-2018-01669 del 14 de
diciembre de 2018, que decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de
confirmar el acto recurrido.
SEGUNDO: En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) elimine los
valores determinados por omisión en los subsistemas de pensión y fondo de
solidaridad pensional, así como la sanción por no declarar, y (ii) reliquide los
aportes al subsistema de salud teniendo en consideración el IBC determinado en
la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, y disminuya la sanción
por inexactitud de forma proporcional a los ajustes.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
39
En el mismo sentido cfr. las sentencias del 19 de octubre de 2023, exp. 27101, C.P. Milton Chaves García y del 26 de octubre
de 2023, exp. 27687, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
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Demandante: Myriam Méndez de Guevara
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Ausente con permiso
17
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