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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05225-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05225-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05225-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Aportes al
Sistema General de Seguridad Social / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – Falta de
relevancia constitucional. Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional
al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el tutelante contra la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente el trámite
constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 22 de agosto de 20251, el señor Alirio Enrique Castellanos Cortés promovió
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que dejara sin efectos la sentencia de
13 de febrero de esa anualidad 2 , emitida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3 que instauró contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
con el fin de obtener la anulación de los actos administrativos4 a través de los cuales
se liquidaron los aportes al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) en salud y
pensión por el período de enero a diciembre de 2016, y se le sancionó por omisión
e inexactitud.

1 Ingresó a despacho para fallo de segunda instancia el 5 de febrero de 2026.
2 Notificada el 24 de febrero de 2025.
3 Expediente 11001-33-37-041-2021-00062-02.
4 Liquidación oficial RDO-2020-00129 de 21 de enero de 2020 y Resolución RDC-2020-00862 de 26 de
noviembre de 2020. Se liquidaron los aportes en $11.405.200 y las sanciones por omisión en $15.237.200 y por
inexactitud en $6.843.120.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

2.
En la providencia de 13 de febrero de 20155 se revocó la decisión de 22 de agosto
de 2022 del Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogotá, que accedió
parcialmente a las pretensiones ordinarias6, para en su lugar negarlas. Se determinó
que para el año 2016 el señor Castellanos era comerciante, lo que implicaba
catalogarlo como trabajador independiente, además fue declarante de renta por el
mismo período, de lo que se presume que tenía capacidad económica, por ende, era
aportante del régimen de seguridad social. Estimó que, aunque el demandante haya
argumentado que no tenía la obligación de liquidar aportes a seguridad social, lo
hizo; diferente es que lo efectuó sobre un Índice Base de Cotización (IBC) inferior a
los ingresos registrados en la declaración de renta.

3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, pues se
desconoció la presunción de veracidad prevista en el artículo 746 del Estatuto
Tributario, la cual se predica de manera integral sobre las declaraciones tributarias
presentadas por los contribuyentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN). Es decir, todos los hechos consignados en la declaración
tributaria (incluidos los ingresos, costos, gastos operaciones, deducciones y demás
conceptos que integran la autoliquidación privada) gozan de credibilidad y veracidad
prima facie, hasta tanto no sean desvirtuados mediante el despliegue de actividad
probatoria específica y contundente por parte de la autoridad administrativa o
jurisdiccional competente.

4.
El juez natural de la causa incurrió en una aplicación fragmentaria y contradictoria
de la mencionada presunción legal. Aceptó y valoró positivamente los ingresos
reportados en la declaración de renta del año gravable 2016 como fundamento para
establecer su capacidad de pago, pero desconoció, minimizó o rechazó sin
fundamento jurídico suficiente los costos y gastos que había reportado en idéntico
documento, respaldados además con la documentación correspondiente.

5.
También se configuró desconocimiento del precedente, en la media en que se
omitió aplicar la jurisprudencia consolidada y pacífica del Consejo de Estado en
materia de determinación del IBC para trabajadores independientes,
específicamente en lo relacionado con la valoración integral de ingresos, costos y
gastos reportados en las declaraciones tributarias. En el sentido de precisar que
cuando las autoridades administrativas utilizan la información de las declaraciones
de renta para determinar la base gravable de aportes parafiscales, deben aplicar un
criterio de integralidad que comprenda no solamente los ingresos brutos reportados,
sino también los costos, gastos operacionales y deducciones que cumpliendo los
requisitos legales hayan sido igualmente declarados por el contribuyente. Para tal
efecto, citó la sentencia de 30 de enero de 2025 del Consejo de Estado7.

5 Frente a la que presentó salvamento de voto parcial la magistrada Patricia Afanador Armenta, al considerar que

se debió analizar la incidencia de los valores registrados en la declaración de renta, pues el IBC para los meses
de enero, febrero, abril, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2016 sería menor y, por lo tanto, se
deberían anular parcialmente los actos acusados en este asunto.
6 Únicamente respecto de las sanciones por omisión e inexactitud.
7 Expediente 27024.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

6.
Asimismo, se estructuró un defecto procedimental porque se valoró de manera
indebida la documentación que demostraba los costos y gastos en que efectivamente
incurrió durante el año gravable 2016 para el desarrollo de su actividad económica.
Dicha documentación incluía facturas, comprobantes de egreso, estados financieros,
balances de prueba y demás soportes contables que evidenciaban las erogaciones
realizadas para el desarrollo de la actividad comercial.

7.
La autoridad judicial accionada se limitó a validar la aplicación realizada por la
UGPP del sistema de presunción de costos contemplado en la Resolución 209 de
2020, sin efectuar un análisis comparativo serio y detallado entre los costos
presumidos y los costos realmente demostrados mediante la documentación soporte
aportada.

8.
Es decir, no se efectuó una valoración individual y detallada de cada soporte
documental, sino que se realizó una aproximación genérica que calificó los
documentos en categorías amplias sin mayor fundamentación técnica, y se
rechazaron múltiples soportes por razones que no fueron adecuadamente explicadas
o que obedecían a criterios excesivamente formalistas que desconocían la realidad
económica de las operaciones acreditadas.

9.
De igual modo, la decisión acusada es el resultado de un error inducido, en la
medida en que se ignoraron los argumentos técnico-jurídicos desarrollados en el
salvamento de voto parcial, que hallan su fundamento en la normativa y
jurisprudencia vigentes sobre la materia. Contrario a ello, se validó mecánicamente
la actuación de la UGPP sin desplegar el análisis integral que el caso ameritaba.

10.
Se le impusieron cargas tributarias y sancionadoras con base en una presunción
legal parcial y unilateral que desestima la información documental aportada sobre
costos y gastos efectivos.

B. Sentencia de primera instancia

11.
Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el trámite constitucional de la
referencia, al no satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. La
argumentación planteada en la solicitud de amparo, además de no estar
debidamente justificada, se emplea como un medio dirigido a controvertir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario.

C. La impugnación

12.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Sostuvo que
el asunto aquí planteado reviste de relevancia constitucional. Las autoridades
3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

judiciales desconocieron dos reglas jurisprudenciales del Consejo de Estado,
consistentes en que (i) si para un período se genera un valor inferior a un salario
mínimo legal mensual vigente, el cotizante no tiene la obligación de realizar aportes
al Sistema de Seguridad Social, en razón a que dicho deber presupone la existencia
de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria
la cotización8, como ocurrió en su caso en los meses de marzo, mayo, agosto y
septiembre de 2016; y, (ii) en su condición de comerciante y conforme a una
interpretación de la norma (artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993), se
podía colegir que no estaba obligado a afiliarse a los sistemas de salud y pensión, lo
que propició la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico9.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199110.

E. Análisis del caso concreto

14.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por el tutelante sea
suficiente para tener por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

15.
Para que se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial, se
debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se
configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de
censura. Como lo anotó el a quo, pretende emplear esta acción como una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de
reabrir el debate probatorio y jurídico ya definido por el juez natural de la causa.

16.
Aunque la parte actora invoca las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial de defectos sustantivo y procedimental,
desconocimiento del precedente y error inducido, los argumentos están dirigidos a
que se acoja la tesis de interpretación normativa y probatoria que pregona sobre la
manera de solucionar la controversia que suscitó, relacionada con la ilegalidad de la
decisión de la UGPP de haber determinado, liquidado y sancionado con el pago de
aportes al SGSS en salud y pensión por el período de enero a diciembre de 2016.

8 Sentencias de 19 de julio de 2023 del Consejo de Estado, expediente 26641, C. P. Milton Chaves García, y C-

1089 de 2003 de la Corte Constitucional, M. P. Álvaro Tafue Galvis.
9 Expediente 54001-23-33-000-2018-00316-01 (24719), C. O. Myrian Stella Gutiérrez Argüello.
10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

Ello, por resultarle contrario a sus intereses el modo en que fue zanjado el asunto
por el juez natural de la causa.

17.
El tutelante señala que se incurrió en defecto sustantivo, dado que se inobservó
la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias presentadas ante la
DIAN. Aduce que solamente se tuvieron en cuenta los ingresos reportados en la
declaración de renta del año gravable 2016, pero se omitió la relacionada con los
costos y gastos allí reportados.

18.
Al respecto, se tiene que no corresponde a la realidad la afirmación de que no se
tuvo en cuenta la presunción a la que hace referencia el tutelante. En la decisión
acusada se advirtió que la UGPP, al momento de resolver el recurso de
reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial, analizó los documentos que
aportó el accionante, que daban cuenta de los costos y gastos. Sin embargo, la
entidad, pese a haber aceptado la procedibilidad de algunas de las facturas
aportadas, aplicó la presunción de costos de la Resolución 209 de 2020 por
considerarla más favorable, consistente en que para la actividad de comercio al por
mayor o al menor, que era a la que se dedicaba el accionante, los costos se estiman
en 75,9% de los ingresos. Una vez obtenidos los ingresos netos, le aplicó el 40%
para establecer el IBC, conforme al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

19.
En ese sentido, la Sala colige que, si bien no se calcularon los aportes teniendo
en cuenta todos los costos declarados, ello es así porque frente a algunos meses
(enero, junio, julio y noviembre) la aplicación de la mencionada presunción de la
Resolución 209 le resultaba más favorable, en razón a que eran mayores a los
soportados. Es decir, no se le restó veracidad a la declaración de renta presentada
por el accionante, sino que se optó por aplicar sobre algunos ítems una presunción
que le era más favorable, tanto así que en el acto administrativo que desató el
recurso de reconsideración, con base en la anterior información, redujo los aportes,
así como las sanciones por omisión y por inexactitud que le habían sido impuestas11.

20.
Por consiguiente, lejos de comportar un defecto sustantivo, se tiene que el
accionante pretende imponer la aplicación de una presunción de veracidad sobre la
declaración de renta que presentó. En particular, en cuanto a los costos reportados,
a pesar de que el juez natural de la causa no invalidó dicha información, sino que
acogió otra presunción que le resultaba más favorable. Además, el accionante no
destina argumentación alguna tendiente a demostrar que la determinación adoptada
por el juez natural de la causa en ese aspecto comporta la afectación constitucional
que alega, pues solo insiste de manera general en que no se tuvieron en cuenta
todos los costos declarados.

11 De $58.175.100 por aportes, $62.743.500 por sanción por omisión y $34.905.060 por sanción por inexactitud,

los redujo a $11.405.200, $15.237.200 y $6.843.120, respectivamente.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

21.
De igual modo, indica que se desconoció jurisprudencia del Consejo de Estado,
en concreto, la sentencia de 30 de enero de 202512, atinente a que se debe tener en
cuenta la totalidad de la información contenida en la declaración de renta para
determinar la base gravable de aportes parafiscales. Sin embargo, como se anotó
en precedencia, no corresponde a la realidad que se haya omitido dicha información.
Distinto es que se determinó que para algunos meses del año 2016 era más
favorable la presunción de que los costos correspondían al 75.9% de los ingresos.

22.
Además, el tutelante no expone las similitudes fácticas entre la controversia
analizada en la sentencia presuntamente desatendida y el caso concreto para
imponer su observancia, ni despliega una suficiente carga argumentativa que
acredite el motivo del por qué se debían considerar los costos declarados sin alguna
otra consideración sobre el particular, máxime cuando en aquella providencia se
determinó que la UGPP, en efecto, no tuvo en cuenta los costos declarados, pues
solo tomó los ingresos para calcular el IBC. Situación diferente a este asunto, pues
la razón por la que no tomó los valores de los costos declarados para algunos meses
fue porque aplicó una presunción que le resultaba más favorable al interesado.

23.
Por tanto, no es dable que se alegue un presunto desconocimiento del precedente
bajo el fundamento de no tener en cuenta un criterio que el Consejo de Estado ha
adoptado sobre un aspecto en específico, sin detenerse a explicar en qué sentido
dicho criterio se desatendió.

24.
La parte actora también advierte que se valoró de manera indebida la
documentación, tales como facturas, comprobantes de egreso, estados financieros,
balances de prueba y demás soportes contables, que daban cuenta de las
erogaciones realizadas para el desarrollo de la actividad comercial. Pese a que el
tutelante enmarca tal reproche como defecto procedimental, lo cierto es que
comportaría un defecto fáctico. Sin embargo, como se explicó en precedencia, no se
evidencia alguna omisión en la valoración sobre el material probatorio recaudado, en
particular, los que demostraban los costos del año 2016, distinto es que se le haya
dado prevalencia en algunos meses a una presunción que favorecía al tutelante.

25. Para acreditar la presunta omisión o indebida valoración probatoria alegada, no

basta con exponer inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juez
natural de la causa o que no se consideraron algunas particularidades que
demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto, es indispensable acreditar en
ese escenario la configuración de algún tipo de arbitrariedad, la inobservancia de los
postulados de la sana crítica o que las situaciones que no se tuvieron en cuenta
tenían la potencialidad de influir de manera directa en el sentido de la decisión a
adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó en este asunto constitucional. Ello,
por cuanto al juez de tutela le está vedado arrogarse la competencia de efectuar un

12 Expediente 27024.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

ejercicio valorativo sobre los elementos de convicción o imponer un grado de certeza
sobre los mismos, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

26. Por consiguiente, para esta Sala el hecho de que no se hayan valorado los medios

de convicción como lo pregona la parte actora ni fueran incluidos en algunos meses
los costos reportados en la declaración de renta, denota un desacuerdo con lo
concluido al respecto, por ende, lejos de comportar defecto fáctico, materializa la
autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades judiciales para decidir
las controversias puestas en su conocimiento.

27.
En cuanto al error inducido, consistente en que se validó una decisión
administrativa sin efectuar el análisis integral que se debía desplegar. La Sala
evidencia que no se planteó una argumentación suficiente para acreditar dicha
causal, cuanto más si se observa que en la decisión judicial se explicaron los
parámetros bajos los cuales la UGPP liquidó los aportes a seguridad social que debía
cancelar el tutelante para el año 2016, los cuales se estimaron acordes con el
ordenamiento jurídico, y lo que se evidencia es la intención del accionante de insistir
en la manera como se debía valorar el material probatorio recaudado, sin acreditar
la afectación constitucional que generó el modo en que lo hizo la autoridad judicial.

28.
Ahora bien, en el escrito de impugnación el tutelante aduce que no se tuvo en
cuenta que cuando en un período se genera un valor inferior a un smlmv no se tiene
la obligación de cotizar al SGSS y que de una interpretación literal de la norma se
puede colegir que, como comerciante, no estaba en la obligación de afiliarse a los
sistemas de salud y pensión.

29.
Al respecto, pese a que tales reproches no se expusieron en el escrito de tutela,
lo que impidió que la autoridad judicial accionada se pronunciara sobre los mismos,
cabe anotar que aquellos fueron las mismas inconformidades planteadas en el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo ordinario de primera instancia, frente
a lo cual la autoridad judicial se pronunció en la decisión acusada.

30.
Se explicó que la afiliación y pago de aportes a la seguridad social para los
trabajadores independientes es una obligación que se fundamenta en la Ley 100 de
1993 (artículos 13, 15, 156 y 157), en los Decretos 806 de 1998 y 1046 de 1999, así
como en la sentencia C-1089 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual tiene su
fundamento en la capacidad de pago que aquellos obtienen por el ejercicio de su
actividad. En razón a que este tipo de trabajadores desarrollan una actividad
personal, por su cuenta, riesgo e infraestructura propias, y de ella obtiene ingresos
representados en honorarios (profesiones liberales) o servicios (actividades
materiales denominadas oficios).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

31.
También se citó jurisprudencia del Consejo de Estado13, en la que se ha precisado
que las personas naturales residentes que no tengan vínculo contractual y
reglamentario con algún empleador no son ajenas al principio de solidaridad y
universalidad del SGSS, razón por la cual están obligados a contribuir con los aportes
en la medida en que cuenten con capacidad de pago.

32.
Con base en lo expuesto, se anotó que el tutelante “para el año 2016 era
comerciante, es decir, que desarrollaba una actividad económica por su cuenta, lo
que lo clasifica dentro de los denominados trabajadores independientes y que, al ser
declarante de renta por el mismo período, se presume que tiene capacidad
económica, al tenor de l[o] dispuesto en la Ley 1438 de 2011, para ser aportante del
régimen de seguridad social”. Además, advirtió que, aunque aquel hubiere alegado
que no tenía la obligación de aportar a seguridad social, lo cierto es que sí lo hizo,
pero sobre un IBC inferior a los ingresos registrados en la declaración de renta.

33.
De igual modo, el juez natural de la causa precisó que, en efecto, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado14, en los períodos en que un aportante tenga
pérdidas no hay lugar a pagar aportes a seguridad social. Sin embargo, en el caso
del tutelante se observa que él presentó de manera voluntaria las planillas
correspondientes a los meses en que tuvo pérdidas (marzo, mayo y agosto) y liquidó
los aportes sobre un IBC de $1.335.533, razón por la que la UGPP, al desatar el
recurso de reconsideración, eliminó los ajustes correspondientes a tales períodos.

34.
De lo anterior, se evidencia que, contrario a lo afirmado por el tutelante, la
autoridad judicial tuvo en cuenta el criterio jurisprudencial al que alude, por lo que no
se deduce en qué consiste la vulneración constitucional en este aspecto.

35.
Conforme al anterior panorama, la Sala no evidencia la configuración de alguna
causal específica de procedibilidad de la tutela, sino la imposición de la tesis
defendida por la parte actora sobre la liquidación de sus aportes a seguridad social
para el año 2016, con fundamento en afirmaciones generales y sin tener en cuenta
las razones que brindó la autoridad judicial accionada para concluir que el modo en
que lo hizo la UGPP se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico y al material
probatorio recaudado.

36.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superar el requisito de relevancia
constitucional.

37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

13 Sentencia de 11 de noviembre de 2021, C. P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello, expediente 24.719.
14 Sentencia de 2 de noviembre de 2023, expediente 25000-23-37-000-2019-00296-01 (26639), C. P. Stella

Jeannette Carvajal Basto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05225-01
Accionante: Alirio Enrique Castellanos Cortés
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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