Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07214-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07214-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07214-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Demandante: GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó las providencias de primera y segunda instancia que
declararon la nulidad de la elección del actor como como diputado de la Asamblea Departamental
de Santander, para el periodo 2024-2027. Sin embargo, el amparo será declarado improcedente
por incumplir el requisito de relevancia constitucional en cuanto a los defectos anotados frente a
la sentencia, toda vez que la acción de tutela no está prevista para cuestionar desacuerdos
meramente subjetivos de las partes inconformes con el sentido de las decisiones judiciales, sino
para enmendar violaciones evidentes y trascendentes de derechos fundamentales derivadas de
actuaciones judiciales abiertamente arbitrarias ni para proponer argumentos nuevos que se
dejaron de proponer en la oportunidad procesal correspondiente.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz1
en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Santander para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, mínimo
vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia consagrados en los
artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de
la providencias del 4 de septiembre y 14 de marzo de 2025, proferidas por dichas
autoridades judiciales.
I. ANTECEDENTES
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El escrito fue radicado el 14 de noviembre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Los señores Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista Peñaloza presentaron
demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, para obtener la nulidad
del Formulario E-26 ASA del 12 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la
elección del señor Giovanni Heraldo Leal Ruiz como diputado de la Asamblea
Departamental de Santander, para el periodo 2024-2027.
2) La demanda se sustentó en que el señor Leal Ruiz, militante del Partido Verde, se
encontraba inhabilitado para ser elegido diputado, en los términos del numeral 5 del
artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debido a que es pariente en segundo grado de
consanguinidad con la señora Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo del
SENA, desde el 7 de septiembre de 2022.
3) A través de proveído del 31 de octubre de 2024, el tribunal dispuso i) el trámite de
sentencia anticipada, iii) negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral;
iii) incorporó las pruebas allegadas por las partes, iv) decretó las documentales
requeridas por el extremo activo de la litis y negó otra, que obraba en el expediente.
4) Asimismo, fijó el litigio2, decisión contra la cual el demandado formuló recurso de
reposición por considerar que en la fijación del litigio se omitió indicar la causal de
inhabilidad propuesta por los demandantes y los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda; recurso resuelto con proveído del 25 de noviembre de 2025
que decidió no reponer.
2
“Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del señor GIOVANNI
HERALDO LEAL RUIZ como diputado del Departamento de Santander para el periodo constitucional 2024-
2027, contenida en el Formulario E26 ASA del 12 de noviembre de 2023.
2) Para ello se deberá establecer si el señor GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ, incurrió en la inhabilidad
para ser Diputado, relacionada con el vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad con
funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo departamento”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
5) Adicionalmente, en dicha providencia se tuvo como coadyuvantes a los señores Ángel
María Álvarez y Luis David Rojas Cruz, quienes presentaron sus escritos el 5 y 6 de
noviembre de 2024, quienes indicaron que, conforme con las Resoluciones 564 de 2011
y 2249 de 2023, el cargo de directora de Empleo y Trabajo del SENA, que desempeña la
hermana del demandado, tenía la función delegada de suscribir contratos y convenios
con los beneficiarios del Fondo Emprender, entre ellos con las Unidades Tecnológicas
de Santander, previa invitación cerrada, por parte de la aludida funcionaria.
6) Mediante sentencia del 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró la nulidad de la elección, tras determinar, con base en los registros civiles de
nacimiento que, efectivamente, el demandado tenía un vínculo de parentesco con la
referida servidora.
7) La Registraduría Nacional del Estado Civil apeló para solicitar que se declarara la falta
de legitimación por pasiva, ya que únicamente es la encargada de organizar las
elecciones y, en materia de escrutinios, cumple funciones secretariales, por tanto, no tuvo
injerencia en la expedición del acto demandado (E–26 ASA que declaró la elección de
los diputados de Santander).
8) Por su parte, el demandado también apeló y alegó que el a quo basó su decisión en la
delegación de funciones que hizo el director general del SENA, a través de Resolución
no. 2249 del 7 de noviembre de 2023; sin embargo, dicho acto administrativo es posterior
a la celebración de los comicios y a la correspondiente elección del diputado.
9) Luego entonces, la sentencia parte de una premisa imposible al momento de estudiar
si se configuró o no la causal inhabilitante invocada en las demandas de nulidad electoral,
consistente en fundamentar la inhabilidad a partir de eventos ocurridos con posterioridad
a la elección, como si estos fueran retroactivos, toda vez que el periodo que genera
inhabilidad transcurrió entre el 23 de octubre de 2022 y el 23 de octubre de 2023.
10) En su criterio, el tribunal transcribió algunas consideraciones de la Resolución no.
2249 de 2023, relacionadas con “[...] la Resolución 564 del 8 de abril de 2012 [sic] por la
cual el Director General del SENA realizó una delegación especial en cabeza de la señora
Luz Dana Leal Ruíz [...]”, no obstante, no advirtió que este último acto administrativo se
refiere, de manera explícita, a la delegación de firmas de contratos y no a la celebración
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
de dichos negocios jurídicos, frente a los cuales existe una clara diferencia, según lo
dispuesto en la Ley 489 de 1998.
11) A su juicio, la delegación de las funciones, no solo de contratación, sino de todo el
manejo del Fondo Emprender, se realizó a partir del 7 de noviembre de 2023, cuando el
mismo director del SENA derogó de manera expresa la Resolución no. 564 de 2011 y la
sustituyó con la Resolución no. 2249 de 2023.
12) Por último, en cuanto a que las funciones desempeñadas por su hermana se
extendían automáticamente a todos los departamentos del país, debido a su vinculación
con el SENA, entidad del orden nacional, estimó que esa interpretación desconoce lo
establecido en la sentencia SU-207 de 2022, en la que se exige demostrar la probabilidad
real del ejercicio de funciones en la circunscripción electoral del elegido; en ese orden,
era necesario analizar si la señora Luz Dana Leal Ruíz, en su condición de directora de
Empleo y Trabajo del SENA, tuvo un impacto concreto en el departamento de Santander.
13) Sin embargo, por medio de fallo del 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado confirmó la decisión, en suma, por considerar que la delegación
conferida a la hermana del demandado, implicó el ejercicio de autoridad administrativa
que podía desarrollar en todo el país, por lo cual se configuró la causal de inhabilidad
referida.
Fundamento de la vulneración
El actor alegó que las autoridades judiciales accionadas omitieron aplicar el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022, reiterado en
pronunciamientos posteriores, según el cual, cuando la inhabilidad por parentesco
involucra a un funcionario de nivel territorial distinto o superior al del cargo de elección
popular, el juez está obligado a realizar un examen estricto, concreto y probatorio de la
probabilidad real –no meramente potencial– de ejercicio de autoridad administrativa en
la circunscripción correspondiente.
En el caso concreto, tanto el Tribunal Administrativo de Santander como la Sección
Quinta del Consejo de Estado se limitaron a inferir el elemento territorial de la inhabilidad
a partir del carácter nacional del cargo ocupado por la hermana del accionante y del
alcance general del Fondo Emprender, sin demostrar, con base en una prueba específica,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
la existencia de una probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa en el
departamento de Santander.
Este razonamiento se apartó del precedente constitucional obligatorio, pues sustituye el
análisis concreto exigido por la Corte por una inferencia fundada exclusivamente en la
cobertura territorial de la entidad, lo cual resulta incompatible con el carácter restrictivo
del régimen de inhabilidades y con la protección reforzada de los derechos políticos.
En segundo lugar, consideró que se presentó un defecto sustantivo, en tanto las
accionadas realizaron una interpretación extensiva e irrazonable del numeral 6 del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 por considerar que la sola suscripción de contratos –
derivada de una delegación administrativa– equivalía, sin más, al ejercicio de autoridad
administrativa en el respectivo departamento.
En particular, las instancias judiciales asimilaron la delegación de firma con la delegación
de funciones contractuales, con lo cual desconocieron que, conforme con el parágrafo
del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y la interpretación vinculante de la Corte
Constitucional, la delegación de firma no comporta traslado de competencias ni ejercicio
autónomo de autoridad, sino una actuación material que no genera responsabilidad
decisoria ni capacidad de mando.
Al fundar la nulidad electoral en dicha equiparación, las autoridades accionadas aplicaron
la norma de inhabilidades de forma contraria a su sentido restrictivo y a los parámetros
constitucionales que gobiernan las limitaciones a los derechos políticos, incurriendo así
en una aplicación sustantivamente incompatible con la Constitución.
Finalmente, alegó que se configuró de un defecto fáctico, por una parte, por cuanto las
decisiones judiciales cuestionadas carecen de soporte probatorio suficiente para
acreditar el ejercicio -o la probabilidad real de ejercicio- de autoridad administrativa en el
departamento de Santander por parte de la funcionaria referida.
Por otra parte, en primer lugar, se reprochó que las providencias judiciales incurrieron en
un falso supuesto fáctico, al dar por acreditado que la señora Luz Dana Leal Ruíz ejerció
autoridad administrativa en el Departamento de Santander, sin que existiera prueba
alguna que demostrara una probabilidad real, concreta y específica de ejercicio funcional
en dicha circunscripción. Se sostuvo que el solo hecho de desempeñar un cargo del orden
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
nacional no permite inferir automáticamente el ejercicio de autoridad en todas las
entidades territoriales comprendidas en el territorio nacional, por lo cual la conclusión
judicial careció de sustento probatorio suficiente y vulneró las reglas de valoración de la
prueba.
En segundo término, se alegó que las instancias fundamentaron su decisión en pruebas
que no fueron válidamente incorporadas al proceso, concretamente las Resoluciones
2249 de 2023 y 564 de 2011, las cuales no fueron decretadas dentro de las oportunidades
procesales legales, ya que dichos actos fueron allegados de manera extemporánea, con
posterioridad al auto que decretó pruebas, sin que se adicionara el decreto probatorio ni
se corriera traslado a las partes para su contradicción, lo que comportó una vulneración
directa del debido proceso y del derecho de defensa, al haberse valorado material
probatorio irregular.
Finalmente, se reprochó que tales irregularidades se originaron en una extralimitación de
las facultades del coadyuvante, quien, mediante el escrito de coadyuvancia, introdujo
cargos nuevos y autónomos que no estaban contenidos en las demandas originales y
que, además, fueron propuestos por fuera del término de caducidad del medio de control.
A pesar de ello, las autoridades judiciales no corrigieron dicha anomalía procesal y, por
el contrario, estructuraron la ratio decidendi del fallo sobre esos cargos y pruebas
irregulares, consolidando así un defecto fáctico determinante en la decisión de nulidad
electoral.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Santander y la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales
a elegir y ser elegido, acceder a cargos públicos, igualdad y debido proceso,
con ocasión de las sentencias proferidas el 14 de marzo de 2025 y el 4 de
septiembre de 2025, respectivamente, dentro del proceso de Nulidad Electoral
radicado 68001233300020230082700/02.
SEGUNDO: Atendiendo a tal declaración, se solicita DEJAR SIN EFECTOS las
providencias accionadas, y, en su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta que
emita una nueva decisión de segunda instancia que atienda las consideraciones
que se expongan en el fallo de tutela y, en consecuencia, niegue las
pretensiones de nulidad electoral”. (archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI- índice 2).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto del 19 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander, al tiempo que se vinculó
como tercero con interés, a los señores Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista
registrador, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los magistrados del Consejo
Nacional Electoral y a los miembros de la Asamblea Departamental de Santander, con el
fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
(índice 07 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
El señor Mauricio Gómez Niño consideró que el actor se limitó a controvertir la
interpretación realizada por los jueces de instancia sobre la inhabilidad prevista en el
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, lo cual constituye un debate de mera legalidad propio
del proceso ordinario y no una cuestión de alcance constitucional, por tanto, era claro que
lo pretendido era reabrir la discusión sobre si su hermana ejerció o no autoridad
administrativa, convirtiendo la tutela en una tercera instancia (índice 13 de Samai).
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron ser
desvinculadas del presente trámite por carecer de falta de legitimación en la causa por
pasiva, debido a que no tuvieron injerencia en las decisiones cuestionadas, ni las
pretensiones formuladas guardan relación con sus competencias o actuaciones (índice
14 de Samai).
El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado (índice 16 de Samai)
destacó que el actor insistió nuevamente en un aspecto que ya había alegado en el
recurso de apelación, esto es, en el desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, argumento que busca provocar un
nuevo pronunciamiento que favorezca sus intereses.
En cuanto a que la delegación efectuada por medio de la Resolución no. 564 de 2011 no
involucraba la celebración de contratos, sino que se limitaba a su firma, sostuvo que ese
aspecto también fue planteado en el recurso de apelación y abordado en el fallo objeto
de censura, de tal manera que, sin mayor esfuerzo argumentativo, lo que aquí se busca
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
es traer a colación, nuevamente, un debate que ya fue zanjado por el juez ordinario y que
no tiene la relevancia constitucional.
Por último, respecto a que las pruebas allegadas por un coadyuvante no fueron
legalmente incorporadas y, por tanto, no pudo ejercer su derecho de contradicción,
precisó que, tal como se referenció en el auto del 25 de noviembre de 2024 expedido por
a quo, se admitió dicha coadyuvancia, entendiéndose que era posible la intervención de
estos terceros con las implicaciones que la norma procesal contempla en punto a la
posibilidad de aportar pruebas, sin que para el efecto, el entonces demandado, haya
alegado la supuesta irregularidad que ahora si advierte en sede de tutela.
La señora Tania Lizeth Bautista solicitó declarar improcedente la acción por
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad o, en su
defecto, negarla por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales
del actor (índice 18 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación, 3)
delimitación del asunto y 4) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Solicitudes de desvinculación
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala
negará dichas solicitudes, toda vez que ambas fueron vinculadas al presente trámite en
calidad de terceros con interés por haber intervenido en el proceso de nulidad electoral,
con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción y para que aportaran los
elementos probatorios que obraran en su poder, sin que ello implique atribuirles
responsabilidad directa en las providencias judiciales cuestionadas.
Delimitación de un asunto
A partir de los reproches planteados en el escrito de tutela la Sala advierte que están
dirigidos a cuestionar tanto la sentencia del 4 de septiembre de 2025 como la del 14 de
marzo de 2025, proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, sin embargo, el análisis únicamente se
centrará en la primera, debido a que fue la que le puso fin al medio de control de nulidad
electoral.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 4 de septiembre de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:
La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
3
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.6
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
6
Íbidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”7.
7
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.1 La falta de relevancia constitucional y de subsidiariedad del asunto
1) En primer lugar, esta Colegiatura advierte que el actor aseveró que en la sentencia de
segunda instancia proferida del 4 de septiembre de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante la cual se confirmó la nulidad de su elección adolece de los
defectos por desconocimiento del precedente constitucional, defecto sustantivo, defecto
fáctico y violación directa de la Constitución.
2) En particular, sostuvo que se omitió aplicar la regla fijada por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-207 de 2022; que se interpretó erróneamente la delegación contenida
en la Resolución no. 564 de 2011 como una delegación de funciones contractuales, y que
la decisión de segunda instancia avaló y utilizó como fundamento unos actos
administrativos que no fueron decretados ni incorporados válidamente como prueba
3) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala advierte
que es claro que los fundamentos empleados se dirigen, de manera exclusiva, a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia de primera instancia.
4) En efecto, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del 4 de septiembre
de 2025 la parte actora indicó, en los mismos términos que ahora plantea que el tribunal
i) interpretó erróneamente el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, ii) confundió
la delegación de firma o suscripción de contratos con una delegación de funciones
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
contractuales; iii) desconoció la sentencia SU-207 de 2022 y iv) que no existía prueba del
ejercicio de autoridad administrativa dentro del periodo inhabilitante:
“3.1. El Tribunal deriva exclusivamente su análisis y decisión en el
ejercicio de autoridad administrativa de las funciones delegadas a través
de una resolución expedida con posterioridad a las elecciones.
Inexistencia del elemento temporal de la inhabilidad.
La sentencia de primera instancia, luego de establecer el parentesco entre mi
representado y la señora Luz Dana Leal Ruíz, se apresta a demostrar que el
cargo que ejerció la mencionada señora como Directora de área Grado 10 de
la Dirección de Empleo y Trabajo de la Dirección General del SENA, llevó
consigo el ejercicio de autoridad administrativa, en el presente y específico
caso.
Al estudiar el a quo si en efecto la señora Luz Dana Leal Ruíz hermana del
demandado y directora de área Grado 10 de la Dirección de Empleo y Trabajo
de la Dirección General del SENA ejercía autoridad administrativa, llegó en
principio a la certera conclusión de que las funciones propias del cargo a ella
asignadas en el manual correspondiente, (resolución manual de funciones) a la
luz de lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, no implican ni
conllevan el ejercicio de autoridad administrativa, frente a lo cual esta parte
impugnante no presenta reparo alguno y por el contrario comparte el
correspondiente análisis que sobre el particular contiene la sentencia.
Nuestra impugnación se contrae a que para el a quo proferir la decisión
anulatoria se basa simplemente en que a partir de una delegación de funciones
que hiciera el Director General de la entidad a través de la Resolución 2249 del
7 de noviembre de 2023, resultaba materializado el ejercicio de autoridad
administrativa; es decir, el razonamiento del Tribunal en lo único que soporta su
decisión es en una delegación que se hiciera con posterioridad a la celebración
de los comicios y la correspondiente elección de mi mandante.
(…).
Así las cosas, la comprobación de los supuestos de la inhabilidad en el caso
concreto de mi representado, se debía centrar en establecer además del vínculo
de consanguinidad, el ejercicio de autoridad administrativa de su pariente
consanguínea Luz Dana Leal Ruíz como Directora de área grado 10 de la
Dirección de Empleo y Trabajo de la Dirección General del SENA, dentro del
periodo inhabilitante, esto es dentro de los doce (12) meses anteriores al día de
la elección. Es decir, lo que debió determinar el Tribunal fue si la señora Leal
Ruíz ejerció autoridad administrativa entre el 23 de octubre de 2022 y el 23 de
octubre de 2023.
Sin embargo, de manera impropia el Tribunal concluye que la función que
materializa el ejercicio de autoridad que configura la inhabilidad en cabeza de
mi representado, “quedó demostrada del estudio del acto administrativo
denominado Resolución -sic- 49 de 2023, en la cual se delegó a la señora Luz
Dana Leal Ruiz todas las funciones de Director Ejecutivo del Fondo Emprender,
dentro de las cuales se evidenció la suscripción de contratos por parte del
SENA”, resolución que, se reitera,fue expedida el 7 de noviembre de 2023, es
decir, bastantes tiempo después del día de las elecciones y por fuera del periodo
inhabilitante. Resulta de Perogrullo decir que tal parámetro temporal no puede
tener cabida en el análisis de las eventuales condiciones de inhabilidad de los
candidatos que participaron en las elecciones del 24 de octubre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Al tener la decisión que se apela como único fundamento lo anteriormente
expuesto, resultaría suficiente advertir este error para revocar la sentencia de
primera instancia y denegar las pretensiones de las demandas. No obsta lo
anterior, para detallar a continuación la inexistencia de los demás elementos
que configuran la inhabilidad, que aunque ausentes en el territorio de
Santander, tampoco constituyen ejercicio de autoridad administrativa en
tratándose de delegación de firma y no de funciones, tal como pasa a explicarse.
3.2. El Tribunal confunde la figura de la delegación de funciones con la
delegación de firma o de “suscripción de contratos”.
La sentencia que se apela transcribe algunas consideraciones de la Resolución
2249 del 7 de noviembre de 2023 relacionadas a su vez con el contenido de la
Resolución 564 del 8 de abril de 2012 por la cual el Director General del SENA
realizó una delegación especial en cabeza de la señora Luz Dana Leal Ruíz
realiza.
(…).
De esta referencia de la Sentencia apelada, se desprende que el Tribunal, sin
desarrollo o explicación alguna, da por sentado que la delegación para suscribir
contratos realizada a través de la Resolución 564 del 2011 materializa el
ejercicio de autoridad administrativa en cabeza de la señora Leal Ruíz, en razón
a que se trata de una delegación de funciones administrativas específicamente
la de celebrar contratos. Lo que no corresponde a la realidad.
Lo anterior resulta un fundamento por lo menos desatinado, en la medida en
que se estaría sin más, confundiendo la delegación de firma o suscripción de
contratos, con la delegación de funciones o celebración de contratos, figuras
distintas y diferenciadas plenamente por la propia Ley 489 de 1998 y por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal como pasa a exponerse.
El parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, establece que “[e]n todo
caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente
delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal.”,
con lo que se introduce la figura de la delegación de firma de contratos con un
régimen que libera al delegatorio de cualquier responsabilidad.
(…).
Por todo lo anterior es forzoso concluir que la delegación realizada a la señora
Luz Dana Leal Ruíz a través de la Resolución 564 de 2011 y que se encontraba
ejerciendo en el periodo inhabilitante previo a la elección de mi representado,
no materializa el ejercicio de autoridad administrativa, pues no representa la
delegación de las funciones propias de la contratación estatal, sino, solamente
y en los precisos términos del acto de autorización, la facultad para suscribir o
firmar los contratos”.
3.3. Consideración sobre el elemento territorial de la inhabilidad. Las
funciones asignadas al cargo desempeñado por la señora Luz Dana Leal
Ruíz en la Dirección General del SENA, no fueron ejercidas en el
departamento de Santander.
En aras de una mayor claridad y evidenciado ab initio que las funciones
asignadas al cargo de Director Director de área Grado 10 de la Dirección de
Empleo y Trabajo de la Dirección General del SENA, ni por sombra implican
ejercicio de autoridad administrativa, como claramente lo expone el a quo en el
detallado análisis que realizó de dichas funciones, ello no obsta para
adicionalmente recabar en que no es posible afirmar que la hermana de mi
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
poderdante desplegaba el ejercicio de esas u otras funciones delegadas, en el
departamento de Santander, por el solo hecho de que el SENA, entidad en la
que labora, es del orden nacional y por tanto subsume a todos los territorios del
país de manera automática.
A efectos de acreditar el elemento territorial exigido jurisprudencialmente para
la configuración de las inhabilidades en materia electoral, la Corte
Constitucional ha determinado que el juez no debe limitarse a afirmar que un
territorio irradia a otro, sino que debe existir una valoración probatoria rigurosa
para demostrar la probabilidad real del ejercicio de funciones en la
circunscripción electoral del territorio de quien fue elegido.
Haciendo referencia al precedente fijado en la sentencia SU – 207 de 2022,
el Tribunal Constitucional aclaró y dispuso frente a la denominada
incidencia del ejercicio de funciones de un cargo del nivel departamental
en un determinado municipio, lo siguiente:
(…).
La regla se refiere específicamente a la jurisdicción en donde se debe ejercer
la autoridad o tener la probabilidad de hacerlo, y no a la incidencia en los
resultados electorales a donde ésta se ha querido trasladar absurdamente.
La lógica de esta regla aplicada al presente caso en donde se debería analizar
si existe evidencia probatoria para sostener que las funciones desplegadas por
la hermana de mi representado en el cargo que ejerce en la Dirección Nacional
del SENA, pudieron tener algún alcance en el departamento de Santander
donde fue aquel elegido; una vez establecida esta situación, podría empezar a
estudiarse eventualmente la autoridad administrativa que hubiese representado
el ejercicio de tal función.
Sin embargo, en el caso brilla por su ausencia el esfuerzo probatorio de las
demandas en contra de mi representado, para demostrar que las funciones
propias del cargo desempeñado por la señora Luz Dana Leal Ruíz, en la
dirección general del SENA, fueron desplegadas o tuvieron la probabilidad real
de ser desplegadas en el territorio donde aquel resultó elegido diputado, esto
es, el departamento de Santander. Por tanto, tampoco podría acreditarse de
manera alguna que se cumple con el elemento territorial exigido para la
configuración de la inhabilidad reprochada en las demandas.
Corolario de todo lo anterior, es que no se tipifican en el presente evento, los
elementos axiológicos necesarios para la configuración de la causal de
inhabilidad invocada por los actores”.
5) Por su parte, en la sentencia cuestionada la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la decisión, tras verificar que los argumentos planteados en el recurso de
apelación no tenían vocación de prosperidad con base en las siguientes consideraciones:
“2.5.1. Elemento objetivo
A juicio del accionado, el tribunal de primera instancia consideró acreditado que
su hermana ejercía autoridad administrativa, con base en la delegación
conferida a la señora Luz Dana Leal Ruiz en su calidad de directora de Empleo
y Trabajo del SENA, contenida en la Resolución 564 de 2011. No obstante,
sostiene que aquella se limitaba exclusivamente a la firma o suscripción de
contratos, y no comprendía la facultad de celebrar esos negocios jurídicos.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Al respecto, resulta pertinente recordar que el artículo 209 de la Constitución
Política prevé que la función administrativa se desarrolla, entre otras, mediante
la delegación de funciones, en virtud de la cual, en los términos del artículo 9
de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas «[...] podrán mediante
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a
otras autoridades, con funciones afines o complementarias».
En el mismo sentido, el artículo 10 de la norma ibidem enuncia como requisitos
de la delegación que el acto que transfiere las funciones siempre sea escrito,
que se determine la autoridad delegataria «y las funciones o asuntos
específicos cuya atención y decisión se transfieren».
Por otra parte, se destaca que la Ley 489 de 1998 regula lo concerniente al acto
de firma expresamente delegada, así:
El parágrafo del artículo 12 fue declarado exequible por la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-797 de 2000, que dispuso:
(…).
Precisada la anterior diferencia, sea lo primero destacar que el apelante se
limita a sostener que el director del SENA, mediante Resolución 564 de 2011,
delegó en el cargo de director de Empleo y Trabajo de esa entidad el acto de
firma de contratos con los beneficiarios del Fondo Emprender. No obstante, tal
aseveración carece de respaldo probatorio y argumentativo suficiente, y no
logra desvirtuar, en forma idónea, la motivación que sustenta la providencia
emitida por el tribunal de instancia.
En efecto, se constata que el a quo tuvo en cuenta y valoró el contenido de la
Resolución 2249 de 2023, allegado por el coadyuvante Ángel María Álvarez,
mediante el memorial del 5 de noviembre de 2024, frente a lo cual no hubo
reparo alguno de los sujetos procesales. Aunado a ello, tal circunstancia
tampoco fue objeto de apelación por parte del recurrente.
De la parte considerativa de la aludida resolución se destacan los siguientes
apartes:
(…).
Nótese que, contrario a lo sostenido por la parte accionada, desde antes
del año 2023, el cargo de director de Empleo y Trabajo del SENA tenía
asignada la función de suscribir contratos en nombre de la entidad con
los beneficiarios de proyectos financiados con recursos del Fondo
Emprender. Esta función no se limitaba únicamente a la firma de los
negocios jurídicos, sino que comprendía su celebración.
En efecto, de una lectura integral de los considerandos de la transcrita
resolución, se colige que el empleo estaba facultado para realizar todos
los negocios, actos y actuaciones jurídicos en el marco de los proyectos
que se desarrollaran con los beneficiarios de dicho fondo, por lo cual, no
tiene fundamento alguno que la delegación estuviese limitada a la firma,
como pretende hacerlo ver la parte demandada.
Sumado a ello, si bien con la Resolución 2249 de 2023 el director general
del SENA delegó de manera expresa todas las funciones enunciadas en el
artículo 6 del Decreto 934 de 2023 a la señora Luz Dana Leal Ruíz, hermana
del accionado, ello no desvirtúa el hecho de que el cargo ya venía
ejerciendo algunas de las funciones propias de ese funcionario, entre ellas
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
la de suscribir o celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los
recursos del Fondo Emprender.
Asunto diferente es que, con el acto administrativo de 2023 se delegaron
todas y cada una de las funciones previstas en el artículo 6 del Decreto
934 de 200336 a la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA, más
concretamente a la señora Luz Leal.
Por ende, comoquiera que la señora Leal tenía delegada la función de
celebrar contratos con los beneficiarios del Fondo Emprender desde 2011,
por consiguiente, ejerció autoridad administrativa, en los términos del
artículo 190 de la Ley 136 de 1994, citado en el marco jurídico de esta
providencia. Por lo tanto, no es de recibo el cargo propuesto por el
recurrente”.
6) En segundo lugar, la autoridad judicial cuestionada estudió el elemento temporal, así:
“2.5.2. Elemento temporal
El apelante estimó que el tribunal encontró probado el ejercicio de autoridad
administrativa por parte de su hermana, Luz Dana Leal Ruiz, a partir de la
delegación efectuada a la funcionaria mediante Resolución 2249 de 2023. No
obstante, a juicio del accionado, tal acto administrativo se profirió el 7 de
noviembre de 2023, esto es, con posterioridad a los comicios y del periodo
inhabilitante.
Como se explicó previamente, el tribunal citó apartes de la Resolución 2249 de
2023 para sustentar su argumento del ejercicio de autoridad administrativa por
parte de la hermana del accionado. Sin embargo, allí mismo el a quo reconoce
que esta delegación es posterior a la elección y, a continuación, hace referencia
a la parte considerativa del acto administrativo, dentro de la cual se menciona
la Resolución 564 de 2011, lo cual fue resaltado en la providencia objeto de
alzada.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la autoridad administrativa
detentada por la hermana del diputado Giovanni Heraldo Leal Ruiz se derivó de
la función contractual, la que «[...] quedó demostrada del estudio del acto
administrativo denominado Resolución 49 de 2023 [sic], en la cual se delegó a
la señora Luz Dana Leal Ruiz todas las funciones de Director Ejecutivo del
Fondo Emprender, dentro de las cuales se evidenció la suscripción de contratos
por parte del SENA».
De lo expuesto se desprende, a juicio de esta sala, que la resolución expedida
por fuera del periodo inhabilitante fue invocada para ilustrar, con base en sus
considerandos, concretamente lo atinente a la Resolución 564 de 2011, el
ejercicio de autoridad administrativa a partir de la delegación de la función
contractual al cargo de director de Empleo y Trabajo del SENA, desde el año
2011.
Así, se constata que la hermana del accionado ejerció dicho empleo desde
el 7 de septiembre de 2022 y la delegación que sirve de sustento a la causal
de inhabilidad — Resolución 564 de 2011— estuvo vigente desde el 8 de
abril de 2011 hasta el 7 de noviembre de 2023. A su vez, el periodo
inhabilitante, correspondiente a los doce (12) meses anteriores a la
elección, comprendió desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de
octubre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
Adicionalmente, debe señalarse que los actos administrativos
mencionados gozan de presunción de legalidad y veracidad, toda vez que
no obra en el expediente prueba alguna que la desvirtúe. En igual sentido,
el apelante no formuló reparo respecto de su autenticidad.
En virtud de lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar”.
7) Por último, para analizar el elemento territorial se refirió a la sentencia SU-207 de 2022
y concluyó que dicha providencia aplica a los casos en los que deba determinarse la
configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad cuando el elegido es del nivel
municipal y su pariente sea un funcionario del orden departamental, lo que no ocurrió en
el caso estudiado, así:
“Para el recurrente, en el presente caso, no se demostró la probabilidad real del
ejercicio de funciones en la circunscripción electoral del elegido, tal como lo
prevé la sentencia SU–207 de 2022. Según su dicho, se debía analizar si las
funciones propias del cargo y las delegadas a Luz Dana Leal Ruíz, como
directora de Empleo y Trabajo del SENA, tuvieron alcance en el departamento
de Santander.
En lo que tiene que ver con la aplicación de la regla contenida en la sentencia
de la Corte Constitucional SU-207 de 2022, se tiene que el criterio fijado en
dicho pronunciamiento fue el siguiente:
Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la
autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen
específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No
es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad. [Se resalta].
Conforme a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación
de la Corte Constitucional aplica a los casos en que deba determinarse la
configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando el elegido es
del nivel municipal y su pariente sea un funcionario del orden departamental.
En ese orden de ideas, la controversia aquí planteada no encuadra en la
regla de unificación planteada por la dicha corporación, comoquiera que
el elegido es un diputado y no un empleo del orden municipal (edil,
concejal o alcalde), y su hermana es funcionaria del orden nacional y no
departamental.
Por otra parte, como se analizó previamente, no existe duda para esta sala de
decisión sobre la función delegada a la señora Luz Leal, consistente en la
celebración de los contratos con los beneficiarios de los recursos del Fondo
Emprender, en nombre del SENA. No obstante, se establecerá si esta podía ser
desarrollada en el departamento de Santander.
(…).
De allí que, sea posible colegir que el Fondo Emprender, cuyo propósito
consiste en apoyar iniciativas empresariales originadas por aprendices del
SENA y en fomentar la generación de empleo, opera con alcance nacional, sin
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
que en ninguna de sus normas prevea excepción alguna a un territorio en
particular. Por el contrario, fijó unos criterios que permiten realizar una selección
más objetiva para quienes pretenden ser beneficiarios de ese programa, entre
ellos, que las iniciativas se desarrollen en departamentos con menor grado de
crecimiento empresarial e industrial.
Conforme a lo expuesto, la sala considera imperioso concluir que la
delegación conferida a la directora de Trabajo y Empleo del SENA, Luz
Dana Leal Ruiz (hermana del demandado), implicó el ejercicio de autoridad
administrativa que podía desarrollar en todo el país. Ello se fundamenta en
que el Fondo Emprender constituye una cuenta independiente y especial
adscrita a esa entidad y, además, los beneficiarios de aquel no están
circunscritos a una población determinada, sino que, «[...] financia iniciativas
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que
su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que
para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado».
En consecuencia, al habérsele delegado la función contractual mediante
la Resolución 564 de 2011, y considerando el alcance nacional del Fondo
Emprender —según lo previsto en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 934 de
2003—, la hermana del accionado ostentaba facultades de autoridad
administrativa en todo el territorio nacional. Tal circunstancia incluye el
departamento de Santander, en el cual fue elegido el diputado demandado,
Giovanni Leal Ruiz. Por tanto, este cargo de apelación carece de vocación de
prosperidad.
Así las cosas, al no prosperar ninguno de los cargos planteados por el
demandado, se impone confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2025, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del
acto de elección de Giovanni Heraldo Leal Ruiz como diputado de ese
departamento, periodo 2024-2027”. (negrillas de la Sala).
8) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los derechos
invocados en el mecanismo constitucional, el accionante expuso planteamientos
sustancialmente coincidentes con los analizados y resueltos en la providencia que decidió
el recurso de apelación, dirigidos, de manera exclusiva, a revivir la discusión relacionada
con la supuesta desatención del precedente fijado en la sentencia SU-207 de 2022, la
interpretación de los elementos objetivo, temporal y territorial de la inhabilidad por
parentesco prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y la valoración
probatoria efectuada por el juez electoral.
9) Tales reproches no introducen un problema constitucional autónomo ni evidencian un
yerro iusfundamental distinto, sino que se contraen a manifestar la inconformidad del
actor con la hermenéutica jurídica y la apreciación de los medios de convicción realizadas
por las autoridades judiciales accionadas, asuntos que fueron oportunamente debatidos
en la instancia ordinaria y que, por su naturaleza, no habilitan la intervención excepcional
del juez de tutela ni permiten convertir este mecanismo en una tercera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
10) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación, los cuales se resolvieron en el fallo del 4 de septiembre de 2025,
en el cual se determinó que el actor estaba inhabilitado por tener un parentesco con una
funcionaria que ejercía autoridad administrativa.
11) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
12) Lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:
“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto
a la independencia de los jueces ordinarios ”.
13) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva,
en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por
la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto
es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
14) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en cuanto a la providencia
judicial se refiere, por las razones hasta aquí expuestas.
15) Por último, frente a los reproches del defecto fáctico relacionados con que la decisión
se basó en dos actos administrativos que no fueron aportados dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, para la Sala resulta claro que el interés de la parte actora
consiste en debatir un argumento nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite
del proceso de nulidad electoral.
16) En efecto, la Sala encuentra que como la parte actora no propuso ese argumento en
tal proceso, la acción de tutela no es el escenario para traer a colación argumentaciones
fácticas y jurídicas que son del resorte del juez natural y que, habiendo tenido la
oportunidad de hacerlo, debieron habérsele puesto en consideración para que este
tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las mismas.
17) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que, con
la supuesta configuración de un defecto fáctico, se analicen argumentos que debieron
ser planteados en instancias ordinarias, lo cual no es de recibo dado que sobre ellos no
tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez natural y tampoco la contraparte pudo ejercer
su defensa.
18) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”8.
19) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones9, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
24
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07214-00
Actor: Giovanni Heraldo Leal Ruiz
Acción de tutela
20) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la
consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del juez
de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente en el
presente caso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional y subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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